El 11 de febrero, la Secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García, acudió a la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre el plan de desconexión tecnológica con la industria militar de Israel. Según la Secretaria de Estado, el objetivo del plan es “eliminar cualquier dependencia tecnológica de la industria militar israelí”. “El Ministerio de Defensa ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo de identificación de todos los sistemas, equipos, componentes, repuestos y tecnologías de origen israelí presentes en nuestras capacidades”, dijo. Sin embargo, no se ha hecho público ningún documento que recoja dicho plan de desconexión.

La Secretaría de Estado de Defensa puso dos ejemplos de la aplicación del plan: los misiles contra carro Spike LR2 y el Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM). En relación con el Spike, informó que, el 3 de febrero, la “empresa española” PAP Tecnos había presentado una propuesta al Ministerio de Defensa que se estaba estudiado para sustituir el misil Spike por el MELLS, un desarrollo europeo del misil Spike “cuyos componentes no tienen origen israelí”, y que se produce por la empresa checa CSG Defence Systems, a cuyo grupo pertenece la Fábrica de Municiones de Granada. Pero PAP Tecnos es una empresa de capital israelí y el misil MELLS también es de patente israelí. El MELLS no es más que una versión del Spike LR2 producida en otro país.

El Ministerio de Defensa adjudicó el 22 de noviembre de 2023 a la empresa PAP Tecnos Innovación S.A.U. el contrato administrativo para el “suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2” (número de expediente 2023/0150E). Este contrato no ha sido anulado. El valor del contrato es de 287.445.712 euros y su plazo de ejecución es de 55 meses desde el 30 de noviembre de 2023; por tanto, hasta finales de junio de 2028. La adjudicación del contrato a PAP Tecnos se realizó utilizando el procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, sin competencia con otras empresas, un contrato adjudicado a dedo. Esta decisión se justificó en el hecho de que PAP Tecnos era la única empresa capacitada técnicamente para realizar el objeto del contrato. En la ejecución del contrato, además de PAP Tecnos, también participarían las empresas Escribano, Expal, Fábrica de Municiones de Granada, Tecnobit y la israelí Rafael Advanced Defense Systems.

PAP Tecnos Innovación S.A.U. es una empresa constituida en España según los requisitos que establece la legislación societaria española. Su capital social es israelí, ya que es una empresa filial de Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Como PAP Tecnos es una sociedad anónima unipersonal, todas sus acciones están en manos de Rafael. El misil contra carro Spike LR2 ha sido desarrollado por Rafael, empresa a la que pertenece la patente. Según el Catálogo de la Industria Española de Defensa, elaborado por el Ministerio de Defensa, PAP Tecnos habría entregado más de 2.600 misiles Spike al Ejército español.

El misil contra carro Spike LR2 y el misil MELLS son, básicamente, el mismo producto. El MELLS es fabricado por la empresa alemana EuroSpike GmbH. Esta empresa, constituida en Alemania, otorga cobertura jurídica a la asociación estratégica (joint venture) de tres empresas: Diehl Defence GmbH & Co. KG, Rheinmetall Electronics GmbH y la israelí Rafael Advanced Defense Systems Ltd. EuroSpike GmbH es responsable de la producción y comercialización en Europa de la familia de misiles Spike, entre los que se incluye el modelo Spike LR2. Gracias a EuroSpike se facilita la entrada de Rafael al mercado europeo de armamento, lo que también beneficia a las empresas alemanas Diehl Defence y Rheinmetall.

Como se indica en la página web de EuroSpike, el MELLS es “conocido mundialmente como SPIKE LR”; el MELLS “se basa en el sistema de misiles SPIKE LR”. MELLS es el acrónimo de la expresión alemana Mehrrollenfähiges, leichtes Lenkflugkörpersystem für die Infanterie (sistema de misiles guiados ligero y polivalente para la infantería). Como se afirma en la web de EuroSpike, el cambio de nombre se debe a que “el ejército alemán asigna nombres específicos y únicos a todos los sistemas de armas que adquiere. Además, SPIKE no se puede traducir correctamente al lenguaje de la Administración pública” alemana. En definitiva, Spike y MELLS son palabras diferentes que se refieren al mismo misil de patente israelí.

Si el Ministerio de Defensa asumiera la propuesta de PAP Tecnos de sustituir el misil Spike LR2 por el MELLS, seguramente, más que comprar la totalidad del misil MELLS, se adquirirían algunos de sus componentes a través de la empresa checa CSG Defence Systems o a través de su filial, la Fábrica de Municiones de Granada. Como ha señalado Alejandro Pozo Marín, basándose en los esquemas del Spike LR2 que se han hecho públicos, PAP Tecnos se encargaría de la fabricación de las alas y el servo/aletas; según el esquema original a Rafael le correspondería la fibra óptica, aunque este componente esencial no se menciona en los nuevos esquemas del Spike LR2.

La Fábrica de Municiones de Granada, que forma parte del grupo CSG Defence Systems se encargaría de la cabeza precursora, el motor de vuelo, la cabeza de guerra Heat/MP y el motor de eyección. ¿Se va a adquirir el componente de la fibra óptica a CSG Defence manteniéndose la producción en España de los demás componentes? Esto es algo que se desconoce. Curiosamente, el esquema de los componentes del Spike ya no aparece en la página web de PAP Tecnos, cuando hace unos días sí que podía consultarse.

En cualquier caso, aunque solamente se compraran componentes del MELLS (del Spike LR2) fabricados por la empresa checa CSG Defence Systems, la patente sigue siendo de la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Por tanto, el Ministerio de Defensa seguiría apoyando a la industria de defensa israelí. La industria armamentista de un Estado genocida y que mantiene un régimen de apartheid sobre la población palestina. Además, se mantendría la dependencia tecnológica de la industria israelí en clara contradicción con los supuestos objetivos del plan de desconexión tecnológica con la industria militar de Israel.

La adquisición de componentes del MELLS / Spike LR2 dentro de la Unión Europea se considera técnicamente una introducción. No se trata de una importación porque se produce dentro del mercado único de la Unión. Por tanto, esa operación no estaría prohibida por el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 10/2025 de 23 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Este artículo prohíbe las importaciones de armamento “originarias de Israel”, pero no prohíbe las introducciones de armamento que provengan de un país de la Unión Europea, aunque se trate de armamento o de sus componentes de patente israelí o fabricados en Israel. Este es uno de los múltiples agujeros del Real Decreto-ley 10/2025 (quien quiera saber más sobre esta cuestión puede leer este artículo o, con más detalle, este otro).

En conclusión, desde el 7 de octubre de 2023 hay algo que no ha cambiado en la postura del Gobierno español. Se trata de una acción continuada para ocultar a la opinión pública española la importancia de las relaciones armamentistas que existen entre España e Israel, a través de una política de opacidad y desinformación sobre dichas relaciones. Si el Ministerio de Defensa autorizara la adquisición de los misiles MELLS o de sus componentes sería un ejemplo más de esta política. En este caso, aprovechándose de la laberíntica estructura empresarial de la industria armamentista para intentar ocultar su origen y patente israelí. El Ministerio de Defensa español estaría intentando engañar a la opinión pública española.

Eduardo Melero Alonso es investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz y profesor de derecho administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid

El lunes 8 de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la aprobación urgente de un Real Decreto Ley por el que se impondría un embargo de armas a Israel. El decreto ley de embargo no se ha aprobado todavía. Parece ser que es por cuestiones técnicas, por la complejidad de las cuestiones que se ven afectadas. En este sentido hay que tener en cuenta que la posibilidad de que el Estado español imponga unilateralmente un embargo de armas no está prevista en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

La complejidad del embargo es fruto también de la intensidad de las relaciones armamentísticas que siguen existiendo entre España e Israel, como puso de manifiesto el informe 'Beneficio colateral. Relaciones armamentísticas entre España e Israel desde el 7 de octubre de 2023' publicado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz en mayo de 2025. Aunque no existe todavía un texto del Real Decreto Ley sobre el embargo de armas a Israel, hay cuestiones que resultan problemáticas partiendo del anuncio del Presidente del Gobierno y de la nota de prensa de Moncloa.

“[Se aprobará] un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando desde octubre de 2023 y establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a ese país”, reza la nota de prensa de Moncloa. En otras palabras, desde octubre de 2023, el Gobierno español habría adoptado medidas que supondrían la imposición de hecho de un embargo. El decreto ley simplemente aportaría una mayor cobertura jurídica a estas medidas que impiden la compra y venta de armamento a Israel.

Relaciones armamentísticas

Sin embargo, desde octubre de 2023 y hasta marzo de 2025, según las bases de datos oficiales de las autoridades aduaneras de Israel, España ha exportado armamento a Israel por valor de 5.306.243 euros. Y ha seguido haciéndolo desde entonces, todos los meses. También desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno español ha adjudicado 46 contratos a empresas israelíes, sus filiales o las intermediarias de productos israelíes, por valor de más de 1.044 millones de euros. Y se ha importado material de defensa israelí, entre octubre de 2023 y mayo de 2025, por valor de, al menos, 54 millones de euros. Quien quiera saber más detalles los encontrará en el informe 'Beneficio colateral'. Por tanto, no es verdad que el Gobierno español haya tomado medidas que equivalen a un embargo de armas a Israel. Más bien lo contrario.

Un aspecto positivo de lo anunciado por el presidente del Gobierno es que se va a prohibir el “tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes”. El interrogante es cómo se pretende hacerlo jurídicamente.

El combustible militar para aeronaves JP-8 es utilizado por la Fuerza Aérea Israelí en los bombardeos sobre Gaza. Cada dos meses aproximadamente sale un barco de EEUU con destino a Israel cargado de combustible JP-8. Inexplicablemente, este tipo de combustible no tiene la consideración de material de defensa, por lo que no se somete a los controles más estrictos que establece la legislación sobre el comercio de armas. El Gobierno español puede decidir que el combustible JP-8 tenga la consideración de material de defensa. Para ello tiene que modificar el Anexo I.1 del Real Decreto 679/2014. Algo que puede hacer el decreto ley de embargo, ya que es una norma jurídica de rango superior.

El interrogante es cómo prohibir el tránsito de combustibles en los puertos jurídicamente

Hay, sin embargo, cuestiones de gran relevancia sobre las que sería necesario tener más información. En primer lugar, según el anuncio del presidente del Gobierno, el objeto del embargo de armas sería “armamento, munición y equipamiento militar”. No existe una definición legal de armamento, munición y equipamiento militar. La Ley 53/2007 utiliza la categoría jurídica de “material de defensa” (artículo 3.10). En el Anexo I.1 del Real Decreto 679/2014 se establece un listado en el que se recogen los productos que tienen la consideración legal de material de defensa.

Si el decreto ley únicamente hace referencia a armamento, munición y equipamiento militar se corre el riesgo de que el Gobierno decida qué productos concretos entran dentro del embargo. Ello permitiría establecer excepciones al embargo de forma arbitraria. En este sentido, conviene recordar las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de mayo de 2025, en las que planteaba que “una cosa son licencias de determinada tecnología y otra cosa es armamento, y España no compra armas a Israel”.

El Gobierno debería aclarar si el embargo de armas se va a aplicar a la denominada “producción bajo licencia”, es decir, a los acuerdos por los que las empresas israelíes de seguridad y defensa autorizan a una empresa de otro país a fabricar su armamento. También debería aclararse si el decreto ley de embargo incluye también los productos y tecnologías de doble uso y el material policial y de seguridad. Un embargo integral debería incluir todos estos productos.

Los tránsitos de armamento

El presidente del Gobierno tampoco hizo ninguna mención a los tránsitos de armamento con destino final a Israel a través de los puertos españoles. En principio, parece que sólo se prohibiría el tránsito por puertos españoles de buques cargados con combustible militar cuyo destino final sea Israel, o el envío de armas a través de aeronaves (según los puntos 2 y 3 de la nota de prensa de Moncloa). Diversos medios de comunicación han entendido que también se prohibiría en el embargo el tránsito por medio de buques del material de defensa con destino a Israel. No sé cuál es el fundamento de esa información. Insisto, ni el presidente del Gobierno ni la nota de prensa de Moncloa han mencionado el tránsito de material de defensa a través de buques cuyo destino final sea Israel. La prohibición de tránsito de buques se limita al combustible militar. Única y exclusivamente; al menos según la información que se ha hecho pública hasta ahora.

Esta cuestión es muy importante porque EEUU es el principal suministrador de armas a Israel. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en el período 2020-2024, el 66% de las adquisiciones de armamento pesado por parte de Israel proceden de EEUU. El Gobierno estadounidense ha amenazado con imponer sanciones en caso de que no se permita el tránsito de sus buques cargados con material de defensa. Desde una perspectiva jurídica, habría que dudar de la legalidad de esas sanciones.

Los tránsitos de material de defensa con destino final a Israel son contrarios al Tratado sobre el Comercio de Armas, a la Posición Común 2008/944/PESC de la Unión Europea y a la Ley 53/2007. En este sentido, conviene recordar que el artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas prohíbe que un Estado autorice transferencias de armas “si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”.

La prohibición de tránsitos de material de defensa con destino a Israel sería una de las medidas más relevantes de un embargo integral de armas a Israel. Si, como ha afirmado el presidente del Gobierno, lo que se pretende es “detener” el genocidio en Gaza, el Real Decreto Ley de embargo debería incluir la prohibición de que buques con armamento destinado a Israel puedan hacer escala en territorio nacional español.

Los contratos de compra

El presidente del Gobierno tampoco mencionó qué iba a pasar con los contratos administrativos adjudicados a empresas israelíes de seguridad y defensa, sus filiales o empresas intermediarias de productos de defensa israelíes con posterioridad al 7 de octubre de 2023. Según la Plataforma de Contratación del Sector Público son 46 contratos por un valor total de 1.044 millones de euros. Entre estos contratos se encuentra el suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM) por valor de 576 millones de euros, adjudicado a una unión temporal de las empresas Escribano Mechanical & Engineering SLU y Rheinmetall Expal Munitions SAU, en la que participa la israelí Elbit Systemas. O el contrato para el suministro de 168 sistemas de misiles contracarro Spike LR2, por valor de 237 millones de euros, adjudicado a la empresa de capital israelí PAP Tecnos Innovación SAU.

Un decreto ley de embargo integral de armas a Israel debería implicar la revocación de todos estos contratos si todavía se encuentran en plazo de ejecución. Además, un embargo integral debería establecer que no se pueda adjudicar contratos administrativos a empresas de seguridad y defensa israelíes y a sus filiales durante la vigencia del embargo. Para ello debería introducirse, expresamente, una prohibición de contratar a esas empresas en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. Lo que sí se puede hacer a través de un decreto ley.

El Consejo de Ministros no aprobó el decreto ley de embargo anunciado el pasado martes 9 de septiembre. Ese mismo día, poco después de las 16:00 horas se publicaron dos decisiones que afectaban a los contratos de suministro de los misiles contracarro Spike LR2 y del sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM. En ambos casos, el Subdirector de General de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa resolvió “Anular la publicación del anuncio de adjudicación”. Llama la atención la carencia total de fundamentación jurídica en el texto de ambas decisiones y de los motivos por los que se adoptan.

Varios medios han interpretado que la información de la Plataforma de Contratación del Sector Público implica que el Ministerio de Defensa ha anulado los dos contratos, el de los misiles Spike y el del SILAM. En mi opinión, esa interpretación es resultado de una confusión provocada por la información sucinta que aparece en la Plataforma de Contratación. En dicha Plataforma se indica, en ambos contratos, como estado de licitación “Anulada” y se hace público un documento al que se denomina “Anulación Adjudicación”. Sin embargo, si se lee con atención el documento denominado “Anulación Adjudicación” y, sobre todo, el documento titulado “Resolución”, queda claro que únicamente se ha anulado “la publicación del anuncio de adjudicación”. Ese es el contenido literal las dos resoluciones del subdirector general de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, mencionadas en el párrafo anterior.

El decreto llega tarde y parece light

El texto de los acuerdos se limita a indicar que se anula la publicación del anuncio de adjudicación. Únicamente anulan esa publicación, no el acuerdo de adjudicación. El anuncio de la adjudicación del contrato y la adjudicación del contrato son actos administrativos diferentes. Primero se adjudica el contrato y luego se tiene que publicar el anuncio de la adjudicación en la Plataforma de Contratos del Sector Público. La anulación del anuncio de adjudicación no afecta a la validez de los acuerdos de adjudicación del contrato.

Intentaré explicarlo de forma metafórica. El Gobierno lleva casado más de dos años con la industria militar israelí, una relación que ha intentado mantener en secreto. Ahora, dos años después, cuando se ha hecho público el matrimonio, el Gobierno ha roto las fotos de la boda. Y pretende hacernos creer con ello que se ha divorciado; aunque duerme con la industria militar israelí todas las noches. La boda representa los acuerdos de adjudicación del contrato, mientras que las fotos se corresponden con los anuncios de adjudicación del contrato. Los acuerdos de adjudicación del contrato de misiles Spike y del SILAM son actos firmes y no se han anulado. Al menos no se han anulado todavía, según el contenido de los acuerdos que se han hecho públicos en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El contrato administrativo para la adquisición de 168 misiles Spike fue adjudicado a la empresa israelí PAP Tecnos, filial en España de la israelí Rafael, el 22 de noviembre de 2023. No sabemos si el contrato se ha formalizado, aunque en la Plataforma de Contratación del Sector Público se indica que “la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos”. El plazo de ejecución de este contrato es de 55 meses, plazo que empezó a contar desde el 30 de noviembre de 2023. Todavía es posible jurídicamente formalizar ese contrato y que se ejecute su contenido. Es decir, todavía sería posible que PAP Tecnos entregara los 168 sistemas de misiles al Estado español y que el Gobierno español le pagara los 287 millones de euros.

Algo similar ocurre con el contrato suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM). Este contrato se adjudicó el 15 de diciembre de 2023 a las empresas Escribano y Expal. En el contrato también participa la empresa israelí Elbit Systems. Según el medio Artículo14, la tecnología de Elbit Systems supone casi el 80% del lanzacohetes SILAM. Tampoco sabemos si este contrato se ha formalizado. La Plataforma de Contratación se limita a indicar que “la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos”. En cualquier caso, el plazo de ejecución de este contrato termina el 15 de diciembre de 2027, así que todavía sería posible que se formalizara y ejecutara en plazo.

Una prueba indiciaria de que los contratos todavía no se han anulado es un artículo publicado el 15 de septiembre de 2025 en el diario israelí Haaretz. Aunque la noticia da por hecha la cancelación de los contratos del lanzacohetes SILAM y de los misiles contracarro Spike LR2, indica que las empresas israelíes afectadas, Elbit Systems y Rafael, no han hecho declaraciones formales; una de estas empresas, además, habría confirmado que no han recibido ninguna notificación oficial de la cancelación de los contratos por parte del Gobierno español.

Un embargo que no afecte a los envíos de armamento de EEUU a Israel por medio de buques que hacen escala en puertos españoles y que no revoque los 46 contratos públicos adjudicados a empresas israelíes sería un engaño a la opinión pública

El comentario que he hecho sobre el contenido del decreto ley de embargo es provisional porque todavía no se ha hecho público cuál será el texto del decreto ley de embargo. Ya habrá lugar para un análisis en profundidad una vez se apruebe el decreto ley en el Consejo de Ministros y se publique en el Boletín Oficial del Estado. El embargo llega tarde y, además, parece que el Gobierno pretende aprobar un embargo light. Un embargo que no afectaría a los envíos de armamento de EEUU a Israel por medio de buques que hacen escala en puertos españoles. Y que tampoco implicaría la revocación de los 46 contratos públicos adjudicados a empresas israelíes.

Un embargo de este tipo sería un engaño a la opinión pública española. Como llevamos planteando desde hace casi dos años desde la campaña “Fin al comercio de armas con Israel” para intentar dificultar en alguna medida el genocidio que se está cometiendo en Gaza, lo que se necesita es un embargo integral que sirva para romper por completo las relaciones armamentísticas entre España e Israel. Unas relaciones que se han incrementado desde el 7 de octubre de 2023, por mucho que el Gobierno siga repitiendo sin cesar que España ni compra ni vende armas a Israel.

Las palabras. El miércoles 14 de mayo, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno afirmó que “nosotros no comerciamos con un Estado genocida”, aludiendo, además, a su intervención una semana antes. Entonces, el presidente había reiterado su compromiso de “no vender ni comprar armamento ni munición procedente de Israel desde el 7 de octubre de 2023”, compromiso que consideraba que había cumplido. También señaló que el listado de contratos adjudicados a empresas israelíes de defensa, elaborado por una ONG, contenía innumerables imprecisiones e “interpretaciones absolutamente erróneas”. Además, justificaba las adjudicaciones de los contratos cuando: a) no implique “armamento de munición”, b) se trate de “componentes absolutamente imprescindibles para el funcionamiento y la seguridad de los equipamientos ya existentes en las manos de las fuerzas armadas”, y c) se refieran a “contratos adjudicados a empresas con sede y producción en España, que no son fabricados en Israel”. En mi opinión, cuando un compromiso tiene tantas excepciones y tanta letra pequeña debería cuestionarse si es adecuado utilizar la palabra “compromiso”.

Los hechos. El Centro Delàs de Estudios por la Paz ha elaborado un listado con los contratos adjudicados a empresas israelíes de defensa, a sus filiales en España o a empresas españolas que fabrican armamento de patente israelí a través de un acuerdo de transferencia de tecnología, contratos en los que también participan empresas armamentistas israelíes o sus filiales. El listado, que incluye cuarenta y seis adjudicaciones de contratos por valor de 1.044 millones de euros, forma parte del informe «Beneficio colateral. Relaciones armamentísticas entre España e Israel desde el 7 de octubre de 2023». Dicho listado se basa en la información pública contenida en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La interpretación que se hace en el informe de dichos datos es que las importaciones y adquisiciones de armamento israelí contribuyen a la ocupación militar de Palestina y a las operaciones militares israelíes, unas operaciones que tienen un elevado coste económico. A través de las exportaciones de armamento, el Estado israelí consigue que le salga más barato el armamento que están utilizando sus Fuerzas de Defensa desde el 7 de octubre de 2023. Israel exporta más del setenta por ciento de su producción de material de defensa. Una industria que publicita su tecnología militar como “probada en combate”, lo que significa que su eficacia ha sido acreditada sobre el terreno, sobre la población palestina. En otras palabras, comprar armamento israelí implica contribuir a la financiación, aunque sea indirectamente, de la ocupación ilegal de Palestina, del régimen de apartheid que se ha impuesto a su población, y de la presunta comisión de un crimen de genocidio, de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra por Israel en Gaza. Financiar en el sentido que recoge la segunda acepción del diccionario de la Real Academia Española: “sufragar los gastos de una actividad”.

El presidente del Gobierno no mencionó los tránsitos de material de defensa por el territorio nacional, sus puertos y aeropuertos con destino final a Israel. Sobre esta cuestión, con carácter general, no hay datos oficiales. Aunque según la información de la web del Puerto de Valencia, en abril de 2024 se produjo un tránsito de 16 toneladas de bombas con destino a Israel. También hay un informe del Palestinian Youth Movement que ha identificado 2.110 envíos de material de defensa con destino a Israel que hicieron escala en el puerto de Algeciras, de los cuales 944 se realizaron después de que el Gobierno español afirmara que no autorizaría ningún tránsito de armamento con destino a Israel. Dicho informe se elaboró a partir de la información contenida en webs especializadas en tráfico marítimo e imágenes de satélite. Por todo ello, en el informe “Beneficio colateral” se plantea que el Ministerio de Asuntos Exteriores no está controlando los tránsitos, sino que prefiere mirar para otro lado.

La cuestión política de fondo que plantean las adquisiciones de armamento de patente israelí es si España debe comprar material de defensa a países que violan sistemática y gravemente los derechos humanos. Esta es una pregunta cada vez más relevante si tenemos en cuenta el contexto de rearme europeo.

Parece que esta cuestión política no se la están haciendo nuestras autoridades. Así puede desprenderse de las afirmaciones del presidente de Gobierno en el Congreso de los Diputados a las que he hecho mención. Tampoco parece que en el Ministerio de Defensa se estén planteando esa pregunta. La planificación de las necesidades de armamento del Estado español se elabora en dicho departamento. En la práctica, el Ministerio de Defensa ha adjudicado varios contratos directamente a la industria de defensa israelí porque considera que sus productos carecen de competencia desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, el POD designador para sistema de combate aéreo, por valor de 207 millones de euros adjudicado a la empresa israelí Rafael Advanced Defence Systems LTD; o el suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2, por valor de 237 millones de euros, adjudicado a la filial israelí PAP Tecnos Innovación SAU. Estos contratos se refieren a nuevos sistemas de armamento adquiridos por el ejército español.

El Gobierno tiene una oportunidad este martes para convertir sus palabras en actos, para poner de manifiesto en qué medida su compromiso de no comprar ni vender armamento a Israel es real. El 20 de mayo se vota en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la “Proposición de Ley por la que se reforma la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, introduciendo la figura del embargo y su régimen jurídico”.

La Ley 53/2007 no regula la imposición de embargos de armamento acordados unilateralmente por el Estado español. Este vacío pretende cubrirse con la proposición de ley, que recoge una regulación general del embargo que se incluiría en la Ley 53/2007. Según la proposición, debe imponerse un embargo de armas “a aquellos Estados que hayan sido demandados ante un Tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España, siempre y cuando la demanda no haya sido inadmitida a trámite, por la comisión de un crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales ratificados por nuestro país”. Esta regulación, que toma como referencia el contenido del artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas, pretende establecer un estándar ético mínimo en la política armamentista española, ya que prohibiría tanto exportar como importar material de defensa de dichos países.

Cuando hablamos de embargos de armas es importante clarificar a qué nos referimos, porque la palabra “embargo” se está empleando con diferentes significados. El Gobierno parece mantener una idea muy limitada de lo que es un embargo de armas, que se limitaría a prohibir las exportaciones de armamento. Según el Gobierno, ha adoptado medidas que implican de hecho la imposición de un embargo. Esas medidas se limitarían a no otorgar nuevas autorizaciones de exportación de armamento. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido la vigencia de las autorizaciones de exportación de material de defensa concedidas antes del 7 de octubre de 2023. Y, de hecho, sí que se han producido exportaciones de armamento a Israel después de esa fecha, como se detalla en el informe “Beneficio colateral”. El supuesto más escandaloso fue la exportación a Israel, en noviembre de 2023, de munición por valor de 987.000 euros por la empresa Nammo Palencia. Las exportaciones de armas a Israel han seguido en enero y febrero de 2025 según la base de datos DataComex, gestionada por el Ministerio de Economía.

La proposición de ley cuya admisión a trámite se vota este martes parte, sin embargo, de una concepción más amplia de lo que significa un embargo de armamento. En cuanto a los productos, el embargo integral afectaría al material de defensa, a los productos y tecnología de misiles, a las armas de fuego, al material policial y antidisturbios, a los productos y tecnologías de doble uso, y al combustible para aeronaves militares JP-4, JP-5 y JP-8. El embargo tampoco se limitaría a las operaciones de exportación, sino que también incluiría las importaciones, el asesoramiento técnico y el corretaje, la financiación o asistencia financiera, el tránsito, así como a la colaboración militar y de seguridad. El embargo implicaría la revocación de las autorizaciones de exportación que estuvieran en vigor. También plantea el establecimiento de medidas de inspección y vigilancia sobre buques y aeronaves cuando existan motivos razonables para entender que pretende incumplirse el embargo. Por último, la proposición de ley plantea la imposición automática a Israel de un embargo integral de armas.

Si la votación en el Congreso obtiene una mayoría simple de votos, se iniciará la tramitación parlamentaria de la proposición de ley. La tramitación llevará meses ya que tiene que ser discutida tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, donde se podrán introducir enmiendas a su texto. Estas enmiendas podrán mejorar su contenido, aunque también se corre el riesgo de que se produzca una modificación a la baja de su regulación, de manera que se devalúe la eficacia de los embargos de armamento.

Si tuviera voluntad política para hacerlo, el Gobierno podría aprobar un decreto ley en el Consejo de Ministros del martes que impusiera un embargo integral de armamento a Israel. Un embargo que podría entrar en vigor al día siguiente una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado. Salvo en los períodos de vacaciones, todos los martes desde el 7 de octubre de 2023 el Gobierno ha tenido la posibilidad de hacerlo. Es mucho más fácil hacer bonitos discursos que ponerlos en práctica. Si aspiramos a ser ciudadanas críticas y a mejorar la calidad de nuestra democracia no podemos quedarnos en las palabras. Debemos exigir al Gobierno que realice actos que dificulten el genocidio que se está cometiendo en Gaza.

Eduardo Melero es profesor de derecho administrativo en la UAM e investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz

En 2025 se celebra el centenario del nacimiento de Manuel Sacristán. En su escrito La OTAN hacia dentro, de 1984, planteaba que, ante el hecho de que la mayoría de la población española estaba en contra de la integración en la OTAN, el Gobierno adoptaría medidas para manipular a la opinión pública con el fin de que España entrara en la OTAN. Estas medidas inocularían un sentimiento de impotencia política, de necesidad de obedecer en la población española, lo que sería más grave que la integración en la Alianza. Y terminaba con la siguiente frase: “Hacia dentro es la OTAN para España tan temible como hacia fuera, y más corruptora”.

La guerra de Gaza también está teniendo consecuencias “hacia dentro” de la democracia en España. No me refiero a la tensión que ha surgido dentro del Gobierno a propósito del contrato de adquisición de munición para la Guardia Civil adjudicado a la empresa israelí IMI Systems. Eso es algo anecdótico, mero salseo político. Resulta mucho más relevante denunciar la campaña de desinformación que el Gobierno lleva poniendo en práctica desde hace meses para impedir que la opinión pública conozca la intensidad de las relaciones armamentistas que existen entre España e Israel, y el papel real que está desempeñando España en relación con la guerra de Gaza.

Desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno español ha adjudicado 46 contratos por valor de 1.044.558.955 de euros a empresas israelíes, sus filiales o conglomerados en las que participan empresas israelíes. Este hecho pone de manifiesto el apoyo del Gobierno español a la industria de defensa israelí y la importancia que están adquiriendo las relaciones entre empresas militares españolas y empresas de defensa israelíes. En realidad, estas relaciones se han reforzado desde entonces, a pesar de que el apoyo a la industria israelí de defensa contribuye, aunque sea indirectamente, al mantenimiento del régimen de ocupación y apartheid en Palestina y a los crímenes contra la humanidad que está cometiendo Israel en Gaza.

El Gobierno español ha perdido toda la credibilidad en sus declaraciones sobre los contratos adjudicados a empresas israelíes o a filiales de empresas israelíes. Cualquier afirmación que haga el Gobierno solo será convincente si aporta documentos que la soportan y si, finalmente, se concreta en hechos. También hay que destacar que todavía no se ha cancelado el contrato adjudicado a IMI Systems. Si se siguen los trámites jurídicos necesarios, aún tendrán que pasar algunos meses antes de que la revocación del contrato sea una realidad.

De nuevo, el Ejecutivo está actuando como si pudiera adoptar las decisiones que quisiera libremente. Según el artículo 1 de la Constitución española, estamos en un Estado de Derecho, lo que significa, básicamente, que el poder político debe ejercerse por los cauces que establece el ordenamiento jurídico. Las leyes de contratación pública, de procedimiento administrativo y de expropiación forzosa establecen garantías que deben respetar los poderes públicos, Ministerios y Gobierno incluidos. Unas garantías que parece que le sobran al Gobierno al intentar apagar cuanto antes la crisis política en la que se encuentra.

Según la nota de La Moncloa del 24 de abril, la vía que se va a seguir para rescindir el contrato con IMI Systems es la siguiente: “la Junta de inversión de material de doble uso denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato”.

Esta nota pone de manifiesto las prisas del Gobierno. No existe una “junta de inversión de material de doble uso” en la Administración pública española. El nombre correcto es “Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso”, más conocida como JIMDDU. La JIMDDU es el órgano administrativo que decide si se otorgan las autorizaciones de exportación de material de defensa y también las autorizaciones de importación.

El Gobierno ha adelantado ya que no se va a otorgar la autorización administrativa para la importación de la munición fabricada por IMI Systems. Esta es una decisión que le corresponde adoptar a la JIMDDU. Los criterios legales establecidos para otorgar las autorizaciones de importación dan bastante libertad a la JIMDDU para conceder las autorizaciones de material de defensa. Que sepamos, hasta ahora no han denegado ninguna y no existen precedentes de denegación de autorizaciones de exportación de material de defensa israelí.

Sin embargo, el Gobierno ya sabe de antemano qué decisión va a adoptar la JIMDDU en este caso, sin necesidad de que este órgano interministerial se reúna previamente. La nota de prensa de La Moncloa pone de manifiesto que la JIMDDU es un órgano político que toma sus decisiones con base en los criterios políticos que le impone el Gobierno.

Esta es una cuestión muy relevante. Permite explicar, al menos en parte, por qué la JIMDDU no ha revocado ni suspendido ninguna de las autorizaciones de exportación de material de defensa con destino a Israel que siguen vigentes. Porque ha seguido, a pies juntillas, los criterios políticos que le ha dictado el Gobierno. Eso es lo que explica que la JIMDDU haya actuado como si no existiera el Tratado sobre el Comercio de Armas, cuyo artículo 6.3 prohíbe otorgar autorizaciones de exportación de armamento a países implicados en genocidio, crímenes de lesa humanidad, ataques contra la población civil y otros crímenes de guerra. Y cuya aplicación exigiría revocar o, al menos, suspender las autorizaciones de exportación de material de defensa a Israel.

El Ministerio del Interior también afirmó, en una nota del 29 de octubre de 2024, que había excluido a otras empresas israelíes de contratos licitados por la Guardia Civil. Esto es algo que no se puede hacer según nuestro ordenamiento jurídico. Solo se puede excluir a una empresa de un procedimiento de licitación de un contrato administrativo si la empresa incurre en una prohibición de contratar. Ni la Ley 24/2011 de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, ni la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establecen prohibiciones de contratar que puedan aplicarse a las empresas israelíes por los crímenes de genocidio y de lesa humanidad que está cometiendo Israel en Gaza.

De hecho, después de octubre de 2024, la Guardia Civil ha seguido adjudicando contratos de material de defensa a Guardian Homeland Security, empresa constituida en España con capital israelí y que representa a la industria israelí de defensa. En noviembre de 2024, se le adjudicó un contrato para la adquisición de placas balísticas para prendas de vestir de protección antibalas por valor de 206.610 euros (número de expediente 2024/ETSAE0906/00001385E). Y en febrero de 2025, se le otorgó un contrato con el mismo objeto por valor de 182.400 euros (número de expediente X240177GAGAE). Las placas balísticas tienen la consideración de material de defensa según el Real Decreto 679/2014 (Anexo I.1, categoría ML13.d.2).

El Gobierno español no ha querido imponer un embargo de armas a Israel. Mantiene que ha adoptado medidas que implican un embargo de hecho. Esta es otra de las medias verdades que pregona. El Gobierno podría haber acordado un embargo integral de armas que incluyera las exportaciones, las importaciones, la prohibición de la financiación a la industria israelí o la prohibición de contratar con empresas armamentistas israelíes o sus filiales, entre otras medidas. Este embargo integral hubiera impedido que se adjudicaran contratos a empresas de defensa israelíes y lo impediría para futuros contratos.

Si el Gobierno tuviera voluntad política, podría adoptar un decreto ley de embargo integral en el Consejo de Ministros del próximo martes y que fuera efectivo el próximo miércoles tras publicarlo en el BOE.

Desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno español ha adoptado medidas fundamentalmente simbólicas, como el reconocimiento del Estado de Palestina. Pero ha hecho más bien poco en la realidad para intentar dificultar los crímenes contra la humanidad que está cometiendo Israel en Gaza. Ha contribuido al mantenimiento de la industria de defensa israelí con más de 1.000 millones de euros en adquisiciones y ha preferido mirar para otro lado cuando buques o aeronaves cargados de armamento procedente de Estados Unidos, cuyo destino final era Israel, han hecho escala en puertos y aeropuertos españoles, e incluso en la Base de Rota. Y todo ello ocultándoselo a la opinión pública española, con bulos y medias verdades, sin importarle el déficit democrático que ello implica.

En España, hacia dentro, la guerra de Gaza no es tan temible como el sufrimiento que padece la población palestina. Pero, como afirmaba Manuel Sacristán, es “más corruptora”.

La respuesta de Israel a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 no puede calificarse adecuadamente con el adjetivo desproporcionada. Es un calificativo claramente insuficiente, que oculta el descomunal sufrimiento humano que Israel está causando en Gaza. Jurídicamente es muy problemático emplear el término genocidio, dado este crimen internacional exige demostrar la intención de destruir total o parcialmente a los palestinos como comunidad nacional, algo que va a ser muy difícil de probar. En cualquier caso, no debería haber ninguna duda de que Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, actuaciones que son de una gravedad extrema. Israel está llevando a cabo un ataque sistemático y generalizado contra la población civil en la Franja de Gaza.

Esta situación no ha modificado en lo esencial las relaciones militares entre España e Israel. Estas relaciones de despliegan en los siguientes ámbitos: 1) las exportaciones de material de defensa desde España a Israel, 2) las importaciones de material de defensa por España desde Israel, 3) la adjudicación a empresas israelíes de contratos de productos y servicios por las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad en España, 4) la colaboración empresarial entre empresas españolas e israelíes para acceder a terceros mercados, 5) la colaboración entre universidades, empresas e instituciones en proyectos de investigación y formación, y 6) la colaboración bilateral entre los dos países en materia de inteligencia y seguridad.

En cuanto al comercio de armamento con Israel, no está claro qué decisiones ha tomado el Gobierno español. El Ministro de Asuntos Exteriores aseguró el 5 de diciembre de 2023 en el Congreso de los Diputados que, desde el 7 de octubre, no se habían producido “operaciones de exportación de armas españolas a Israel”. El Ministro mintió en sede parlamentaria. Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz, demostró, con la información que suministra la base de datos oficial DataComex, que la empresa Nammo Palencia había exportado 987.000 euros en municiones a Israel en noviembre de 2023. Parece que no se han otorgado nuevas autorizaciones de exportación de material de defensa a Israel desde el 7 de octubre de 2023, aunque no sabemos si se ha tomado una decisión formal al respecto ni cómo se ha hecho jurídicamente. Y también parece que no se han suspendido ni revocado las autorizaciones de exportaciones a Israel otorgadas con anterioridad al 7 de octubre de 2023, lo que le habría permitido a Nammo Palencia exportar municiones a Israel en noviembre de 2023.

¿Está vulnerando el Gobierno la legislación sobre comercio de armento? Como jurista, me resulta difícil explicar esta cuestión a legos en derecho, porque la normativa reconoce un amplio margen al Gobierno al interpretar y aplicar la legislación. Me explico. Hay leyes que no reconocen ningún margen de interpretación, por ejemplo, la prohibición de conducir a más de 120 kilómetros por hora en una autopista. Este tipo de normas son la excepción en la regulación sobre el comercio de armamentos, como sucede cuando hay un embargo acordado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la Unión Europea. La adopción de un embargo de este tipo implica que el Gobierno español no puede autorizar la exportación de armamento al país afectado por el embargo. Otro tipo de leyes no son tan taxativas, sino que establecen que han de tenerse en cuenta distintas circunstancias a la hora de adoptar una decisión (técnicamente se entiende que se impone una obligación de ponderación). Siguiendo con el mismo ejemplo, sería algo así como si la norma estableciera que el Gobierno determinará la velocidad máxima permitida, teniendo en cuenta las circunstancias meteorológicas o el estado del firme y el número de carriles de la calzada. Este tipo de normas se encuentran mayormente en la regulación del comercio de armas. Los estados deben tener en cuenta las vulneraciones del derecho internacional humanitario, la existencia de conflictos armados o el comportamiento del país comprador frente a la comunidad internacional, pero no se establecen prohibiciones claras.

Una lectura sistemática del artículo 6.3 del Tratado de Comercio de Armas debería incluir la obligación de suspender o revocar las autorizaciones de exportación a aquellos países que hayan cometido los crímenes internacionales mencionados en dicho precepto.

Según el artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas: “Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales […], si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”.

Este precepto se sitúa dentro de las normas que establecen prohibiciones taxativas. El artículo 6 del Tratado de Comercio de Armas lleva por título “Prohibiciones”. Su redacción es claramente imperativa y no reconoce ningún margen de interpretación a las autoridades encargadas de aplicarlo. Una lectura sistemática del artículo 6.3 debería incluir la obligación de suspender o revocar las autorizaciones de exportación a aquellos países que hayan cometido los crímenes internacionales mencionados en dicho precepto.

No sabemos cómo está interpretando y aplicando el Gobierno español el artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas. En una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en marzo de 2024, la Secretaria de Estado de Comercio afirmó que “cumplimos de forma estricta no solo con la ley, sino con esos compromisos internacionales”. Una afirmación que, tras la lectura del artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas puede ponerse seriamente en duda. Más bien, habría que presumir que el Gobierno español está incumpliendo las obligaciones que le impone el Tratado sobre el Comercio de Armas, un convenio internacional que ha sido ratificado por España y que forma parte del ordenamiento jurídico español.

En mi opinión, la actuación de Israel en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 encaja perfectamente en los supuestos previstos en el artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas. Es un supuesto “de libro” por la excepcional gravedad de las violaciones de derechos humanos que está cometiendo Israel en Gaza. Las autoridades españolas deberían denegar las solicitudes de autorización de exportación de material de defensa a Israel. Y también deberían revocar o, al menos, suspender todas las autorizaciones de exportación de armamento a Israel que sigan estando en vigor.

España es el octavo exportador mundial de armamento, según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIRPI). Pero, sobre todo, el Gobierno utiliza la legislación para legitimar su propia actuación ante la sociedad y presumir del estricto cumplimiento de la ley.

Para terminar, creo que resulta pertinente plantearse para qué está utilizando el Gobierno la legislación sobre el comercio de armas. En primer lugar, para otorgar seguridad jurídica a las empresas exportadoras de armamento, al no haber suspendido o revocado las autorizaciones de exportación de material de defensa a Israel otorgadas con anterioridad al 7 de octubre de 2023. Esto forma parte de la política gubernamental de fomento de las exportaciones de material de defensa. Conviene recordar, aquí, que España es el octavo exportador mundial de armamento, según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIRPI). Pero, sobre todo, el Gobierno utiliza la legislación para legitimar su propia actuación ante la sociedad y presumir del estricto cumplimiento de la ley. En este sentido, me parece destacable que, en la Comisión de Defensa de marzo de 2024, ningún diputado planteara abiertamente que el Gobierno está incumpliendo el Tratado sobre el Comercio de Armas.

Uno de los efectos que tiene el derecho es establecer una frontera entre los legos y los que saben de la materia. Sin una fuerte presión por parte de la sociedad civil será muy difícil que el Gobierno aplique de forma más exigente la legislación en materia de comercio de armamento. Para ello es fundamental poner en cuestión la política del Gobierno con información contrastada. Esa es la finalidad del reciente informe publicado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz: “Business as usual”. Análisis del comercio de armas español de 2022-23 y argumentos para un embargo de armas a Israel.