La economía española crece. Se han creado más de dos millones de puestos de trabajo desde 2018, y los salarios están aumentando. Sin embargo, amplias capas sociales no llegan a fin de mes, los bienes básicos son cada vez más caros y acceder a la vivienda se ha convertido en una quimera.

Los precios de compra y del alquiler se han disparado en muchas ciudades o directamente no hay oferta suficiente para cubrir la demanda. Y si bien no hemos llegado todavía a los exorbitados niveles de esfuerzo soportados en los años álgidos de la burbuja inmobiliaria, vamos camino de ello si no se toman medidas drásticas.

Cómo hemos llegado aquí: el “nuevo” modelo de vivienda de siempre

Varios factores explican la imposibilidad de acceder a la vivienda para amplias capas de la sociedad, que podríamos resumir en que en España hay dos formas de acceso a la vivienda: el mercado o el mercado.

El mercado, en el contexto actual de limitación de acceso al crédito, se ha concentrado en hacer menos viviendas, pero mucho más caras —“exclusivas”—. Además, el endurecimiento de los estándares financieros, si bien limita la creación de otra burbuja inmobiliaria, también excluye del acceso a la vivienda a amplios sectores sociales al no cumplir los requisitos hipotecarios o carecen del 30% de entrada. El capital, ante esta realidad, ha desplazado una parte importante de la extracción de rentas de la compraventa al alquiler privado. La vivienda es un negocio, nunca ha dejado de serlo.

En paralelo se han suprimido durante estos años los pocos e imperfectos contrapesos públicos que había para tratar de paliar los efectos de la especulación con la vivienda.

El más relevante es la desaparición de las políticas públicas de vivienda en el marco de los recortes. Desapareció la oferta de vivienda protegida (VPO) que durante décadas fue clave para que amplias capas sociales accedieran a la vivienda: 2,7 millones de viviendas protegidas construidas entre 1980 y 2023 con garantía pública. La mayoría han sido descalificadas y, por tanto, privatizadas. Si sumamos los 200.000 millones de euros malgastados en desgravaciones fiscales a la vivienda que podrían haberse utilizado para construir 2 millones de viviendas, podemos concluir que hemos perdido la oportunidad de consolidar un parque público de cinco millones de viviendas en España.

Todo ello provoca que el alquiler privado, a pesar de su coste desorbitado, sea la única alternativa habitacional para gran parte de la población sin vivienda en propiedad. La aparición de nuevos actores como los fondos buitres, la profesionalización de la gestión arrendataria y el creciente uso turístico o temporal de la vivienda agudizan este modelo.

Es un nuevo modelo con la misma lógica de siempre: la vivienda como bien de mercado antes que como derecho básico social.

El ladrillo es (y siempre fue) la inversión más rentable

Desde que el franquismo apostara por crear una sociedad de propietarios, la vivienda siempre ha sido en nuestro país la forma predilecta de ahorro para las familias y se ha considerado una forma de inversión segura y rentable a largo plazo.

Los datos confirman que invertir en vivienda en España es muy rentable y sigue siendo más rentable que cualquier inversión alternativa. Y esto se explica porque las políticas aplicadas durante décadas han apuntalado que esto sea así.

A cierre de 2024, la rentabilidad bruta anual de la vivienda (alquiler más variación de precio de la vivienda) se situó en un 12,9%. Una rentabilidad que supera con creces alternativas de bajo riesgo para las familias, como depósitos a plazo (2,2% anual) o inversión en bonos y obligaciones del Estado a 10 años (3,2% anual). Para inversiones con un perfil de riesgo mayor, la rentabilidad tampoco supera lo que ofrece la vivienda: los fondos de inversión mobiliarios ofrecen una rentabilidad media de 9,2% anual.

Para las empresas el ladrillo también es más rentable que la inversión productiva. A cierre de 2024, la rentabilidad del capital invertido de las empresas españolas fue del 7,3% según datos de la Central de Balances del Banco de España. Es decir, la rentabilidad bruta de la vivienda es prácticamente el doble que la rentabilidad de la inversión productiva empresarial.

De hecho, a pesar del derrumbe de la burbuja, si comparamos una inversión realizada en el año 2000, la rentabilidad de la vivienda es un 52% superior a la lograda por la inversión productiva empresarial. El capitalismo rentista se come al capitalismo productivo.

El capitalismo rentista como lastre productivo y económico

Por ello, los efectos de nuestro modelo de vivienda no solo tienen un fuerte impacto social sino también importantes consecuencias económicas negativas.

Para las familias supone una fuerte extracción de renta, que echa por tierra las subidas salariales, aboca a muchos hogares a no llegar a fin de mes y limita a nivel macroeconómico la demanda agregada. Estas familias deben destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos a pagar la vivienda, en detrimento de otros bienes y servicios básicos de la economía real, que además generarían más actividad y empleo.

Para el capital, genera el incentivo perverso de que es más rentable especular y extraer renta de la vivienda que realizar inversiones productivas, que generan valor añadido y tejido productivo.

El mercado de la vivienda es una de las patas centrales del capitalismo rentista, como lo llamaría Marx, que, al drenar recursos de la economía, limita la demanda agregada, el crecimiento económico y el potencial de creación de empleo.

Abaratar la vivienda impulsará la actividad económica

Reducir el coste de la vivienda mejora la accesibilidad a la vivienda, la capacidad financiera y adquisitiva de los hogares y liberará un volumen de recursos que podrían destinarse al consumo de bienes y servicios de la economía real.

Desde el Gabinete Económico Confederal de CCOO hemos calculado el impacto potencial en la economía y el empleo de reducir un 30% el precio de la vivienda. Tomamos en cuenta los 3,3 millones de hogares que actualmente pagan un alquiler a precio de mercado y aquellos hogares que anualmente compran una vivienda, parte de ellos mediante crédito hipotecario (actualmente hay cerca de cinco millones de hogares hipotecados).

Bajar el coste de la vivienda un 30% supondría un impulso en la demanda agregada de 25 mil millones de € que llevaría aparejada la creación de 410.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años. Esto equivaldría al 20% del empleo neto creado en los últimos cinco años. Si la estimación es a 10 años, la creación potencial de empleo asciende a 780.000 puestos de trabajo.

Necesitamos políticas públicas de vivienda drásticas y estructurales

Ante un mercado inmobiliario que siempre va a tratar de maximizar la extracción de rentas, las administraciones públicas deben responder con políticas drásticas y estructurales.

Durante años se malgastaron miles de millones de euros públicos en vivienda: cuatro décadas fallidas de políticas públicas que no han mejorado su accesibilidad, pero sí han sido exitosas para el negocio de la vivienda. Han supuesto mucho gasto, pero poca inversión y nos dejan una doble herencia negativa: España carece de un instrumento para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda y se desviaron amplios recursos que hubieran impulsado una mayor inversión productiva y desarrollo.

Reducir el precio de la vivienda es posible mediante una batería de medidas. Estas incluyen a corto plazo movilizar las viviendas vacías, aplicar controles de precios en zonas tensionadas, cerrar los vacíos regulatorios en el alquiler de habitaciones, de temporada y turístico; y como solución estructural, constituir un gran parque público de alquiler. Cuando la vivienda devora futuro y valor, no queda ni casa ni economía.

Hay sectores que dicen que no toca reducir la jornada legal máxima a 37,5 horas semanales sin reducción salarial y profetizan la enésima versión del apocalipsis laboral, como antes decían que no se podía subir el SMI o poner coto a la temporalidad, o muchos años antes dijeron que no se podía prohibir la esclavitud, el trabajo infantil o fijar la jornada laboral en 8 horas diarias o en 40 horas semanales. Siempre hay atrasistas que dicen que no se puede.

Sin embargo, la historia de los avances sociales nos enseña que se puede y se debe avanzar en derechos. Una parte del tejido productivo y empresarial ya está aplicando medidas de reducción de jornada. Ahora hay que generalizar la reducción de jornada, apoyando a las empresas con mayores dificultades objetivas en este avance. Se pueden adaptar los ritmos, pero el sentido del avance no es negociable: un mejor reparto de la renta generada mediante más tiempo libre y calidad de vida para la población. Se trata de avanzar hacia una sociedad que garantice una vida buena, que merezca ser vivida y que permita llegar a final de mes sin miedos. Ya toca.

Los salarios deben recuperar el peso perdido en las últimas décadas

España es ahora un país mucho más rico y desarrollado que en 1983, cuando entró en vigor la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Sin embargo, el reparto de esa mayor riqueza se ha desequilibrado con el paso de los años.

En las últimas décadas, el aumento real del PIB y de la productividad del trabajo han sido muy superiores al de los salarios, abriendo una brecha provocada por el desigual reparto de la renta a favor del capital y en detrimento del trabajo. Desde 2018 se aprecia una recuperación de los salarios reales que ha permitido que la brecha entre productividad y salarios haya dejado de aumentar, pero hacen falta esfuerzos adicionales para equilibrar el reparto de la renta.

Reducir la jornada legal máxima contribuye a reequilibrar el reparto de la renta en beneficio de la población trabajadora y avanzar en el objetivo de garantizar una vida buena al conjunto de la población, con más tiempo disponible para las personas que permita también avanzar en un reparto más equilibrado de las tareas de cuidado y del hogar.

¿Por qué ahora?

La economía española está registrando en estos últimos años mejoras productivas y económicas que posibilitan avanzar ahora en la reducción de jornada laboral y reforzar así el sentido de las transformaciones en curso: la mejora generalizada del nivel de formación y estudios de la población; el crecimiento generalizado del empleo especialmente en las ocupaciones técnicas y más cualificadas y en ramas con un mayor valor añadido; el fuerte aumento de la inversión productiva en activos intangibles; el auge de las exportaciones en servicios no turísticos; el aumento del tamaño medio de las empresas (cada vez hay más medianas y grandes empresas en España); y por primera vez en las últimas décadas, la mejora de la productividad del trabajo se obtiene de forma virtuosa al aumentar el empleo de mayor calidad en actividades de mayor valor añadido. El aumento generalizado de los márgenes empresariales en los últimos tiempos abre márgenes para que el tejido productivo pueda abordar la reducción de jornada.

Una pieza más en la transformación del modelo productivo y laboral

La reducción de la jornada laboral no afecta negativamente a las empresas más productivas que ya ofrecen mejores condiciones laborales (según la EPA en 2023 ya había 1,3 millones de personas asalariadas en el sector privado con una jornada pactada de 37,5 horas o menos a la semana). La reducción sí supondrá un reto de mejora para las empresas que no sean tan productivas ni ofrezcan esa menor jornada, para lo que deberán reorganizarse e invertir para adaptarse.

Al igual que la subida del SMI o la limitación de los contratos temporales, la reducción de la jornada persigue elevar los mínimos de condiciones laborales sobre los que opera nuestro tejido productivo y mandar señales claras sobre las bases sobre las que las empresas deben construir su competitividad: la mejora del valor añadido. Este marco más garantista favorece el funcionamiento de las buenas prácticas empresariales más productivas y supone un claro incentivo de mejora para las empresas cuyo modelo competitivo sea la precariedad.

Paradójicamente, algunos de los sectores que más protestan por la rebaja de la jornada legal serán los más beneficiados en su actividad por el mayor tiempo libre disponible, donde una parte relevante se destinará a actividades en los sectores de hostelería, ocio, cultura, cuidado físico y personal, … Quienes más se quejan del aumento de sus costes laborales por rebajar la jornada no tienen en cuenta el retorno positivo a través de un aumento de la demanda que tendrá para su actividad.

Según datos de la EPA, 13 millones de personas se verán beneficiadas por la reducción de la jornada laboral: 2 millones a tiempo parcial verán aumentado su salario mensual y 11 millones a tiempo completo verán reducida su jornada, liberando una bolsa de 29 millones de horas de la semana (equivalente a unos 780 mil empleos a jornada completa) para otros usos y actividades. Como ya han constatado algunos estudios (Cárdenas y Villanueva, 2021) una reducción generalizada de la jornada laboral legal se traducirá en una creación adicional de empleo, que a su vez impulsará la demanda agregada y el PIB y en una mejora de la brecha laboral de género.

Para garantizar la efectividad de esta medida es determinante reforzar el control horario en el centro de trabajo para poner coto a las extensas jornadas laborales y otros abusos laborales. La reducción de la jornada no es excluyente de seguir impulsando políticas de revalorización salarial, buscando no solo acabar con la pobreza laboral, sino fomentar la transformación productiva de nuestra economía basada en mayor valor añadido y mejores salarios. 

Reducir la jornada laboral para reducir la brecha de género

La reducción de la jornada laboral es una herramienta para reequilibrar socialmente los tiempos de trabajo entre hombres y mujeres. Las mujeres están infrarrepresentadas en el trabajo remunerado y sobrerrepresentadas en el trabajo no remunerado (tareas del hogar y de cuidados) asumiendo dobles jornadas.

En el trabajo remunerado, los hombres trabajan asalariadamente más horas a la semana que las mujeres (38,3 horas frente a 33,8). Detrás de esta brecha se esconde la feminización del subempleo (un 40% superior en las mujeres) y del empleo a tiempo parcial (el 73% son mujeres, y la mitad de ellas involuntariamente por la imposibilidad de encontrar un empleo a jornada completa). Esto pone de relieve la discriminación del mercado laboral que impone a las mujeres los trabajos parciales y la persistente división del trabajo que relega a las mujeres a las ocupaciones y sectores más precarizados. Esto no solo se traduce en salarios más bajos, sino también en prestaciones sociales y pensiones mucho más bajas, cronificando la brecha laboral a todas las fases vitales de las mujeres. Reducir la jornada legal permitiría aumentar el salario mensual a tiempo parcial y, posiblemente, también sus horas trabajadas, al beneficiarse de las horas de trabajo que puedan generarse a raíz de la medida.

El segundo motivo de trabajar a jornada parcial para las mujeres (1 de cada 4) es tener que realizar labores de cuidados y otras obligaciones familiares, lo que evidencia el desigual reparto del trabajo no remunerado: 500.000 mujeres aducen este motivo frente a 75.000 hombres. Algo que no sorprende si atendemos a los datos de las Encuestas Nacional y Europea de Condiciones de Trabajo que evidencian que las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a estas tareas. Reducir la jornada laboral no es una garantía, pero sí dota de la base material necesaria para impulsar una mayor corresponsabilidad en las tareas de cuidados y del hogar.