El anuncio el pasado 3 de julio de que la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid llevará un represivo régimen sancionador sobre acciones consideradas vandalismo o escraches es una hábil jugada del Gobierno regional para poner el foco del debate donde más les interesa, en el marco “orden vs protesta”, y así alejarlo de otros aspectos tanto o más lesivos de la Ley, como son el apoyo a las universidades privadas, la intervención de facto de las universidades públicas a través de la financiación, los consejos sociales y el control de la gerencia, o el plantear una Ley totum revolutum que incluye ciencia, FP superior, enseñanzas artísticas y deportivas superiores, consejos sociales, escuelas de negocios, etc. 

Hay que señalar que de la Ley como tal se sabe muy poco: un chapucero borrador de ocho páginas entregado a rectores y presidentes de Consejos Sociales, y una intervención de tres minutos del consejero Viciana en el Pleno del Consejo Universitario del pasado 10 de julio, en el que anunció que habría un borrador a lo largo de este mes. Nadie sabe quiénes ni cómo están elaborando esa Ley, y tanto la Cruma como el Consejo Interuniversitario de Estudiantes y los Sindicatos han expresado duras críticas y quejas por el oscurantismo y la falta de participación del proceso, que contrasta con otros procesos anteriores del propio Partido Popular como la LEMES de 2018 y la LESA con CS en 2020; ambos finalmente fracasados.

Estamos, una vez más, en un momento clave para uno de los problemas más graves que tiene la Comunidad de Madrid: la crisis de la universidad pública madrileña, inducida y fomentada desde 2010 por los diversos gobiernos regionales del PP. En el mencionado Pleno del Consejo Universitario del 10 de julio (el primero en cuatro años; el tercero en 18 años), la Comunidad Universitaria en su conjunto (rectores, estudiantes, sociedad civil) expresó amargas críticas a la gestión de los gobiernos del PP: se señaló, como decíamos, el oscurantismo en la elaboración de la Ley; se criticó la proliferación desordenada de universidades privadas (que pasarán a ser 15 con las dos nuevas anunciadas por Viciana en el susodicho Pleno) y centros adscritos a universidades de fuera de Madrid (como el nuevo de la ultracatólica UCAM de Murcia en Torrejón), que imponen un auténtico caos en el mapa de titulaciones (contraviniendo sistemáticamente el artículo 3 de la Ley 4/1998 de Coordinación Universitaria de la Comunidad de Madrid); se mostró preocupación porque el Decreto de Precios Públicos en elaboración pueda suponer un aumento de tasas; y, sobre todo, se lanzó un grito contra la sistemática infrafinanciación y el estrangulamiento económico que las Universidades Públicas llevan sufriendo desde 2010, y que las ha colocado en la situación de no poder seguir funcionando. Hoy, en 2024, tenemos prácticamente el mismo presupuesto que en 2010 para el sistema universitario madrileño, que ahora incluye además la agencia de calidad Madri+d y, junto a las tradicionales docencia e investigación, labores de autocontrol de calidad, transferencia de conocimiento, atención a la diversidad, inclusión e igualdad, promoción internacional, etc. Los rectores han indicado que, solo para seguir funcionando, el sistema necesita 200 millones más, pero todo el mundo sabe que en el presupuesto de 2025 el aumento será de un 0% e incluso se obligará a algunas universidades, como la UCM, a recortar su déficit. La Universidad pública madrileña seguiría así siendo la que menos invierte por alumno de todas las comunidades españolas. Algo inaudito en una comunidad con capital en el conjunto de Europa y que pondrá a Madrid en serias dificultades para enfrentar los retos contemporáneos. 

La Universidad es uno de los pilares fundamentales de una región que quiera estar en la vanguardia del buen vivir y del conocimiento. Cada euro invertido en universidad quintuplica su retorno y se estima en un 2% la contribución de las universidades al PIB regional. Ya solo por esto la ceguera del Gobierno regional al pisotear sistemáticamente a la Universidad Pública sería profundamente estúpida. La pregunta, entonces, es: ¿por qué lo hacen? La respuesta es triple:

1) Porque consideran la educación superior (como la sanidad o los servicios sociales, etc.) un nicho de negocio privado en el que desarrollar impunemente su red clientelar;

2) Porque para su proyecto de región neoliberal, individualista e insolidaria (el Miami europeo) necesitan trasladar a la educación superior el sistema segregador de escuelas concertadas y privadas que han promovido en la educación primaria y secundaria;

3) Porque la Universidad Pública no solo es un factor esencial de desarrollo económico y social de una región sino también sede del pensamiento crítico, del fomento de sentido de comunidad, de la cultura no “turistificada”, de la ciencia básica no inmediatamente utilitaria que nos permite entender el mundo, el poder, la injusticia… Y eso es algo que su fanático proyecto de región y su torcida concepción del ser humano no pueden permitir.

Por eso creemos que el Régimen Sancionador que promoverá la Ley, con ser grave, es solo uno de los muchos aspectos nocivos que promueve la política universitaria del gobierno Ayuso y no debe servir de cortina de humo para desviar la atención de todos los demás. Es el dedo en lugar de la Luna.