Nos han vendido la precariedad como un rito de paso, como si fuera normal aceptar trabajos que no permiten vivir con dignidad. Nos dicen que así es “empezar”, como si no llevara años siendo la única opción. La llamada “pobreza laboral” ha dejado de ser una excepción para convertirse en una constante. Pero no es inevitable. Hay alternativa, y empieza por recordar que lo colectivo siempre ha sido más fuerte que lo individual.

Hace unos meses, cuando la DANA golpeó nuestra tierra, vimos una lección: cuando nos organizamos, cuando nos cuidamos entre nosotros, somos capaces de todo. En medio del desastre, resurgió una conciencia de comunidad que hoy tenemos que reactivar. No solo para reconstruir casas, sino para reconstruir derechos, condiciones laborales, dignidad.

No es normal trabajar ocho o más horas al día y seguir sin poder independizarnos. No es normal sentir miedo por pedir una baja, una reducción por cuidado o incluso por desconectar. Y no es normal que la conciliación siga siendo un privilegio de unos pocos y una carga más —casi siempre— para las mujeres jóvenes. Queremos vivir, no solo sobrevivir.

Es el momento de hablar claro: no podemos aceptar un mercado laboral que se aprovecha de nuestra juventud para explotarnos con más facilidad. Hay que volver a poner sobre la mesa la conversación sobre derechos, estabilidad, tiempo para cuidar y cuidarnos, y futuro. Y, sobre todo, hay que dejar de sentirnos solos en esta lucha. Porque no lo estamos.

Recuperar la conciencia de clase no es nostalgia, es supervivencia. Es entender que lo que nos pasa no es una suma de dramas individuales, sino la consecuencia de un sistema que hay que enfrentar juntas y juntos. Como lo hicimos frente a la DANA, ahora toca hacerlo contra la precariedad.

No estamos aquí para aguantar. Estamos aquí para cambiar las cosas. Porque un trabajo no puede ser una trampa. Porque merecemos una vida digna. Porque somos clase trabajadora, y es hora de actuar como tal.

Desde UGT-PV no hablamos en términos abstractos ni de “damnificados”, sino de compañeras y compañeros, trabajadores y trabajadoras que lo han perdido todo. La clase trabajadora ha sido la más golpeada, no por casualidad, sino porque vive en zonas vulnerables, en viviendas precarias y con contratos inestables.

La Generalitat Valenciana anunció un plan de emergencia con 259 viviendas públicas disponibles para afectados, pero medio año después solo se han adjudicado 114. Mientras tanto, muchas familias siguen sin alternativa, compartiendo espacios insuficientes o viviendo en hogares dañados. Esta espera desgasta no solo a las personas, sino también la confianza en las instituciones.

La DANA nos deja una enseñanza clara: la vivienda debe ser un derecho protegido y accesible, no un objetivo lejano. Muchas de las personas afectadas ya vivían al límite, con contratos temporales, sueldos bajos y alquileres inseguros. Cuando la tormenta golpeó, no tuvieron colchón ni red; solo la solidaridad popular y burocracia.

Por eso, las ayudas deben priorizar a quienes más lo necesitan, a quienes no pueden esperar meses y que trabajan día a día para sostener esta tierra. La vivienda pública, el alquiler asequible y los planes de emergencia habitacional deben dejar de ser promesas vacías y convertirse en políticas firmes, humanizadas y comprometidas, siempre junto a la clase trabajadora.

Hablar de “clase trabajadora” es hablar de quienes limpian, cuidan, construyen, transportan y educan; quienes mantienen este país en marcha, pero a menudo no pueden permitirse un hogar digno. Esa realidad es una deuda colectiva que no podemos seguir ignorando.

Desde el sindicato seguiremos exigiendo con firmeza la aplicación de la Ley de Vivienda, la regulación efectiva de los alquileres, la inversión en vivienda protegida y que las ayudas lleguen rápido y con justicia. Porque no podemos permitir que ninguna emergencia deje a la clase trabajadora sin casa ni futuro.

La DANA fue una catástrofe natural, pero lo que sucede después es una decisión política. Y en esa decisión, hay que elegir a quién defender: ¿A los que más tienen?

¿O a quienes más lo necesitan?

Desde el sindicato lo tenemos claro: nuestro lugar es siempre con la clase trabajadora, con sus luchas, sus vidas y sus derechos. La vivienda no es una mercancía, es un hogar, y un hogar debe ser una garantía, no cuestión de suerte o paciencia. Y esa garantía debe llegar ya.

Durante décadas, las personas becarias han sido una pieza olvidada en el mundo laboral. No existía ni un registro oficial que permitiera conocer el número exacto de estudiantes realizando prácticas, ni mucho menos el reconocimiento de sus derechos. El sistema, como se ha demostrado, estaba configurado para excluirlos de las estadísticas de empleo y, en muchos casos, de la protección básica. Con la nueva legislación, que permite la cotización, se da un primer paso importante, pero que aún deja mucho por hacer. La cotización, si bien es un avance, no soluciona todos los problemas: la falta de protección por desempleo o incapacidad temporal, por ejemplo, sigue siendo una realidad.

Es imprescindible reconocer que sin la presión de los sindicatos, especialmente las organizaciones juveniles, y de los colectivos, este debate nunca habría llegado tan lejos. Hemos sido las personas jóvenes, sobre todo las organizadas bajo sindicatos, quienes hemos levantado la voz y nos hemos organizado para exigir cambios reales.

El hecho de que más del 80% de los becarios no reciban ninguna remuneración pone de manifiesto la situación de abuso que prevalece en muchas prácticas. A las personas jóvenes se les pide que trabajen sin cobrar, que paguen de su bolsillo por formarse y por adquirir experiencia laboral. Este modelo no solo es injusto, sino que perpetúa la desigualdad social, ya que solo aquellos con recursos suficientes pueden permitirse realizar prácticas no remuneradas.

El futuro del Estatuto del Becario, que aún está pendiente de aprobación, es fundamental para conseguir una regulación que proteja los derechos de los becarios y becarias. Las organizaciones juveniles, como RUGE y Aposta Jove, seguiremos luchando por un sistema de prácticas que no sea una fuente de explotación. Estamos convencidos de que, a medida que más jóvenes se organicen y se sumen al movimiento sindical, los cambios serán posibles. Necesitamos más jóvenes en los sindicatos, más participación en los espacios de decisión y más influencia en la creación de políticas que nos afecten directamente.

En este proceso, nuestra voz es imprescindible. Somos quienes vivimos en primera persona las condiciones precarias del sistema de prácticas, y quienes debemos ser escuchados para que el cambio sea real. La cotización es solo el primer paso, pero es una señal de que estamos en el camino correcto. Sin embargo, para que los becarios sean verdaderamente protegidos, debemos seguir luchando por un Estatuto del Becario que garantice derechos laborales básicos, condiciones dignas y, sobre todo, el respeto a nuestra valía como trabajadores.

Es hora de que se nos escuche, de que se reconozca nuestra lucha y de que se nos valore como una parte fundamental del futuro del país. Solo así conseguiremos un sistema de prácticas que sea realmente justo para todos.

Durante años, grandes actores del sector digital han defendido que cualquier regulación supone un freno para la innovación. Este mantra, repetido una y otra vez, ha servido para justificar la falta de normativas claras y el vacío legal que muchas empresas han aprovechado en beneficio propio. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario: la regulación no solo no bloquea la innovación, sino que la impulsa hacia modelos más éticos y sostenibles.

El anuncio de Glovo de comenzar a contratar a sus repartidores como asalariados, después de años esquivando la normativa laboral, es un claro ejemplo de cómo las reglas pueden redefinir un mercado. Desde algunos sectores empresariales se argumenta que esta medida desincentivará el crecimiento de las plataformas, pero lo que realmente hace es forzar a las empresas a innovar de forma responsable.

El modelo de los falsos autónomos no era innovación, sino explotación. Regularizar a estos trabajadores no solo garantiza sus derechos laborales, sino que también obliga a las empresas a desarrollar estrategias más creativas y justas para mantener su competitividad. La tecnología puede seguir avanzando sin necesidad de precarizar.

Por otro lado, el informe del Comité de Expertos, presentado recientemente al Consejo de Ministros, subraya la necesidad de regular el entorno digital para proteger a los menores. La regulación en este ámbito no es incompatible con el progreso tecnológico. Establecer límites claros sobre cómo se usan los datos de los menores o regular los algoritmos que alimentan la adicción a las pantallas no significa frenar la innovación, sino redirigirla hacia un desarrollo más ético.

Al contrario de lo que muchos defensores del laissez-faire digital aseguran, las normas no destruyen el potencial del sector tecnológico. Regulares plataformas digitales para garantizar la seguridad infantil, como propone el informe, o exigir la contratación de repartidores, no solo protege a los colectivos más vulnerables, sino que también genera un entorno más competitivo y diverso.

Cuando se establecen reglas claras, las empresas compiten en igualdad de condiciones. Esto no solo evita abusos, sino que también fomenta un ecosistema más dinámico donde las soluciones innovadoras surgen de manera sostenible.

La regulación del entorno digital y la economía de plataformas no es un retroceso, sino un paso necesario para construir un futuro más justo. En el caso de Glovo, las normativas laborales están empujando a la empresa a replantear su modelo. En el caso de la infancia digital, las recomendaciones del Comité de Expertos buscan garantizar que el desarrollo tecnológico no ponga en peligro los derechos fundamentales de los menores.

Proteger a los más vulnerables —ya sean trabajadores precarizados o personas menores de edad expuestas a los riesgos del entorno digital— no frena la innovación. Al contrario, abre la puerta a un progreso que respeta la dignidad humana. Porque avanzar no es solo crear nuevas tecnologías, sino asegurarse de que esas tecnologías benefician a todos y todas, y no solo a unos pocos.

La regulación no mata la innovación. La orienta. Y eso, en una sociedad democrática, no es una debilidad, sino una fortaleza.

Las personas trabajadoras de estas áreas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad laboral, fueron las más afectadas: aquellas que no tienen acceso a contratos fijos, que trabajan en la economía informal, o que desempeñan tareas esenciales, pero mal remuneradas.

Los impactos de la DANA, en este sentido, reflejan una vulnerabilidad estructural que va más allá de lo climático. La precariedad laboral, la falta de protección social, y las condiciones de trabajo que no contemplan las adversidades del cambio climático han dejado al descubierto las desigualdades inherentes a un sistema económico que no prioriza la justicia social.

Mientras se obligaba desde los despachos a continuar con la actividad laboral, las personas trabajadoras carecían de las herramientas necesarias para protegerse asumiendo riesgos que podrían costarles la vida, y para algunas personas así fue. Ahora no nos vale con grandes donaciones para recuperar el tejido empresarial, sin trabajadores no hay ni empresas ni beneficios.

El modelo laboral en España, y en particular en comunidades como la valenciana, aún arrastra importantes deficiencias estructurales. A pesar de los avances en la legislación laboral en los últimos años, la precariedad sigue siendo la norma para muchos trabajadores, especialmente para las personas jóvenes. Algunos sectores no solo han sido históricamente los más expuestos a la estacionalidad y la falta de derechos, sino que también son los que más sufren las consecuencias del cambio climático.

Por tanto, tenemos una necesidad urgente de transformar el mercado laboral en España. Un modelo laboral más inclusivo no solo tiene que garantizar el acceso a contratos estables y salarios dignos, sino que debe reconocer y proteger a los colectivos más vulnerables frente a las adversidades climáticas. Este modelo debe incorporar una perspectiva de justicia social que promueva la igualdad de oportunidades y la resiliencia frente a los cambios que el clima ya está imponiendo.

Se ha evidenciado una realidad que no podemos seguir ignorando: el cambio climático ya está afectando a los más vulnerables, y nuestro sistema laboral no está preparado para hacer frente a los desafíos que impone. Es hora de construir un modelo laboral que no solo garantice una remuneración justa, sino que también proteja a los trabajadores frente a los desastres naturales, garantizando su acceso a la formación, la estabilidad y la seguridad. Un modelo inclusivo y justo, que impulse la igualdad de oportunidades, es el único camino para que todos, independientemente de su situación laboral o social, puedan hacer frente a las crisis del futuro con dignidad y resiliencia.

*Rocío Barbeito Lojo, portavoz de Aposta Jove (Asociación juvenil de las personas jóvenes afiliadas a UGT PV menores de 35 años)

Todas ellas tienen un elemento común: Las personas jóvenes le hemos dado un nuevo enfoque llegando así a redimensionar algunos sectores.

Ahora cuando hablamos de empleo, hablamos de teletrabajo o de digitalización.

Ahora cuando hablamos de educación, hablamos de la IA o de FP.

Ahora cuando hablamos de salud, hablamos de salud mental o derecho a la desconexión.

Ahora cuando hablamos de medioambiente, hablamos de trabajos verdes.

Y es que las y los jóvenes hemos sido agentes de cambio y debemos continuar siéndolo, nuestra implicación tiene un efecto positivo para toda la sociedad, no solo porque aportamos nuevas perspectivas, sino porque tenemos las ganas y la motivación de cambiar las cosas.

Sin embargo, como norma siempre se habla de la juventud en futuro y como sociedad no podemos consentir tener una generación a la espera de lo que vendrá o a la expectativa de que en un futuro nos irá mejor.

Y buen ejemplo es el empleo, se nos ha dicho que esto es parte del “aprendizaje”, que eventualmente llegaremos a posiciones más estables y mejor remuneradas pero la realidad laboral de muchos jóvenes está marcada por la precariedad: contratos temporales, bajos salarios, falta de seguridad social, y condiciones que a menudo no respetan ni siquiera los mínimos legales. Y yo me pregunto ¿Por qué debemos conformarnos con un presente de explotación y abuso con la promesa de un futuro que quizás nunca llegue?

Por eso, “Definir Nuestro Presente” no es un simple eslogan. Es una llamada urgente a reconocer que, como jóvenes, ya estamos moldeando el mundo en el que vivimos. Nuestras luchas no pueden posponerse para un mañana; requieren soluciones hoy. Es una demanda de reconocimiento de nuestra capacidad y, sobre todo, de nuestro derecho a ser actores fundamentales en la construcción de un presente más justo e igualitario.

Por eso este Día Internacional de la Juventud, más que reflexionar sobre lo que seremos, debemos exigir nuestro lugar en lo que ya somos. Porque somos el presente, y es aquí y ahora donde debemos definir nuestro camino, nuestro trabajo y nuestras vidas. Es en este presente donde construiremos un futuro mejor, no solo para nosotros, sino para todos.

*Rocío Barbeito Lojo, portavoz de Aposta Jove (Asociación juvenil de las personas jóvenes afiliadas a UGT PV menores de 35 años)