La Sala social del Tribunal Supremo (TS) acaba de decidir que toda persona trabajadora despedida disciplinariamente tiene derecho a ser oída previamente a que el despido se haga efectivo. Por tanto, la empresa deberá darle una oportunidad de formular alegaciones frente a los cargos imputados. No es cosa menor. 

Primero, por lo sorpresivo que resulta. El TS había mantenido desde hace casi 40 años (1987) lo contrario, esto es, que nuestra legislación patria no contiene tal derecho para toda persona trabajadora, solo para un puñado de casos. Segundo, porque supone una conmoción en la práctica seguida hasta el momento, por el giro copernicano que representa en el modo habitual, hasta hoy, de gestión de las decisiones de despido por los departamentos de personal. De ahí que fuese una sentencia tan esperada por las personas trabajadoras como temida por parte de las empresas, al entender que genera obstáculos adicionales al despido y mayor incertidumbre de gestión.

Entonces, ¿cómo se ha obrado este sorprendente giro jurisprudencial? La razón estriba en la aplicación preferente a la ley nacional de una internacional, el art. 7 del Convenio 158 de la OIT, sobre terminación de la relación de trabajo, que exige dar ese trámite previo, salvo en aquellos –excepcionales– casos en los que no sea “razonable” pedirle a la empresa que espere a esa defensa previa.

Aunque esta norma internacional lleva vigente en España desde 1986, hasta ahora el TS se mantuvo en excluir que fuese directamente aplicable por los Tribunales españoles. El TS razona que erró en la interpretación pasada y que la correcta es la actual, entre otras razones, por la necesidad de tener en cuenta los “cambios habidos en nuestro ordenamiento durante todo este tiempo”. Y entre estos cambios están no solo las reformas laborales que han debilitado la protección de la persona trabajadora frente al despido sin causa (ej. eliminación de salarios de tramitación, eliminación del carácter nulo del despido sin la debida forma, etc.), sino también la nueva visión que se tiene, tras la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados internacionales, de la prevalencia de las normas internacionales sobre las nacionales. Apenas hace 6 años (2018) que el Tribunal Constitucional habilitó a los Tribunales ordinarios para que desplazaran la norma interna y aplicaran con preferencia la internacional, si detectan una contradicción de esta sobre la nacional. 

Creemos que debe valorarse muy positivamente esta sentencia y, a nuestro entender, lanza un muy claro mensaje para otros asuntos pendientes de decisión por parte del TS en materia de despido. Destacadamente, el asunto de la “indemnización adicional”, a la que, según el art. 10 del mismo Convenio 158 de la OIT y el art. 24 Carta Social Europea Revisada (CSER), las personas injustificadamente despedidas tienen derecho. Como es conocido, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha condenado a España (Decisión 20 de marzo de 2024, UGT c. España) por no reconocer una indemnización adecuada, en términos de reparación íntegra de todos los daños y con efecto disuasorio de despidos improcedentes. En consecuencia, la primacía de la norma internacional interpretada en un determinado sentido por los órganos que vigilan su cumplimiento, que ahora reconoce el TS, pareciera estar anunciando que también el TS va a aplicar la norma internacional modificando el importe máximo de las indemnizaciones en caso de despido improcedente, coherente con la doctrina de esta sentencia que acabamos de conocer.

Debe recordarse que en el caso de la Carta Social Europea Revisada (CSER) el Ministerio español de Justicia ya reconoció, en un informe del Consejo de Estado (Expediente: 486/2021, 8 de julio), su carácter “jurídicamente vinculante y las decisiones del Comité de Expertos son de obligado cumplimiento”. Por tanto, existiendo, como se ha recordado, una decisión del CEDS, que es el que se encarga en la Carta Social Europea de vigilar por el cumplimiento por los Estados de los derechos reconocidos en aquélla, expresamente condenatoria para España, no parece que sea razonable pensar que el TS se va a apartar de esta doctrina cuando examine el importe indemnizatorio para los despidos injustificados.

En definitiva, esta relevante sentencia ilustra que vivimos un tiempo jurídico-laboral nuevo, en el que la defensa de “lo viejo” debe dar paso a la construir “lo nuevo”, otorgando el protagonismo y la prevalencia debida a las garantías internacionales de los derechos laborales. La CE y la ley española de tratados internacionales así lo requiere, sus preceptos son vinculantes, debiéndose interpretar de conformidad con la doctrina consolidada de sus órganos de garantía. Así se ha dictaminado, poniendo fin a las contradicciones en sede de doctrina judicial, para la audiencia previa a la finalización de la relación laboral art. 7 C158 OIT, y no parece que haya ninguna razón jurídica para que no se haga lo propio con la indemnización adicional con efecto reparador y disuasorio exigida por el art. 10 C158 OIT y el art. 24 CSER, según nos ha vuelto a confirmar el CEDS. Veremos.

“Alea iacta est” (“la suerte está echada”) es una expresión atribuida a Julio César en el mítico cruce del río Rubicón (frontera entonces entre la Galia e Italia), que abriría, unos pocos años después, una nueva era en Roma. Este recuerdo histórico ilustra lo que representa la importante decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) de 20 de marzo de 2020, en la demanda 207/2022, UGT v. España.

El CEDS declara contraria al art. 24 b) de la Carta Social Europea Revisada (CESR) nuestra indemnización tasada y topada por despido improcedente. A partir de ella, nada será igual a la hora de pedir una indemnización por un despido improcedente.

¿Por qué? Ni el Gobierno ni los Tribunales pueden hacer oídos sordos. El Tribunal Constitucional (TC) español es claro. Cuando el órgano que vigila que se cumpla con un Tratado Internacional (caso del CEDS, Comité de Derechos Sociales y Económicos de la ONU, etc.) fija el sentido de una norma, esa es la interpretación auténtica que debe respetarse por la ley nacional y por los tribunales internos. Así lo mandan los arts. 10.2 y 96 de la Constitución Española (ej. SSTC 106/2006, 61/2024).

Por tanto, el Gobierno español no tiene margen para decidir si cumple o no el mandato del CEDS, que le exige reconocer a toda persona trabajadora, cuando es despedida sin causa justificada, el derecho a sumar, a la indemnización tasada legal, una adicional que cubra todos los daños derivados y que tenga un efecto desincentivador de estos despidos (en España baten récords de este tipo de despidos, alentados por su bajo coste).

Primero, porque la Carta es obligatoria para el Estado español. Los Tratados no solo obligan en su letra, sino en los términos que indican sus órganos de garantía (el CEDS, en nuestro caso). Segundo, porque el Gobierno ha reconocido, ante el Consejo de Estado, que las decisiones del CEDS son vinculantes, por lo que ahora no puede decir lo contrario (doctrina de los actos propios). Cierto, hay más de un modo concreto de cumplir lo que ordena el CEDS y ahí sí tiene el Gobierno, tras el Diálogo Social, margen de concreción. Pero lo que no puede hacer es dejar de cumplir.

¿Y los tribunales nacionales, pueden mirar para otro lado? Tampoco. No pueden, porque la ley española dice que debe prevalecer respecto del art. 56 del Estatuto de los Trabajadores (ET). Lo dice el artículo 31 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre.

¿Qué significa esto? Que el órgano judicial nacional debe dejar de aplicar el art. 56 ET y aplicar el art. 24 CSER tal y como le dice el CEDS (STC 140/2018). En suma, el tribunal nacional no puede elegir entre la ley nacional y la ley social europea, debe priorizar ésta.

¿Y si no lo hace, qué puede suceder? De nuevo, el TC es contundente, porque considera que si un órgano judicial no selecciona adecuadamente la norma que ha de ser prevalente para resolver un asunto está vulnerando el art. 24 de la Constitución (tutela judicial efectiva). Por tanto, la persona trabajadora despedida sin causa que no vea reconocida esa indemnización restaurativa (reparación íntegra del daño y cuantía suficiente para disuadir de nuevos empleos de este tipo al empleador) podrá acudir al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Y si el TC tampoco le ampara, entonces podrá ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por vulneración del art. 6 (proceso justo) y del art. 8 (derecho a la vida privada) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Las personas trabajadoras, pues, tienen un extenso e intenso “arsenal” de mecanismos jurídicos para lograr que los tribunales nacionales cumplan de manera efectiva con su deber de observar la interpretación auténtica del art. 24 CSER hecha por el CEDS, que es el órgano competente para ello.

En suma, son tan contundentes las evidencias jurídicas sobre el final de la indemnización tasada y topada, cuya suerte ya está echada, que mejor sería ponerse manos a la obra de cómo se va a concretar esa nueva indemnización en la ley, con lo que se ganará en justicia, eficiencia y seguridad jurídica.