Por fin, el pasado jueves, Salomé Pradas anunciaba la prórroga de los contratos de las unidades de refuerzo de los bomberos forestales, calificándolo de hito histórico.

Sin ánimo de perturbar su alegría por haber hecho lo que ya hacía Ximo Puig desde 2020, conviene señalar otros hitos históricos para contextualizar correctamente los “éxitos” de Salomé.

Tras el pacto de gobierno que hizo president de la Generalitat a Ximo Puig, en febrero de 2016, y para fortalecer la respuesta al cambio climático, José María Ángel, entonces Director General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, amplió las brigadas de bomberos forestales, creando tres nuevas unidades que se unirían a las trece existentes en Castellón, a las trece de Valencia y a las ocho de Alicante, al margen de las unidades de refuerzo que se incorporaban en los meses de verano. Las nuevas unidades supusieron la incorporación de casi un centenar de bomberos forestales.

Dicha medida se puso en marcha ocho meses después de que se firmase el pacto de gobierno autonómico del Botànic tras las elecciones celebradas el 24 de mayo de 2015, es decir, cinco días antes de que fuera detenido por corrupción el entonces Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano.

Tras la investigación judicial por el cártel del fuego al que fuera Conseller de Gobernación de Paco Camps y de Alberto Fabra, la Fiscalía Anticorrupción presentó acusación por amañar contratos para la extinción de incendios y otros delitos, por los que le piden 21 años de prisión. Solo en la Comunitat Valenciana, entre 1999 y 2017 se concertaron contratos por un importe total de 151 millones de euros. El próximo 23 de septiembre se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.

El buen trato de Serafín Castellano al “Cartel del Fuego” difería notablemente del trato que dispensaba a los bomberos forestales bajo su competencia.

Los bomberos forestales y las brigadas de refuerzo no tenían categoría profesional. Eran tratados como trabajadores de explotación agraria o peones agrícolas, percibían un salario que rondaba los 800€. Además y estaban externalizados en TRAGSA. Sus equipos bien podrían calificarse de “desprotección”, por su baja calidad, mientras que las unidades de refuerzo operaban únicamente durante los tres meses de verano.

Además, Serafín Castellano no admitía discrepancias a su gestión, como quedó demostrado con el despido del brigadista que cuestionó la intervención en el incendio de Torre de les Maçanes, en el que fallecieron un brigadista y un agente medioambiental el 12 de agosto de 2012.

Pantxo, el brigadista despedido, fue readmitido por el Gobierno de Ximo Puig, cuya gestión mejoró notablemente las condiciones laborales de los bomberos forestales en la Comunitat Valenciana.

Se les reconoció la categoría profesional de bombero forestal al mismo tiempo que se les dotó de una estructura y modelo propios, con la aprobación del Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales por Decreto de 7 de septiembre de 2018. De esta forma, se amplió las competencias del cuerpo para atender múltiples tipologías de emergencias cuando los bomberos forestales se integraron en la plantilla de la Generalitat en abril de 2019, incorporando posteriormente también los bomberos de las unidades helitransportadas que trabajaban en FORESMA.

A partir de su integración en la SGISE, la Sociedad Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències, se llevó a cabo la adecuación salarial, que en muchos casos significó un aumento salarial de más del 30%, aplicado con carácter retroactivo desde enero de 2018, es decir, quince meses antes de la subrogación.

Para mejorar la respuesta a las emergencias derivadas de la intensidad y recurrencia de los fenómenos agravados por el cambio climático, las unidades de refuerzo pasaron a contratarse por un período de seis meses y, después de la pandemia en 2020, se prorrogó su contratación cada año hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, en 2023, a continuación de los recortes presupuestarios de Mazón de más de 13 millones de euros, la consellera de Justicia e Interior despidió a 300 bomberos forestales el pasado 30 de octubre, no prorrogando sus contratos hasta el 31 de diciembre, como venía haciendo el Consell de Ximo Puig. Dos días más tarde, tras declararse el incendio forestal de Montitxelvo, Mazón señaló a los bomberos forestales. No obstante, la investigación posterior concluyó que el origen estuvo en las chispas generadas por una torre eléctrica.

Los recortes presupuestarios se tradujeron asimismo en el despido de 22 trabajadores, lo que generó un bloqueo en el departamento administrativo de la SGISE que se prolonga hasta hoy.

Y en ese contexto de recortes y bloqueo, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, sacaba pecho por su “hito histórico”, por haber prorrogado los contratos hasta el 31 de diciembre y apostaba por la implantación del tercer turno.

Los registros de operatividad diarios de las unidades no vaticinan grandes éxitos. Todos los días hay varias unidades inoperativas y otras incompletas por falta de personal.

Bien hará la consellera en concentrar sus esfuerzos en cubrir dos turnos, antes de abordar el establecimiento del tercero. Lo saben los bomberos forestales y, ahora, lo saben ustedes también.

Vivir para ver.