Y si se consigue que la población perciba al “enemigo” como una amenaza, de una manera u otra, o bien lo apoyará o callará. Además, es un recurso infalible para silenciar las divisiones internas y la pérdida de legitimidad o, por lo menos, pretender reducirlas, presentando el enfrentamiento como un “mal necesario”. Son patrones bien conocidos: se define al “enemigo” como responsable de amenazas, se transforma una situación compleja en una narrativa simple y se presenta al “enemigo” como peligroso, corrupto, y el relato se resume en: ellos son los peligrosos y debemos actuar para defendernos, es una defensa legítima, una misión moral, un deber patriótico.

Pero, no nos engañemos, el odio no es siempre la única causa de los conflictos: la ambición territorial y de recursos, los intereses geopolíticos, las crisis económicas y la ambición de poder de los líderes son factores estructurales que empujan al enfrentamiento.

El odio solo facilita las guerras, las intensifica y las hace más brutales.

En qué estamos aquí y ahora. Nos debemos regir por el derecho internacional de los derechos humanos y, en caso de conflicto, por el derecho internacional humanitario, las llamadas “leyes de la guerra”, nacidas a raíz de los Convenios de Ginebra. 

Que nuestro país es extraordinariamente solidario lo sabemos de sobra. Hemos demostrado mil veces que nuestra prioridad es siempre la protección de la población civil.

El acogimiento de personas que huyen de las guerras, la Dana en la Comunidad Valenciana, la catástrofe de los trenes en Adamuz, las inundaciones en Andalucía lo han demostrado con creces en los últimos tiempos.  Miles de personas tienen una extraordinaria capacidad de compartir el sufrimiento de sus semejantes en eventos extremos y actuar en consecuencia, volcándose en ayudar con los medios de los que dispongan.

¿Cómo no emocionarse todavía con las imágenes del Puente de la Solidaridad en Valencia o con la humanidad de los habitantes de Adamuz lanzándose a rescatar heridos entre el amasijo de hierros de lo que fueron unos vagones o con el ofrecimiento de los vecinos de Ronda de sus casas a las personas desalojadas de Grazalema? Sí, nos seguimos emocionando, experimentamos una alteración afectiva ante esas imágenes, una emoción intensa.

Y eso ocurre porque empatizamos conectando emocionalmente, éticamente y cognitivamente con las experiencias que esas personas han sufrido.

Pero, ¿cómo puede ser, sin embargo, que personas cobardemente anónimas se lancen a propagar informaciones falsas haciéndolas pasar por verdaderas en redes sociales, mensajería (WhatsApp, Telegram), medios digitales o incluso boca a boca? ¿Por manipulación política? ¿Por simple estupidez? Las deepfake cobran protagonismo, imágenes, videos y/o audios editados o generados mediante IA mostrando personas reales o inexistentes para promover desinformación y discursos de odio. Lo que cuenta es la guerra del relato, la lucha por controlar la narrativa interesada con el fin de influir cognitivamente en la percepción pública para justificar acciones, ganar alianzas y debilitar al adversario. 

La verdad es la primera víctima en esta guerra del relato.

Las tecnologías facilitan el camino a la violencia de los discursos nocivos. Las empresas de las redes sociales no ponen empeño en salvaguardar a las personas más vulnerables ya que priorizan la viralización.

La violencia digital contra las mujeres está en auge, activistas, periodistas y actrices sufren acoso y amenazas por ejercer en sus intervenciones su derecho a la libertad de expresión, por denunciar la violencia machista, por luchar contra la desinformación y desenmascarar bulos ¿Por qué no se actúa contra esta lacra tan peligrosa? Amnistía Internacional lo ha visibilizado en el último 8M con el lema: “Juntas contra el odio. Ni un paso atrás”.

Es indigno el lanzamiento de mensajes alarmistas, videos, fotos y datos manipulados o antiguos, citas inventadas, falsas alertas, apelación a la urgencia… y culpabilidad infundada. Qué gran baza para conseguir propósitos oscuros.

Las consecuencias son graves, siembren el miedo y la animadversión. Y esto sí es peligroso. Porque cuando se hace por ignorancia, en fin… pero cuando el odio empuja a la acción con una intención malvada tiene un nombre, delito de odio.

Valga un ejemplo. En un artículo de J.Á. Sánchez en El Salto Diario de 28 de enero se nos expone cómo la fiscal Susana Gisbert Grifo, especializada en delitos de odio, fue víctima de amenazas en sus redes. La fiscal considera la urgencia de crear un estatuto específico para las víctimas de estos delitos y reclama que el nivel de protección sea equivalente a las de violencia de género. 

La Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado nació en julio de 2023 y, aunque su objetivo es garantizar una respuesta jurídica eficaz, homogénea y especializada para afrontar la investigación, persecución y sanción de los delitos de odio, conforme a los principios constitucionales de legalidad, unidad de actuación y protección de los derechos fundamentales, en realidad, el discurso de odio en sí mismo no es considerado delito ya que tiene que acreditarse que incite al odio, que se difunda y unos motivos que sean la causa. Por eso hay tan pocas condenas por discursos de odio.

Y ahora que entramos en el segundo trimestre del año, y que todavía deberían durar los buenos propósitos – no solo a nivel particular sino a nivel de Estado – sería hora de que se tramitara el Pacto de Estado frente a los discursos de odio, la herramienta para protección sobre todo a los grupos en situación de vulnerabilidad. Lo proclamaron las entidades impulsoras del Pacto con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre). Este Pacto tuvo su origen en 2023, con la firma del Pacto Social contra los Discursos de Odio, discursos que son la antesala de los delitos de odio.

Mientras, en Madrid tuvo lugar el 11 de marzo el I Foro contra el Odio que reunió a especialistas y representantes de las principales plataformas de redes sociales con el fin de reflexionar sobre el aumento de la desinformación, el acoso digital y los riesgos de la IA. En el foro se ha presentado la herramienta Huella del Odio y la Polarización (HODIO) para medir y evaluar la presencia de discursos violentos y degradantes en redes sociales generando un ranking público y transparente que compara el nivel de exposición al odio entre plataformas. La herramienta elaborará un informe semestral que incluirá un ranking para seguir la evolución de cada red social.

¿Servirá para poner freno a la violencia en los medios? ¿Mitigará sus efectos? ¿Evitará en alguna medida que esa violencia verbal degenere en violencia física?

Porque es evidente que los infames discursos de odio no solo se quedan en palabras, sino que están en el origen de violencia y discriminación que violan los derechos humanos de las personas o grupos hacia los que se dirigen declaraciones abyectas.

Dos años llevan ya trabajando con las Administraciones del Estado y todavía no se ha presentado el informe de conclusiones ante la subcomisión sin el cual no puede iniciarse la negociación parlamentaria para que el Pacto sea una realidad.

El Pleno del Congreso aprobó una prórroga de seis meses para los trabajos de la subcomisión. La fase de elaboración y consenso del texto del Pacto continuará hasta, al menos, mediados de 2026. Veremos qué pasa después de esos seis meses porque, una vez concluido el informe de la Subcomisión, los grupos parlamentarios negociarían un texto, proceso que puede llevar meses. Después vendrá el debate, enmiendas y votación. Y dependiendo de la naturaleza jurídica del pacto (acuerdo institucional vs. proposición de ley), puede requerirse el paso por el Senado.

Una de las principales razones por las que la tramitación formal del Pacto de Estado no se ha concluido es la ausencia de un consenso político amplio entre partidos que permitiría su elevación a proyecto de ley o acuerdo legislativo formal en el Congreso de los Diputados. Como siempre las discrepancias partidistas empantanan hasta las mejores iniciativas.

Dicho lo cual, no estaría de más recordar qué se entiende por discurso de odio, infracciones penales motivadas por prejuicios o discriminación hacia una persona o grupo por su origen racial o étnico, nacionalidad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, sexo, discapacidad, ideología o cualquier circunstancia personal o social.

Por lo tanto, el Pacto debe apoyarse en el Código Penal y la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

El discurso de odio nunca es gratuito, persigue un fin: deshumanizar, degradar, llamar a la violencia… a base de generalizaciones que atribuyen conductas negativas a un colectivo que “justificarían” la discriminación.

El Parlamento Europeo acogió el 2 y 3 de febrero una cumbre ultra, la VII Cumbre Transatlántica, auspiciada por el eurogrupo Patriots y organizada por Political Network for Values. El título de la cumbre fue “Libertad de expresión vs. discurso controlado – fortalecer los pilares de la democracia”. Es evidente que el objetivo de dicha cumbre fue atacar los principios de la Unión Europea, al sistema democrático e incentivar el odio utilizando la libertad de expresión como tapadera. 

Las personas o grupos que practican el discurso de odio suelen apoyarse en la libertad de expresión, derecho fundamental que protege la manifestación de ideas, opiniones e información, incluso cuando son controvertidas, impopulares u ofensivas.

Pero, cuidado, la libertad de expresión nunca es absoluta, permite el debate, protege ideas sin incitar ni legitimar la discriminación, no busca un perjuicio social, ni negar los derechos civiles a un colectivo, ni promover estereotipos degradantes.

La frontera entre libertad de expresión y delito de odio se encuentra en el contenido (si se incita a dañar o excluir), en la intención (expresar ideas vs. promover hostilidad) y en el impacto (capacidad para causar daño).

La línea roja – ahora que está tan de moda esta expresión - se cruza cuando el discurso deja de ser un debate de ideas y se convierte en ataque a personas por lo que son. Por la nacionalidad, por las creencias, por la orientación sexual, por el origen racial o étnico, por las simples circunstancias personales o sociales. 

Todas las personas que utilizan en discurso de odio son responsables de culpabilizar a comunidades enteras con respuestas impulsivas.

Y esa línea roja nunca debería cruzarse.

Es indispensable informarse en fuentes confiables, pero no quedarse ahí, la empatía bien entendida apoya iniciativas y acciones que promueven la cooperación, porque ¿cómo me sentiría si me ocurriera a mí y a mis seres queridos?

El 25 de febrero – coincidiendo con el 45 “cumpleaños” del 23F – el BOE publicó el acuerdo de la víspera en el Consejo de Ministros sobre la desclasificación de los documentos del fallido golpe de Estado de 1981. Los 167 documentos se pueden consultar en la web de la Moncla desde ese día. Las informaciones de dichos documentos estaban clasificadas por acuerdos de Consejos de Ministros de los años 80 hasta 2010.

Estamos a vueltas con la Ley de secretos oficiales.

Recordemos que el Congreso tiene dos propuestas de reforma: la de agosto de 2023 del PNV y la de 2025 que el Gobierno llevó al Congreso. Ambas se encuentran en periodo de enmiendas.

En efecto, el Gobierno aprobó el 22 de julio el anteproyecto de una nueva Ley de Información Clasificada que viene a sustituir a la vigente Ley de Secretos Oficiales, de 1968, regulada en octubre de 1978. Si llega a entrar en vigor se desclasificaría la información clasificada del franquismo, puesto que la ley establece un tiempo máximo de clasificación de 45 años, prorrogables de forma motivada otros 15 años. Es decir, que la información clasificada con anterioridad a 1980 quedará “liberada”.

El Gobierno considera que la norma homologa a España con las democracias más avanzadas y responde al derecho que tienen los ciudadanos a conocer información sensible, siempre que no afecte a la seguridad y a la defensa.

Pues ya es hora de jubilarla porque España está a la cola mundial en acceso a la información, y los secretos oficiales son un tema clave de derechos humanos y no contamos con un procedimiento claro para clasificar/desclasificar información.

Pero, en primer lugar: ¿qué es una información clasificada?

Según el propio Gobierno español toda aquella información cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda suponer una amenaza o un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa o las relaciones exteriores. La verdad es que dentro de estas categorías cabe casi cualquier cosa, como lo que contaminan los vuelos del presidente.

La Ley 9/1968 de 5 de abril, la conocida Ley de Secretos Oficiales fue aprobada en 1968 por las Cortes Españolas, creada con el fin de regular la información sensible.

El derecho de acceso a la información, como parte esencial del derecho humano a la libertad de expresión, es fundamental para el sustento de las sociedades libres y democráticas. Sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19.2), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 10.1) y la Constitución Española (art. 20.1) reconocen que el acceso a la información no es un “derecho absoluto”.

Los Estados tienen la facultad legítima de restringir o limitar este derecho por razones muy limitadas y precisas, como la protección de la seguridad nacional. En este caso, surge una tensión entre el ac­ceso a la información y esa “seguridad nacional”, pero el derecho internacional de derechos humanos establece que toda restricción del derecho de acceso a la información debe cumplir el llamado Triple Test, los princi­pios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Toda la información en posesión del Estado pertenece al público, con excepciones matizadas y limitadas. Las autoridades del Estado deben demostrar que las restricciones informativas que se establezcan son ne­cesarias y proporcionales a la amenaza específica que, en su opinión, justifica su no divulgación. Toda restricción ha de estar prescrita por ley, esto es, definida mediante medidas legislativas accesi­bles, concretas, claras e inequívocas.

La nueva ley regularía cuatro categorías de información clasificada: Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido, y establece las competencias para clasificar y desclasificar información, el Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno o de los ministros (en los casos de Alto secreto y Secreto y de un número tasado y reducido de autoridades en el resto de categorías). 

La ley establecería un régimen sancionador administrativo para quienes desvelen información clasificada y la creación de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada. 

¿Qué podrá suponer como avance en protección de derechos humanos la nueva ley?

Por ejemplo, las razones de la autorización o denegación de venta de armas, ya que la exportación de armas puede suponer violaciones graves del derecho internacional humanitario. No olvidemos que España ha realizado operaciones de venta de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos que lideran la coalición internacional contra Yemen desde 2015.

También el acceso por interés legítimo, por lo cual cualquier persona (física o jurídica) podrá solicitar desclasificación si justifica un interés, aunque no garantiza acceso automático, es decir no hay obligación legal de concederlo, y la negativa puede ser difícil de recurrir.

Es importante resaltar que el anteproyecto tiene un impacto directo en el periodismo, con avances y también riesgos. En lo que respecta a la libertad de expresión, el establecimiento de límites temporales impide que la información permanezca secreta indefinidamente, lo cual favorece la transparencia y permitirá a los periodistas acceder a documentos clave, facilitando investigaciones históricas y periodismo de memoria.

Al transferirse la gestión de información clasificada a una Autoridad Nacional independiente, fuera del ámbito militar, se reduce el riesgo de un uso arbitrario contra periodistas o medios.

Pero el anteproyecto entraña también riesgos.

El establecimiento de sanciones millonarias por difundir información clasificada, incluso si es de interés público, puede tener un efecto disuasorio sobre medios y periodistas de investigación, especialmente en temas sensibles (ej. espionaje, defensa, seguridad nacional).

La ley no menciona protección específica de fuentes periodísticas frente a investigaciones por filtraciones, lo cual deja margen para perseguir a filtradores (whistleblowers), y podría poner en riesgo a fuentes confidenciales.

En materia de derechos humanos, la ley impide declarar como clasificada cualquier información que implique tortura, crímenes de guerra, lesa humanidad o corrupción grave. El respeto, la defensa y la protección de los derechos hu­manos es una condición necesaria para alcanzar la seguridad nacional de un Estado. Por ello, la nueva ley no puede clasificar infor­mación relativa a graves violaciones de los derechos humanos.

Por otra parte, el anteproyecto supone un impulso a la memoria histórica al favorecer el acceso ciudadano a documentos del franquismo y la Transición, facilitando investigaciones y reparación histórica. Es decir, que facilitará la investigación histórica, judicial y social sobre violaciones a los derechos humanos del pasado.

En todo caso, no existe un índice de cuestiones declaradas como “secretos de Estado” y se debería contar con un listado de lo que está clasificado de acuerdo a la ley para poder valorar el alcance de la reforma. Es una paradoja que las cuestiones consideradas secretas constituya un secreto, aunque sí se sepa cuáles son los grandes temas “secretos”, como las actas de la Junta Interministerial para el Comercio de Armas que guardan las cuestiones relacionadas con la exportación de armas.

Es evidente que nos encontramos ante un cambio significativo hacia más transparencia, con límites temporales claros y alineación con estándares europeos. El anteproyecto requiere la aprobación parlamentaria. Podría publicarse en el BOE entre finales de 2025 y 2026, entrando en vigor en un plazo de seis meses tras su publicación.

Y ahora nos podríamos preguntar el motivo por el que se ha tomado la decisión, precisamente ahora, de destapar este “secreto” del 23F. Los Gobiernos (todos) no dan puntadas sin hilo. Obran con intenciones meditadas, calculadas buscando el propio beneficio. Precisamente destapar este “secreto” recuerda en estos momentos de conflictos en el seno del Gobierno los peligros de un fortalecimiento de la derecha. Pero está claro que 45 años es el plazo máximo previsto por el Ministerio de Justicia en su proyecto de Ley de Información Clasificada, que permanece bloqueado en el Congreso tras la ruptura entre PSOE y Junts.

Y los socios - y los no socios - reclaman que se desclasifiquen más “secretos”. Evidentemente, la oposición alega que lo que pretende el Gobierno es diluir cuestiones muy delicadas en las que se encuentra inmerso: “vamos a cortina de humo al día” dice la portavoz del PP en el Congreso. Vaya, que lo que reclaman es que se aclaren cuestiones del pasado reciente.

Amnistía Internacional considera que los grupos parlamentarios deben dejar de lado sus guerras partidistas para sacar adelante el proyecto de Ley de Información Clasificada tras décadas de inmovilismo que han impedido a los miembros del legislativo controlar la acción del ejecutivo y a la sociedad civil tener acceso a información clave e impugnar ante la justicia, en su caso, determinadas decisiones contrarias de concesión de licencias que puedan violar el derecho internacional y la propia legislación española.

Hay secretos que tapan la luz.

Entre esas personas se hallaban cinco españoles (una de ellas con doble nacionalidad) que llegaron a España el 9 de enero. Cinco personas que han pasado más de un año retenidas en el país acusadas de llevar a cabo actos “terroristas” contra Nicolás Maduro y de comportamientos “sospechosos” (sic). Es más que evidente que si hubieran cometido algún tipo de acto “terrorista” con repercusiones no habrían sido excarceladas. Han sido encarceladas desde hace años miles de personas por haber querido expresar su disconformidad con el Gobierno.

El gobierno español confirmó el 13 de enero otras tres nuevas liberaciones y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que habían sido liberadas más de 400 personas. Sin embargo, según las informaciones de las ONG, la cifra es inferior, seguramente fueron liberadas las personas que habían pagado ya que el Foro Penal cobra por tramitar las liberaciones. El 13 de enero, Delcy Rodríguez aseguró haber realizado 626 excarcelaciones como parte del “gesto unilateral” dado por el Gobierno chavista para promover la paz. Y, de nuevo, la cifra no coincidía con la que habían confirmado varias ONG. La mayoría de las personas retenidas seguían sometidas a medidas cautelares totalmente abusivas.

Y lo que no se esperaba ocurrió, el viernes 30 de enero Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos (que deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional) en un acto en el Tribunal Superior de Justicia, señalando - quién lo va a creer - que era una decisión ya hablada con Nicolás Maduro. Sin embargo, no nos engañemos, esa amnistía forzada no significa la puerta abierta a la libertad de expresión.

Porque todavía hay centenares de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, entre ellas periodistas, activistas y responsables de organizaciones sociales. Personas presas políticas y de conciencia en Venezuela y en otros países donde la libertad de expresión es penalizada duramente.

No es nuestra intención en este artículo analizar los acontecimientos acaecidos en Venezuela sino insistir en el hecho lamentable de que en este país, como en tantos otros, la libertad del uso de la palabra es acallada de forma feroz.

En estos días, y desde el 28 de diciembre, la represión del régimen de Irán deja miles de muertes y centenares de miles de detenidos (el mismo ayatolá Jamenei lo reconoce culpando a Trump de instigarlas). El 23 de enero el número de muertos se elevaba a cerca de 5000 - según la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos con sede en Estados Unidos con cerca de 27.000 personas detenidas - al cumplirse dos semanas del apagón de internet. Porque con el país privado de acceso a internet y de las telecomunicaciones desde el 8 de enero (un medio perverso para ocultar busca la magnitud de la represión, las graves violaciones de derechos humanos), el régimen trata a las personas manifestantes de “terroristas” y se enfrentan a la pena de muerte. No es la primera vez que Irán se vale del corte de internet para estrangular las comunicaciones. El 17 de enero se restableció el servicio de SMS solo local.

La población se encuentra en una total oscuridad digital; el derecho a la protesta comprende también el espacio digital que permite documentar homicidios, denunciar detenciones arbitrarias y localizar a personas desaparecidas. Amnistía Internacional investiga informes que indican que, tras el apagón, las fuerzas de seguridad habrían intensificado su represión. Defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas digitales están especialmente expuestos en esta oscuridad digital. Solo queda el testimonio de los testigos.

Las manifestaciones en Irán tuvieron su origen en la grave situación económica del país, los precios elevadísimos y la devaluación de la moneda, pero ha desembocado en una revuelta generalizada contra la República Islámica del país desde 1979, contra la opresión a todos los niveles, sobre todo contra las mujeres que, en plena calle, se quitan el velo y queman fotos de Jamenei en las protestas masivas.

Lo terrible es que las autoridades iraníes han anunciado que se juzgará y castigará a los manifestantes antigubernamentales.

Es necesaria una respuesta urgente, la ONU y la UE deben emitir condenas públicas y adoptar medidas diplomáticas inmediatas y rendición de cuentas para presionar a Irán a fin de que cese el uso ilegítimo de la fuerza. La Corte Penal Internacional deberá investigar los crímenes de derecho internacional cometidos.

Y no olvidemos a Cuba tras un año de un proceso opaco de excarcelación selectiva de personas presas de conciencia. El proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades cubanas el 14 de enero de 2025 fue opaco, falto de criterios claros y sin incluir el reconocimiento estatal de los abusos cometidos en las detenciones y la inexistencia de garantías de no repetición. La libertad de expresión sigue criminalizada en el país y tengamos en cuenta que algunas personas excarceladas fueron enviadas al exilio mientras que otras regresaron a prisión.

¿Y en Rusia? El gobierno practica la censura en Internet y ejerce control sobre la sociedad civil a través de la implementación selectiva de la ley, la restricción y la censura de todo tipo. Los peligros para los periodistas en Rusia son bien conocidos.

¿Y en EEUU? Aquella libertad de expresión protegida por la Constitución del país desde su concepción, en el año de 1776 ¿dónde ha quedado? Se impide a ciertos medios de comunicación “críticos” entrar en las ruedas de la Casa Blanca, se amenaza a estudiantes en los campus por expresar sus ideas… se erosiona la libertad de expresión con intimidaciones, restricciones a la prensa, castigos a quienes protestan, porque protestar y documentar las protestas se ha vuelto peligroso por las detenciones y por el peligro de caer en manos de los agentes migratorios.

¿Qué está ocurriendo en el mundo con la libertad de expresión?

No existe una cifra oficial de personas detenidas en el mundo por oponerse a los gobiernos, por ejercer el periodismo independiente o por denuncias de corrupción entre otros motivos, pero es evidente que el mayor número se encuentra en Asia, Europa del Este y Asia Central, América Latina, Medio Oriente y Norte de África y África Subsahariana. ¿Serán millones? En prisión preventiva prolongada indefinidamente, en aislamiento, sin garantías procesales en los juicios…

Recordemos que el término “preso de conciencia” fue acuñado por Amnistía Internacional, organización fundada por Peter Benenson cuando, mediante el artículo The forgotten prisoners, se lanzó la campaña “Appeal for Amnesty 1961”. Se consideró entonces que una persona presa de conciencia es aquella a la que se le impide físicamente expresar opiniones sin recurrir a la violencia.

En ocasiones se confunden los términos “preso político” y “preso de conciencia”.

Como su nombre indica, “preso político” es aquella persona privada de libertad por motivos políticos. Personas detenidas por ideas, opiniones o afiliación política y que han sido sometidas a procesos judiciales sin garantías, con tribunales no independientes y por medio de leyes utilizadas para castigar a la disidencia.

“Preso de conciencia” es la persona a la que se le ha impedido físicamente expresar sus opiniones, como periodistas encarcelados por publicar información crítica o manifestantes pacíficos sin uso de violencia.

En todo caso, la libertad de expresión está anulada en ambos casos y muchos gobiernos usan a menudo la excusa de la “seguridad nacional” para acallar las críticas.

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que garantiza a toda persona la facultad de buscar, recibir y difundir información, ideas y opiniones por cualquier medio, sin censura previa y sin interferencias indebidas. Un derecho reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Tan fundamental como que sin libertad de expresión se debilita el estado de derecho, se deteriora el debate público y la rendición de cuentas del poder.

El estado de derecho, un principio fundamental de la organización política y jurídica según el cual todas las personas, instituciones y autoridades públicas están sometidas a la ley, y esta se aplica de manera igual, previsible y no arbitraria.

¿Qué implica la anulación del estado de derecho, el acallamiento de la libertad de expresión?

La censura, el control de medios y ¿por qué no decirlo? la autocensura cuando las personas evitan expresarse por miedo a represalias y sanciones (legales, laborales, sociales) y a la estigmatización, la cruel cancelación, ese fenómeno sociocultural mediante el cual una persona, grupo o institución es públicamente cuestionada y deslegitimada con consecuencias reputacionales y profesionales.

No podemos cansarnos de reivindicar el derecho a la libertad de expresión sea donde sea, de reprobar la censura de todo tipo, el control de las ideas que muchas instituciones anulan por conveniencia política, por ser contrarios a determinados intereses. En los medios de comunicación, en la educación, en la calle…

Y por ese derecho mueren miles de personas.

Y en lugar privilegiado se encuentra la salud, la de nuestros seres queridos y la propia.

Nuestro sistema de salud, de él dependemos.

Y no es una novedad decir que ese sistema de salud nuestro es deficitario, ¡qué más quisiéramos que fuera una novedad!

A fuerza de malas noticias hemos perdido confianza en la sanidad pública.

Es cierto que hay personas que han tenido suerte y no les ha tocado largas esperas o problemas con sus diagnósticos - como sí ha ocurrido en Andalucía donde más de 2000 mujeres que, tras una primera mamografía, no recibieron comunicación sobre sospechas de cáncer de mama, lo que supuso, en distintos casos, retrasos de meses e incluso años en su tratamiento y el consiguiente avance de los tumores.

Nuestra sanidad pública tiene graves problemas estructurales: retrasos para citas de atención primaria por escasez de médicos, y también de especialistas y personal de enfermería – lo que ocasiona sobrecarga laboral con el lógico agotamiento profesional -, centros saturados, hospitales antiguos, falta de equipamiento… ¿Por qué? Evidentemente por bajo presupuesto, por sistemas informáticos desactualizados, procesos administrativos complejos, sin hablar de las diferencias entre áreas urbanas y rurales.

Las consecuencias son lamentables: diagnósticos tardíos, aumento de enfermedades no tratadas a tiempo, mayor mortalidad por causas que habrían sido tratables, empeoramiento de enfermedades crónicas, aumento de absentismo laboral, mayor gasto en emergencias en vez de prevención. Cada vez más personas - por miedo y cansancio - deciden contratar una póliza privada (las que tienen poder adquisitivo suficiente y no rebasan la edad límite de 70 años).

El descontento social aumenta y con él las protestas y los conflictos.

Por si fuera poco, aumentan las agresiones al personal sanitario, son miles. Y, aunque predominan las agresiones no físicas (insultos y amenazas), las físicas también se dan con demasiada frecuencia. La atención primaria es la más afectada. Se producen por saturación de los servicios, las largas esperas, la falta de recursos, el estrés acumulado de pacientes y familiares y, por supuesto la falta de educación y respeto. Son hechos totalmente reprobables y que reclaman tolerancia cero. Las consecuencias para los profesionales son ansiedad, desmotivación e incluso abandono de la profesión. Habremos visto en los ambulatorios con fotos e identificación de los/las agresores/as y las condenas correspondientes. La Consellería pretende de este modo concienciar sobre las repercusiones que tiene agredir al personal sanitario (multas y condenas), con la finalidad de captar la atención y provocar un cambio real en los/las agresores/as y posibles agresores/as. En todo caso, la Generalitat cuenta con un Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario, cuyo objetivo es la prevención y asistencia de las agresiones hacia el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad.

La realidad es que, al margen de este hecho, el personal sanitario está agotado, y en malas fechas (como lo han sido en el puente de la Constitución y las navidades cuando la variante K de la gripe ha saturado las urgencias) se ve obligado a atender a 50? 60? 70? pacientes diarios.

No podemos olvidar que la atención primaria es la base de cualquier sistema de salud, puesto que a él acudimos cuando nos sentimos mal y donde deben detectarse los síntomas de una enfermedad a tiempo. Pero las citas se retrasan y cuando falla la atención primaria el equilibrio de todo el sistema sanitario se complica. La atención primaria es la puerta de entrada a todo el sistema de salud y el colapso de las urgencias es inevitable cuando es deficitario.

Por ello, los médicos se lanzaron en noviembre a la calle en Madrid; era la tercera manifestación exigiendo un estatuto propio del personal médico y facultativo diferente al de los demás profesionales del Sistema Nacional de Salud, así como una clasificación profesional adecuada y una regulación de la jornada, entre otras demandas, oponiéndose a la reforma del Estatuto Marco. A la vuelta del puente de diciembre se convocaron cuatro días de huelga, la mayor del colectivo médico en los últimos treinta años. Y la tercera convocatoria en menos de un año. Los médicos reclaman necesidades esenciales del colectivo; entre otras calificar las guardias como actividad extraordinaria ni garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria y reducir el tiempo de guardia, o bien tener en cuenta el nivel de responsabilidad en la clasificación de los grupos profesionales.

El SIMPA, miembro fundador de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), y respetando las fechas de coordinación autonómica previstas, ha convocado huelga para los días 14 y 15 de enero.

El Gobierno debe atender las reivindicaciones del personal médico, su labor es crucial para preservar la salud, prevenir enfermedades, es el eje central del sistema sanitario. Amnistía Internacional documentó ya en 2024 cómo la austeridad, la desinversión y la mala planificación han llevado a la saturación de servicios, al agotamiento del personal y a esperas inaceptables que afectan directamente a la salud y a la dignidad de las personas. Desde entonces nada ha mejorado, al revés, los últimos datos del Barómetro Sanitario 2024 confirmaron la magnitud del problema. Y la ubicación geográfica se ha convertido en un factor determinante en el acceso a la atención sanitaria. Si a esto añadimos que se han destruido más de 50.000 plazas con un saldo de 34.000 empleos menos (según el sindicato CSIF) y la fuga de profesionales concluiremos que el deterioro de los servicios perjudica de manera alarmante a la población.

Desde una perspectiva de derechos humanos es urgente fortalecer el sistema de salud, que no es un servicio opcional sino un derecho ciudadano fundamental que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar.

Amnistía Internacional ha alzado la voz en muchas ocasiones por la “salud” de la asistencia sanitaria, especialmente por la atención primaria, el pilar de cualquier sistema de salud. Invertir en él es invertir en vida, es una prioridad.

Sí, porque nos va la vida en ello.

Según Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 1.1, la violencia de género se refiere a la violencia física o psicológica ejercida por quienes sean o hayan sido cónyuges o hayan tenido relaciones de afectividad con la mujer agredida.

Pero la violencia contra la mujer no se circunscribe al ámbito de las relaciones afectivas. Las agresiones pueden estar en cualquier lugar.

Las estadísticas de la OMS revelan que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual. Según el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron diariamente 14 violaciones (con un aumento del 7% respecto al año anterior) y 55 agresiones sexuales denunciadas. El informe de INE nos dice que en 2024 se registraron 34.684 casos de mujeres víctimas de violencia de género, 5365 mujeres víctimas de violencia doméstica con orden de protección o medidas cautelares.

Según el Ministerio de Igualdad, se han producido 1333 muertes desde al 1 de enero de 2003, 38 muertes en 2025 hasta el 25 de noviembre del presente año. Respecto a menores de edad víctimas mortales, 65 asesinatos desde el 1 de enero de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2025. En lo que va de año van 37. 2.551.626 denuncias desde el 1 de enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2025 (99.762 del 1 de enero al 30 de junio de 2035). Cifras escalofriantes.

La Ley Orgánica Integral de la Libertad Sexual (“Ley de Solo Sí es Sí”) - que establece el consentimiento explícito como pilar central para todos los actos sexuales unificando los delitos de abuso y agresión sexual en uno solo, y considerando agresión sexual a todo acto sexual sin consentimiento -, debe garantizar asistencia especializada y accesible para las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual 24h al día - centros de crisis -, pero esta protección no está garantizada en todas las comunidades autónomas, generando desigualdad y desprotección. Un obstáculo que encuentran las víctimas de violencia sexual es debido al dispar funcionamiento de dichos centros, que presentan deficiencias estructurales cuando deberían ser un recurso básico, y habría que garantizar la coordinación interinstitucional y aprovechar los recursos económicos existentes. Sí hay un centro en cada provincia (excepto en Ceuta) pero España incumple la recomendación de contar con un centro por cada 200.000 habitantes. Y en la mayoría de las comunidades no está garantizada la apertura de los centros 24/7 los 365 días al año y la situación de desbordamiento de los profesionales es patente. Ni siquiera todas las comunidades cuentan con una línea telefónica 24h y se derivan las llamadas a líneas generales que se limitan a hacer una primera valoración; ¿consecuencia? que las víctimas pueden desistir por agotamiento o por no tener que volver a relatar la amarga experiencia.

Por si fuera poco, las adjudicaciones que hacen las comunidades no cuentan con especialización adecuada, se trata de empresas que pueden no tener una trayectoria probada en violencia machista cuando lo requerido debe ser contar con equipos multidisciplinares (psicólogas, juristas y trabajadoras/educadoras sociales) con experiencia demostrable en violencia sexual.

Por desgracia, la violencia contra la mujer no es atajada de manera integral por todos los gobiernos autonómicos, dejando de lado los compromisos adquiridos con el Consejo de Europa en cuestiones de prevención y asistencia.

Otra lacra, las agresiones en el entorno digital: el grooming (acoso y abuso sexual online) o el sexting (envío de contenido sexual a través del móvil) con la facilidad de actuar de forma anónima, lo que genera impunidad. Y ya con la IA no tenemos ni idea de dónde va a llegar esta abominable violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Ciberacoso, troleo, falsificación de imágenes, pornografía falsificada, vigilancia en línea para controlar a la víctima…

¿Y la violencia vicaria? Una forma cruel que daña e incluso asesina a criaturas por un deseo de venganza contra la pareja o expareja. El objetivo es ejercer el control y el dominio sobre la mujer, para demostrarle su poder sobre ella. La violencia vicaria es violencia de género. El término violencia vicaria se incluyó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España. No hay que confundirlo con el parricidio ya que la violencia vicaria se ejerce contra la mujer con el fin de destruirla. El parricidio ya estaba previsto en nuestro Código Penal.

El impacto de la violencia contra las mujeres no es solo físico, sino psicológico (ansiedad, depresión, pérdida de autoestima…) y económico.

Constituye violencia machista contra las mujeres, la ejercida en pareja, la intrafamiliar, la trata, la explotación sexual, la mutilación genital, los matrimonios forzosos, la coacción, el acoso… cualquier forma de violencia que lesione la dignidad e integridad de las mujeres y niñas.

Y no olvidemos la ejercida en los conflictos armados donde la violación se convierte en una práctica habitual. Un informe de octubre del Secretariado de las Naciones Unidas pone de manifiesto un retroceso histórico de los derechos de las mujeres en los conflictos: las víctimas civiles entre las mujeres y los niños se han multiplicado por cuatro en dos años. No se trata de daños colaterales sino de auténticas armas de guerra.

Los avances conseguidos contra la violencia sexual deben ir acompañados de más medidas, tanto legislativas como económicas y sociales, de políticas públicas encaminadas a la erradicación de la violencia de género a través de sensibilización sobre todo de la juventud.

El Convenio de Estambul del Consejo de Europa (2011) sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (primer documento internacional que contiene una definición de género) reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación, y sigue siendo imprescindible para la lucha contra esta lacra puesto que establece medidas jurídicas y estratégicas para prevenirla y proteger a las víctimas.

Para atajar la violencia machista se requiere un enfoque integral: prevención por medio de educación en igualdad, sensibilización y concienciación a través de los medios de comunicación, implementación de leyes y políticas públicas sólidas, planes nacionales de acción, justicia accesible, formación de profesionales, apoyo a las organizaciones (ONG y fundaciones), servicios de emergencia y atención directa.

Las comunidades deben garantizar la financiación y el sostenimiento de los centros de crisis mediante las transferencias recibidas de los Presupuestos Generales del Estado, tal y como establece la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

A raíz de una alerta de la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, varios medios de comunicación publicaron que las pulseras de seguimiento y control de agresores y maltratadores en casos de violencia de género reportaron una pérdida temporal de datos. Ocurrió alrededor de septiembre y en diciembre se habría solucionado. Sin embargo, investigaciones periodísticas aumentan este tiempo en más de ocho meses. A principio de noviembre se registró un nuevo fallo y el problema de la pulsera no es sólo que no suene cuando debe, sino que la geolocalización muchas veces es incorrecta.

Las pulseras de control telemático son transmisores que permiten conocer la ubicación de agresores que han sido obligados por un juez a llevarlas con el fin de controlar los incumplimientos de órdenes de alejamiento. La víctima recibe un dispositivo móvil que las avisa si su agresor se acerca más de lo permitido. Cuando esto ocurre, el aparato emite diversas alertas y el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento verifica que estén bien o llama a las autoridades.

Las consecuencias del fallo como fuente de prueba han sido: imposibilidad de acreditar el quebrantamiento de la orden, fallos absolutorios para maltratadores y vulneración de la tutela judicial con la consiguiente desprotección de mujeres maltratadas. Es fundamental que un fallo de este este tipo no vuelva a ocurrir y que se adopten medidas eficaces que protejan a las víctimas. 

Por otra parte, las mujeres que se atreven a denunciar la violencia sexual no solo sufren el estrés postraumático, deben recorrer el duro camino de acceso a la justicia. Cabe preguntarse por qué – y a pesar de las diversas campañas de información y sensibilización – muchas mujeres maltratadas siguen sin pedir ayuda. Miedo al agresor, preocupación por los hijos, afrontar una vida de nuevo, encontrar recursos, complejidad institucional, deficiencias del sistema… Y, aunque parezca mentira, que se siga cuestionando la actitud de la declarante en los procesos.

La denuncia puede presentarse de forma escrita o verbal con identificación o por denuncia anónima. El Ministerio de Igualdad garantiza la confidencialidad de la información y de la identidad de la persona informante. Las formas de presentación de la denuncia pueden ser a través del Canal interno de denuncias del Ministerio de Igualdad por escrito o mediante archivo de voz: https://canaldenuncias.igualdad.gob.es/

También por correo postal a la Subsecretaría de Igualdad (Calle Alcalá 3,

28014, Madrid) o bien presencialmente solicitando reunión mediante el canal interno de denuncias del Ministerio de Igualdad.

El fin de la violencia machista debe ser un compromiso colectivo que pasa por un cambio profundo de la sociedad.

El 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reclama políticas enérgicas y eficaces en todos los países para su erradicación.

En efecto, los de física, química, fisiología/medicina o economía (que no fue creado por Alfred Nobel y que es otorgado por el Banco Central de Suecia) interesan solo a los especialistas en las diferentes materias.

El de literatura suele dejar a la mayor parte de las personas indiferente cuando se le otorga a escritor@s poco o nada conocidos.

El de la Paz tiene siempre relación inevitablemente con un contexto político u otro. Los galardonados por este premio han sido defensores del desarme, del respeto por los derechos humanos, de la democracia, de la ecología, de la igualdad racial…

Este año, el Premio Nobel de la Paz, otorgado el 10 de octubre a María Corina Machado, ha sido a la par tan aplaudido como criticado. No ha dejado indiferentes, vaya.

Machado, figura destacada de la oposición venezolana, luchadora contra la dictadura de 26 años en Venezuela, fue excluida de las elecciones presidenciales de julio de 2024 por estar inhabilitada por organismos controlados por el régimen de Nicolás Maduro. A raíz de la represión política tras esas elecciones, vive en la clandestinidad dentro de Venezuela. Salir de su encierro es arriesgar su vida y quiere seguir luchando en su país, no ha querido exiliarse. Sin embargo, no avala ataques militares para derrocar a Maduro.

El pueblo venezolano exiliado ha celebrado el nombramiento como una reivindicación de su lucha. Evo Morales (Bolivia) y Miguel Díaz-Canel (Cuba), Petro (Colombia) lo han criticado o, por lo menos, cuestionado por la posición anti Maduro de la galardonada.

El régimen de Venezuela impone silencio en los medios públicos sobre el galardón y una censura férrea en los privados. El lunes 13 de octubre anunció, en un ambiguo comunicado, el cierre de su embajada en Noruega tras la concesión del premio, afirmando que se trataba de una reestructuración de su servicio de extranjería, una “reasignación estratégica de recursos”.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega aclaró que el Premio Nobel es independiente del Gobierno noruego, lo cual es evidente ya que, en su testamento, Alfred Nobel estipuló que la categoría de la Paz fuera responsabilidad de un comité independiente nombrado por el Parlamento noruego.

El Gobierno español ha mantenido un silencio oficial. El presidente Sánchez alegó ante su silencio que no se pronuncia sobre los Nobel. Como Secretario de Organización del PSOE fueron habituales sus felicitaciones; como presidente, también. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, declaró que no le corresponde a él valorar la decisión de la concesión a la persona galardonada (sin nombrar a Machado).

El Jefe del Estado también mantuvo silencio. Fuentes del Palacio de la Zarzuela alegaron que solo se suele felicitar en los casos que los premios son españoles. Sin embargo, Felipe VI felicitó a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que recibió el Premio Nobel de la Paz tras su controvertido acuerdo de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Y siendo todavía Príncipe de Asturias felicitó a Barak Obama en 2009 cuando recibió el mismo premio.

¿Y los partidos políticos?

El Partido Popular la felicitó.

Podemos criticó frontalmente la decisión. Con frases como “se lo podrían haber dado a Hitler a título póstumo” (Pablo Iglesias), que no admiten ni réplica. O bien la de Ione Belarra lamentando que el premio se entregue a “golpistas y criminales de guerra”, que tampoco merece la pena replicar.

Izquierda Unida también criticó la concesión, aunque con comentarios menos estrambóticos.

Y estas reacciones eran de esperar. La dedicatoria de Machado en redes: “Dedico este premio al pueblo sufriente de Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa” cayó como un rayo fulminante en amplios sectores que miran con simpatía al régimen venezolano y con antipatía (por decirlo suavemente) al presidente de los EEUU.

Y Machado ha dado las gracias a Trump a pesar de su decisión de retirar la protección a refugiados y de haber bombardeado lanchas en aguas internacionales matando, tal vez, a ciudadanos venezolanos por asuntos de estructuras narcoterroristas relacionadas con el régimen de Maduro.

Petro ha acusado abiertamente a Trump de que haya habido colombianos muertos en esas embarcaciones. Machado ha declarado abiertamente su lucha contra el narcoterrorismo al denunciar a Maduro como cabeza de la una infraestructura mafiosa.

La justificación del Comité Nobel no ha servido para suavizar los ánimos. El Presidente del Comité dijo en la lectura del fallo queMachado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, y que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces. Añadió que “como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes”.

Erika Guevara-Rosas, Directora Senior de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional, declaró que el galardón es un reconocimiento al pueblo de Venezuela que ha soportado represión y persecución por cuestionar a las autoridades venezolanas por las violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles.

Pero ¿cuáles son los criterios por los que se otorga el Premio Nobel de la Paz?

Machado cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un laureado con el Premio Nobel de la Paz. “Ha unido a la oposición de su país, nunca ha titubeado en resistir la militarización de la sociedad venezolana y ha sido firme en su apoyo a una transición pacífica hacia la democracia”, resumió el Comité Nobel.

Lo cierto es que esta concesión nos impulsa a hablar de nuevo de Venezuela, olvidada por las tragedias de Ucrania y de Gaza. Un país sumido en un colapso económico con una inflación espeluznante, un país que pasa hambre, hambre que ha forzado a unos ocho millones de personas a cruzar a pie el Tapón del Darién buscando un sustento que no pueden tener en su país.

Tal vez, el nombramiento pueda ser un estímulo para el pueblo venezolano, que reclama un cambio en su país hacia la democracia, que acaben las restricciones y que haya libertad. Machado no es la figura radical y violenta que quiere hacer ver el Gobierno de Venezuela. El galardón le ha sido concedido por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El premio es también un reconocimiento a todas las personas que luchan pacíficamente por la justicia y los derechos humanos, una celebración de la resistencia y la resiliencia.

Es pronto todavía para saber si este premio tendrá consecuencias políticas, pero la esperanza de una apertura democrática de Venezuela no puede perderse.

Machado ha manifestado que, mientras Maduro esté en el poder, no puede dejar el lugar donde se esconde, ya que existen amenazas directas contra su vida.

Machado no podrá viajar en diciembre a Oslo para recoger el premio.

La Constitución española en su artículo 47 reconoce el derecho a una vivienda digna, pero en la práctica constatamos que prevalece la presión del mercado inmobiliario. Una de las razones es la escasez de parque público en cuestión de alquiler, hay muy pocas viviendas en alquiler en España para la gran demanda actualmente. Y la falta de inversión estatal en este ámbito se ha convertido en un campo de batalla entre partidos. Los partidos de izquierda defienden aumentar el parque público y limitar los precios, consideran la vivienda como un derecho básico que exige alquileres regulados; los de derecha apuestan por incentivos fiscales y una mayor liberalización, entendiendo la vivienda como un bien de mercado que demanda incentivar la construcción, reducir las trabas burocráticas y dar seguridad jurídica a los propietarios.

La Ley de Vivienda de 2023 declaró la existencia de zonas tensionadas limitadoras de alquileres, estableció lo que se llamó grandes tenedores (como fondos, bancos e inmobiliarias) y determinó protección frente a desahucios. Ley que fue criticada por ambos polos políticos: intervencionismo que reduciría la oferta vs. insuficiencia para frenar la especulación. Lo cierto es que siendo la vivienda competencia autonómica se generan grandes diferencias regionales en lo que se refiere a la regulación.

En las grandes ciudades los precios de la venta han subido de manera desproporcionada, y los alquileres se han encarecido de tal modo que resultan inasequibles para una inmensa parte de la población. El salario medio no ha crecido ni por asomo al ritmo de la vivienda y las personas jóvenes sobre todo tienen que destinar una parte enorme de sus ingresos a la hipoteca o a pagar la renta.

¿Qué ocurre?

Lo cierto es que hay miles de viviendas vacías que no salen al mercado del alquiler. ¿Por miedo a que los inquilinos no paguen? ¿Porque necesitan una rehabilitación que los propietarios no están en disposición de asumir?

Hay más: los fondos de inversión (“fondos buitre”) han comprado viviendas en zonas turísticas y presionan al alza los precios. Los alquileres turísticos (como Airbnb) reducen la oferta de vivienda habitual no solo en zonas de veraneo sino en las grandes ciudades. Todo ello genera una ruptura del tejido social (barrios que se vacían de residentes habituales y se llenan de viviendas turísticas). Afortunadamente se va poniendo freno a esta invasión.

Existen zonas con viviendas disponibles, pero donde no hay trabajo y donde faltan servicios.

Todo ello dificulta enormemente la emancipación juvenil y crea una gran preocupación en las familias ante el temor de no poder asumir el pago de la renta o de la hipoteca.

Parece que se animan algunas iniciativas; el Ayuntamiento de València creará una agencia pública de alquiler destinada a los jóvenes que asegurará el pago de la renta mensual a los propietarios para dar seguridad jurídica y aumentar la oferta de alquiler.

Los movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los sindicatos de inquilinos han ejercido presión y han llevado el derecho a la vivienda al centro del discurso parlamentario.

Consecuencias:

La vivienda se ha convertido ya en un factor de exclusión social (sólo las personas con un salario elevado o bien las que han heredado la vivienda pueden asumir el pago de la renta o la hipoteca).

Aumenta la brecha intergeneracional, las personas jóvenes sin apoyo familiar son incapaces de asumir los pagos.

La falta de un parque público de alquiler agrava la desigualdad entre las personas.

Se retrasa la formación de familias y la natalidad.

Las situaciones de vulnerabilidad se acrecientan (personas sin hogar, realquiladas o empujadas a la ocupación).

Para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible se han establecido medidas para proteger a inquilinos vulnerables frente a aumentos desproporcionados de rentas.

El índice de referencia para la actualización de la renta ha pasado a ser el IRAV en lugar del IPC (para contratos posteriores a la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda).

Se han ampliado las obligaciones y regulaciones para los grandes tenedores de viviendas, recargos de IBI para viviendas vacías, se pueden aplicar bonificaciones en el IRPF para propietarios que alquilen a personas jóvenes o a precios reducidos en zonas tensionadas.

Con estas normas, ¿se procurará mayor estabilidad y seguridad en el pago de los alquileres? ¿Habrá mayor protección en casos de desahucio? ¿Desaparecerán los incrementos desproporcionados de alquileres? ¿Se fomentará la oferta de vivienda asequible?

La plataforma Juntes per l’Habitatge (formada por 27 organizaciones que defienden el derecho a la vivienda) exige garantías de viviendas dignas a las familias; para estas organizaciones la creación de viviendas sociales debe ser prioritaria, viviendas que garanticen una función social y que eviten enriquecimientos particulares, constatando que el parque público de viviendas es exiguo (alrededor de un 0,6% de las viviendas de la CV). La plataforma presentó el 11 de septiembre en el Colegio Mayor Rector Peset la campaña por el derecho a la vivienda con el análisis de la situación actual y la tabla de reivindicaciones, así como las movilizaciones que van a tener lugar en próximas fechas. La plataforma nació el 15 de marzo al objeto de defender a las personas y familias agredidas en su derecho a la vivienda, por los desahucios, la subida de alquileres, el escaso parque público de viviendas, las escasas ayudas al alquiler, entre como los principales problemas.

No solo se trata del artículo 47 de la Constitución, como decíamos al inicio, sino del 16 del Estatuto de Autonomía, así como de la Carta Social Europea, de la Declaración de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Está por ver.

Abolir la prostitución sería suprimirla, eliminarla, extinguirla… ¿de verdad que con una ley se extinguiría esta práctica?

Este mes de septiembre se llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto legislativo para abolir la prostitución, una iniciativa promovida por el Ejecutivo (no solo el PSOE) formando parte de una serie de medidas feministas encaminadas a erradicar el machismo estructural. Este propósito viene de largo, pero se relanza con fuerza a raíz del escándalo de José Luis Ábalos y Koldo García a propósito de sus conversaciones grabadas que denigran a las mujeres como objetos de consumo.

Los socialistas ya intentaron sin éxito anteriormente sacar adelante en el Congreso esta iniciativa penalizando la tercería locativa, es decir, destinar inmuebles o locales a la prostitución contemplando multas a los clientes.

Pero ni Sumar ni el PP ni los socios de la coalición apoyaron la iniciativa.

En esta ocasión también se prevé penalizar a la clientela y a los proxenetas, así como la tercería locativa, y sensibilizar a la ciudadanía. También contempla la asistencia social destinada a buscar una salida a las personas en situación de prostitución.

El Anteproyecto propone reforzar penalmente a quienes se lucran con el negocio y penalizar a quien lo demanda y consume, terminar con las masculinidades tóxicas que no entienden las relaciones sexuales desde una perspectiva de igualdad, de respeto y de humanidad.

El objetivo del Gobierno es lograr el mayor consenso posible haciendo coincidir este anteproyecto con otro, el de la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que concedería permiso de residencia y trabajo a las víctimas e incluso el acceso al Ingreso Mínimo Vital, abordando todos los tipos de trata, como la explotación laboral, los matrimonios forzosos o el comercio de órganos. Los derechos se reconocerían con independencia de que haya denuncia o no por parte de la víctima.

El modelo abolicionista del Gobierno aboga por eliminar cualquier reglamentación relacionada con la prostitución, y por sancionar a los demandantes de la actividad, considerando que la prostitución beneficia a los empresarios sin defender los derechos de las trabajadoras sexuales. Un argumento clave de la tendencia abolicionista es la consideración de que la prostitución es una forma de violencia estructural explotadora producto de la desigualdad de género, puesto que la mayoría de las mujeres prostitutas está coaccionada económica y socialmente. La tendencia abolicionista no considera la prostitución como un trabajo ejercido libremente sino como una cosificación del cuerpo de la mujer. Criminaliza a los proxenetas y clientes, a quienes se benefician de la prostitución y a quienes la demandan.

Entonces ¿si no hay clientes no hay prostitución?

Quienes rechazan la reglamentación consideran que favorecería la creación de redes ilegales y la consolidación de la actividad como profesión a costa de perjudicar los derechos humanos de las mujeres que se ven forzadas a prostituirse.

Pero la abolición ¿no favorecería acaso la clandestinidad de todas las formas de prostitución, dejando a las prostitutas en una situación más precaria todavía?

Políticamente, no está claro que haya consenso puesto que Sumar apuesta por un modelo regulacionista que reconozca el trabajo sexual con derechos. Piden adecuada protección legal. Muchas trabajadoras sexuales afirman que han elegido libremente su ocupación, y que prohibirla atentaría contra su libertad de decisión sobre su vida; consideran que están trabajando como cualquier otra persona, por lo que debería ser respetada su decisión como forma legítima de trabajo con derechos laborales y protección legal.

Tampoco los colectivos de trabajadoras sexuales están de acuerdo, puesto que denuncian que la Ley las estigmatizaría y que no se atienden sus reivindicaciones de derechos laborales. La asociación Stop Abolición y el Sindicato de Trabajadoras Sexuales critican que el Ministerio de Igualdad no se haya reunido con ellas desde 2022. Stop Abolición recuerda que las normativas de Francia, Irlanda y Suecia que criminalizan a proxenetas y clientes no han conseguido reducir la prostitución y en cambio han reducido la seguridad de las prostitutas.

Es evidente que el PP considera oportunista la iniciativa con la intención de lavar la imagen del PSOE y reforzar la posición feminista del Ejecutivo.

Organizaciones como Amnistía Internacional propugnan la despenalización de todos los aspectos de las relaciones sexuales consentidas entre adultos y el trabajo sexual realizado sin coacción, explotación ni abusos. También la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo o la Alianza Global contra la Trata de Mujeres son partidarias de la despenalización del trabajo sexual. Y luchan contra la trata, un abuso atroz contra los derechos humanos que debe estar penalizada por el derecho internacional.

Pero ¿no sería más necesario reducir la amenaza de violencia a las trabajadoras sexuales?, ¿garantizar el acceso a una atención médica y legal adecuada?, ¿poner fin a la discriminación y a la marginación social?, ¿a los riesgos de sufrir abusos? ¿No son acaso estos problemas más necesarios que las objeciones morales al trabajo sexual?

¿El intento de abolir la prostitución no podría conducir, de alguna manera, a la criminalización de las trabajadoras sexuales?

Leyes que luchen contra la explotación y la trata sí son urgentes y necesarias más que las que tipificarían como delito la venta de servicios sexuales consentidos por personas adultas, leyes que podrían ser perjudiciales para las trabajadoras sexuales.

Hay que seguir perseverando en la lucha contra la trata de personas, su captación, transporte y recepción recurriendo al engaño o a la fuerza con un fin de explotación.

El anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata (aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2024) se encuentra en tramitación parlamentaria y promovería una perspectiva de derechos centrada en las víctimas.

Es probable que una ley abolicionista - que penalizaría, como hemos dicho, a los clientes o terceras partes (dueños de locales o agencias) - podría aumentar la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales, ya que las empujaría a la clandestinidad, alejándolas de servicios de salud y protección legal y policial, y podrían sufrir más riesgo de violencia y explotación.

En el Código Penal español hay pocas referencias a la prostitución, y no se la cita como actividad económica legítimamente legal ni ilegal, por lo cual ninguna persona puede ser sancionada por acciones que no constituyen delito, pero ¿cómo regularla? ¿qué opciones hay?

¿Abolirla? Es decir, erradicarla.

¿Prohibirla? Con las consiguientes sanciones.

¿Regularla? Convirtiéndola en un trabajo reglamentado.

La abolición, que sigue un modelo sueco instaurado en los años 90, pretende penalizar exclusivamente al consumidor y a los proxenetas desincentivando la demanda por medio de la educación. Pero ¿soluciona la situación de vulnerabilidad de las personas que se dedican a la prostitución?

La prohibición no existe en la Unión Europea, es una opción que considera la prostitución como un acto inmoral, y el riesgo es la penalización tanto de las mujeres que se prostituyen como a los hombres que pagan por mantener sexo.

La regulación defiende a las personas que ejercen la prostitución en libertad, y pretende legalizar el trabajo sexual con el fin de conseguir derechos laborales para las trabajadoras sexuales. La tendencia considera que la prostitución es legítima si se dan las condiciones adecuadas y sí pretende combatir la trata y las condiciones precarias y no la actividad de la prostitución. La clave es el consentimiento.

En todo caso, si se aboliera sería imperdonable dejar a las mujeres que se dedican a la prostitución en situación de exclusión y abandono, y habría que estar en situación de ofrecerles alternativas reales con el fin de no llevarlas a una situación de mayor vulnerabilidad. Aquí se plantearía el problema de solucionar la situación irregular en la que muchas de estas mujeres se encuentran.

Por otra parte, se debería conseguir una reparación integral de esas personas que pasaría por asesoramiento legal y psicológico.

Pero volviendo a la pregunta inicial: ¿no es acaso una práctica que una “invalidación” de la misma no podría impedir? ¿No es la abolición una utopía?

Hay que trabajar para que las mujeres en situación de vulnerabilidad puedan salir del bucle de indefensión, precariedad y estigmatización, sobre todo de aquellas invisibilizadas por encontrarse en situación irregular y las explotadas por el proxenetismo, que debe ser duramente perseguido y penalizado.

Y para salir de ese bucle necesitan alternativas para vivir, y evitar que medidas punitivas conduzcan a una mayor vulnerabilidad por ejercer la prostitución en una mayor clandestinidad.

Una vulneración más de derechos humanos en peligro en todo el mundo. El derecho a la protesta pacífica es uno de ellos y está en riesgo.

Miremos por donde miremos ese derecho se está vulnerando de manera flagrante.

El presidente Trump ha intensificado acciones coercitivas contra voces críticas, incluyendo periodistas, opositores e incluso figuras empresariales, lo que ha causado un clima de intimidación a la disidencia. Se ha llegado incluso a retirar libros escolares y se han suprimido términos en páginas gubernamentales.

La Constitución cubana no se corta en aclarar cuáles son los límites de la libertad de expresión: “Los ciudadanos tienen libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”.

La libertad de expresión en Rusia está gravemente restringida, especialmente desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022; existen leyes contra la “propaganda extremista” y la “información falsa” que permiten al gobierno criminalizar el disenso.

¿Y qué pasa en Corea del Norte, Irán, China?

En nuestro artículo de junio expusimos el riesgo que corre el periodismo. Los gobiernos recurren a prácticas autoritarias o sibilinas para acallar las voces que cuentan lo que “no conviene”, evidenciando una inclinación hacia un autoritarismo más o menos disfrazado de democracia.

Y la libertad de expresión y, con ella, la libertad de prensa, es fundamental para asegurar el derecho humano reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce la libertad de expresar libremente opiniones, buscar, recibir y difundir información e ideas sin censura previa. 

El periodismo corre riesgos cuando cuenta la verdad, cuando revelar violaciones de derechos humanos puede significar jugarse la vida en países regidos por gobiernos de autoridad ilimitada. Pero hay más, en países considerados democráticos se puede ser cancelado profesionalmente, ser boicoteado, linchado socialmente por medio de acusaciones sin las necesarias evidencias.

En esta ocasión vamos a referirnos más concretamente a las libertades de la sociedad civil en España y a lo que significa para esas libertades la Ley de Seguridad Ciudadana, siempre polémica y, en realidad, antigua ya que existe desde los años 80. Se modificó en 2015 (como respuesta al 15M) y sigue limitando derechos humanos, incluso reconocidos en la Constitución.

Desde 2015 se ha intentado cambiarla registrándose ocho iniciativas legislativas en el Congreso. PSOE, Sumar, Bildu y PNV registraron una en 2024 pendiente de informe por parte de la Comisión de Interior del Congreso. Otras dos proposiciones de modificación de Sumar y Grupo Mixto todavía no han iniciado su tramitación parlamentaria.

Aunque la ley no censura directamente opiniones, acorrala y castiga formas legítimas de expresión, especialmente en el espacio público, lo cual ejerce un efecto intimidatorio que, en la práctica, restringe la crítica, la denuncia y la protesta social.

La denominación popularizada es “Ley Mordaza”, término crítico utilizado para describir leyes que, según sus detractores, limitan la libertad de expresión, reunión y protesta. En el contexto de las protestas, se refiere a normativas que buscan restringir o sancionar manifestaciones públicas, protestas sociales, o expresiones contra el gobierno u otras autoridades.

Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier limitación debe ser estrictamente necesaria, proporcionada y estar sujeta a control judicial efectivo. La “Ley Mordaza”, al basarse en sanciones administrativas, elude muchas garantías legales.

Las principales críticas consideran que se trata de una herramienta para disuadir la protesta social, criminalizar el derecho a la manifestación pacífica reduciendo la transparencia y ejerciendo un control ciudadano sobre la actuación judicial.

Sin embargo, el Artículo 1 de la ley expresa que su objetivo es regular actuaciones orientadas a proteger la seguridad ciudadana, a las personas y sus bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos. Se enumera también un listado de conductas que se consideran infracciones, que pueden ser leves, graves o muy graves, y establecen las sanciones administrativas correspondientes que no requieren del aval de ningún juez, por lo que son susceptibles de abusos.

Pero ¿qué es la protesta social?

Se trata de una forma de expresión colectiva mediante la cual un grupo de personas manifiesta su desacuerdo, rechazo o demanda de cambio frente a una situación percibida como injusta, opresiva o perjudicial. Un mecanismo fundamental, por lo tanto. en cualquier sociedad democrática y una herramienta clave para la participación ciudadana mediante manifestaciones, concentraciones, huelgas, boicots o protestas digitales.

Diversas organizaciones políticas consideran que esta ley es un poder extremo en manos del Estado que atenta contra las libertades individuales y contra los derechos de los ciudadanos.

La Comisaría de Derechos Humanos en Europa ha mostrado disconformidad con la ley ya que impacta negativamente en el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, por lo cual envió una carta al Gobierno de España en este sentido.

¿Cuál es el resultado (seguramente buscado)?

Desalentar a la ciudadanía en su legítimo derecho a la protesta y a su libertad de movimientos para expresarla. La sola palabra de un policía es suficiente para tener una sanción administrativa ya que es una ley que “castiga” conductas no constitutivas de delito pero que impone el pago de multas. Sanción administrativa que hay que pagar con independencia de que se recurra posteriormente ante los tribunales por la vía contencioso administrativa.

Dos derechos de una ley que, como hemos dicho, sigue coartando el derecho de manifestación, el de reunión y la libertad de expresión, por lo cual ha sido criticada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Consejo de Europa.

Así pues, la protesta social puede ser reprimida, criminalizada y estigmatizada mediáticamente.

En resumen, la “Ley Mordaza” ha supuesto un retroceso en las libertades civiles en España, en especial para quienes ejercen su derecho a protestar y las organizaciones sociales y de derechos humanos reclaman su derogación total o reforma profunda.

Amnistía Internacional, junto con numerosas organizaciones de la sociedad civil, exigen que se concrete de una vez la reforma de esta ley que vulnera tantos derechos humanos cuando se ha cumplido el 10º aniversario de su entrada en vigor. Una ley que criminaliza la libre expresión.

Vamos por el tercer intento de reforma que se inició en mayo de 2024.

En lo que concierne a la libertad de expresión se pide una modificación de las infracciones más lesivas para la protesta, como los artículos 36.6 y 37.4, evitando su interpretación arbitraria por parte de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

El derecho a la protesta está garantizado por el derecho de libertad de expresión y de reunión pacífica. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: derecho a la libre información y de opinión.

Lo que se considera infracción en la Ley que afecte al derecho a la protesta debe ser definido de forma precisa con el fin de no criminalizar indebidamente actos de protesta pacífica, ni imponer penas desproporcionadas. El delito de desórdenes públicos solo debe contemplar sanción para actos graves de violencia, sin que se pueda sancionar la protesta pacífica de los movimientos sociales, como los que defienden el derecho a la vivienda.

La protesta es una forma inestimable de decir la verdad al poder, fuerza motriz de algunos de los movimientos sociales más poderosos a lo largo de la historia habiendo puesto en evidencia injusticias y abusos y exigido rendición de cuentas.

En su campaña “Protejamos la protesta” Amnistía Internacional ha trabajado intensamente con el fin de denunciar las violaciones del derecho a protestar y apoyar a movimientos en todo el mundo que se esfuerzan por lograr cambios positivos. Lejos de reprimir la protesta es de justicia que los Gobiernos protejan a quienes ejercen su derecho y eliminen los obstáculos y las restricciones injustificadas para poder ejercer sus derechos de libertad de expresión.

La sociedad civil no ha dejado de movilizarse durante diez años con el fin de lograr la derogación de la ley o, por lo menos, la reforma de los aspectos más lesivos de la misma, reivindicando el derecho a la legítima protesta, y ha conseguido mantener una interlocución con los grupos parlamentarios porque la protesta es una fuerza de cambio muy potente, y por ello es reprimida cuando molesta y no conviene al poder establecido.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, apátridas… lo cierto es que todas ellas se encuentran entre las más vulnerables del mundo.

Y ¿quién acoge a esas personas?

Los países con el PIB más alto son los que más blindan sus fronteras, aunque el acogimiento no depende únicamente de los recursos económicos del país sino de su modelo de política migratoria. Lo cierto es que los países europeos van endureciendo sus fronteras, pero según el origen de las personas refugiadas, baste recordar que tras la invasión de Ucrania la acogida fue calurosa y rápida, un doble rasero en políticas de acogimiento.

¿Qué soluciones utilizan? La externalización de fronteras, por ejemplo. Es decir, trasladar a otros países la gestión de los flujos migratorios antes de que lleguen a cruzar la frontera, mediante acuerdos bilaterales de interceptación de las personas migrantes y repatriación a sus países de origen.

Las consecuencias son nefastas: violaciones de derechos humanos, incumplimiento del derecho internacional de no devolución, ausencia de rendición de cuentas…

No queremos referirnos exclusivamente a los flujos migratorios producto de conflictos armados o dictaduras sangrientas, hay muchos más motivos por los que las personas dejan su país de origen: falta de empleo y condiciones de vida muy difíciles, por ejemplo.

Y en ambos casos nos podemos ver reflejados. Los hechos y las circunstancias se olvidan con frecuencia. Pero existieron.

¿O acaso no se produjo un gran flujo migratorio español tras la guerra civil?

Cientos de miles de personas cruzaron la frontera hacia Francia y fueron internadas en campos, como Argèles-sur-Mer, o emigraron a América Latina, o a la Unión Soviética o a los Estados Unidos.

¿O acaso posteriormente no se produjo en España una gran emigración económica, a partir sobre todo de 1950, hacia Alemania, Francia, Suiza, Reino Unido y América Latina?

¿Acaso no fuimos emigrantes?

¿Y en los países de destino no padecimos menosprecio, privaciones, injusticias?

Pero allí nos dejaron quedarnos. Y trabajamos; algunas personas emigrantes se quedaron para siempre, otras regresaron cuando consiguieron ahorrar para llevar una vida digna aquí.

¿Por qué se nos olvida? No llegamos en pateras, llegamos cruzando fronteras con los medios de transporte que pudimos utilizar, pero fuimos igualmente personas sin recursos que buscaban una oportunidad para vivir en mejores condiciones.

Y tampoco en la actualidad los españoles y españolas emigran en pateras, pero emigran.

La crisis financiera de 2008 tuvo un impacto especialmente profundo en España, tanto a nivel económico como social. Y miles de jóvenes cualificados y profesionales emigraron a otros países europeos, América y Australia. Se inició la conocida “fuga de cerebros”. Que no ha cesado, al contrario, aumenta cada año. Algunas estadísticas arrojan un incremento a inicios de 2025 de casi un 5% de personas de nacionalidad española residentes en el extranjero. Falta de oportunidades laborales (especialmente entre jóvenes y profesionales altamente cualificados), precariedad laboral (contratos temporales, bajos salarios), búsqueda de formación especializada, búsqueda de mejor calidad de vida (mejores servicios públicos, mejor conciliación laboral y familiar), problemas estructurales del mercado laboral español (elevado paro juvenil, dificultades para acceder a una vivienda). Y finalmente un nuevo fenómeno: descontento con la situación política (polarización política, corrupción).

Todos tenemos amigos y conocidos cuyos hijos e hijas ya no viven en España. Poco después de acabar sus estudios se fueron en vista del panorama y ya no regresaron. ¿Para qué si aquí no ven futuro y ni de lejos las condiciones que tienen donde se han asentado?

Constituyen una especie de emigrantes “premium”. Pero emigrantes al fin y al cabo. Han tenido que adaptarse, manejarse en la lengua del país, hacer amigos y padecer la añoranza del entorno familiar y afectivo. Y seguramente se han enfrentado al rechazo en algún momento y han agradecido el acogimiento cuando se les ha brindado.

Pero, aunque el flujo migratorio de personas españolas sobre todo hacia Europa es constante, cuantitativamente España pasó de ser un país emisor de emigrantes a ser receptor debido a la mejora de su economía y entrada en la Unión Europea (1986).

Y las barreras legales y administrativas para la recepción de esas personas son enormes: una regularización muy complicada puesto que llegan sin documentación y los trámites burocráticos son muy lentos.

Y no digamos las barreras discriminatorias: racismo estructural y perfiles racializados (las personas procedentes del continente africano, sobre todo).

Resultado:

Precariedad laboral (muchas personas emigrantes trabajan en condiciones precarias y muchas veces sin contrato).

En sectores con alta explotación (agricultura, construcción).

Sobreexplotación de mujeres migrantes (especialmente en trabajos del hogar y cuidados, con largas jornadas y escasa protección).

Los problemas que les atañen son graves:

Falta de redes de apoyo (no tienen familia ni amigos).

Barreras idiomáticas y culturales.

Estigmatización mediática (discursos políticos que asocian inmigración con delincuencia).

Enormes dificultades, gran sufrimiento por haber nacido en lugares donde la pobreza hace estragos y los conflictos destruyen a las personas.

Y esas personas son doblemente castigadas, por haber nacido en esos lugares y por llegar a otros lugares donde los derechos humanos no son respetados como debieran serlo.

Por ello, ¿no deberíamos brindar acogimiento adecuado a quien lo necesita? Facilitar la integración social y laboral, facilitar el acceso a servicios básicos (salud, educación, vivienda) y proteger los derechos humanos con políticas públicas e iniciativas ciudadanas.

Y solucionar de una vez por todas el problema de los CIESs, los Centros de Internamiento de Extranjeros destinados específicamente a inmigrantes en situación irregular, objeto de críticas por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones de internamiento y la falta de garantías jurídicas. Porque no son centros penitenciarios, pero las personas allí están privadas de libertad y las condiciones son muy precarias: falta de atención médica adecuada, sobrepoblación, problemas de higiene. Organismos internacionales, como Amnistía Internacional, han señalado violaciones de derechos humanos. El debate sobre su cierre o reforma sigue muy vivo en la sociedad y la política española.

No lo olvidemos: la emigración nos concierne a todos.

Allí donde el periodismo quiere dar voz a quien carece de posibilidades de revelar violaciones de derechos humanos puede significar jugarse la vida. Y en los países considerados democráticos ser cancelado/a profesional y/o civilmente, es decir ser boicoteado/a mediante críticas masivas para comprometer su reputación y prestigio profesional, una forma de linchamiento social con acusaciones sin suficientes evidencias. ¿Consecuencias? Pérdida de audiencia y credibilidad, retiro de patrocinios, necesidad de migrar a medios independientes (lo cual no mitiga la persecución cancelatoria).

Efectivamente, estas formas de aniquilación ocurren no solo en zonas donde existe un conflicto bélico, dando voz a las víctimas de crímenes de guerra y abusos de poder, documentando, contrarrestando y desmintiendo narrativas oficiales y preservando los hechos para la historia. También en países que no están en guerra, pero donde se ejercen represalias estatales y presiones mediáticas para mantener el poder limitando y silenciando hechos.

Con vigilancia clásica o sofisticada se pretende matar al mensajero utilizando amenazas directas o herramientas tecnológicas. No poco se ha hablado del Proyecto Pegasus, un software espía (spyware), desarrollado por la empresa israelí NSO Group diseñado supuestamente para ayudar a los gobiernos a combatir el terrorismo y el crimen organizado, que puede infiltrarse en teléfonos móviles sin que el usuario se aperciba y que permite acceso completo a llamadas, mensajes, ubicación, micrófono, cámara, etc.

Diversos informes, como los de Amnesty International y Citizen Lab, revelaron que Pegasus fue usado para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos, políticos y disidentes en múltiples países.

El Proyecto Pegasus no es el único medio basado en la inteligencia artificial (IA), una herramienta a la orden del día en los medios de comunicación que suscita no pocas controversias. ¿Facilita el acceso a la información? ¿Entraña nuevos riesgos para la difusión de la verdad? ¿Facilita la propagación de contenidos falsos?

La IA está transformando el periodismo de múltiples maneras, tanto en la forma de producir noticias como en la forma de distribuirlas, analizarlas y consumirlas. Esta relación es compleja y genera oportunidades, pero también desafíos éticos, laborales y editoriales.

Las herramientas de la IA ayudan a detectar falsas noticias, a verificar fuentes, a analizar imágenes manipuladas, permite examinar bases de datos masivas, pero… los peligros de esta valiosa herramienta pueden afectar al sector y, por ende, a la opinión pública porque puede amplificar prejuicios existentes y difundir masivamente algoritmos desinformativos de forma rapidísima y usarse para silenciar voces disidentes mediante despriorización en buscadores.

El 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa, se ha centrado este año en analizar cómo afecta la IA a la libertad de prensa y a la independencia de los medios de comunicación.

El Día de la Libertad de Prensa, recuerda a los gobiernos la necesidad de respetar la libertad del periodismo especialmente allí donde esta profesión es restringida y perseguida. Allí donde los periodistas son represaliados por ejercer con libertad e independencia su labor informativa; cualquier medio es utilizado: persecución judicial, presiones laborales, intimidaciones, confiscación de materiales informativos… Y ¿en qué termina esta persecución? En agresiones, secuestros… o bien en el exilio.

La Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, aprobada en abril del año pasado, tiene que ser clave para hacer frente a las amenazas que sufre el periodismo, ya que impone a los Estados Miembros la obligación de proteger a los medios de comunicación y a los periodistas, a la vez que exige a los medios de comunicación ser transparentes sobre su propiedad, financiación y publicidad. Por fin existe una ley europea integral para apoyar la libertad de prensa y el pluralismo de los medios de comunicación.

Pero la lucha con los algoritmos en redes sociales, la desinformación y el objetivo de educar sobre el consumo responsable de medios, así como la capacitación de los profesionales de la comunicación sobre la utilización adecuada de la IA con el fin de garantizar contenidos fidedignos, no puede bajar la guardia.

El derecho a expresar y difundir información sin miedo ni injerencias ilegítimas es esencial para la ciudadanía, que debe disfrutar de los derechos fundamentales. No en vano está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Humanos. Pero los avances tecnológicos, como siempre ha ocurrido con todos los adelantos a lo largo de la historia, suponen retos inaplazables. La IA no es imparcial y preservar la neutralidad en un entorno en el que su uso está a la orden del día es un trabajo complejo y no exento de escollos. ¿Se puede hacer frente a los peligros de la desinformación por medio de algoritmos y modelos de aprendizaje automáticos?

El periodismo que defiende los derechos humanos investiga, verifica datos, documenta y comunica situaciones relacionadas con la violación y protección de derechos humanos, con el fin de generar conciencia y ejercer presión política para promover la justicia social. Los periodistas que trabajan en este campo no son activistas, son profesionales de la información que se exponen a riesgos tales como amenazas, acoso, incluso violencia.

España ha escalado siete puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, pasando del puesto 30 al 23 de los 180 países analizados pero, no nos engañemos, este avance se debe también al deterioro de la libertad de prensa desde hace años: su situación ha empeorado a escala mundial. El ascenso de nuestro país es debido a un declive de otros países. En todo el mundo, los actores políticos presionan a los medios de comunicación en detrimento de su independencia y el pluralismo.

Queda trabajo. Una prensa libre, como contrapeso del poder, es la mejor protección para la democracia, que requiere transparencia, pluralismo, veracidad, pensamiento crítico, independencia contra la censura o autocensura (por medio a represalias), contra la concentración de medios (que limita la diversidad de voces), contra la desinformación.

Queda trabajo, pero hay voluntad de realizarlo.

Y no solo eso, hubo falta de coordinación entre los distintos niveles de la Administración en los días posteriores al desastre.

El 29 de abril se han cumplido seis meses de la muerte de 235 personas, 227 en la Comunidad Valenciana. Y el nivel de daños materiales es –y sigue siendo- espantosamente masivo y variado.

El derecho a la información es uno de los pilares sobre el que se sustenta el buen funcionamiento de una sociedad democrática. Un derecho que defiende el acceso de los ciudadanos a la información veraz respecto a hechos de relevancia pública reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 3 y 19, que amparan el derecho a la vida, a la seguridad y al derecho a emitir y recibir información.

Por otra parte, los artículos 2 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 6 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles protegen igualmente los citados derechos.

Y ¿qué ocurrió?

Cuando los ciudadanos recibieron la alerta, la mayoría de ellos se encontraban ya en extremo peligro, quedando desprotegidos y sin atender la obligación del Estado de salvaguardar vidas informando a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal.

Esta actuación negligente ha infringido las normativas estatal y autonómica de protección civil que, como hemos dicho, reconocen el derecho de las personas a ser protegidas en caso de catástrofes, y a ser informadas de los riesgos y de las medidas de seguridad que hay que adoptar para hacerles frente.

Las inundaciones en la Comunidad Valenciana son un fenómeno natural frecuente teniendo como consecuencia graves daños, tanto en vidas humanas como en bienes. Y, por desgracia, la intensificación de las precipitaciones que se está observando en la región mediterránea en las últimas décadas puede incrementarse.

Los efectos de las lluvias torrenciales y de las crecidas de caudales pueden mitigarse mediante protocolos de reducción de riesgos que deben ser revisados, con lo cual se podrían prevenir los graves peligros.

Es imprescindible reforzar las medidas estructurales de prevención en zonas especialmente vulnerables como los municipios situados en áreas inundables, obras en los cauces para incrementar sus umbrales de desbordamiento y capacidad de desagüe, así como analizar la situación de las viviendas y edificaciones en zonas inundables.

¿Qué cabe hacer ahora?

Por supuesto reconstruir los inmensos daños e indemnizar a los afectados.

Pero no solo eso: es necesaria una rendición de cuentas, mediante investigaciones exhaustivas que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas y medidas para evitar que estos hechos se repitan.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que, cuando se pierden vidas como resultado de eventos que involucran la responsabilidad del Estado por su obligada acción preventiva positiva, debe procederse a una investigación oficial, independiente e imparcial que satisfaga ciertas normas mínimas en cuanto a eficacia y que pueda garantizar que se apliquen sanciones penales en la medida en que se justifiquen por los resultados de la investigación.

Las victimas tienen derecho a conocer la verdad sobre la tragedia por medio de una investigación exhaustiva y, en su caso, a que se establezca un enjuiciamiento de los responsables de la falta de diligencia para prevenir y responder adecuadamente a la catástrofe humanitaria, y a una reparación adecuada por lo ocurrido y a garantías de no repetición.

La gestión de la emergencia en la provincia de Valencia era responsabilidad directa de la Generalitat Valenciana que debió adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección.

Pero el Gobierno central no ejerció la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia porque, a pesar de que el Gobierno central solo puede ejercer esta facultad previa solicitud del gobierno autonómico, la ley otorga al Gobierno central la posibilidad de actuar por iniciativa propia cuando la emergencia afecta a más de una comunidad autónoma como se produjo el día de la DANA.

La coordinación entre los distintos niveles del Sistema Nacional de Protección Civil es clave y vital para actuar frente a este tipo de catástrofes

La responsabilidad no puede eludirse alegando un “reparto competencial”, por lo que se debió responder a la catástrofe de forma coordinada. Lo que no se hizo, por lo cual la ayuda llegó de forma desigual y desorganizada y gracias a la empatía del voluntariado que, con inmensa generosidad, se volcaron en trabajar por cualquier medio intentando autoorganizarse como podían.

Como desgraciadamente siempre ocurre en las catástrofes, el impacto de la DANA fue especialmente devastador para colectivos vulnerables. Como dato: casi la mitad de las víctimas mortales tenían más de 71 años, sin olvidar a las personas con discapacidad y/o movilidad reducida.

La adecuada información habría salvado muchas vidas. Por ello, es imprescindible la creación de un sistema fiable, accesible y rápido de información precisa para hacer frente a la emergencia dentro del Sistema de Protección Civil.

Y las investigaciones deben ser exhaustivas, independientes y transparentes, sin excusas ni demoras, para que nunca más suceda una tragedia como la que se ha sufrido y las personas disfruten de justicia, dignidad y protección.

Este año el 8M ha cumplido 50 años, la ONU proclamó en 1975 el primer Día Internacional de la Mujer. Pero ese día, en España, con Franco, no existieron protestas, la conmemoración se puso bajo la tutela de la Sección Femenina, la rama femenina de la Falange Española de las JONS, dirigida por Pilar, la hermana de Primo de Rivera, su fundador, constituida en Madrid en 1934. Perduró durante 40 años hasta la muerte de Franco.

Un arranque significativo de la defensa de los derechos humanos de las mujeres tuvo lugar en 1979 con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Un tratado internacional clave que aborda la discriminación de género y proporciona protecciones específicas para los derechos de las mujeres. Establece una declaración internacional de derechos de las mujeres y niñas, y define las obligaciones de los Estados para asegurarse de que las mujeres pueden disfrutar de esos derechos.

La celebración del 8M en España ha tenido lugar, desde 2022, con fisuras. Lamentablemente, ya son cuatro años de fisuras en el movimiento feminista, que no tienen visos de cerrarse. En Valencia, en 2022, el feminismo se dividió en dos manifestaciones, al igual que en otras localidades, que tuvieron diferentes recorridos. La Asamblea Feminista y la Coordinadora Feminista fueron las organizadoras de las marchas.

El movimiento feminista sigue, pues, fracturado con dos heridas que parecen irreconciliables: la del abolicionismo de la prostitución y la de las personas trans.

La Assemblea, que es más minoritaria que la Coordinadora, reconoce a las trabajadoras sexuales y pide más derechos para las personas trans. Por su parte, la Coordinadora exige una ley que prohíba la prostitución en todas sus formas, se posiciona abiertamente en contra y afirma que ser mujer no es un sentimiento.

En Madrid, este año ha continuado la división en el feminismo. Al igual que en otras localidades. La primera manifestación, organizada por la Comisión 8M, apelando al espíritu de las históricas Huelgas Feministas, partió a las 12.00 horas desde Atocha hasta Plaza de España. La segunda, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, arrancó desde la Plaza de Cibeles pasadas las 18.00 horas, exigiendo el fin de las violencias contra las mujeres y la abolición de la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler. La marcha convocada por la Comisión 8M fue la mayoritaria.

Este año, en Valencia, tuvo lugar una manifestación convocada por el Moviment Feminista de València, internacionalista e intergeneracionalista, independientemente de las orientaciones de cada grupo participante, que siguen existiendo. Destaca como reto principal erradicar la violencia sexual.

Pero en Valencia sí se ha producido una escisión con los colectivos transfeministas antirraciales, aunados en la Assemblea Feminista, centrados en la denuncia por la gestión de la Dana. Su lema: “recordar, resistir, construir” (“Els feminismes recordem, resistim i construïm des de la rebel.lia”) y actividades de almuerzo, comida y performances antes del inicio de la manifestación, tomando como punto de partida de los actos de la tarde el CIE de Zapadores como símbolo del racismo institucional de las políticas europeas.

Los temas de la abolición de la prostitución y, sobre todo, de la transexualidad estuvieron en la base de las fisuras que se crearon en la anterior legislatura con la agenda queer en la cartera de Igualdad, que culminó con la libre autodeterminación de género y las consiguientes rebajas de penas y excarcelaciones a personas condenadas por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley del “solo sí es sí” (Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual).

El debate sobre la prostitución es histórico dentro del movimiento feminista, pero nunca había provocado una escisión hasta hace cuatro años, existiendo posturas a favor y en contra de la abolición y de la regularización. Sin embargo, la autodeterminación de género, sin necesidad de informes médicos ni de tratamientos, sí la provocó puesto que las feministas históricas alegan que la ley pervierte las históricas reivindicaciones de la agenda feminista. Por la otra parte, se reivindicaba que las personas trans son mujeres.

A lo largo de los años se han ido produciendo avances, qué duda cabe.

La aprobación en 2004 de la Ley Integral contra la Violencia de Género, pionera en Europa porque estableció medidas de sensibilización, prevención, detección, protección y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, no establecía medidas de reparación de las víctimas.

El Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 significó que la víctima no tenía obligatoriamente que interponer la denuncia porque los servicios sociales podían hacerlo. Y se establecieron nuevas medidas con el fin de proteger a las menores, a las víctimas de la violencia vicaria, la económica, la digital, y en el lugar de trabajo, y propone tipificarlas como delito.

Y seguimos avanzando con la creación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, no sin fallos, que ocasionan revictimización de las víctimas y pérdida de confianza en la Justicia.

Por otra parte, el 8 de marzo de 2024 el Consejo de Ministrxs aprobó el Anteproyecto de Ley de Trata. Pero este año seguimos esperando su tramitación. Así como una ley contra el proxenetismo, que decayó tras el rechazo en el Congreso para su tramitación.

Sin embargo, a pesar de las fisuras, lo auténticamente importante: vivir sin violencia ni discriminación, el derecho a la salud física y mental, a los derechos sexuales y reproductivos, a la educación igualitaria, a la lucha contra la brecha salarial de género y contra la discriminación laboral, aúna a todos movimientos feministas. Y se suman otras reivindicaciones por las desigualdades que provoca el cambio climático, por ejemplo, reivindicaciones que son por los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Y así, paso a paso, lucha a lucha se han conseguido los avances de igualdad de derechos de las mujeres.

Cada avance, por pequeño que haya sido, no se ha obtenido sin lucha, porque quienes se benefician del estado de marginalidad de las mujeres sienten las exigencias contra la opresión como una amenaza.

Por ello, es imprescindible la reafirmación en la unidad de acción internacional para defender la equidad en todas sus formas, contra las relaciones desiguales de género, la violencia contra mujeres y niñas, la garantía de una migración de forma segura, entre tantas y tantas otras cuestiones todavía por resolver.

Somos más fuertes cuando trabajamos conjuntamente.

Y cada día nos sorprendemos porque, ni en las peores pesadillas, podríamos imaginar lo que iba a venir después.

En su primer día en el cargo, el presidente Trump lanzó 22 órdenes ejecutivas bajo el lema de su agenda America First (no olvidemos que esta consigna fue el lema contra la entrada de EEUU en la Segunda Guerra Mundial).

Y no solo se trata de órdenes ejecutivas; el presidente arroja ideas políticas macabras como expulsar a la población gazatí y convertir Gaza, bajo autoridad americana, en un resort turístico. O juicios insensatos como afirmar que Zelenski es un dictador que inició la guerra en Ucrania y que no le queda más opción que (mal)vender sus materias primas si quiere acabar la guerra en su país.

No satisfecho con sus ataques al Gobierno de Ucrania en diferido organiza una encerrona a su presidente y, a puerta abierta y rodeados de medios de comunicación, Trump y su vicepresidente le chillan y le insultan porque Zelenski pidió garantías de seguridad para Ucrania de parte de EEUU para evitar la posibilidad de que Putin decidiera volver a atacar a Ucrania cuando hubiera terminado la guerra. Una disputa agria nunca vista en la Casa Blanca. ¿Qué veremos mañana? ¿No hay freno a estas temeridades?

Y nos preguntamos si sus órdenes ejecutivas no atentan no ya solo contra los derechos humanos sino contra la misma Constitución de los EEUU. Una histórica campaña de deportación masiva para expulsar a millones de personas indocumentadas del país. Obstáculos a la admisión legal de las personas refugiadas, que empoderará a los traficantes de personas y podrá acarrear problemas empresariales. Fin de la nacionalidad por nacimiento, con lo cual niños y niñas se convertirían en apátridas. Congelamiento de ayudas que conllevará recortes en la ayuda internacional. Bloquear el acceso a la anticoncepción, lo que forzará a abortos clandestinos. Retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sanciones contra la Corte Penal Internacional, que garantiza que las personas responsables de atrocidades no puedan sustraerse a la justicia. Restaurar la “verdad biológica” por la que solo se reconocen el género masculino y femenino, y que pone fin a los programas federales de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Aumentar la aplicación de la pena de muerte, con el argumento de que disuade de la comisión de delitos. Retirada de la Organización Mundial de la Salud, que controla graves enfermedades y epidemias.

Tantas y tantas decisiones inconcebibles antes de Trump que no podríamos comentar ni siquiera someramente algunas de ellos.

Nos vamos a detener en una de las primeras que nos impactó (sin imaginar lo que vendría después) y que, ante tantos desvaríos, ya nadie habla de ella. En una medida que va a suponer un grave retroceso en la lucha contra el calentamiento global, el cambio climático que estamos viviendo y que representa una grave amenaza contra los derechos humanos generando hambre, desplazamientos masivos y desastres devastadores.

Trump se retira del Acuerdo de París de 2015, el tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante cuyo objetivo es limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Para Trump, este Acuerdo y otros acuerdos internacionales sobre el cambio climático son injustos para EEUU y perjudiciales para la economía y las empresas estadounidenses.

EEUU ya se retiró cuando Trump llegó al poder en 2017, aunque la retirada no se produciría hasta noviembre de 2020. Biden reincorporó a EEUU al Acuerdo. Ahora deberá pasar un año para que la nueva salida sea efectiva. La retirada eliminará del país la obligación de reducir sus emisiones y podría inducir a otros países a reducir su compromiso.

El Acuerdo fue adoptado por 196 Partes en la COP21 en París, el 12 de diciembre de 2015, y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, con el objetivo de limitar el calentamiento mundial por debajo de 2ºC y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5ºC.

El Acuerdo no da, evidentemente, respuesta total a la crisis climática, pero sí proporciona un medio para que los países con menos ingresos tengan voz junto con los de mayores ingresos.

Está claro que Trump ha declarado de nuevo la guerra a las energías limpias apostando por los combustibles fósiles. Siendo el país el mayor productor mundial de gas natural y el principal exportador de gas natural licuado, el nuevo gobierno se propone aumentar la oferta con la práctica del fracking (fracturación hidráulica), una de las formas de extracción de combustibles fósiles con mayor impacto ambiental, ya que los productos químicos utilizados pueden contaminar el agua potable, liberan metano e incluso provocan algunos terremotos.

Trump quiere que el país sea “nuevamente rico” y ese el “oro líquido” en su interior es para él la clave: "Drill, baby, drill" (“perforar, perforar y perforar”), en busca de petróleo y gas, y dar prioridad a la eficiencia económica restringiendo compromisos exteriores que afecten a la política energética. En su discurso de investidura dijo que EEUU tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y que va a utilizarlas. Su tesis: la inflación y la crisis energética fueron causadas por políticas climáticas extremistas y una sobre-regulación que sofoca empresas y familias, lo que significa un ataque directo a las energías renovables. Entre otras cosas: fin de los subsidios a los vehículos eléctricos y protección de los de gasolina.

Tiene claro que la industria de inteligencia artificial (IA) exige altas demandas energéticas y esto será una prioridad estratégica para competir con China en primer lugar.

Poco le importa que EEUU sea el segundo país mayor contaminante de gases de efecto invernadero, porque ya en 2017 negaba que existieran riesgos relacionados con el cambio climático, y tiene el propósito de obstaculizar los mercados de energía limpia, a pesar de que el año pasado fue el más caluroso registrado y que su país sufriera una espantosa oleada de incendios e inundaciones.

Trump ha declarado una “emergencia energética nacional” por lo que ordena explotar los recursos energéticos nacionales, fomentando la producción de energía en tierras y aguas federales para convertir a EEUU en líder de la minería no energética, incluidas las minas de tierras raras, así como poner fin a las subvenciones a los vehículos eléctricos, eliminar los permisos para la energía eólica…

Trump lo tiene claro: la culpa de la inflación la tiene la escalada de precios de la energía, de modo que hay que desmantelar todo lo relacionado con la transición energética y ecológica de la anterior legislatura.

Pero ¿de verdad estas medidas van a multiplicar la producción de petróleo y harán bajar los precios? Pero si, en realidad, EEUU produce ya más petróleo que ningún otro país y las compañías petroleras dicen que no tienen prisa por aumentar la producción, puesto que un exceso de perforaciones tiene como consecuencia un exceso de oferta y un desplome de precios.

Lo cierto es que su objetivo es lograr un total autoabastecimiento y no depender de importaciones de países de la OPEP, a costa de las consecuencias catastróficas que puedan acarrear sus medidas.

La crisis climática es una espantosa amenaza contra los derechos humanos acarreando hambre, pobreza, devastación que, por descontado, afectará a las poblaciones más marginadas.

Ignorar la crisis climática no impedirá su evolución y abandonar el Acuerdo de París, entre otras medidas como el fortalecimiento de la industria fósil, multiplicará el impacto del cambio climático (incendios, huracanes, lluvias torrenciales, sequías, aumento del nivel del mar, enfermedades…).

Pero los demás países resisten y mantienen su rumbo, porque luchar contra el cambio climático salva vidas. Numerosas organizaciones seguirán defendiendo los derechos ambientales, que son derechos humanos, y seguirán movilizándose para garantizarlos, porque EEUU no puede abandonar su compromiso con la humanidad.

“Como organización de derechos humanos de base más antigua y mayor del mundo – afirma Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos - recordamos a la administración Trump sus responsabilidades y estamos dispuestos a defender los derechos humanos como hemos hecho siempre con independencia de quién esté en la Casa Blanca.”

El alto el fuego en Gaza entró en vigor el 19 de enero y las primeras rehenes israelíes y prisioneros palestinos fueron liberados como parte del acuerdo de liberación gradual de rehenes a cambio de prisioneros palestinos.

Fue la primera fase del pacto que pausa durante seis semanas el conflicto que dura ya quince meses. Más de seiscientos camiones con ayuda humanitaria entraron en la franja y se evacuaron pacientes de Gaza para recibir tratamiento médico en el extranjero al abrirse pasos fronterizos. Miles de desplazados iniciaron su periplo por la zona.

Desde entonces se han efectuado tres intercambios más, el cuarto el 1 de febrero. 

Pero con el cese de los bombardeos no termina el genocidio. Es urgente la reconstrucción de hospitales, el restablecimiento del servicio de agua y la entrada de combustible entre tantas acciones imprescindibles para restablecer mínimamente una vida digna.

Informe sobre Genocidio

El 5 de diciembre, Amnistía Internacional, tras llevar a cabo una investigación, hizo público un informe: “Es como si fuéramos seres infrahumanos: el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza”, habiendo encontrado elementos suficientes para llegar a la conclusión de que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada.

El informe de Amnistía demuestra que Israel ha llevado a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio, con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza.

¿Sabemos exactamente lo que significa “genocidio”?

La Convención sobre genocidio de Naciones Unidas de 1948 lo definió como una actuación con intencionalidad de exterminio sistemático de un pueblo, grupo étnico, racial, nacional o religioso. Previamente, en 1944, el abogado polaco R.Lemkin había acuñado el término.

La primera vez que se incluyó el término en el derecho internacional fue en el acta de acusación de los juicios de Nuremberg.

Los principales genocidios durante la historia han sido: el Holocausto, las matanzas de Ruanda en 1994, los asesinatos de Camboya en 1975, la masacre de Srebrenica en la guerra de Bosnia (1992-1995), el ataque del Estado Islámico contra la población yazidí en Irak en 2014 y en 2017 la persecución contra la minoría musulmana rohingya en Myanmar.

¿Cuáles son las consecuencias para el país que perpetra genocidio?

Sanciones por parte de la comunidad internacional, intervenciones militares o procesos judiciales en tribunales, como la Corte Penal Internacional, así como aislamiento diplomático, que significa que el país puede ser expulsado de organizaciones internacionales.

Es decir que no se trata de una mera calificación del mayor crimen contra la humanidad, sino que los responsables pueden ser llevados a juicio, además de que el Estado atacante puede ser considerado responsable bajo el Derecho Internacional, enfrentándose a demandas y condenas en tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia.

Las sanciones económicas pueden ser el congelamiento de activos, restricciones comerciales (como embargos), así como desinversión y boicots.

En casos extremos, la comunidad internacional puede autorizar intervenciones militares, como se vio en los conflictos de Ruanda.

Repercusiones de la declaración de “genocidio” para Israel

En el caso que nos ocupa, el genocidio contra la población palestina, los Estados que continúen transfiriendo armas a Israel en este momento deben saber que están incumpliendo su obligación de impedir el genocidio.

En la ofensiva militar que Israel lanzó, tras los mortales ataques liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, se han cometido actos genocidas contra la población palestina, desafiando las advertencias sobre la catastrófica situación humanitaria y en contra de las decisiones jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, en las que se ordena a Israel tomar de inmediato medidas para posibilitar la prestación de asistencia humanitaria a la población civil gazatí.

A pesar de que Israel sostiene que sus acciones en Gaza son legítimas y que están justificadas por su objetivo militar de erradicar a Hamás, es evidente que la intención genocida puede coexistir con los fines militares de destrucción física de la población palestina de Gaza.

Los crímenes cometidos el 7 de octubre de 2023 y la toma de rehenes no pueden justificar el genocidio de Israel contra la población palestina gazatí. Queriendo eliminar a Hamás, Israel he venido destruyendo a la población palestina, negándose a abrir suficientes puntos de acceso a Gaza o eliminar las estrictas restricciones impuestas a la entrada en el territorio o los obstáculos a la distribución de la ayuda en él.

¿Existe de verdad una impotencia para detener el genocidio?

No, los Estados deben pasar a la acción con medidas internacionales enérgicas y continuadas. La expresión de la consternación ante los hechos no vale para nada. Todos los Estados deben hacer todo lo posible para que se haga justicia, se rindan cuentas y se detenga el genocidio. La inacción de la comunidad internacional debe acabar y se debe levantar el bloqueo de Gaza, así como permitir el acceso de observadores independientes de derechos humanos para poner en evidencia las violaciones de derechos humanos cometidas.

Hamás ha cometido numerosos crímenes de guerra por los que debe rendir cuentas ante la justicia internacional, pero siendo uno de los objetivos de la ofensiva militar de Israel contra Gaza eliminar a Hamás su intención es también destruir a la población palestina de Gaza.

Israel es perfectamente capaz de librar una guerra más selectiva contra el grupo armado, una guerra que cumpla con las exigencias del derecho internacional humanitario, utilizando métodos menos lesivos contra la población. 

Para los ataques indiscriminados en Gaza no puede haber ninguna justificación.

La justicia implica abordar el apartheid y la ocupación militar impuesta en el Territorio Palestino Ocupado.

Como cada año, por desgracia, tuvimos que alzar la voz el 25N en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para denunciar las relaciones de poder sobre las mujeres, la violencia física, psicológica, las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones y la privación de libertad.

No lo olvidemos: violencia sexual es cualquier acto de naturaleza sexual NO consentido.

¿Y qué mayor violencia, qué mayor coacción y privación de libertad que la gravísima violación de los derechos humanos que significa la trata? la esclavitud de nuestro tiempo, una atroz forma de violencia de género con lo que acarrea: reclutamiento de personas (mujeres y niñas en su inmensa mayoría), transporte y confinamiento usando el engaño, la fuerza, la coerción, el abuso de poder, con el propósito ruin de explotarlas sexual y/o laboralmente, incluso de forzarlas al matrimonio. Mujeres y niñas en situación de pobreza, de exclusión social que, a menudo, recurren a la migración sin documentación.

La captación incluye promesas de empleo a mujeres que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad en sus países de origen, no exenta incluso de secuestro.

¿Qué ocurre en los países de llegada? Control absoluto de sus vidas por medio de violencia, retención de documentación y amenazas a las familias que han dejado atrás. 

Lo que se esconde detrás de la trata es la terrible desigualdad de género, conflictos sociales y bélicos, crisis humanitarias y, no lo olvidemos, una demanda de servicios sexuales y el negocio lucrativo que alimenta.

¿Cuáles son las consecuencias?

Estigmatización, enfermedades, traumas.

Son diversos los enfoques en la lucha contra la trata.

Legislaciones, cooperación internacional, protección y, sobre todo, prevención, la clave para reducir la vulnerabilidad de las personas susceptibles de ser captadas para la trata. Estrategias preventivas por medio de controles de migración para mujeres en situaciones de riesgo, lucha contra la pobreza, capacitación y acceso a oportunidades laborales. Los instrumentos contra la trata estaban demasiado vinculados al control migratorio y es necesario abordar el problema de forma integral.

Una vez que ya las víctimas han sido captadas es urgente garantizar su protección por medio de refugios y asistencia legal, médica y psicológica, reparación de los daños y repatriación segura, evitando ponerlas en riesgo de caer nuevamente en manos de los traficantes.

Amnistía Internacional ha reclamado durante años una ley integral contra la trata de personas con perspectiva de derechos humanos, de género e infancia.  Miles de personas apoyaron con su firma la petición de la organización.

Por fin, en el Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de marzo, se expone que la lucha contra la trata no puede limitarse a la persecución penal de esta forma de explotación de personas vinculada a la migración irregular y de tráfico de migrantes y criminalidad organizada. En abril, Igualdad inició el trámite de audiencia e información pública del Anteproyecto.

Es indispensable perseguir el delito luchando contra las redes organizadas. Para ello, los Estados deben comprometerse en colaboración reforzando los mecanismos de persecución, y las entidades especializadas de la sociedad civil deben participar asistiendo a las víctimas mediante una sólida estructura de tutela institucional y evitando la victimización secundaria en los procesos administrativos y judiciales.

Tengamos claro que la trata es diferente del tráfico ilegal de personas. La trata implica fines de explotación, es una forma de esclavitud y los Estados tienen la obligación de actuar para prevenirla, investigar y procesar a quienes la comenten y proteger a las víctimas, convertidas en mercancía. La trata en sí no es siempre producto del cruce de fronteras, pero sí está estrechamente interrelacionada con los procesos migratorios; de hecho, muchas mujeres caen en la trampa de la trata durante el trayecto migratorio. Y España, puerta de entrada de migración en Europa, es un país de destino y tránsito para las víctimas de la trata. Precisamente, el componente transnacional contribuye a hacer extremadamente complejo el conocimiento de la dimensión de la trata, que se alimenta con la discriminación y la desigualdad estructural de las mujeres y niñas en las sociedades emisoras de emigración, con minorías étnicas. Si bien en el tráfico de personas el objetivo constituyente del delito es el cruce de fronteras internacionales de manera ilegal, la trata puede darse tanto dentro como fuera de un país.

Finalmente, es absolutamente indispensable tener presente siempre la perspectiva de género para comprender las consecuencias de este delito, que se basa en un negocio muy lucrativo para los cuerpos de delincuencia organizada mundial. Prácticamente la totalidad de las víctimas con fines de explotación sexual son mujeres y niñas que se enfrentan al problema de la invisibilidad determinada por la estigmatización basada en prejuicios y miedo a la deportación por encontrarse en situación irregular.

Cada año nos ponemos en marcha el 25N el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. No debería ser un día sino 365. La sociedad civil cada día lo tiene más claro.

En 2023 se puso el foco en la violencia sexual de mujeres bajo el lema #SeAcabó y, desgraciadamente, en 2024 nos hemos visto obligadxs a seguir haciéndolo. #SeAcabó y #NoEstásSola siguen siendo los lemas.

El 25 de noviembre 2024 se cumplieron 20 años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, primera y única ley integral contra la violencia de género en Europa. La trata de personas es la peor violencia de género que pueda existir. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama de manera inequívoca que es fundamentalmente inmoral e ilícito que alguien se apropie de la personalidad jurídica, el trabajo o la humanidad de otra persona. La esclavitud, la servidumbre, la explotación sexual, el matrimonio forzado, la prostitución forzada y la explotación de la prostitución son prácticas relacionadas con la trata prohibidas por la Declaración.

Por otra parte, Amnistía Internacional alerta de que tras más de dos años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual las víctimas están en riesgo de desprotección. Por la lentitud del Gobierno en impulsar las medidas para la prevención, asesoramiento, acompañamiento y protección de las víctimas de violencia sexual. Y por la falta de compromiso de algunas comunidades autónomas para poner en marcha recursos seguros como los centros de atención continua y especializada para atender a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual.

Luchar contra esta violación de derechos humanos debería ser una prioridad para todas las autoridades públicas.

La vergonzosa e inhumana lacra de la esclavitud producto de la trata debe acabar. Y los gobiernos, todos los gobiernos, tienen esa responsabilidad.

El apartheid de género debe ser reconocido en el derecho internacional para extender la protección plena de las mujeres y las niñas de todo el mundo.

Pero Amnistía Internacional sigue recordando a las autoridades que legislar por sí sólo no basta. Ninguna ley o normativa será suficiente si no va acompañada de un verdadero compromiso de las autoridades para ponerla en práctica y de una auténtica presión de la sociedad civil.

Nos sobrecoge la situación de extrema gravedad por la que atraviesa nuestra tierra; estamos de luto por las personas que han perdido la vida y por sus familias, al tiempo que nos enorgullecemos de la grandiosa solidaridad de nuestra gente.

No podemos decir lo mismo de las autoridades, estatales y autonómicas, cuya inoperancia, cuya incompetencia, ha multiplicado las consecuencias de la catástrofe. Las rivalidades políticas son más fuertes que la necesidad de tomar medidas urgentes y absolutamente urgentes y necesarias.

Recientemente, la sociedad civil se alzó en bloque contra el gravísimo problema de la vivienda.

Sí. La vivienda está en crisis en todo el país. Y ahora, en nuestros pueblos y barrios, se ha ahogado. Literalmente.

Poco antes de nuestra terrible riada, las calles vieron multitud de concentraciones y manifestaciones en todo el país.

¿Por qué?

Porque en mayo de 2023 entró en vigor la primera Ley Estatal de Vivienda tras más de un año de negociaciones entre grupos parlamentarios.

Y hay adelantos, cierto: medidas como el control del incremento de precios de alquiler, la promoción de más vivienda social, el aumento de la protección de personas vulnerables en los procesos de desalojo (es decir que personas sin recursos tengan una vivienda alternativa garantizada).

Pero, ¿dónde están los escollos? En que la competencia en materia de vivienda es de las Comunidades Autónomas. En que no se han establecido porcentajes mínimos de crecimiento de vivienda social. En que no se blinda el carácter social de las viviendas para garantizar que este parque público esté disponible para las personas más vulnerables. En que los precios de los alquileres se van a la estratosfera y los jóvenes, y no tan jóvenes, se ven obligados a seguir viviendo con sus progenitores o a compartir vivienda, ya que hay que dedicar la mayor parte del sueldo a pagar el alquiler.

Se nos olvidan las leyes, las promesas, los compromisos, las declaraciones…

¿Oiremos más promesas por la destrucción que la riada ha provocado?

Seguro. De eso no falta nunca, pero prometer no es dar trigo.

Pero, ¿terminarán como las promesas de La Palma?

Se olvida que la vivienda forma parte de los derechos contenidos en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Parece que también la Carta Social Europea Revisada, en su artículo 31, que establece la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda y para ello favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente.

Y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE del año 2000 que reconoce el derecho a una ayuda de vivienda a quienes no dispongan de recursos suficientes.

Pero no hace falta irse tan lejos. Nuestra Constitución, en su artículo 47, protege el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

¿Cómo no vamos a congratularnos por la entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda? Pero no vemos en ella un sistema de inspección que asegure su cumplimiento ni un régimen sancionador para su incumplimiento.

¿Es cierto que se van a contener los precios? ¿Se va a garantizar que las personas vulnerables puedan trasladarse a una vivienda digna en el proceso de desalojo? ¿De verdad va a crecer el parque de vivienda social?

Incertidumbres.

La Ley era necesaria, pero es insuficiente por sus lagunas.

Los precios de los alquileres deben contenerse, se debe impulsar un Plan Estatal de Vivienda Pública, contener las licencias de pisos turísticos…

Valencia se sumó a las manifestaciones en toda España.

Ahora está sumida en la entrega a las personas que se han quedado en la calle, no tiene tiempo para políticas, solo para palas, botellas de agua y bolsas de comida. Para echarle fuerza y ganas de ayudar y socorrer. Y es lo que están haciendo, por miles.

El 19 de octubre miles de valencianos se manifestaron con el lema “València s’ofega” (Valencia se ahoga). ¿Quién nos iba a decir que sería una afirmación literal?

Cerca de 200 colectivos secundaron la movilización que recorrió el centro de la ciudad. La Delegación del Gobierno estimó la participación en unas 15.000 personas. El lema rememora la riada de 1957 en la ciudad: una metáfora de la subida de los precios y la “inundación” de apartamentos turísticos. Y, de nuevo, estamos sumidos en otra riada.

Es importante contar con la Ley Estatal de Vivienda, pero no podemos contentarnos con su contenido. Y menos ahora. Las reivindicaciones sociales por sus carencias continúan. Deben continuar. Y lo harán.

La consideración de la vivienda como un derecho y no como una mercancía está en la base de todas las reivindicaciones.

Y ahora, más que nunca, en nuestros barrios y pueblos.

Acción eficaz, por favor. Es urgente.

Los talibanes han prohibido el sonido de la voz de las mujeres en los espacios públicos en Afganistán endureciendo más si cabe – siempre cabe más en ese país – la represión social ejercida sobre ellas.

Como nos recuerda M.Martínez-Bascuñán (El País 1/9/24), en el primer canto de la Odisea ya se advierte que “la palabra queda al cuidado de los hombres”, ¿y dominar el discurso no es acaso dominar el mundo?

La Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ha incluido la prohibición de que se escuche la voz de la mujer. Dicha ley, un documento de 35 artículos ratificado por el líder espiritual supremo, ha sido publicado el 21 de agosto. A pesar de que desde la retirada de las tropas occidentales en 2021 se instauró el apartheid de género, todavía no existía una base legal para el mismo, por lo cual ahora ya pueden castigar “con todas las de la ley” cualquier infracción a esa dictadura férrea contra las mujeres. Pueden detener, confiscar los bienes y ejecutar cualquier castigo que le parezca oportuno y ejemplificador al Ministerio de Justicia.

No era suficiente con no permitir estudiar a las niñas mayores de 12 años, ni integrarse en el mundo laboral, ni vestir ropa que no sea siguiendo el código de vestimenta establecido, ni salir de casa si no es acompañadas por un mahram (un hombre de parentesco cercano como el padre, el hermano o el marido), ni practicar deporte, ni utilizar medios de transporte si no es en la zona segregada, ni elegir con quién contraer matrimonio, ni asomarse a una ventana, ni cantar, ni ir a una peluquería, ni elevar protesta alguna…

No era suficiente. Había que enmudecerlas.

En Afganistán, las mujeres nos gritan que no las olvidemos, que hablemos de ellas, pero en esta ocasión no ha pasado de una mera noticia excéntrica, “se prohíbe la voz de las mujeres en Afganistán”. Ya está dicho.

Por otra parte, qué atención prestamos a la represión de las mujeres en Irán? Es cierto que en los dos aniversarios de la muerte de Mahsa Amini ha habido incluso algún pequeño reportaje en las noticias. Pero las noticias son eso, “noticias”, informaciones sobre hechos relevantes que se considera interesante divulgar por ser novedoso o atípico. Y la repetición de los castigos infligidos a las mujeres, tanto en Afganistán como en Irán, deja de ser noticiable frente a las sucesivas violaciones y asesinatos de mujeres con que nos encontramos continuamente en nuestro propio país.

Parece que se nos olvida que la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, fue detenida en 2021 por su trabajo en favor de los derechos humanos y cumple una condena de 12 años, 11 meses y 154 latigazos. Seguimos pidiendo su libertad por todos los medios, como las ciberacciones.

Las autoridades iraníes están intensificando las patrullas callejeras de la policía de la moralidad contra las mujeres que se niegan a seguir los estrictos códigos de vestimenta impuestos. Tras la muerte de Amini, el 16 de septiembre de 2022, se produjo el mayor nivel de agitación ciudadana en décadas. Dos años después del levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad” los responsables de delitos siguen impunes, silenciando a los familiares que buscan la verdad y la justicia por los homicidios cometidos a base de detenciones, enjuiciamientos, amenazas… A las mujeres que las sorprenden conduciendo se las persigue y se confiscan sus vehículos, y no se libran de encarcelamiento, flagelación y penas degradantes.

Se ha observado un evidente aumento de las patrullas de seguridad a pie, en motocicleta, en automóvil y en furgones policiales en los espacios públicos para hacer cumplir la obligatoriedad del uso de velo.

Pero siempre hay más. Un Proyecto de Ley de apoyo a la cultura de la castidad y el hiyab, con el que pretende legalizar la intensificación del ataque de las autoridades a las mujeres y las niñas que no lo usen.

Me pregunto cómo el feminismo occidental no se escandaliza más por estos hechos. ¿Qué nos pasa? ¿Solo nos preocupamos por nosotras aquí y ahora? ¿Nos pillan de lejos estas aberraciones y por eso nos inhibimos tanto?

No podemos, no debemos ser personas tan egocéntricas. De acuerdo que quienes somos activistas de una ONG tenemos más empatía ante estos despropósitos. Organizaciones como Amnistía Internacional tiene siempre presente a estas mujeres con sus acciones. Pero ¿no habría manera de sancionar estas crueldades?

Los occidentales nos fuimos de Afganistán de manera escandalosamente precipitada (aunque estaba claro que las tropas se retirarían 20 años después del ataque de las Torres Gemelas), y había que ser peor que ingenuos para creer que los talibanes respetarían una forma de vida medianamente occidental o que, por lo menos, tuviera un mínimo respeto por los derechos humanos.

Y así estamos, esperando la próxima ocurrencia perversa del gobierno de cualquier país contra las mujeres. A veces he leído que es como si volviesen a la Edad Media… ¡qué va! Si pudieran elegir esas mujeres abrazarían gustosas las costumbres medievales más liberales que las actuales pegadas a la sharía. 

Amnistía Internacional -

¡Cuántas personas han pensado en algún momento de su vida hacer algo por los demás! Las obligaciones cotidianas condicionan esa ideal inclinación, se posterga… cuando saque tiempo el año que viene, cuando lxs niñxs sean mayores, cuando no tenga tanto trabajo, cuando me jubile… 

A veces, cuando nos asaltan tantas noticias que indignan, la conciencia nos dice que indignarse de poco vale.

Puede que se calme esa conciencia empática con una cuota a una ONG, y está muy bien. Sin fondos no se puede vertebrar una Organización no Gubernamental. 

Pero tal vez no se sabe que hay muchas opciones que permiten ser activista con poco tiempo y tener la satisfacción de ejercer el activismo por personas vulnerables para cumplir objetivos mundiales de derechos humanos siendo agentes motivadores. 

El activismo aplicado a los derechos humanos significa reaccionar con compromiso ante las injusticias y la discriminación, con el fin de asegurar el respeto a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, creando un impacto social e influyendo en las políticas gubernamentales para lograr los cambios necesarios en la sociedad.

Hay tantas y tan variadas formas de impulsar sociedades más justas, pacíficas e inclusivas… Voluntariado comunitario para sumarse a movimientos cívicos para resguardar la cultura; voluntariado de exclusión social para defender y promover los derechos de colectivos marginados o discriminados; voluntariado en cooperación al desarrollo para fomentar las capacidades de las personas permitiéndoles insertarse al mercado de trabajo; voluntariado medioambiental para denunciar acciones que dañan el medio ambiente; voluntariado en defensa de los animales como seres vivos que son; voluntariado en protección civil en emergencias por desastres naturales…

Y ahora que empieza el “curso”, que nos hemos comprado una agenda para organizar nuestra vida, se puede hacer algo que nos impulse a la empatía por los derechos humanos.

Vivimos una época terriblemente complicada, y siempre que ocurren grandes problemas económicos y sociales, los derechos humanos se vulneran con más frecuencia.

Se trata de defender los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de manera pacífica y explicando la verdad de las vulneraciones con independencia de ideologías políticas, intereses económicos o credos religiosos. 

Y la manera efectiva de llevarlo a cabo es manejando datos fiables, resultado de una exhaustiva y rigurosa información, comunicación de los hechos y denuncia de los mismos ejerciendo presión sobre quienes pueden garantizar que estas injusticias desaparezcan. 

Es posible trabajar eficazmente por los derechos humanos porque todas las personas llevamos dentro el poder de la humanidad. 

Y este inicio de curso es un buen momento para tomar la decisión de activarse por esa humanidad que compartimos.

Porque el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo.