Si Venezuela fuese hoy un género literario, bien podría caracterizarse de realismo trágico. La toma de posesión de Nicolás Maduro para un nuevo mandato (2025-2031) sitúa al presidente caribeño en el poco honroso panteón de tiranos, reales y ficticios, de la historia latinoamericana. Su asunción es la consolidación de un proceso de autocracia. La autoproclamada victoria sin el respaldo de las actas electorales –solicitadas hasta la saciedad por organismos de derechos humanos, países terceros y opositores– supone una novedad en los modus operandi del chavismo, que hasta ahora había respetado, más o menos, los procesos electorales. Se quebranta así la legitimidad de origen que se supone a todo régimen democrático y se abren, por tanto, las puertas a la dictadura.

El relato de esta tragedia sería incompleto si no se mira también lo que ha sucedido en la oposición en los últimos años. Por un lado, la constancia de que el país no cuenta con un proyecto interno lo suficientemente organizado y plural como para constituir una alternativa sólida frente a Maduro. Es probable que desde las elecciones de 2012, cuando Henrique Capriles lideró una propuesta que supo no solo competir, sino hacer titubear al propio Hugo Chávez, Venezuela no haya encontrado esa oferta. Desde entonces, lo que ha primado han sido intentos de ubicar figuras de confrontación, con una estrategia personalista y articulada desde el exterior. El caso de Juan Guaidó es, sin duda, el más grotesco.

Por otro lado, está la deriva hacia una derecha cada vez más radical, que ha ido fagocitando el espacio opositor hasta presentarse como la única salida a Maduro. Es ahí donde entra en juego María Corina Machado, quien, como otros liderazgos regionales y globales de extrema derecha, ha pasado de ser una fuerza residual a ocupar el centro del tablero político. En ese sentido, y debido a la inhabilitación de Machado como candidata, la figura de Edmundo González –diplomático de oficio– ha de entenderse como un intento de suavizar posiciones, al menos en las formas. Un tándem que bien podría emular esa fórmula utilizada cuando hay candidatos proscritos, y que para el caso sería “González al gobierno, Machado al poder”.

A ello se une otro factor clave, y es el contexto regional que vive ahora mismo el continente americano, a apenas diez días de la toma de posesión de Donald Trump y con un Javier Milei que consolida su rol de líder en esa suerte de internacional reaccionaria, que tiene mucho de digital y que parece alimentar hoy Elon Musk. No es casual que la primera parada de González en su gira tras salir de España haya sido Argentina, ni que su gran objetivo fuera reunirse con Donald Trump (algo que, aunque no consiguió, sí conllevó que el estadounidense le reconociese como presidente electo). Tampoco es casualidad que dicha gira está patrocinada por el Grupo Idea, formado en su mayoría por expresidentes de derecha latinoamericana más José María Aznar, Mariano Rajoy y… Felipe González.

Es de esta forma cómo el conflicto actual que vive Venezuela se ha internacionalizado como un asunto no solo de democracia contra dictadura, sino de jugada estratégica para las derechas, tanto en el escenario global, como para consumo interno en algunos países. En este último caso, la grandilocuencia con que algunas fuerzas de derecha y extrema derecha condenan al régimen de Maduro (que, por otro lado, contrasta con el silencio o desinterés hacia otras dictaduras) se ha convertido ante todo en un arma arrojadiza contra las fuerzas progresistas nacionales, convirtiendo Venezuela en un asunto de política doméstica. Sin duda, España representa un buen ejemplo de esta dinámica, donde el Partido Popular lleva años utilizando Venezuela como referencia habitual para atacar al Gobierno, hasta el punto de ubicarlo en el mismo campo semántico del “sanchismo”, como dos caras de una misma moneda. La concentración en la Puerta del Sol del pasado jueves, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, o las palabras de la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, trazando un disparatado paralelismo entre los actos de conmemoración en España por la muerte del dictador Francisco Franco y la toma de posesión de Maduro, son ejemplos de una estrategia recurrente que ha empleado como nadie la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Este ruido no debería desviar la atención de la pregunta de fondo: ¿cuál es la salida hoy en Venezuela? Máxime cuando todo parece indicar que Maduro y la élite en el poder se van a atrincherar en sus posiciones, con un régimen cada vez más opaco y paranoico, y buscando en China y Rusia su principal apoyo. En América Latina, por su lado, estos apoyos –a excepción de las irrelevantes Cuba y Nicaragua– parecen menguar y, en esa clave, la posición de rechazo (Chile) o frialdad (México, Colombia o Brasil) que han mostrado los gobiernos progresistas de la región aíslan aún más a Maduro, quien encerrado en su propio laberinto podría, en un tiempo, verse forzado a seguir negociando una transición pacífica. Una vía que, siempre que tenga como objetivo primordial evitar un baño de sangre, requiere de sigilo, genuino apoyo a la democracia (la UE y España, en concreto, pueden jugar un papel crucial) y la paciencia necesaria que conlleva entender que, a diferencia de la ficción, el realismo mágico no funciona demasiado bien en la resolución de conflictos.

¿Tiene sentido un día de la identidad nacional? Y si es así, ¿cuándo y cómo debería de ser? Cada año, cuando llegan estas fechas, en la asignatura de Sistema Político Español abrimos un debate en torno a esta cuestión y el significado del 12 de octubre. Durante los tres últimos cursos, se ha convertido además en un clásico que, antes de comenzar la discusión, hagamos una escucha previa de '12 de octubre: cinco fechas alternativas para la Fiesta Nacional', de Juanlu Sánchez en Un tema al día. El podcast –que no pierde vigencia– explora cómo otros países celebran su día nacional y, sobre todo, si en España podría pensarse en fechas diferentes que apelen a otros referentes de su historia. Tras la reflexión colectiva, la clase concluye con una encuesta, cuyo resultado se repite año a año, con el 19 de marzo y el 6 de diciembre como opciones más votadas, y el 12 de octubre como última preferencia.

Sin ser lógicamente una encuesta significativa en términos estadísticos, la respuesta puede ser sintomática, tanto por los argumentos surgidos durante el debate -que ahora desgranaremos-, como por reflejar el cuestionamiento creciente a nuestra Fiesta Nacional dentro y fuera de España. La pregunta, entonces, se vuelve ineludible: ¿por qué molesta tanto el 12 de octubre? Antes de adentrarnos en las causas, habría que señalar que estamos ante un grupo bastante heterogéneo, con mayoría de estudiantes españoles, pero con una nutrida representación de alumnos franceses (se trata de una titulación conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y Sciences Po-Toulouse), además de varios estudiantes Erasmus y otros provenientes de América Latina. Esta mezcla se vuelve especialmente interesante, ya que son los estudiantes quienes se ponen a sí mismos ante el espejo de su propia identidad, sin ser por ello la nacionalidad un elemento de diferenciación en sus opiniones. 

Volvamos ahora al punto de partida: la celebración de la identidad nacional. Como toda identidad, estamos ante un proceso que es dinámico, que se basa en cómo nos percibimos en relación al otro, ya sea por la vía de la semejanza (nosotros) o de la diferencia (ellos).  Además, las identidades son múltiples y, en ocasiones, contradictorias. De ese abanico, la nacional suele ser una, solo sea por el efecto cotidiano que tiene en nuestras vidas (de “nacionalismo banal”, en expresión de Michael Billig) o por su proyección como comunidad imaginada (concepto de Benedict Anderson). En todo caso, se trata de una ficción. Necesaria o no, ya sería motivo de otra discusión (por ejemplo, durante el debate en el aula, suele haber estudiantes que cuestionan su carácter amortiguador frente a otras identidades, como las vinculadas a los conflictos de clase social). Celebrarla ha de entenderse no sólo como una manera de reforzar la identidad nacional misma, sino también como la forma en que ha de interpretarse. Y es ahí donde entra en juego el 12 de octubre.

La celebración nacional tiene dos rasgos principales: se trata de una festividad que tiene como elemento central un desfile militar, y cuya fecha coincide con el Día de la Hispanidad (denominación, por cierto, establecida por el dictador Francisco Franco en 1958), que conmemora el “descubrimiento” de América por Cristóbal Colón en 1492. La elevación definitiva de esta fecha como Fiesta Nacional se aprobó vía legal en 1987 con el Gobierno de Felipe González, bajo el argumento de que “simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos”. 

Una parte fundamental de cualquier identidad es la memoria sobre la que se constituye, como aquella experiencia que se trae al presente para dotarlo de un sentido determinado. Esto es especialmente relevante para una identidad nacional, ya que según las referencias que se invoquen, se está proyectando la forma en que queremos ser y deseamos que nos vean. Además, por su relevancia, adquiere un cierto carácter fundante de la propia idea de nación. De entre los distintos hitos históricos que podrían haberse elegido, el Gobierno de González optó por dar continuidad a la lectura del franquismo y validar una fecha que representa, ante todo, no un descubrimiento o un proceso de construcción, sino una conquista. Fueron varias las voces que alertaron en su momento sobre el error (si hay que destacar una, la de Manuel Vázquez Montalbán), pero el imperativo del consenso que regía entonces terminó por dar por bueno una pretérita grandeza imperial y, ante todo, la superioridad de España ante el territorio de lo que hoy es América Latina. 

Sin embargo, en los últimos años este consenso ha empezado a resquebrajarse. En ello influye sin duda la ruptura generacional provocada por el 15M en España, pero también el auge de teorías decoloniales que se preguntan por el sentido que adquieren hoy algunos eventos del pasado. Es en este marco en el que hay que situar, por ejemplo, las discusiones abiertas tras la solicitud de disculpas del ya ex Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al Rey de España en 2019 por los crímenes cometidos durante la colonia, y que recientemente han vuelto a primer plano con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien decidió no invitar al Monarca a su toma de posesión, al considerar un menosprecio la falta de respuesta. Con esa postura, es probable que España haya perdido una oportunidad no solo de participar en la construcción de la memoria mexicana sino también de replantear la suya propia. Es más, a juzgar por algunas de las reacciones públicas a este lado del océano, pareciera refrendarse de nuevo la mirada colonial.

Es esta referencia a la memoria colonial la que cuestionan precisamente los estudiantes. Un debate que se enriquece sobremanera con las aportaciones francesas, que encuentran en Argelia su particular espejo hacia el pasado. La diferencia es que, en contraste con España, la Fiesta Nacional de Francia no hace referencia a su experiencia colonial, sino a la toma de la Bastilla (aunque también se caracterice por sus desfiles militares). Es de este diálogo que emana la reflexión sobre cuál podría ser la fecha alternativa más apropiada y aquí es donde el acuerdo surge rápido: alguna de las, probablemente, dos experiencias constitucionales más importantes en la historia del país, ya sea la Constitución de 1812, lo más parecido a una primera expresión de liberalismo político en España, ya sea la Constitución de 1978 que, con sus virtudes y defectos, permitió ante todo dejar atrás un régimen dictatorial y consolidar una democracia estable. Dos eventos que permitirían no solo pasar página a la soberbia colonial, sino también tener como mito un verdadero referente democrático, sobre el que construir hacia futuro. Lástima que el Parlamento no se parezca más a esta clase.

“Porque hay algunos que están pensando que ya me voy y que va a ser como antes o va a ser más ‘fresa’ el gobierno. No, no, no. Aprovecho para avisarles y en buena lid: yo soy ‘fresa’, el ‘fresa’ soy yo”. Así se comparaba Andrés Manuel López Obrador con su sucesora en una de sus últimas “mañaneras”, vislumbrando el perfil que cabe esperar de Claudia Sheimbaun. “Fresa”, en México, es un término similar a cuando se emplea “pijo” en España: de clase acomodada, con pretensiones y cierta ñoñez, que denota un conocimiento superficial de la realidad. Más allá del tono burlón del comentario, el ya ex mandatario, muy hábil en el manejo del discurso, quiso dejar claro que la nueva presidenta será, en muchos aspectos, más dura que él.

Detrás de esa respuesta, lo que sobrevuela es una pregunta que hoy se hacen millones de mexicanos: ¿en qué se diferenciará Sheinbaum de López Obrador? A juzgar por su experiencia como Jefa de Gobierno en Ciudad de México, Sheinbaum –científica de profesión– tomará las decisiones con mayor base en la ciencia (un contraste que se evidenció durante la gestión de la pandemia). A cambio, será un perfil menos empático, que podría por momentos proyectar cierta imagen de frialdad. También es previsible una Presidencia más operativa, racional y parca en palabras, aunque es posible que más rígida. A pesar del rol poderoso de López Obrador, éste fue flexible sobre todo con los gobernadores y no siempre se impuso en los conflictos internos de Morena.

¿Puede hablarse de ruptura? Definitivamente no, pero con el paso del tiempo irá marcando distancia. A pesar de una relación de varias décadas, el origen de ambos es muy distinto: ella viene de una tradición de izquierda, tanto del ámbito familiar, como de su paso por el movimiento estudiantil universitario, mientras que él –ya sea con mucha tierra de por medio– proviene de una cultura política asociada al PRI y sus derivadas. En esa diferenciación será clave la capacidad que Sheinbaum tenga de ganar su propio espacio en Morena. En su contra, cuenta formar parte de la facción minoritaria –el sector más izquierdista–, a su favor, que ha sabido no ponerse al resto de corrientes en contra. Lo mismo sucede con la Presidencia: suceder a López Obrador no es sencillo, debido a esa sensación de vaciedad que deja, pero también comienza con una enorme popularidad (es la candidata más votada en la historia del país) y cuenta con una abrumadora mayoría en el Congreso de la República.

Tampoco serán pocos los problemas que se encuentre una vez sentada en la Silla del Águila (así denominado el asiento presidencial); algunos son incómoda herencia del propio obradorismo. La reciente y controvertida reforma judicial, con la necesidad de ordenar la elección de en torno a 1.600 jueces en el país; el recalentamiento de la economía, con el más que probable escenario adverso en términos de crecimiento, o, sobre todo, la inmanejable situación de inseguridad. La cifra de asesinatos, que volvió a ser récord en un sexenio; el poder omnívoro del Ejército, reforzado durante el mandato de López Obrador; la inclusión de la Guardia Nacional –un cuerpo de seguridad civil– en la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) o los nuevos focos del narco abiertos, entre otras zonas, en Sinaloa serán asuntos que marcarán a fuego el futuro de Sheinbaum, quien se distinguió por reducir la criminalidad en Ciudad de México, y que ahora cuenta en su gabinete con uno de los artífices del logro, el expolicía García Harfuch, nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Como temas novedosos de la agenda política, entrará con fuerza la transición energética, el feminismo y la educación. A diferencia de López Obrador, con una mirada desarrollista clásica y un infructuoso intento de reforma energética a cuestas, Sheinbaum tiene un perfil más ecologista y apostará, casi sin dudas, por fuentes de energía alternativas, en detrimento de los recursos fósiles. Un giro que no será fácil, habida cuenta del peso de Pemex en el país y de la elevada inversión que el expresidente realizó en megaproyectos extractivistas. De igual manera, incorporará una mirada distinta en los otros dos ámbitos, con los que López Obrador tuvo tensiones, cuando no un choque frontal: la educación, sobre todo universitaria, ámbito que la mandataria conoce bien, y el feminismo, que será a buen seguro la bandera del sexenio, en un país marcado por el machismo y en donde se estima que diez mujeres mueren por día.

¿Y España? ¿Cómo serán las relaciones con la nueva Presidenta? A pesar del comienzo tormentoso, con la no invitación al Rey y el simbólico lugar que ha ocupado el reconocimiento de los pueblos indígenas y la época colonial en su discurso de toma de protesta, es posible que el tema vaya perdiendo fuerza, y que haya de entenderse más como un guiño de despedida a López Obrador (para quien la memoria indígena fue uno de sus principales emblemas) que como una postura que guíe la relación diplomática de ambos países. Sobre todo mientras en España continúe gobernando una coalición progresista, con la que, en un contexto regional, antes que después terminará encontrando afinidades. Es posible, además, que el giro energético abra una nueva etapa para algunas de las empresas españolas, que al igual que podría suavizar las relaciones, también podría tensarlas, ya que Sheinbaum querrá inversiones pero no a cualquier coste. Como ya advirtió López Obrador, la nueva titular de la Silla del Águila está lejos de ser una “fresa”.

Cuando un amigo no te invita a su fiesta de cumpleaños es que algo sucede. Un acto de desdén que, salvando las distancias, bien podría aplicarse al ámbito de las relaciones diplomáticas. La decisión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, de excluir de la celebración de su toma de posesión al jefe de Estado español, el rey Felipe VI, no es sino la consecuencia de un malestar creciente. Pero, al igual que sucede con el cumpleaños, podemos mirar hacia otro lado, y decirnos que nuestro amigo pasa por una mala racha o, por el contrario, preguntarnos por el porqué de su enojo. 

A juzgar por la reacción, el Gobierno español parece optar por la primera opción. La lectura fácil, en ese sentido, podría ser: México se ha adentrado en un periodo de populismo que comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que parece continuar ahora Sheinbaum. La secuencia tiene así poco recorrido: México incurre en una descortesía interesada, como cortina de humo a sus problemas internos, apelando a un pasado remoto, y España responde de forma sensata e institucional. El rey es, según la Constitución de 1978, la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales y, en consecuencia, si el Rey no va, tampoco lo hará –por seguir con el símil festivo– nadie de la familia (para el caso, el Gobierno). 

La segunda posibilidad, sin duda la más autocrítica y compleja en todo tipo de relación, obliga a encarar el problema de fondo: ¿por qué está enojado el Gobierno mexicano? Los orígenes del malestar tienen un hito claro: la famosa carta que López Obrador envía en 2019 al rey de España en la que le solicita que presente sus disculpas por los agravios cometidos contra los pueblos indígenas durante la época colonial. Petición que tuvo entonces la callada por respuesta, y cuyo silencio resultó más atronador cuando, tiempo después, el papa Francisco respondió a una misiva similar del mandatario mexicano pidiendo perdón por los “pecados” cometidos por la Iglesia Católica durante la conquista. 

Dice el refrán que no ofende quien quiere sino quien puede, y España –guste o no– tiene todavía esa capacidad sobre México, precisamente por su pasado común. La falta de respuesta evocó en la parte mexicana el imaginario de metrópoli arrogante, mientras que para España se trataba tan solo de un acto –de nuevo el marco– populista. A pesar de ser esta última la interpretación más extendida en el espectro político español, como hemos analizado junto a Daniel Martínez-Lamas en una investigación sobre el discurso de López Obrador hacia España, la propuesta del mandatario iba más allá de un mero ejercicio de manipulación emocional. Se trataba, por el contrario, de una invitación genuina a España a participar conjuntamente en un proceso de memoria histórica abierto en el país, y que pasaba antes de nada por disculparse con los pueblos indígenas. Disculpas que presentó el propio López Obrador en nombre del periodo republicano y también, como se ha señalado, el Papa por los desmanes de la Iglesia. De esa forma, para cerrar el círculo, solo faltaban las disculpas españolas. Algo que no sucedió. 

A la luz de este análisis, España perdió una excelente oportunidad no solo para cerrar heridas históricas, sino también para ser parte del proceso de construcción de la memoria mexicana. Al no hacerlo, provocó una sensación de menosprecio que avivó, junto a la memoria colonial, otras dos dimensiones de memoria: la republicana y la neoliberal. La primera, referida al papel clave jugado por México durante la presidencia de Lázaro Cárdenas –gran inspirador, por cierto, de López Obrador– con el exilio republicano, acogiendo a miles de españoles que huían de la dictadura franquista. La segunda, a la llegada de empresas españolas durante los años ochenta y noventa al país y su importancia creciente en el control de recursos estratégicos. 

La conjunción de estas tres memorias generó una sensación de extrañeza que, cuanto menos, ha removido el terreno emocional mexicano, con una mezcla de imágenes que incluye desde el sometimiento y la imposición cultural (memoria colonial) hasta el saqueo de recursos (memoria neoliberal), pasando por la intransigencia de una élite conservadora y arrogante (memoria republicana). Desde este punto de vista, no ha de extrañar la decisión de Claudia Sheinbaum (quien, además, ha crecido y compartido momentos relevantes de su vida junto a exiliados e hijos de exiliados republicanos). Entender o no ya su decisión depende de si optamos por quedarnos mirando su dedo o, por el contrario, aquello a lo que señala.   

Todo cuanto acontece en Venezuela va acompañado de tal nivel de ruido que produce un inevitable efecto ensordecedor. A esa bulla llevan años contribuyendo de manera interesada la derecha y extrema derecha españolas, que han convertido el devenir del país caribeño en un asunto de política interna, como estilete, primero, contra Podemos y, después, contra el “sanchismo”. Es precisamente ese nivel de decibelios el que, una vez más, acompaña la llegada de Edmundo González a Madrid, donde la estridencia busca imponerse frente a lo que ha sido, de hecho, una acción diplomática eficaz, gracias en buena medida al sigilo con que se movió, aun siendo arenas movedizas, el Gobierno de España.

Esa discreción se debe, sobre todo, a la capacidad de interlocución con todos los actores del espectro político venezolano que ha ido cultivando en los últimos años la diplomacia española. Un logro que pocos países, o ningún otro, pueden adjudicarse. Una virtud cultivada especialmente por la labor del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien no es de extrañar que PP, Vox y sus receptores mediáticos ataquen hoy sin clemencia. Frente a esas embestidas, que acusan al político de un silencio cómplice con Nicolás Maduro, lo que hay es un mediador que con casi toda probabilidad conoce mejor que nadie el laberíntico escenario en el que se encuentra Venezuela. 

Como ha sucedido en otros procesos de paz –que es lo que cada vez más demanda Venezuela–, desde Irlanda hasta Colombia, pasando por el País Vasco, esa mediación sólo puede construirse con una aproximación personal, mucha escucha y pocas palabras públicas. No se trata de entablar una amistad, pero sí de incentivar una actitud de respeto que permita ser visto como un interlocutor legítimo por ambas partes. Si, como pide la derecha, se subiese a la espiral del ruido con una condena retórica del chavismo, es seguro que su misión caribeña habría concluido. 

Es gracias a esa legitimidad que España pudo lograr el salvoconducto para Edmundo González con la aquiescencia del régimen de Maduro. ¿Significa ello connivencia o fortalecimiento del chavismo como plantea ahora la derecha? Definitivamente no. El Gobierno español hizo lo que debía hacer: atender la solicitud de asilo y primar la seguridad de un opositor político en claro riesgo de ser detenido de manera arbitraria. Es importante subrayar esta petición, ya que en el esquema de la derecha pareciera que fue iniciativa del Gobierno sacar a González de Venezuela.

¿Cuáles son ahora los próximos pasos? De nuevo, nos encontramos ante la disyuntiva del ruido –y la furia, podría añadirse– o de la cautela. El PP azuza las aguas, eleva al Congreso una proposición no de ley para reconocer a González como presidente venezolano y promueve manifestaciones –es fácil vaticinar que la de hoy será la primera de unas cuantas– que buscarán una inexorable asociación entre Maduro y Pedro Sánchez. Es aquí donde el Gobierno español deberá mantener la calma y no dejarse arrastrar por el bullicio, si quiere de verdad contribuir a la pacificación de Venezuela.

Esa postura pasa por no reconocer a Maduro como presidente electo, pero tampoco a Edmundo González. Una posición, sin duda, controvertida, y que a buen seguro servirá de alimento para la derecha, pero que es la más productiva si lo que se pretende es una salida viable para Venezuela. El no reconocimiento a Maduro es una cuestión de imperativo moral. Cualquier elección para ser democrática ha de ser transparente y, para ello, sus resultados han de ser verificables, y esto sólo se consigue con la presentación de las actas de votación. Cada día que pasa es menos probable que Maduro presente esas actas que tanto la oposición como la comunidad internacional llevan semanas reclamando. Por ese mismo motivo, tampoco se puede reconocer a González como presidente de unas elecciones que no son legítimas, y en las que las actas presentadas por la oposición tampoco alcanzan, no sólo por las posibles irregularidades que contengan, sino porque para hacer factible un escenario político pacífico en Venezuela se necesita de un resultado aceptado por todas las partes.

Conviene ahondar en este último aspecto. Reconocer a González puede conducir a tres posibles escenarios, que no son incompatibles entre sí. El primero es una fórmula ya conocida: el reconocimiento por parte de algunos Estados (no de todos) de un autoproclamado presidente en el exilio, con un Gobierno paralelo al venezolano. Una situación que ya se vivió con Juan Guaidó y cuyo funesto final aconseja no repetir la historia. El segundo es el enrocamiento del régimen de Maduro. Está claro que Venezuela es hoy un régimen no democrático, pero como describe José Natalson mantiene aún la forma de un autoritarismo caótico, un modelo de creciente autoritarismo, con bastante desorden, pero con algunos intersticios para la disonancia (como tres gobernadores y más de cien alcaldes opositores). Aislar al régimen provocaría, sin duda, un cierre en banda y el aumento de la represión. El tercer escenario pasa por forzar un cambio de gobierno en el país, incluso por la fuerza, con apoyo desde el exterior. Una situación que, como el propio Maduro auguró, podría conducir a un baño de sangre, habida cuenta además de que las Fuerzas Armadas siguen adeptas al régimen.

¿Qué cabe, entonces, hacer en Venezuela? Lo que España ha hecho hasta ahora. Seguir cultivando su papel de mediador, procurando que –ojalá– antes que después los actores vuelvan a la mesa y se establezcan unos acuerdos de mínimos para una transición incruenta en el país. Si se tiene en cuenta además que la opción propuesta por el presidente brasileño, Lula da Silva, de una repetición de las elecciones ha sido ya rechazada por unos y por otros, la solución no puede pensarse en clave electoral y, por tanto, tampoco en un lógica de suma cero, ni de vencedores y vencidos. Venezuela requiere, hoy más que nunca, de ese sosiego que solo garantizan las conversaciones bajo el foco, alejado de ese ruido que tanto gusta a la derecha más recalcitrante y que tan pocas nueces deja.