Cuando llegan las vacaciones escolares, como ocurre durante la Semana Santa, muchas familias reorganizan sus rutinas. Los niños y niñas dejan temporalmente el ritmo de la escuela y aparecen días distintos: más tiempo en casa, visitas a los abuelos, actividades en familia, excursiones o campamentos. Para muchos adultos, estas fechas implican también el desafío de conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos, recurriendo a redes familiares o a recursos comunitarios que ayudan a sostener la crianza durante los días no lectivos.

Sin embargo, hay una realidad de la que poco se habla cuando se mencionan las vacaciones escolares: la de los niños y niñas que viven en el sistema de protección, en hogares o centros residenciales. Para ellos, los periodos vacacionales también llegan, pero no siempre significan lo mismo.

En la infancia institucionalizada, la vida cotidiana está necesariamente organizada a través de normas, horarios y turnos profesionales. Los centros de protección realizan un trabajo complejo y necesario, pero no pueden sustituir completamente aquello que para muchos resulta más significativo durante las vacaciones: la experiencia de compartir tiempo cotidiano con personas adultas de referencia en un entorno familiar.

Mientras algunos niños y niñas esperan con ilusión el final de las clases para pasar más tiempo con sus familias, visitar a sus abuelos o disfrutar de actividades especiales, otros permanecen en recursos residenciales donde la vida continúa con una organización más institucional. En estos contextos, las vacaciones escolares pueden ser vividas de formas muy diversas: como una oportunidad para realizar actividades diferentes, pero también, en ocasiones, como un recordatorio de las distancias que existen respecto a la vida familiar de muchos de sus compañeros.

Por eso, en el ámbito de la protección a la infancia, los periodos vacacionales adquieren un significado particular. No se trata únicamente de organizar actividades de ocio o campamentos para los niños que viven en centros, sino también de pensar cómo ofrecer experiencias que se acerquen lo más posible a entornos relacionales significativos.

En algunos casos, esto se traduce en la participación en programas de familias colaboradoras o familias de respiro, que acogen temporalmente a niños y niñas durante fines de semana o periodos vacacionales. En otros, en el fortalecimiento de vínculos con la familia extensa que pueden compartir algunos días con ellos. También existen iniciativas comunitarias que buscan que puedan disfrutar de experiencias cotidianas fuera del marco institucional.

Estas experiencias no son un simple complemento recreativo. Numerosos estudios en el ámbito de la protección infantil subrayan la importancia de que los niños y niñas que crecen en contextos institucionales tengan oportunidades de establecer relaciones significativas y experimentar dinámicas familiares normalizadas, aunque sea de forma temporal.

Las vacaciones escolares, por tanto, pueden convertirse en una ocasión especialmente valiosa para promover este tipo de experiencias. En lugar de entenderlas únicamente como un periodo en el que los centros organizan actividades distintas, pueden pensarse también como una oportunidad para ampliar las redes de relación de estos niños y niñas y acercarles a entornos comunitarios más amplios.

Al mismo tiempo, estas fechas invitan a la sociedad a recordar que la crianza no es solo una tarea privada de las familias, sino también una responsabilidad colectiva. Cuando un niño o una niña vive bajo la protección del sistema público, su bienestar depende en gran medida de la capacidad de la comunidad para generar apoyos, vínculos y oportunidades de relación.

Las vacaciones escolares nos recuerdan algo sencillo pero profundo: la infancia necesita juego, descanso y experiencias significativas. Pero, sobre todo, necesita personas adultas disponibles para compartir el tiempo.

Quizá por eso conviene preguntarnos si, cuando llegan las vacaciones, estamos pensando también en aquellos niños y niñas para quienes ese tiempo transcurre entre las paredes de una institución. Porque las vacaciones deberían ser, para todos ellos, una oportunidad de vivir algo más cercano a lo que toda infancia merece: tiempo, vínculos y experiencias que hagan sentir que se pertenece a algún lugar.

En ocasiones una política pública puede partir de una intención razonable y, sin embargo, terminar generando una percepción social distorsionada. No siempre ocurre por el contenido de la norma, sino por la manera en que se comunica. Y cuando se trata de infancia y protección, esa diferencia entre lo que se pretende y lo que la ciudadanía entiende no es un asunto baladí.

Estos días varios medios han publicado titulares sobre la futura ley de infancia que se prepara en Galicia. Los enunciados son muy similares entre sí: “Las familias que acojan a menores con éxito tendrán preferencia para adoptarlo”, “Galicia permitirá que los menores acogidos puedan ser adoptados por su misma familia”, “Las familias de acogida tendrán prioridad para adoptar”. Tres medios distintos, un mismo encuadre.

Puede parecer una cuestión menor, una manera simple de sintetizar una reforma legislativa compleja. Pero los titulares no son neutros. Son la puerta de entrada al significado de una noticia. Y lo que estos titulares están transmitiendo es un mensaje muy concreto: que quien acoja a un niño o una niña tendrá una posición privilegiada para adoptarlo.

El problema no es únicamente que el titular simplifique. El problema es que la simplificación termina alterando la lógica del propio sistema de protección. Porque el acogimiento familiar y la adopción, como medidas de protección, no nacieron para lo mismo.

El acogimiento familiar es una medida de cuidado temporal. Su función es ofrecer a un niño o a una niña un entorno familiar y seguro mientras se trabaja con su familia de origen o mientras se define su proyecto de vida. La adopción, en cambio, implica una ruptura jurídica definitiva con la filiación anterior y la creación de un nuevo vínculo de parentesco.

Son figuras distintas porque responden a objetivos distintos. Cuando ambas se presentan en el espacio público como etapas sucesivas de un mismo itinerario, el mensaje que se instala en el imaginario colectivo cambia radicalmente.

Si alguien ajeno al funcionamiento del sistema de protección lee solo esos titulares, la conclusión que probablemente extraerá es sencilla: acoges y si la situación evoluciona de determinada manera, tendrás preferencia para adoptarlo. Dicho de otro modo, el acogimiento aparece representado como una especie de antesala de la adopción.

Y ahí es donde surge la incomodidad.

Porque lo que podría haber sido presentado como una medida para evitar rupturas innecesarias en situaciones muy concretas termina siendo percibido socialmente como una vía preferente hacia la adopción. Un atajo. Una puerta trasera.

Esa narrativa no solo es problemática, sino que roza algo más inquietante. Sugiere que basta con acoger para situarse en una posición privilegiada desde la que aspirar a quedarse definitivamente con el niño o niña que se tiene bajo guarda. Como si el acogimiento pudiera convertirse en una forma indirecta de acceder a la adopción.

Nadie que conozca mínimamente el sistema de protección defendería algo así de manera explícita. Sin embargo, ese es exactamente el mensaje que se desprende de muchos de los titulares que están circulando.

Cuando la comunicación pública de una política produce ese efecto, conviene detenerse y preguntarse qué está ocurriendo. Porque en el terreno de la infancia el uso del lenguaje importa. Y mucho.

Los titulares que hemos leído estos días también comparten otra característica reveladora. En ellos aparecen las familias acogedoras y la administración. Pero desaparecen casi por completo otros actores fundamentales: las familias de origen, las personas adoptadas y, sobre todo, los propios niños y niñas como sujetos de derechos. Por ende, desaparecen de la ecuación derechos fundamentales como la preservación familiar.

El debate queda reducido a una relación entre adultos y decisiones administrativas. Y en ese desplazamiento del foco se pierde algo esencial: que el sistema de protección no existe para satisfacer expectativas adultas, sino para garantizar derechos y trayectorias vitales de niños y niñas.

Hay además otro elemento que rara vez se menciona cuando se construyen estas narrativas. Existen muchas personas y familias que se ofrecen para la adopción con una motivación muy concreta: ser familia para toda la vida. Y esa decisión implica recorrer un proceso largo, exigente y lleno de incertidumbres. Supone formación previa, evaluaciones psicosociales complejas y, en todos los casos, años de espera. Todo ello bajo la premisa de que la adopción es una medida subsidiaria dentro del sistema de protección y que solo se produce cuando no existe otra alternativa para garantizar el bienestar de la persona menor de edad.

Cuando se difunde la idea de que el acogimiento puede convertirse en una vía preferente hacia la adopción, también se introduce una distorsión respecto a ese proceso. Porque transmite la impresión de que existe un camino más corto, una forma indirecta de llegar a aquello para lo que otras personas llevan años preparándose y esperando.

Pero hay una dimensión aún más profunda que tampoco suele aparecer en estos titulares: la experiencia de las propias personas adoptadas.

En los últimos años muchas de ellas hemos empezado a relatar públicamente lo que supone crecer con la experiencia del abandono en la propia biografía. Hablamos de la pérdida de nuestra historia familiar, de la ruptura de la filiación original, de la dificultad para reconstruir la identidad o de la sensación persistente de haber sido separadas de nuestro origen. Algunas describen esa experiencia como una herida que atraviesa toda la vida y otras, incluso, hablan de la necesidad de abolir la medida.

Y no son pocas las personas adoptadas que han afirmado algo que incomoda profundamente al relato tradicional de la adopción: que, de haber tenido elección, habrían preferido no ser adoptadas y haber podido crecer dentro de su familia de origen o mantener vínculos más significativos con ella.

Escuchar estas voces no significa negar que existan adopciones que han ofrecido entornos protectores y afectivos. Significa reconocer que la adopción no es una solución neutra, ni un ideal incuestionable. Es una medida extrema y subsidiaria del sistema de protección, que implica pérdidas profundas incluso cuando el resultado final puede ser positivo.

Por eso resulta inevitable preguntarse qué hay detrás del impulso actual de determinadas reformas legislativas que facilitan la transición entre acogimiento y adopción. No es ningún secreto que este tipo de propuestas cuenta con el respaldo de algunos profesionales y sobre todo de determinados lobbies familiares que llevan tiempo defendiendo esa aproximación.

La pregunta que deberíamos hacernos es incómoda, pero necesaria: ¿este impulso responde realmente al interés superior del menor que, a mi juicio es un concepto indeterminado o, en parte, al deseo legítimo de algunas personas adultas de quedarse con un niño o una niña con quien ya han establecido un vínculo?

Dicho de forma aún más directa, aunque resulte duro formularlo: ¿corremos el riesgo de que el acogimiento empiece a percibirse socialmente como una especie de “alquiler con opción a compra”? Lo entrecomillo porque soy consciente que puede sonar provocador, incluso injusto para muchas familias acogedoras que realizan una labor generosa y valiosa. Pero precisamente por respeto a esa labor conviene ser honestos con el debate.

Además, conviene señalar que lo que ahora se plantea en Galicia no es un fenómeno aislado. Fórmulas similares ya se han incorporado a la legislación en otras comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, y se están preparando textos con planteamientos parecidos en territorios como la Comunidad Valenciana, Castilla y León o Canarias. Es decir, no estamos ante una medida puntual, sino ante una tendencia normativa que podría terminar reconfigurando el equilibrio entre acogimiento y adopción en el sistema de protección español.

Y precisamente por eso el debate debería ser mucho más profundo de lo que estamos viendo en el espacio público.

Las políticas de protección de la infancia requieren delicadeza institucional, rigor jurídico y una enorme responsabilidad ética. Pero también necesitan la capacidad de formular preguntas incómodas cuando las narrativas públicas empiezan a deslizarse hacia terrenos moral y éticamente ambiguos.

Cuando una buena idea se comunica mal, el resultado puede ser paradójico. Lo que pretendía proteger vínculos puede terminar proyectando la idea de que existe un camino rápido hacia la adopción. Y cuando la ciudadanía percibe un atajo en un ámbito tan sensible como este, lo que se erosiona no es solo una reforma legislativa concreta. Lo que se resiente es la confianza en el propio sistema de protección. Y esa es una consecuencia que ningún titular ni ninguna administración competente en la materia debería permitirse. 

Canarias proyecta al exterior una imagen luminosa, casi idílica. Sin embargo, cuando se observa con atención la realidad de la infancia, esa postal se agrieta. Cuatro de cada diez niños y niñas viven en riesgo de pobreza o exclusión social. No es un dato anecdótico ni una mala racha estadística. Es la expresión de una fractura estructural que atraviesa el Archipiélago y que tiene una dimensión especialmente incómoda: la desigualdad territorial.

En Canarias, el código postal pesa demasiado. No solo determina el paisaje que se ve desde la ventana, sino las oportunidades reales a las que se puede acceder. Mientras en las áreas metropolitanas la pobreza se hace visible en la precariedad laboral o en la escalada del precio de la vivienda, en las zonas rurales y en las islas no capitalinas adopta una forma más silenciosa. Es una pobreza de acceso. No siempre se percibe a simple vista, pero limita trayectorias desde la primera infancia.

Para muchas familias de las medianías o de municipios alejados de los grandes núcleos, el problema no es únicamente la renta. Es la distancia. Distancia a un recurso de atención temprana, a un especialista en salud mental infantil o a una escuela infantil pública. Cada necesidad se traduce en desplazamientos largos, costes añadidos y una logística imposible para quienes ya viven en precariedad. Esta doble insularidad, geográfica y social, coloca a la infancia rural en una desventaja estructural difícil de remontar.

La etapa de cero a tres años evidencia con claridad esta brecha. La escasez de plazas públicas fuera de las zonas urbanas no solo complica la conciliación. Condiciona el desarrollo cognitivo, emocional y social. Antes incluso de comenzar la educación obligatoria, muchos niños y niñas ya han acumulado desventajas que nada tienen que ver con su talento o esfuerzo.

Ante esta realidad, las políticas públicas deberían actuar como corrector de desigualdades. Redistribuir recursos, descentralizar servicios, garantizar prestaciones universales por crianza y asegurar alimentación saludable durante todo el año no son extravagancias. Son medidas básicas si se aspira a una mínima cohesión territorial. La singularidad canaria no puede invocarse solo cuando conviene negociar financiación; también obliga a compensar las desventajas internas.

Es aquí donde conviene detenerse, sin demasiada ingenuidad, en la pasión casi creativa con la que determinados gobiernos han cultivado el arte del eslogan. Con Coalición Canaria vivimos el “un solo pueblo”. Ahora, en la nueva temporada de la misma serie, toca “islas iguales”. La constancia es encomiable: cambian las legislaturas, cambian los socios, pero el departamento de marketing permanece firme como un roque. Hay que reconocer que, si la cohesión territorial dependiera del diseño gráfico y de una banda sonora inspiradora, Canarias sería Finlandia.

El problema es que la realidad, tozuda y poco impresionable, no parece haber recibido el briefing. Porque si realmente fuéramos un solo pueblo, no tendríamos mapas de recursos que parecen diseñados desde las capitales con una precisión quirúrgica que siempre deja fuera a las mismas zonas. Y si las islas fueran iguales, el acceso a atención temprana, salud mental infantil o escuelas infantiles públicas no dependería tanto del código postal. A veces da la sensación de que basta con repetir la consigna en rueda de prensa para que las medianías florezcan en servicios por generación espontánea. Como si el territorio obedeciera por saturación semántica.

Luego está la invocación casi litúrgica a “lo nuestro”. Se pronuncia con tal solemnidad que una teme que, en cualquier momento, empiecen a repartir certificados de pureza insular en la puerta del Parlamento. “Lo nuestro” sirve para blindar decisiones, para cerrar filas y, sobre todo, para incomodar a quien ose preguntar por qué las cifras de pobreza infantil siguen encabezando rankings poco honorables. Resulta curioso que reclamar equidad territorial pueda interpretarse como una traición identitaria. Como si defender que la infancia de una isla no capitalina tenga los mismos derechos fuera una extravagancia traída en la maleta desde Wisconsin.

Pero la canariedad no es patrimonio exclusivo de ningún partido ni se activa por repetición de lema. No consiste en apropiarse del territorio en primera persona del plural mientras se gobierna en singular. Si de verdad hablamos de cohesión, habrá que demostrarla donde importa: en la distribución de recursos, en la descentralización efectiva y en presupuestos que compensen desigualdades históricas. Lo demás es retórica con acento local y vocación de pancarta.

Porque una cosa es el orgullo legítimo de pertenencia y otra convertir la identidad en cortina de humo. La infancia no necesita consignas emocionantes ni campañas con estribillo pegadizo. Necesita planificación seria, redistribución real y servicios públicos que no dependan del lugar de nacimiento.

La pobreza infantil en Canarias no es un fenómeno inevitable ni un rasgo folclórico de la insularidad. Es consecuencia de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. Mientras se afinan los lemas, miles de niños y niñas siguen esperando que la igualdad abandone el plano simbólico y se instale en su vida cotidiana.

Si aspiramos a un Archipiélago verdaderamente cohesionado, el primer indicador no debería ser la creatividad del eslogan, sino la capacidad de garantizar que nacer en una medianía o en una isla no capitalina no condicione el futuro. Porque la verdadera canariedad se mide en derechos efectivos, no en frases repetidas hasta que suenan convincentes.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias gestiona una red de trece escuelas infantiles repartidas por las islas: cuatro en Gran Canaria, ocho en Tenerife y una en La Palma. Trece espacios donde lo cotidiano adquiere un valor extraordinario, donde el llanto deja de ser desconsuelo para convertirse en lenguaje y la rutina diaria se transforma, casi sin que nadie lo note, en un pequeño milagro de cuidado y crecimiento.

Antes de entrar en balances, horarios y organigramas, conviene decir algo que no cabe en ninguna memoria técnica. Las escuelas infantiles públicas funcionan, sobre todo, porque hay personas que las sostienen con algo más que profesionalidad. Las educadoras no solo llegan con títulos y competencias bajo el brazo; llegan con paciencia infinita, con una sensibilidad afinada y con esa ternura que no se aprende en cursos, pero marca la diferencia. Saben escuchar llantos como quien lee entre líneas, entienden lo que aún no tiene palabras y ponen calma donde solo hay sueño o miedo. Quien ha dejado alguna vez a su hijo o hija en sus brazos sabe que allí no se custodia el tiempo: se cuida la vida; no se atiende un servicio, se acompaña una infancia.

Ese cuidado no se queda solo en el aula, se contagia al resto del equipo. El personal de cocina, limpieza y mantenimiento trabaja sin focos ni aplausos, pero su labor es la que hace que todo funcione. Son quienes dejan los suelos listos para que gatear sea seguro, porque alguien entendió que también ahí se juegan los derechos de la infancia. Son quienes cocinan pensando no solo en calorías, sino en cariño, y quienes arreglan lo que se estropea antes de que el problema tenga nombre. Gracias a cada uno de esos profesionales, el bienestar infantil no es una frase bonita para colgar en la pared, sino algo que se nota cada día, aunque casi nadie lo diga en voz alta.

La escuela infantil es también ese primer escenario donde se aprende a vivir con otros. Allí los niños y niñas empiezan a compartir juguetes, miradas y el catálogo completo de virus de la primera infancia. Se acatarran, claro, pero en el proceso se hacen fuertes. No solo por dentro, también por fuera. Aprenden que el mundo no acaba en el salón de casa, que hay otros brazos fiables, otras voces que consuelan y otros espacios donde sentirse a salvo. Y eso, aunque no figure en ningún currículo, es una de las lecciones más importantes de todas.

Es precisamente desde este reconocimiento a la calidad humana y profesional del servicio desde donde toca decir lo incómodo. El horario. La hora de entrada y la de salida, fijadas en un marco rígido, difícilmente dialogan con la realidad laboral de la mayoría de las familias. En la práctica, sigue apoyándose en la idea de que alguien, casi siempre una mujer, estará disponible para llegar a tiempo. Un planteamiento que choca frontalmente con los discursos sobre igualdad, corresponsabilidad y conciliación que decimos defender, pero que todavía cuesta llevar al terreno de lo cotidiano.

Y no, esta no es una inquietud que solo se escuche en las puertas de entrada cuando se mira el reloj con prisa. Una parte importante del propio personal de las escuelas infantiles lleva tiempo diciendo, con calma y con sentido común, que los horarios necesitan ponerse al día. No para trabajar menos ni para cuidar peor, sino para adaptarse a una realidad social que ya no es la de antes, sin tocar en absoluto lo que hoy funciona y lo que hace que el servicio sea tan bueno como es.

Permítanme introducir aquí una experiencia personal. A pesar de mi trayectoria profesional en el ámbito de la protección a la infancia, nunca antes había necesitado recurrir a una escuela infantil para un bebé de apenas cuatro meses. Cuando se presentó esa circunstancia, motivada por mis propias exigencias laborales durante el periodo en que tenía al menor en acogimiento familiar, fue la Escuela Infantil Asunción la que nos acogió. Entonces comprobé que, incluso disponiendo de la relativa flexibilidad propia de un puesto en la administración pública, no lograba llegar a tiempo a la recogida. Un aspecto aparentemente tan simple como el horario se transformaba así en una dificultad diaria.

Sé que a más de una persona le rondará la pregunta, dicha en voz alta o en silencio: “¿Y por qué no se cambió esto cuando usted fue directora general?”. Es una pregunta legítima, incluso necesaria. La respuesta no es una coartada, es una constatación. Hay decisiones que, por mucho conocimiento técnico que se tenga, no se entienden del todo hasta que te atraviesan la rutina. La vida diaria tiene una forma muy eficaz de enseñarnos lo que los despachos no siempre alcanzan a ver.

Por eso esta reflexión no apunta ni señala a quienes hoy están al frente de la Consejería. Todo lo contrario. Nace desde el respeto institucional y con una voluntad claramente constructiva. Se trata de abrir una conversación honesta sobre cómo ajustar lo organizativo a la vida real de las familias y del propio personal, sin tocar lo esencial, porque lo esencial ya está bien hecho y funciona. 

Y quiero terminar como se terminan las cosas importantes, dando las gracias. Gracias a las educadoras, especialmente a Patri y a Carmen y a todo el personal que cuidó, acompañó y sostuvo con profesionalidad y una ternura inmensa al bebé que tuve en acogimiento familiar. Gracias por la calma, por la mirada atenta, por cada gesto pequeño que hacía grande el día. Gracias por la paciencia infinita que mostraron frente a llantos inesperados, por la capacidad de entender lo que aún no podía decirse con palabras y por convertir cada rutina en un acto de cuidado real. Gracias por el respeto con el que trataron su individualidad, por la coherencia y constancia que transmiten seguridad y confianza, y por ese equilibrio sutil entre disciplina y cariño que hace que los niños se sientan acompañados sin perder libertad. Gracias también al personal de cocina, limpieza y mantenimiento, que con su dedicación silenciosa hacen que cada aula sea segura, acogedora y viva. Si este servicio es ejemplar, lo es por ustedes. Y ese reconocimiento, de vez en cuando, también merece ocupar un lugar en la opinión pública.

Amar a una niña o un niño acogido supone implicarse de verdad. Conlleva cuidar, vincular, responder, estar disponible emocionalmente y ofrecer seguridad. Pero amar sin apropiarse exige, además, una renuncia consciente: la de no ocupar un lugar que no nos corresponde, por legítimo y profundo que sea el afecto construido

En el acogimiento familiar hay una idea que resulta tan sencilla en apariencia como profundamente exigente en la práctica: amar sin apropiarse. No es una verdad revelada ni una consigna incuestionable, sino una reflexión que se va construyendo con el tiempo, desde la experiencia y desde las preguntas que inevitablemente surgen cuando se acompaña de cerca la vida de niños y niñas que han atravesado situaciones de desprotección. Es, en cualquier caso, uno de los ejes éticos que, a mi juicio, sostienen con mayor coherencia esta medida de protección.

Lo que comparto aquí no pretende sentar cátedra ni ofrecer respuestas cerradas. Hablo desde un lugar concreto: el de quien ha acompañado procesos de acogimiento desde la práctica profesional y también desde una implicación personal prolongada en el sistema de protección. Esa doble mirada, necesariamente parcial y situada, me ha enseñado sobre todo a desconfiar de las certezas absolutas. Si algo exige la ética es precisamente prudencia, humildad y la conciencia permanente de que siempre hablamos desde límites propios.

Amar a una niña o un niño acogido supone implicarse de verdad. Conlleva cuidar, vincular, responder, estar disponible emocionalmente y ofrecer seguridad. Pero amar sin apropiarse exige, además, una renuncia consciente: la de no ocupar un lugar que no nos corresponde, por legítimo y profundo que sea el afecto construido. En acogimiento familiar, el amor no otorga derechos de pertenencia, y asumirlo es para mí una de las mayores complejidades emocionales y éticas del proceso.

La apropiación no siempre adopta formas explícitas. A veces se cuela en el lenguaje, en los gestos, en la manera de narrar la historia del niño o la niña, en la comparación implícita con su familia de origen. Otras veces aparece en el deseo, comprensible y humano, de “haberlo hecho mejor”, de “haber estado antes”, de “haber sido suficiente”. Pero el acogimiento familiar no va de ser mejores padres o madres que nadie. Va de ser un sostén temporal al servicio del interés superior de esa persona menor de edad.

En ese marco, honrar el origen no es una consigna ideológica ni un posicionamiento teórico abstracto, sino una responsabilidad ética concreta. Toda persona menor de edad susceptible de una medida de protección tiene un origen, y ese origen tiene nombre propio. En la inmensa mayoría de los casos, ese origen es una madre. Una madre que puede haber fallado, que puede haber estado ausente, que puede haber causado daño o que puede no haber podido ejercer el cuidado en un momento determinado. Reconocer esto no implica justificar ni minimizar el sufrimiento vivido por el niño o la niña, implica algo distinto y más complejo: aceptar que esa mujer sigue siendo su madre, y que ocupar simbólicamente su lugar es una forma de violencia, aunque se haga desde el amor.

Honrar a la madre biológica no significa idealizarla ni negar los hechos. Significa no borrarla, no degradarla, no convertirla en un obstáculo narrativo. Significa permitir que el niño o la niña construya su identidad sin tener que romper con su origen para poder vincularse con quienes le cuidan. Porque cuando una persona menor de edad percibe, aunque nadie lo diga explícitamente, que para ser querida debe renegar de su madre, se la coloca ante un conflicto imposible.

Amar sin apropiarse es, en este sentido, un acto profundamente reparador. Permite integrar la historia sin fragmentarla, querer a quienes cuidan sin sentir que se traiciona a la madre, y volver a ella, si ese es el pronóstico y objetivo de la medida, sin culpa ni lealtades divididas. Es una forma de cuidado que no coloniza la identidad del otro y que respeta sus vínculos esenciales.

Desde esta mirada, el acogimiento familiar se revela como una tarea de enorme madurez emocional. Exige revisar el propio ego, las expectativas, las motivaciones y el lugar desde el que se ejerce el cuidado. Exige aceptar que el éxito del acogimiento familiar, en muchos casos, se mide precisamente por la capacidad de hacerse a un lado cuando ya no se es necesario. Y eso no es abandono; es coherencia con el sentido profundo de la medida.

Hablar de ética en este contexto, al menos para mí, implica asumir también una cierta incomodidad. ¿Quién es una para hablar de ética? Probablemente alguien que sigue aprendiendo, equivocándose y revisándose. La ética no se proclama; se practica de manera imperfecta, en decisiones concretas y en dilemas reales. Por eso estas reflexiones no nacen desde una posición de superioridad moral, sino desde la responsabilidad de pensar críticamente aquello que hacemos y el impacto que tiene en la vida de los niños y niñas.

Honrar el origen, y en concreto a la madre biológica, es también una manera de sostener el sistema de protección desde la ética y no desde el juicio moral. El acogimiento familiar no existe para señalar culpables, sino para proteger a la infancia mientras los adultos, todos, hacemos lo que nos corresponde. Cuando una madre puede recuperar a su criatura, ese no es un fracaso del acogimiento familiar, sino su culminación.

Amar sin apropiarse es, probablemente, una de las formas más difíciles y más honestas de amar. Implica aceptar que el vínculo no te pertenece, que ese niño o niña no es tuyo, y que tu función tiene un límite claro y necesario. Pero también es una forma de amor profundamente respetuosa, que no exige renuncias identitarias ni cobra deudas emocionales.

En el acogimiento familiar, amar bien no es amar más, sino amar mejor. Y amar mejor, muchas veces, consiste en cuidar con todo el corazón mientras se protege, sin condiciones ni reservas, el lugar irrenunciable del origen. Solo desde ahí una niña o un niño puede crecer libre, íntegro y en paz con su propia historia.

En las últimas dos décadas, el sistema de protección a la infancia en España ha experimentado reformas normativas relevantes, ajustes organizativos y una creciente especialización técnica. Sin embargo, hay una realidad que no siempre se nombra con la claridad necesaria: los niños y niñas que hoy forman parte del sistema de protección no son los mismos que hace veinte o treinta años, y el sistema no ha sabido adaptarse a ese cambio con la profundidad que requiere.

Durante buena parte de los años noventa y principios de los dos mil, el perfil mayoritario de los menores atendidos en protección respondía, en términos generales, a situaciones de abandono, negligencia o desestructuración familiar vinculadas a pobreza, exclusión social, consumo de sustancias o ausencia de apoyos parentales. Eran niños y niñas con carencias afectivas y educativas, pero no necesariamente con problemáticas clínicas complejas. El sistema, con todas sus limitaciones, estaba pensado para responder a ese perfil: ofrecer cuidado, estabilidad, escolarización y, en el mejor de los casos, una alternativa familiar.

Hoy la realidad es otra. De forma cada vez más evidente, una parte muy significativa de los niños, niñas y adolescentes del sistema de protección presenta problemas de salud mental. Trastornos de ansiedad, depresión, conductas autolesivas, ideación suicida, trastornos del vínculo, trauma complejo o dificultades graves de regulación emocional forman parte del día a día de los recursos de acogimiento residencial y familiar. Esta situación no es anecdótica ni excepcional. Se ha convertido en un rasgo estructural del sistema.

Este cambio de perfil interpela directamente a nuestras políticas públicas. No se trata solo de que los niños y niñas lleguen al sistema con historias vitales más complejas, marcadas por violencias tempranas, negligencias prolongadas o experiencias traumáticas acumuladas. El problema de fondo es que el sistema de protección sigue funcionando, en gran medida, como si estos perfiles no existieran o como si pudieran abordarse únicamente desde una lógica social y educativa.

La realidad demuestra que no es así. Un sistema de protección que atiende a una infancia con elevados niveles de sufrimiento psíquico no puede operar de espaldas a la sanidad ni a la educación. Pretender que equipos sociales y educativos, por muy comprometidos que estén, asuman en solitario problemáticas de salud mental graves es no solo ineficaz, sino profundamente injusto, tanto para los niños y niñas como para los propios profesionales.

La fragmentación entre sistemas es, en este sentido, uno de los grandes fracasos estructurales. La coordinación con salud mental infantojuvenil suele ser insuficiente, lenta o condicionada por listas de espera interminables. Los recursos sanitarios especializados no siempre reconocen a los menores tutelados como una prioridad, a pesar de su extrema vulnerabilidad. En el ámbito educativo, la falta de apoyos específicos, de adaptaciones reales y de una comprensión profunda del impacto del trauma en el aprendizaje sigue provocando expulsiones encubiertas, absentismo y fracaso escolar.

El resultado es un sistema de protección que actúa como contenedor del malestar, pero no como espacio real de reparación. Se multiplican las medidas restrictivas, los cambios de recurso, las rupturas de vínculo y las derivaciones tardías, mientras el sufrimiento de los niños y niñas se cronifica. Cuando esto ocurre, el sistema no solo falla en su función protectora, sino que contribuye, sin pretenderlo, a profundizar el daño.

Desde una perspectiva de derechos humanos, esta situación es especialmente preocupante. El derecho a la protección no puede desvincularse del derecho a la salud y del derecho a la educación. No son compartimentos estancos, sino dimensiones inseparables del desarrollo integral de la infancia. Un niño o una niña con problemas de salud mental no puede ser protegido adecuadamente si no recibe atención sanitaria especializada, ni puede construir un proyecto de vida sin un sistema educativo que comprenda y acompañe su proceso.

Resulta necesario asumir, con total honestidad, que el sistema de protección no puede hacerlo todo solo. La respuesta a la infancia más vulnerable exige un compromiso real y corresponsable de todas las áreas implicadas. Sanidad, educación y servicios sociales deben dejar de operar como sistemas independientes y empezar a funcionar como una red integrada, con protocolos claros, recursos compartidos y una visión común centrada en el interés superior de la infancia.

Esto implica también una revisión profunda de la inversión pública. No basta con crear más plazas para el acogimiento residencial o endurecer las medidas de control. Es imprescindible fortalecer la atención en salud mental infantojuvenil, formar de manera especializada a los equipos técnicos de protección y dotar a los centros educativos de recursos suficientes para acompañar trayectorias vitales complejas. Sin esta apuesta, cualquier discurso sobre protección integral queda vacío.

La infancia que hoy llega al sistema de protección nos está diciendo algo con claridad: necesita algo más que custodia y supervisión. Necesita cuidado, reparación y acompañamiento integral. Si el sistema no escucha este cambio de perfil y no se transforma en consecuencia, seguirá acumulando fracasos, aunque las leyes sigan proclamando derechos.

Proteger a la infancia hoy exige asumir que el problema no es solo social, sino también sanitario y educativo. Y exige, sobre todo, voluntad política para construir respuestas integrales que estén a la altura de una infancia que ha cambiado y que no puede seguir esperando a que los sistemas se pongan de acuerdo.

Desde los poderes públicos se constata el síntoma, pero no se asume ninguna responsabilidad política sobre sus causas. No se anuncian programas sólidos de acompañamiento a la parentalidad, ni estrategias preventivas, ni una coordinación real entre servicios sociales, educación y sanidad

En los últimos días se ha instalado en el debate público un relato inquietante: padres y madres que, desbordados, acuden a la Administración porque dicen no poder “controlar” a sus hijos y piden que sea el sistema de protección quien se haga cargo. El mensaje se lanza desde instancias institucionales como si estuviéramos ante una “nueva realidad” inevitable, casi natural, ante la que poco cabe hacer más allá de asumirla y gestionarla. Y ahí empieza el verdadero problema.

Porque no es inocente cómo se nombra lo que ocurre. Hablar de “renuncias” a la patria potestad no solo es jurídicamente incorrecto, sino profundamente revelador del marco mental desde el que se interpreta la crianza. La patria potestad no es un derecho opcional ni una carga que se pueda devolver cuando pesa demasiado. Es un conjunto de deberes irrenunciables hacia los hijos e hijas, establecidos precisamente para protegerlos cuando los adultos fallan. Presentar estas situaciones como una suerte de decisión voluntaria de los progenitores banaliza la responsabilidad parental y genera una peligrosa confusión social.

Más preocupante aún es el enfoque que reduce todo a una supuesta incapacidad de “controlar” a los menores. Controlar. Como si educar fuera someter, como si criar consistiera en dominar conductas y no en acompañar procesos. Este lenguaje no es neutro: coloca el foco en niños y adolescentes como sujetos problemáticos y desplaza la responsabilidad de los adultos y del propio sistema. No se habla de acompañamiento, de vínculos, de límites coherentes, de presencia adulta. Se habla de control, y cuando este falla, de derivación.

Lo que brilla por su ausencia en este discurso institucional es cualquier análisis estructural. No se menciona el uso masivo y desregulado de pantallas desde edades cada vez más tempranas. No se habla de la falta de alfabetización digital de las familias ni de la sustitución de la presencia adulta por dispositivos. No se alude al deterioro de la salud mental infantojuvenil, ni a la precariedad vital de muchas familias, ni a la soledad con la que hoy se ejerce la crianza. Tampoco aparece la corresponsabilidad de las políticas públicas en esta situación.

Desde los poderes públicos se constata el síntoma, pero no se asume ninguna responsabilidad política sobre sus causas. No se anuncian programas sólidos de acompañamiento a la parentalidad, ni estrategias preventivas, ni una coordinación real entre servicios sociales, educación y sanidad. No hay propuestas de intervención temprana ni de fortalecimiento comunitario. Solo un relato descriptivo, casi resignado, que normaliza que cuando la crianza se vuelve difícil, el sistema de protección actúe como contenedor final.

Este planteamiento enlaza con una crisis más profunda que llevamos tiempo arrastrando: la de una sociedad que ha trivializado la decisión de tener hijos. Se tienen hijos “porque toca”, porque forma parte del guión vital esperado, pero sin una reflexión real sobre lo que implica sostener un proceso de crianza a largo plazo. Criar no es delegar, ni externalizar, ni esperar que otros arreglen lo que no se sostiene en el ámbito familiar. Criar exige tiempo, límites, implicación emocional y responsabilidad adulta. Y también exige apoyos públicos cuando estos fallan.

El problema no es que existan familias desbordadas; eso ha ocurrido siempre. El verdadero problema es que desde las instituciones se responda con un discurso pobre, sin horizonte político, sin atisbo de soluciones estructurales. Nombrar el fenómeno sin cuestionar el modelo es una forma elegante de eludir responsabilidades. Y cuando hablamos de infancia y adolescencia, esa evasión tiene consecuencias graves.

La crianza no es un asunto privado que, cuando fracasa, se deriva al sistema de protección. Es una responsabilidad social que requiere políticas públicas valientes, preventivas y sostenidas en el tiempo. Mientras sigamos aceptando discursos que gestionan el síntoma pero no afrontan las causas, seguiremos cronificando el problema. Y en ese proceso, quienes pagan el precio más alto no son los adultos desbordados, sino los niños, niñas y adolescentes a los que decimos proteger.

En los últimos meses, el debate público sobre el sistema de protección a la infancia en España ha vuelto a ocupar titulares a raíz de distintos casos y sucesos ocurridos en varias comunidades autónomas. En algunos territorios, estas situaciones han generado una fuerte conmoción social; en otros, han pasado casi desapercibidas. Pero sería un error interpretar el silencio mediático como ausencia de problemas. La realidad es mucho más incómoda. En todas partes se cuecen habas y, cuando hablamos de infancia tutelada, el silencio no protege, sino que agrava.

Lo que está saliendo a la luz no responde a episodios aislados ni a fallos puntuales de gestión, sino a las grietas profundas de un modelo que muestra signos evidentes de agotamiento. Allí donde la prensa ha puesto el foco, las carencias han quedado expuestas; donde no lo ha hecho, estas siguen operando de manera soterrada, sostenidas por la precariedad crónica de los recursos, la sobrecarga permanente de los equipos y una falta de inversión estructural que ya no puede justificarse por desconocimiento. El debate sobre cómo protegemos a niños y niñas en situación de vulnerabilidad no es solo oportuno, es urgente, porque los fallos se repiten con demasiada similitud en prácticamente todas las comunidades autónomas.

Resulta especialmente preocupante comprobar cómo, en algunos territorios, la acumulación de irregularidades administrativas, deficiencias en el control del gasto y fragilidades organizativas ha terminado teniendo un impacto directo en la vida de niños y niñas bajo tutela pública. Cuando un menor sufre abusos graves mientras se encuentra protegido por la Administración, no estamos ante un accidente ni ante una mala praxis individual. Estamos ante el fracaso del sistema en su función más básica: garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de la infancia.

Insistir en que se trata de excepciones resulta cada vez menos creíble. En los últimos años han aflorado denuncias de abusos sexuales y situaciones de violencia en recursos de protección de distintas comunidades autónomas. Más de mil menores tutelados han denunciado abusos desde 2019, una cifra que debería haber provocado una reacción política mucho más contundente de la que hemos visto hasta ahora. Detrás de estos números hay niños y niñas que crecieron con miedo, desamparo y desconfianza hacia unas instituciones que debían cuidarlos. Y eso, como sociedad, no podemos normalizarlo.

En comunidades como Madrid o Baleares, jóvenes extutelados han relatado públicamente experiencias marcadas por la falta de supervisión, la ausencia de referentes adultos estables y una preocupante desprotección dentro de centros residenciales. En Canarias, la situación de los centros de acogida para menores migrantes no acompañados ha puesto de manifiesto las consecuencias de la saturación, la falta de profesionalidad de quienes dirigen esos centros y la falta de planificación. Las denuncias de organizaciones sociales y las intervenciones judiciales en algunos recursos evidencian una realidad que lleva años advirtiéndose desde los equipos profesionales, sin que se haya producido una respuesta estructural a la altura.

A esta realidad se suma otra menos mediática, pero igual de reveladora. En varias comunidades autónomas, niños y niñas muy pequeños siguen creciendo en centros residenciales por la falta de familias de acogida disponibles. Esto ocurre mientras se repite, una y otra vez, el discurso institucional sobre la prioridad del acogimiento familiar. La contradicción entre el relato político y la realidad presupuestaria no es casual. Es la consecuencia directa de políticas que declaran derechos, pero no los sostienen con recursos suficientes.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el panorama es alarmante. España dispone de un marco normativo avanzado y ha incorporado en los últimos años reformas legislativas relevantes para la protección de la infancia. Sin embargo, la brecha entre el reconocimiento legal de los derechos y su garantía efectiva es cada vez más evidente. Las leyes no protegen por sí solas. Protegen los sistemas bien dotados, los equipos estables y las decisiones políticas que priorizan la infancia más allá del discurso.

El debate sobre el modelo de tutela ilustra bien esta tensión. La tutela administrativa permite una intervención rápida y, en muchos casos, imprescindible ante situaciones de desamparo. Pero cuando se ejerce desde estructuras debilitadas, sin control suficiente y con profesionales desbordados, corre el riesgo de convertirse en un espacio opaco, donde las decisiones afectan de manera profunda a la vida de niños y niñas sin una supervisión efectiva. La tutela judicial, por su parte, ofrece mayores garantías formales, pero adolece de lentitud y falta de especialización suficiente. Pretender que uno u otro modelo, por sí solo, resolverá el problema es una simplificación peligrosa.

Desde una mirada progresista y centrada en los derechos de la infancia, la pregunta clave no es quién tutela, sino con qué medios, bajo qué controles y con qué prioridad política. Un sistema garantista debe combinar capacidad de intervención inmediata con control judicial real, evaluación externa, transparencia y rendición de cuentas. No puede descansar sobre la precariedad laboral de sus profesionales ni sobre recursos residenciales saturados que cronifican la institucionalización.

La conclusión es incómoda, pero inevitable. El sistema de protección a la infancia en España necesita una revisión profunda que vaya mucho más allá de reformas normativas o ajustes técnicos. Es imprescindible invertir de manera decidida en prevención y en preservación familiar, fortaleciendo los servicios sociales comunitarios para actuar antes de que la separación sea la única alternativa. Es igualmente urgente mejorar las condiciones laborales, la formación y la estabilidad de los equipos técnicos, porque proteger a la infancia exige profesionales cuidados, no exhaustos.

Hablar de infancia es hablar de derechos humanos y de responsabilidad colectiva. Cada fallo del sistema, cada abuso no detectado, cada niño o niña que crece sin vínculos estables por falta de recursos es una deuda social que no puede seguir posponiéndose. Desde una perspectiva progresista, la protección a la infancia no es un gasto ni un problema técnico. Es una inversión ética y democrática. O situamos de una vez a los niños y niñas en el centro de las políticas públicas, o seguiremos llegando tarde, una y otra vez, cuando el daño ya está hecho.

Cerrar una etapa como acogedora de M. es, para mí, un ejercicio profundo de honestidad emocional. No existen palabras que alcancen a describir lo que supone abrir la puerta de casa y del corazón a un bebé de apenas veinticinco días de vida, frágil, absolutamente dependiente y con una historia que acababa de comenzar, pero que ya necesitaba protección. Tampoco es sencillo explicar lo que implica acompañarlo mientras se trabaja, con tiempo, cuidado y responsabilidad, la reconstrucción de un vínculo tan esencial como el de una madre y su hijo. Pero sí hay una certeza que atraviesa todo el proceso: este camino ha tenido sentido, ha sido necesario y ha cumplido su propósito.

M. llegó a mi vida siendo casi un recién nacido. Llegó cuando aún no había horarios, ni rutinas, ni palabras; solo llanto, piel, brazos y presencia constante. Llegó en un momento vital en el que el cuidado no admite espera ni distancia, y en el que la función protectora se expresa, sobre todo, a través del sostén físico y emocional continuado. Desde ese primer día, el acogimiento significó para mí ofrecer seguridad, regular, atender y responder, para que pudiera crecer sabiendo que el mundo podía ser un lugar predecible y seguro.

Con el paso del tiempo, fueron apareciendo las rutinas, las tímidas sonrisas, los primeros vínculos conscientes, las miradas que buscan y reconocen. En mi hogar, que siempre supe transitorio, M. encontró un espacio donde desarrollarse sin reservas, donde sus necesidades fueron atendidas de manera constante, sin ocupar un lugar que no le correspondía, pero sí cumpliendo una función imprescindible: garantizar su bienestar mientras su madre podía recorrer su propio proceso. Ese es, en esencia, el sentido técnico y ético del acogimiento familiar, especialmente cuando se produce desde etapas tan tempranas de la vida.

Nunca entendí el acogimiento como una sustitución, sino como un acompañamiento. Mi papel no era reemplazar a su madre, sino cuidar mientras el vínculo principal se fortalecía. Cada avance de ella, cada paso que daba para poder ejercer plenamente su maternidad, lo vivía como una buena noticia, aun cuando sabía que cada logro acercaba el momento de la despedida. Porque desde el inicio tuve claro que el objetivo no era que M. se quedara conmigo, sino que pudiera volver a su hogar en las mejores condiciones posibles.

Querer a un niño al que he cuidado desde casi su nacimiento sabiendo que se irá es, probablemente, uno de los actos de amor más complejos que he vivido. Implica darse de verdad, crear un apego seguro y, al mismo tiempo, sostener la claridad de que ese vínculo es temporal. Es un amor que no se apropia, que no compite y que no sustituye, sino que prepara. Y cuando ese día llega, el corazón se llena de emociones que conviven sin excluirse: orgullo, tristeza, alivio, gratitud y una ternura serena.

La despedida de M. no ha sido una ruptura para mí. Ha sido una transición cuidadosamente acompañada. El cierre coherente de un proceso de protección bien trabajado. Mirarlo marchar, sabiendo que vuelve con su madre, a su lugar legítimo, a su historia y a su identidad, ha sido profundamente reparador. Poder decir, desde la emoción y desde el rigor, que está exactamente donde debe estar, le da sentido a todo lo vivido.

Ya ha pasado un mes desde que M. volvió con su mamá. En este tiempo hemos mantenido el contacto: hacemos videollamadas y nos vemos los fines de semana. Estos encuentros no responden a una necesidad mía, sino al respeto por sus tiempos y a la importancia de que la transición se produzca sin quiebres innecesarios, priorizando siempre su bienestar y su seguridad afectiva. Acompañar también es saber estar sin invadir, sostener sin interferir y retirarse sin desaparecer.

Porque sí, hay un vacío. Hay días en los que la casa se siente demasiado silenciosa y en los que los ritmos cotidianos recuerdan su ausencia. Esa vivencia forma parte del acogimiento y no debería ocultarse. Pero junto a ese vacío queda algo profundamente valioso: la certeza de haber sido un lugar seguro en un momento crucial de su vida, de haber ofrecido estabilidad cuando más la necesitaba.

Acoger a M. ha sido acompañar sus primeros pasos vitales, su crecimiento, su confianza básica en el entorno. Ha sido sostener, día a día, la responsabilidad de cuidar sin poseer. Ese aprendizaje no se pierde. Esa transformación no se deshace. Ese vínculo, aunque ahora ocupa otro lugar, permanece de forma serena y respetuosa.

Hoy M. está con su mamá, donde debe estar, donde merece estar, donde puede construir su historia con raíces propias. Y ese resultado es, para mí, el mayor éxito posible. No es solo un cierre emocional; es la confirmación de que el acogimiento familiar, cuando se ejerce desde su esencia protectora y reparadora, funciona. Se cierra una etapa, sí. Pero lo vivido queda. Y queda también la convicción de que acompañar a un niño, desde casi su nacimiento, en su tránsito de vuelta a casa, es una de las experiencias más profundas, exigentes y humanas que se pueden vivir.

La lectura de las declaraciones del Gobierno de Canarias afirmando que “no hay menores en Canarias para ser adoptados” provoca, como mínimo, perplejidad profesional. No porque la Administración desconozca los datos, sino porque opta por un relato que distorsiona la realidad y genera un profundo daño en la comprensión pública del sistema de protección.

El mensaje institucional, tal como se ha difundido, transmite la idea de que la adopción ha dejado de ser necesaria en Canarias porque no existen niños o niñas susceptibles de ser adoptados. Esta afirmación es falsa. Sí es cierto que el número de niñas y niños adoptables ha disminuido progresivamente, y que la adopción es una medida subsidiaria que debe aplicarse cuando la reunificación familiar no es posible y el acogimiento no garantiza estabilidad suficiente. Pero afirmar que “no hay menores” es una simplificación inaceptable que oculta la realidad y, además, esquiva responsabilidades.

En Canarias hay pocos niños y niñas adoptables, pero los hay. Existen niños y niñas jurídicamente en situación de adoptabilidad, o en proceso de estarlo, así como casos en los que la adopción constituye la medida más idónea para asegurar un proyecto de vida permanente. La Administración lo sabe, y por eso sorprende que el discurso público opte por negar la evidencia en lugar de explicar honestamente las dificultades estructurales que afronta el sistema.

Uno de esos problemas estructurales, especialmente acusado en la provincia de Las Palmas, tiene que ver con la falta de personal técnico. Desde 2023, las jubilaciones no se han cubierto con la rapidez necesaria y no se ha abordado la imprescindible actualización de la Relación de Puestos de Trabajo. A esto se suma que el servicio de programas de adopción de menores ha asumido nuevas funciones relevantes, como la gestión del acogimiento familiar en familia ajena y especializada incrementando exponencialmente la carga de trabajo sin un refuerzo paralelo de los equipos. La consecuencia directa es evidente: valoraciones de idoneidad que se demoran, expedientes que avanzan con cuentagotas y un cuello de botella que nada tiene que ver con la inexistencia de menores adoptables, sino con la falta de recursos humanos suficientes para gestionar los procedimientos con eficacia y garantías.

Atribuir la paralización de solicitudes a la ausencia de niños y niñas para adoptar, en lugar de reconocer la escasez de personal y la necesidad urgente de redimensionar los equipos, es una estrategia profundamente deshonesta. Es más fácil trasladar la responsabilidad a la supuesta inexistencia de menores que asumir la obligación de reforzar servicios esenciales, dotarlos de estabilidad y garantizar que la protección a la infancia se gestione con el rigor que merece.

Las familias no tienen derecho a ser padres, eso es incuestionable. La adopción existe para proteger los derechos de la infancia a crecer en un contexto familiar. Pero las familias sí tienen derecho a ofrecerse, a ser valoradas en tiempo razonable y a no quedar atrapadas en procesos interminables generados por déficits administrativos. La Administración, en vez de insistir en que “no hay menores”, debería explicar por qué no se sustituye al personal jubilado, por qué no se adecúa la RPT a las nuevas funciones asumidas y por qué no se garantiza una estructura suficiente para atender la demanda presente y futura.

Este discurso oficial, lejos de aportar claridad, erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema y perpetúa la idea de que la adopción es un campo cerrado, cuando lo que realmente está cerrado es el grifo de los recursos técnicos necesarios. La transparencia exige decir la verdad: hay pocos niños y niñas adoptables, su situación es compleja, la adopción requiere garantías jurídicas y técnicas, y el sistema necesita una reestructuración profunda para responder con agilidad y rigor.

La infancia no se protege con declaraciones complacientes, sino con estructuras sólidas, equipos suficientes y mensajes institucionales honestos. Negar la existencia de menores adoptables no solo es falso, es negligente. La protección a la infancia exige claridad, responsabilidad y valentía política para reconocer las carencias y afrontarlas, no para disimularlas tras titulares llamativos.

Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Adopción, una fecha que con frecuencia se presenta en clave de celebración, como si la adopción fuese el final feliz de una historia difícil. Sin embargo, para muchas personas adoptadas, este día tiene un significado distinto. No es una jornada de fiesta, sino de reflexión sobre una medida de protección que, aunque busca garantizar derechos, también implica pérdidas, rupturas y silencios que acompañan toda una vida.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en su artículo 21, establece que la adopción debe ser considerada únicamente “cuando no pueda mantenerse al niño en su familia de origen”, y que su finalidad es garantizar el interés superior del niño, asegurando las mismas salvaguardias y normas que rigen para cualquier otra medida de protección. La adopción, por tanto, no es un acto altruista ni una respuesta afectiva a los deseos de las personas adultas; es una medida jurídica de protección que busca restituir derechos vulnerados, en un marco de intervención que debe ser excepcional, temporal y subsidiario.

El Convenio de La Haya de 1993 sobre la Protección del Niño y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional refuerza esta idea al subrayar que toda adopción debe priorizar el interés superior de la persona menor de edad, prevenir el tráfico y la explotación, y asegurar que se hayan explorado todas las posibilidades de permanencia en la familia de origen antes de proceder a una adopción, especialmente si es internacional. Sin embargo, en la práctica, estas garantías no siempre se cumplen con la profundidad ética y técnica que exigen los instrumentos internacionales.

Desde el marco de protección a la infancia, la adopción se entiende como una de las medidas más estables y permanentes dentro del sistema de protección. Pero precisamente por su carácter definitivo, requiere procesos de acompañamiento continuos, tanto para las personas adoptadas como para las familias de origen y las adoptivas. No se trata solo de “crear una familia”, sino de reconocer y reparar una trayectoria vital marcada por la separación, la pérdida de vínculos primarios y, en muchos casos, por la falta de acceso a la verdad sobre los propios orígenes.

Para las personas adoptadas, el 9 de noviembre es una fecha que nos invita a pensar en todo lo que la narrativa social suele ocultar: en las historias de desarraigo, en las identidades partidas, en los expedientes incompletos, en las preguntas sin respuesta. La adopción no empieza con el encuentro entre una familia y un niño o niña, sino con una ruptura previa, y eso merece ser reconocido con sensibilidad, no romantizado.

Hablar de adopción desde un enfoque de derechos humanos implica reconocer que no debería ser motivo de celebración que un niño o una niña necesite ser separado de su familia de origen para poder estar protegido. Significa también exigir que los Estados cumplan con su obligación de prevenir esas situaciones y de acompañar a las familias vulnerables antes de llegar a una medida tan extrema.

El Día Internacional de la Adopción debería ser, por tanto, un espacio colectivo para escuchar las voces de las personas adoptadas, revisar críticamente los sistemas de protección y recordar que el derecho a la identidad, a conocer los propios orígenes y a mantener la historia personal son tan importantes como el derecho a tener una familia.

Solo cuando comprendamos la adopción en toda su complejidad —como un proceso de protección, reparación y acompañamiento, no como un final feliz— podremos transformarla en una práctica verdaderamente respetuosa con los derechos humanos y con la verdad de quienes la vivimos desde dentro.

Desde una perspectiva de derechos humanos y de género, el nacimiento es un acontecimiento que merece respeto y acompañamiento consciente. Cada bebé tiene derecho a ser recibido en un entorno seguro y cálido; cada madre a decidir sobre su cuerpo y a contar con apoyo emocional

La manera en que llegamos al mundo no es solo un asunto médico. Es el primer relato de nuestra existencia, una experiencia que deja huellas en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestra forma de vincularnos. Nacer no es solo empezar a respirar fuera del útero; es vivir una transición profunda, en la que el entorno, las personas presentes y las condiciones del parto marcan la manera en que comenzamos a sentir el mundo.

El nacimiento como experiencia emocional

Durante mucho tiempo se pensó que los bebés no “recordaban” su nacimiento, y que lo importante era lo que ocurría después: la alimentación, el apego, la estimulación. Hoy sabemos que el nacimiento en sí mismo es una experiencia que el cuerpo y el sistema nervioso registran profundamente.

El paso del útero —un entorno cálido, rítmico y protegido— al mundo exterior supone una avalancha de estímulos: luces, sonidos, temperaturas, texturas. En este contexto, la presencia sensible de los adultos que reciben al bebé (madre, padre, acompañantes, personal sanitario) actúa como un regulador emocional fundamental. Cuando ese recibimiento ocurre con calma, respeto y contacto, el recién nacido puede sentirse seguro en medio del cambio más radical de su vida.

Por el contrario, un nacimiento vivido con separación temprana, exceso de intervenciones o falta de acompañamiento emocional puede generar respuestas de estrés que, si bien no determinan el futuro, sí influyen en cómo se organiza el sistema nervioso y en la manera en que el bebé se vincula.

Lo que dice la ciencia

La investigación reciente respalda la importancia de cómo nacemos. Un estudio publicado en 2024 en Frontiers in Pediatrics señaló que los niños nacidos por cesárea presentaban, en promedio, un desarrollo ligeramente más lento en áreas como el lenguaje y la motricidad durante los primeros años de vida, en comparación con quienes nacieron por parto vaginal.

Otra investigación de la cohorte DREAM (BMC Pregnancy and Childbirth, 2023) demostró que la experiencia subjetiva del parto —es decir, cómo lo vivió la madre o persona gestante— influye en la calidad del vínculo afectivo con el bebé. No se trata solo del tipo de parto, sino de si la madre se sintió acompañada, respetada y segura.

También se ha documentado que el modo de parto afecta las primeras interacciones: por ejemplo, un estudio con más de dos mil mujeres mostró que los partos por cesárea reducían la probabilidad de contacto piel con piel inmediato y de lactancia exclusiva en las primeras horas (Healthcare, 2024). Estos factores, aparentemente simples, son en realidad grandes facilitadores del apego y del desarrollo emocional temprano.

Un asunto de derechos, no solo de salud

Desde una perspectiva de derechos humanos y de género, el nacimiento es un acontecimiento que merece respeto y acompañamiento consciente. Cada bebé tiene derecho a ser recibido en un entorno seguro y cálido; cada madre a decidir sobre su cuerpo y a contar con apoyo emocional.

Humanizar los partos no es una moda: es una inversión en salud física, mental y social. Un parto respetado reduce complicaciones médicas, favorece la lactancia, fortalece el vínculo familiar y promueve una base segura para el desarrollo emocional del niño o niña.

Por el contrario, los partos medicalizados sin necesidad, los entornos fríos o la violencia obstétrica , a veces normalizada, pueden dejar cicatrices invisibles que acompañan la vida familiar durante años.

Por qué importa también a educadores y profesionales sociales

Para quienes trabajamos en el ámbito de la infancia, conocer cómo fue el nacimiento de un niño o niña —si hubo separación, complicaciones, acompañamiento o no— aporta información valiosa. No se trata de buscar causas únicas, sino de entender el contexto emocional desde el que comenzó su historia.

En muchos casos de protección a la infancia, por ejemplo, las experiencias tempranas de estrés o separación influyen en la capacidad de apego, en la regulación emocional o en la respuesta ante la frustración. Saber cómo fue ese inicio puede orientar mejor la intervención, el acompañamiento y el trabajo con las familias.

Construir una cultura del Buen Nacer

El nacimiento no determina quiénes seremos, pero sí marca el tono emocional con el que empezamos la vida. Por eso, es responsabilidad colectiva crear entornos donde nacer sea una experiencia de cuidado y respeto.

Promover partos respetados, favorecer el contacto piel con piel, apoyar la lactancia y garantizar acompañamiento emocional a las madres y bebés no son solo prácticas de salud: son actos de humanidad.

Recibir a un bebé no es simplemente un procedimiento médico, sino un gesto cultural que dice: “te vemos, te esperamos, estás seguro”. Ese mensaje, repetido a lo largo de la vida, es el que construye personas más confiadas, resilientes y empáticas. Y, por extensión, una sociedad más justa y cuidadora.

La participación de la infancia y la adolescencia en los procesos de protección es, sobre el papel, un derecho innegociable. Así lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) y se recoge en nuestro marco jurídico estatal, especialmente en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. Sin embargo, cuando descendemos al terreno de la práctica en los sistemas de protección en España, surge una pregunta inevitable: ¿se está garantizando verdaderamente este derecho o seguimos abordándolo como un mero trámite administrativo?

Del reconocimiento formal a las barreras prácticas

Es indiscutible que en los últimos años se han producido avances normativos y conceptuales. Comunidades autónomas como Catalunya y Navarra han diseñado marcos estratégicos que impulsan la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en las decisiones que afectan su vida. Cataluña, a través del Pla d'Acció en Polítiques d'Infància i Adolescència y de las iniciativas de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), ha desarrollado experiencias como los Consejos Asesores Jóvenes, donde adolescentes tutelados colaboran activamente en la revisión de prácticas institucionales. En Navarra, el programa Escucha Activa ha introducido procesos sistemáticos que garantizan la consulta directa a los y las menores en la elaboración de su Plan Individual de Protección.

No obstante, estos esfuerzos siguen siendo excepcionales y no representan aún la norma generalizada. En la práctica diaria, muchos procesos de protección continúan reproduciendo patrones adultocéntricos que invisibilizan la voz de las personas menores de edad, tratándolas como objetos de protección en lugar de reconocerlas como sujetos plenos de derechos.

Obstáculos estructurales y culturales

Uno de los principales obstáculos que limita la participación efectiva es la persistencia de una cultura adultocéntrica que sitúa al adulto como único sujeto competente para tomar decisiones, minimizando o directamente ignorando la capacidad de niños, niñas y adolescentes para expresar opiniones válidas sobre su propia vida. Bajo esta mirada, la protección se convierte en un acto vertical, que define unilateralmente el bienestar infantil, sin integrar de manera real las percepciones, deseos y necesidades expresadas por las personas menores de edad.

A esta situación se suma una carencia significativa de formación específica entre los equipos técnicos que intervienen en los sistemas de protección. Aunque existe una creciente sensibilización sobre la importancia de la participación, muchos profesionales carecen de herramientas metodológicas adaptadas a las diferentes etapas evolutivas y circunstancias emocionales de la infancia y adolescencia. La ausencia de competencias en comunicación respetuosa, técnicas de entrevista adaptadas o metodologías participativas limita la capacidad de los servicios para generar entornos de escucha activa y segura.

La rigidez de los protocolos administrativos y judiciales constituye otro freno relevante. Los procedimientos establecidos priorizan frecuentemente la rapidez procesal y la eficiencia burocrática, relegando las necesidades de expresión de los y las menores a un segundo plano. La falta de flexibilidad para adaptar tiempos, espacios y formatos a las características particulares de cada niño o niña obstaculiza seriamente la posibilidad de una participación genuina.

Por último, debe señalarse el miedo institucional a la participación auténtica. En numerosos contextos, se percibe que abrir espacios de verdadera consulta podría cuestionar las decisiones profesionales ya adoptadas, ralentizar procesos o generar situaciones de conflicto difíciles de gestionar. Esta percepción, aunque no siempre explícita, actúa como una barrera cultural que refuerza dinámicas de exclusión de las voces infantiles, bajo la falsa premisa de que se actúa en su mejor interés.

El impacto de un derecho no garantizado

La ausencia de una participación real y efectiva de niños, niñas y adolescentes en los sistemas de protección no constituye únicamente una deficiencia técnica o administrativa: representa una vulneración de derechos con profundas implicaciones en su desarrollo psicosocial y en la legitimidad de las actuaciones institucionales.

Desde el punto de vista individual, no ser escuchado ni tomado en cuenta puede generar sentimientos de invisibilidad, desconfianza y despersonalización. Numerosos estudios en el ámbito de la protección infantil, tanto en España como a nivel internacional, subrayan que la falta de participación incrementa el riesgo de sufrir retraimiento emocional, indefensión aprendida y dificultades posteriores en la construcción de la autonomía personal. La infancia tutelada que no participa en las decisiones que afectan su vida experimenta mayores niveles de ansiedad, baja autoestima y menor percepción de control sobre su propio futuro, elementos esenciales para una transición positiva a la vida adulta.

En términos colectivos, la negación de la participación erosiona la credibilidad y eficacia del sistema de protección. Las medidas adoptadas sin la implicación activa de quienes deben ser sus principales protagonistas tienden a ser menos adecuadas, menos ajustadas a las necesidades reales y, por tanto, menos efectivas. Se reduce la adherencia a los planes individualizados de protección y se incrementan las situaciones de conflictividad institucional, rupturas de acogimiento y abandono prematuro de los recursos de apoyo.

Además, desde un enfoque de derechos humanos, la no garantía de la participación infantil perpetúa una visión adultocéntrica que invisibiliza la agencia de la infancia y refuerza prácticas asistencialistas, en lugar de construir modelos de protección basados en el empoderamiento, la autonomía progresiva y el reconocimiento de los niños y niñas como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Finalmente, es importante considerar que la exclusión sistemática de sus voces genera una pérdida de conocimiento valioso. Los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos con experiencia directa en el sistema de protección, poseen un saber experto indispensable para la mejora de las políticas y prácticas. Desaprovechar su perspectiva no solo les perjudica a ellos, sino que debilita los propios sistemas públicos de protección, haciéndolos menos sensibles, menos eficaces y menos legítimos.

Garantizar su participación no es, por tanto, un acto opcional ni un añadido decorativo: es una condición sine qua non para el cumplimiento efectivo de sus derechos y para la construcción de sistemas de protección verdaderamente centrados en la dignidad humana.

Buenas prácticas que muestran el camino

Existen en España y a nivel internacional ejemplos que demuestran que una participación infantil genuina no solo es posible, sino también transformadora para los propios sistemas de protección. En el ámbito autonómico, Cataluña ha impulsado de manera pionera los Consejos Asesores Jóvenes de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Estos órganos consultivos, formados por adolescentes en acogimiento residencial y familiar, tienen como objetivo ofrecer su visión y propuestas sobre las políticas y prácticas de protección. Este modelo reconoce la capacidad crítica y constructiva de los y las jóvenes, y ha permitido introducir cambios en los protocolos de atención basados en su experiencia vivida.

En Navarra, el programa Escucha Activa del Gobierno Foral promueve la participación directa de niños, niñas y adolescentes tutelados en la construcción de su Plan Individual de Protección. A través de entrevistas adaptadas a su edad y comprensión, se fomenta un diálogo real en torno a sus deseos, miedos y expectativas, facilitando decisiones más ajustadas y respetuosas con su subjetividad.

Andalucía, por su parte, ha desarrollado iniciativas de mentoría social con jóvenes extutelados, como el programa Acompaña, que no solo ofrece apoyo en la transición a la vida adulta, sino que también incorpora su voz en la evaluación y diseño de los servicios, garantizando que las experiencias de quienes han pasado por el sistema sirvan para mejorarlo.

A nivel internacional, UNICEF ha impulsado iniciativas clave como el programa Ciudades Amigas de la Infancia, que promueve en varios municipios españoles la creación de órganos estables de participación infantil y adolescente, como consejos municipales o asambleas locales. En comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura o Canarias, UNICEF ha acompañado la implementación de mecanismos donde los niños, niñas y adolescentes pueden expresar su opinión sobre políticas públicas locales que afectan directamente su vida cotidiana. Asimismo, la organización trabaja en la capacitación de profesionales y responsables institucionales para fortalecer sus competencias en participación infantil, desarrollando metodologías adaptadas, marcos de protección segura para la expresión libre y la promoción de una cultura de respeto a la voz de la infancia. Estas prácticas muestran que con voluntad política, formación adecuada y un enfoque centrado en los derechos, es posible construir sistemas de protección más eficaces y profundamente respetuosos de la dignidad de niños, niñas y adolescentes.

¿Qué cambios son necesarios?

Para transformar la participación en una realidad efectiva, es imprescindible invertir de manera decidida en la formación continua y especializada de los y las profesionales del sistema de protección. Esta formación debe centrarse en el desarrollo de competencias prácticas que faciliten la comunicación adaptada a distintas edades, contextos y necesidades emocionales, incorporando técnicas de entrevista, escucha activa y metodologías participativas sensibles al trauma.

Igualmente, resulta urgente revisar y modificar los protocolos de actuación para integrar la participación como principio transversal en todas las fases del proceso de protección. No se trata de añadir una fase más en los procedimientos existentes, sino de reformular el enfoque completo, asegurando tiempos adecuados, espacios de expresión y mecanismos claros para recoger, valorar y utilizar las opiniones de los y las menores.

Otro cambio indispensable es la creación de sistemas de retroalimentación que permitan a niños, niñas y adolescentes comprender de forma accesible cómo sus opiniones han sido consideradas en las decisiones adoptadas. La participación auténtica implica también el derecho a recibir información clara sobre el impacto de su contribución, fortaleciendo así su agencia y su confianza en los procesos institucionales.

Finalmente, es imprescindible incorporar una perspectiva interseccional en todas las intervenciones de protección. La participación debe ser inclusiva y tener en cuenta la diversidad de experiencias y situaciones que atraviesan las infancias y adolescencias, reconociendo las desigualdades derivadas del género, la discapacidad, el origen cultural o la identidad sexual, entre otros factores. Sin esta mirada, cualquier esfuerzo de participación corre el riesgo de reproducir nuevas exclusiones.

La participación infantil en los procesos de protección no puede seguir siendo una asignatura pendiente. Es un imperativo legal, ético y democrático que exige un cambio de paradigma: dejar de hablar “por” los niños y niñas para empezar a hablar “con” ellos y ellas. Escuchar, creer, validar y actuar en consecuencia son acciones imprescindibles para garantizar no solo el respeto a sus derechos, sino también la eficacia y legitimidad de cualquier medida de protección. Mientras no logremos integrar verdaderamente sus voces en el corazón de nuestras intervenciones, estaremos perpetuando un sistema que protege sin empoderar, que asiste sin reconocer, y que ampara sin construir ciudadanía.

Conocer mis orígenes no me ha hecho menos hija ni menos familia. Me ha hecho más consciente, más libre y más entera. Mi cumpleaños me recuerda que la verdad, incluso cuando duele, siempre dignifica. Que toda persona adoptada tiene derecho a saber, a conocer su historia y a darle sentido

Cada año cuando se acerca la fecha de mi cumpleaños, el 2 de octubre, algo se remueve dentro de mí. No es una tristeza concreta ni una nostalgia definida, sino un movimiento interno, una especie de eco que me devuelve a los primeros días de mi vida, a ese punto de partida del que durante años solo tuve fragmentos. Mi cumpleaños no es solo una celebración: es también un recordatorio. Un recordatorio de lo que conozco, de lo que tuve que buscar, y de aquello que quizá nunca sabré.

Mi búsqueda de orígenes comenzó en los años noventa, mucho antes de que se hablara abiertamente de estos temas, cuando todavía pesaban el silencio, la desinformación y el miedo. Fue un proceso largo, lleno de idas y venidas, de puertas que se abrían y otras que se cerraban sin explicación. No fue hasta 2011 cuando pude decir que la había culminado, que por fin tenía acceso a la mayor parte de la información que me concernía. Saber quiénes fueron mis padres biológicos, en qué circunstancias se produjo mi nacimiento, y por qué se tomaron determinadas decisiones, me permitió dotar de coherencia a mi propia historia.

A menudo se tiende a pensar que cuando una persona adoptada inicia la búsqueda de sus orígenes lo hace porque le falta algo o porque necesita encontrar otra familia. Pero quienes hemos vivido este proceso sabemos que no se trata de eso. Yo no buscaba sustituir vínculos, ni llenar un vacío afectivo. Buscaba verdad. Quería entender, poner nombre y contexto a una historia que me había sido contada de forma incompleta. La búsqueda de orígenes es, en esencia, una búsqueda de información y de sentido. No pretende deshacer lo que existe, sino completarlo.

En mi caso, acceder a esa verdad fue tan reparador como desafiante. Supuso poner orden en mis recuerdos y en mis emociones, pero también asumir realidades complejas y aceptar silencios que forman parte de la historia adoptiva. Esa verdad no vino envuelta en idealizaciones ni en reencuentros de película; vino acompañada de humanidad, de límites y, sobre todo, de dignidad. Saber no siempre cura, pero sí ubica.

Lo he contado en distintas ocasiones y espacios públicos —entre ellos, en ElDiario.es y en el ámbito asociativo de La Voz de los Adoptados—, porque creo firmemente que hablar de esto contribuye a que la sociedad comprenda que buscar no es traicionar. Todavía hoy, demasiadas personas interpretan la búsqueda de orígenes como un acto de deslealtad hacia la familia adoptiva, como si el amor recibido tuviera que ser suficiente para acallar cualquier pregunta. Pero el amor no compite con la verdad; la sostiene. Conocer los orígenes no borra los vínculos creados, los refuerza. Quien busca su historia no rechaza a quienes le criaron, simplemente intenta reconciliar todas las partes de su identidad.

A pesar del tiempo transcurrido desde que concluí mi búsqueda, el cumpleaños sigue siendo una fecha cargada de significado. Es el día en que me permito mirar atrás, no con tristeza, sino con respeto. Me pregunto quién me sostuvo por primera vez, cómo fueron aquellas horas, quién supo de mi llegada y quién tuvo que despedirse. No son preguntas que busquen culpables; son formas de reconocer la existencia de quienes formaron parte de mi inicio. En ese sentido, mi cumpleaños tiene una dimensión doble: celebra la vida que tengo y honra el misterio de la que comenzó antes de que pudiera recordarla.

Cada año, al soplar las velas, siento que también celebro el coraje de haberme buscado. De no haber aceptado el silencio como respuesta, ni el olvido como destino. Porque la identidad no se construye solo con lo que se vive, sino también con lo que se comprende. Tener información no significa haber cerrado el proceso, pero sí haber conquistado un lugar propio dentro de la propia historia.

Hoy puedo decir que conocer mis orígenes no me ha hecho menos hija ni menos familia. Me ha hecho más consciente, más libre y más entera. Mi cumpleaños me recuerda que la verdad, incluso cuando duele, siempre dignifica. Que toda persona adoptada tiene derecho a saber, a conocer su historia y a darle sentido.

El eco de mi origen sigue sonando cada año, cada cumpleaños. Ya no duele: acompaña. Es la voz de la verdad que me habita, la que me dice que conocer de dónde vengo no me aleja de quien soy, sino que me acerca, por fin, a mí misma.

La violencia machista contra mujeres no puede entenderse como un problema de “relaciones de pareja” exclusivamente, cuando las personas menores de edad están implicadas de forma directa o indirecta. Como sociedad con compromisos en derechos humanos, infancia y equidad de género, tenemos la responsabilidad de visibilizar estos impactos, de actuar con urgencia preventiva, protectora y reparadora

La violencia machista no es únicamente un atentado contra la integridad de las mujeres. Es también una forma de violencia estructural que atraviesa generaciones, dejando cicatrices profundas en la infancia. Esta realidad, aunque cada vez más visible, sigue infrarrepresentada en la agenda pública y en las intervenciones sociales, a pesar de que las evidencias empíricas confirman su magnitud y gravedad.

Infancia y violencia machista: una relación sistemática

Desde una perspectiva técnica, entendemos la violencia machista como cualquier acto físico, psicológico, sexual, económico o simbólico derivado de desigualdades de género y dirigido contra las mujeres. Sin embargo, su impacto sobre la infancia se manifiesta en dos planos; como violencia directa cuando niñas, niños o adolescentes sufren abusos, acoso, control coercitivo o violencia sexual en sus propias relaciones y como violencia vicaria o indirecta cuando los menores son testigos de la violencia ejercida sobre sus madres u otras figuras de referencia.

Ambas formas de violencia no sólo afectan al presente de la infancia, sino que configuran sus aprendizajes sobre vínculos, seguridad y poder, perpetuando patrones de desigualdad y riesgo.

Radiografía en España: cifras que interpelan

Los datos disponibles son contundentes. Según el informe Evolución de la violencia contra las mujeres en la infancia y adolescencia en España (2018-2022), de Fundación ANAR, 20.515 menores fueron atendidos por violencia machista en ese periodo, con 382.219 peticiones de ayuda. La violencia machista creció un 87% en cuatro años y la violencia sexual contra niñas y adolescentes aumentó casi un 40%.

Por su parte, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, junto con la Universidad Complutense, estima que casi una cuarta parte de los menores (24,7%) han estado expuestos a violencia machista contra sus madres. Además, en 2023 se registraron más de 1.800 menores como víctimas directas asociadas a los casos de sus madres, un incremento del 32 % respecto al año anterior.

A esto se suma la realidad de los menores huérfanos por violencia de género: desde 2013, más de 1.800 niñas y niños han perdido a su madre por asesinato machista. Cada una de estas cifras no es un número: es una vida fracturada, un proyecto vital interrumpido y un desafío ético para el sistema de protección a la infancia.

Efectos sobre los niños, niñas y adolescentes (NNA): a corto, medio y largo plazo

La investigación nacional e internacional demuestra que la exposición a la violencia machista genera impactos profundos y multidimensionales en la infancia. En el ámbito psicológico, la infancia suele experimentar miedo, ansiedad, estrés postraumático y sentimientos de culpa o vergüenza que deterioran su autoestima y percepción de seguridad. Desde el punto de vista neurobiológico y conductual, son frecuentes las alteraciones del sueño, los problemas psicosomáticos, la regresión en conductas previamente adquiridas y la aparición de comportamientos agresivos o estados de hiperalerta permanente.

En el plano educativo, esta experiencia se traduce habitualmente en un descenso significativo del rendimiento escolar, absentismo, pérdida de motivación e incluso abandono de los estudios en los casos más graves. Asimismo, en el plano social y relacional, los niños, niñas y adolescentes pueden presentar dificultades para establecer vínculos seguros y tienden a reproducir, de manera inconsciente, patrones de dominación y desigualdad en sus relaciones futuras.

Estos efectos no constituyen simples consecuencias secundarias: suponen auténticas violaciones de derechos fundamentales, que van desde el derecho a la integridad física y emocional hasta el derecho a la salud, la educación y el desarrollo integral de la personalidad. Por ello, reconocer y abordar de forma temprana estos daños resulta esencial para garantizar una protección efectiva y romper el ciclo intergeneracional de la violencia.

Un problema estructural, no anecdótico

A pesar de la contundencia de los datos, el impacto de la violencia machista en la infancia continúa estando infradimensionado. Persisten barreras estructurales que dificultan su visibilización y abordaje integral. En primer lugar, la invisibilidad y la normalización siguen siendo un obstáculo central: muchas formas de violencia no son identificadas como tales por los propios menores ni por parte de las personas adultas, lo que diluye su gravedad y retrasa la intervención.

A ello se suma la baja denuncia, derivada del temor, la vergüenza, la falta de información y la dependencia económica o emocional, factores que refuerzan el silencio y el estigma. Incluso cuando las situaciones son conocidas, se evidencian deficiencias en la detección temprana en ámbitos clave como la educación y la sanidad, donde no siempre se reconocen a tiempo las señales de alarma.

Por último, la insuficiencia de recursos especializados agrava el problema. Los servicios de protección, la salud mental adaptada a menores, la acogida y el apoyo psicosocial presentan limitaciones de capacidad y acceso desigual. Esta combinación de invisibilidad, baja denuncia, detección tardía y falta de recursos mantiene a muchos niños y niñas atrapados en entornos de violencia, dificultando su recuperación y vulnerando sus derechos fundamentales.

Propuestas urgentes desde la experiencia

Para revertir esta situación y proteger de manera efectiva a la infancia, es imprescindible implementar cambios urgentes sustentados en la evidencia científica y la práctica profesional. La prevención primaria debe comenzar en la escuela, incorporando de forma transversal la educación afectivo-sexual, la igualdad de género y la resolución pacífica de conflictos para desmontar desde edades tempranas los patrones que sustentan la violencia machista.

Asimismo, se requiere formación obligatoria y especializada para el personal educativo, sanitario y judicial, de modo que sean capaces de detectar de forma temprana las señales de violencia y actuar con rapidez y sensibilidad ante casos de menores expuestos o víctimas directas. Esta formación debe ir acompañada de protocolos integrados entre servicios sociales, sanitarios y educativos que garanticen la derivación inmediata y la protección efectiva.

Junto a la respuesta inicial, es fundamental ofrecer apoyo psicosocial sostenido para niñas, niños y adolescentes, evitando que la intervención se limite a situaciones de crisis y asegurando un acompañamiento continuado en el tiempo. Igualmente, deben desarrollarse medidas específicas para la infancia huérfana por violencia de género, garantizando estabilidad familiar, apoyo educativo y atención especializada al duelo, de modo que no queden en situación de vulnerabilidad extrema.

Por último, resulta imprescindible evaluar sistemáticamente las políticas públicas y sus resultados para medir su impacto real y ajustar las intervenciones. Con recursos adecuados, coordinación efectiva y compromiso político sostenido es posible proteger los derechos de la infancia y romper el ciclo intergeneracional de la violencia machista.

La violencia machista contra mujeres no puede entenderse como un problema de “relaciones de pareja” exclusivamente, cuando las personas menores de edad están implicadas de forma directa o indirecta. Como sociedad con compromisos en derechos humanos, infancia y equidad de género, tenemos la responsabilidad de visibilizar estos impactos, de actuar con urgencia preventiva, protectora y reparadora.

España ha avanzado en reconocimiento legal, en compilación de datos y en programas de intervención, pero los crecimientos porcentuales recientes muestran que no es suficiente: necesitamos una estrategia integral que sitúe a los niños y niñas víctimas—o expuestos —como sujetos de derechos, con voz, protección y reparación.

Han pasado ya diez años desde que entraron en vigor la Ley 26/2015 y la Ley Orgánica 8/2015, las dos grandes normas que reformaron el sistema de protección a la infancia y la adolescencia en España. Aquella reforma fue recibida como un hito legislativo, destinada a modernizar un marco normativo fragmentado y, sobre todo, a situar el interés superior del menor como principio rector de todas las decisiones administrativas, judiciales y sociales. La expectativa era alta: homogeneizar la protección entre comunidades autónomas, reforzar los derechos de niños, niñas y adolescentes, prevenir el maltrato y dotar de coherencia a un sistema que, pese a sus avances desde los años noventa, seguía adoleciendo de fuertes desigualdades territoriales y presupuestarias. Una década más tarde, conviene revisar con honestidad qué hemos ganado, qué hemos perdido y, sobre todo, hacia dónde deberíamos avanzar.

Entre los avances más notables de la reforma se encuentra la consolidación de un marco legal más sólido y actualizado, que ha incorporado los compromisos internacionales asumidos por España y ha modificado normas esenciales del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Adopción Internacional. Por primera vez se obligó a someter las políticas públicas a un análisis de impacto en infancia y familia, se establecieron criterios más claros para la intervención de las administraciones y se definió un catálogo de deberes y derechos que reconoce a los niños y adolescentes no solo como sujetos protegidos sino también como ciudadanos con responsabilidades. Asimismo, se han desarrollado sistemas de datos y registros, como el RUMI o los indicadores del Observatorio de la Infancia, que permiten conocer mejor la realidad del maltrato infantil y orientar políticas basadas en evidencia. También se han incrementado, aunque de forma todavía insuficiente, las partidas presupuestarias dedicadas a programas de prevención y acogimiento, y en algunas comunidades se han creado innovadores proyectos de acogimiento familiar y atención comunitaria que muestran resultados prometedores.

Sin embargo, estas mejoras normativas y procedimentales contrastan con la persistencia —e incluso agravamiento— de problemas estructurales. La pobreza infantil se mantiene como una de las más altas de la Unión Europea y en algunos años recientes ha crecido ligeramente, hasta superar el 29% de la población menor de edad. Esta realidad revela que los derechos reconocidos en la ley no se traducen automáticamente en condiciones de vida dignas. El gasto público destinado a familia e infancia sigue en torno al 1,5 % del PIB, muy por debajo de la media europea, lo que limita la capacidad del sistema para prevenir la vulnerabilidad y para responder con agilidad a los casos detectados. Las desigualdades territoriales también siguen siendo un obstáculo importante: hay comunidades autónomas con ratios de profesionales, recursos y programas de acogimiento muy superiores a otras, generando una especie de lotería geográfica que contradice la aspiración de igualdad y universalidad.

Otro de los puntos críticos es la atención a la infancia que migra sola, un desafío que se ha hecho especialmente visible en Canarias y en otras zonas de recepción. La llegada masiva de adolescentes sin referentes familiares y en situación de vulnerabilidad extrema, ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema. Persisten problemas de saturación en los dispositivos, retrasos y opacidad en los procedimientos de determinación de la edad, así como una falta de coordinación clara entre las comunidades autónomas para distribuir la corresponsabilidad de su acogida. Mientras tanto, muchas organizaciones denuncian que estos chicos y chicas sufren discriminación y estigmatización, además de no poder acceder en igualdad de condiciones a oportunidades educativas y formativas.

Tampoco se ha logrado, a pesar de la voluntad legal, que el acogimiento familiar desplace de forma generalizada al residencial. Muchos niños y niñas, incluidos menores de seis años, siguen creciendo en centros cuando las evidencias demuestran que el entorno familiar, ya sea con familia extensa o ajena, ofrece mejores resultados emocionales y de desarrollo. La transición hacia modelos más desinstitucionalizados requiere no solo cambios normativos, sino un importante esfuerzo presupuestario, campañas de sensibilización y acompañamiento profesional intenso para las familias acogedoras. Sin estos factores, la preferencia legal por la familia queda en papel mojado.

A todo ello se suma la necesidad urgente de reforzar los servicios sociales municipales de base. La prevención y la detección temprana de situaciones de riesgo continúan infradotadas, con ratios de profesionales muy por debajo de las recomendaciones. Esto provoca que muchas intervenciones se activen tarde, cuando los daños ya son profundos y la separación del NNA se vuelve inevitable. En este contexto, la formación y estabilidad de los equipos técnicos es crucial. No se puede construir un sistema de protección sólido sin profesionales formados, con condiciones laborales dignas y sin rotaciones constantes que erosionen la calidad del acompañamiento.

Más allá de los déficits heredados, han surgido nuevos desafíos que la reforma de 2015 apenas podía anticipar. El mundo digital, las redes sociales y los entornos virtuales han transformado la vida de la infancia y la adolescencia. Las nuevas formas de acoso, explotación y desinformación requieren respuestas integrales y coordinadas que incluyan regulación, educación digital y servicios especializados de apoyo psicológico. Al mismo tiempo, la salud mental infantil y adolescente se ha convertido en un asunto prioritario: la pandemia, la precariedad, las tensiones familiares y la incertidumbre económica han disparado la demanda de atención psicológica, pero la oferta pública sigue siendo escasa y desigual. Y, mirando más allá de nuestras fronteras, el cambio climático, las migraciones forzadas y las crisis internacionales configuran un horizonte en el que niños, niñas y adolescentes serán, de nuevo, el colectivo más vulnerables.

Diez años después, la reforma de la Ley de Infancia sigue siendo un hito necesario, pero insuficiente. El marco jurídico es sólido y los avances son evidentes, pero la distancia entre la norma y la realidad cotidiana de miles de niños y niñas continúa siendo considerable. Convertir en hechos los principios del interés superior del menor, la prevención y la igualdad de oportunidades exige un pacto estable por la infancia, presupuestos blindados, coordinación efectiva entre administraciones y una mirada renovada hacia los riesgos emergentes. Sin estos elementos, el esfuerzo legislativo de 2015 corre el riesgo de quedar como una promesa incumplida más. España tiene la oportunidad de liderar en Europa una política de infancia avanzada y coherente; solo falta la voluntad política y social para convertirlo en prioridad real.

Al final, las cacas son un recordatorio entrañable de que el cuerpo de ese pequeño ser funciona, crece y se adapta. Entre pañales, toallitas y cambios de ropa, los adultos aprendemos también a amar lo cotidiano, lo imperfecto y lo sorprendente

Hablar de cacas puede sonar escatológico, incluso incómodo, poco elegante y nada glamuroso, pero quien convive con un recién nacido sabe que este tema da para largas tertulias, para debates entre familias primerizas y hasta para conversaciones de WhatsApp con fotografías que, en otro contexto, rozarían lo impresentable. Lo cierto es que las deposiciones infantiles son mucho más que un residuo biológico: son una ventana a la salud del bebé y, de paso, una escuela de paciencia y humor para los adultos que le rodean.

Un arcoíris digestivo

Todo comienza con el meconio, esa sustancia negra y pegajosa que parece más chapapote que caca y que sorprende tanto como tranquiliza. Su aparición significa que el aparato digestivo del bebé funciona. Con el paso de los días, este “chapapote” inicial deja espacio a un universo cromático fascinante: del amarillo mostaza al verde oliva, pasando por tonos ocres o marrones claros.

La dieta también marca la diferencia. Los bebés alimentados con lactancia materna suelen producir heces más líquidas, de un color amarillo dorado, con un olor suave y hasta dulzón. Quienes se alimentan con fórmula artificial tienden a tener cacas más consistentes, más parecidas a las de un niño mayor. Estas diferencias, lejos de ser anecdóticas, permiten a madres, padres y pediatras identificar intolerancias, deshidrataciones o problemas digestivos.

En resumen: cada pañal es un parte médico en miniatura, y por eso los cuidadores acabamos por observarlo con la minuciosidad de un profesional técnico de laboratorio.

Las leyes de la física… desafiadas

Más allá de los colores, lo verdaderamente inolvidable es la capacidad expansiva de estas deposiciones. Cualquiera que haya presenciado un “accidente” sabe de lo que hablo: un pañal aparentemente seguro puede convertirse, en cuestión de segundos, en una catástrofe textil. El fenómeno se conoce popularmente como “caca explosiva”, y no es exageración: un estornudo, un bostezo o un movimiento inesperado del bebé puede desencadenar una fuga que desafía toda lógica gravitatoria.

Las anécdotas abundan. Hay quien relata, con la mezcla de horror y orgullo de un veterano de guerra, que la caca de su bebé llegó literalmente hasta el cuello. En mi caso particular, debo reconocer que lo máximo alcanzado ha sido a la cintura… lo cual, créanme, ya es suficiente para tener que diseñar un operativo de rescate con varias toallas, cambio de ropa completo y baño de emergencia. Estos episodios, por muy dramáticos que resulten en el momento, acaban formando parte del anecdotario familiar, de esos recuerdos que se cuentan con carcajadas años después.

Ciencia, crianza y complicidad

La parte divertida no debe hacernos olvidar que el pañal es también una herramienta de diagnóstico precoz. La diarrea persistente puede ser señal de infección o deshidratación. El estreñimiento excesivo puede indicar intolerancia a la proteína de la leche o falta de hidratación. Colores como el rojo, negro o blanco son alertas que requieren consulta médica inmediata. En otras palabras: la observación constante de las deposiciones no es solo curiosidad, es prevención de salud.

Y sin embargo, este seguimiento cotidiano tiene un efecto inesperado: genera complicidad. Padres, madres y cuidadores nos convertimos en auténticos analistas de pañales. Conversaciones antes impensables —“¿hoy fue más líquida o más pastosa?”, “¿era más verde o más amarilla?”— se convierten en parte de la rutina, sin vergüenza alguna. La crianza, al fin y al cabo, normaliza lo que en otro contexto sería tabú.

Entre la risa y el cariño

Más allá de su utilidad clínica, las cacas de los bebés tienen un efecto curioso: nos obligan a relativizar. Ante un estallido imprevisto en medio de un paseo, un vómito combinado con pañal explosivo o una fuga que llega hasta la ropa del adulto, no queda otra que respirar, limpiar, y reírse un poco de la situación. Esa risa compartida, esa capacidad de quitar hierro a lo desagradable, forma parte del vínculo afectivo con el bebé.

Al final, las cacas son un recordatorio entrañable de que el cuerpo de ese pequeño ser funciona, crece y se adapta. Entre pañales, toallitas y cambios de ropa, los adultos aprendemos también a amar lo cotidiano, lo imperfecto y lo sorprendente.

Y sí, puede que nunca ganemos un premio por nuestras destrezas como “limpiadores oficiales de desastres biológicos”, pero lo cierto es que, tras sobrevivir a un pañal que llega a la cintura —o, para los más veteranos, al mismísimo cuello—, uno se siente con autoridad suficiente como para añadir una nueva línea al currículum: “experto en gestión de emergencias fecales con final feliz”.

El debate en torno a los llamados “vientres de alquiler” —o, con mayor eufemismo, “gestación subrogada”— suele presentarse como una cuestión de libertad individual y de derecho a la maternidad o paternidad. Sin embargo, más allá de la envoltura discursiva, estamos ante un fenómeno que plantea serias implicaciones éticas, sociales y jurídicas, donde el cuerpo de las mujeres y los derechos de los niños se convierten en objeto de mercado.

La primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿de quién es realmente la libertad que se defiende? Se suele hablar de la libre decisión de las mujeres que “eligen” gestar para otros. Pero en la gran mayoría de los casos, estas mujeres provienen de contextos de vulnerabilidad económica, donde la supuesta decisión libre se encuentra profundamente condicionada por la necesidad. Una libertad marcada por la precariedad no es auténtica libertad, sino una coacción invisible.

Por otro lado, el deseo de ser madre o padre no constituye un derecho absoluto. La Convención sobre los Derechos del Niño nos recuerda que lo que está en juego no es el derecho de los adultos a tener hijos, sino el derecho de los niños y niñas a no ser tratados como mercancías. La gestación subrogada introduce la lógica del contrato en un espacio íntimo y vital: la gestación. Un contrato en el que el bebé pasa a ser el objeto final de la transacción.

La práctica también perpetúa una visión reduccionista del cuerpo femenino, fragmentado y utilitarista. El útero se convierte en un recurso disponible para terceros, y la mujer, en un mero instrumento de producción. Este enfoque no solo atenta contra la dignidad de las mujeres, sino que refuerza estereotipos patriarcales que históricamente han negado su autonomía.

El panorama internacional refleja con claridad la controversia. En Estados Unidos, la regulación varía según el estado: lugares como California permiten y regulan la gestación subrogada, mientras que otros la prohíben expresamente. En Ucrania, Rusia y Georgia, la práctica está legalizada y constituye un sector económico en expansión, especialmente orientado al mercado internacional. En México, aunque a nivel federal no existe regulación, algunos estados como Tabasco y Sinaloa llegaron a permitirla, lo que atrajo a clientes extranjeros hasta que se introdujeron limitaciones recientes.

En Europa, la mayoría de los países la prohíben. España la declara nula de pleno derecho en el artículo 10 de la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida. Francia y Alemania también la consideran ilegal, apelando a la protección de la dignidad humana. En Italia, el Código Penal sanciona con cárcel la gestación por sustitución. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), aunque ha instado en algunos casos (como Mennesson vs. Francia, 2014) a reconocer ciertos efectos filiales para proteger el interés superior del menor nacido mediante esta práctica en el extranjero, ha reiterado que los Estados conservan un amplio margen de prohibirla en sus legislaciones.

En Asia, países como India, Tailandia y Nepal fueron durante años destinos recurrentes para la gestación subrogada comercial, hasta que múltiples denuncias de explotación, abandono de recién nacidos y vulneración de derechos llevaron a reformas legislativas restrictivas. India, por ejemplo, prohibió en 2015 la subrogación comercial para extranjeros, y en 2021 limitó incluso la altruista, reservándola solo a parejas heterosexuales indias casadas y con estrictas condiciones.

Este mapa desigual evidencia que, allí donde se permite, la gestación subrogada se convierte en un mercado transnacional sustentado en la vulnerabilidad de las mujeres de contextos más pobres, mientras que allí donde se prohíbe se apela a principios de protección y ética pública.

Es importante subrayar que no se trata de condenar los deseos legítimos de maternidad o paternidad, ni de estigmatizar a quienes acuden a estas prácticas. Se trata de recordar que la satisfacción de un deseo personal no puede hacerse a costa de la explotación de otras personas ni de la cosificación de los más vulnerables: los niños y niñas.

En sociedades donde la desigualdad de género y la pobreza continúan marcando las biografías de tantas mujeres, legitimar los vientres de alquiler equivale a legalizar una nueva forma de explotación reproductiva. Lejos de ser un avance en derechos, constituye un retroceso, porque normaliza que los cuerpos puedan ser alquilados y que la vida misma se transforme en objeto de contrato mercantil.

En definitiva, la gestación subrogada no es un asunto privado de “libertades individuales”, sino un problema colectivo que interpela a los valores democráticos, al principio de igualdad y a la protección de los derechos humanos. La verdadera alternativa pasa por abrir un debate honesto sobre cómo acompañar los deseos de maternidad y paternidad sin poner en riesgo la dignidad de las mujeres ni los derechos de la infancia. Se trata de construir marcos sociales y éticos donde los vínculos familiares se basen en el cuidado, la responsabilidad y el respeto, y no en la capacidad económica de unos ni en la vulnerabilidad de otros.

Resulta insoportable escribir sobre la infancia en la Franja de Gaza y, sin embargo, es un deber ético y humano hacerlo. Cada día, las imágenes y los testimonios que llegan desde este pequeño territorio palestino reflejan un horror que hiere la conciencia colectiva: niñas y niños que mueren bajo los escombros, que ven truncados sus juegos y su derecho a la vida, que cargan sobre sus espaldas un dolor imposible de dimensionar. No se trata de una tragedia accidental, sino de una estrategia bélica sostenida que está reduciendo a cenizas no solo infraestructuras, sino el presente y el futuro de toda una generación.

Israel ha desatado una ofensiva militar que no distingue entre combatientes y población civil. Escuelas bombardeadas, hospitales reducidos a ruinas, campos de refugiados arrasados y familias enteras aniquiladas. En Gaza, la infancia se ha convertido en objetivo colateral de una maquinaria de guerra que actúa con impunidad y bajo la excusa de la seguridad nacional. Pero la seguridad de un Estado no puede justificarse a costa de la aniquilación sistemática de otro pueblo. Las cifras son escalofriantes: miles de menores han muerto en apenas unos meses, y decenas de miles más han quedado heridos, mutilados o traumatizados de por vida. La infancia gazatí no conoce lo que significa dormir sin miedo, jugar sin sobresalto o proyectar un futuro.

Lo más indignante no es únicamente la barbarie, sino la complicidad silenciosa de la comunidad internacional. Gobiernos que alzan la voz en defensa de los derechos humanos cuando conviene a sus intereses estratégicos, pero que enmudecen ante lo que juristas, organismos independientes y organizaciones humanitarias ya no dudan en calificar como un genocidio. El derecho internacional humanitario, consagrado en los Convenios de Ginebra, prohíbe de manera explícita los ataques indiscriminados contra la población civil, así como el uso desproporcionado de la fuerza. Sin embargo, estas normas parecen haberse convertido en letra muerta cuando se trata de Palestina.

La Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo, proclama que todos los menores deben ser protegidos contra la violencia, recibir asistencia humanitaria en situaciones de conflicto y gozar de su derecho inalienable a la vida. Cada bomba que cae sobre Gaza es, por tanto, una violación directa de este tratado internacional. Cada hospital destruido, cada convoy de ayuda bloqueado, cada aula que se convierte en una fosa común, representa una traición a los compromisos universales asumidos por los Estados. ¿De qué sirve ratificar convenios si, llegado el momento, se tolera la barbarie?

No se trata solo de un conflicto territorial o de un enfrentamiento religioso; se trata de un crimen contra la humanidad. El uso sistemático del hambre como arma de guerra, los cortes de electricidad y agua potable, la imposibilidad de acceder a medicinas, configuran un escenario de castigo colectivo prohibido por el derecho internacional. Gaza es hoy la metáfora más brutal de un mundo que ha perdido toda brújula ética.

A la devastación causada por los bombardeos se suma una crisis humanitaria deliberadamente provocada: la hambruna. Millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, enfrentan la escasez total de alimentos, mientras los convoyes de ayuda humanitaria son bloqueados o bombardeados. La desnutrición severa se expande como una epidemia silenciosa, cobrando la vida de bebés y debilitando a generaciones enteras. Las madres no pueden amamantar por falta de alimentos, los hospitales carecen de fórmulas infantiles y los niños mueren de inanición en pleno siglo XXI, bajo la mirada de un mundo que dice haber aprendido de los horrores del pasado.

El hambre no es una consecuencia colateral del conflicto, sino un método de exterminio planificado: impedir el acceso a pan, agua y leche se convierte en un instrumento de control que busca quebrar la resistencia de todo un pueblo. El derecho internacional reconoce el hambre forzada como un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. Sin embargo, la infancia gazatí se consume en la fragilidad extrema, enfrentando no solo las bombas, sino también el vacío desgarrador del estómago vacío.

Lo más doloroso es que no hablamos de un futuro incierto, sino de una infancia rota en presente. Niños que aprenden a identificar el sonido de los drones antes que el de un juguete, niñas que cargan a sus hermanos pequeños huyendo entre ruinas, adolescentes que entierran a sus padres sin haber conocido un solo día de paz. La infancia palestina está siendo marcada por un trauma colectivo de dimensiones irreparables. Y ese daño no se limita a las fronteras de Gaza: es una herida abierta en la conciencia del mundo entero.

Ante esta realidad, no es suficiente la solidaridad simbólica, los comunicados ni las lágrimas de ocasión. El silencio y la inacción equivalen a complicidad. El mundo tiene la obligación de detener este exterminio, exigir responsabilidades y colocar la vida de la infancia en el centro de cualquier resolución política. Los gobiernos que financian o abastecen de armamento a Israel no pueden seguir lavándose las manos: son corresponsables de cada vida segada. La ciudadanía, a su vez, debe asumir que callar o mirar hacia otro lado es una forma de consentimiento tácito.

La infancia palestina nos está mostrando el rostro más descarnado de la injusticia. Su sufrimiento interpela a nuestra humanidad, a nuestra coherencia y a nuestra capacidad de reacción. Mirar hacia otro lado es negarnos como sociedad, es aceptar que el genocidio pueda convertirse en una rutina más dentro de la agenda internacional.

En Gaza no se libra una simple guerra: se está perpetrando un crimen de dimensiones históricas. Y mientras tanto, los niños y las niñas siguen siendo las primeras víctimas de un mundo que ha decidido olvidar su propia promesa: que toda infancia merece protección, paz y futuro.

Hay imágenes que estremecen más que un frente de batalla. Una de ellas es el catálogo digital en el que aparecen casi 300 niños ucranianos ofrecidos para adopción en Rusia. Rostros de menores clasificados por edad, género, color de ojos o incluso rasgos de carácter. No es ficción distópica: es la realidad puesta en marcha por las autoridades prorrusas en Lugansk.

Que en pleno siglo XXI se pueda hojear un “listado” de niños como si fueran objetos disponibles para escoger, dice mucho no solo del nivel de crueldad alcanzado por el Kremlin, sino también del fracaso de la comunidad internacional en detener un crimen que se prolonga desde hace más de dos años: la deportación sistemática de menores ucranianos a territorio ruso.

La herida psicológica: infancias amputadas

Separar a un niño de su familia es un acto de violencia que deja huellas indelebles. No hablamos de una reubicación “benéfica”, sino de un desarraigo forzado. Estos niños no pierden solo un hogar; pierden su lengua, sus costumbres, sus vínculos afectivos y su historia.

La psicología lo tiene claro: la ruptura con la familia y la identidad provoca traumas que se traducen en ansiedad, depresión, estrés postraumático y trastornos del apego. Si a ello se suma la imposición de un nuevo nombre, una nueva nacionalidad y un relato oficial que niega su origen, el resultado es una fractura identitaria que puede acompañarles toda la vida. No hablamos solo de heridas individuales: se trata de un ataque a la memoria de un pueblo.

La ilegalidad manifiesta: crímenes tipificados

No es necesario ser jurista para entender que lo que ocurre es una violación flagrante del derecho internacional. El IV Convenio de Ginebra prohíbe la deportación de menores en territorios ocupados. La Convención sobre los Derechos del Niño garantiza el derecho a preservar identidad, nacionalidad y relaciones familiares.

Pero además, el Estatuto de Roma considera crimen de guerra el traslado forzado de población civil, y la Convención para la Prevención del Genocidio define como genocidio el traslado de niños de un grupo nacional a otro. En este caso, la definición encaja con exactitud.

La Corte Penal Internacional (CPI) lo ha reconocido al emitir órdenes de arresto contra Vladimir Putin y María Lvova-Belova. Que un catálogo de menores esté en línea no es un mero “fallo ético”: es la punta del iceberg de una política de Estado diseñada para borrar identidades.

Historia que se repite: del Congo al Ártico

Este catálogo digital no surge de la nada. Forma parte de una vieja estrategia: borrar culturas a través de su infancia.

El patrón es claro: controlar el futuro de una nación comienza por moldear a sus niños. Lo que ocurre hoy en Ucrania repite esa lógica, con la diferencia de que ahora todo se hace con un clic en un catálogo digital.

¿Y la comunidad internacional?

La indiferencia siempre ha sido cómplice de los crímenes contra la infancia. Ucrania lo ha dejado claro: la repatriación de los menores secuestrados es una condición no negociable en cualquier negociación de paz. Pero no basta con exigir: hay que actuar.

La comunidad internacional debe garantizar la restitución inmediata de los niños, impulsar los procesos judiciales abiertos en la CPI y poner en marcha programas de reparación psicológica y cultural. No se trata solo de devolver cuerpos, sino de reconstruir identidades y restituir memorias.

Infancias no negociables

Lo que hoy vemos en Ucrania no es un capítulo menor de la guerra: es una de sus caras más brutales. Los niños no son huérfanos anónimos ni páginas en blanco que un Estado pueda reescribir a conveniencia. Son sujetos de derechos, portadores de memoria y futuro.

Convertirlos en catálogo es tratarlos como mercancía. Y aceptar ese catálogo como un daño colateral es permitir que la barbarie se normalice. Si la humanidad ha aprendido algo de su propia historia, es que la infancia nunca debe convertirse en herramienta de guerra ni en moneda de poder.

La infancia ucraniana no está en venta. Su identidad no puede borrarse. Y el mundo, si quiere llamarse civilizado, debe decirlo en voz alta: ni un niño más en el catálogo del despojo.