Durante los últimos días hemos visto pasar ante nuestros ojos cosas que hace apenas una semana parecían imposibles. Vimos a Maricarmen salir en camilla de la casa en la que había vivido prácticamente toda su vida y conseguimos que, pocos días después, pudiera volver a ella con un nuevo contrato. Vimos cómo una reivindicación que durante años había sido descartada cada vez que la planteábamos, la estabilidad indefinida de los contratos de alquiler, llegaba finalmente al Consejo de Ministros convertida en un real decreto. Y vimos también cómo un conflicto que empezó alrededor del desahucio de una mujer de 87 años acababa abriendo una discusión nacional sobre quién tiene derecho a decidir cuánto tiempo podemos permanecer en nuestras propias casas.

Pero el pasado viernes 2 de octubre vimos otra cosa. Vimos cómo el Congreso de los Diputados tumbaba los dos decretos de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts. El primero cayó por 172 votos frente a 178; el segundo, que incluía la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, por 166 frente a 184. Con ellos desaparecieron medidas que prorrogaban contratos, protegían frente a determinados desahucios, regulaban los alquileres temporales y de habitación y limitaban la entrada de fondos de inversión en la compra de vivienda.

Cada cual podrá buscar la explicación parlamentaria que prefiera, reconstruir negociaciones, repartir responsabilidades o calcular qué partido podría haber cedido un poco más para conseguir unos votos aquí o unas abstenciones allá. Desde el Sindicato de Inquilinas creemos que existe una lectura mucho más sencilla: existe una distancia cada vez más difícil de sostener entre lo que una mayoría de la sociedad está reclamando cuando habla de vivienda y lo que finalmente ocurre dentro del Congreso.

Porque mientras allí se votaba contra mejorar la vida del 30% de la población que ya vive de alquiler, una encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER mostraba que dos de cada tres personas apoyan limitar los precios incluso si eso significa reducir la rentabilidad de los rentistas. Lo respaldan también más del 55% de los votantes de PP y Vox y, significativamente, una mayoría de los propios arrendadores.

Es difícil encontrar una imagen más clara de la crisis política que atravesamos. Tenemos un Gobierno que ha necesitado años y una explosión de indignación social para llevar al Congreso algunas de las medidas que los movimientos de vivienda llevamos muchísimo tiempo reclamando, y tenemos después una mayoría parlamentaria capaz de derribarlas aunque algunas de ellas encuentren apoyo mucho más allá de las fronteras ideológicas tradicionales. Para nosotras, el viernes se terminó definitivamente el tiempo de esperar a que la solución llegue desde arriba, como ya venimos diciendo desde nuestra manifestación del 13 de octubre de 2024: el tiempo de los políticos se ha acabado. 

Pero eso no significa que se haya terminado el tiempo de la política, más bien al contrario.

Durante demasiado tiempo nos han enseñado a confundir política con instituciones, como si nuestra capacidad de intervenir en la realidad empezara y terminara introduciendo una papeleta en una urna y esperando después a que las personas elegidas resolvieran los problemas, pero las últimas semanas han demostrado otra cosa. Mientras el Parlamento era incapaz de aprobar unas medidas mínimas, el sindicalismo inquilino consiguió que una mujer que ya había sido desahuciada pudiera volver a su casa y logró obligar al Gobierno a poner sobre la mesa una renovación indefinida de los contratos que hasta entonces se había negado a asumir.

Nada de eso salió espontáneamente de un despacho, sino que salió de un portal en el que cientos de personas pusieron el cuerpo, de calles que se llenaron, de años de organización sindical y de una sociedad que ha empezado a entender que la situación de la vivienda no es el resultado inevitable de unas misteriosas leyes económicas, sino el resultado de decisiones que pueden ser disputadas. Por eso sería un error vivir la votación de este viernes como una derrota que nos devuelve al punto de partida, porque no estamos donde estábamos hace diez días.

Hace unas semanas nos decían que Maricarmen no podía volver a casa y ha vuelto. Nos decían que los contratos indefinidos eran imposibles y un Gobierno que durante años los había rechazado terminó aprobándolos en Consejo de Ministros. Nos decían que determinadas propuestas eran demasiado radicales y hoy sabemos que algunas de ellas cuentan incluso con el apoyo de buena parte de quienes votan a partidos que las han tumbado en el Congreso. Eso es cambiar el sentido común de un país, aunque todavía no tengamos la fuerza suficiente para convertir todo ese sentido común en leyes.

Y esa es la tarea que tenemos ahora por delante. Este fin de semana ha habido movilizaciones por la vivienda en 54 ciudades del Estado. Nunca habíamos visto una movilización territorial de estas dimensiones alrededor de una convocatoria que empieza a plantear abiertamente la necesidad de una huelga general por la vivienda. Lo verdaderamente interesante es que la idea de esa huelga tampoco pertenece ya únicamente a quienes llevamos años organizándonos en el movimiento de vivienda. Una encuesta publicada por elDiario.es este sábado muestra que el 73% de las personas consultadas apoyaría una huelga general para exigir medidas que solucionen el problema de la vivienda. Entre quienes votan al PSOE, el respaldo llega al 84%; entre los votantes del PP, al 61%; entre los de Vox, al 63%. Incluso entre quienes viven en una vivienda en propiedad, siete de cada diez apoyarían la convocatoria.

Durante años se nos dijo que hablar del conflicto entre rentistas e inquilinas era dividir a la sociedad, que intervenir los alquileres era una posición minoritaria y que cuestionar la rentabilidad inmobiliaria enfrentaría inevitablemente a quienes alquilan con quienes tienen una propiedad. Lo que estamos viendo apunta en otra dirección, pues sabemos que muchísimas personas propietarias tienen hijos que no pueden emanciparse, compañeras que dedican medio sueldo al alquiler o familiares obligados a abandonar el barrio en el que han vivido durante años. La crisis de vivienda ha alcanzado tal dimensión que empieza a atravesar identidades políticas y situaciones patrimoniales que hasta ahora parecían separarnos.

Eso es lo que tenemos que organizar, porque una huelga general no se decreta desde una plaza ni se construye escribiendo una fecha en una pancarta. Mucho menos puede levantarse solamente con quienes ya estamos convencidas. Se construye hablando con miles y miles de personas, organizando bloques, visitando centros de trabajo, sentándonos con sindicatos laborales, entrando en universidades, colegios y centros de salud, escuchando a quienes todavía tienen dudas y demostrando que detrás de problemas aparentemente distintos existe una experiencia compartida: trabajar cada vez más para poder pagar una vida cada vez más precaria.

La fuerza que apareció estos días en Sol tiene sentido si ahora somos capaces de llevarla mucho más lejos. A cada barrio, a cada bloque, a cada centro educativo y a cada centro de trabajo. No porque exista una forma de movilización más pura que otra, sino porque ninguna plaza, por grande que sea, puede sustituir la organización paciente y cotidiana que necesitamos para convertir una mayoría social en una fuerza capaz de cambiar las cosas.

Una huelga general será posible cuando suficientes personas hayan llegado a una conclusión muy sencilla: que si somos nosotras quienes pagamos los alquileres, quienes trabajamos en los hospitales, quienes damos clase en los colegios, quienes conducimos los autobuses, levantamos las persianas de los comercios, cuidamos a nuestras mayores y hacemos funcionar las ciudades, también tenemos una enorme capacidad para detenerlas.

El viernes el Congreso cerró una puerta, y nosotras no pensamos quedarnos delante esperando a que vuelva a abrirla, porque si algo hemos aprendido estos días es que la política no termina allí donde fracasan los políticos. En muchos momentos de nuestra historia, ha sido exactamente ahí donde ha empezado: ahora nos toca construir la fuerza para demostrarlo.

El Congreso de los Diputados tumbó este martes la propuesta de los Sindicatos de Inquilinas para regular el alquiler de temporada y por habitación. Lo que se votaba no era la aprobación de la norma sino únicamente su toma en consideración y su tramitación parlamentaria.

La noticia saltó con fuerza debido a que Junts cambió el sentido de su voto minutos antes de la votación para que la norma no se pudiera debatir. Pero nos estaríamos engañando si creemos que el problema es tan solo Junts, el PP o Vox. El problema es mucho más profundo y toca a todos los políticos que por activa o por pasiva se han puesto al servicio de la mafia inmobiliaria. Por ejemplo, a principios de septiembre de este año, el Ministerio de Hacienda vendió un bloque de 200 viviendas a Blackrock en pleno centro de Madrid mientras copan los medios de titulares que defienden que falta vivienda pública y la solución pasa por construir más.

No nos podemos engañar: durante el mandato del Gobierno de coalición progresista, la situación de las inquilinas no ha hecho más que empeorar. El Gobierno no ha sido capaz de tomar ni una sola medida que realmente suponga una mejora en la vida de las inquilinas y todas aquellas personas que no tienen control sobre su vivienda. Y no será porque no lo hemos intentado. Ha sido porque no han querido. 

Durante los cuatro años de gobierno de coalición, los Sindicatos de Inquilinas hemos hecho varias propuestas a las instituciones y los partidos políticos para pinchar la burbuja del alquiler y aprobar reformas legislativas que dieran un vuelco a la situación. Estas medidas eran cuestiones de mínimos, cambios que ayudaran a mejorar algo la situación, como regular por ley el precio del alquiler para bajar los precios, movilizar los 4 millones de viviendas vacías o prohibir los pisos turísticos. Medidas que se están aplicando en muchas capitales de Europa y Estados Unidos y que son un consenso básico en la sociedad de hoy, cada vez más empobrecida y con más dificultades de acceso a la vivienda.

En medio de esta brutal crisis, la ministra de vivienda, Isabel Rodriguez, comenzó su mandato llamando a proteger al pequeño propietario y, desde entonces, ha ignorado todas nuestras propuestas. A pesar de nuestras advertencias, el Gobierno se empeñó en dejar abierta la puerta del alquiler temporal a los especuladores y se negó a introducir un régimen sancionador en su Ley de Vivienda. El resultado fue desastroso: una ley que los caseros esquivan, las autonomías ignoran y las inmobiliarias se saltan. En definitiva, una ley que no ha servido más que como munición contra el Gobierno por parte de una oposición turboliberal. Una estrategia electoralista más, como muchas otras.

Por otro lado, los gobiernos autonómicos del PP y Vox han comunicado desde el primer momento que no van a hacer nada por cambiar la situación; que si no tienes una casa en propiedad, te jodes. En la Comunidad de Madrid, Ayuso continúa con su plan de poner todos los recursos públicos a merced de la especulación inmobiliaria privada, con programas como el Plan Vive, mientras le dan el sello de excelencia a la inmobiliaria experta en exprimir a los inquilinos: Alquiler Seguro. Pura hipocresía ya que no dudan en utilizar el discurso que conecta la salud mental y la falta de vivienda para puro show parlamentario.

En definitiva, nuestros gobernantes nos han demostrado una y otra vez que siempre han estado del lado de los rentistas y fondos buitre y que las únicas leyes que se cumplen son las que defienden los intereses de los especuladores. Mientras tanto, en los últimos años los alquileres han subido más de un 60% de media, el aumento del Euríbor ha provocado cuotas hipotecarias hasta 300 euros más caras y la inflación ha devorado los salarios de los trabajadores. La gran mayoría no podemos más, vivimos ahogadas y cada vez más precarizadas mientras vemos cómo otros salen ganando con todo esto. Porque, al mismo tiempo, se ha disparado la concentración de la propiedad inmobiliaria, los caseros siguen cometiendo abusos con impunidad, las inmobiliarias se ríen en nuestra cara al saltarse la ley, y los grandes bancos y supermercados obtienen beneficios récord.

El tiempo de los políticos se ha acabado. El problema de la vivienda es demasiado importante como para dejarlo en manos de quienes llevan años sin ponerle freno a un sistema que cada día expulsa a más gente de tener una vivienda digna. Estamos en una situación crítica que solo podemos solucionar nosotras, las que nos dejamos medio sueldo en pagar una casa cada mes. Las que mantenemos este sistema parasitario con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo.

Es el momento de pasar a la acción, de organizarnos colectivamente, de no dejar pasar ni un abuso más. De prepararnos todas para una huelga de alquiler, como ya están haciendo más de 900 inquilinas contra el fondo buitre Nestar-Lazora en Madrid. Como lo hicieron más de 90.000 trabajadoras en Barcelona en 1931, conquistando una bajada del 50% en el precio de los alquileres. Hay que tenerlo claro: es el momento de desobedecer todas las leyes injustas que permiten que la mayoría no tengamos una vivienda digna, estable y segura. Vamos a demostrarles lo que somos capaces de hacer cuando nos organizamos. No vamos a pagar 1.000 euros por una habitación de mierda. No vamos a aceptar más mentiras sobre hijos que vuelven del extranjero y en realidad se llaman “piso turístico”. Porque el gran problema de los especuladores, es ese, que sin nuestro dinero no son nada.

El 13 de octubre tomemos las calles de Madrid para decirles que se acabó nuestra paciencia. Que vamos a la huelga de alquileres.