El Congreso de los Diputados tumbó este martes la propuesta de los Sindicatos de Inquilinas para regular el alquiler de temporada y por habitación. Lo que se votaba no era la aprobación de la norma sino únicamente su toma en consideración y su tramitación parlamentaria.

La noticia saltó con fuerza debido a que Junts cambió el sentido de su voto minutos antes de la votación para que la norma no se pudiera debatir. Pero nos estaríamos engañando si creemos que el problema es tan solo Junts, el PP o Vox. El problema es mucho más profundo y toca a todos los políticos que por activa o por pasiva se han puesto al servicio de la mafia inmobiliaria. Por ejemplo, a principios de septiembre de este año, el Ministerio de Hacienda vendió un bloque de 200 viviendas a Blackrock en pleno centro de Madrid mientras copan los medios de titulares que defienden que falta vivienda pública y la solución pasa por construir más.

No nos podemos engañar: durante el mandato del Gobierno de coalición progresista, la situación de las inquilinas no ha hecho más que empeorar. El Gobierno no ha sido capaz de tomar ni una sola medida que realmente suponga una mejora en la vida de las inquilinas y todas aquellas personas que no tienen control sobre su vivienda. Y no será porque no lo hemos intentado. Ha sido porque no han querido. 

Durante los cuatro años de gobierno de coalición, los Sindicatos de Inquilinas hemos hecho varias propuestas a las instituciones y los partidos políticos para pinchar la burbuja del alquiler y aprobar reformas legislativas que dieran un vuelco a la situación. Estas medidas eran cuestiones de mínimos, cambios que ayudaran a mejorar algo la situación, como regular por ley el precio del alquiler para bajar los precios, movilizar los 4 millones de viviendas vacías o prohibir los pisos turísticos. Medidas que se están aplicando en muchas capitales de Europa y Estados Unidos y que son un consenso básico en la sociedad de hoy, cada vez más empobrecida y con más dificultades de acceso a la vivienda.

En medio de esta brutal crisis, la ministra de vivienda, Isabel Rodriguez, comenzó su mandato llamando a proteger al pequeño propietario y, desde entonces, ha ignorado todas nuestras propuestas. A pesar de nuestras advertencias, el Gobierno se empeñó en dejar abierta la puerta del alquiler temporal a los especuladores y se negó a introducir un régimen sancionador en su Ley de Vivienda. El resultado fue desastroso: una ley que los caseros esquivan, las autonomías ignoran y las inmobiliarias se saltan. En definitiva, una ley que no ha servido más que como munición contra el Gobierno por parte de una oposición turboliberal. Una estrategia electoralista más, como muchas otras.

Por otro lado, los gobiernos autonómicos del PP y Vox han comunicado desde el primer momento que no van a hacer nada por cambiar la situación; que si no tienes una casa en propiedad, te jodes. En la Comunidad de Madrid, Ayuso continúa con su plan de poner todos los recursos públicos a merced de la especulación inmobiliaria privada, con programas como el Plan Vive, mientras le dan el sello de excelencia a la inmobiliaria experta en exprimir a los inquilinos: Alquiler Seguro. Pura hipocresía ya que no dudan en utilizar el discurso que conecta la salud mental y la falta de vivienda para puro show parlamentario.

En definitiva, nuestros gobernantes nos han demostrado una y otra vez que siempre han estado del lado de los rentistas y fondos buitre y que las únicas leyes que se cumplen son las que defienden los intereses de los especuladores. Mientras tanto, en los últimos años los alquileres han subido más de un 60% de media, el aumento del Euríbor ha provocado cuotas hipotecarias hasta 300 euros más caras y la inflación ha devorado los salarios de los trabajadores. La gran mayoría no podemos más, vivimos ahogadas y cada vez más precarizadas mientras vemos cómo otros salen ganando con todo esto. Porque, al mismo tiempo, se ha disparado la concentración de la propiedad inmobiliaria, los caseros siguen cometiendo abusos con impunidad, las inmobiliarias se ríen en nuestra cara al saltarse la ley, y los grandes bancos y supermercados obtienen beneficios récord.

El tiempo de los políticos se ha acabado. El problema de la vivienda es demasiado importante como para dejarlo en manos de quienes llevan años sin ponerle freno a un sistema que cada día expulsa a más gente de tener una vivienda digna. Estamos en una situación crítica que solo podemos solucionar nosotras, las que nos dejamos medio sueldo en pagar una casa cada mes. Las que mantenemos este sistema parasitario con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo.

Es el momento de pasar a la acción, de organizarnos colectivamente, de no dejar pasar ni un abuso más. De prepararnos todas para una huelga de alquiler, como ya están haciendo más de 900 inquilinas contra el fondo buitre Nestar-Lazora en Madrid. Como lo hicieron más de 90.000 trabajadoras en Barcelona en 1931, conquistando una bajada del 50% en el precio de los alquileres. Hay que tenerlo claro: es el momento de desobedecer todas las leyes injustas que permiten que la mayoría no tengamos una vivienda digna, estable y segura. Vamos a demostrarles lo que somos capaces de hacer cuando nos organizamos. No vamos a pagar 1.000 euros por una habitación de mierda. No vamos a aceptar más mentiras sobre hijos que vuelven del extranjero y en realidad se llaman “piso turístico”. Porque el gran problema de los especuladores, es ese, que sin nuestro dinero no son nada.

El 13 de octubre tomemos las calles de Madrid para decirles que se acabó nuestra paciencia. Que vamos a la huelga de alquileres.