En Catalunya, desde el 16 de marzo de 2024, tenemos un tope en los precios del alquiler en 271 municipios donde la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable. Estos municipios, en los que vive casi el 90% de la población catalana, tienen una norma clara: los grandes tenedores (propietarios con cinco o más viviendas) no pueden cobrar más de lo que marca el índice de referencia del Ministerio de Vivienda. El resto de propietarios deben mantener el precio del contrato anterior o el del índice, dependiendo de cuál sea más bajo.

No es ningún capricho. Esta regulación era una necesidad urgente, fruto de la presión del movimiento por el derecho la vivienda y del impulso de fuerzas políticas como los Comuns, que llevamos años reclamándolo. Pero llega tarde, muy tarde.

Los precios del alquiler han subido un 68,3% en solo una década, mientras que los salarios han aumentado apenas un 2,9%, según Fotocasa e Infojobs. Y no es que una inmobiliaria del tamaño de Fotocasa tenga precisamente interés en exagerar estos datos.

Además, el Banco de España alerta que la mitad de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos a pagar su vivienda. Con este panorama, intervenir en el mercado del alquiler no era una opción: era una obligación.

Desde que se puso en marcha la regulación, el alquiler medio ha bajado un 0,9% en los municipios donde se aplica, mientras que en el resto ha subido un 6,1%. Es una bajada pequeña, sí, pero constante. Ahora bien, el precio medio sigue rondando los 845 euros (según el INCASÒL), mientras que el salario mínimo es de 1.134 euros. No hace falta ser economista para ver que algo no encaja aquí.

La regulación del alquiler ha tenido grietas desde el primer día. Y quienes viven de la especulación las han aprovechado. Algunos han buscado maneras de saltarse la norma: hacer contratos de temporada fraudulentos, fijar precios por encima de lo permitido o cargar gastos de gestión al inquilino, a pesar de estar prohibido. ¿El resultado? Una ley que sobre el papel era efectiva, pero que en la práctica ha tenido demasiados agujeros.

Y esto no es casualidad. Cuando se aprobó la Ley de Vivienda 12/2023, que permite a las comunidades autónomas regular los alquileres, el Partido Socialista se negó a incluir un régimen sancionador. También se dejó fuera la regulación de los contratos de temporada y de habitaciones, sabiendo perfectamente que esto abriría una autopista al fraude. No era ninguna sorpresa: cuando en Catalunya se aplicó una ley similar en 2020, estos trucos ya se usaron para esquivarla. A pesar de las advertencias de los Comuns y de los colectivos por el derecho a la vivienda, el PSOE no quiso ir más allá.

Aquí es donde entra en juego el acuerdo alcanzado esta semana entre el Govern de la Generalitat y los Comuns. Se ha aprobado un decreto que establece un régimen sancionador para que la contención de rentas no quede en papel mojado. A partir de ahora, en Catalunya, saltarse la ley de vivienda saldrá caro.

Este nuevo decreto introduce una serie de medidas para garantizar la transparencia en el mercado del alquiler. A partir de ahora, los anuncios y contratos deberán incluir obligatoriamente el precio del índice de referencia o el precio del contrato anterior, según corresponda. También será necesario indicar si el propietario es un gran tenedor y especificar cuál es la finalidad del alquiler. No cumplir con estas obligaciones será sancionable, con multas que pueden ir desde 9.000 hasta 900.000 euros, según la gravedad de la infracción.

El decreto también establece sanciones económicas contundentes para los piratas inmobiliarios. Alquilar por encima del 30% del límite legal podrá conllevar multas de entre 90.000 y 900.000 euros. Lo mismo ocurrirá con aquellos que trasladen a los inquilinos gastos de gestión que, según la ley, deben asumir los propietarios.

Una de las prácticas más comunes para esquivar la regulación ha sido el uso fraudulento de los contratos de temporada, desalojando a los inquilinos cada pocos meses para poder subir el precio. Con este nuevo régimen sancionador, estas prácticas también podrán ser castigadas con sanciones de hasta 900.000 euros. Además, la Agencia Catalana de Consumo tendrá competencias para sancionar a las inmobiliarias que faciliten o fomenten este tipo de prácticas abusivas.

Las sanciones serán acumulativas en caso de que se detecten varias infracciones en un mismo anuncio o contrato. Esto significa que un especulador o inmobiliaria que incumpla varios aspectos de la normativa podrá recibir una sanción aún más elevada.

Este decreto no tiene como objetivo perseguir ni criminalizar a nadie, pero sí acabar con la piratería inmobiliaria. Quien cumpla la ley no tiene nada que temer. Pero lo que no puede ser es que algunos se hagan ricos saltándose las normas mientras el resto sufre para llegar a fin de mes. Los precios que fija el índice de referencia son suficientes para que cualquier propietario haga negocio sin necesidad de robar a los inquilinos. Porque la vivienda no debe ser un terreno para el abuso.

El objetivo de este régimen sancionador es claro: garantizar que cobrar más de lo permitido por un alquiler no sea un negocio, que hacer contratos de temporada en cadena para cobrar más sea inviable y que saltarse la ley no salga rentable. La lógica es exactamente la misma que con las multas de tráfico: quien se salta las normas, paga.

Esto no va solo de números: va de vidas. Va de personas que tienen que marcharse de su barrio porque ya no pueden pagar el piso. De familias que viven con el miedo en el cuerpo cada vez que se les acaba el contrato. De jóvenes que no pueden emanciparse hasta los 40 años porque el precio del alquiler es un escándalo. Este régimen sancionador es un paso adelante para garantizar una vivienda digna y acabar con la angustia de miles de personas que solo quieren vivir en paz.

El nuevo régimen sancionador es un paso para frenar esta realidad y garantizar que tener un hogar digno deje de ser una lucha constante. Ahora tenemos una herramienta para plantar cara a los especuladores y poner la vivienda en el centro de las políticas públicas. Junto con la lucha de las organizaciones sociales y otras medidas anti-especulación, como la reserva del 30% para vivienda protegida en grandes rehabilitaciones y construcciones de vivienda nueva, esto debe servir para evitar que los especuladores expulsen de sus hogares a los vecinos y vecinas, como ha estado a punto de pasar en la Casa Orsola. Y esto es solo el principio.

El derecho a la vivienda es uno de los pilares fundamentales de una sociedad justa y democrática. Aun así, en Catalunya, este derecho está en peligro constante por los efectos devastadores de un mercado inmobiliario desregulado, que prioriza el beneficio de unos pocos por encima de las necesidades de la mayoría.

El precio del alquiler ha subido un 78% en diez años, mientras la inflación y los salarios crecen el 24%. Datos que evidencian el esfuerzo económico más grande de los catalanes y catalanas para arrendar una vivienda: el 2014 representaba el 30% de los ingresos anuales, mientras que actualmente, supone casi la mitad del salario. Visto así es evidente que este mercado está totalmente descontrolado y que hay que poder aplicar criterios de regulación. 

La Ley Estatal que regula el precio de los alquileres fue un paso importante en la buena dirección, pero no podemos quedarnos aquí, tenemos que continuar avanzando. Porque a cada paso que damos para proteger el derecho a la vivienda, los especuladores acaban encontrando la manera fraudulenta de escapar.

Es por eso que la crisis de los alquileres se ha visto agraviada por el auge del alquiler de temporada. Este tipo de alquiler, pensado inicialmente para cubrir estancias cortas, se ha convertido en un mecanismo perverso para expulsar vecinos y vecinas de sus barrios y hacer los contratos de alquiler todavía más precarios. El resultado es que muchos jóvenes, familias y gente mayor se ven obligados a marchar de sus hogares, mientras los pisos se alquilan a precios desorbitados.

Catalunya necesita una regulación clara y valiente de los alquileres de temporada. No podemos permitir que este tipo de alquiler se convierta en una vía de escape para la regulación del mercado de la vivienda permanente. La regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones es clave para garantizar que estas prácticas no se escapen de las leyes.

Que la vivienda sea para las personas y no para la especulación significa que necesitamos avanzar hacia un parque público de vivienda más robusto y ampliar la protección de los inquilinos e inquilinas. Lo cual tiene que ir de la mano de una política anti-especulativa. O dicho de otro modo, que especular con la vivienda sea un mal negocio.

De entrada, hace falta que la vivienda se reconozca como un bien de uso y de primera necesidad, no como una herramienta para inversiones lucrativas. Por eso, hay que impulsar un plan de recuperación de vivienda de protección oficial que tiene la protección a punto de caducar o que ha caducado hace poco. Así como poner a cero las listas de espera de las mesas de emergencia.

Por otro lado, es fundamental que se prohíban las compras especulativas que no tengan como finalidad la vivienda habitual, tal como se está haciendo en Holanda. Estas medidas ayudan a proteger las vecinas y vecinos de las ciudades. Además, la compra por tanteo de edificios enteros por parte de las administraciones públicas permite evitar que estos edificios caigan en manos de fondos de inversión.

Apostamos, también, por contratos de alquiler indefinidos, que garanticen la estabilidad para las familias y pongan fin a la incertidumbre que sufren muchos inquilinos Y, en zonas tensionadas, es imprescindible la eliminación de las viviendas de uso turístico, que han contribuido directamente a la expulsión de vecinas.

Pero no basta con frenar la especulación: necesitamos un parque público de vivienda que garantice un acceso real a alquileres asequibles. Por eso, proponemos una apuesta por un ambicioso presupuesto que destine el 1% del PIB para políticas de vivienda. El objetivo, de mínimos, es trabajar para llegar a la media europea del 9% de vivienda pública.

Este parque público se tiene que construir tanto directamente por el Incasòl, que se tiene que convertir en una inmobiliaria pública, como a través de colaboraciones con entidades sin ánimo de lucro o de lucro limitado. También es fundamental captar viviendas del mercado privado porque sean cedidas a la Generalitat para su gestión, una medida que ha demostrado ser eficaz para ampliar rápidamente el parque de alquiler asequible.

Y por último, la medida más inmediata que puede aplicar la Generalitat, y que formaba parte del acuerdo de investidura, es aprobar de urgencia el régimen sancionador que prevé la Ley de Vivienda para poner en marcha un equipo de inspección que pueda detectar y sancionar aquellos que ofrecen alquileres por encima del índice establecido o que utilizan los alquileres de temporada de manera fraudulenta.

Es hora de construir una nueva cultura de la vivienda en Catalunya que asegure que la vivienda es un pilar central de nuestro Estado de Bienestar. No podemos seguir permitiendo que la lógica del mercado imponga sus reglas a expensas del bienestar de las personas. La Constitución y la Declaración de Derechos Humanos reconocen la vivienda como un derecho fundamental, tal como lo son la sanidad y la educación. Si no aceptamos que la sanidad o la educación funcionen exclusivamente bajo la lógica del mercado ¿porque si que se permite con la vivienda? 

Garantizar el acceso a la vivienda no es solo una cuestión de justicia social, sino también de garantizar la cohesión de nuestros barrios y ciudades. Tener una vivienda digna es una condición de posibilidad para la libertad. Y por tanto, si queremos ciudades habitables, llenas de vida y diversidad, tenemos que poner fin a las prácticas que favorecen la expulsión de sus habitantes y la transformación en parques temáticos para turistas.