La decisión de Israel de cerrar la oficina de Al Jazeera en Ramala, de prohibir sus operaciones en Israel y de restringir el trabajo informativo de los medios internacionales en Gaza es una urgente señal de advertencia para los periodistas independientes de todo el planeta. Ningún medio de comunicación, en ninguna parte del mundo, aceptaría la irrupción en sus oficinas de miembros de las fuerzas de seguridad enmascarados y fuertemente armados.

Soldados armados del cuerpo de infantería del régimen de extrema derecha israelí irrumpieron en las oficinas de Al Jazeera durante la madrugada del domingo 22 de septiembre. Enarbolando una orden firmada que decretaba el cierre de las operaciones de Al Jazeera en Palestina, confiscaron equipos, interrumpieron emisiones en directo y tapiaron la entrada con planchas de metal. Este atroz atentado contra la libertad de prensa, que ha obligado al cierre inmediato de las oficinas de Al Jazeera Media Network en Cisjordania ocupada, se produce después de que el gabinete de Benjamin Netanyahu decidiera en mayo terminar con el trabajo de Al Jazeera en Israel.

Amparándose en una ley promulgada en 1945, durante el mandato británico, las autoridades israelíes han ordenado el cierre de las oficinas en Ramala durante 45 días por “incitación y apoyo al terrorismo”.

El ataque sin descanso contra Al Jazeera y sus periodistas por parte de las autoridades israelíes se debe a que somos la única red internacional de medios informando desde Gaza y los territorios ocupados. El delito aparente de la cadena ha sido mostrar el impacto devastador que la guerra de Israel está teniendo en Gaza, así como las incursiones y redadas constantes en Cisjordania ocupada.

Las insistentes amenazas contra Al Jazeera con intimidaciones, obstrucciones, lesiones, detenciones y hasta asesinatos son inaceptables. Agotaremos todas las vías legales a nuestro alcance para proteger nuestros derechos y a nuestros periodistas.

Lamentablemente, nada de esto es nuevo. Israel tiene un largo historial de ataques contra Al Jazeera. Pero en los últimos años estas agresiones se han vuelto más relevantes y osadas. En 2017, Netanyahu amenazó con cerrar nuestras oficinas en Jerusalén. En 2021, un misil israelí destruyó el edificio que albergaba nuestras oficinas en Gaza. En 2022, un francotirador israelí disparó y mató a nuestra periodista Shireen Abu Akleh en el campo de refugiados de Yenín.

Los ataques y el hostigamiento se han multiplicado desde octubre de 2023. En julio, las fuerzas israelíes ejecutaron el asesinato selectivo de nuestros valientes colegas, el periodista Ismail al Ghoul y el camarógrafo Rami al Rifi, en otro intento de silenciar a los periodistas que cubren la guerra y el efecto que la guerra tiene sobre la vida de millones de personas.

Entendemos que estos actos atroces forman parte de una campaña sistemática contra los periodistas de Al Jazeera. Así lo demuestran los asesinatos selectivos de nuestros periodistas Samer Abu Daqqa y Hamza AlDahdooh, muertos por drones, y los asesinatos de familiares de colegas de la cadena desde el pasado mes de octubre.

Ni siquiera la muerte de Shireen Abu Akleh puso fin a los vergonzosos ataques de las autoridades israelíes y a su comportamiento insensible. Agentes de policía de Israel irrumpieron en el cortejo fúnebre de Shireen, provocando la caída al suelo del ataúd.

Durante la redada del domingo, las fuerzas de ocupación arrancaron la foto que había en las oficinas de Ramala como homenaje a Shireen. La animadversión profunda que el régimen de Netanyahu siente por los periodistas y por su trabajo, incluso después de muertos, es la escandalosa materialización de una política de años.

Estamos ante un peligroso precedente para los periodistas, y para los medios, que pone en riesgo grave a la libertad de prensa y al derecho de los ciudadanos a saber, no solo lo que ocurre en los territorios palestinos ocupados, incluidos Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, sino dentro de Israel.

La legislación draconiana israelí pretende silenciar a Al Jazeera y a todos los medios independientes de Israel y de los territorios palestinos ocupados con el fin de ocultar esta guerra inhumana y unas atrocidades que están siendo investigadas por el más alto tribunal del mundo.

Acusar a Al Jazeera de incumplir las normas profesionales es absurdo, de la misma manera que es indignante presentar a los camarógrafos y reporteros de la cadena como una amenaza para la seguridad de Israel. Sin haber sido corroboradas y careciendo de todo fundamento, estas acusaciones constituyen una grave amenaza para la seguridad de nuestros colegas.

Tras sucesivos fracasos en sus intentos de silenciar a Al Jazeera, el Gobierno israelí invoca una situación de emergencia en la ley para cerrar la cadena sin un debido proceso judicial, demostrando hasta dónde están dispuestos a llegar el primer ministro y su gabinete de extrema derecha en su objetivo de silenciar a los medios internacionales.

A pesar de los implacables ataques israelíes, en Al Jazeera mantenemos el compromiso de defender los valores consagrados en nuestro código deontológico, haciendo periodismo sin miedo, imparcial y preciso. Con sus agresiones, las autoridades israelíes lograrán lo contrario de lo que desean: solo servirán para reforzar nuestra determinación de ser la voz de los que no tienen voz, de enfrentar a los poderosos con la verdad. El reconocimiento mundial que Al Jazeera tiene en sus cientos de millones de telespectadores, así como los premios y galardones que hemos recibido por nuestra valiente cobertura de guerra en Gaza son evidencias de la imparcialidad y objetividad de la cadena.

Es imperativo que Israel permita operar con libertad a Al Jazeera y a todos los demás medios internacionales; que permita la entrada en Gaza de los medios independientes e internacionales; y que cese en sus intentos de intimidación, acoso y coacción a la libertad de información. Israel debe rendir cuentas por sus acciones contra la prensa. Hay que poner fin a su impunidad.

Ya es hora de que los líderes del mundo libre defiendan el derecho fundamental de la libertad de prensa. No es demasiado tarde para iniciar medidas severas, inmediatas y decisivas contra el Gobierno israelí, y contra su aparato militar, por las repetidas violaciones a la libertad de prensa y al derecho internacional humanitario. Las instituciones jurídicas del mundo tienen el deber de exigir responsabilidades a Israel por estos crímenes.

El Gobierno israelí de extrema derecha ha optado por romper el espejo que reflejaba una realidad dolorosa. El mundo sentará un mal precedente si no garantiza ahora que los periodistas en zonas de conflicto estén protegidos y seguros y que la información fluya libremente. Si eso no ocurre, será la historia la que lo juzgue.

Traducción de Francisco de Zárate