Cuando parecía que los informes desfavorables emitidos por el Cabildo de Gran Canaria y por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, habían hecho decaer el proyecto de regasificación y producción de energía eléctrica de 70MW en el Puerto de la Luz, TOTISA y la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el CC (cuyo nombre deberíamos modificar a la mayor urgencia por el de DG para la Contaminación de Canarias), vuelven a la carga con el mismo proyecto, pero ahora requieren a la Dirección General de Salud Pública en el exiguo plazo de 10 días, para que informe exclusivamente sobre un nuevo modelo de dispersión de contaminantes, que por tercera vez y fuera de todo plazo, presenta TOTISA en el procedimiento de autorización del proyecto ante la referida Dirección General para la Contaminación de Canarias. 

No sé en qué idioma hay que explicar a los señores de TOTISA y de la DG para la Contaminación de Canarias, que cuando se analiza el riesgo para la salud de la población derivado de cualquier actividad potencialmente contaminante, la ubicación de esa actividad y la población expuesta a los efectos de la misma constituyen un binomio indisoluble, porque la protección de la salud de la población en su conjunto, es el objeto de la acción sanitaria en salud pública. De este modo, desde el punto de vista sanitario el riesgo decaería en ausencia de población expuesta. 

Por consiguiente, el requerimiento de informe del modelo de dispersión exclusivamente, ha de considerarse como una argucia pueril para ocultar el daño para la salud de la población que se deriva de esta actividad en la ubicación propuesta, tal y como se viene diciendo en los cuatro informes emitidos desde la Dirección General de Salud Pública. 

Los informes emitidos desde el 16 de agosto de 2022 hasta la fecha por los técnicos de la Dirección General de Salud Pública, concluyen que la instalación de una planta de almacenamiento de gas licuado, regasificación y producción de energía eléctrica de 70 MW en el Puerto de la Luz, supondrá un impacto local permanente para la ciudad, y un elemento perturbador para el bienestar y la salud de la población expuesta de 378.027 personas, como consecuencia del incremento del riesgo de base que ya tienen los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, con relación a determinadas patologías cardiovasculares, respiratorias y en especial del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Desde el punto de vista de la protección de la salud de la población, no hay nada que objetar a la instalación en este emplazamiento de la planta de almacenamiento de gas natural prevista inicialmente, tal y como se está haciendo en todos los puertos de España para el suministro a buques, más allá de las medidas de seguridad, pero sí a la instalación de una planta de producción de energía eléctrica de 70 MW a partir de la combustión de gas licuado, que si bien es menos contaminante que otros derivados del petróleo, es un combustible fósil, cuya combustión va a emitir permanentemente a la atmósfera óxidos de nitrógeno, metano, monóxido de carbono y partículas, compuestos orgánicos volátiles, metano, etano, benceno, tolueno y xilenos, glicoles, e hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se emiten a través de 4 chimeneas de 25 metros de altura, equivalente a un edificio de 8 plantas, durante las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Los contaminantes emitidos por esta planta van a exponer a la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a un riesgo para su salud y su calidad de vida inaceptable, máxime cuando el régimen de vientos predominantes en la zona, son de componente N(18,71%), NNE (21%), NE 14% y NNW (14,5%) y por lo tanto, los vientos no se dirigen hacia el océano atlántico de forma habitual, sino a la población de Las Palmas de Gran Canaria la mayor parte de los días del año (35%), y cuando sopla el viento del segundo cuadrante (10% de días) en total, más del 50% , por lo que cualquier contaminante susceptible de ser transportado por ese medio va a implicar la exposición de las personas pudiendo afectar a la salud y al bienestar de la población residente. 

La ubicación

En el entorno del emplazamiento propuesto se encuentran los siguientes espacios sensibles en un perímetro de unos 2.000 metros aproximadamente, con el Centro de Salud de La Isleta y el Centro de día para mayores de la Isleta a 1.700 m.

Diez centros de enseñanza: el Centro Nacional de formación ocupacional a 1.200m, el CPIFP superior de formación Europa Sur a 125 m, IES de La Isleta a 1600m, CPEIP Tauro a 1750m, la Escuela Municipal de Educación Musical a 1750m, la Universidad Popular de distrito a 1750m, CPEIP Tu Jardín Puerto a 1880m), EEI La Carrucha a 1930m), y el CEIP Galicia a 1970m. 

Ocho parques infantiles en la zona, uno de ellos a 1200 m. Instalaciones deportivas entre las que se encuentra dentro del recinto portuario Puerto Sport a 900 m de la planta, el Polideportivo Porto Pi a 1400m, y la Piscina municipal León y Castillo a 1800m.

Efectos para la salud de la población

En el corto/medio plazo, los nuevos focos serían un aporte al sumando de emisiones totales por tráfico rodado y marítimo que ya soporta la ciudad, a lo que hay que añadir las intrusiones de polvo sahariano (más de un tercio de los días del año) que deterioran la calidad del aire y suponen un efecto sinérgico y acumulativo con las emisiones antropogénicas existentes, incrementando los niveles de inmisión de contaminantes que respiran las personas a diario.

No existe incertidumbre sobre la existencia de una asociación entre la exposición a determinados niveles de contaminación de origen urbano e industrial y efectos sobre la salud de la población, afirmación que está avalada por multitud de estudios epidemiológicos, y por la evidencia científica trasladada a los límites cuantitativos de protección de la salud establecidos en la normativa europea.

Aunque la magnitud del riesgo es función de varios factores, se sabe que no se distribuye igual entre la población. Ancianos, niños, personas con asma y otras personas con enfermedades cardiorrespiratorias son particularmente sensibles y presentan una probabilidad muy elevada de incrementar la frecuencia y la gravedad de sus síntomas, incluso a niveles de contaminación inferior que el resto de la población.

La prevalencia media de personas asmáticas en España es del 2,4%. Es decir, de cada 100 personas algo más de 2 padecen esta patología de hiperreactividad bronquial. En Canarias, se ha estimado que la prevalencia de esta enfermedad es del 15%, es decir 6,25 veces más que la media del estado. Esto significa que en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria existe un considerable porcentaje de población susceptible a la exposición de contaminantes en el aire ambiente.

El análisis del impacto de la exposición a los contaminantes en Las Palmas de Gran Canaria y el riesgo de ingreso hospitalario urgente durante el periodo de 2007 a 2018, estimó que por cada 10 μg/m3 de incremento en la media diaria de PM 2.5 se produce un incremento porcentual del riesgo de ingreso urgente por asma del 16,2 % (IC95%: 4,6 a 28,9%) entre el mismo día de la exposición y los 5 días siguientes, y para las enfermedades cardiorrespiratorias el incremento de ingreso urgente es del 2.7% (IC95%: 0,8 a 4,6%), por lo tanto, son riesgos positivos y estadísticamente significativos por exposición a partículas finas que generan secundariamente los gases emitidos, al que se suman las emisiones gaseosas de las instalaciones y su reacción química cuando contacta con las atmósfera. 

Estas cifras aumentan considerablemente durante los días de episodio de calima con un incremento del riesgo de ingreso durante el mismo día y los 5 siguientes, del 26,8% (IC95%: 8,9 a 47,6%) en el caso del asma, y del 3,08% (IC95%: 0,23 a 6,02%) en el de enfermedades cardiorrespiratorias.

Estos resultados muestran que, con los valores de inmisión de PM2.5 actuales, existe una asociación entre las variaciones diarias de este contaminante y la probabilidad de ingreso por asma y por enfermedades cardiovasculares; si además se tiene en cuenta la elevada prevalencia de población asmática (niños y adultos), de las enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento en general, significa que cualquier incremento, tanto en sustancias emitidas como en el nivel de exposición de las personas a ellas, puede constituirse en un problema de salud pública en la ciudad.

Es irresponsable y extemporáneo que se permita y aliente desde algunas administraciones públicas, con el silencio cómplice de otras, la instalación en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de una planta generación de energía eléctrica de 70MW mediante gas natural fósil, con cuatro motogeneradores con refrigeración y sistemas de escape a través de cuatro chimeneas de 25 metros de altura, equivalentes a un edificio de 8 plantas, una subestación eléctrica y líneas de alta tensión para la exportación y transporte de la energía generada, y conexión con la subestación eléctrica Muelle Grande de REE a 3 Km de la planta de generación, incrustado todo ello en la peor ubicación posible para la salud de una población de 378.027 personas que viven en la ciudad y disfrutan de los nuevos espacios recreativos y de ocio instalados en el Puerto de la Luz, en el marco del nuevo proyecto de ciudad abierta al mar que las autoridades municipales han querido configurar con la peatonalización de la calle Luis Morote para comunicar el Puerto directamente con la playa de Las Canteras, el delfinario, el centro comercial, el aparcamiento municipal, y la pasarela que facilita el tránsito de los ciudadanos entre la ciudad y el Puerto de La Luz. 

Cuando en todas las ciudades del mundo se están alejando las fuentes de contaminación industrial de los núcleos de población y trasladando estas actividades hacia polígonos industriales alejados de los asentamientos urbanos; cuando se está reordenando el tráfico urbano en las ciudades incluida Las Palmas de Gran Canaria para reducir la contaminación del aire, y se ha declarado la zona de Arenales, Alcaravaneras y la Isleta como de bajas emisiones; cuando el archipiélago está inmerso en un proceso de descarbonización, y cuando por fin se ha conseguido desmantelar CEPSA en Santa Cruz de Tenerife y mejorar la calidad del aire que respiran los ciudadanos, es un dislate proponer ahora un proyecto de estas características en el Puerto de La Luz, máxime cuando desde la Dirección General de Salud Pública se está alertando del riesgo que va a suponer para la salud de la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Los quince acusados y sus abogados ocupan casi por completo el aforo del estrado de la sala de macrojuicios de la Ciudad de la Justicia. La Fiscalía y las acusaciones populares del Comité de Empresa y la Asociación Cívica El Sol Sale para Todos, caben en un taxi. Son apenas tres personas, porque el Ayuntamiento, aunque físicamente está ahí con ellos, como acusación particular, realmente está donde siempre ha estado, a lo suyo con los acusados, dejándose esquilmar por toda la eternidad si la justicia no lo remedia.

La historia comienza en el año 2012, cuando el recién nombrado jefe del Servicio de Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Bolívar Toledo debe dar el visto bueno a unas facturas por trabajos de saneamiento efectuados por Emalsa, y pregunta si esos trabajos se han realizado. Una pregunta tan sencilla, desencadena tal caos en el Ayuntamiento, que termina en este juicio.

Es fácil comprender que un funcionario público obligado a defender el interés general en cada uno de los actos objeto de su competencia, no puede dar el visto bueno al pago de trabajos realizados por terceros sin posibilidad de supervisión documental ni visual de su ejecución. Así pues, cuando Rafael Bolívar Toledo se niega a firmar esas facturas, que hasta entonces se pagaban religiosamente, nadie en el Ayuntamiento se atreve a asumir tal responsabilidad, y las facturas impagadas comienzan a acumularse en los despachos, con el consiguiente nerviosismo de los socios privados de Emalsa (Saur y Valoriza)

La disputa deriva en una denuncia de Emalsa contra el Ayuntamiento por impago de las facturas de saneamiento correspondientes a los meses de enero de 2013 a abril de 2014, por 6.636.856,91 euros. El litigio termina en una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha 29 de enero de 2016, por la que se condena al Ayuntamiento al pago de los seis millones y medio de euros más los intereses de demora. Razona la jueza que el contrato suscrito entre las partes en 1992 modificado en 1998, está vigente, y “si el Ayuntamiento considera que con ese marco contractual no es posible comprobar o verificar el cumplimiento efectivo de las prestaciones a cargo de Emalsa, deberá modificarse el contrato y la subsanación de tales carencias”.

Esta sentencia podía haber sido recurrida por el Ayuntamiento en el plazo de quince días por el módico precio de 50 euros de depósito, pero incomprensiblemente no fue recurrida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, y ese contrato leonino continúa vigente, con el Ayuntamiento sentado en el consejo de administración de Emalsa con su 34%, mirando para otro lado y sin hacer el menor esfuerzo por revertir una situación que si nadie lo remedia puede llevar a la ruina a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

En este juicio la Fiscalía denuncia un total de diecisiete contratos firmados entre Emalsa y Sercanarias, empresa constituida por los socios privados de Emalsa para adjudicarse a sí mismos todas las obras derivadas del ciclo integral del agua sin posibilidad de concurrencia de otras empresas, valiéndose de su posición mayoritaria en el consejo de administración de Emalsa, según refiere la Fiscalía en su escrito de acusación.

La relación pormenorizada de estos contratos por la Fiscalía recuerda las cuentas del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba a su rey, Fernando el Católico: “Picos, palas y azadones, cien millones…. limosnas para que frailes y monjas rezasen por los soldados del Rey, ciento cincuenta mil…. guantes perfumados para que los soldados no oliesen el hedor de los cadáveres, diez mil ducados”… Contrato de mantenimiento de la red de alcantarillado y saneamiento 11.107.954,04 euros, transporte de lodos 525.492,37 euros, por el inventario de acometidas 1.682.609,73 euros… y así, hasta 23,4 millones de euros en el periodo 2008 a 2012.

Es llamativo el contrato de arrendamiento de las oficinas para Emalsa en el CC Las Ramblas, propiedad de Satocan, uno de los socios privados de Emalsa que entonces se sentaba en el consejo de administración y hoy se sienta en el banquillo de los acusados. Este contrato ha supuesto un coste para la ciudad de 13.630.000 euros en concepto de alquileres desde el año 2008. Para conseguirlo, Emalsa hubo de abandonar su sede gratuita propiedad del Ayuntamiento para trasladarse al CC Las Ramblas por el módico precio de 90.000 euros al mes, cantidad que fue rebajada en el año 2014 cuando ya se estaba instruyendo esta causa, a 60.000 euros/ mes.

La segunda sesión del juicio comenzó el pasado día 17 de junio con la declaración de Juan José Cardona, el alcalde que en su día denunció a Emalsa ante la Fiscalía en defensa del interés general, y que ahora con una declaración trufada de olvidos y no recuerdos, ha dejado el peso de la causa sobre los cinco Informes de Intervención elaborados por Rafael Bolívar Toledo y el equipo técnico constituido en su día por mandato del ahora desmemoriado ex alcalde.

Por su parte, el entonces concejal de Urbanismo y Aguas, Martín Muñoz García de la Borbolla, deslizó en su declaración la frase más temida por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones en la administración pública: “Rafael era muy exigente y pedía demasiados datos a Emalsa”. Los que hemos sido funcionarios sabemos bien lo que significa esa frase terrible, con la que se pretende que te las arregles como puedas para terminar el informe de una vez con los datos que quieran enviarte, y tengamos la fiesta en paz.

Perseverar en el cumplimiento de sus obligaciones como funcionario público en la defensa del interés general de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria frente al interés particular de los socios privados de Emalsa, a Rafael Bolívar Toledo le costó una querella de Emalsa el día 22 de diciembre de 2015, y el cese en su puesto de trabajo el 14 de enero de 2016 por la siguiente corporación municipal socialista presidida por Augusto Hidalgo Macario, quién valientemente resolvió el problema de un plumazo al más puro estilo franquista: apartando al funcionario y dejando las cosas como estaban.

El próximo día 28 de junio se cumple el tercer aniversario del fallecimiento de Rafael Bolívar Toledo. Él no podrá testificar, pero su trabajo en defensa del interés general de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, está presente en todas las sesiones del juicio, en los informes del equipo de Intervención, de la Fiscalía y de las acusaciones populares. Sin ese trabajo ingente, cual David contra Goliat, habría sido imposible llegar hasta aquí.

En el procedimiento se piden hasta seis años de prisión para trece exdirectivos y dos años y nueve meses para otros dos, y que indemnicen de manera conjunta y solidaria a Emalsa con unos 23 millones de euros

En este junio está señalada la continuación del juicio oral en el procedimiento instruido contra quince ex directivos de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas SA (Emalsa), tras aplazarse el pasado año por causa imprevista. En el procedimiento se piden hasta seis años de prisión para trece de ellos y dos años y nueve meses para los otros dos, acusados de delitos continuados de apropiación indebida o administración desleal. Como responsabilidad civil se pide además, que indemnicen de manera conjunta y solidaria a Emalsa con unos 23 millones de euros.

Aunque parezca sólo un caso más de presunta utilización abusiva de recursos públicos en provecho propio por parte de las multinacionales privadas y sus dirigentes (la desmedida ambición de las grandes empresas, ya se sabe), esta imagen nada desencaminada tiene el efecto de ocultar otro aspecto del asunto, imprescindible para hacerse una idea coherente y cabal del mismo, a saber, el papel que en él ha desempeñado y desempeña el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hagamos pues una breve referencia histórica de la empresa mixta desde esta perspectiva.

El actual sistema de gestión del servicio municipal del agua mediante una empresa de economía mixta fue elegido con un entusiasmo casi devoto por todos los grupos políticos municipales en julio de 1992, tras ocho años de ruinosa gestión directa a través de su empresa enteramente municipal. En esencia, el nuevo sistema supuso poner la gestión del servicio del agua en manos de dos operadores privados durante los siguientes 50 años, vendiéndoles el 66% de la empresa en una operación con alguna curiosidad que merece ser destacada.

Para empezar, el valor de las acciones enajenadas se estableció tasando “la concesión de uso por cincuenta años de los bienes de dominio público municipal afectos a los servicios asignados a Emalsa” en prácticamente 3.000 millones de pesetas. A la vez, se dispuso en el mismo acto el otorgamiento a Emalsa de dicha concesión de uso una vez tasada. O sea que de la gestión del servicio público del agua, “asignada” a Emalsa, se separó la concesión demanial para el uso de los bienes afectos a dicho servicio público, como si ello fuera posible cuando no lo es. El otorgamiento de la gestión de un servicio público lleva implícito el de la facultad accesoria del derecho a usar los bienes afectos a dicho servicio, tal como se deriva del clásico principio “accesorium sequitur principale” y dispone la normativa en varios supuestos. No es posible, por lo demás, concebirlo de otra manera: el derecho de uso de la red de abastecimiento, saneamiento o las depuradoras de agua, es inútil para cualquier actividad distinta al propio servicio del agua. Sin embargo en la operación de marras esta concesión de uso se revistió de una formalidad impostada, configurándola como el derecho patrimonial fundamental que se otorgaba, disfrazando de este modo el objeto nuclear del negocio jurídico en juego, esto es, la gestión del servicio del agua durante 50 años. La consecuencia obvia fue la infravaloración de lo que el Ayuntamiento aportó a la empresa mixta para su ampliación de capital, que se limitó a dicha concesión de uso de los bienes afectos al servicio, ignorando los activos considerablemente mayores que, para los futuros gestores privados, se derivaron de la gestión/explotación del mismo. Baste recordar que Unelco-Endesa, uno de los dos adquirentes iniciales de capital de Emalsa, le compró su paquete accionarial al Ayuntamiento en 1993 por 1.551 millones de pesetas (más de 9 millones de euros) y en 2005 lo vendió a Valoriza Aguas, SLU por más 27 millones de euros, obteniendo una plusvalía de más de 18 millones de euros en doce años. Haga el lector la lectura que estime más adecuada de esta operación.

Por otro lado, la atribución a los operadores privados de todo el poder sobre la gestión de la empresa necesitaba quedar equilibrada con el afianzamiento de la facultad de control y supervisión de dicha gestión en manos del Ayuntamiento. Y para este menester, entre otras cosas, se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas con el que, además de regular la venta de las acciones, se estableció el marco regulador de la nueva organización del servicio del agua durante los 50 años de vida establecidos estatutariamente para la empresa mixta.

Pues bien, además de exhibir una inaudita omisión de un Pliego de Condiciones Técnicas para las múltiples tareas del servicio integral del agua o de un mínimo régimen de infracciones y sanciones, este Pliego configura un marco contractual jurídica y sintácticamente infame, plagado de carencias, ambigüedades y contradicciones, con el que, más allá de las obligaciones generales, resulta complicado deslindar con claridad las responsabilidades de cada parte a poco que aparezcan dudas concretas en la práctica. Considerando que es la herramienta fundamental para garantizar la buena marcha del servicio del agua, el efecto es la práctica imposibilidad de ejercitar de manera eficaz su control efectivo. De ahí la tranquilidad con la que ambas gestoras de Emalsa han gestionado a su capricho las peticiones de información o documentación cuando les ha sido requerida por el Ayuntamiento, como si en lugar de una obligación legal fuese una graciosa atención que pueden o no cumplimentar libremente. Consecuente con lo anterior, no hay que olvidar que la extensa serie de hechos presuntamente ilegales que han llevado al banquillo a los mentados ex directivos de la empresa mixta, ni mucho menos salió a la luz por alguna diligente actuación de supervisión y control de nuestra Corporación, sino por efecto del enfrentamiento entre ambos socios privados, hecho público tras la denuncia interpuesta en mayo de 2012 en Versalles por Saur Internacional, por unos hechos tipificados nada menos que como “estafa en banda organizada”, “abuso de bienes sociales y encubrimiento” y “asociación de delincuentes”, en relación con un estrambótico contrato de opción de compra de una nave industrial.

Procede ahora mencionar que esta completa ausencia de control municipal sobre la gestión del servicio del agua quedó meridianamente explicada -entre otros relevantes aspectos- en los seis extensos informes elaborados al respecto entre 2013 y 2015 por el grupo de técnicos municipales que primero se constituyó como grupo de expertos y luego como grupo de trabajo en torno a la mal llamada intervención en la empresa mixta (cuya posterior anulación, dicho sea de paso, no le resta a los informes ni un ápice de su valor analítico y descriptivo), y que estos informes, además, incorporaron desde el principio un pormenorizado Plan de Acción para redefinir la relación entre el Ayuntamiento y Emalsa y restablecer los mecanismos para la efectiva supervisión y control del servicio. Y procede mencionar también, la fulgurante rapidez con que la Corporación elegida en 2015 desacreditó primero y suprimió después el mencionado grupo de trabajo, con un empeño que ni los propios gestores examinados habrían superado.

El posterior devenir de la empresa mixta es conocido. Los directivos imputados quedaron excluidos de sus funciones -favorecían poco la imagen corporativa-, a la vez que los cambios en el accionariado de ambas multinacionales privadas modificaron la propiedad del 66% de la empresa mixta. El Ayuntamiento, tras protagonizar un vodevil aparentando reivindicar un despechado derecho de retracto, colabora gentilmente desde hace años con los nuevos gestores en una campaña de rehabilitación de imagen recogiendo premios a la transparencia, buena gestión y vainas por el estilo.

En este procedimiento en fin, se sentarán en el banquillo unos acusados de ocasionar grave perjuicio patrimonial a Emalsa mientras ésta ni está ni se le espera, quizá porque la peculiaridad de esta empresa mixta está justamente en que el perjuicio patrimonial siempre lo soporta el presupuesto público mientras para los socios privados nunca ha dejado de ser una rentabilísima actividad. El Ayuntamiento por su parte concurre como perjudicado aunque se diría más preocupado en que no se note su clamorosa ausencia en la protección y defensa del interés público durante los más de treinta años de existencia de la empresa mixta. De resto, el infame marco contractual se mantiene intacto, la unidad técnica encargada de las funciones de control y supervisión tiene hoy menos medios aún que antaño, y los representantes municipales en el Consejo de Administración continúan, como siempre, validando a pies juntillas las cuentas e informes anuales tal como se las presentan los gestores privados.