Durante los últimos días hemos visto pasar ante nuestros ojos cosas que hace apenas una semana parecían imposibles. Vimos a Maricarmen salir en camilla de la casa en la que había vivido prácticamente toda su vida y conseguimos que, pocos días después, pudiera volver a ella con un nuevo contrato. Vimos cómo una reivindicación que durante años había sido descartada cada vez que la planteábamos, la estabilidad indefinida de los contratos de alquiler, llegaba finalmente al Consejo de Ministros convertida en un real decreto. Y vimos también cómo un conflicto que empezó alrededor del desahucio de una mujer de 87 años acababa abriendo una discusión nacional sobre quién tiene derecho a decidir cuánto tiempo podemos permanecer en nuestras propias casas.

Pero el pasado viernes 2 de octubre vimos otra cosa. Vimos cómo el Congreso de los Diputados tumbaba los dos decretos de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts. El primero cayó por 172 votos frente a 178; el segundo, que incluía la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, por 166 frente a 184. Con ellos desaparecieron medidas que prorrogaban contratos, protegían frente a determinados desahucios, regulaban los alquileres temporales y de habitación y limitaban la entrada de fondos de inversión en la compra de vivienda.

Cada cual podrá buscar la explicación parlamentaria que prefiera, reconstruir negociaciones, repartir responsabilidades o calcular qué partido podría haber cedido un poco más para conseguir unos votos aquí o unas abstenciones allá. Desde el Sindicato de Inquilinas creemos que existe una lectura mucho más sencilla: existe una distancia cada vez más difícil de sostener entre lo que una mayoría de la sociedad está reclamando cuando habla de vivienda y lo que finalmente ocurre dentro del Congreso.

Porque mientras allí se votaba contra mejorar la vida del 30% de la población que ya vive de alquiler, una encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER mostraba que dos de cada tres personas apoyan limitar los precios incluso si eso significa reducir la rentabilidad de los rentistas. Lo respaldan también más del 55% de los votantes de PP y Vox y, significativamente, una mayoría de los propios arrendadores.

Es difícil encontrar una imagen más clara de la crisis política que atravesamos. Tenemos un Gobierno que ha necesitado años y una explosión de indignación social para llevar al Congreso algunas de las medidas que los movimientos de vivienda llevamos muchísimo tiempo reclamando, y tenemos después una mayoría parlamentaria capaz de derribarlas aunque algunas de ellas encuentren apoyo mucho más allá de las fronteras ideológicas tradicionales. Para nosotras, el viernes se terminó definitivamente el tiempo de esperar a que la solución llegue desde arriba, como ya venimos diciendo desde nuestra manifestación del 13 de octubre de 2024: el tiempo de los políticos se ha acabado. 

Pero eso no significa que se haya terminado el tiempo de la política, más bien al contrario.

Durante demasiado tiempo nos han enseñado a confundir política con instituciones, como si nuestra capacidad de intervenir en la realidad empezara y terminara introduciendo una papeleta en una urna y esperando después a que las personas elegidas resolvieran los problemas, pero las últimas semanas han demostrado otra cosa. Mientras el Parlamento era incapaz de aprobar unas medidas mínimas, el sindicalismo inquilino consiguió que una mujer que ya había sido desahuciada pudiera volver a su casa y logró obligar al Gobierno a poner sobre la mesa una renovación indefinida de los contratos que hasta entonces se había negado a asumir.

Nada de eso salió espontáneamente de un despacho, sino que salió de un portal en el que cientos de personas pusieron el cuerpo, de calles que se llenaron, de años de organización sindical y de una sociedad que ha empezado a entender que la situación de la vivienda no es el resultado inevitable de unas misteriosas leyes económicas, sino el resultado de decisiones que pueden ser disputadas. Por eso sería un error vivir la votación de este viernes como una derrota que nos devuelve al punto de partida, porque no estamos donde estábamos hace diez días.

Hace unas semanas nos decían que Maricarmen no podía volver a casa y ha vuelto. Nos decían que los contratos indefinidos eran imposibles y un Gobierno que durante años los había rechazado terminó aprobándolos en Consejo de Ministros. Nos decían que determinadas propuestas eran demasiado radicales y hoy sabemos que algunas de ellas cuentan incluso con el apoyo de buena parte de quienes votan a partidos que las han tumbado en el Congreso. Eso es cambiar el sentido común de un país, aunque todavía no tengamos la fuerza suficiente para convertir todo ese sentido común en leyes.

Y esa es la tarea que tenemos ahora por delante. Este fin de semana ha habido movilizaciones por la vivienda en 54 ciudades del Estado. Nunca habíamos visto una movilización territorial de estas dimensiones alrededor de una convocatoria que empieza a plantear abiertamente la necesidad de una huelga general por la vivienda. Lo verdaderamente interesante es que la idea de esa huelga tampoco pertenece ya únicamente a quienes llevamos años organizándonos en el movimiento de vivienda. Una encuesta publicada por elDiario.es este sábado muestra que el 73% de las personas consultadas apoyaría una huelga general para exigir medidas que solucionen el problema de la vivienda. Entre quienes votan al PSOE, el respaldo llega al 84%; entre los votantes del PP, al 61%; entre los de Vox, al 63%. Incluso entre quienes viven en una vivienda en propiedad, siete de cada diez apoyarían la convocatoria.

Durante años se nos dijo que hablar del conflicto entre rentistas e inquilinas era dividir a la sociedad, que intervenir los alquileres era una posición minoritaria y que cuestionar la rentabilidad inmobiliaria enfrentaría inevitablemente a quienes alquilan con quienes tienen una propiedad. Lo que estamos viendo apunta en otra dirección, pues sabemos que muchísimas personas propietarias tienen hijos que no pueden emanciparse, compañeras que dedican medio sueldo al alquiler o familiares obligados a abandonar el barrio en el que han vivido durante años. La crisis de vivienda ha alcanzado tal dimensión que empieza a atravesar identidades políticas y situaciones patrimoniales que hasta ahora parecían separarnos.

Eso es lo que tenemos que organizar, porque una huelga general no se decreta desde una plaza ni se construye escribiendo una fecha en una pancarta. Mucho menos puede levantarse solamente con quienes ya estamos convencidas. Se construye hablando con miles y miles de personas, organizando bloques, visitando centros de trabajo, sentándonos con sindicatos laborales, entrando en universidades, colegios y centros de salud, escuchando a quienes todavía tienen dudas y demostrando que detrás de problemas aparentemente distintos existe una experiencia compartida: trabajar cada vez más para poder pagar una vida cada vez más precaria.

La fuerza que apareció estos días en Sol tiene sentido si ahora somos capaces de llevarla mucho más lejos. A cada barrio, a cada bloque, a cada centro educativo y a cada centro de trabajo. No porque exista una forma de movilización más pura que otra, sino porque ninguna plaza, por grande que sea, puede sustituir la organización paciente y cotidiana que necesitamos para convertir una mayoría social en una fuerza capaz de cambiar las cosas.

Una huelga general será posible cuando suficientes personas hayan llegado a una conclusión muy sencilla: que si somos nosotras quienes pagamos los alquileres, quienes trabajamos en los hospitales, quienes damos clase en los colegios, quienes conducimos los autobuses, levantamos las persianas de los comercios, cuidamos a nuestras mayores y hacemos funcionar las ciudades, también tenemos una enorme capacidad para detenerlas.

El viernes el Congreso cerró una puerta, y nosotras no pensamos quedarnos delante esperando a que vuelva a abrirla, porque si algo hemos aprendido estos días es que la política no termina allí donde fracasan los políticos. En muchos momentos de nuestra historia, ha sido exactamente ahí donde ha empezado: ahora nos toca construir la fuerza para demostrarlo.

En mi primer curso como orientadora atendí a una alumna de 3º de la ESO que me derivaron por su salud mental. Era una adolescente lista y espabilada, sacaba buenas notas, pero su estado de ánimo había ido empeorando y también su atención en clase. Un día no vino a la cita conmigo. Me dijeron que no había venido en todo el día y me pareció muy raro. Un par de horas después, supimos que ella y su familia acababan de ser desahuciadas. Ese curso suspendió prácticamente todas las asignaturas y después se cambió de centro, más cerca de la habitación donde otro familiar les acogió. 

Recuerdo la impotencia que sentí en aquel despacho de orientación. Mientras el resto de sus profesores y yo intentábamos cada día hacer nuestra parte del trabajo, dar a esta adolescente su educación obligatoria, acompañarla en su desarrollo a la vida adulta, otros nos lo tiraban por tierra. La policía, el sistema judicial y un casero arrancaban a esta menor de su casa, de su barrio, de su insti, de sus amigas, le arrebataban su capacidad de atender, sentirse segura, estudiar y aprender. Le arrancaban, entre tantas cosas, su derecho a la educación.  

Esto no es un caso aislado. De los desahucios que se producen en nuestro país, entre el 70% y el 80% incluye menores de edad. En muchos de estos casos, los colegios e institutos no nos enteramos hasta que suceden porque familias y alumnado no nos lo cuentan por vergüenza. O quizás no lo cuentan porque, en general, los profesores no hacemos nada. Un lamento, unas palabras de ánimo, y a seguir, que tenemos mucho curro y no llegamos. 

Las condiciones materiales influyen en la experiencia escolar y en los resultados académicos, siendo de hecho uno de los principales factores explicativos del éxito o fracaso académico. Es un hecho ampliamente contrastado por estudios de todo tipo. ¿Qué papel jugamos, entonces, maestras y profesores de la enseñanza obligatoria, en el contexto actual en el que nos encontramos con un 30% de pobreza infantil? ¿Podemos seguir haciendo nuestro trabajo sin hacernos cargo de que el derecho a la educación se tambalea cada día para un tercio de nuestra infancia?

Como orientadora, me llegan los casos identificados como “problemáticos” de cada centro en el que trabajo, con etiquetas para todos los síntomas: absentismo, bajos resultados, problemas de conducta, dificultades de aprendizaje, de salud mental, derivaciones a Diversificación o Formación Profesional Básica… En estas situaciones se nos pide a las orientadoras que evaluemos y demos respuesta al caso, asesorando al profesorado para actuar de la mejor manera posible para favorecer el aprendizaje y desarrollo del alumno en cuestión, y que derivemos a otros recursos de ayuda existentes si procede. En los tres años que llevo trabajando en centros educativos públicos de Villaverde, Carabanchel y Orcasitas, puedo asegurar que la gran mayoría de casos atendidos han estado atravesados por una dificultad relacionada con la vivienda que afectaba al alumno y a su familia. No podía explicar “el problema” del alumno sin reconocer el hecho de que esa unidad familiar no contaba con un lugar adecuado, seguro y estable en el que vivir. Es habitual encontrar alumnado que vive en una habitación de alquiler con uno de sus progenitores, expuestos al desalojo en cualquier momento y a la falta de intimidad; otros, inmersos en un clima familiar tenso e incluso violento con parejas que no pueden permitirse separarse; alumnos expulsados de sus casas que se tienen que mudar lejísimos o se cambian de centro; alumnos sin espacio para sentarse a estudiar: alumnos con padres y madres ausentes, trabajando larguísimas jornadas para poder pagar el alquiler. Precariedad e incertidumbre constantes. 

El sistema de vivienda actual, regulado para que las casas sean un bien de mercado que da rentabilidad a unos a costa de otros, es incompatible con un sistema educativo que se pretende universal, de calidad, para todos y todas, en igualdad de oportunidades. La “rentabilidad” de la que presume el mercado inmobiliario no solo destroza la capacidad económica de las familias inquilinas, también se lleva por delante su bienestar mental, su atención y regulación emocional, su tiempo, sus relaciones familiares y trayectorias educativas. 

Si los docentes madrileños tenemos que acudir a la manifestación por la vivienda del próximo 13 de octubre, no es sólo porque nuestro salario no sea ya capaz de garantizarnos acceder a una vivienda a una distancia razonable de nuestro centro de trabajo. Es el momento de denunciar que en este contexto, los profesores difícilmente podemos hacer nuestra labor. Sin vivienda asegurada para nuestro alumnado y sus unidades familiares, no hay lugar para el aprendizaje y el desarrollo evolutivo adecuado que busca la educación primaria y secundaria. Así, las propuestas de bajar el precio de los alquileres y cualquier medida para prohibir la especulación con la vivienda, se convierten hoy en medidas esencialmente educativas, al igual que lo fue en su momento legislar para que cualquier padre o madre pudiera salir del trabajo para hablar con la tutora de su hijo o acudir a la reunión de familias en en el centro.

Este 13 de octubre, todas aquellas personas que defendemos el derecho a la educación debemos defender que la vivienda es, por encima de todo, una necesidad básica y un derecho.