Generar un gran parque de vivienda pública de alquiler es una actuación indispensable para intervenir en el problema de la vivienda de las clases trabajadoras y la mayoría social del país. El problema radica, sin embargo, en que el modelo vigente de Vivienda de Protección Oficial (VPO) es radicalmente contrario a la consolidación de un sistema público, donde la vivienda no sea tratada como una mercancía, aunque el acceso a la misma no se haga a través de los instrumentos del mercado privado, es decir, del sector inmobiliario.

El primer problema del modelo de vivienda de protección oficial del país es su propia esencia: constituir un pequeño parque de vivienda concertada que garantice el beneficio económico de los actores implicados en el proceso –promotores, constructoras y propietarios– sobre el valor de la construcción a partir del cobro de rentas de alquiler. Cuando se habla de colaboración entre el sector público y privado se habla de esto: una vez se pague el préstamo sobre la construcción de una determinada promoción protegida, se seguirán cobrando rentas de alquiler durante muchos más años. Esto es especialmente cierto en los casos donde la entidad propietaria final del parque es una sociedad privada. La inversión inicial realizada, a lo largo de los años que dura la actual concesión del suelo –típicamente 50 o 75 años—, se paga dos o incluso tres veces con cálculos que solo tienen en cuenta la parte del precio del alquiler que está regulada. Es decir, se sigue tratando la vivienda como una mercancía para garantizar el lucro de los más ricos.

El procedimiento por el cual se pretende adquirir este parque de vivienda de protección oficial es su segundo problema: a través de la construcción. Es un problema con múltiples facetas. Resumidamente, construir es lento, caro y se encuentra limitado por las capacidades territoriales y ambientales del mundo en el que vivimos. Es una opción, pero no debe ser la principal opción para alcanzar una cantidad suficiente de vivienda pública.

La herramienta fundamental a utilizar aquí es la expropiación por razones de interés público. En primer lugar, de la vivienda vacía (más de 400.000 viviendas en Catalunya) y del parque protegido en proceso de privatización (40.000 viviendas en la provincia de Barcelona perderán su protección en los próximos años). En segundo lugar, de los grandes tenedores, como planteaba el referéndum Expropiar a Deutsche Wohnen y cia de Berlín. Y en tercer lugar, de la vivienda que se retiene artificialmente fuera del mercado de alquiler residencial habitual: vivienda turística, de temporada, etc.

Este último proceso es mucho más rápido, barato y justo en términos ecológicos. No obstante, no es la opción de ningún partido político que aspire a gobernar, ya que se entiende como un ataque a la propiedad privada, aunque no tenga afectación sobre la propiedad de la vivienda en uso propio, sino sobre grandes tenedores y precisamente para garantizar la función de la vivienda: convertirse en un hogar. Pero también porque en el modelo capitalista español y catalán, el sector inmobiliario, de la construcción y financiero tiene un peso importante y el papel de las instituciones públicas es el de ayudar a reflotarlo. Además, en términos de rédito político y electoral, ¿a quién no le gusta hacerse una foto entregando llaves de vivienda a estrenar?

Por último, pero en coherencia con todas las líneas definitorias del modelo de vivienda concertada vigente, tenemos un grave problema con el sistema de precios. El precio mensual final de una vivienda protegida de alquiler de obra nueva oscila entre los 500 y los 1.200 euros, dependiendo de dónde se encuentre situada, su tamaño, las ayudas recibidas y el tipo de propietario de la promoción. En la mayoría de los casos, se establece como criterio de acceso el famoso coeficiente de sobreesfuerzo; es decir, la unidad de convivencia que quiera alquilar debe garantizar ingresos mensuales que tripliquen el precio mensual. Esto significa un rango de entre 18.000 y más de 40.000 euros netos anuales. Según datos del Idescat de 2022, el 25% de la clase trabajadora más pobre del país tiene unos ingresos medios de 16.800 euros.

La conclusión es clara, el modelo de vivienda de protección oficial es excluyente hacia aquellas capas de la sociedad que precisamente más lo necesitan. Es urgente y mínimo hacer un replanteamiento estructural de los precios finales del alquiler protegido sustituyéndolo por el sistema ya existente de alquiler social, el cual tiene en cuenta los ingresos de la población que necesita acceder a una vivienda fuera de mercado.

Nos encontramos en un momento importante. Es necesario que el conjunto de la sociedad catalana tome conciencia de la necesidad de luchar por un modelo de vivienda verdaderamente público y al servicio de la clase trabajadora. El Sindicato de Inquilinas, desde hace unos años, organiza a inquilinas de promociones protegidas en torno a sus problemáticas diarias: la privatización y la expulsión, los sobreprecios, la falta de derechos colectivos, las cláusulas abusivas, las finalizaciones de contrato o los problemas de conservación de los edificios. El 23 de noviembre es el día señalado para hacer un clamor conjunto. Todos y todas a las 17:00 horas en la Plaça Universidad, en Barcelona. Llamamos a la participación en el bloque de vivienda protegida del sindicato a todo el colectivo de inquilinas del país, tanto para expresar públicamente nuestros problemas cotidianos como para exigir un cambio estructural que garantice que la vivienda no es una mercancía sino un derecho.