Hay una imagen que vuelve, terca, cada vez que recorro alguna de las cooperativas que encontramos en cada rincón de nuestra geografía. Es la imagen de un grupo de personas alrededor de una mesa, decidiendo juntas el rumbo de aquello que han levantado con sus manos. No hay jefe que dicte la última palabra desde un despacho lejano. Hay socias, socios y una pregunta compartida “¿Qué necesita esta comunidad para seguir adelante?”. En esa escena, repetida en lonjas pesqueras de Galicia, en cooperativas oleícolas de Jaén, en plataformas digitales de cuidados en Catalunya o en cooperativas energéticas que, en todo nuestro país, reparten entre las vecinas y vecinos la luz que ellos mismos generan, se condensa una manera de mirar el mundo.

Este 4 de julio, celebramos el Día Mundial del Cooperativismo, y Naciones Unidas ha elegido para 2026 un lema que no podría ser más oportuno: “Cooperativas para un mundo pacífico”. En un tiempo atravesado por la fractura social, la desconfianza y la ley de la fuerza, la propuesta reconoce que la paz no es solo la ausencia de violencia, sino la presencia de justicia, de participación y de dignidad. Pocas fórmulas económicas conocen ese terreno tan bien como el cooperativismo, que demuestra a diario que se puede competir sin depredar, crecer sin excluir y producir sin renunciar al cuidado de quien produce.

Porque eso es, en esencia, una cooperativa: ciudadanas que se asocian libremente para sostener juntas una actividad económica de propiedad común y gestión democrática. Una sola persona, un solo voto, sea cual sea el capital aportado. Una arquitectura empresarial que nace arraigada al territorio y que convierte la cooperación, la inclusión y el cuidado en un idioma común, capaz de reconciliar la economía con la dignidad humana. No lo veamos como una excepción romántica al capitalismo. Es, cada vez con más fuerza, una alternativa real y rentable para ordenar los mercados.

Las cifras lo confirman, aunque a mí me sigan emocionando más los rostros que las representan. La Economía Social supone ya el 11,1% del PIB español en cifra de negocio, agrupa a más de 127.532 empresas y entidades, factura 169.691 millones de euros y sostiene 2.250.389 empleos, según los datos del INE. Dentro de ese universo de cifras, las cooperativas son la columna vertebral. Son 25.500 en toda España, de las que 20.800 son de trabajo asociado, más del 80% del total. En el último año, el empleo en cooperativas ha crecido un 2,5%, hasta alcanzar las 358.161 personas trabajadoras. España concentra hoy el 26% del empleo cooperativo de toda Europa y el 9% de las cooperativas de la Unión Europea. Somos, sin estridencias, uno de los países que mejor entiende este modelo.

Pero los números, por sí solos, no cuentan la historia completa. Lo que de verdad distingue a una cooperativa es dónde echa raíces y a quién sostiene. Seis de cada diez empleos cooperativos se generan en zonas rurales y ciudades medianas, frente al 43% del empleo en el conjunto de las empresas. Allí donde el mercado tradicional se retira porque “no es rentable”, la cooperativa se queda, porque su rentabilidad se mide también en arraigo y en comunidad. Los salarios cooperativos en zonas rurales alcanzan el 91% del salario medio nacional, frente al 79% en las sociedades mercantiles. La brecha entre quien más y quien menos cobra dentro de una cooperativa es de 2,6 veces, frente a las 4 veces de las empresas convencionales. La reducción de la desigualdad directamente reflejada en una política salarial escrita en los estatutos.

Y hay algo más que habla del tipo de país queremos construir. El cooperativismo es, también, un espacio de inclusión real. Las mujeres ocupan ya más de la mitad del empleo cooperativo, un 52,3%, y tienen un 15% más de probabilidades de llegar a puestos de dirección que en una sociedad anónima o limitada. Solo en el último año, el empleo femenino en cooperativas ha crecido a un ritmo de 4,4%, más del doble que el de los hombres. El empleo joven supera el 23% del total, por encima del 21,6% en las empresas mercantiles. Y la contratación de colectivos en situación de vulnerabilidad —mayores de 45 años y jóvenes que buscan su primera oportunidad— supera en más de 12 puntos la media de las empresas mercantiles del mismo sector. Ahí está la paz de la que habla Naciones Unidas, con presencia activa de oportunidades para quien más las necesita.

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social hemos trabajado estos años con la conciencia de que impulsar el cooperativismo es contribuir, literalmente, a una sociedad más justa. Esta primavera vio la luz la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, una norma profundamente dialogada, fruto del acuerdo con todo el ecosistema y negociada con todas las fuerzas parlamentarias. Es el resultado de escuchar, durante meses, a quienes cada día sostienen este modelo desde una asamblea, una cofradía o una oficina compartida. La ley, entre muchas cuestiones, moderniza las cooperativas, con más participación digital y avances en igualdad y derechos de las socias; impulsa, a través de beneficios fiscales, las cooperativas de vivienda en cesión de uso, una fórmula que ya ofrece respuestas tangibles a la mayor preocupación social de nuestro tiempo; y abre camino a las comunidades energéticas cooperativas, porque también la transición ecológica necesita decidirse entre vecinas, sin imposiciones de las grandes energéticas.

Cuando pienso en el trabajo de estos años, no pienso solo en los articulados legales que hemos logrado, por necesario que sea. Pienso en una forma de gobernar que ha decidido mirar la economía desde otro lugar: no solo desde el beneficio, sino desde la dignidad de quien trabaja; no solo desde el crecimiento, sino desde el reparto. Pienso en cada cooperativa nacida este año en un pueblo que se resistía a vaciarse, en cada mujer que hoy preside una asamblea que antes no contaba con su voz, en cada joven que ha encontrado en el trabajo asociado una alternativa real a la precariedad.

El cooperativismo no promete un mundo sin conflictos, pero ofrece un método para resolverlos en común, alrededor de esa misma mesa con la que empezaba este texto. Ese es el legado que queremos dejar. No una política de Estado para la Economía Social, sino una Economía Social convertida en política de Estado. Una manera de producir que, frente a la fragmentación, apuesta por construir comunidad. Frente a la desconfianza, apuesta por la palabra compartida. Frente a la ley de la fuerza, apuesta por la cooperación como idioma común.

Por eso, hoy, con el mundo celebrando el Cooperativismo bajo el lema de la paz, en España tendremos motivos de sobra para hacerlo con orgullo. Porque llevamos años demostrando que otra forma de producir, más democrática, más arraigada, más justa y feminista no solo es posible, sino que ya está aquí.

Nuestro mundo está marcado por la crisis climática, el aumento de las desigualdades y la erosión de la democracia. Vivimos en una época impregnada de incertidumbre permanente, caracterizada por tensiones ecológicas, económicas y geopolíticas que no solo anuncian el colapso de un modelo, sino también el surgimiento, aún en ciernes, de algo nuevo. En estos momentos de inestabilidad, recae sobre nuestros hombros la responsabilidad de ofrecer imaginarios alternativos, de proyectar nuevas utopísticas. Sí, utopísticas: no visiones idealizadas de un futuro perfecto, sino, como diría Immanuel Wallerstein, «horizontes de transformación creíbles, mejores y posibles desde un punto de vista histórico». Este, creo yo, es el verdadero papel de la economía social: constituirse en una alternativa democrática, ecológica y feminista frente a un sistema que ha agotado su capacidad de respuesta.

Escribo estas líneas desde Nueva Delhi, en el marco de la Conferencia Cooperativa Mundial, donde se inaugura el próximo Año Internacional de las Cooperativas. En este espacio de intercambio global me doy cuenta de dos aspectos fundamentales: el presente y el prometedor futuro de la economía social, y el liderazgo que España ha asumido en esta materia.

La economía social desafía la lógica reaccionaria de los tiempos complejos que habitamos. Nos permite afrontar los grandes retos no restringiendo libertades y derechos, sino ampliándolos. Este modelo redefine las coordenadas de la economía tradicional, consolidando un suelo social para nuestros derechos fundamentales y respetando el techo ecológico que impone nuestro planeta.

En este sentido, la economía social es una herramienta de democracia económica en un momento en el que los fundamentos mismos de nuestras democracias están amenazados. Es también una apuesta sólida por una transición ecológica justa en un contexto de crisis climática exacerbada. Además, ofrece un camino innovador para avanzar hacia una transformación digital con derechos, poniendo la tecnología al servicio de las mayorías sociales. Por último, y no menos importante, es un modelo feminista que reivindica la inclusión y la dignificación de los cuidados. En definitiva, la economía social demuestra que, tras décadas de devastación neoliberal, existe una forma diferente —y mejor— de hacer las cosas.

Por todo ello, podemos sentirnos profundamente orgullosos del papel de España como referente mundial en economía social y cooperativa, un liderazgo que quedó patente hace más de un año con la coordinación de la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre esta materia. Desde la distancia, aquí en India, lo afirmo con convicción, aunque plenamente consciente de los desafíos que aún debemos superar: la economía social es, sin duda, un auténtico orgullo de país.

Este éxito no es fruto de la casualidad. Se debe, principalmente, a un sector dinámico y a un Gobierno que, por primera vez en democracia, ha situado a la economía social en el centro de sus prioridades. Un ejemplo claro de este compromiso es que España es uno de los pocos países del mundo que incluye el término «Economía Social» en el nombre de un ministerio.

En los últimos cuatro años, hemos apostado de forma decidida por un modelo que no solo fomenta un crecimiento económico más inclusivo, sino que también ofrece mayor estabilidad en un contexto de desorden y contribuye a reducir las desigualdades. Las empresas y entidades de economía social, guiadas por principios como la primacía de las personas y el fin social del capital, generan trabajo decente y promueven la inclusión y no discriminación. Un ejemplo claro es su contribución a la igualdad de género, reflejada en menores brechas salariales entre hombres y mujeres.

Además, estas empresas integran a colectivos de personas trabajadoras que enfrentan mayores barreras para acceder al empleo, mostrando así una sensibilidad social que rara vez se encuentra en la economía convencional. Su impacto se extiende también a áreas rurales y municipios pequeños, donde ayudan a generar empleo y fomentan la cohesión territorial, un elemento esencial para combatir el despoblamiento y reforzar el tejido social de estas zonas.

Conscientes de este enorme valor añadido —que a menudo escapa a los índices macroeconómicos tradicionales—, el Ministerio de Trabajo y Economía Social impulsó el PERTE de la Economía Social, respaldado por una inversión histórica de más de 2.500 millones de euros. Este proyecto ha permitido fortalecer iniciativas como cooperativas de energía y de vivienda en cesión de uso, cooperativas de cuidados, sociedades laborales y una banca ética, entre otras fórmulas empresariales que redefinen y abordan los grandes desafíos que tenemos como país.

Han pasado casi dos siglos desde que, el 24 de octubre de 1844, un grupo de 28 tejedores, inspirados por el socialismo utópico, fundó la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, el hito fundacional del cooperativismo. Uno de los primeros socialistas españoles, Fernando Garrido, escribió tras una visita a Rochdale un breve texto titulado La cooperación. En él, afirmaba: «Bajo cualquier aspecto que se las considere, estas asociaciones merecen la atención del filósofo, del estadista y del filántropo, porque son un síntoma del progreso intelectual de las masas populares y llevan en su seno el germen de profundas transformaciones económicas y políticas».

Han cambiado muchas cosas desde Rochdale, pero nuestra atención permanece intacta. Hoy, según la Alianza Cooperativa Internacional, el sector cuenta con mil millones de miembros y genera más de cien millones de empleos en todo el mundo. A pesar del tiempo transcurrido, el cooperativismo y la economía social siguen siendo el germen de las transformaciones profundas que necesitamos para afrontar la incertidumbre, la desigualdad y la crisis climática.

Desde Rochdale hasta Nueva Delhi, desde el siglo XIX hasta nuestros días, el cooperativismo y la economía social siguen siendo sinónimo de esperanza: la posibilidad concreta de un mundo mejor. Una utopística que, pese a todo, ya comenzamos a acariciar.