Los viernes tenían un olor.

No era exactamente el del tomate frito ni el del chorizo al fuego. Era otra cosa. Era la casa de mi abuela.

Los viernes se comían macarrones con chorizo. Y eso, que podría parecer una anécdota doméstica sin importancia, era en realidad una forma de ordenar el mundo. Porque hay casas donde el tiempo no se mide en calendarios, sino en platos. Y en la mía, los viernes sabían a eso: a plato hondo, a pan para rebañar y a infancia sin palabras para nombrarse.

Dicen que la pasta es la quintaesencia de las nonas italianas. Que en cada ravioli hay una genealogía y en cada salsa una memoria. Yo no sé de Italia, pero sé que los macarrones con chorizo son la quintaesencia de las abuelas de aquí. De las nuestras. De las que no escribieron libros de recetas, pero levantaron familias enteras con una cuchara de madera.

Mi abuela nunca ha hablado de cuidados. Ni de “corresponsabilidad”, “sostenibilidad de la vida” o “crisis de los cuidados”. Mi abuela hacía (y hace). Y hacer era quedarse la última en la mesa. Era repetir a todo el mundo antes que a una misma. Era saber cuántos éramos sin contarnos. Era sostener.

Hay un pasaje de Como agua para chocolate en el que Tita cocina atravesada por lo que siente, y quienes comen sus platos lloran, desean, recuerdan. Siempre pienso en eso cuando recuerdo los viernes en casa de mi abuela. Porque en aquellos macarrones había algo más que comida: había lenguaje. Un idioma que no necesitaba teoría para decirlo todo.

Mi abuela pertenece a una generación de mujeres que no eligió casi nada. Que tuvo pocas oportunidades para estudiar, para viajar, para decidir quién quería ser fuera de lo que ya estaba decidido para ellas. Mujeres a las que la historia no les pidió opinión, pero sí les exigió todo lo demás.

Y, sin embargo, sostuvieron.

Sostuvieron la casa, la crianza, las enfermedades, las ausencias, los duelos que no se nombraban. Sostuvieron el tiempo de otras personas mientras el suyo quedaba en suspenso. Como escribió Idea Vilariño, “uno siempre está sólo / pero a veces”. Ellas hicieron que ese “a veces” fuera más habitable para el resto.

No hubo apenas salario. Ni cotización. No hubo reconocimiento social. Hubo afecto, sí. Pero el afecto no paga pensiones dignas, ni construye derechos, ni repara desigualdades estructurales.

Nos enseñaron que el amor lo podía todo. Pero no es verdad. El amor sostiene, pero no sustituye a la justicia.

A veces pienso en todo lo que mi abuela no pudo ser. En los libros que no leyó, en los lugares a los que no fue, en las conversaciones que nunca tuvo porque nadie le preguntó. Y al mismo tiempo pienso en todo lo que hizo y hace posible. En la vida que vino después. En la mía.

Hay un verso de Antonio Machado que dice que “se hace camino al andar”. Ellas no sólo hicieron camino: hicieron el suelo. El suelo sobre el que ahora caminamos nosotras, con más derechos, con más palabras, con más posibilidades.

Pero también con una deuda.

Porque este sistema —llamémoslo por su nombre— sigue descansando sobre una arquitectura invisible de cuidados. Un sistema reproductivo que permite que todo lo demás funcione. Que haya trabajo, producción, economía. Y ese sistema, históricamente, ha tenido rostro de mujer. De mujer mayor. De mujer migrante. De mujer sin contrato.

No sé si mi abuela sabe o no de capitalismo, pero lo sostenía cada día.

Y aquí estamos ahora, intentando poner palabras donde antes sólo hubo silencios. Intentando que aquello que se hizo por amor también se reconozca como trabajo. Intentando que las políticas públicas lleguen donde antes sólo llegaban las manos de una abuela.

Porque no basta con recordar. No basta con emocionarse. No basta con decir “qué haríamos sin ellas”.

Hay que preguntarse por qué hemos podido hacer tanto sin ellas… y a costa de ellas.

Y, aunque nuestra infancia sea la verdadera patria, mis viernes ya no son lo mismo. Ya no vuelvo del colegio en Sádaba y voy directa a casa de mi abuela. Y los macarrones con chorizo, cuando los hago yo, no saben igual. Nunca saben igual.

Pero hay algo que permanece.

Una forma de entender el cuidado no como un gesto, sino como una estructura.

Una conciencia —cada vez más clara— de que esa estructura no puede seguir siendo invisible.

Quizá escribir esto sea también una forma de devolver algo. De poner en el centro lo que siempre estuvo en los márgenes. De nombrar lo que tantas veces se dio por hecho.

De decir, con toda la belleza que permita el lenguaje, que hubo una generación de mujeres que lo dio todo… y que ahora nos toca a nosotras hacer que eso no vuelva a ocurrir en las mismas condiciones.

Que el cuidado deje de ser destino y pase a ser responsabilidad compartida.

Que los macarrones con chorizo sigan existiendo, sí.

Pero no como símbolo de renuncia, sino de elección.

Y que cuando recordemos las historias vitales de nuestras abuelas, no lo hagamos sólo desde la nostalgia. También desde la justicia.

Hay leyes que nacen para ordenar una realidad ya consolidada. Y hay otras que nacen, precisamente, porque esa realidad todavía no ha sido reconocida. El Estatuto de la Mujer Rural de Aragón pertenece a esta segunda categoría: no pretende crear algo nuevo, sino poner nombre, derechos y dignidad política a una presencia que siempre ha estado ahí.

Las mujeres rurales han sostenido durante generaciones la vida en los pueblos. Han trabajado la tierra, han cuidado a las familias, han abierto pequeños negocios y han mantenido redes de solidaridad que ningún indicador económico sabe medir. Han sido agricultoras, ganaderas, autónomas, trabajadoras invisibles de explotaciones familiares, alcaldesas, técnicas, maestras, sanitarias o artistas. Y, sin embargo, durante demasiado tiempo han quedado fuera del relato oficial del desarrollo rural.

Nombrarlas no es un gesto simbólico. Nombrarlas es un acto político.

Por eso el Estatuto de la Mujer Rural no es una ley sectorial más. Es, en realidad, una pieza clave en la arquitectura de la igualdad en Aragón. Porque la desigualdad de género no se vive igual en todos los territorios. En el medio rural, la distancia física se suma a la distancia institucional. La carencia de servicios públicos multiplica la carga de los cuidados. Las oportunidades laborales se estrechan. Y la participación económica y política de las mujeres sigue enfrentándose a inercias profundamente arraigadas.

A menudo se habla de la despoblación como si fuera una fatalidad geográfica. Pero quienes conocen bien el territorio saben que también es una cuestión de oportunidades. Y, sobre todo, de oportunidades para las mujeres.

Cuando una mujer joven se marcha de un pueblo porque no encuentra trabajo, porque no hay servicios para conciliar, porque su proyecto de vida parece condenado a la precariedad o a la dependencia económica, no sólo se pierde una vecina. Se pierde futuro.

Por eso el Estatuto de la Mujer Rural es también una política contra la despoblación. No porque las mujeres deban quedarse para salvar los pueblos —una narrativa que tantas veces ha recaído injustamente sobre ellas—, sino porque ningún territorio puede aspirar a ser viable si la mitad de su población encuentra más obstáculos que oportunidades.

En esta legislatura que se abre paso, el Estatuto debe ocupar un lugar singular en el debate político aragonés. En anteriores, fue anunciado, debatido, reclamado y discutido. Ha atravesado cambios de gobierno, posiciones partidistas y negociaciones parlamentarias. Y en ese recorrido ha dejado al descubierto una paradoja que se repite con frecuencia cuando hablamos de igualdad: casi todo el mundo está de acuerdo con el diagnóstico, pero no siempre con las soluciones.

Existe un consenso bastante amplio en reconocer la importancia de las mujeres rurales. Se las cita en discursos institucionales, en estrategias contra la despoblación y en programas de desarrollo territorial. Pero cuando llega el momento de convertir ese reconocimiento en derechos, en recursos públicos, en medidas concretas que transformen las condiciones de vida, el acuerdo se vuelve más frágil.

Sin embargo, el simple hecho de que el Estatuto esté sobre la mesa ya ha producido un efecto político relevante. Ha obligado a hablar de las mujeres rurales no como una categoría romántica —la imagen idealizada de la mujer del pueblo—, sino como sujetas de derechos.

Ese cambio de mirada es fundamental.

Significa reconocer que la igualdad en el medio rural pasa por cuestiones muy concretas: por el acceso al empleo y al emprendimiento, por la presencia de servicios públicos, por la corresponsabilidad en los cuidados, por la participación en cooperativas y organizaciones agrarias o por la representación en los espacios donde se toman decisiones que afectan al territorio.

Significa también reconocer la diversidad de las mujeres rurales de hoy. Mujeres que heredan explotaciones familiares, que emprenden proyectos innovadores, que regresan a los pueblos después de haber vivido en ciudades, que llegan desde otros países para trabajar sectores clave, como el primarios o los cuidados. Mujeres que no responden a un único perfil, pero que comparten la experiencia de habitar territorios donde la igualdad todavía tiene más camino por recorrer.

Aragón tiene una larga tradición de movimientos sociales vinculados al mundo rural. Organizaciones de mujeres que, desde hace décadas, han tejido redes de apoyo, formación y reivindicación. Ellas han sido las verdaderas impulsoras de este debate mucho antes de que llegara a los parlamentos.

Quizá por eso el Estatuto de la Mujer Rural no debería entenderse sólo como una ley pendiente, sino como la expresión institucional de una demanda histórica.

Las leyes, al fin y al cabo, son también una forma de contar quién importa en una sociedad. Y durante demasiado tiempo las mujeres rurales han sostenido territorios enteros sin ocupar el lugar que les corresponde en ese relato.

Tal vez esta legislatura pase a la historia por muchas razones. Pero sería deseable que lo hiciera, sobre todo, por haber entendido algo esencial: que la igualdad no se decreta desde las capitales, sino que se construye también en los pueblos, en las explotaciones agrarias, en los pequeños negocios y en los hogares donde el trabajo y la vida siguen entrelazados.

Reconocer a las mujeres rurales no es un gesto de justicia simbólica. Es, sencillamente, una condición para el futuro.

Cada 8 de marzo asisto a la manifestación en Zaragoza con una certeza íntima: mi raíz no está aquí. Mi vida, sí. Mi trabajo, también. Pero mi manera de entender el mundo —los tiempos, los silencios, las lealtades, incluso el miedo— se forjó en un pueblo.

Soy una mujer rural. Aunque viva en la ciudad.

Y cada 8M siento una leve incomodidad cuando escucho hablar de “las mujeres rurales” como si fueran una categoría externa, casi antropológica. Como si no estuvieran entre nosotras. Como si no estuviéramos.

En Aragón, lo rural no es un paisaje: es estructura. Es demografía, es política pública y es memoria colectiva, individual y familiar. Es la decisión —siempre difícil— de quedarse o marcharse. Es el autobús que no pasa. Es la escuela que cierra. Es la explotación agraria que no aparece a nombre de la mujer que la trabaja.

Pero también es comunidad. Es red antes de que inventáramos la palabra. Es saber quién necesita ayuda sin que lo pida. Es una forma de estar en el mundo que no cabe en los eslóganes.

No escribo desde el paternalismo. Escribo desde la pertenencia. Desde haber aprendido pronto que en un pueblo todo se sabe, y que eso condiciona la libertad. Desde haber visto a mujeres sostenerlo todo sin llamarlo feminismo. Desde haber escuchado frases que pesan y silencios que todavía pesan más.

Y también desde la contradicción.

Porque muchas hemos tenido que irnos. A estudiar. A trabajar. A respirar. Y en ese movimiento se nos ha colocado en un lugar extraño: ya no somos del todo de allí, pero tampoco somos completamente de aquí. Habitamos un margen identitario que rara vez se nombra.

Quizá por eso me incomoda que el 8M hable de mujeres rurales como si fueran “otras”. No lo son. Somos nosotras en otro contexto. Somos nosotras con menos servicios, con más exposición social y con más distancia física para pedir ayuda. Somos nosotras sosteniendo pueblos que el discurso institucional dice querer salvar, pero cuyas condiciones materiales no siempre transforma.

En Teruel, en Huesca, en las comarcas que pierden población año tras año, la igualdad tiene coordenadas muy concretas: transporte, conectividad, conciliación real, acceso a recursos frente a la violencia o titularidad compartida efectiva. No son demandas sectoriales. Son feminismo estructural.

Hablar de esto no es despreciar lo rural. Es quererlo lo suficiente como para no romantizarlo. Es saber que la comunidad protege, pero también vigila. Que el arraigo da sentido, pero también puede limitar. Que quedarse es un acto político, pero marcharse también lo fue.

Este 8M no quiero que las mujeres rurales estén en el margen del discurso. Pero tampoco quiero que se las coloque en el centro como pieza decorativa de la diversidad. Quiero que el feminismo aragonés —el que marchará por Zaragoza y el que se reunirá en casas de cultura de pueblos pequeños— se piense territorialmente. Que entienda que la despoblación también tiene género. Que la movilidad forzada también es una cuestión feminista.

Y quiero decir algo más incómodo: no todas las mujeres rurales se sienten interpeladas por el feminismo urbano. No porque estén “atrasadas”. Sino porque los marcos a veces no recogen sus prioridades, sus tiempos o su forma de nombrar la desigualdad.

Tal vez el reto no sea llevar el 8M a los pueblos. Tal vez el reto sea dejar que los pueblos transformen el 8M.

Yo soy mujer rural. Aunque viva en la ciudad. Y cada 8 de marzo no reclamo inclusión: reclamo complejidad. Reclamo que no se nos simplifique. Que no se nos romantice. Que no se nos use como símbolo de nada.

Porque el margen no siempre es ausencia. A veces es el lugar desde el que se sostiene el centro.

Hay palabras que, de tanto repetirse, corren el riesgo de vaciarse. Igualdad es una de ellas. Feminismo, también. Cuando un concepto que nace de la experiencia histórica de la desigualdad y del esfuerzo colectivo por corregirla se convierte en eslogan, en arma arrojadiza o en cortina de humo, deja de cumplir su función pedagógica y transformadora para convertirse en otra cosa: en coartada.

El feminismo no es un accesorio discursivo ni un recurso táctico para erosionar al adversario. Es una teoría política con más de tres siglos de pensamiento, una práctica social sostenida por millones de mujeres y un corpus jurídico que ha contribuido a ensanchar la democracia. Es, sobre todo, una ética pública: una forma de mirar la realidad que pone el foco en las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres y propone herramientas para desmontarlas.

Por eso resulta preocupante observar cómo, desde hace tiempo, determinadas formaciones políticas que en su práctica cotidiana han demostrado un compromiso ínfimo con la igualdad —en presupuestos, en prioridades legislativas, en la composición de sus equipos, en su cultura interna— apelan al feminismo en debates muy concretos, muy mediáticos, para enmascarar otras cuestiones de mayor calado. No lo hacen desde la convicción, sino desde la oportunidad.

La pedagogía feminista nos enseña a distinguir entre lo estructural y lo accesorio, entre lo que afecta a la vida material de las mujeres y lo que funciona como un símbolo. Pensemos, por ejemplo, en debates recurrentes que se presentan como urgencias sociales incuestionables. Se colocan en el centro de la conversación pública con un despliegue retórico notable, apelando a la liberación de las mujeres, a su dignidad o a su autonomía. Sin embargo, cuando se analizan con datos, no constituyen un clamor social ni una demanda prioritaria de la mayoría de las mujeres afectadas.

Mientras tanto, en el mismo periodo de tiempo, tres mujeres y una niña pueden ser asesinadas en apenas veinticuatro horas a manos de sus parejas o exparejas. Esa violencia, que sí es estructural, que sí es sistemática, que sí es una emergencia democrática, queda relegada a un segundo plano en el debate político. Se condena de manera protocolaria, se guardan minutos de silencio, pero no se sitúa en el centro de la agenda con la misma intensidad con la que se abordan otros asuntos de carácter más simbólico.

No se trata de establecer jerarquías morales simplistas ni de negar la complejidad de los debates culturales. Se trata de entender que el feminismo, como proyecto político, tiene una hoja de ruta clara: garantizar la vida, la libertad y la igualdad real de las mujeres. Eso implica atender a la violencia machista, a la brecha salarial, a la feminización de la pobreza, a la precariedad laboral, a la sobrecarga de cuidados, a la falta de corresponsabilidad, a la infrarrepresentación en espacios de poder y a las discriminaciones interseccionales que afectan de manera específica a las mujeres de cada comunidad.

Cuando el foco se desplaza sistemáticamente hacia cuestiones que permiten construir un relato identitario, pero no se acompaña de políticas públicas consistentes, presupuestos suficientes y evaluaciones rigurosas, estamos ante un uso banal del feminismo. Un uso que instrumentaliza la causa para obtener rédito político, sin asumir la profundidad de sus implicaciones.

El feminismo no es selectivo. No se activa sólo cuando resulta útil para confrontar con un adversario político. No se invoca únicamente para regular la vestimenta de determinadas mujeres mientras se ignoran las condiciones laborales de las camareras de piso, la situación de las trabajadoras del hogar o la soledad de las mujeres mayores en el medio rural aragonés. No se declama en abstracto mientras se recortan partidas destinadas a igualdad o se cuestiona la necesidad de la educación afectivo-sexual en las aulas.

Desde una perspectiva técnica, las políticas de igualdad requieren coherencia. La coherencia se mide en planes estratégicos dotados económicamente, indicadores de seguimiento, formación obligatoria para quienes ejercen responsabilidades públicas o transversalidad real en todas áreas de gobierno. No basta con apropiarse del lenguaje feminista; hay que asumir sus consecuencias prácticas.

Existe, además, un riesgo añadido en esta utilización superficial: la deslegitimación del propio feminismo. Cuando la ciudadanía percibe que la palabra se emplea como arma táctica, se alimenta el escepticismo y se fortalece la idea de que todo es propaganda. Y el feminismo no se puede permitir convertirse en una etiqueta vacía, porque su fuerza reside precisamente en su capacidad de nombrar con precisión las desigualdades y de proponer soluciones basadas en la evidencia.

La pedagogía, en este contexto, consiste en recordar que la igualdad no se defiende a golpe de titular, sino mediante políticas sostenidas en el tiempo. Que la libertad de las mujeres no se garantiza señalando prácticas culturales ajenas mientras se toleran dinámicas de control y dominación en el propio entorno. Que la protección de los derechos no puede ser selectiva ni condicionada por la rentabilidad electoral.

Hablar desde el feminismo exige cierta incomodidad. Obliga a revisar privilegios, redistribuir poder y cuestionar inercias. No es una bandera que se ondea sin coste. Por eso resulta más sencillo convertirlo en coartada que asumirlo como proyecto transformador.

Como sociedad, necesitamos elevar el debate. Preguntarnos qué políticas reducen efectivamente la violencia contra las mujeres, qué medidas mejoran su autonomía económica, qué reformas garantizan una conciliación corresponsable o qué cambios educativos previenen el machismo desde la infancia. Y exigir que quienes apelan al feminismo presenten respuestas sólidas a esas preguntas.

El feminismo no es patrimonio de ningún partido, pero tampoco es un recurso disponible para cualquier estrategia coyuntural. Es un compromiso con la democracia paritaria, con la justicia social y con los derechos humanos. Utilizarlo de manera banal no sólo empobrece el debate público; debilita la lucha por la igualdad real.

Tal vez ha llegado el momento de recuperar la densidad de las palabras. Devolver al feminismo su profundidad histórica y su rigor conceptual. Exigir coherencia entre el discurso y la práctica. Y recordar, con serenidad y firmeza, que mientras haya mujeres asesinadas por el hecho de serlo, mientras la desigualdad atraviese salarios, cuidados y oportunidades, el feminismo no puede ser una coartada. Debe ser, como siempre ha sido, una herramienta para transformar la realidad.

Hay una prueba silenciosa que mide la calidad democrática de una sociedad: qué hace cuando la igualdad le resulta incómoda. No cuando la consigna es unánime, no cuando el consenso es rentable, no cuando la indignación se dirige hacia el adversario político. La verdadera medida aparece cuando la exigencia atraviesa la propia casa, cuando interpela a quienes nos son próximos, cuando obliga a revisar prácticas, culturas organizativas y liderazgos. Ahí, en ese punto de fricción, es donde se decide si hablamos de compromiso o de estrategia.

En España hemos construido en las últimas dos décadas un andamiaje normativo sólido en materia de igualdad. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un hito al reconocer la especificidad estructural de la violencia contra las mujeres y articular una respuesta integral. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres introdujo la obligación de planes de igualdad en empresas y administraciones, institucionalizando la corresponsabilidad. Más recientemente, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual amplió el foco hacia la centralidad del consentimiento y la prevención. La arquitectura institucional y social especializadas y los sucesivos pactos de Estado han consolidado un marco técnico y presupuestario que no existía hace apenas veinte años.

Sin embargo, la existencia de leyes no garantiza por sí sola la coherencia de las prácticas. Los datos nos recuerdan que la violencia machista no es un episodio aislado ni un problema coyuntural, sino una manifestación de desigualdades estructurales que atraviesan todas las organizaciones: partidos, sindicatos, empresas, universidades, asociaciones. Pensar que el acoso o la violencia pertenecen ideológicamente a un espacio político concreto es, además de erróneo, técnicamente insostenible. Las investigaciones académicas y los informes institucionales coinciden en señalar que hablamos de dinámicas de poder, de culturas organizativas tolerantes con determinadas conductas y de déficits en los sistemas de prevención y respuesta.

La instrumentalización partidista de estos fenómenos introduce un riesgo añadido: trivializa su gravedad y desincentiva la denuncia. Cuando la reacción pública depende del color político de quien presuntamente agrede, el mensaje implícito para las víctimas es devastador. No se trata sólo de la exposición mediática o del desgaste reputacional; se trata de la percepción de justicia. Si la vara de medir es variable, la confianza se erosiona. Y sin confianza no hay prevención eficaz.

Desde una perspectiva técnica, la prevención del acoso y la violencia exige tres pilares: protocolos claros y conocidos, órganos independientes de investigación y una cultura organizativa que priorice la protección de la víctima sobre la preservación de la imagen. Esto no es ideología, es gestión del riesgo y garantía de derechos fundamentales. Las organizaciones que entienden la igualdad como un eje estratégico y no como un departamento accesorio integran estas herramientas en su gobernanza cotidiana. Las que la conciben como un elemento discursivo tienden a activarlas sólo cuando la presión externa lo impone.

La igualdad incomoda porque cuestiona inercias. Obliga a revisar bromas normalizadas, estilos de liderazgo basados en la intimidación o redes informales de poder. Exige formación continuada, evaluación y, en ocasiones, asumir responsabilidades que no son penalmente relevantes pero sí éticamente significativas. Ese tránsito no es sencillo y genera resistencias. Pero precisamente por eso resulta imprescindible abordarlo con serenidad y rigor, sin convertir cada caso en un campo de batalla simbólico.

La experiencia comparada muestra que los entornos más seguros para las mujeres no son aquellos donde nunca hay denuncias, sino aquellos donde existen canales accesibles y garantías de imparcialidad. La ausencia de casos públicos no siempre indica ausencia de violencia; a veces revela silencio. Por eso es tan importante desplazar el foco del escándalo a la estructura: ¿qué mecanismos preventivos existen?, ¿qué recursos se destinan?, ¿qué evaluación independiente se realiza?, ¿qué protección se ofrece a quien denuncia?

Hablar de igualdad con envergadura implica reconocer su complejidad. No basta con proclamar principios; es necesario dotarlos de procedimientos, indicadores y seguimiento. Tampoco es útil convertir cada debate en una pugna moral entre bloques irreconciliables. La violencia machista es un problema de derechos humanos y de calidad democrática, no una herramienta de desgaste parlamentario. Cuando la utilizamos como arma arrojadiza, debilitamos la causa que decimos defender.

Quizá la tarea pendiente sea construir una ética pública compartida en la que la coherencia no dependa de la coyuntura. Una cultura política donde la primera reacción ante una denuncia sea activar protocolos y proteger a la persona afectada, no calcular el impacto electoral. Donde la autocrítica no se interprete como traición, sino como madurez democrática. Donde la igualdad deje de ser una bandera ocasional y se convierta en un estándar transversal.

La igualdad, cuando incomoda, nos ofrece una oportunidad. La de demostrar que los avances normativos han arraigado en nuestras prácticas; que entendemos la gravedad de la violencia más allá de su rentabilidad mediática; que somos capaces de sostener el mismo criterio hacia dentro y hacia fuera. No es una exigencia menor. Es, en última instancia, una cuestión de credibilidad colectiva.

Porque si algo nos enseñan las políticas públicas es que la coherencia es la forma más profunda de compromiso. Y la igualdad —la de verdad, la que transforma— empieza justo ahí, en el momento en que deja de ser cómoda.

El 12 de febrero de 1888 nació Clara Campoamor, y con ella –aunque todavía no lo supiéramos– nació una pieza imprescindible de la democracia española. No una pieza decorativa, ni simbólica, sino estructural. Campoamor no añadió un adorno al edificio democrático: terminó de construirlo. Porque sin el sufragio femenino la democracia era, en el mejor de los casos, una promesa incompleta; en el peor, una contradicción en voz alta.

Hay algo profundamente pedagógico en volver a Clara cada febrero. No como un ejercicio de nostalgia, sino como un acto de lectura del presente. Clara no fue una figura cómoda. No lo fue para sus adversarios políticos, pero tampoco para buena parte de los suyos. Defendió el voto de las mujeres cuando hacerlo suponía desafiar el consenso, el cálculo electoral y la idea –tan persistentemente patriarcal– de que la igualdad puede esperar a un momento “más oportuno”. Clara nos enseñó que los derechos no se conceden cuando conviene: se reconocen cuando son justos.

Que hoy quiera escribir sobre ello en un medio con implantación aragonesa no es casual. El primer destino profesional de Clara Campoamor como miembro del Cuerpo Auxiliar de Telégrafos fue Zaragoza. Antes de ser diputada, antes de ser la voz que atravesó el Congreso con una claridad que todavía hoy conmueve, fue una mujer joven que llegó sola a una ciudad para trabajar, aprender y sostenerse. Hay en ese dato una verdad silenciosa: el feminismo también se ha construido desde las periferias, desde los trayectos laborales, desde la vida concreta de mujeres que hicieron lo que pudieron con lo que tenían.

De aquella etapa se conserva un retrato suyo en la revista 'Estampa', hoy custodiado por la Biblioteca Nacional de España. Mirar ese rostro es un ejercicio revelador. No hay en él grandilocuencia ni épica impostada. Hay determinación, inteligencia y una serenidad que no nace de la ausencia de conflicto, sino de haberlo pensado todo. Clara sabía que estaba sola en muchos momentos. Y aun así habló. Quizá por eso su legado nos interpela tanto en este presente ruidoso, donde se confunde a menudo la firmeza con el grito y la pedagogía con la debilidad.

El contexto español actual en materia de igualdad es complejo y contradictorio. Hemos avanzado en marcos normativos, en políticas públicas y en reconocimiento institucional. Y, al mismo tiempo, asistimos a una ofensiva reaccionaria que niega, trivializa o caricaturiza el feminismo. No es casual. Cada avance en derechos provoca una reacción. Lo nuevo incomoda, y la igualdad, cuando es real, siempre incomoda a alguien. Aragón no es ajena a esta tensión: conviven aquí experiencias valiosas de trabajo por la igualdad con discursos que presentan el feminismo como un exceso, una amenaza o una moda ideológica.

Volver a Clara Campoamor en este contexto no es refugiarse en una figura incuestionable, sino asumir una herencia exigente. Clara no pidió consenso para defender la igualdad; pidió coherencia democrática. No habló desde la identidad, sino desde el principio. No desde el agravio, sino desde el derecho. Y quizá ahí esté una de las claves que hoy necesitamos recuperar: la capacidad de explicar, de argumentar, de hacer pedagogía sin renunciar a la firmeza.

El feminismo no es un bloque monolítico ni una consigna cerrada. Es una tradición crítica que se ha ido construyendo con pensamiento, con conflicto y con mucha incomodidad. En Aragón, como en el resto del país, el reto no es sólo defender lo conquistado, sino profundizarlo: llevar la igualdad a los territorios rurales, a las condiciones laborales, a los cuidados, a la vida cotidiana de mujeres muy distintas entre sí. Hacerlo sin simplificaciones, sin convertir la igualdad en un eslogan vacío o en un arma arrojadiza.

Clara Campoamor nos recuerda que la democracia no se completa una vez y para siempre. Se completa cada día, cada vez que decidimos si ampliamos derechos o los recortamos, si incluimos o excluimos, si explicamos o caricaturizamos. Quizá por eso sigue siendo tan actual. Porque su pregunta sigue en el aire: ¿qué democracia queremos ser? Una que se conforme con lo ya dicho o una que tenga el coraje de decir lo que todavía falta.

Recordar a Clara desde Zaragoza, desde Aragón, desde este presente convulso, no es un acto ceremonial. Es una invitación. A pensar mejor. A discutir con más rigor. A defender la igualdad no como trinchera, sino como horizonte compartido. Porque, como ella demostró, la democracia sólo está completa cuando lo está para el conjunto de la sociedad.

Hay una forma muy concreta de desaparecer del debate público: no que te ataquen, no que te discutan, sino que no te nombren. Eso es lo que está pasando con la igualdad de género y la violencia machista en la campaña electoral aragonesa. No están en el centro, apenas están en los márgenes. Como si no fueran una prioridad. Como si no importaran. Como si ya estuvieran resueltas.

“Nadie hablará de nosotras en campaña electoral”, escribió Carolina Llaquet en una reflexión que duele porque es precisa. No es una frase grandilocuente, es una constatación. Basta con escuchar los discursos, leer los programas, seguir los debates. Se habla de impuestos, de infraestructuras, de desarrollo, de territorio. Se habla mucho de “las personas”, de “las familias”, de “la libertad”. Pero se habla poco —muy poco— de las mujeres. Y casi nada de la violencia machista.

No es casual. La igualdad se ha convertido en un tema incómodo, en algo que algunos consideran desgastado y otros directamente cuestionan. Hay quien piensa que ya no da votos. Hay quien prefiere no “meterse en líos”. Y hay quien ha comprado el marco de que hablar de violencia machista es ideológico, exagerado o divisorio. El resultado es el mismo: silencio. Pero el silencio no es neutro. Nunca lo ha sido.

Hablar de igualdad no es una declaración de intenciones ni un gesto simbólico. Es hablar de cómo se reparte el poder, el tiempo, el dinero y la seguridad. Es hablar de empleo femenino precario, de brechas salariales que persisten o de cuidados que siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres. Es hablar de miedo, de control, de agresiones y de asesinatos. Y es hablar de políticas públicas concretas: de recursos suficientes, de prevención, de formación y de acompañamiento.

Cuando eso desaparece del discurso electoral, no desaparece de la realidad. Lo que desaparece es la voluntad política de abordarlo.

En Aragón, además, este silencio tiene una dimensión territorial que no se puede ignorar. Porque no es lo mismo ser mujer en una capital que en un pueblo pequeño. Las mujeres rurales viven más lejos de los recursos, con menos servicios, con redes más frágiles y con una presión social mayor. Salir de una situación de violencia no es sólo una decisión personal: depende de si hay transporte, atención psicológica, empleo, vivienda o confidencialidad. Depende de si el sistema llega o no llega.

Y, sin embargo, las mujeres rurales aparecen poco en la campaña. A veces como decorado, como símbolo de arraigo, como parte del relato amable del territorio. Rara vez como sujetas políticas con necesidades específicas. Rara vez como prioridad. Se habla mucho de luchar contra la despoblación, pero poco de las condiciones materiales que hacen que las mujeres se queden o se vayan. Se habla de emprender, pero no de conciliación corresponsable. Se habla de orgullo rural, pero no de soledad, ni de sobrecarga, ni de violencia.

Como si todo eso afeara el relato.

La violencia machista, por su parte, se diluye entre palabras suaves. Se evita nombrarla con precisión. Se la convierte en un problema privado, en una suma de casos aislados, en algo que “ya está en las leyes”. Pero quienes trabajamos en este ámbito sabemos que no basta con que exista un marco legal si no hay desarrollo, presupuesto y compromiso político. Sabemos que los retrocesos empiezan casi siempre así: primero se deja de hablar, luego se deja de priorizar y después se recorta.

No es alarmismo. Es experiencia.

No se trata de dar lecciones morales ni de señalar culpables. Se trata de rigor. La igualdad exige políticas bien diseñadas, evaluables y sostenidas en el tiempo. Exige datos rigurosos, formación especializada y coordinación institucional. Exige tomarse en serio lo que la evidencia lleva años mostrando. Y exige liderazgos políticos capaces de decir, sin rodeos, que la violencia machista existe y que combatirla es una obligación democrática.

Aragón no es una tierra ajena a la cultura ni al pensamiento crítico. Aquí sabemos que mirar hacia otro lado nunca ha sido una virtud. Goya lo dejó claro cuando dibujó los monstruos que nacen cuando la razón duerme. Y quizá de eso se trate: de no dormirnos, de no normalizar que en una campaña electoral la mitad de la población sea prácticamente invisible.

La igualdad no es un asunto sectorial ni una agenda secundaria. Es una condición básica para que todo lo demás funcione. Sin mujeres libres no hay democracia plena. Sin corresponsabilidad no hay desarrollo sostenible. Sin mujeres rurales con derechos no hay equilibrio territorial.

Decir que “nadie hablará de nosotras” no es rendirse. Es señalar el vacío. Es advertir de lo que pasa cuando la política decide que hay temas prescindibles. Las mujeres no lo somos. Tampoco nuestra seguridad, ni nuestra igualdad.

Quizá no se hable mucho de nosotras en esta campaña electoral. Pero estamos aquí

En Aragón, como en muchos territorios, la igualdad entre mujeres y hombres aparece en los discursos políticos como un principio compartido, casi como una certeza. Sin embargo, la experiencia demuestra que esa apariencia de consenso convive con profundas tensiones: no todas las mujeres que acceden al poder pueden ejercerlo plenamente, y no todos los feminismos son igualmente aceptados dentro de las estructuras institucionales. La política sigue siendo un espacio donde las reglas del poder no se reescriben con la simple presencia femenina.

El incremento de la representación femenina en los cargos públicos ha sido indiscutible en las últimas décadas, pero la cifra por sí sola no transforma las jerarquías ni garantiza autonomía. La pregunta relevante no es sólo quién ocupa los puestos, sino cómo se ejerce ese poder, bajo qué condiciones y con qué margen para cuestionar las lógicas internas. Muchas mujeres que intentan introducir una perspectiva feminista crítica enfrentan mayores resistencias que aquellas que se adaptan a los marcos existentes. La etiqueta de feminismo, cuando se reduce a una declaración de intenciones, puede ser tolerada; cuando cuestiona el sistema, encuentra obstáculos.

Las estructuras partidarias conservan dinámicas patriarcales: redes informales de influencia, decisiones en espacios opacos, valoración de disponibilidad total y escasa atención a los cuidados. Estas dinámicas no son patrimonio exclusivo de los hombres: muchas mujeres consolidadas las reproducen, a veces como estrategia de supervivencia, a veces como forma de legitimación. El resultado es un feminismo institucional que puede perder densidad transformadora y convertirse en un recurso instrumental, útil para la imagen y los pactos, pero limitado en capacidad de modificar prácticas.

Este fenómeno tiene efectos concretos: las mujeres que defienden un feminismo consistente encuentran desgaste constante, menor tolerancia a errores y presión por adaptarse. La igualdad se convierte en moneda de cambio, visible en campañas y declaraciones, pero no siempre efectiva en la vida cotidiana de los partidos. Rebajar la ambición de las políticas de igualdad por comodidad interna no sólo diluye su alcance, sino que puede reforzar estructuras que perpetúan desigualdades.

El feminismo, en este sentido, debe hacer pedagogía: explicar por qué la igualdad no es un privilegio, por qué los retrocesos no siempre llegan por ruptura sino por desgaste, y por qué la presencia femenina no garantiza por sí sola una transformación real. Las elecciones son un momento de visibilidad, pero la igualdad se mide en las condiciones que se crean para ejercer el poder de manera justa y sostenible.

El debate pendiente en Aragón no es teórico ni simbólico: es práctico. Implica revisar liderazgos, jerarquías y dinámicas internas. Significa preguntarse qué feminismos son aceptables dentro de las estructuras y cuáles incomodan, y asumir que sostener un liderazgo feminista coherente casi siempre tiene costes. Sólo a partir de esa reflexión es posible que la igualdad deje de ser un valor retórico y se transforme en un principio operativo que atraviese toda la política.

Las elecciones pasarán. Las estructuras permanecerán. Y la igualdad seguirá siendo un desafío mientras no se revise el núcleo del poder: quién decide, cómo y en qué condiciones. Ese es el verdadero debate democrático y también el que determinará si la política aragonesa está preparada para cumplir sus promesas de igualdad

A comienzos de este nuevo año, con las redes sociales marcando la conversación pública a golpe de consigna breve y de algoritmo, se hace cada vez más visible un fenómeno que no es nuevo, pero sí más ruidoso: el auge del discurso antifeminista, especialmente entre hombres jóvenes. No aparece de la nada ni es un simple “enfado generacional”. Es, más bien, un síntoma cultural que merece ser pensado con rigor, sin caricaturas ni condescendencias, pero también sin renunciar a una mirada feminista sólida y bien anclada en la historia.

El feminismo, conviene recordarlo, no surge para enfrentar a mujeres y hombres, sino para cuestionar un sistema —el patriarcado— que organiza la vida social desde la desigualdad. Sin embargo, en los últimos años, parte del discurso público ha logrado invertir el relato: algunos jóvenes varones se perciben a sí mismos como víctimas de una supuesta “hegemonía feminista” que les habría arrebatado derechos, espacios y reconocimiento. Esta idea, repetida hasta la saciedad en ciertos foros digitales, podcasts y canales de entretenimiento, funciona como un espejo deformante. Como escribió la filósofa Susan Sontag, “la interpretación puede ser una forma de venganza intelectual”; aquí, la distorsión es una forma de defensa identitaria.

Hay que preguntarse por qué este discurso encuentra hoy terreno fértil. Vivimos un tiempo de incertidumbre material y simbólica: precariedad laboral, crisis climática, dificultad de acceso a la vivienda o desdibujamiento de los relatos clásicos de éxito masculino. A muchos jóvenes se les prometió un mundo que ya no existe, y en ese vacío aparecen explicaciones simples para problemas complejos. El antifeminismo ofrece una: si te va mal, si no encajas, si te sientes desplazado, la culpa es del feminismo. No del sistema económico, no de la desigualdad estructural, no de la falta de políticas públicas, sino de las mujeres que “han ido demasiado lejos”.

Esta reacción no es nueva. Cada avance en derechos ha generado su correspondiente contraofensiva. Ocurrió tras el sufragio femenino, tras la incorporación masiva de las mujeres al trabajo asalariado y tras la llamada “segunda ola”. Simone de Beauvoir ya advertía que “todo privilegio se vive como un derecho natural, y toda pérdida de privilegio como una injusticia”. Lo que hoy vemos es, en buena medida, la incomodidad ante la pérdida de una centralidad que durante siglos no necesitó justificarse.

Sin embargo, reducir este fenómeno a una mera reacción machista sería un error. El antifeminismo contemporáneo se reviste de un lenguaje aparentemente racional, incluso victimista: habla de “igualdad real”, de “denuncias falsas” o de “discriminación inversa”. Se apoya en datos sacados de contexto y en anécdotas elevadas a categoría, mientras ignora sistemáticamente la evidencia empírica sobre violencia de género, brechas salariales o asimétrica distribución de los cuidados. Es un discurso eficaz porque conecta con emociones profundas: miedo, frustración y deseo de pertenencia. Como bien sabía Hannah Arendt, los movimientos reaccionarios no triunfan sólo por lo que dicen, sino por lo que hacen sentir.

Frente a esto, el feminismo no puede limitarse a la denuncia moral ni a la burla fácil. Necesita pedagogía, pero también escucha. Escuchar no significa conceder razón a quien niega derechos, sino comprender los malestares que se canalizan de forma equivocada. Muchos jóvenes varones crecen sin herramientas emocionales, atrapados entre un modelo de masculinidad que ya no sirve y otro que no saben cómo habitar. El antifeminismo les ofrece una identidad clara, aunque sea construida sobre el resentimiento.

Aquí el reto es enorme. El feminismo debe seguir siendo firme en la defensa de la igualdad, pero también capaz de proponer horizontes compartidos. Recordar que la emancipación de las mujeres no empobrece la vida de los hombres, sino que la amplía. Que cuestionar la violencia, la dominación o el mandato de la dureza no es “atacar la identidad masculina”, sino liberarla. Como escribió bell hooks, el feminismo es para todo el mundo porque “imagina una sociedad donde nadie tenga que dominar para existir”.

Tal vez convenga volver a la cultura, a la literatura, al cine, como espacios donde pensar estas tensiones sin la estridencia del tuit. En las novelas de Annie Ernaux, en las películas de Céline Sciamma o en los ensayos de Nuria Varela encontramos relatos que no simplifican, que muestran las contradicciones y los costes personales de los cambios sociales. La igualdad no es un camino recto ni cómodo, pero sí profundamente humano.

El auge del discurso antifeminista no es una moda pasajera, sino una llamada de atención. Nos recuerda que los avances no son irreversibles y que toda transformación social genera resistencias. La respuesta no puede ser el repliegue ni el cansancio. Necesita reflexión, memoria histórica y una apuesta decidida por un feminismo que, sin perder su raíz, sea capaz de hablar de futuro. Un futuro en el que la igualdad no se viva como una amenaza, sino como una posibilidad compartida.

Comenzamos 2026 con una conciencia clara: las agendas feministas enfrentan un contexto internacional profundamente transformado respecto al último gran punto de inflexión de los movimientos de mujeres en España, el 8 de marzo del año 2018. Entonces, la emergencia de las huelgas feministas articuló una demanda políticamente transversal: reconocimiento de los trabajos de cuidados, políticas contra las violencias machistas, ampliación de derechos sexuales y reproductivos o cuestionamiento de la precariedad laboral feminizada. Hoy, casi una década después, ese horizonte se inserta en un orden global fracturado por una multiplicidad de crisis: el resurgimiento de hiperliderazgos masculinos, tensiones geopolíticas sin precedentes desde la Guerra Fría y la evidente quiebra de modelos de bienestar social que parecían consolidados.

Hablar de feminismo en 2026 exige comprender que no se trata únicamente de “sumar más mujeres” a espacios de poder, sino de reconfigurar las estructuras mismas que sostienen las jerarquías de género. Como señaló la teórica norteamericana Nancy Fraser, la justicia no puede reducirse a la representación, sino que debe abarcar la redistribución de los recursos y la participación democrática real en la esfera pública.

En el plano internacional, asistimos a una reconfiguración del poder que tensiona las agendas feministas. La emergencia de liderazgos autoritarios y fuertemente masculinizados —que evaden la responsabilidad del cuidado colectivo y privilegian lógicas de militarización y control social— representa un retroceso palpable. No es casualidad que, en muchos de estos contextos, desde Hungría hasta EEUU, las políticas de igualdad hayan sido las primeras en ser desmanteladas: porque éstas desafían el ethos de homogeneidad y fuerza que promueven estos gobiernos.

La quiebra de los modelos de bienestar social, agravada por ciclos de austeridad y por la crisis climática, evidencia además que no hay igualdad sin una base material redistributiva. Las economistas feministas han insistido, con datos empíricos incuestionables, en que los sistemas públicos de salud, educación y cuidados universales son pilares para la justicia y la equidad. La economista Marina Durano insiste en que la igualdad no es un “lujo progresista”, sino una condición de sostenibilidad social y económica. Prescindir de esta perspectiva en 2026 sería socavar las propias bases de las agendas feministas.

Reflexionar desde Aragón o desde España en este contexto global implica entrelazar lo local y lo internacional. Las políticas públicas en materia de igualdad no pueden entenderse sólo como respuestas internas: forman parte de un entramado normativo europeo e internacional, desde el Convenio de Estambul hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La convivencia de estos marcos con tendencias regresivas en otras latitudes subraya una lección crucial: la igualdad no se conquista para ser domesticada, sino para ser defendida y ampliada.

Mirar al futuro implica confrontar tensiones: entre reconocimiento y redistribución, entre local y global, entre simbolismo y estructura. Para las agendas feministas y de igualdad en 2026, el desafío es simultáneamente conceptual y pragmático: sostener la ambición transformadora sin renunciar a las alianzas estratégicas que permitan traducir principios en políticas, y políticas en vidas mejores.

Porque, al final, la igualdad no es sólo un ideal: es un proceso continuo, histórico y compartido. Requiere de una política del cuidado que sea, a la vez, sensible y robusta; una política que entienda que la libertad sin justicia es una ilusión y que la justicia sin libertad es inalcanzable. En este nuevo escenario, plantear una agenda feminista es, ante todo, plantear una agenda para la democracia misma.

El feminismo no atraviesa el cambio de año como quien estrena calendario, sino como quien revisa una casa habitada desde hace tiempo. Hay habitaciones recién reformadas y otras donde la pintura empieza a descascarillarse. El feminismo institucional, convertido ya en política pública, marco normativo y lenguaje común, ha logrado avances incuestionables. Pero este nuevo año se abre paso con una evidencia incómoda: los logros no cancelan los conflictos, los hacen más visibles.

Una de las grietas más difíciles de mirar es la que se abre cuando el discurso de la igualdad convive con prácticas de poder que lo contradicen. Los casos de acoso sexual en el seno de las organizaciones políticas no son anomalías externas, sino síntomas de estructuras que no se transforman sólo con declaraciones de principios. Los protocolos existen, pero a menudo funcionan más como dispositivos de contención que como herramientas de justicia. Nombrar la violencia no basta si no se alteran las jerarquías que la hacen posible. Como escribió Audre Lorde, “las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo”, aunque se pinten de violeta.

Pensar estos dilemas desde Aragón obliga a aterrizar el debate. Aquí, el feminismo institucional se enfrenta a un territorio extenso, envejecido y profundamente desigual. La despoblación no es neutra: tiene rostro de mujer. Porque son ellas las que sostienen la vida cotidiana en muchos pueblos, las que cuidan sin relevo y las que enlazan trabajos precarios con responsabilidades familiares que no aparecen en ningún indicador económico. Hablar de cuidados en Aragón es hablar de demasiadas cosas: carreteras, servicios públicos y, también, soledades largas. Es reconocer que la igualdad no se juega sólo en los grandes discursos, sino en la posibilidad material de quedarse o marcharse.

El trabajo sigue siendo otro nudo central. No sólo por la persistencia de la brecha laboral y salarial, sino por la forma en que la precariedad se ha sofisticado. La promesa de la vocación, del proyecto apasionante, de la flexibilidad, ha recaído una vez más sobre los cuerpos feminizados. Muchas mujeres no están excluidas del sistema, sino atrapadas en él, gestionando tiempos imposibles. Frente a esta lógica, el feminismo tiene el reto de politizar el tiempo, de cuestionar un modelo que convierte la vida en un paréntesis entre jornadas. Walter Benjamin advertía de que el progreso sin pausa termina por arrasar con aquello que pretende mejorar.

La reacción antifeminista tampoco puede seguir tratándose como una excentricidad. Tiene relato, estructura y capacidad de seducción. En territorios donde el abandono institucional ha sido la norma, el discurso que promete orden y certezas encuentra terreno fértil. El error sería responder desde la superioridad moral. Comprender no implica ceder, pero sí asumir que ningún proyecto emancipador puede sostenerse sin vínculo social. Simone Weil lo formuló con crudeza: “No hay justicia posible si se ignora el sufrimiento concreto”.

A todo ello se suma el desafío tecnológico. Algoritmos que clasifican, plataformas que organizan el trabajo y sistemas que deciden sin rendir cuentas. Lejos de ser neutros, reproducen desigualdades antiguas con una eficacia nueva. El feminismo académico tiene aquí una responsabilidad que no puede eludir: intervenir en estos debates sin encerrarse en el lenguaje experto ni renunciar a la complejidad. Pensar el futuro sin perspectiva feminista no es sólo injusto; es intelectualmente pobre.

Y, pese a todo, hay algo profundamente fértil en este momento. El feminismo ha transformado la manera en que pensamos la vida cotidiana, el amor, la maternidad, el éxito y el fracaso. Ha ensanchado el campo de lo decible y ha dotado de palabras a experiencias que antes sólo producían silencio. Ese legado no está garantizado. Como recordaba Simone de Beauvoir, “los derechos nunca se conquistan para siempre”.

El nuevo año no exige al feminismo unanimidad ni consignas tranquilizadoras. Exige rigor, memoria y valentía para mirar las grietas sin negar la casa. Seguir avanzando sin cerrar los ojos. Porque el feminismo, incluso cuando se institucionaliza, no deja de ser una pregunta abierta. Y este año, más que respuestas cómodas, necesita el coraje de formular las preguntas correctas.

Hay años que se recuerdan por lo que ocurre y otros por lo que se repite. En Aragón, 2025 pertenece claramente a los segundos cuando se mira desde la vida de las mujeres. No ha sido un año de rupturas ni de conquistas espectaculares, sino de continuidad. Y la continuidad, cuando habla de desigualdad, tiene algo inquietante: revela hasta qué punto ciertas cosas siguen considerándose normales.

La igualdad, vista desde lejos, parece un asunto bastante ordenado. Hay leyes, planes, discursos, días señalados en el calendario. Pero cuando se baja al detalle —al tiempo, al dinero, al cansancio— el dibujo se vuelve más irregular. Las mujeres siguen teniendo peores ingresos de media y continuan asumiendo la mayor parte de los cuidados. No es una anomalía estadística, es una estructura que se reproduce con constancia.

En Aragón, las diferencias territoriales siguen marcando el mapa de la desigualdad. En las ciudades, la brecha salarial se disimula con complementos y trayectorias fragmentadas; en el medio rural, se vuelve más directa y cruda. Allí donde faltan servicios, son las mujeres quienes sostienen la vida cotidiana, muchas veces a costa de su propia autonomía. No hay épica en eso, sólo una repetición silenciosa que rara vez ocupa el centro del debate político.

Los cuidados continúan siendo el gran asunto pendiente. Se habla de conciliación como si fuera un problema de agenda personal y no una desigualdad estructural atravesada por el género. Se apela a la corresponsabilidad mientras el sistema sigue descansando, mayoritariamente, sobre el tiempo de las mujeres. El resultado es sabido: reducciones de jornada, carreras profesionales interrumpidas e ingresos más bajos, desde la vida laboral activa hasta las pensiones. Virginia Woolf escribió que para pensar hace falta una habitación propia; en 2025 muchas mujeres siguen sin disponer siquiera del tiempo necesario para imaginarla.

La violencia machista no puede separarse de este contexto. No es un fenómeno aislado, sino una expresión extrema de una desigualdad más amplia. Este año hemos vuelto a vivir una sensación persistente de desgaste. Persisten las agresiones, persisten las denuncias y persiste, también, cierta fatiga social que se cuela en el lenguaje, en el tono y en la manera de relativizar. Como si nombrar la violencia contra las mujeres resultara ya incómodo. Como si insistir fuera exagerar, en un contexto de negacionismo y banalización que apuntala la impunidad y refuerza las estructuras que hacen posible la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, y la violencia que legitima.

Y, sin embargo, el año no ha sido sólo repetición. También ha habido movimientos casi imperceptibles. Mujeres jóvenes que no aceptan determinados pactos, aunque todavía no sepan cómo romperlos. Hombres que empiezan a asumir cuidados sin convertirlo en un gesto heroico. Profesionales que empujan cambios pequeños desde dentro de instituciones lentas. No son titulares, pero son desplazamientos.

El feminismo aragonés ha seguido ahí, menos visible quizá, pero constante. Más atento a sostener que a brillar. En un contexto de mayor ruido y polarización, esa perseverancia tiene algo de resistencia tranquila. No promete finales felices, pero evita el retroceso. Y eso, en determinados momentos históricos, no sólo no es poco, sino que es imprescindible.

Cerrar 2025 desde la igualdad no consiste en celebrar ni en lamentarse, sino en mirar con honestidad. Reconocer que sabemos lo que ocurre y que no es nuevo. Que la desigualdad no se mantiene por falta de diagnóstico, sino por falta de voluntad para alterar lo que resulta cómodo. Y que la vida de las mujeres sigue siendo un buen termómetro democrático. Si se mira con atención, el año queda bastante claro.

Cuando los casos de acoso sexual emergen en organizaciones políticas, la reacción inmediata suele ser defensiva. No siempre explícita, pero sí reconocible: se mide el impacto, se calcula el daño y se intenta encajar el relato. Sin embargo, lo verdaderamente relevante no es que estos casos aparezcan, sino cómo se gestionan. Porque la violencia machista no irrumpe de manera imprevisible; se manifiesta allí donde existen relaciones de poder desiguales, dependencia, en este caso política, jerarquías informales y culturas organizativas que no han sido revisadas con profundidad.

Los partidos políticos forman parte de la sociedad. No están al margen de sus contradicciones ni de sus violencias. Pensarlos como espacios inmunes no sólo es ingenuo, sino peligroso, porque desplaza el foco del análisis y dificulta la adopción de medidas eficaces. La cuestión no es quién queda señalado, sino si las estructuras internas están preparadas para responder con rigor, justicia y cuidado cuando una situación de acoso se produce.

En ese punto, la ruptura del silencio es importante, pero no como un gesto heroico ni como una consigna moral. Hablar suele ser el último paso de un proceso largo y desgastante, marcado por la duda, el temor a las consecuencias y la conciencia de que lo que se diga no afectará sólo a quien habla. Por eso, cuando una denuncia se formula, la responsabilidad no recae en quien la expresa, sino en el marco que la recibe.

Acompañar es una de las tareas más complejas y menos comprendidas. No se trata de gestos simbólicos ni de apoyos retóricos, sino de una práctica concreta que exige formación, criterios claros y una ética del cuidado sostenida en el tiempo. Acompañar implica reconocer el impacto de la violencia sexual, respetar los ritmos, ofrecer información comprensible y garantizar que la persona afectada no quede aislada ni instrumentalizada. Supone, también, entender que el acompañamiento no puede depender de afinidades personales ni de equilibrios internos, porque eso reproduce exactamente las dinámicas que se pretende erradicar.

Los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo son una pieza central de este entramado. Pero no basta con que existan. Deben cumplir estándares exigentes de transparencia y calidad democrática. Han de ser públicos, accesibles, fácilmente localizables y redactados en un lenguaje que no excluya. Cualquier persona debe poder conocerlos sin intermediación y sin necesidad de pertenecer a determinados círculos ni de activar relaciones informales. La opacidad, en este ámbito, no protege; genera desconfianza y refuerza el silencio.

Igualmente, esenciales son los canales de denuncia. Claros, múltiples y accesibles. Canales que no obliguen a atravesar jerarquías ni a exponerse ante personas con vínculos políticos directos. Que garanticen confidencialidad y ausencia de represalias como principio operativo, no como declaración de intenciones. La experiencia acumulada demuestra que cuando los itinerarios son confusos o percibidos como inseguros, las denuncias no desaparecen: se enquistan.

Hay un elemento del que se habla poco y que resulta determinante: quién gestiona estos procesos. No es suficiente con un compromiso genérico con la igualdad ni con una trayectoria política coherente. La intervención en casos de violencia machista requiere formación específica, conocimiento técnico, comprensión de los impactos psicosociales del acoso y capacidad para evitar la revictimización. La falta de formación no es neutral. Produce errores, sesgos y decisiones que agravan el daño.

Se han hecho muchas cosas mal. Activaciones tardías, respuestas improvisadas, procedimientos poco claros, prioridad del control del daño reputacional sobre la protección efectiva. Reconocerlo no debilita a las organizaciones; lo contrario sí. Pero el aprendizaje sólo es posible si se abandona la lógica defensiva y se apuesta por una revisión honesta y profunda de las estructuras internas.

Utilizar estos casos como arma partidista es una forma más de vaciar de sentido el compromiso con la erradicación de la violencia machista. Reduce una cuestión compleja a una disputa binaria y envía un mensaje disuasorio a quienes podrían hablar. La violencia machista no es patrimonio de nadie ni puede abordarse desde el cálculo político. Exige sensatez, rigor y una voluntad real de cambio.

Este momento ofrece una oportunidad. No para proclamar ejemplaridades, sino para demostrar coherencia. Para invertir en formación, revisar protocolos, fortalecer canales, profesionalizar equipos y asumir que la igualdad no es un discurso, sino una práctica exigente que atraviesa la vida interna de las organizaciones.

Porque el silencio, como advirtió Audre Lorde, nunca ha sido un lugar seguro. Y porque sólo cuando se construyen estructuras que no lo necesiten, es posible hablar de un compromiso real con la democracia, la igualdad, la dignidad y la justicia.

Cincuenta años después de la muerte del dictador Francisco Franco, España celebra medio siglo de libertades recuperadas. Pero toda conmemoración es también un ejercicio de memoria: una invitación a mirar con claridad hacia lo que fuimos. A mirarlas a ellas, a las mujeres que pasaron de una joven democracia en construcción, la de la Segunda República, a un régimen que convirtió el patriarcado en ley, moral y pedagogía de Estado. El historiador Julián Casanova recuerda que el franquismo fue “un proyecto moral autoritario”, una maquinaria que aspiraba a controlar todos los gestos de la vida. Para las mujeres, ese control fue todavía más severo.

La Segunda República había abierto horizontes inéditos: el sufragio, el acceso a la educación y a profesiones cualificadas, el divorcio civil y una incipiente ciudadanía femenina. Era un proyecto limitado, sí, pero vivo. La victoria franquista en la guerra civil clausuró de golpe aquel impulso. La historiadora Ángela Cenarro describe con precisión ese retorno forzoso al hogar, una re-domesticación que situó a las mujeres bajo tutela legal y moral, convertidas en soporte emocional y reproductivo de la España que el régimen anhelaba. La Sección Femenina formó ese ideal: piedad, sacrificio, obediencia y silencio.

Las leyes reforzaron aquel sometimiento. El Código Civil volvió a considerar a la mujer casada como dependiente del marido; el Código Penal castigó el adulterio solo en ellas; las normativas laborales expulsaron a las casadas del empleo. La historiadora Mary Nash ha mostrado cómo esta arquitectura —legal, educativa, cultural— configuró una feminidad vigilada, restringida en su cuerpo y en su deseo. Y la también historiadora Aurora Morcillo ha explicado cómo el régimen edificó una auténtica “política del cuerpo”, donde la maternidad obligada y el pudor extremo formaban parte de la identidad nacional impuesta.

En esa España, miles de mujeres vivieron una represión especialmente cruenta. Las llamadas mujeres de preso, estudiadas por Pura Sánchez, Irene Abad o Ricard Vinyes en el marco de la violencia institucional, afrontaron la miseria, el estigma y el miedo permanente. Ellas hacían las colas frente a las cárceles, cargaban con sus hijas e hijos y con las bolsas de comida, soportaban registros y desprecios o recorrían distancias interminables para una visita de minutos. La represión franquista castigó a los encarcelados, pero destrozó, muchas veces de manera más profunda, la vida de quienes dependían de ellos.

Y, aun así, en medio de ese dolor, hubo resistencia. Una resistencia que raras veces ocupa los relatos épicos, pero que sostuvo la dignidad colectiva. La hispanista Shirley Mangini ha narrado cómo, en los espacios domésticos, las mujeres preservaron la memoria que el régimen quería extinguir. Resistían guardando fotografías, transmitiendo historias prohibidas, tejiendo redes de apoyo y creando pequeños espacios de libertad en un país que se los negaba incluso en su intimidad. Eran gestos pequeños, pero poderosos. Una forma de desobediencia que protegió la humanidad cuando la humanidad era un lujo.

Incluso las instituciones que buscaban moldearlas acabaron abriendo grietas. La Sección Femenina formó a jóvenes que viajaron, que estudiaron y que conocieron vidas distintas. Como ha investigado también Ángela Cenarro, ese contacto con otros mundos terminó generando mujeres menos obedientes de lo que el régimen había imaginado. La semilla de la autonomía germinó justo donde la dictadura pretendía extirparla.

Cuando llegó la Transición, aunque los grandes relatos políticos estuvieran llenos de nombres masculinos, fueron las mujeres quienes protagonizaron una transformación silenciosa pero decisiva: asociaciones vecinales, movimientos feministas, luchas por el divorcio, por la planificación familiar o por la igualdad laboral. La democratización española —como subraya Casanova— fue también un proceso desde abajo, sostenido por quienes reclamaban una vida digna.  Y ellas estaban en primera línea.

Hoy, cuando algunos discursos relativizan el franquismo o banalizan su violencia, resulta imprescindible recordar que aquel régimen no solo negó derechos: moldeó identidades, controló cuerpos y definió qué podía ser una mujer. La democracia trajo libertades, pero su conquista —y su defensa— ha requerido generaciones.

Como escribió María Zambrano, “solo se recuerda lo que está vivo”. Y la libertad que hoy celebramos —imperfecta, frágil, siempre en disputa— sigue viva porque ellas la protegieron incluso cuando no podían pronunciarla.

Por eso, en este cincuentenario, quiero expresar gratitud. A todas las mujeres que resistieron en lo cotidiano, que sostuvieron hogares heridos, que guardaron nombres y memorias, que levantaron movimientos democráticos y que defendieron derechos que no iban a disfrutar plenamente ellas, pero sí nosotras y nosotros, su descendencia. A todas las que custodiaron el fuego cuando solo quedaban brasas. ¡Gracias por todo, gracias por tanto

La violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni un problema de convivencia. Es la expresión más brutal de un orden social que todavía se sostiene sobre la desigualdad. No se trata de casos aislados, sino de un sistema: el patriarcado. Un sistema que se cuela en los algoritmos, en las canciones, en las leyes, en los medios, en las conversaciones de bar y en las instituciones que aún dudan cuando una mujer habla.

Cada 25 de noviembre repetimos el ritual: minutos de silencio, lazos morados, manifiestos institucionales. Pero la violencia no calla con gestos, sino con cambios estructurales. El feminismo lo ha dicho desde siempre: no basta con atender a las víctimas; hay que desmontar las causas. Y las causas son políticas. Están en la distribución del poder, en la economía, en la educación, en la cultura, en quién nombra y quién es nombrada.

En Aragón, como en el resto de España, el mapa de la violencia machista tiene nombres, direcciones y fechas que deberían avergonzarnos. No son estadísticas, son la evidencia de que el pacto social aún está incompleto. Más de 2.800 mujeres cuentan con medidas de protección activas y miles reciben atención psicológica o jurídica a través del Instituto Aragonés de la Mujer. Pero los números no alcanzan a medir el miedo, el desgaste, la precariedad o la culpa. Porque la violencia no empieza con un golpe: empieza mucho antes. En la desigualdad salarial, en la maternidad penalizada, en la invisibilidad mediática, en la educación sentimental que todavía enseña a las niñas a cuidar y a los niños a mandar.

El feminismo no se limita a denunciar esa violencia; propone un nuevo contrato social. Uno basado en la autonomía, la corresponsabilidad y la libertad. La violencia machista se alimenta del poder y del control, y la única forma de neutralizarla es redistribuir ambos. Que las mujeres tengan independencia económica, acceso a vivienda, igualdad educativa y una justicia libre de sesgos no son políticas accesorias: son estrategias de prevención. Sin igualdad material, no hay libertad real.

Y, sin embargo, asistimos a una regresión discursiva peligrosa. Los movimientos negacionistas, que tratan de despolitizar la violencia de género, no sólo cuestionan los datos: cuestionan la legitimidad misma del feminismo. Pero negar el patriarcado no lo hace desaparecer; sólo lo deja actuar impune. La violencia simbólica —la que se expresa en memes, titulares o tertulias— prepara el terreno para el primer golpe. Por eso, frente a la banalización y la desmemoria, el feminismo debe insistir en nombrar. Nombrar es existir.

La memoria feminista en Aragón es larga. Desde las asociaciones rurales que sostuvieron redes de apoyo en silencio hasta las jóvenes que hoy llenan las calles con pancartas moradas, hay una genealogía de mujeres que nunca aceptaron el miedo como destino. Son las herederas de las que lucharon por el voto, por el divorcio, por el derecho al propio cuerpo. Son las que entendieron que la libertad se defiende también en lo íntimo: en decir no, en romper, en empezar de nuevo.

Esa es la verdadera pedagogía: la de la vida cotidiana. Enseñar a los hombres que amar no es poseer, que cuidar no es rebajarse, que el consentimiento no se presupone. Enseñar a las niñas que no deben ser valientes, sino libres. Que su voz no tiene que pedir permiso. Que la ternura, la inteligencia y la rabia pueden convivir en el mismo cuerpo sin disculpa.

Aragón ha avanzado. Las leyes autonómicas de igualdad y contra la violencia, los recursos especializados, las casas de acogida o los programas de reinserción laboral son logros innegables. Pero las instituciones no bastan si la sociedad no cambia. El machismo sigue filtrándose en todas las estructuras. A veces adopta formas nuevas —como el ámbito digital—, pero su raíz es la misma: la creencia de que las mujeres deben justificar su libertad.

Frente a esa raíz, el feminismo no ofrece consuelo: ofrece transformación. No busca venganza, sino justicia; no pretende invertir el poder, sino desactivarlo. La tarea es colectiva. No hay mujeres libres en un mundo que sigue premiando la dominación y el silencio. Por eso el 25 de noviembre no es un memorial, sino una convocatoria política: un recordatorio de que la violencia de género no es inevitable, sino evitable si hay voluntad, educación y feminismo.

“Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo”, rezaba una pancarta en la última concentración contra la violencia machista en Zaragoza. Quizá ese sea el verdadero horizonte. No un día sin violencia, sino un mundo sin miedo. Un mundo en el que el amor sea refugio, no amenaza; en el que las niñas crezcan sabiendo que su cuerpo les pertenece y su palabra tiene valor.

El feminismo ha abierto esa grieta en la historia. Lo que hagamos con ella depende de todas y todos, pero especialmente de los hombres que aún se preguntan qué pueden hacer: empezar por escucharnos. Escuchar, creer, cambiar. No hay atajos. Sólo compromiso, conciencia y valentía. Y, sobre todo, memoria. Porque la memoria —como la libertad— se cultiva, se defiende y se nombra.

Hay una escena en 'Erin Brockovich' en la que Julia Roberts, con los pies en la tierra y la mirada encendida, responde a quienes dudan de su capacidad: “Yo no tengo un título, pero tengo algo mejor: tengo hambre”. Hambre de justicia, de autonomía, de hacer que las cosas cambien. Esa misma hambre —mezcla de necesidad y deseo, de obstinación y esperanza— es la que sigue moviendo hoy a miles de mujeres emprendedoras en Aragón. Mujeres que levantan negocios, cooperativas, proyectos culturales o sociales sin más red que su convicción, a menudo sorteando los mismos obstáculos que llevan décadas enquistados: la desigualdad estructural, la precariedad, la soledad emprendedora y una falta de reconocimiento que todavía pesa como el cierzo cuando sopla en contra.

El emprendimiento femenino no es una moda ni una tendencia pasajera; es un termómetro del desarrollo democrático y económico de una sociedad. Según los datos del Informe GEM Aragón 2023, elaborado por la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Fomento, las mujeres representan algo más del 37% de la actividad emprendedora en la comunidad. La cifra crece despacio, pero aún está lejos de la representación igualitaria. La brecha no se mide sólo en números: las mujeres acceden a menos financiación externa, tienen menor presencia en sectores tecnológicos e industriales y disponen de menos redes de apoyo consolidadas. Mientras tanto, los discursos institucionales se llenan de palabras como “innovación”, “sostenibilidad” o “emprendimiento en femenino”, pero la realidad demuestra que, sin políticas de conciliación reales, sin corresponsabilidad y sin formación adaptada a las nuevas economías digitales, el emprendimiento femenino se sostiene sobre un esfuerzo desmedido y una resiliencia que, por sí sola, no debería ser virtud sino síntoma.

En Aragón, la brecha se percibe con especial nitidez en el medio rural. Las mujeres que emprenden en pequeños municipios presentan, si cabe, mayores dificultades. Lo confirman los informes de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y los programas de Emprendimiento Rural Sostenible impulsados por el Gobierno de Aragón: el acceso a servicios financieros, a conectividad digital o a apoyo técnico sigue siendo insuficiente. Y, aun así, allí están, reinventando la tradición con la paciencia de quien hila despacio, pero firme. Como canta Rozalén, “la belleza está en lo pequeño, en lo que nadie ve”.

No se trata sólo de aumentar el número de mujeres emprendedoras, sino de transformar el modelo económico que las acoge. Desde hace muchos años tenemos constancia de informes y estudios que señalan que las empresas lideradas por mujeres tienden a tener estructuras más horizontales, mayor compromiso con la sostenibilidad y una visión cooperativa del liderazgo. Es decir, aportan innovación social. Pero el sistema financiero y fiscal sigue premiando el crecimiento rápido, no la estabilidad; la acumulación, no el impacto. Y ahí reside uno de los grandes retos: repensar qué significa “éxito” cuando se emprende desde la igualdad.

El relato heroico del emprendedor solitario, tan presente en la cultura popular, se desdibuja cuando la protagonista es una mujer que, además de impulsar su negocio, sigue asumiendo la mayoría de las tareas de cuidados. La mitad invisible de su jornada no aparece en las estadísticas ni cotiza, pero sostiene la economía real. Hablar de mujeres emprendedoras, por tanto, es hablar también de corresponsabilidad masculina, de infraestructuras públicas de cuidados, de educación económica con perspectiva de género y de políticas que conciban el emprendimiento no como una salida individual, sino como una opción colectiva de desarrollo social y económico.

La cultura también ha querido ponerle voz a esta ambición de existir por derecho propio. En Mujercitas, Greta Gerwig hizo que Jo March gritara: “No quiero que mi vida sea insignificante”. Esa frase podría tatuarse en la piel de tantas emprendedoras aragonesas que luchan por trascender los márgenes impuestos. Desde Zaragoza hasta el Matarraña, desde el Sobrarbe hasta Teruel, hay mujeres creando nuevas formas de economía circular, plataformas tecnológicas, talleres artesanos o proyectos artísticos con impacto social. Lo hacen sin pedir permiso. Lo hacen porque saben que emprender, cuando se hace desde la libertad y el propósito, es también una forma de emancipación.

Conviene, sin embargo, no romantizar el fenómeno. No todas las mujeres quieren emprender, ni deben hacerlo para demostrar nada. La libertad pasa también por poder elegir un empleo digno, estable y protegido. Por eso, el fomento del emprendimiento femenino debe ir acompañado de una crítica estructural al mercado laboral que sigue penalizando la maternidad, la edad o la diferencia. Si no se corrige ese desequilibrio de base, el emprendimiento puede convertirse en una salida forzada, no en una oportunidad elegida.

En tiempos de incertidumbre, de crisis climática y tecnológica, las mujeres emprendedoras de Aragón son un faro. No porque lo tengan todo resuelto, sino porque lo están repensando todo. Su forma de liderar introduce un nuevo lenguaje en la economía: el de la cooperación, la equidad y la sostenibilidad. Un lenguaje que suena menos a “yo puedo sola” y más a “podemos juntas”.

Y quizá, como escribió María Zambrano, “la libertad no hace felices a los hombres; los hace, sencillamente, hombres”. A las mujeres, podríamos añadir, las hace visibles. Y en esa visibilidad, en ese acto de ocupar el espacio con voz propia, reside el verdadero emprendimiento: el de reinventar el mundo desde otro lugar, más justo, más humano y, sobre todo, más nuestro.

Durante años creímos que la juventud sería el ariete que derribaría las últimas murallas del género: más educación, más movilización y más igualdad. Pero hoy emerge un hecho inquietante: entre mujeres y hombres jóvenes se está configurando una divergencia ideológica que podría pasar a la historia como una de las mayores brechas de género en valores, voto y concepción de la democracia. No sólo es que las mujeres jóvenes participen menos en la política institucional: es que sus mapas mentales se están alejando de los de los hombres jóvenes, y ese desplazamiento tiene implicaciones profundas para el futuro democrático.

Un estudio publicado en European Sociological Review en 2025, basado en más de 460.000 jóvenes de 20 a 29 años en 32 países europeos, documenta que en 11 de esos países se ha abierto o agrandado lo que los autores llaman un 'modern youth gender gap' en la autoubicación ideológica. Las mujeres jóvenes se desplazan hacia la izquierda con mayor rapidez que los hombres, mientras que estos abrazan posiciones, ya no conservadoras, sino reaccionarias en un importante porcentaje. En España, una investigación de la Universidad Autónoma de Madrid confirma que la brecha ideológica en la generación Z es mayor que en cualquier otra franja de edad y que se explica, sobre todo, por un giro de los hombres jóvenes hacia posiciones más autoritarias.

Los datos electorales van en la misma dirección. Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra muestra que, en las elecciones europeas de 2024, el 21% de los hombres jóvenes votó a partidos de extrema derecha, frente al 14% de las mujeres. Los analistas hablan de un fenómeno nuevo: las chicas se inclinan hacia el progresismo y los valores igualitarios, mientras muchos chicos se escoran a una derecha cada vez más cerrada, incluso reaccionaria. Es un regreso a ideas que la generación de sus padres y madres creyó superadas: el liderazgo masculino, la familia tradicional o el desprecio por la agenda feminista o climática.

Esta brecha no se explica por biología ni por azar, sino por cultura y estructura. La socialización sigue hablando en masculino. Un estudio del Journal of Social Forces demuestra que entre los 11 y 16 años los chicos duplican su sensación de autoeficacia política —la creencia de que su voz puede influir—, mientras que las chicas apenas avanzan o incluso retroceden. En los debates escolares, ellos hablan más, interrumpen más, son escuchados más. Ellas aprenden pronto que su palabra vale menos, y que la exposición pública tiene un coste, que en la actualidad es extremadamente elevado. Esa pedagogía invisible se traduce, años después, en trayectorias asimétricas: ellos ocupan el espacio político con naturalidad; ellas lo transforman desde los márgenes.

Hay además una dimensión simbólica que no puede obviarse. El entorno digital se ha convertido en un espacio de reafirmación ideológica donde los hombres jóvenes se organizan en torno a discursos antifeministas, de “masculinidad en peligro” o de rechazo a la igualdad. No es casual que algunos de los influencers más seguidos entre chicos de 15 a 25 años sean figuras que promueven valores de dominio, competencia y desprecio por lo vulnerable. En cambio, las mujeres jóvenes han hecho de la red una herramienta de politización: desde el movimiento MeToo hasta el activismo climático, las redes han sido su escenario de poder. Pero ese poder tiene precio. Según Plan International, una de cada cinco jóvenes en el mundo ha sido intimidada o amenazada en internet por expresar opiniones políticas. Participar sigue siendo más caro para ellas que para ellos.

Ante esta realidad, algunos discursos mediáticos intentan explicar el giro de los hombres jóvenes hacia la extrema derecha como una reacción “comprensible” al feminismo. Pero esa indulgencia es peligrosa. No estamos ante jóvenes desorientados, sino ante una masculinidad que, ante el avance de la igualdad, busca reafirmar su antigua hegemonía. La radicalización no surge del vacío: es la forma política que adopta el privilegio cuando se siente amenazado.

Las mujeres jóvenes, en cambio, se han convertido en el principal motor moral del progresismo. Sus posiciones en temas como derechos LGTBI, justicia social, igualdad racial o medioambiente son más avanzadas que las de cualquier otro grupo demográfico. Su politización es más ética que partidista, más horizontal que jerárquica. Pero la política institucional no ha sabido traducir ese impulso en representación real. En muchos partidos, especialmente progresistas, ellas siguen ocupando los márgenes o las tareas de apoyo. Y cuando alcanzan el liderazgo, son tratadas con una severidad que sus pares masculinos rara vez enfrentan.

No es casual que tantas jóvenes prefieran el activismo al escaño. Como explica la politóloga Pippa Norris, las mujeres afrontan el “doble coste de la ambición”: deben probar competencia y simpatía a la vez, bajo el riesgo de ser tildadas de arrogantes si alzan la voz. Esa lógica patriarcal expulsa, una y otra vez, la posibilidad de una participación política igualitaria.

La brecha ideológica entre mujeres y hombres jóvenes no es un asunto menor. Es un síntoma de que la igualdad no está consolidada, sino en disputa. Si las mujeres se vuelven más progresistas y los hombres más reaccionarios, el consenso democrático se fractura. Las políticas de igualdad dejan de ser un proyecto común y pasan a ser un campo de batalla. La democracia pierde equilibrio y el debate público se llena de ruido y de ira.

Frente a este panorama, la respuesta no puede ser neutral. La educación cívica debe incorporar una perspectiva de género que enseñe a los niños a compartir la palabra y a las niñas a confiar en ellas. Las instituciones tienen que ofrecer a las jóvenes los recursos materiales y simbólicos para convertir su activismo en poder político real. Los medios deben dejar de amplificar las narrativas antifeministas que romantizan la reacción. Y la sociedad adulta debe asumir que no se trata de “comprender” la resistencia masculina, sino de transformarla.

Simone de Beauvoir advirtió que el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los oprimidos. Hoy esa advertencia resuena en las redes, en las urnas y en las calles. La brecha ideológica entre mujeres y hombres jóvenes no es el fracaso del feminismo, sino la prueba de su eficacia: está moviendo los cimientos. Y como toda revolución, despierta miedo en quienes siempre ocuparon el centro.

Pero hay algo profundamente esperanzador en esta fractura. Las mujeres jóvenes están marcando el rumbo moral de su tiempo. Su compromiso con la igualdad, la justicia y la sostenibilidad demuestra que otro futuro es posible. El reto es que ese futuro no sea solo de ellas, sino de todos. Porque si la igualdad se convierte en trinchera, perderemos la democracia entera.

No me hice mayor cuando terminé la carrera, ni cuando empecé a vivir sola, ni siquiera cuando fui madre. Me hice mayor el día en que la enfermedad entró en casa. A veces crecer no tiene que ver con los años, sino con el modo en que la vida se te rompe en las manos.

Antes pensaba que ser adulta consistía en tomar decisiones, en elegir caminos, en tener una vida propia. Pero la madurez, al menos para mí, llegó desde otro lugar: desde la vulnerabilidad, desde ese primer momento en que entendí que quienes parecían invencibles podían caer. Que el cuerpo —ese territorio que creía eterno— tiene fecha de caducidad.

La enfermedad de un familiar te cambia el mapa del mundo. Todo se reduce demasiado. Lo urgente se impone sobre lo importante. Y tú, que hasta ayer te creías joven y libre, te descubres repitiendo los gestos de las mujeres que te precedieron. No lo haces porque te lo pidan, sino porque hay algo ancestral que despierta en ti. Algo que se parece al amor, pero que también es mandato.

Ahí, en ese territorio nuevo del cuidado, entendí por primera vez lo que habían vivido ellas: mi madre, mi abuela, mis tías. Comprendí el cansancio en sus voces, su manera de hacer y deshacer sin que nadie las viera. Yo que había crecido creyendo en la libertad, me encontré dentro de esa herencia: el deber moral del cuidado, la expectativa invisible de estar siempre disponible.

No fue una lección dulce. Nadie te enseña cómo seguir siendo tú cuando la vida de otra persona depende, en parte, de ti. Incluso cuando no sabes cómo cuidar a quien cuida. Ni cómo sostener el cuerpo de alguien sin que el tuyo se quiebre.

Este año he aprendido a fuerza de golpes lo que significa cuidar. No como un gesto bonito, sino como una prueba de resistencia. Que cuidar no es darlo todo, sino intentar no perderse del todo en el intento.

Hubo un día —no sé por qué recuerdo ese día exacto— en que comprendí que ya no era la misma. Que quizás el impar, que ya está en sus estertores finales, termine devolviéndome en el espejo una nueva versión de mí que todavía no sé si me gusta. Si me reconozco en ella. Fue ese día, y no otros más dulces e incluso más amargos, cuando entendí lo que significa la herencia: no la sangre, ni las costumbres, sino los gestos repetidos que se cuelan en ti sin pedir permiso.

A veces me rebelo contra eso. Quiero imaginar un modo diferente de cuidar, más libre, más compartido. Que el cuidado no sea solo una extensión de la feminidad, sino una tarea humana. Que no recaiga siempre en las mismas espaldas. Pero luego la realidad se impone. Y en ella siempre he visto a una mujer haciéndose cargo.

Pienso mucho en las grietas por las que el feminismo se cuela en lo cotidiano. En esa pequeña revolución que consiste en decir “no puedo más” sin sentir culpa. En aprender a pedir ayuda, en entender que no todo el amor tiene que doler. No siempre lo consigo. Hay días en que me descubro queriendo hacerlo todo bien, como si cuidar fuera una forma de redención. Otras veces, me dejo estar.

Quizá eso sea crecer: perder la inocencia de creer que con el amor basta, entender que el cuidado necesita estructuras, redes y tiempo. Que el cariño no sustituye a las políticas, ni la entrega a las instituciones. Pero también descubrir que, a pesar de todo, seguimos eligiendo quedarnos. Que, incluso sabiendo el peso, seguimos tendiendo la mano.

Recuerdo un verso de Anne Carson que dice: “El dolor no tiene medida. Pero sí memoria.” El cuidado también tiene memoria: se hereda, se reinterpreta, se cuestiona. Y yo, que antes quería huir de esa herencia, ahora intento transformarla. Quiero cuidar sin desaparecer. Quiero aprender a amar sin asumirlo todo. Quiero creer que la ternura puede ser una fuerza política si deja de ser silenciosa.

A veces pienso que el feminismo empieza justo ahí: en esa habitación donde una mujer joven sostiene a un familiar enfermo y se promete que esto, en el futuro, será distinto. Que habrá un modo más justo, más humano, más compartido de sostener la fragilidad. Y aunque ahora duela, aunque el cansancio cale, en esa promesa se filtra una forma de esperanza.

No sé si eso significa hacerse mayor. Tal vez sea solo aprender a mirar el mundo sin filtros, con las manos temblando y los ojos abiertos. Entender que el dolor también te construye. Que la memoria de las mujeres de mi familia me enseñó a cuidar, pero yo puedo elegir cómo hacerlo. Que crecer no siempre es un proceso feliz, pero sí profundamente humano.

Y que, en el fondo, hacerse mayor es esto: descubrir que la vida no se trata de resistir sin descanso, sino de aprender —por fin— a cuidar sin perderse.

Hay momentos en los que una siente que el mundo se ha cansado de avanzar. Que de pronto algo —o muchos “algos”— han tirado del freno de mano de la historia. Y en ese chirrido, en ese retroceso, empiezan a resquebrajarse las certezas que creíamos sólidas: los derechos conquistados, los discursos asumidos y los pasos dados.

Vuelvo a leer estos días un fragmento de 'Mujer en punto cero', de Nawal El Saadawi. La protagonista, Firdaus, encerrada en una celda de condena, dice: “Nunca he sentido miedo a nada. Solo a volver al principio”. Y eso es, exactamente, lo que muchas sentimos hoy. Que nos están empujando, poco a poco, con una sonrisa ambigua y muchas excusas, de vuelta al principio.

Y no, no es exagerado. No es histeria. No es victimismo. Es la constatación de un giro que ya no se disfraza de equidistancia. La reacción está aquí: organizada, legitimada y mediatizada. Se dice “antifeminista” con la misma tranquilidad con la que, hace unos años, alguien se decía “apolítico”. Como si no afectara a nada. Como si fuera sólo una cuestión de opiniones.

Pero no hablamos de opiniones. Hablamos de vidas. De las vidas de millones de mujeres en el mundo que hoy están viendo retroceder sus derechos. Según datos de ONU Mujeres, uno de cada cuatro países ha dado pasos atrás en legislación y políticas de igualdad. No hablamos de lugares lejanos o distantes: hablamos de Europa, de Estados Unidos, de nosotras. Hablamos de una regresión que no necesita violencia explícita, porque tiene algoritmos, bulos y votos.

Aquí, en España, y también en Aragón, el retroceso es más sutil, pero igual de eficaz. Se desfinancian políticas públicas con la excusa de la eficiencia. Se eliminan consejerías de Igualdad como si fueran un capricho ideológico. Se borra la palabra “violencia machista” de los portales institucionales. No se prohíbe, pero se arrincona. No se niega, pero se minimiza.

Y mientras tanto, las cifras siguen hablando claro. En lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. 1.324 desde que empezaron a contarse oficialmente, en 2003. En Aragón, la brecha salarial entre hombres y mujeres supera el 24 %. Las mujeres siguen copando los contratos a tiempo parcial, las excedencias para cuidar, los suelos pegajosos. Las tareas invisibles que sostienen el mundo.

Pero el dato más difícil de digerir no es numérico. Es emocional. Es esa sensación de haber despertado un día en un país que ya no reconoce del todo la legitimidad de nuestra lucha. Ese escalofrío de saber que el machismo ya no se esconde: se presenta a las elecciones, entra en las aulas, se disfraza de libertad de expresión.

Hannah Arendt escribió que “el mal puede ser banal cuando se convierte en rutina”. El machismo también. La reacción también. No necesita héroes, ni mártires. Le basta con el cansancio. Con el “bueno, tampoco es para tanto”. Con el silencio cómplice de quienes no quieren salirse de los márgenes de lo establecido.

Lo que está en juego, y conviene recordarlo, no es sólo el derecho al aborto o a una ley que nos proteja de la violencia que sufrimos por el hecho de ser mujeres. Es algo más profundo: el derecho a existir en igualdad sin tener que justificarnos cada vez. A vivir sin miedo. A que nuestra palabra no necesite pruebas. A que la política, la justicia, la cultura y la calle no estén hechas por y para otros.

Lo que está en juego es nuestra libertad de ser sin pedir permiso. En el sentido estricto y humanista de la palabra “libertad”, que en este momento únicamente ese aplica al capital y al individualismo más feroz.

Y, sin embargo, en medio de todo esto, hay algo que no se deshace: la conciencia. Esa lucidez dolorosa pero fértil que nos dio el feminismo. Porque el feminismo no fue sólo una revolución política. Fue una revolución del lenguaje, de la mirada, del cuerpo. Nos enseñó a pensar que la culpa no era nuestra. A darnos cuenta de que no estábamos solas. A ponerle nombre a la violencia.

Y una vez que le pones nombre a las cosas, ya no hay marcha atrás. Como escribió Clarice Lispector: “Cuando descubres lo que duele, también descubres cómo resistir.”

En Aragón lo sabemos bien. Desde hace años, el tejido feminista ha crecido de forma silenciosa pero sólida. En las zonas rurales, en las universidades, en los centros sociales, en las instituciones. Hay colectivos que trabajan contra la violencia machista, contra la trata, por una educación igualitaria. No siempre salen en los periódicos. Pero están ahí, cada día, sosteniendo el andamiaje de la esperanza.

Porque esto también hay que decirlo: si la reacción es una ola, el feminismo es una raíz. Y las raíces no se ven, pero aguantan. Saben esperar. Saben defenderse.

No se trata de heroísmo. Ni de épica. Se trata, simplemente, de no retroceder. De seguir estando. De seguir diciendo. De seguir creyendo que el mundo puede ser más justo si lo empujamos juntas.

Volver al principio sería una derrota demasiado alta. Y esta vez, no estamos dispuestas.

15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales.

A veces parece que a la mujer rural se la ama más cuanto más lejana se la imagina. Mientras más silenciosa, más valor. Mientras más sacrificada, más épica. La queremos de otra época: valiente, sí, pero sin que moleste; fuerte, pero sin pedir poder; sabia, pero sin molestar a los expertos. La queremos leyendo el cielo, pero no los presupuestos.

Y sin embargo, hace mucho que las mujeres rurales ya no responden al retrato antiguo. O más bien, hace mucho que nunca lo hicieron. Lo que pasa es que ahora se están hartando de que les digan quiénes son.

En Aragón, ellas son médicas que atienden a tres pueblos cada mañana; ingenieras agrónomas que diseñan cultivos regenerativos en las llanuras del Jiloca; enfermeras que atienden emergencias por caminos sin asfaltar; docentes que reinventan las escuelas unitarias en el Sobrarbe; empresarias tecnológicas que exportan desde Teruel a toda Europa. También son ganaderas, sí, y agricultoras, y pastoras, y tractoristas. Pero no solo. Ni por obligación. Ni como una herencia que no se puede discutir. Son todo eso y mucho más. Y lo eligen.

Quien no entienda esta pluralidad, no entiende nada.

Porque las mujeres rurales no son una categoría social. Son un territorio humano y político. No habitan un pasado detenido, sino un presente vibrante. Y desde ese presente están repensando el mundo, aunque no salgan en la portada de los suplementos dominicales. El problema no es que no existan; el problema es que no se las quiere ver fuera del decorado.

La condescendencia hacia ellas no es nueva. Pero sí es cansina. Esa mirada que las nombra como si fueran un patrimonio sentimental: “las guardianas del mundo rural”, “las que sostienen la vida”, “las que nunca se quejan”. Se las homenajea en octubre, se las felicita por “no rendirse”, y después se las sigue dejando fuera de la toma de decisiones, de las políticas agrarias, del diseño de infraestructuras, del relato.

No necesitan homenajes. Necesitan derechos. Espacios. Recursos. Autonomía. Y que se respete la complejidad de sus trayectorias.

El informe 'Ser mujer rural en Aragón 2010-2023', elaborado por el Gobierno autonómico, muestra avances, sí, pero también límites que no son casuales. Solo el 23 % de las explotaciones agrarias tienen una mujer como titular, y en muchas de ellas, la toma de decisiones sigue en manos masculinas. Pero lo que el informe no mide —ni puede medir— es la brecha simbólica: esa que aún impide que una joven emprendedora del Maestrazgo sea escuchada con la misma legitimidad que un presidente de cooperativa.

Y sin embargo, allí están. Y no desde la épica, sino desde la cotidianidad. Fundando empresas, impulsando redes feministas, presentándose a alcaldías, desarrollando software desde pueblos de 300 habitantes. Gestionando, creando, reescribiendo lo que significa vivir en lo rural en el siglo XXI.

Es difícil no pensar en Chantal Maillard cuando escribe: “Nombrar es detener el mundo”. Tal vez por eso se resisten a que las nombren desde fuera. Porque saben que cuando las nombran como “las de siempre”, las están encasillando. Y estas mujeres no quieren ni moldes ni museos. Quieren reconocimiento sin manuales, políticas sin tutelas, poder sin intermediarios.

Y es que estas mujeres ya no piden permiso para hablar de sí mismas. Escriben, debaten, exigen. No como víctimas, sino como sujetas políticas. No como reliquias, sino como ciudadanas del siglo XXI. No como paisaje, sino como autoras.

Por eso es urgente que las políticas públicas las reconozcan en su diversidad. Que dejen de tratarlas como una categoría vulnerable y empiecen a construir desde ellas: desde sus demandas, sus formas de entender la sostenibilidad, la economía circular, el arraigo y el futuro. No se trata de llevar igualdad a lo rural. Se trata de descubrir que ya está allí, pero en otra lengua, en otro ritmo, con otro enfoque.

Las mujeres rurales no son como se las define. Y menos mal.