Hay generaciones que heredan certezas. La mía heredó un cambio.

Yo era adolescente cuando España aprobó el matrimonio igualitario. No tenía todavía todas las palabras —ni la conciencia social completa—, pero sí tenía algo más importante: la intuición de que algo profundo estaba ocurriendo. Que el mundo, tal y como nos lo habían contado, no era inamovible. Que los derechos no eran un punto de llegada lejano, sino algo que podía conquistarse aquí y ahora, delante de nuestros ojos.

Hoy, cuando comienza junio y con él el mes del Orgullo, me sorprendo queriendo empezar justo desde ahí. No desde lo que falta —que es mucho—, sino desde lo que fuimos capaces de hacer. Porque a veces olvidamos lo que significó vivir aquel momento desde la adolescencia: mirar el presente con la sensación de que el futuro no era una promesa abstracta, sino una construcción en marcha.

Recuerdo los patios de recreo. Espacios que, con demasiada frecuencia, eran hostiles para quienes se salían de la norma. Recuerdo también a las amigas —a tantas— que se colocaban al lado, sin dudar, sosteniendo a quienes eran señalados, respondiendo a la burla y poniendo palabras donde otros imponían silencio. No lo llamábamos sororidad entonces, pero lo era. No lo entendíamos como activismo, pero lo era.

Había una conciencia intuitiva de la injusticia. Y una certeza: no íbamos a mirar hacia otro lado.

Quizá por eso, cuando el matrimonio igualitario se convirtió en ley, no lo vivimos como algo ajeno. Era, de algún modo, la traducción institucional de algo que ya estaba ocurriendo en nuestras vidas. De amistades que habían enseñado a resistir, de conversaciones que habían ensanchado los márgenes y de vínculos que habían hecho evidente que no había nada que justificar.

Recuerdo también la emoción. La sensación —difícil de explicar ahora sin caer en la nostalgia— de estar viviendo en un país que avanzaba. Que se atrevía. Que reconocía derechos de manera pionera a quienes habían sido históricamente relegados a los márgenes. No era ingenuidad. Era, más bien, una forma de esperanza muy concreta.

Porque crecer en ese contexto dejó huella.

Nos enseñó que los derechos no son inmutables, pero tampoco lo son las desigualdades. Que lo que parecía imposible podía dejar de serlo si había suficiente convicción colectiva. Que las leyes importan, sí, pero también las vidas que las empujan.

Y nos enseñó algo más: que las luchas nunca son aisladas.

Muchos hombres homosexuales —tantos— han estado siempre en las luchas feministas, sosteniendo, acompañando y empujando. Las mujeres, por su parte, hemos sido, muchas veces, el primer refugio para quienes sufrían la violencia de la norma. No como un gesto heroico, sino como una forma natural de estar en el mundo. De entender que la libertad de unas está profundamente ligada a la libertad de otros.

A veces pienso en aquella joven que fui. En cómo miraba el futuro. No desde la idea de que otro mundo era posible, sino desde la convicción —mucho más potente— de que lo estábamos cambiando.

Esa certeza no era arrogancia. Era experiencia.

Hoy, con más años, con más matices y también con más conciencia de lo que queda por hacer, sigo pensando que hay algo profundamente valioso en recuperar esa mirada. No para instalarnos en la complacencia, sino para no olvidar de dónde venimos. Para reconocer que los avances no son inevitables, pero sí posibles. Que hubo quienes lucharon cuando no era fácil, quienes no cedieron, quienes abrieron camino.

Quizá por eso este inicio de junio quiero dedicarlo a ese recuerdo. A ese momento en el que el país se miró a sí mismo y decidió ser más justo. A quienes hicieron posible que muchas vidas pudieran ser vividas con más dignidad. A quienes sostuvieron, acompañaron y resistieron.

Y también a esa generación que creció sabiendo que los derechos no eran un sueño lejano, sino algo que podía tocarse.

Porque, en el fondo, de eso va el Orgullo.

De memoria. De conquista. Y de la certeza —que entonces era casi una evidencia— de que el mundo, a veces, sí cambia.

Hay algo profundamente inquietante en la facilidad con la que el lenguaje se adapta a la barbarie. Nos hemos acostumbrado a hablar de “conflicto”, “escalada” o “crisis humanitaria”, como si esas palabras pudieran contener lo que está ocurriendo en Gaza. Como si nombrarlo de otra manera no fuera, en el fondo, una forma de evitar mirarlo de frente.

Esta semana, en torno al 24 de mayo, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Pero hablar hoy de paz sin hablar de Gaza resulta, como mínimo, insuficiente. Porque si algo evidencia este momento es la distancia obscena entre los discursos internacionales y las condiciones reales de la vida.

En Gaza, el genocidio no es un episodio: es un sistema que atraviesa todos los ámbitos de la existencia. Y, como en todos los contextos de violencia sostenida, no impacta de la misma manera en toda la población. Las mujeres y las niñas no sólo están expuestas a la destrucción generalizada, sino que soportan una carga específica, estructural y sistemáticamente invisibilizada.

Los datos son claros. Según ONU Mujeres, más de la mitad de la población afectada en Gaza son mujeres y niñas. A esto se suma una realidad que rara vez ocupa titulares: miles de mujeres embarazadas están viviendo el conflicto sin acceso a atención sanitaria adecuada, en un sistema de salud colapsado. Dar a luz en estas condiciones no es una excepción, es una constante.

Pero el genocidio no se expresa únicamente en los momentos más extremos. También lo hace en lo cotidiano, en aquello que deja de ser posible. En la imposibilidad de garantizar alimentos, agua, higiene o seguridad para quienes dependen de ti. Y ahí, de nuevo, aparece una evidencia que no es nueva, pero sí sistemáticamente ignorada: son las mujeres quienes, en la mayoría de los casos, sostienen la supervivencia diaria.

No se trata de una narrativa romántica del cuidado. Se trata de una constatación material. Según Unicef, la infancia en Gaza se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, y son las mujeres quienes, en condiciones límite, están asumiendo en solitario el sostenimiento de la vida. Cuidar en medio de la destrucción no es un gesto simbólico, es una práctica concreta que implica tomar decisiones constantes en contextos de escasez absoluta.

Hay un verso de Mahmoud Darwish que se ha citado hasta el cansancio, pero que en este contexto recupera todo su sentido: “Sobre esta tierra hay algo que merece vivir”. La pregunta es quién está haciendo posible que ese “algo” siga existiendo.

Y la respuesta, aunque incómoda, es evidente.

El problema es que ese trabajo —sostener la vida— no se traduce en poder. Las mujeres aparecen en las estadísticas, pero no en las mesas de negociación. Son consideradas población vulnerable, pero no agentes políticas. Sin embargo, la evidencia internacional lleva años señalando lo contrario: cuando las mujeres participan en procesos de paz, los acuerdos son más duraderos, inclusivos y sostenibles. Lo recoge Naciones Unidas desde la Resolución 1325, y lo confirman múltiples evaluaciones posteriores.

La contradicción es, por tanto, difícil de sostener: quienes garantizan la continuidad de la vida quedan fuera de los espacios donde se decide su futuro.

En paralelo, el relato dominante sigue desplazando el foco. Se habla de geopolítica, de equilibrios estratégicos, de intereses internacionales. Todo ello es relevante, sin duda. Pero hay algo profundamente problemático en un análisis que puede explicarlo todo y, al mismo tiempo, dejar fuera lo esencial: cómo se vive —y quién sostiene— la vida en medio de la barbarie.

Quizá por eso la cultura, en ocasiones, consigue decir lo que el discurso político no alcanza. En la obra de Darwish, pero también en los relatos contemporáneos de mujeres palestinas, hay una insistencia en lo concreto, en lo cotidiano, en aquello que no suele aparecer en los informes. No es una cuestión estética, es una forma de resistencia: nombrar la vida cuando todo empuja hacia su negación.

Hablar de paz, en este contexto, no puede ser un ejercicio retórico. Implica asumir que la paz no es sólo la ausencia de violencia armada, sino la existencia de condiciones que permitan vivir con dignidad. Implica, también, reconocer que sin incorporar a las mujeres como sujetas políticas —no sólo como destinatarias de ayuda— cualquier solución será parcial.

Y, sobre todo, implica no apartar la mirada.

Porque hay algo que atraviesa todo esto y que resulta especialmente incómodo: la normalización. La capacidad de seguir adelante mientras otras vidas quedan suspendidas en un presente de destrucción permanente. La tentación de pensar que ocurre lejos, que no nos interpela. Pero sí lo hace.

Nos interpela en la forma en que nombramos lo que ocurre. En lo que decidimos ver y en lo que dejamos fuera. En la manera en que construimos —o evitamos— una posición.

Este 24 de mayo no necesita más declaraciones. Necesita, al menos, un mínimo de honestidad. Nombrar lo que está pasando. Reconocer a quienes sostienen la vida en condiciones imposibles.

Y asumir que la paz no será tal si no incluye a quienes, incluso en medio de la destrucción total, siguen haciendo posible que la vida continúe.

Porque mientras el mundo debate, hay una realidad que no espera.

Y en Gaza, hoy, esa realidad tiene rostro de mujer.

Hay un momento muy concreto del año en el que todo parece comenzar de nuevo. La primavera se estira, casi agotada, y deja paso a las primeras fiestas de los pueblos. Las calles se llenan de sillas en las puertas, de conversaciones largas y de niñas y niños corriendo sin hora. Hay algo profundamente hermoso en esa escena: la comunidad que se reconoce, el tiempo que se desacelera y la vida que se hace visible.

Pero hay otra escena, menos visible, que también ocurre al mismo tiempo.

Mientras la plaza se llena, alguien ha pensado qué se come, quién recoge, quién lleva la muda de repuesto, quién coge la crema solar, quién calcula si habrá suficiente hielo o quién se anticipa al cansancio ajeno. No se ve, pero sostiene. No se nombra, pero organiza. No se celebra, pero permite que todo lo demás suceda.

La carga mental de los cuidados no descansa en vacaciones. Ni en fiestas. Quizá, incluso, se intensifica.

A veces pienso en cómo hemos llegado hasta aquí. Mi generación —las nacidas en los noventa— creció con la promesa de una vida distinta. Nos dijeron que podríamos ser lo que quisiéramos, que estudiar nos abriría puertas y que la independencia era una conquista posible. Y lo fue, en muchos sentidos. Nos hicimos mayores casi sin darnos cuenta. Cambiamos de ciudad, de trabajo, de certezas. Aprendimos a sostenernos.

Y, de repente, somos madres.

No hay un momento exacto en el que eso sucede del todo. Es más bien un desplazamiento lento, casi imperceptible. Un día te descubres organizando una mochila que no es la tuya. Pensando en horarios que ya no te pertenecen del todo. Midiendo el tiempo de otra manera. Como si la vida se hubiera expandido y, al mismo tiempo, comprimido.

Hay algo de vértigo en esa transición. Pero también hay una conciencia distinta. No nos relacionamos con la maternidad como lo hicieron nuestras madres —no porque ellas lo hicieran mal, sino porque el contexto es otro, porque el mundo ha cambiado y nosotras con él. Tenemos otras preguntas, otras exigencias y otras formas de mirar.

Queremos cuidar. Pero también queremos estar. Estar en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros proyectos. Queremos tiempo propio sin sentir que estamos fallando en algún lugar. Queremos no tener que elegir constantemente entre lo que somos y lo que se espera que seamos.

Y, sin embargo, la inercia es poderosa.

La carga mental sigue encontrando su camino. A veces de forma sutil, casi imperceptible. No siempre es una imposición explícita. A veces es una expectativa que flota, que se cuela en lo cotidiano, que se instala sin hacer ruido. ¿Lo hacemos porque queremos o porque aprendimos que debía ser así? No siempre es fácil responder.

Me viene a la cabeza un verso de Idea Vilariño: “Ya no será, ya no, no viviremos juntos”. No por la literalidad, sino por esa forma de nombrar lo que cambia, lo que ya no puede ser como antes. Hay algo de eso en nuestra manera de habitar los cuidados. Sabemos que no queremos reproducir ciertos esquemas. Sabemos que algo tiene que ser distinto. Pero todavía estamos aprendiendo cómo.

En las fiestas de los pueblos, mientras cae la tarde y empieza a sonar la música, observo esas dos capas que conviven. La visible y la invisible. La celebración y la organización silenciosa que la sostiene. Y pienso que la igualdad, a veces, se juega precisamente ahí. No en los grandes discursos —que también—, sino en quién piensa, quién recuerda y quién anticipa.

Como profesional de la igualdad, sé que la corresponsabilidad no es un concepto abstracto. Es una práctica cotidiana, concreta, que requiere cambios reales en cómo distribuimos el tiempo, la responsabilidad y la preocupación. Pero como mujer —y, ahora, como madre— sé también que no basta con saberlo.

Hace falta convicción. Propia y colectiva.

Convicción para comprender que no es posible llegar a todo. Para no sostenerlo todo. Para compartir de verdad, no sólo las tareas visibles, sino también esa arquitectura invisible que las hace posibles. Convicción para redefinir qué significa cuidar y cómo queremos hacerlo. Convicción, también, para “no juzgarnos sin tiempo”, como escribía el gran Benedetti.

Quizá nuestra generación esté en ese tránsito. Entre lo heredado y lo que todavía no tiene nombre. Entre la gratitud hacia quienes nos precedieron y la necesidad de abrir otros caminos.

Mientras tanto, la vida sigue. La música suena. Las calles se llenan. Y en algún lugar, alguien está pensando en todo lo que falta para que esa escena sea posible.

Tal vez la igualdad consista, también, en que ese alguien deje de ser siempre la misma.

Aragón no es un territorio homogéneo. Es, más bien, un mosaico de distancias, silencios y resistencias. Y en ese mapa irregular, la igualdad no avanza al mismo ritmo en todos los lugares. Tampoco la prevención y erradicación de la violencia de género. Hablar de Aragón en clave de igualdad exige, por tanto, afinar la mirada: no basta con los datos agregados ni con los discursos generales. Hay que descender al territorio, a los pueblos, a las comarcas donde la vida cotidiana sigue atravesada por inercias que no siempre se nombran.

Porque en el medio rural aragonés —que no es un residuo del pasado, sino un presente vivo, diverso y complejo— persisten formas de desigualdad que condicionan la libertad y la autonomía de las mujeres. La dispersión geográfica, la escasez de recursos especializados, la falta de anonimato o la dependencia de redes sociales densas no son factores menores: configuran un contexto especialmente delicado cuando hablamos de violencia de género. Denunciar no es sólo un acto jurídico; es, en muchos casos, una ruptura vital que implica enfrentarse a la mirada de todo un entorno.

En este contexto, la reivindicación de un Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón no es casual, sino sintomática. Responde a una necesidad reconocida desde hace años: dotar de marco propio a una realidad que no puede seguir abordándose desde categorías generales. Sin embargo, el hecho de que siga siendo una demanda —y no una herramienta efectiva— vuelve a poner sobre la mesa una constante en las políticas de igualdad: la distancia entre el diagnóstico compartido y la respuesta estructural. Porque reconocer no es suficiente si no se traduce en derechos garantizados, recursos sostenidos y políticas que lleguen, de verdad, a cada rincón del territorio.

En Aragón, la realidad municipal obliga a pensar la igualdad —y, en particular, la prevención de la violencia de género— en términos de proximidad real, capilaridad y sostenibilidad de los recursos. No se trata de cuestionar los marcos existentes, sino de garantizar que despliegan toda su eficacia allí donde la intervención no puede apoyarse en estructuras estables ni en servicios especializados cercanos. En estos contextos, la atención psicológica, jurídica y social requiere fórmulas flexibles, una coordinación interinstitucional sólida y continuidad en el tiempo, evitando que la prevención dependa de acciones aisladas o de esfuerzos individuales que, siendo imprescindibles, no pueden sustituir a una respuesta pública estructurada.

Aquí el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha supuesto una oportunidad clave para reforzar la intervención en el ámbito local. Sin embargo, su despliegue en territorios rurales plantea interrogantes que no pueden obviarse: ¿hasta qué punto los recursos llegan con la suficiente estabilidad? ¿Qué margen real tienen los pequeños ayuntamientos para sostener políticas continuadas más allá de la financiación finalista?

Pero los desafíos no se agotan en la intervención frente a la violencia. La igualdad, entendida en sentido amplio, sigue encontrando obstáculos en ámbitos como el empleo, la corresponsabilidad o la participación. Aragón arrastra una segregación laboral persistente y una feminización de los cuidados que limita las trayectorias vitales de muchas mujeres. En el medio rural, las dinámicas se intensifican: menos oportunidades laborales, mayor peso de los roles tradicionales y una oferta de servicios que no siempre permite conciliar sin renuncias.

Frente a ello, las políticas públicas no pueden conformarse con la inercia. Es necesario reforzar los mecanismos de evaluación y, sobre todo, apostar por intervenciones que vayan más allá de lo simbólico o puntual. La igualdad no se construye únicamente con campañas concretas ni con declaraciones institucionales: requiere planificación, recursos y voluntad política sostenida.

Hay, además, un tema que merece ser abordado con honestidad: el riesgo de la complacencia. Aragón ha avanzado en materia de igualdad, sin duda. Pero ese avance no puede convertirse en un relato autocomplaciente que invisibilice las brechas que persisten. Reconocer lo conseguido es compatible con señalar lo que falta. Y lo que falta, en muchos casos, tiene que ver con la capacidad de adaptar las políticas a la diversidad real del territorio.

Quizá uno de los mayores retos sea precisamente ese: abandonar la idea de que existe una única forma de abordar la igualdad. Escuchar más, intervenir mejor y medir con rigor. Y, sobre todo, situar a las mujeres —también a las mujeres rurales, también a las más invisibilizadas— en el centro de las decisiones.

Porque la igualdad no es un horizonte abstracto. Es una cuestión profundamente concreta, que se juega en cada pueblo, en cada casa y en cada rincón. Y en Aragón, como en tantos lugares, todavía queda camino por recorrer. Un camino que exige menos retórica y más compromiso. Menos distancia y más presencia. Menos generalidades y más territorio.

Hay experiencias que no se comprenden del todo mientras se viven. Quedan suspendidas en una especie de presente continuo, hechas de urgencias, decisiones rápidas y una intuición que apenas alcanza a nombrarse. Sólo con el tiempo —cuando baja el ruido y se ordena la memoria— adquieren forma, sentido, incluso belleza. A mí me ha pasado con aquella primavera de 2016 en la que comenzamos el proceso de participación ciudadana para la elaboración de la primera ley de igualdad aragonesa.

Entonces no lo sabía. O, al menos, no con la claridad con la que hoy lo puedo decir. Éramos muchas personas, más de cien entidades, instituciones, profesionales, expertas, feministas, empujando en una misma dirección. Casi cuatrocientas aportaciones que no eran sólo documentos, sino voces, trayectorias, miradas sobre lo que Aragón necesitaba ser en materia de igualdad. Había algo profundamente democrático —y también profundamente humano— en aquella forma de construir. Pero en aquel momento lo inmediato ocupaba todo el espacio. Como decía Mafalda, “lo urgente no siempre deja paso a lo importante”. Y nosotras estábamos, sobre todo, resolviendo lo urgente.

Llegué al Instituto Aragonés de la Mujer con apenas veinticinco años. Con más incertidumbres que miedos. Hoy, diez años después, diría que tengo más miedos y menos incertidumbres. Quizá porque entonces no sabía todo lo que podía salir mal. Quizá porque la inconsciencia —o esa forma luminosa de no saber del todo— también protege. O quizá porque la responsabilidad pesa distinto cuando se mira hacia atrás.

No sé si he sabido nombrar alguna vez lo que supuso para mí ocupar aquel lugar. La confianza depositada, el vértigo de decidir, la necesidad de sostener equipos en medio de una tarea que no siempre era visible, pero sí profundamente transformadora. Aprendí rápido —a veces demasiado rápido— y me equivoqué, claro que me equivoqué. Pero también acertamos. Y eso, con el tiempo, se vuelve importante.

Porque hay algo que entonces no éramos del todo conscientes de estar haciendo: dejar impronta. No en el sentido grandilocuente que a veces se le da a esa palabra, sino en algo mucho más sencillo y, a la vez, más profundo. Estábamos contribuyendo a fijar un marco, a ordenar prioridades y a reconocer derechos. A decir —de manera colectiva— que la igualdad no era un gesto ni una aspiración, sino una política pública que debía sostenerse en el tiempo.

Recuerdo especialmente ese proceso de participación. La escucha, a veces incómoda; el contraste de posiciones; la riqueza de quienes venían de lugares distintos y, sin embargo, compartían un diagnóstico de fondo. No fue un proceso perfecto —ninguno lo es—, pero sí fue honesto. Y eso, en política pública, no es poco.

Con los años he entendido que aquella experiencia fue única. No sólo por su dimensión técnica o institucional, sino por lo que supuso en términos personales. Crecer en responsabilidad, aprender a decidir sin certezas absolutas y sostener la duda sin paralizarme. Y, sobre todo, confiar. Confiar en los equipos, en el criterio compartido y en la inteligencia colectiva.

A quienes confiaron en mí entonces, incluso cuando yo misma no tenía todas las respuestas, sólo puedo responder con gratitud. A quienes creyeron en mi criterio, aun sabiendo que estaba en construcción. A los equipos que me acompañaron —y que hicieron posible mucho más de lo que se ve—, gracias por sostener, por empujar y por estar. También a mis errores, que me obligaron a aprender sin atajos. Y a esos aciertos, pocos o muchos, que hoy puedo reconocer sin necesidad de exagerarlos.

A veces pienso en esta ley de igualdad aragonesa como en una obra que nunca se termina del todo. Una estructura que necesita ser habitada, aplicada y defendida. Ojalá dure muchos años. Ojalá siga siendo útil. Ojalá quienes la trabajen dentro de otros diez, de otros veinte años, puedan decir que ahí hubo algo que mereció la pena.

Yo, al menos, hoy lo sé. Aunque entonces no lo supiera.

Hay días que pasan, pero no se van del todo. El Día de Aragón deja siempre algo suspendido en el aire, una especie de eco que no tiene que ver con los actos ni con los discursos, sino con una pregunta más incómoda: qué significa hoy, realmente, esta tierra que habitamos.

Quizá por eso escribir unos días después permite otra mirada. Menos celebratoria, más honesta. Más pegada a lo que somos cuando se apagan los focos.

Aragón no es sólo un territorio. Es una forma de sostener. Y en esa forma de sostener han estado siempre las mujeres, aunque rara vez hayan ocupado el centro del relato. Han sostenido la vida cotidiana, los vínculos y los tiempos. Han sostenido, incluso, aquello que no se veía. Como esas capas invisibles que dan profundidad a una pintura y que, sin embargo, nunca se nombran.

Crecimos en una cultura donde muchas cosas no se decían, pero se sabían. Donde el reparto de la vida tenía una lógica aparentemente natural que colocaba a cada cual en su sitio. Y donde ese sitio, para las mujeres, estaba demasiado cerca del sacrificio y demasiado lejos de la decisión.

No era necesario explicarlo. Bastaba con observar quién cuidaba, quién renunciaba y quién esperaba.

Hoy, esa escena ha cambiado. Pero no tanto como a veces queremos creer.

Las mujeres aragonesas hemos avanzado —y sería injusto no reconocerlo—, pero seguimos habitando una especie de frontera: entre lo conquistado y lo pendiente. Entre la presencia creciente en lo público y la persistencia de las cargas en lo privado. Entre la autonomía y una inercia que todavía nos empuja hacia lugares conocidos.

Hay una tensión ahí, constante, que forma parte de nuestro tiempo.

En Aragón, además, esa tensión tiene una textura propia. El territorio importa. Importa vivir en ciudades donde las oportunidades parecen más accesibles, pero también importa —y mucho— la vida en los pueblos, donde la igualdad no puede ser un concepto abstracto porque se mide en kilómetros, en servicios y en posibilidades reales de permanecer.

Hay mujeres sosteniendo pueblos enteros. No como metáfora, sino como realidad. Mujeres que cuidan, que trabajan, que organizan y que fijan población sin que nadie lo nombre así. Mujeres para las que la igualdad no es un debate, sino una cuestión de supervivencia cotidiana.

Y, sin embargo, seguimos sin colocar esa realidad en el centro de nuestras prioridades colectivas.

Quizá porque durante demasiado tiempo hemos aprendido a mirar hacia otro lado. O a aceptar como inevitables ciertas desigualdades que, en realidad, son profundamente políticas.

A veces pienso que esta tierra tiene algo de esos paisajes que parecen quietos pero están llenos de movimiento interno. Como si bajo la aparente estabilidad hubiera corrientes que lo están transformando todo lentamente. La igualdad forma parte de ese movimiento. No siempre visible, no siempre lineal, pero persistente.

Y ahí es donde estamos ahora: en un momento de tránsito.

Sabemos más que antes. Tenemos más herramientas, más lenguaje y más conciencia. Pero también tenemos más responsabilidad. Porque ya no podemos decir que no vemos lo que ocurre. Ya no podemos refugiarnos en la inercia.

El reto no es menor. No se trata sólo de incorporar a las mujeres a lo que ya existe, sino de repensar lo existente. De cuestionar la organización de los tiempos, del trabajo, de los cuidados. De preguntarnos, en serio, qué tipo de sociedad queremos construir.

Y hacerlo aquí, en Aragón, implica asumir nuestras propias particularidades. Nuestra geografía, nuestra historia y nuestras resistencias.

El Día de Aragón ya ha pasado. Pero quizá lo importante no era ese día, sino lo que queda después. Esa especie de incomodidad fértil que obliga a seguir pensando, a no dar nada por cerrado.

Porque la igualdad no es un destino al que se llega, sino un proceso que se sostiene —esta vez sí— de manera compartida.

Y tal vez de eso se trate ahora: de dejar de sostener en silencio y empezar, por fin, a transformar en voz alta.

Hay consensos que no deberían estar constantemente en disputa. No porque sean cómodos, ni porque resulten estéticamente necesario, sino porque constituyen el suelo mínimo sobre el que se sostiene una democracia que se pretende decente. La igualdad —en su acepción más amplia y exigente— ha sido, durante décadas, uno de esos consensos. No exento de conflicto, ni de tensiones, pero sí dotado de una dirección compartida: avanzar y progresar.

Sin embargo, algo se ha desplazado en los últimos años. No tanto en la letra de las normas —que sigue siendo, en términos generales, sólida— como en el lugar simbólico y político que ocupan las políticas públicas de igualdad. Lo que antes se entendía como una obligación institucional, vinculada a derechos fundamentales y a compromisos internacionales, empieza a ser tratado como un campo de disputa contingente, sujeto a mayorías cambiantes, a cálculos de oportunidad o, en el peor de los casos, a estrategias de desgaste.

La igualdad ha entrado en la ruleta rusa política.

No es una afirmación retórica. Se percibe en la inestabilidad de determinadas políticas, en la discontinuidad de programas que no llegan a consolidarse, en la fragilidad presupuestaria de muchas actuaciones, en la invisibilidad o los perfiles bajos de sus representantes institucionales o en la tendencia —cada vez más frecuente— a someter a revisión constante aquello que debería formar parte del acervo común. Cada cambio de gobierno, cada reajuste institucional, introduce la sospecha de que lo construido puede deshacerse con una facilidad inquietante.

Este fenómeno no responde únicamente a una alternancia ideológica, que es consustancial a cualquier sistema democrático. Lo preocupante es que afecta a la propia naturaleza de las políticas de igualdad: las desplaza desde el ámbito de los derechos hacia el terreno de la opinión; desde la obligación pública hacia la opción política.

Y ahí es donde emerge la verdadera fragilidad.

Porque cuando la igualdad deja de ser entendida como una condición estructural de la democracia y pasa a convertirse en un elemento más del debate partidista, pierde densidad institucional. Se convierte en algo negociable, modulable y prescindible en determinados contextos. Y, con ello, se debilita no sólo la eficacia de las políticas, sino la legitimidad de su propia existencia.

En territorios como Aragón, donde la capilaridad institucional —municipios pequeños, comarcas, redes locales— exige una implementación particularmente cuidadosa, esta fragilidad se hace aún más visible. Las políticas de igualdad no son aquí una abstracción: se concretan en servicios, en acompañamientos, en procesos comunitarios y en intervenciones sostenidas en el tiempo. Cuando esas dinámicas se interrumpen o se erosionan, el impacto no es teórico, es tangible.

A menudo se dice que la igualdad está “conseguida en lo formal” y que, por tanto, las políticas públicas pueden relajarse o revisarse. Es una lectura profundamente simplificadora. La igualdad formal fue —y sigue siendo— un hito imprescindible, pero nunca fue el punto de llegada. Las desigualdades estructurales, las brechas retributivas, la segregación ocupacional, la distribución desigual de los cuidados o la persistencia de la violencia machista no son residuos del pasado: son realidades actuales que requieren una intervención pública sostenida, técnica y rigurosa.

Desvincular estas políticas de su fundamento técnico para someterlas a la lógica de la confrontación política no sólo empobrece el debate, sino que introduce un elemento de incertidumbre que dificulta cualquier planificación a medio y largo plazo. La igualdad no puede depender de impulsos coyunturales. Necesita continuidad, evaluación, ajuste, pero también estabilidad.

Quizá el desafío más complejo en este momento no sea tanto defender la necesidad de las políticas de igualdad —que sigue siendo evidente para una mayoría social— como preservar su condición de política pública estructural. Es decir, protegerlas de la volatilidad, anclarlas en el marco de los derechos y blindarlas frente a las dinámicas de desgaste.

Esto exige, en primer lugar, un ejercicio de responsabilidad institucional. Pero también una cierta pedagogía política y social: recordar que la igualdad no es un privilegio sectorial ni una agenda particular, sino un principio organizador del conjunto de la vida pública.

Y exige, sobre todo, una forma de abordar el debate que huya del ruido y recupere el valor de la mesura, del dato y del análisis. Porque, frente a la tentación de simplificar, conviene insistir en la complejidad; frente a la polarización, en la evidencia; frente a la volatilidad, en la consistencia.

La igualdad nunca fue un camino lineal. Pero tampoco debería ser un terreno minado donde cada avance se convierta en una posibilidad de retroceso inmediato. Si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que los derechos, cuando no se consolidan, se erosionan. Y que aquello que se percibe como opcional termina, tarde o temprano, por debilitarse.

Tal vez sea el momento de volver a situar la igualdad en el lugar que le corresponde: no como una pieza más en el tablero político, sino como la base misma sobre la que ese tablero adquiere sentido. Porque hay consensos que, cuando se rompen, no sólo fragmentan el debate. También comprometen el futuro de toda la sociedad, incluso de la que cree que estas cuestiones no le interpelan. 

Los viernes tenían un olor.

No era exactamente el del tomate frito ni el del chorizo al fuego. Era otra cosa. Era la casa de mi abuela.

Los viernes se comían macarrones con chorizo. Y eso, que podría parecer una anécdota doméstica sin importancia, era en realidad una forma de ordenar el mundo. Porque hay casas donde el tiempo no se mide en calendarios, sino en platos. Y en la mía, los viernes sabían a eso: a plato hondo, a pan para rebañar y a infancia sin palabras para nombrarse.

Dicen que la pasta es la quintaesencia de las nonas italianas. Que en cada ravioli hay una genealogía y en cada salsa una memoria. Yo no sé de Italia, pero sé que los macarrones con chorizo son la quintaesencia de las abuelas de aquí. De las nuestras. De las que no escribieron libros de recetas, pero levantaron familias enteras con una cuchara de madera.

Mi abuela nunca ha hablado de cuidados. Ni de “corresponsabilidad”, “sostenibilidad de la vida” o “crisis de los cuidados”. Mi abuela hacía (y hace). Y hacer era quedarse la última en la mesa. Era repetir a todo el mundo antes que a una misma. Era saber cuántos éramos sin contarnos. Era sostener.

Hay un pasaje de Como agua para chocolate en el que Tita cocina atravesada por lo que siente, y quienes comen sus platos lloran, desean, recuerdan. Siempre pienso en eso cuando recuerdo los viernes en casa de mi abuela. Porque en aquellos macarrones había algo más que comida: había lenguaje. Un idioma que no necesitaba teoría para decirlo todo.

Mi abuela pertenece a una generación de mujeres que no eligió casi nada. Que tuvo pocas oportunidades para estudiar, para viajar, para decidir quién quería ser fuera de lo que ya estaba decidido para ellas. Mujeres a las que la historia no les pidió opinión, pero sí les exigió todo lo demás.

Y, sin embargo, sostuvieron.

Sostuvieron la casa, la crianza, las enfermedades, las ausencias, los duelos que no se nombraban. Sostuvieron el tiempo de otras personas mientras el suyo quedaba en suspenso. Como escribió Idea Vilariño, “uno siempre está sólo / pero a veces”. Ellas hicieron que ese “a veces” fuera más habitable para el resto.

No hubo apenas salario. Ni cotización. No hubo reconocimiento social. Hubo afecto, sí. Pero el afecto no paga pensiones dignas, ni construye derechos, ni repara desigualdades estructurales.

Nos enseñaron que el amor lo podía todo. Pero no es verdad. El amor sostiene, pero no sustituye a la justicia.

A veces pienso en todo lo que mi abuela no pudo ser. En los libros que no leyó, en los lugares a los que no fue, en las conversaciones que nunca tuvo porque nadie le preguntó. Y al mismo tiempo pienso en todo lo que hizo y hace posible. En la vida que vino después. En la mía.

Hay un verso de Antonio Machado que dice que “se hace camino al andar”. Ellas no sólo hicieron camino: hicieron el suelo. El suelo sobre el que ahora caminamos nosotras, con más derechos, con más palabras, con más posibilidades.

Pero también con una deuda.

Porque este sistema —llamémoslo por su nombre— sigue descansando sobre una arquitectura invisible de cuidados. Un sistema reproductivo que permite que todo lo demás funcione. Que haya trabajo, producción, economía. Y ese sistema, históricamente, ha tenido rostro de mujer. De mujer mayor. De mujer migrante. De mujer sin contrato.

No sé si mi abuela sabe o no de capitalismo, pero lo sostenía cada día.

Y aquí estamos ahora, intentando poner palabras donde antes sólo hubo silencios. Intentando que aquello que se hizo por amor también se reconozca como trabajo. Intentando que las políticas públicas lleguen donde antes sólo llegaban las manos de una abuela.

Porque no basta con recordar. No basta con emocionarse. No basta con decir “qué haríamos sin ellas”.

Hay que preguntarse por qué hemos podido hacer tanto sin ellas… y a costa de ellas.

Y, aunque nuestra infancia sea la verdadera patria, mis viernes ya no son lo mismo. Ya no vuelvo del colegio en Sádaba y voy directa a casa de mi abuela. Y los macarrones con chorizo, cuando los hago yo, no saben igual. Nunca saben igual.

Pero hay algo que permanece.

Una forma de entender el cuidado no como un gesto, sino como una estructura.

Una conciencia —cada vez más clara— de que esa estructura no puede seguir siendo invisible.

Quizá escribir esto sea también una forma de devolver algo. De poner en el centro lo que siempre estuvo en los márgenes. De nombrar lo que tantas veces se dio por hecho.

De decir, con toda la belleza que permita el lenguaje, que hubo una generación de mujeres que lo dio todo… y que ahora nos toca a nosotras hacer que eso no vuelva a ocurrir en las mismas condiciones.

Que el cuidado deje de ser destino y pase a ser responsabilidad compartida.

Que los macarrones con chorizo sigan existiendo, sí.

Pero no como símbolo de renuncia, sino de elección.

Y que cuando recordemos las historias vitales de nuestras abuelas, no lo hagamos sólo desde la nostalgia. También desde la justicia.

Hay leyes que nacen para ordenar una realidad ya consolidada. Y hay otras que nacen, precisamente, porque esa realidad todavía no ha sido reconocida. El Estatuto de la Mujer Rural de Aragón pertenece a esta segunda categoría: no pretende crear algo nuevo, sino poner nombre, derechos y dignidad política a una presencia que siempre ha estado ahí.

Las mujeres rurales han sostenido durante generaciones la vida en los pueblos. Han trabajado la tierra, han cuidado a las familias, han abierto pequeños negocios y han mantenido redes de solidaridad que ningún indicador económico sabe medir. Han sido agricultoras, ganaderas, autónomas, trabajadoras invisibles de explotaciones familiares, alcaldesas, técnicas, maestras, sanitarias o artistas. Y, sin embargo, durante demasiado tiempo han quedado fuera del relato oficial del desarrollo rural.

Nombrarlas no es un gesto simbólico. Nombrarlas es un acto político.

Por eso el Estatuto de la Mujer Rural no es una ley sectorial más. Es, en realidad, una pieza clave en la arquitectura de la igualdad en Aragón. Porque la desigualdad de género no se vive igual en todos los territorios. En el medio rural, la distancia física se suma a la distancia institucional. La carencia de servicios públicos multiplica la carga de los cuidados. Las oportunidades laborales se estrechan. Y la participación económica y política de las mujeres sigue enfrentándose a inercias profundamente arraigadas.

A menudo se habla de la despoblación como si fuera una fatalidad geográfica. Pero quienes conocen bien el territorio saben que también es una cuestión de oportunidades. Y, sobre todo, de oportunidades para las mujeres.

Cuando una mujer joven se marcha de un pueblo porque no encuentra trabajo, porque no hay servicios para conciliar, porque su proyecto de vida parece condenado a la precariedad o a la dependencia económica, no sólo se pierde una vecina. Se pierde futuro.

Por eso el Estatuto de la Mujer Rural es también una política contra la despoblación. No porque las mujeres deban quedarse para salvar los pueblos —una narrativa que tantas veces ha recaído injustamente sobre ellas—, sino porque ningún territorio puede aspirar a ser viable si la mitad de su población encuentra más obstáculos que oportunidades.

En esta legislatura que se abre paso, el Estatuto debe ocupar un lugar singular en el debate político aragonés. En anteriores, fue anunciado, debatido, reclamado y discutido. Ha atravesado cambios de gobierno, posiciones partidistas y negociaciones parlamentarias. Y en ese recorrido ha dejado al descubierto una paradoja que se repite con frecuencia cuando hablamos de igualdad: casi todo el mundo está de acuerdo con el diagnóstico, pero no siempre con las soluciones.

Existe un consenso bastante amplio en reconocer la importancia de las mujeres rurales. Se las cita en discursos institucionales, en estrategias contra la despoblación y en programas de desarrollo territorial. Pero cuando llega el momento de convertir ese reconocimiento en derechos, en recursos públicos, en medidas concretas que transformen las condiciones de vida, el acuerdo se vuelve más frágil.

Sin embargo, el simple hecho de que el Estatuto esté sobre la mesa ya ha producido un efecto político relevante. Ha obligado a hablar de las mujeres rurales no como una categoría romántica —la imagen idealizada de la mujer del pueblo—, sino como sujetas de derechos.

Ese cambio de mirada es fundamental.

Significa reconocer que la igualdad en el medio rural pasa por cuestiones muy concretas: por el acceso al empleo y al emprendimiento, por la presencia de servicios públicos, por la corresponsabilidad en los cuidados, por la participación en cooperativas y organizaciones agrarias o por la representación en los espacios donde se toman decisiones que afectan al territorio.

Significa también reconocer la diversidad de las mujeres rurales de hoy. Mujeres que heredan explotaciones familiares, que emprenden proyectos innovadores, que regresan a los pueblos después de haber vivido en ciudades, que llegan desde otros países para trabajar sectores clave, como el primarios o los cuidados. Mujeres que no responden a un único perfil, pero que comparten la experiencia de habitar territorios donde la igualdad todavía tiene más camino por recorrer.

Aragón tiene una larga tradición de movimientos sociales vinculados al mundo rural. Organizaciones de mujeres que, desde hace décadas, han tejido redes de apoyo, formación y reivindicación. Ellas han sido las verdaderas impulsoras de este debate mucho antes de que llegara a los parlamentos.

Quizá por eso el Estatuto de la Mujer Rural no debería entenderse sólo como una ley pendiente, sino como la expresión institucional de una demanda histórica.

Las leyes, al fin y al cabo, son también una forma de contar quién importa en una sociedad. Y durante demasiado tiempo las mujeres rurales han sostenido territorios enteros sin ocupar el lugar que les corresponde en ese relato.

Tal vez esta legislatura pase a la historia por muchas razones. Pero sería deseable que lo hiciera, sobre todo, por haber entendido algo esencial: que la igualdad no se decreta desde las capitales, sino que se construye también en los pueblos, en las explotaciones agrarias, en los pequeños negocios y en los hogares donde el trabajo y la vida siguen entrelazados.

Reconocer a las mujeres rurales no es un gesto de justicia simbólica. Es, sencillamente, una condición para el futuro.

Cada 8 de marzo asisto a la manifestación en Zaragoza con una certeza íntima: mi raíz no está aquí. Mi vida, sí. Mi trabajo, también. Pero mi manera de entender el mundo —los tiempos, los silencios, las lealtades, incluso el miedo— se forjó en un pueblo.

Soy una mujer rural. Aunque viva en la ciudad.

Y cada 8M siento una leve incomodidad cuando escucho hablar de “las mujeres rurales” como si fueran una categoría externa, casi antropológica. Como si no estuvieran entre nosotras. Como si no estuviéramos.

En Aragón, lo rural no es un paisaje: es estructura. Es demografía, es política pública y es memoria colectiva, individual y familiar. Es la decisión —siempre difícil— de quedarse o marcharse. Es el autobús que no pasa. Es la escuela que cierra. Es la explotación agraria que no aparece a nombre de la mujer que la trabaja.

Pero también es comunidad. Es red antes de que inventáramos la palabra. Es saber quién necesita ayuda sin que lo pida. Es una forma de estar en el mundo que no cabe en los eslóganes.

No escribo desde el paternalismo. Escribo desde la pertenencia. Desde haber aprendido pronto que en un pueblo todo se sabe, y que eso condiciona la libertad. Desde haber visto a mujeres sostenerlo todo sin llamarlo feminismo. Desde haber escuchado frases que pesan y silencios que todavía pesan más.

Y también desde la contradicción.

Porque muchas hemos tenido que irnos. A estudiar. A trabajar. A respirar. Y en ese movimiento se nos ha colocado en un lugar extraño: ya no somos del todo de allí, pero tampoco somos completamente de aquí. Habitamos un margen identitario que rara vez se nombra.

Quizá por eso me incomoda que el 8M hable de mujeres rurales como si fueran “otras”. No lo son. Somos nosotras en otro contexto. Somos nosotras con menos servicios, con más exposición social y con más distancia física para pedir ayuda. Somos nosotras sosteniendo pueblos que el discurso institucional dice querer salvar, pero cuyas condiciones materiales no siempre transforma.

En Teruel, en Huesca, en las comarcas que pierden población año tras año, la igualdad tiene coordenadas muy concretas: transporte, conectividad, conciliación real, acceso a recursos frente a la violencia o titularidad compartida efectiva. No son demandas sectoriales. Son feminismo estructural.

Hablar de esto no es despreciar lo rural. Es quererlo lo suficiente como para no romantizarlo. Es saber que la comunidad protege, pero también vigila. Que el arraigo da sentido, pero también puede limitar. Que quedarse es un acto político, pero marcharse también lo fue.

Este 8M no quiero que las mujeres rurales estén en el margen del discurso. Pero tampoco quiero que se las coloque en el centro como pieza decorativa de la diversidad. Quiero que el feminismo aragonés —el que marchará por Zaragoza y el que se reunirá en casas de cultura de pueblos pequeños— se piense territorialmente. Que entienda que la despoblación también tiene género. Que la movilidad forzada también es una cuestión feminista.

Y quiero decir algo más incómodo: no todas las mujeres rurales se sienten interpeladas por el feminismo urbano. No porque estén “atrasadas”. Sino porque los marcos a veces no recogen sus prioridades, sus tiempos o su forma de nombrar la desigualdad.

Tal vez el reto no sea llevar el 8M a los pueblos. Tal vez el reto sea dejar que los pueblos transformen el 8M.

Yo soy mujer rural. Aunque viva en la ciudad. Y cada 8 de marzo no reclamo inclusión: reclamo complejidad. Reclamo que no se nos simplifique. Que no se nos romantice. Que no se nos use como símbolo de nada.

Porque el margen no siempre es ausencia. A veces es el lugar desde el que se sostiene el centro.

Hay palabras que, de tanto repetirse, corren el riesgo de vaciarse. Igualdad es una de ellas. Feminismo, también. Cuando un concepto que nace de la experiencia histórica de la desigualdad y del esfuerzo colectivo por corregirla se convierte en eslogan, en arma arrojadiza o en cortina de humo, deja de cumplir su función pedagógica y transformadora para convertirse en otra cosa: en coartada.

El feminismo no es un accesorio discursivo ni un recurso táctico para erosionar al adversario. Es una teoría política con más de tres siglos de pensamiento, una práctica social sostenida por millones de mujeres y un corpus jurídico que ha contribuido a ensanchar la democracia. Es, sobre todo, una ética pública: una forma de mirar la realidad que pone el foco en las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres y propone herramientas para desmontarlas.

Por eso resulta preocupante observar cómo, desde hace tiempo, determinadas formaciones políticas que en su práctica cotidiana han demostrado un compromiso ínfimo con la igualdad —en presupuestos, en prioridades legislativas, en la composición de sus equipos, en su cultura interna— apelan al feminismo en debates muy concretos, muy mediáticos, para enmascarar otras cuestiones de mayor calado. No lo hacen desde la convicción, sino desde la oportunidad.

La pedagogía feminista nos enseña a distinguir entre lo estructural y lo accesorio, entre lo que afecta a la vida material de las mujeres y lo que funciona como un símbolo. Pensemos, por ejemplo, en debates recurrentes que se presentan como urgencias sociales incuestionables. Se colocan en el centro de la conversación pública con un despliegue retórico notable, apelando a la liberación de las mujeres, a su dignidad o a su autonomía. Sin embargo, cuando se analizan con datos, no constituyen un clamor social ni una demanda prioritaria de la mayoría de las mujeres afectadas.

Mientras tanto, en el mismo periodo de tiempo, tres mujeres y una niña pueden ser asesinadas en apenas veinticuatro horas a manos de sus parejas o exparejas. Esa violencia, que sí es estructural, que sí es sistemática, que sí es una emergencia democrática, queda relegada a un segundo plano en el debate político. Se condena de manera protocolaria, se guardan minutos de silencio, pero no se sitúa en el centro de la agenda con la misma intensidad con la que se abordan otros asuntos de carácter más simbólico.

No se trata de establecer jerarquías morales simplistas ni de negar la complejidad de los debates culturales. Se trata de entender que el feminismo, como proyecto político, tiene una hoja de ruta clara: garantizar la vida, la libertad y la igualdad real de las mujeres. Eso implica atender a la violencia machista, a la brecha salarial, a la feminización de la pobreza, a la precariedad laboral, a la sobrecarga de cuidados, a la falta de corresponsabilidad, a la infrarrepresentación en espacios de poder y a las discriminaciones interseccionales que afectan de manera específica a las mujeres de cada comunidad.

Cuando el foco se desplaza sistemáticamente hacia cuestiones que permiten construir un relato identitario, pero no se acompaña de políticas públicas consistentes, presupuestos suficientes y evaluaciones rigurosas, estamos ante un uso banal del feminismo. Un uso que instrumentaliza la causa para obtener rédito político, sin asumir la profundidad de sus implicaciones.

El feminismo no es selectivo. No se activa sólo cuando resulta útil para confrontar con un adversario político. No se invoca únicamente para regular la vestimenta de determinadas mujeres mientras se ignoran las condiciones laborales de las camareras de piso, la situación de las trabajadoras del hogar o la soledad de las mujeres mayores en el medio rural aragonés. No se declama en abstracto mientras se recortan partidas destinadas a igualdad o se cuestiona la necesidad de la educación afectivo-sexual en las aulas.

Desde una perspectiva técnica, las políticas de igualdad requieren coherencia. La coherencia se mide en planes estratégicos dotados económicamente, indicadores de seguimiento, formación obligatoria para quienes ejercen responsabilidades públicas o transversalidad real en todas áreas de gobierno. No basta con apropiarse del lenguaje feminista; hay que asumir sus consecuencias prácticas.

Existe, además, un riesgo añadido en esta utilización superficial: la deslegitimación del propio feminismo. Cuando la ciudadanía percibe que la palabra se emplea como arma táctica, se alimenta el escepticismo y se fortalece la idea de que todo es propaganda. Y el feminismo no se puede permitir convertirse en una etiqueta vacía, porque su fuerza reside precisamente en su capacidad de nombrar con precisión las desigualdades y de proponer soluciones basadas en la evidencia.

La pedagogía, en este contexto, consiste en recordar que la igualdad no se defiende a golpe de titular, sino mediante políticas sostenidas en el tiempo. Que la libertad de las mujeres no se garantiza señalando prácticas culturales ajenas mientras se toleran dinámicas de control y dominación en el propio entorno. Que la protección de los derechos no puede ser selectiva ni condicionada por la rentabilidad electoral.

Hablar desde el feminismo exige cierta incomodidad. Obliga a revisar privilegios, redistribuir poder y cuestionar inercias. No es una bandera que se ondea sin coste. Por eso resulta más sencillo convertirlo en coartada que asumirlo como proyecto transformador.

Como sociedad, necesitamos elevar el debate. Preguntarnos qué políticas reducen efectivamente la violencia contra las mujeres, qué medidas mejoran su autonomía económica, qué reformas garantizan una conciliación corresponsable o qué cambios educativos previenen el machismo desde la infancia. Y exigir que quienes apelan al feminismo presenten respuestas sólidas a esas preguntas.

El feminismo no es patrimonio de ningún partido, pero tampoco es un recurso disponible para cualquier estrategia coyuntural. Es un compromiso con la democracia paritaria, con la justicia social y con los derechos humanos. Utilizarlo de manera banal no sólo empobrece el debate público; debilita la lucha por la igualdad real.

Tal vez ha llegado el momento de recuperar la densidad de las palabras. Devolver al feminismo su profundidad histórica y su rigor conceptual. Exigir coherencia entre el discurso y la práctica. Y recordar, con serenidad y firmeza, que mientras haya mujeres asesinadas por el hecho de serlo, mientras la desigualdad atraviese salarios, cuidados y oportunidades, el feminismo no puede ser una coartada. Debe ser, como siempre ha sido, una herramienta para transformar la realidad.

Hay una prueba silenciosa que mide la calidad democrática de una sociedad: qué hace cuando la igualdad le resulta incómoda. No cuando la consigna es unánime, no cuando el consenso es rentable, no cuando la indignación se dirige hacia el adversario político. La verdadera medida aparece cuando la exigencia atraviesa la propia casa, cuando interpela a quienes nos son próximos, cuando obliga a revisar prácticas, culturas organizativas y liderazgos. Ahí, en ese punto de fricción, es donde se decide si hablamos de compromiso o de estrategia.

En España hemos construido en las últimas dos décadas un andamiaje normativo sólido en materia de igualdad. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un hito al reconocer la especificidad estructural de la violencia contra las mujeres y articular una respuesta integral. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres introdujo la obligación de planes de igualdad en empresas y administraciones, institucionalizando la corresponsabilidad. Más recientemente, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual amplió el foco hacia la centralidad del consentimiento y la prevención. La arquitectura institucional y social especializadas y los sucesivos pactos de Estado han consolidado un marco técnico y presupuestario que no existía hace apenas veinte años.

Sin embargo, la existencia de leyes no garantiza por sí sola la coherencia de las prácticas. Los datos nos recuerdan que la violencia machista no es un episodio aislado ni un problema coyuntural, sino una manifestación de desigualdades estructurales que atraviesan todas las organizaciones: partidos, sindicatos, empresas, universidades, asociaciones. Pensar que el acoso o la violencia pertenecen ideológicamente a un espacio político concreto es, además de erróneo, técnicamente insostenible. Las investigaciones académicas y los informes institucionales coinciden en señalar que hablamos de dinámicas de poder, de culturas organizativas tolerantes con determinadas conductas y de déficits en los sistemas de prevención y respuesta.

La instrumentalización partidista de estos fenómenos introduce un riesgo añadido: trivializa su gravedad y desincentiva la denuncia. Cuando la reacción pública depende del color político de quien presuntamente agrede, el mensaje implícito para las víctimas es devastador. No se trata sólo de la exposición mediática o del desgaste reputacional; se trata de la percepción de justicia. Si la vara de medir es variable, la confianza se erosiona. Y sin confianza no hay prevención eficaz.

Desde una perspectiva técnica, la prevención del acoso y la violencia exige tres pilares: protocolos claros y conocidos, órganos independientes de investigación y una cultura organizativa que priorice la protección de la víctima sobre la preservación de la imagen. Esto no es ideología, es gestión del riesgo y garantía de derechos fundamentales. Las organizaciones que entienden la igualdad como un eje estratégico y no como un departamento accesorio integran estas herramientas en su gobernanza cotidiana. Las que la conciben como un elemento discursivo tienden a activarlas sólo cuando la presión externa lo impone.

La igualdad incomoda porque cuestiona inercias. Obliga a revisar bromas normalizadas, estilos de liderazgo basados en la intimidación o redes informales de poder. Exige formación continuada, evaluación y, en ocasiones, asumir responsabilidades que no son penalmente relevantes pero sí éticamente significativas. Ese tránsito no es sencillo y genera resistencias. Pero precisamente por eso resulta imprescindible abordarlo con serenidad y rigor, sin convertir cada caso en un campo de batalla simbólico.

La experiencia comparada muestra que los entornos más seguros para las mujeres no son aquellos donde nunca hay denuncias, sino aquellos donde existen canales accesibles y garantías de imparcialidad. La ausencia de casos públicos no siempre indica ausencia de violencia; a veces revela silencio. Por eso es tan importante desplazar el foco del escándalo a la estructura: ¿qué mecanismos preventivos existen?, ¿qué recursos se destinan?, ¿qué evaluación independiente se realiza?, ¿qué protección se ofrece a quien denuncia?

Hablar de igualdad con envergadura implica reconocer su complejidad. No basta con proclamar principios; es necesario dotarlos de procedimientos, indicadores y seguimiento. Tampoco es útil convertir cada debate en una pugna moral entre bloques irreconciliables. La violencia machista es un problema de derechos humanos y de calidad democrática, no una herramienta de desgaste parlamentario. Cuando la utilizamos como arma arrojadiza, debilitamos la causa que decimos defender.

Quizá la tarea pendiente sea construir una ética pública compartida en la que la coherencia no dependa de la coyuntura. Una cultura política donde la primera reacción ante una denuncia sea activar protocolos y proteger a la persona afectada, no calcular el impacto electoral. Donde la autocrítica no se interprete como traición, sino como madurez democrática. Donde la igualdad deje de ser una bandera ocasional y se convierta en un estándar transversal.

La igualdad, cuando incomoda, nos ofrece una oportunidad. La de demostrar que los avances normativos han arraigado en nuestras prácticas; que entendemos la gravedad de la violencia más allá de su rentabilidad mediática; que somos capaces de sostener el mismo criterio hacia dentro y hacia fuera. No es una exigencia menor. Es, en última instancia, una cuestión de credibilidad colectiva.

Porque si algo nos enseñan las políticas públicas es que la coherencia es la forma más profunda de compromiso. Y la igualdad —la de verdad, la que transforma— empieza justo ahí, en el momento en que deja de ser cómoda.

El 12 de febrero de 1888 nació Clara Campoamor, y con ella –aunque todavía no lo supiéramos– nació una pieza imprescindible de la democracia española. No una pieza decorativa, ni simbólica, sino estructural. Campoamor no añadió un adorno al edificio democrático: terminó de construirlo. Porque sin el sufragio femenino la democracia era, en el mejor de los casos, una promesa incompleta; en el peor, una contradicción en voz alta.

Hay algo profundamente pedagógico en volver a Clara cada febrero. No como un ejercicio de nostalgia, sino como un acto de lectura del presente. Clara no fue una figura cómoda. No lo fue para sus adversarios políticos, pero tampoco para buena parte de los suyos. Defendió el voto de las mujeres cuando hacerlo suponía desafiar el consenso, el cálculo electoral y la idea –tan persistentemente patriarcal– de que la igualdad puede esperar a un momento “más oportuno”. Clara nos enseñó que los derechos no se conceden cuando conviene: se reconocen cuando son justos.

Que hoy quiera escribir sobre ello en un medio con implantación aragonesa no es casual. El primer destino profesional de Clara Campoamor como miembro del Cuerpo Auxiliar de Telégrafos fue Zaragoza. Antes de ser diputada, antes de ser la voz que atravesó el Congreso con una claridad que todavía hoy conmueve, fue una mujer joven que llegó sola a una ciudad para trabajar, aprender y sostenerse. Hay en ese dato una verdad silenciosa: el feminismo también se ha construido desde las periferias, desde los trayectos laborales, desde la vida concreta de mujeres que hicieron lo que pudieron con lo que tenían.

De aquella etapa se conserva un retrato suyo en la revista 'Estampa', hoy custodiado por la Biblioteca Nacional de España. Mirar ese rostro es un ejercicio revelador. No hay en él grandilocuencia ni épica impostada. Hay determinación, inteligencia y una serenidad que no nace de la ausencia de conflicto, sino de haberlo pensado todo. Clara sabía que estaba sola en muchos momentos. Y aun así habló. Quizá por eso su legado nos interpela tanto en este presente ruidoso, donde se confunde a menudo la firmeza con el grito y la pedagogía con la debilidad.

El contexto español actual en materia de igualdad es complejo y contradictorio. Hemos avanzado en marcos normativos, en políticas públicas y en reconocimiento institucional. Y, al mismo tiempo, asistimos a una ofensiva reaccionaria que niega, trivializa o caricaturiza el feminismo. No es casual. Cada avance en derechos provoca una reacción. Lo nuevo incomoda, y la igualdad, cuando es real, siempre incomoda a alguien. Aragón no es ajena a esta tensión: conviven aquí experiencias valiosas de trabajo por la igualdad con discursos que presentan el feminismo como un exceso, una amenaza o una moda ideológica.

Volver a Clara Campoamor en este contexto no es refugiarse en una figura incuestionable, sino asumir una herencia exigente. Clara no pidió consenso para defender la igualdad; pidió coherencia democrática. No habló desde la identidad, sino desde el principio. No desde el agravio, sino desde el derecho. Y quizá ahí esté una de las claves que hoy necesitamos recuperar: la capacidad de explicar, de argumentar, de hacer pedagogía sin renunciar a la firmeza.

El feminismo no es un bloque monolítico ni una consigna cerrada. Es una tradición crítica que se ha ido construyendo con pensamiento, con conflicto y con mucha incomodidad. En Aragón, como en el resto del país, el reto no es sólo defender lo conquistado, sino profundizarlo: llevar la igualdad a los territorios rurales, a las condiciones laborales, a los cuidados, a la vida cotidiana de mujeres muy distintas entre sí. Hacerlo sin simplificaciones, sin convertir la igualdad en un eslogan vacío o en un arma arrojadiza.

Clara Campoamor nos recuerda que la democracia no se completa una vez y para siempre. Se completa cada día, cada vez que decidimos si ampliamos derechos o los recortamos, si incluimos o excluimos, si explicamos o caricaturizamos. Quizá por eso sigue siendo tan actual. Porque su pregunta sigue en el aire: ¿qué democracia queremos ser? Una que se conforme con lo ya dicho o una que tenga el coraje de decir lo que todavía falta.

Recordar a Clara desde Zaragoza, desde Aragón, desde este presente convulso, no es un acto ceremonial. Es una invitación. A pensar mejor. A discutir con más rigor. A defender la igualdad no como trinchera, sino como horizonte compartido. Porque, como ella demostró, la democracia sólo está completa cuando lo está para el conjunto de la sociedad.

Hay una forma muy concreta de desaparecer del debate público: no que te ataquen, no que te discutan, sino que no te nombren. Eso es lo que está pasando con la igualdad de género y la violencia machista en la campaña electoral aragonesa. No están en el centro, apenas están en los márgenes. Como si no fueran una prioridad. Como si no importaran. Como si ya estuvieran resueltas.

“Nadie hablará de nosotras en campaña electoral”, escribió Carolina Llaquet en una reflexión que duele porque es precisa. No es una frase grandilocuente, es una constatación. Basta con escuchar los discursos, leer los programas, seguir los debates. Se habla de impuestos, de infraestructuras, de desarrollo, de territorio. Se habla mucho de “las personas”, de “las familias”, de “la libertad”. Pero se habla poco —muy poco— de las mujeres. Y casi nada de la violencia machista.

No es casual. La igualdad se ha convertido en un tema incómodo, en algo que algunos consideran desgastado y otros directamente cuestionan. Hay quien piensa que ya no da votos. Hay quien prefiere no “meterse en líos”. Y hay quien ha comprado el marco de que hablar de violencia machista es ideológico, exagerado o divisorio. El resultado es el mismo: silencio. Pero el silencio no es neutro. Nunca lo ha sido.

Hablar de igualdad no es una declaración de intenciones ni un gesto simbólico. Es hablar de cómo se reparte el poder, el tiempo, el dinero y la seguridad. Es hablar de empleo femenino precario, de brechas salariales que persisten o de cuidados que siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres. Es hablar de miedo, de control, de agresiones y de asesinatos. Y es hablar de políticas públicas concretas: de recursos suficientes, de prevención, de formación y de acompañamiento.

Cuando eso desaparece del discurso electoral, no desaparece de la realidad. Lo que desaparece es la voluntad política de abordarlo.

En Aragón, además, este silencio tiene una dimensión territorial que no se puede ignorar. Porque no es lo mismo ser mujer en una capital que en un pueblo pequeño. Las mujeres rurales viven más lejos de los recursos, con menos servicios, con redes más frágiles y con una presión social mayor. Salir de una situación de violencia no es sólo una decisión personal: depende de si hay transporte, atención psicológica, empleo, vivienda o confidencialidad. Depende de si el sistema llega o no llega.

Y, sin embargo, las mujeres rurales aparecen poco en la campaña. A veces como decorado, como símbolo de arraigo, como parte del relato amable del territorio. Rara vez como sujetas políticas con necesidades específicas. Rara vez como prioridad. Se habla mucho de luchar contra la despoblación, pero poco de las condiciones materiales que hacen que las mujeres se queden o se vayan. Se habla de emprender, pero no de conciliación corresponsable. Se habla de orgullo rural, pero no de soledad, ni de sobrecarga, ni de violencia.

Como si todo eso afeara el relato.

La violencia machista, por su parte, se diluye entre palabras suaves. Se evita nombrarla con precisión. Se la convierte en un problema privado, en una suma de casos aislados, en algo que “ya está en las leyes”. Pero quienes trabajamos en este ámbito sabemos que no basta con que exista un marco legal si no hay desarrollo, presupuesto y compromiso político. Sabemos que los retrocesos empiezan casi siempre así: primero se deja de hablar, luego se deja de priorizar y después se recorta.

No es alarmismo. Es experiencia.

No se trata de dar lecciones morales ni de señalar culpables. Se trata de rigor. La igualdad exige políticas bien diseñadas, evaluables y sostenidas en el tiempo. Exige datos rigurosos, formación especializada y coordinación institucional. Exige tomarse en serio lo que la evidencia lleva años mostrando. Y exige liderazgos políticos capaces de decir, sin rodeos, que la violencia machista existe y que combatirla es una obligación democrática.

Aragón no es una tierra ajena a la cultura ni al pensamiento crítico. Aquí sabemos que mirar hacia otro lado nunca ha sido una virtud. Goya lo dejó claro cuando dibujó los monstruos que nacen cuando la razón duerme. Y quizá de eso se trate: de no dormirnos, de no normalizar que en una campaña electoral la mitad de la población sea prácticamente invisible.

La igualdad no es un asunto sectorial ni una agenda secundaria. Es una condición básica para que todo lo demás funcione. Sin mujeres libres no hay democracia plena. Sin corresponsabilidad no hay desarrollo sostenible. Sin mujeres rurales con derechos no hay equilibrio territorial.

Decir que “nadie hablará de nosotras” no es rendirse. Es señalar el vacío. Es advertir de lo que pasa cuando la política decide que hay temas prescindibles. Las mujeres no lo somos. Tampoco nuestra seguridad, ni nuestra igualdad.

Quizá no se hable mucho de nosotras en esta campaña electoral. Pero estamos aquí

En Aragón, como en muchos territorios, la igualdad entre mujeres y hombres aparece en los discursos políticos como un principio compartido, casi como una certeza. Sin embargo, la experiencia demuestra que esa apariencia de consenso convive con profundas tensiones: no todas las mujeres que acceden al poder pueden ejercerlo plenamente, y no todos los feminismos son igualmente aceptados dentro de las estructuras institucionales. La política sigue siendo un espacio donde las reglas del poder no se reescriben con la simple presencia femenina.

El incremento de la representación femenina en los cargos públicos ha sido indiscutible en las últimas décadas, pero la cifra por sí sola no transforma las jerarquías ni garantiza autonomía. La pregunta relevante no es sólo quién ocupa los puestos, sino cómo se ejerce ese poder, bajo qué condiciones y con qué margen para cuestionar las lógicas internas. Muchas mujeres que intentan introducir una perspectiva feminista crítica enfrentan mayores resistencias que aquellas que se adaptan a los marcos existentes. La etiqueta de feminismo, cuando se reduce a una declaración de intenciones, puede ser tolerada; cuando cuestiona el sistema, encuentra obstáculos.

Las estructuras partidarias conservan dinámicas patriarcales: redes informales de influencia, decisiones en espacios opacos, valoración de disponibilidad total y escasa atención a los cuidados. Estas dinámicas no son patrimonio exclusivo de los hombres: muchas mujeres consolidadas las reproducen, a veces como estrategia de supervivencia, a veces como forma de legitimación. El resultado es un feminismo institucional que puede perder densidad transformadora y convertirse en un recurso instrumental, útil para la imagen y los pactos, pero limitado en capacidad de modificar prácticas.

Este fenómeno tiene efectos concretos: las mujeres que defienden un feminismo consistente encuentran desgaste constante, menor tolerancia a errores y presión por adaptarse. La igualdad se convierte en moneda de cambio, visible en campañas y declaraciones, pero no siempre efectiva en la vida cotidiana de los partidos. Rebajar la ambición de las políticas de igualdad por comodidad interna no sólo diluye su alcance, sino que puede reforzar estructuras que perpetúan desigualdades.

El feminismo, en este sentido, debe hacer pedagogía: explicar por qué la igualdad no es un privilegio, por qué los retrocesos no siempre llegan por ruptura sino por desgaste, y por qué la presencia femenina no garantiza por sí sola una transformación real. Las elecciones son un momento de visibilidad, pero la igualdad se mide en las condiciones que se crean para ejercer el poder de manera justa y sostenible.

El debate pendiente en Aragón no es teórico ni simbólico: es práctico. Implica revisar liderazgos, jerarquías y dinámicas internas. Significa preguntarse qué feminismos son aceptables dentro de las estructuras y cuáles incomodan, y asumir que sostener un liderazgo feminista coherente casi siempre tiene costes. Sólo a partir de esa reflexión es posible que la igualdad deje de ser un valor retórico y se transforme en un principio operativo que atraviese toda la política.

Las elecciones pasarán. Las estructuras permanecerán. Y la igualdad seguirá siendo un desafío mientras no se revise el núcleo del poder: quién decide, cómo y en qué condiciones. Ese es el verdadero debate democrático y también el que determinará si la política aragonesa está preparada para cumplir sus promesas de igualdad

A comienzos de este nuevo año, con las redes sociales marcando la conversación pública a golpe de consigna breve y de algoritmo, se hace cada vez más visible un fenómeno que no es nuevo, pero sí más ruidoso: el auge del discurso antifeminista, especialmente entre hombres jóvenes. No aparece de la nada ni es un simple “enfado generacional”. Es, más bien, un síntoma cultural que merece ser pensado con rigor, sin caricaturas ni condescendencias, pero también sin renunciar a una mirada feminista sólida y bien anclada en la historia.

El feminismo, conviene recordarlo, no surge para enfrentar a mujeres y hombres, sino para cuestionar un sistema —el patriarcado— que organiza la vida social desde la desigualdad. Sin embargo, en los últimos años, parte del discurso público ha logrado invertir el relato: algunos jóvenes varones se perciben a sí mismos como víctimas de una supuesta “hegemonía feminista” que les habría arrebatado derechos, espacios y reconocimiento. Esta idea, repetida hasta la saciedad en ciertos foros digitales, podcasts y canales de entretenimiento, funciona como un espejo deformante. Como escribió la filósofa Susan Sontag, “la interpretación puede ser una forma de venganza intelectual”; aquí, la distorsión es una forma de defensa identitaria.

Hay que preguntarse por qué este discurso encuentra hoy terreno fértil. Vivimos un tiempo de incertidumbre material y simbólica: precariedad laboral, crisis climática, dificultad de acceso a la vivienda o desdibujamiento de los relatos clásicos de éxito masculino. A muchos jóvenes se les prometió un mundo que ya no existe, y en ese vacío aparecen explicaciones simples para problemas complejos. El antifeminismo ofrece una: si te va mal, si no encajas, si te sientes desplazado, la culpa es del feminismo. No del sistema económico, no de la desigualdad estructural, no de la falta de políticas públicas, sino de las mujeres que “han ido demasiado lejos”.

Esta reacción no es nueva. Cada avance en derechos ha generado su correspondiente contraofensiva. Ocurrió tras el sufragio femenino, tras la incorporación masiva de las mujeres al trabajo asalariado y tras la llamada “segunda ola”. Simone de Beauvoir ya advertía que “todo privilegio se vive como un derecho natural, y toda pérdida de privilegio como una injusticia”. Lo que hoy vemos es, en buena medida, la incomodidad ante la pérdida de una centralidad que durante siglos no necesitó justificarse.

Sin embargo, reducir este fenómeno a una mera reacción machista sería un error. El antifeminismo contemporáneo se reviste de un lenguaje aparentemente racional, incluso victimista: habla de “igualdad real”, de “denuncias falsas” o de “discriminación inversa”. Se apoya en datos sacados de contexto y en anécdotas elevadas a categoría, mientras ignora sistemáticamente la evidencia empírica sobre violencia de género, brechas salariales o asimétrica distribución de los cuidados. Es un discurso eficaz porque conecta con emociones profundas: miedo, frustración y deseo de pertenencia. Como bien sabía Hannah Arendt, los movimientos reaccionarios no triunfan sólo por lo que dicen, sino por lo que hacen sentir.

Frente a esto, el feminismo no puede limitarse a la denuncia moral ni a la burla fácil. Necesita pedagogía, pero también escucha. Escuchar no significa conceder razón a quien niega derechos, sino comprender los malestares que se canalizan de forma equivocada. Muchos jóvenes varones crecen sin herramientas emocionales, atrapados entre un modelo de masculinidad que ya no sirve y otro que no saben cómo habitar. El antifeminismo les ofrece una identidad clara, aunque sea construida sobre el resentimiento.

Aquí el reto es enorme. El feminismo debe seguir siendo firme en la defensa de la igualdad, pero también capaz de proponer horizontes compartidos. Recordar que la emancipación de las mujeres no empobrece la vida de los hombres, sino que la amplía. Que cuestionar la violencia, la dominación o el mandato de la dureza no es “atacar la identidad masculina”, sino liberarla. Como escribió bell hooks, el feminismo es para todo el mundo porque “imagina una sociedad donde nadie tenga que dominar para existir”.

Tal vez convenga volver a la cultura, a la literatura, al cine, como espacios donde pensar estas tensiones sin la estridencia del tuit. En las novelas de Annie Ernaux, en las películas de Céline Sciamma o en los ensayos de Nuria Varela encontramos relatos que no simplifican, que muestran las contradicciones y los costes personales de los cambios sociales. La igualdad no es un camino recto ni cómodo, pero sí profundamente humano.

El auge del discurso antifeminista no es una moda pasajera, sino una llamada de atención. Nos recuerda que los avances no son irreversibles y que toda transformación social genera resistencias. La respuesta no puede ser el repliegue ni el cansancio. Necesita reflexión, memoria histórica y una apuesta decidida por un feminismo que, sin perder su raíz, sea capaz de hablar de futuro. Un futuro en el que la igualdad no se viva como una amenaza, sino como una posibilidad compartida.

Comenzamos 2026 con una conciencia clara: las agendas feministas enfrentan un contexto internacional profundamente transformado respecto al último gran punto de inflexión de los movimientos de mujeres en España, el 8 de marzo del año 2018. Entonces, la emergencia de las huelgas feministas articuló una demanda políticamente transversal: reconocimiento de los trabajos de cuidados, políticas contra las violencias machistas, ampliación de derechos sexuales y reproductivos o cuestionamiento de la precariedad laboral feminizada. Hoy, casi una década después, ese horizonte se inserta en un orden global fracturado por una multiplicidad de crisis: el resurgimiento de hiperliderazgos masculinos, tensiones geopolíticas sin precedentes desde la Guerra Fría y la evidente quiebra de modelos de bienestar social que parecían consolidados.

Hablar de feminismo en 2026 exige comprender que no se trata únicamente de “sumar más mujeres” a espacios de poder, sino de reconfigurar las estructuras mismas que sostienen las jerarquías de género. Como señaló la teórica norteamericana Nancy Fraser, la justicia no puede reducirse a la representación, sino que debe abarcar la redistribución de los recursos y la participación democrática real en la esfera pública.

En el plano internacional, asistimos a una reconfiguración del poder que tensiona las agendas feministas. La emergencia de liderazgos autoritarios y fuertemente masculinizados —que evaden la responsabilidad del cuidado colectivo y privilegian lógicas de militarización y control social— representa un retroceso palpable. No es casualidad que, en muchos de estos contextos, desde Hungría hasta EEUU, las políticas de igualdad hayan sido las primeras en ser desmanteladas: porque éstas desafían el ethos de homogeneidad y fuerza que promueven estos gobiernos.

La quiebra de los modelos de bienestar social, agravada por ciclos de austeridad y por la crisis climática, evidencia además que no hay igualdad sin una base material redistributiva. Las economistas feministas han insistido, con datos empíricos incuestionables, en que los sistemas públicos de salud, educación y cuidados universales son pilares para la justicia y la equidad. La economista Marina Durano insiste en que la igualdad no es un “lujo progresista”, sino una condición de sostenibilidad social y económica. Prescindir de esta perspectiva en 2026 sería socavar las propias bases de las agendas feministas.

Reflexionar desde Aragón o desde España en este contexto global implica entrelazar lo local y lo internacional. Las políticas públicas en materia de igualdad no pueden entenderse sólo como respuestas internas: forman parte de un entramado normativo europeo e internacional, desde el Convenio de Estambul hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La convivencia de estos marcos con tendencias regresivas en otras latitudes subraya una lección crucial: la igualdad no se conquista para ser domesticada, sino para ser defendida y ampliada.

Mirar al futuro implica confrontar tensiones: entre reconocimiento y redistribución, entre local y global, entre simbolismo y estructura. Para las agendas feministas y de igualdad en 2026, el desafío es simultáneamente conceptual y pragmático: sostener la ambición transformadora sin renunciar a las alianzas estratégicas que permitan traducir principios en políticas, y políticas en vidas mejores.

Porque, al final, la igualdad no es sólo un ideal: es un proceso continuo, histórico y compartido. Requiere de una política del cuidado que sea, a la vez, sensible y robusta; una política que entienda que la libertad sin justicia es una ilusión y que la justicia sin libertad es inalcanzable. En este nuevo escenario, plantear una agenda feminista es, ante todo, plantear una agenda para la democracia misma.

El feminismo no atraviesa el cambio de año como quien estrena calendario, sino como quien revisa una casa habitada desde hace tiempo. Hay habitaciones recién reformadas y otras donde la pintura empieza a descascarillarse. El feminismo institucional, convertido ya en política pública, marco normativo y lenguaje común, ha logrado avances incuestionables. Pero este nuevo año se abre paso con una evidencia incómoda: los logros no cancelan los conflictos, los hacen más visibles.

Una de las grietas más difíciles de mirar es la que se abre cuando el discurso de la igualdad convive con prácticas de poder que lo contradicen. Los casos de acoso sexual en el seno de las organizaciones políticas no son anomalías externas, sino síntomas de estructuras que no se transforman sólo con declaraciones de principios. Los protocolos existen, pero a menudo funcionan más como dispositivos de contención que como herramientas de justicia. Nombrar la violencia no basta si no se alteran las jerarquías que la hacen posible. Como escribió Audre Lorde, “las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo”, aunque se pinten de violeta.

Pensar estos dilemas desde Aragón obliga a aterrizar el debate. Aquí, el feminismo institucional se enfrenta a un territorio extenso, envejecido y profundamente desigual. La despoblación no es neutra: tiene rostro de mujer. Porque son ellas las que sostienen la vida cotidiana en muchos pueblos, las que cuidan sin relevo y las que enlazan trabajos precarios con responsabilidades familiares que no aparecen en ningún indicador económico. Hablar de cuidados en Aragón es hablar de demasiadas cosas: carreteras, servicios públicos y, también, soledades largas. Es reconocer que la igualdad no se juega sólo en los grandes discursos, sino en la posibilidad material de quedarse o marcharse.

El trabajo sigue siendo otro nudo central. No sólo por la persistencia de la brecha laboral y salarial, sino por la forma en que la precariedad se ha sofisticado. La promesa de la vocación, del proyecto apasionante, de la flexibilidad, ha recaído una vez más sobre los cuerpos feminizados. Muchas mujeres no están excluidas del sistema, sino atrapadas en él, gestionando tiempos imposibles. Frente a esta lógica, el feminismo tiene el reto de politizar el tiempo, de cuestionar un modelo que convierte la vida en un paréntesis entre jornadas. Walter Benjamin advertía de que el progreso sin pausa termina por arrasar con aquello que pretende mejorar.

La reacción antifeminista tampoco puede seguir tratándose como una excentricidad. Tiene relato, estructura y capacidad de seducción. En territorios donde el abandono institucional ha sido la norma, el discurso que promete orden y certezas encuentra terreno fértil. El error sería responder desde la superioridad moral. Comprender no implica ceder, pero sí asumir que ningún proyecto emancipador puede sostenerse sin vínculo social. Simone Weil lo formuló con crudeza: “No hay justicia posible si se ignora el sufrimiento concreto”.

A todo ello se suma el desafío tecnológico. Algoritmos que clasifican, plataformas que organizan el trabajo y sistemas que deciden sin rendir cuentas. Lejos de ser neutros, reproducen desigualdades antiguas con una eficacia nueva. El feminismo académico tiene aquí una responsabilidad que no puede eludir: intervenir en estos debates sin encerrarse en el lenguaje experto ni renunciar a la complejidad. Pensar el futuro sin perspectiva feminista no es sólo injusto; es intelectualmente pobre.

Y, pese a todo, hay algo profundamente fértil en este momento. El feminismo ha transformado la manera en que pensamos la vida cotidiana, el amor, la maternidad, el éxito y el fracaso. Ha ensanchado el campo de lo decible y ha dotado de palabras a experiencias que antes sólo producían silencio. Ese legado no está garantizado. Como recordaba Simone de Beauvoir, “los derechos nunca se conquistan para siempre”.

El nuevo año no exige al feminismo unanimidad ni consignas tranquilizadoras. Exige rigor, memoria y valentía para mirar las grietas sin negar la casa. Seguir avanzando sin cerrar los ojos. Porque el feminismo, incluso cuando se institucionaliza, no deja de ser una pregunta abierta. Y este año, más que respuestas cómodas, necesita el coraje de formular las preguntas correctas.

Hay años que se recuerdan por lo que ocurre y otros por lo que se repite. En Aragón, 2025 pertenece claramente a los segundos cuando se mira desde la vida de las mujeres. No ha sido un año de rupturas ni de conquistas espectaculares, sino de continuidad. Y la continuidad, cuando habla de desigualdad, tiene algo inquietante: revela hasta qué punto ciertas cosas siguen considerándose normales.

La igualdad, vista desde lejos, parece un asunto bastante ordenado. Hay leyes, planes, discursos, días señalados en el calendario. Pero cuando se baja al detalle —al tiempo, al dinero, al cansancio— el dibujo se vuelve más irregular. Las mujeres siguen teniendo peores ingresos de media y continuan asumiendo la mayor parte de los cuidados. No es una anomalía estadística, es una estructura que se reproduce con constancia.

En Aragón, las diferencias territoriales siguen marcando el mapa de la desigualdad. En las ciudades, la brecha salarial se disimula con complementos y trayectorias fragmentadas; en el medio rural, se vuelve más directa y cruda. Allí donde faltan servicios, son las mujeres quienes sostienen la vida cotidiana, muchas veces a costa de su propia autonomía. No hay épica en eso, sólo una repetición silenciosa que rara vez ocupa el centro del debate político.

Los cuidados continúan siendo el gran asunto pendiente. Se habla de conciliación como si fuera un problema de agenda personal y no una desigualdad estructural atravesada por el género. Se apela a la corresponsabilidad mientras el sistema sigue descansando, mayoritariamente, sobre el tiempo de las mujeres. El resultado es sabido: reducciones de jornada, carreras profesionales interrumpidas e ingresos más bajos, desde la vida laboral activa hasta las pensiones. Virginia Woolf escribió que para pensar hace falta una habitación propia; en 2025 muchas mujeres siguen sin disponer siquiera del tiempo necesario para imaginarla.

La violencia machista no puede separarse de este contexto. No es un fenómeno aislado, sino una expresión extrema de una desigualdad más amplia. Este año hemos vuelto a vivir una sensación persistente de desgaste. Persisten las agresiones, persisten las denuncias y persiste, también, cierta fatiga social que se cuela en el lenguaje, en el tono y en la manera de relativizar. Como si nombrar la violencia contra las mujeres resultara ya incómodo. Como si insistir fuera exagerar, en un contexto de negacionismo y banalización que apuntala la impunidad y refuerza las estructuras que hacen posible la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, y la violencia que legitima.

Y, sin embargo, el año no ha sido sólo repetición. También ha habido movimientos casi imperceptibles. Mujeres jóvenes que no aceptan determinados pactos, aunque todavía no sepan cómo romperlos. Hombres que empiezan a asumir cuidados sin convertirlo en un gesto heroico. Profesionales que empujan cambios pequeños desde dentro de instituciones lentas. No son titulares, pero son desplazamientos.

El feminismo aragonés ha seguido ahí, menos visible quizá, pero constante. Más atento a sostener que a brillar. En un contexto de mayor ruido y polarización, esa perseverancia tiene algo de resistencia tranquila. No promete finales felices, pero evita el retroceso. Y eso, en determinados momentos históricos, no sólo no es poco, sino que es imprescindible.

Cerrar 2025 desde la igualdad no consiste en celebrar ni en lamentarse, sino en mirar con honestidad. Reconocer que sabemos lo que ocurre y que no es nuevo. Que la desigualdad no se mantiene por falta de diagnóstico, sino por falta de voluntad para alterar lo que resulta cómodo. Y que la vida de las mujeres sigue siendo un buen termómetro democrático. Si se mira con atención, el año queda bastante claro.

Cuando los casos de acoso sexual emergen en organizaciones políticas, la reacción inmediata suele ser defensiva. No siempre explícita, pero sí reconocible: se mide el impacto, se calcula el daño y se intenta encajar el relato. Sin embargo, lo verdaderamente relevante no es que estos casos aparezcan, sino cómo se gestionan. Porque la violencia machista no irrumpe de manera imprevisible; se manifiesta allí donde existen relaciones de poder desiguales, dependencia, en este caso política, jerarquías informales y culturas organizativas que no han sido revisadas con profundidad.

Los partidos políticos forman parte de la sociedad. No están al margen de sus contradicciones ni de sus violencias. Pensarlos como espacios inmunes no sólo es ingenuo, sino peligroso, porque desplaza el foco del análisis y dificulta la adopción de medidas eficaces. La cuestión no es quién queda señalado, sino si las estructuras internas están preparadas para responder con rigor, justicia y cuidado cuando una situación de acoso se produce.

En ese punto, la ruptura del silencio es importante, pero no como un gesto heroico ni como una consigna moral. Hablar suele ser el último paso de un proceso largo y desgastante, marcado por la duda, el temor a las consecuencias y la conciencia de que lo que se diga no afectará sólo a quien habla. Por eso, cuando una denuncia se formula, la responsabilidad no recae en quien la expresa, sino en el marco que la recibe.

Acompañar es una de las tareas más complejas y menos comprendidas. No se trata de gestos simbólicos ni de apoyos retóricos, sino de una práctica concreta que exige formación, criterios claros y una ética del cuidado sostenida en el tiempo. Acompañar implica reconocer el impacto de la violencia sexual, respetar los ritmos, ofrecer información comprensible y garantizar que la persona afectada no quede aislada ni instrumentalizada. Supone, también, entender que el acompañamiento no puede depender de afinidades personales ni de equilibrios internos, porque eso reproduce exactamente las dinámicas que se pretende erradicar.

Los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo son una pieza central de este entramado. Pero no basta con que existan. Deben cumplir estándares exigentes de transparencia y calidad democrática. Han de ser públicos, accesibles, fácilmente localizables y redactados en un lenguaje que no excluya. Cualquier persona debe poder conocerlos sin intermediación y sin necesidad de pertenecer a determinados círculos ni de activar relaciones informales. La opacidad, en este ámbito, no protege; genera desconfianza y refuerza el silencio.

Igualmente, esenciales son los canales de denuncia. Claros, múltiples y accesibles. Canales que no obliguen a atravesar jerarquías ni a exponerse ante personas con vínculos políticos directos. Que garanticen confidencialidad y ausencia de represalias como principio operativo, no como declaración de intenciones. La experiencia acumulada demuestra que cuando los itinerarios son confusos o percibidos como inseguros, las denuncias no desaparecen: se enquistan.

Hay un elemento del que se habla poco y que resulta determinante: quién gestiona estos procesos. No es suficiente con un compromiso genérico con la igualdad ni con una trayectoria política coherente. La intervención en casos de violencia machista requiere formación específica, conocimiento técnico, comprensión de los impactos psicosociales del acoso y capacidad para evitar la revictimización. La falta de formación no es neutral. Produce errores, sesgos y decisiones que agravan el daño.

Se han hecho muchas cosas mal. Activaciones tardías, respuestas improvisadas, procedimientos poco claros, prioridad del control del daño reputacional sobre la protección efectiva. Reconocerlo no debilita a las organizaciones; lo contrario sí. Pero el aprendizaje sólo es posible si se abandona la lógica defensiva y se apuesta por una revisión honesta y profunda de las estructuras internas.

Utilizar estos casos como arma partidista es una forma más de vaciar de sentido el compromiso con la erradicación de la violencia machista. Reduce una cuestión compleja a una disputa binaria y envía un mensaje disuasorio a quienes podrían hablar. La violencia machista no es patrimonio de nadie ni puede abordarse desde el cálculo político. Exige sensatez, rigor y una voluntad real de cambio.

Este momento ofrece una oportunidad. No para proclamar ejemplaridades, sino para demostrar coherencia. Para invertir en formación, revisar protocolos, fortalecer canales, profesionalizar equipos y asumir que la igualdad no es un discurso, sino una práctica exigente que atraviesa la vida interna de las organizaciones.

Porque el silencio, como advirtió Audre Lorde, nunca ha sido un lugar seguro. Y porque sólo cuando se construyen estructuras que no lo necesiten, es posible hablar de un compromiso real con la democracia, la igualdad, la dignidad y la justicia.