Hay imágenes que deberían interpelarnos más allá de cualquier debate político. Una niña que llega sola a la frontera sur de Europa es una de ellas.

Antes de preguntarnos de dónde viene, cuánto tiempo permanecerá aquí o qué Administración debe hacerse cargo de ella, deberíamos formular una pregunta mucho más sencilla: ¿qué necesita esta niña para estar a salvo?

Lo ocurrido este verano en Ceuta nos obliga a mirar de frente una realidad que no puede reducirse a la gestión de los flujos migratorios. Cuando hablamos de niñas hablamos de infancia, de derechos fundamentales y de protección frente a la violencia. Pero hablamos también de género.

La experiencia migratoria no es neutra. Ser niña, estar sola, carecer de referentes familiares y encontrarse en situación de vulnerabilidad puede incrementar el riesgo de sufrir violencia sexual, trata, explotación, desaparición u otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Aplicar una perspectiva de género no es una opción ideológica cuando hablamos de protección de la infancia. Es una exigencia jurídica.

Los hechos conocidos en Ceuta son especialmente graves. Varias menores migrantes no acompañadas han denunciado agresiones sexuales tras su llegada a la ciudad y los órganos judiciales investigan algunos de estos hechos. Detrás de estas cifras hay niñas con nombre, historia y derechos.

Y hay algo que no deberíamos olvidar: una niña no deja de ser niña porque haya cruzado una frontera de manera irregular.

El Derecho tampoco puede desaparecer en la frontera.

La respuesta del Estado ante una situación migratoria extraordinaria debe estar sometida a la Constitución, a los tratados internacionales de derechos humanos y a la normativa de protección de la infancia. El interés superior del menor no es una declaración retórica. Es un principio jurídico que debe orientar cualquier decisión que afecte a una niña o a un niño.

Una menor no puede ser tratada como una cifra, un expediente administrativo o un problema de gestión. Es sujeto de derechos.

Y esa condición obliga a las instituciones: a identificarla, escucharla, conocer sus circunstancias, detectar posibles situaciones de trata o explotación y garantizar asistencia jurídica, sanitaria y psicológica adecuada.

Porque existe una diferencia esencial entre acoger a una niña y protegerla.

La protección no consiste únicamente en disponer de una plaza. Consiste en garantizar que sea un espacio seguro, adecuado a sus necesidades y capaz de responder a los riesgos específicos derivados de su condición de niña.

Canarias tampoco es ajena a esta realidad.

Las investigaciones conocidas recientemente sobre redes relacionadas con menores migrantes, junto con las situaciones de riesgo y desapariciones que afectan a niñas acogidas en recursos de protección, deberían obligarnos a revisar nuestra idea de lo que significa estar a salvo.

Llegar a tierra firme no significa necesariamente haber llegado a un lugar seguro.

Las redes de trata no siempre necesitan cadenas ni violencia visible. También utilizan la soledad, el miedo, el engaño, la dependencia o la promesa de una vida mejor. Una niña que no tiene dónde dormir, a quién acudir o quién la proteja puede convertirse en un objetivo especialmente vulnerable.

Por eso, la mejor política contra la trata comienza antes de que aparezca la explotación: comienza con la protección.

Y proteger exige profesionales formados, protocolos eficaces, coordinación entre Administraciones y capacidad para detectar tempranamente indicios de violencia, trata y explotación sexual.

También exige comprender que el silencio puede ser una forma de supervivencia.

Una niña que ha sufrido una agresión puede no denunciar inmediatamente. Puede sentir miedo, vergüenza o desconfianza. Puede no conocer sus derechos o incluso proteger a quien la está dañando. Por eso, la ausencia de una denuncia inmediata no puede confundirse con la ausencia de violencia.

La justicia con perspectiva de género exige comprender estos mecanismos y evitar que los estereotipos sobre cómo debe comportarse una víctima condicionen su protección.

En este sentido, la respuesta judicial frente a los casos investigados en Ceuta demuestra también que la protección de las víctimas y la investigación de los delitos deben avanzar juntas. Las medidas dirigidas a evitar la revictimización de las menores son esenciales para garantizar una justicia verdaderamente protectora.

Pero tampoco podemos abordar estos hechos desde una lógica de criminalización colectiva.

Quien comete una agresión sexual debe responder ante la justicia. Quien trata o explota a una menor debe responder ante la justicia. Y una niña migrante, cualquiera que sea su nacionalidad o situación administrativa, debe ser protegida por el Estado.

Una cosa no excluye la otra.

Las fronteras son necesarias para cualquier Estado, pero tienen límites jurídicos. El Estado puede controlar sus fronteras; no puede suspender los derechos fundamentales de quienes se encuentran bajo su jurisdicción.

Y cuando quienes llegan son niñas solas, la obligación de protección se intensifica.

Quizá este sea el verdadero debate que deberíamos mantener. No si debemos elegir entre seguridad y humanidad, sino qué entendemos realmente por seguridad.

Una sociedad segura no es aquella en la que una niña consigue atravesar una frontera y después queda expuesta a nuevos riesgos.

Una sociedad segura es aquella en la que puede dormir protegida, recibir asistencia jurídica, acceder a atención sanitaria y psicológica, ser escuchada y contar con profesionales capaces de detectar si detrás de su silencio existe una historia de violencia o explotación.

Una sociedad segura es aquella en la que las instituciones llegan antes que las redes; la protección antes que la explotación y la prevención antes que el daño.

Ceuta y Canarias nos están colocando ante una obligación que no podemos eludir.

No basta con gestionar llegadas. Hay que proteger personas.

No basta con contabilizar menores. Hay que escuchar niñas.

No basta con abrir recursos. Hay que garantizar espacios seguros.

Y no basta con proclamar derechos. Hay que hacerlos efectivos.

Cuando una niña llega sola a nuestras fronteras, la pregunta no debería ser únicamente qué hacemos con ella. La pregunta debería ser qué estamos obligados a hacer por ella.

La respuesta está en el Derecho, en la protección de la infancia, en la igualdad y en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Una niña no tiene que demostrar que merece ser protegida.

Es el Estado quien tiene que demostrar que sabe protegerla.

Porque la frontera no termina cuando una persona pisa tierra firme. La verdadera prueba comienza después: cuando tenemos delante a una niña vulnerable y debemos decidir si nuestras instituciones serán capaces de verla, escucharla y protegerla.

Ser niña en la frontera sur no debería significar estar más cerca de la explotación que de la protección.

Protegerlas no es caridad. No es una opción política.

Es una obligación jurídica. Y también una obligación humana.

Hay leyes que modifican impuestos, otras que crean ayudas públicas y otras que pasan prácticamente desapercibidas. Pero existen normas cuyo verdadero alcance no está tanto en lo que regulan como en la forma en que empiezan a nombrar la realidad. Y en Derecho, las palabras importan.

La reciente ley aprobada por la Comunidad de Madrid, que reconoce al concebido no nacido como integrante de la unidad familiar para acceder a determinadas prestaciones administrativas, ha sido presentada como una medida para fomentar la natalidad y apoyar a las familias. Sin embargo, el verdadero debate no está en la ayuda económica, sino en el significado jurídico y político de ese reconocimiento.

Conviene empezar por una precisión imprescindible. La Comunidad de Madrid no puede modificar la legislación estatal sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco esta ley convierte al concebido en sujeto de derechos fundamentales ni altera la doctrina del Tribunal Constitucional.

Entonces, ¿por qué ha generado tanta controversia?

Porque el Derecho no cambia únicamente cuando se aprueban grandes reformas. Muchas veces cambia antes, cuando modifica las categorías con las que interpreta la realidad.

Hasta ahora, el ordenamiento jurídico español había mantenido un equilibrio delicado. El Tribunal Constitucional ha reconocido que el nasciturus merece protección como bien jurídico, pero también ha dejado claro que esa protección no puede situarse por encima de los derechos fundamentales de la mujer gestante. Ese equilibrio ha permitido compatibilizar la protección de la vida prenatal con la dignidad, la libertad, la integridad física y moral y la autonomía de las mujeres.

La ley madrileña no rompe formalmente ese marco. Pero introduce una novedad significativa: por primera vez incorpora al concebido como integrante de la unidad familiar para determinados efectos administrativos.

Puede parecer un cambio menor. Jurídicamente no lo es.

Las normas no solo crean derechos y obligaciones. También construyen significados. Deciden quién aparece en el centro de la protección jurídica y cuáles son los intereses que el Estado considera prioritarios.

Ese componente simbólico del Derecho suele pasar desapercibido, pero tiene consecuencias. Porque cuando una categoría entra en el lenguaje jurídico, deja de ser únicamente una idea política para convertirse en un concepto susceptible de producir efectos en futuras interpretaciones legislativas y judiciales.

Desde la perspectiva de género, esta cuestión adquiere una especial relevancia.

El embarazo no es una realidad abstracta. Tiene lugar en el cuerpo de una mujer y afecta directamente a su salud, a su autonomía y a su proyecto de vida. Por eso, cualquier modificación del tratamiento jurídico del embarazo debe analizarse preguntando cómo afecta a la posición de la mujer como titular de derechos fundamentales.

La ley no establece que los derechos del concebido prevalezcan sobre los de la mujer. Tampoco modifica el régimen legal del aborto. Pero desplaza el foco del discurso jurídico.

Hasta ahora, la protección jurídica del embarazo se articulaba principalmente desde la situación de la mujer gestante. Con esta norma aparece un nuevo sujeto relevante para la actuación administrativa.

Ese desplazamiento es, precisamente, el centro del debate.

No se trata únicamente de una cuestión técnica. Se trata de cómo el Derecho define a los sujetos que protege y de qué manera esa definición puede influir en el futuro.

La historia constitucional demuestra que los grandes cambios rara vez llegan de golpe. Primero cambian los conceptos. Después evolucionan las interpretaciones. Finalmente se transforman las normas.

Eso no significa que esta ley vaya a provocar necesariamente una modificación del modelo constitucional vigente. Afirmarlo sería una conclusión precipitada. Pero tampoco puede ignorarse el contexto político en el que se produce.

En distintas democracias occidentales se observa una tendencia a reforzar jurídicamente la protección del concebido mientras se cuestionan políticas de igualdad y derechos sexuales y reproductivos. España no es ajena a ese debate.

Por eso, reducir esta ley a una simple medida administrativa supone perder de vista la cuestión de fondo.

La democracia constitucional no consiste únicamente en que las mayorías aprueben leyes. También exige preservar un marco estable de protección de los derechos fundamentales para que ninguna alternancia política pueda vaciar de contenido las libertades conquistadas.

La pregunta relevante, por tanto, no es si esta norma permitirá acceder antes a una ayuda pública. La verdadera cuestión es qué idea de ciudadanía y qué concepción de la maternidad está proyectando el legislador.

Cuando el Derecho comienza a reconocer nuevas categorías jurídicas alrededor del embarazo, resulta legítimo preguntarse si ese reconocimiento fortalece los derechos de las mujeres o desplaza progresivamente el centro de la protección hacia otros intereses.

Ese es el debate que merece una democracia madura.

Porque las leyes nunca hablan solo del presente. También dibujan el futuro hacia el que una sociedad decide avanzar.

Y, como ha defendido Celia Amorós, el feminismo es, ante todo, un proyecto de emancipación que reclama el reconocimiento de las mujeres como sujeto político pleno. Quizá esa sea la verdadera pregunta que plantea esta ley: quién ocupa el centro del reconocimiento jurídico y desde qué idea de ciudadanía se construyen nuestros derechos.

La socióloga y teórica feminista Rosa Cobo ha reflexionado en un análisis reciente sobre la evolución histórica del feminismo y los desafíos actuales que enfrenta en el contexto de la cuarta ola. En un escenario global marcado por la creciente influencia de la ultraderecha, advierte sobre las amenazas que estos movimientos representan para los derechos de las mujeres y las niñas en la lucha contra la violencia de género“.

Estos movimientos, liderados por figuras como Donald Trump en Estados Unidos, amenaza con desmantelar años de progreso en justicia social, derechos humanos y protección del bienestar. Estos movimientos ultraconservadores y populistas en nombre de la “libertad de expresión” y la “soberanía nacional” han orquestado campañas para debilitar las políticas de igualdad de género y desmantelar los marcos legales que buscan proteger a las mujeres contra la violencia y la discriminación. Ya en su mandato anterior, Donald Trump suprimió medidas destinadas a combatir la discriminación laboral, la brecha salarial, el acoso sexual en el trabajo y el abuso sexual en la escuela y la universidad, así como el derecho al aborto. La defensa de los derechos de las mujeres se enfrenta a una ofensiva que amenaza con erosionar las bases mismas de la democracia, de las instituciones de derechos humanos y los logros de los movimientos sociales.

La sombra del retroceso en derechos

El feminismo, en su historia de resistencia, transformación y emancipación, ha pasado por diversas etapas históricas, cada una de ellas enfrentando desafíos específicos:  

Con la primera Ola en el  siglo XIX y principios del XX, donde la lucha en superar los obstáculos de iure, los derechos civiles y políticos, como el voto y la participación de las mujeres en la vida pública, los derechos de propiedad… marco el comienzo de una nueva etapa para las mujeres.  En una segunda Ola, desde los años 60 hasta finales de los 80, centrada en la desigualdad no-oficial, de facto, donde se aborda la igualdad de género en el ámbito laboral, la autonomía sexual y reproductiva, derecho al aborto y la denuncia de la violencia género. Y es en la tercera Ola, décadas de 1990 a 2000, en pleno nuevo orden mundial neoliberal y conservador, surge el feminismo posmoderno, que camina hacia un feminismo del punto medio, nueva teoría ecofeminista, ciberfeminismos y la eoría queer, una filosofía de la sospecha, desde donde se incorpora una perspectiva interseccional, sumando a la lucha feminista la denuncia de otras opresiones como el racismo, la homofobia y la discriminación económica. Desde 2010 hasta nuestros días, nos encontramos en la cuarta ola, caracterizándose por su alcance global y digital, dando voz a mujeres de todo el mundo a través de movimientos como #MeToo y Ni una Menos. Esta ola ha intensificado la lucha contra la violencia de género, y con mayor claridad, la violencia sexual, mientras que aboga por una justicia social inclusiva.

Es en este momento donde los desafíos y retrocesos político hacen que esta cuarta ola de avances feministas se enfrente a un panorama complejo, en la retórica de líderes de ultraderecha que ha buscado sistemáticamente socavar la agenda de derechos de las mujeres. Para muchos de estos líderes, el feminismo, la justicia social y las políticas de inclusión han sido señalados como enemigos del “orden tradicional” o de una identidad nacional conservadora. No es coincidencia que uno de los primeros puntos de su agenda sea revertir las políticas de igualdad. Estos líderes han apoyado medidas que limitan el acceso a servicios esenciales para las mujeres, como la salud reproductiva, y han intentado, en numerosos casos, reducir los fondos destinados a la prevención de la violencia de género y desmantelar servicios de atención y reparación a mujeres víctimas de esta lacra.

Desmantelamiento del Estado de bienestar: El impacto en las mujeres

El impacto de estas políticas va más allá de la esfera individual y afecta a los cimientos de las sociedades democráticas. El Estado de bienestar, que brinda redes de seguridad y servicios básicos como salud, educación y vivienda, se encuentra bajo ataque por estos movimientos. La reducción de programas sociales y el desmantelamiento de estructuras de apoyo afectan particularmente a las mujeres, quienes históricamente han dependido más de estas redes por su posición de desventaja en el mercado laboral y la carga de trabajo no remunerado que soportan, totalmente cuantificada en el PIB de los países, en el apartado “cuentas satélites”. La contabilidad satélite es en esencia un esquema analítico-funcional que permite estructurar mediciones físicas y monetarias de entidades específicas con carácter social, económico o ambiental, vinculadas a procesos que resultan de fundamental relevancia para el bienestar y el desarrollo de los sectores institucionales de un país: instituciones sin fines de lucro, y el sector de los hogares.

Los recortes en programas sociales también tienen un impacto directo en la capacidad de muchas mujeres para escapar de situaciones de violencia.  Los servicios de apoyo a las víctimas, y las líneas de ayuda, son esenciales en la lucha contra la violencia de género. Al debilitar estos programas, los gobiernos de ultraderecha están limitando gravemente las opciones de las mujeres que buscan protegerse y reconstruir sus vidas lejos de sus agresores.

La instrumentalización de las mujeres en políticas ultraliberales, que priorizan los intereses del mercado, podría exacerbar la explotación y precarización laboral en sectores donde ellas ya enfrentan mayores desventajas.

El peligro para la democracia y la justicia social

La lucha contra la violencia de género es también una lucha por la democracia. La igualdad y el respeto a los derechos humanos son pilares fundamentales de las sociedades democráticas, y su debilitamiento supone una amenaza para todos los ciudadanos. La violencia de género y el menosprecio por las políticas de igualdad reflejan una visión del mundo que legitima la discriminación y el autoritarismo, y que busca eliminar cualquier resistencia al poder de los líderes autoritarios.

Este 25 de noviembre se llevará a cabo en un contexto en el que millones de mujeres alrededor del mundo se ven no solo en riesgo de violencia, sino de una marginación y vulnerabilidad profundizadas por estas políticas. Las acciones de gobiernos ultraconservadores amenazan con borrar décadas de lucha y conquistas en favor de los derechos de las mujeres. En este sentido, el llamado a la movilización social es urgente. Organizaciones, activistas y ciudadanos en general tienen la responsabilidad de hacer valer la importancia de la igualdad, la justicia y la protección de los derechos humanos.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres no puede quedarse en una conmemoración simbólica. La creciente influencia de las políticas regresivas plantea el reto de defender los logros alcanzados y seguir trabajando en favor de un futuro en el que la igualdad de género sea una realidad. Este 25 de noviembre, el mundo debe hacer un llamado colectivo para recordar que los derechos humanos son innegociables y que cualquier intento de socavarlos constituye una amenaza para la democracia y la dignidad humana.

La violencia contra las mujeres es, en última instancia, una manifestación del deseo de dominación y control. Las políticas neoliberales no solo atacan a las mujeres, sino también a la base misma de sociedades democráticas y justas.

La resistencia activa y el compromiso social son las únicas armas para asegurar que este 25 de noviembre sea una oportunidad para reafirmar un compromiso global en defensa de la vida y la dignidad de las mujeres. No es un “asunto de mujeres”, sino un compromiso común de la humanidad por su propio futuro. 

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