Cinco años después de la pandemia que paralizó al mundo, seguimos enfrentando eventos extremos e impredecibles que obligan a los gobiernos a replantear sus prioridades y a los organismos internacionales a revisar sus proyecciones macroeconómicas. En abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus previsiones, rebajando las expectativas de crecimiento económico global debido al aumento de las tensiones comerciales y las tasas arancelarias. Sin embargo, destacó una revisión al alza de las expectativas para España, impulsada por unos resultados mejores de lo esperado en 2024. Asimismo, se revisaron las perspectivas fiscales, previendo un incremento de la deuda pública global en un contexto de elevada incertidumbre. En su Monitor Fiscal de abril 2025, el FMI recomendó un ajuste fiscal gradual y sostenido a medio plazo para equilibrar las finanzas públicas.

Los datos publicados por el FMI permiten analizar la evolución de las finanzas públicas en España y sus proyecciones hasta 2030, y compararla con las economías más avanzadas. Antes de profundizar en los datos, es conveniente entender dos conceptos fundamentales: el déficit y la deuda.

Se habla de déficit público cuando el gobierno gasta más de lo que se ingresa en un año; por el contrario, si ingresa más de lo que gasta, se obtiene superávit. Al igual que ocurre con la mayoría de las magnitudes macroeconómicas, para facilitar comparaciones en el tiempo y entre países, este balance se expresa habitualmente como un porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB).

Como ejemplo, en 2020, un año marcado por la pandemia, el déficit global fue del 9,5 % del PIB mundial. En ese año, ninguna de las grandes economías alcanzó un superávit. Alemania, que había registrado un superávit del 1,3 % en 2019, pasó a un déficit del 4,4 % en 2020. España, que ya registraba un déficit del 3 % antes de la pandemia, alcanzó el 10 %, una cifra similar a la de Italia, y superada por países como Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos.

Desde 2020, hemos vivido situaciones excepcionales que han obligado a los gobiernos a hacer frente a gastos extraordinarios y a proporcionar ayudas para que ciudadanos y empresas pudieran enfrentar las crisis. Por ello, es conveniente realizar un análisis a más largo plazo. Según el FMI, entre 1995 y 2024, Canadá logró superávit en casi la mitad de los años, Alemania en 8, mientras que España y el Reino Unido lo consiguieron en 3 años (España entre 2005 y 2007 bajo el gobierno de Zapatero y el Reino Unido entre 1999 y 2001 durante el gobierno de Tony Blair). Francia, Italia, Estados Unidos y Japón registraron déficit durante estas tres décadas.

Para cubrir el déficit, los gobiernos emiten bonos o títulos que representan una obligación de pago futuro, generalmente acompañada del pago de intereses. Esto les permiten financiar los gastos que no pueden ser cubiertos con los ingresos ordinarios.

El déficit acumulado a lo largo de los años genera deuda pública. Es decir, el déficit de un año es un flujo, que resulta de la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos, mientras que la deuda es un stock, que refleja el endeudamiento acumulado de años anteriores.

¿Cuál es la situación actual de España con respecto a la deuda pública? A finales de 2024, la deuda pública de España se situó en el 101,8 % del PIB, tal como se muestra en la tabla. Esto significa que el total de la deuda acumulada por el sector público español supera la producción anual del país. Aunque nuestra deuda pública es elevada, representa una mejora con respecto al año anterior de 3,2 puntos porcentuales y está por debajo de la media de las economías avanzadas, que alcanza el 108,5 %. Además, está por debajo de la deuda de países como Canadá, Francia, Italia y Estados Unidos, y representa menos de la mitad de la deuda de Japón en términos porcentuales respecto al PIB.

Deuda pública como porcentaje del PIB:

 Fuente: FMI, Monitor Fiscal, abril 2025.

A la luz de estos datos, y aunque el FMI recomienda a España “ampliar la base impositiva eliminando exenciones y mejorar la eficiencia del gasto fiscal”, nuestra situación sigue siendo sostenible en comparación con otros países desarrollados. Entre los ocho países avanzados comparados, España es el único para el que se prevé en 2030 una ratio de deuda inferior a la registrada antes de la pandemia, situándose en el 93 % del PIB. De cara a 2030, esto nos coloca en línea con la media de la eurozona y 20 puntos porcentuales por debajo de la media de las economías avanzadas. Además, cabe destacar que gran parte del ajuste fiscal ya se ha realizado: entre 2020 y 2024 la deuda se ha reducido en 17 puntos del PIB, es decir, una media de 4 puntos anuales, proyectándose una disminución adicional más moderada, de 1,5 puntos anuales en promedio entre 2024 y 2030.

Además, el esfuerzo fiscal depende también de la evolución del PIB. Un mayor crecimiento del PIB permite aumentar el déficit y la deuda en términos nominales sin empeorar estas ratios. En este sentido, el sólido crecimiento de la economía española desde 2021 proporciona cierto margen fiscal.

Es fundamental ordenar las finanzas públicas de manera justa y eficiente, teniendo en cuenta que aún existe margen para incrementar la recaudación, ya que la presión fiscal en España aún se sitúa por debajo de la media europea. No obstante, el actual contexto de incertidumbre exige prudencia, pues la deuda podría incrementarse si surgen nuevas necesidades de gasto, aumentan los costes de financiación o se produce un deterioro económico que exija mayores ayudas a empresas y ciudadanos.

“La prueba de nuestro progreso no es que aquellos que tienen mucho tengan más, sino que quienes tienen poco tengan más” (Franklin D. Roosevelt).

Franklin D. Roosevelt ganó cuatro elecciones presidenciales consecutivas en los Estados Unidos. En su primera legislatura, después de la Gran Depresión, puso en marcha un ambicioso programa, el New Deal, cuyo objetivo era reducir la desigualdad y mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Inspirado en el economista británico John Maynard Keynes, las políticas del New Deal no solo ayudaron a superar la depresión, sino que también sentaron las bases para un Estado de Bienestar que priorizaba el progreso económico y el bienestar social. 

En Europa, los programas de protección social ya habían surgido en la Alemania de Bismarck a finales del siglo XIX. Tras la II Guerra Mundial, el modelo de Estado de Bienestar europeo moderno se extendió, ofreciendo prestaciones universales para proteger contra la pobreza y garantizar el acceso universal a la sanidad y la educación. Estas prestaciones solo pueden ser universales si son prestadas por el Estado, pues el bienestar de las personas no depende únicamente de sus esfuerzos individuales, sino también de las políticas públicas. 

A partir de los años ochenta, el auge del neoliberalismo llevó a reducir el tamaño del Estado, bajando impuestos y desmantelando el Estado de Bienestar, lo que provocó un aumento de las desigualdades sociales. Durante la crisis de la COVID, como en todas las grandes crisis, se pusieron al descubierto las fortalezas y debilidades de las sociedades. Ante la necesidad de crear un escudo social para mitigar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia, todos eran keynesianos. 

Una vez superada la pandemia, ¿persistirá esta expansión del Estado de Bienestar? ¿Olvidaremos tan rápido que, en tiempos de crisis, sólo el Estado tiene la capacidad de movilizar recursos para proteger a la población del impacto social y económico?

En España en 2023, según Eurostat, el gasto social representó el 25% del PIB, lo que equivale a 7.735 euros por habitante. Aunque son cifras significativas, es importante destacar que no se alcanza la media de la Unión Europea (UE), que es de 10.222 euros por habitante, equivalente al 26,8 % del PIB. 

Si no llegamos a la media de la UE en gasto social, quizás se deba, en parte, a que el sector público no recauda lo suficiente. Como comenté en un artículo anterior, España se encuentra por debajo de la media de la UE en términos de presión fiscal; es difícil ver el infierno fiscal del que algunos hablan. Para comprender mejor nuestra situación, resulta útil observar nuestra posición en el ranking de los países de la UE según recaudación fiscal y gasto social, ambos como porcentaje del PIB. España ocupa el puesto 12 en recaudación y el puesto 10 en gasto social. Los nueve países con mayor gasto social también son, curiosamente, los que recaudan más impuestos. Por otra parte, dos países que recaudan más impuestos que España, Grecia y Luxemburgo destinan, proporcionalmente, menos recursos a gasto social. Esto sugiere que la posición de España en cuanto a gasto social es algo más favorable que en lo que respecta a la recaudación fiscal. 

Veamos brevemente cómo ha evolucionado el gasto social en España en los últimos años, en particular desde la crisis financiera de 2009. En los nueve años posteriores a la crisis, el gasto social por habitante se mantuvo estable o disminuyó, con un aumento total de 386 euros por habitante, lo que equivale a una subida anual de apenas 43 euros. Durante este período, la brecha del gasto social en porcentaje del PIB con respecto a la media de la UE aumentó, alcanzando casi cuatro puntos porcentuales en 2016 y 2017. 

A partir de 2018, la tendencia cambió, y en 2019 el gasto social aumentó en 305 euros por habitante, igualando en un año la suma de siete de los años previos. En 2020, con la pandemia, España fue el país de la UE que aumentó más su gasto social en términos de PIB, con 724 euros más por habitante, de los cuales 200 fueron destinados a salud y 400 a desempleo. En ese año, España ocupó el puesto 8 en gasto social, superando a Suecia y los Países Bajos, y redujo la brecha con la media de la UE a sólo siete décimas del PIB. 

En los dos años posteriores a la pandemia se registraron aumentos de gasto social más modestos, 133 y 183 euros por habitante. Debido al buen comportamiento del mercado de trabajo, el gasto en desempleo cayó a casi la mitad y, como resultado, los demás gastos sociales aumentaron 317 y 364 euros por habitante en esos dos años, igualando prácticamente el aumento en gasto social por habitante de todo el período 2009-2018.  

En 2023 se observó el mayor aumento en gasto social en 14 años, sin considerar el excepcional año 2020, con 427 euros más por habitante. No obstante, la brecha con la media de la UE aumentó entre 2020 y 2023, alcanzando casi 2 puntos porcentuales, y España volvió a situarse en el décimo puesto.

No es cierto, como afirma Feijóo, que el gobierno sea caro e inútil: no estamos ante un infierno fiscal y el dinero se ha destinado en gran medida a lo que era necesario, gasto social. Es importante reconocer el esfuerzo económico realizado durante la pandemia y reflexionar sobre cómo se habría manejado esta crisis con un tándem Feijóo/Abascal al mando. 

Cuando se cumplen cinco años de la pandemia, no debemos olvidar que el Estado de Bienestar es un derecho, no una limosna. Es crucial disponer de un Estado social sólido y bien financiado, y no dejarnos seducir por promesas de bajadas de impuestos (para que aquellos que tienen mucho, tengan más) y recortes de gastos públicos (que perjudican a la mayoría de la población, no solo a quienes tienen poco). Al igual que en las grandes crisis del siglo XX, el Estado de Bienestar nos ayudó a superar la crisis de la COVID, y será lo que nos ayude en la siguiente crisis, que tarde o temprano, llegará. 

En su informe “Women, Business, and the Law, 2024” (WBL), el Banco Mundial alertó sobre la brecha de género a nivel global, más amplia de lo esperado, tras analizar indicadores de 190 países. A pesar de los avances significativos en las últimas décadas, en el año 2024 las mujeres disfrutaban de menos de dos tercios de los derechos disponibles para los hombres. La brecha de género es aún mayor en la práctica y por ello se evalúa también la brecha entre las reformas legales y su implementación. España destaca como uno de los 14 países que alcanzan un 100 % de igualdad de género ante la ley y se encuentra entre los diez primeros en cuanto a la implementación de medidas para hacer cumplir las leyes de igualdad de oportunidades. 

Otro informe, el “Global Gender Gap, 2024” publicado por el Foro Económico Mundial (WEF), advierte de que, al actual ritmo de progreso, se necesitarían cinco generaciones para lograr la plena igualdad de género, lo que nos llevaría hasta el año 2.158. España ocupa el décimo puesto entre 146 países evaluados. 

Ambos informes abordan la situación de las mujeres en la mayoría de los países del mundo y, aunque reflejan un panorama más negativo en los países en desarrollo, arrojan resultados sorprendentes en países teóricamente más avanzados, como Italia, que no alcanza un 100 % de igualdad ante la ley, obteniendo la misma puntuación que Togo en el indicador WBL y situándose en el puesto 87 en el Global Gender Gap del WEF.

Para analizar la posición de España en Europa en términos de igualdad de género, se utilizan datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) que abarcan más de una década. La situación de los países de la Unión Europea (UE) se evalúa mediante 31 indicadores distribuidos en seis ámbitos: trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud y se resume en un índice que toma valores de 1 a 100, donde 100 indica igualdad plena. 

Según el último índice publicado por EIGE, basado en datos del año 2022, la UE obtiene una media de 71 puntos, con Suecia en la mejor posición con 82 puntos y Rumanía en la posición más baja con 57,5 puntos. España se sitúa por encima de la media europea, con 76,7 puntos. Desde 2010, la media de la UE ha avanzado 7,9 puntos, mientras que España ha mejorado 10,4 puntos, pasando de la séptima posición entre 2010 y 2018 a la cuarta desde 2021, solo por detrás de Suecia, Dinamarca y los Países Bajos. Aunque España ha mejorado notablemente en la última década, es importante examinar los detalles para comprender en qué áreas lidera la igualdad en Europa y en qué campos aún queda trabajo por hacer.

A pesar de su destacada posición global, España presenta contrastes en los seis ámbitos analizados. En los ámbitos de dinero y trabajo su situación es bastante mediocre, ocupando los puestos 16 y 18, respectivamente. 

En el ámbito de dinero, que evalúa la desigual situación económica y los recursos financieros de mujeres y hombres, España ha mantenido una posición estable sin grandes avances ni retrocesos. En el ámbito de trabajo, que mide las desigualdades en la calidad del trabajo, salarios y las oportunidades de promoción, aunque España se ha mantenido siempre por encima de la media de la UE, su posición ha empeorado, pasando de la posición 11 en 2010 a 18 en 2022. Esta pérdida de posiciones de España en igualdad en el trabajo se explica en parte por la participación de las mujeres en empleos a tiempo completo, cuya tasa es 14 puntos porcentuales inferior a la de los hombres. A pesar de la mala puntuación en el ámbito de trabajo, España destaca en cuanto a la duración de la vida laboral, donde presenta una brecha de 3,7 años menos de vida laboral para las mujeres que para los hombres, mientras que, por ejemplo, en Italia, el país con peor puntuación en este dominio, las mujeres tienen una vida laboral casi 10 años inferior a los hombres. 

En el lado positivo, España destaca en los dominios de tiempo, conocimiento y salud donde se sitúa entre los puestos quinto y sexto. En los tres campos, España ha mejorado notablemente, especialmente en el reparto de las actividades de cuidado. La brecha de género se ha reducido a la mitad, gracias a una participación más equilibrada de hombres y mujeres en los cuidados de niños y mayores y en las labores domésticas. Este avance parece ser más fruto de un cambio de mentalidad social con respecto a estereotipos de género que de reformas legislativas. 

Finalmente, España obtiene sus mejores resultados en el ámbito de poder, donde ocupa la tercera posición en 2024, habiendo ganado dos posiciones desde 2010 y mejorando su puntuación en casi 30 puntos porcentuales. Este dominio evalúa la presencia de mujeres en puestos de liderazgo en política, negocios, medios y deporte. España supera holgadamente la media de la UE en los ocho indicadores utilizados para evaluar este dominio, destacando el segundo puesto en los puestos de alta dirección empresarial ocupados por mujeres, donde solo es superado por Francia. 

España es uno de los países que está más cerca de alcanzar la igualdad de género. Sin embargo, no debemos olvidar que la igualdad plena aún no se ha alcanzado y el camino hacia ella es complejo. Algunos avances se pueden atribuir a políticas públicas, como se refleja en el informe del Banco Mundial, que evalúa tanto la igualdad ante la ley como su implementación efectiva. Otros avances, como la mayor participación masculina en tareas de cuidados, reflejan un cambio de actitud en la sociedad, que a menudo precede a los cambios legales. Asimismo, la mayor participación de las mujeres en puestos de liderazgo puede explicarse tanto por la introducción de cuotas de género como por transformaciones en la percepción social. Para romper el techo de cristal y lograr la igualdad, es fundamental que tanto las políticas públicas como las actitudes sociales continúen avanzando de la mano. 

Según la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) “los salarios mínimos bien diseñados pueden ayudar a garantizar a todos una distribución justa y equitativa de los frutos del progreso”. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), junto con la reforma laboral, se ha consolidado como una de las políticas más populares del actual Gobierno de España. Además, se han logrado desmentir los pronósticos catastrofistas de la derecha y parte del empresariado: desde 2018, el SMI ha aumentado más del 50%, pasando de 10.303 euros anuales a 15.876 euros en 2024, lo que ha no ha impedido que el mercado de trabajo esté consiguiendo cifras récord de creación de empleo. 

Para analizar el impacto de esta subida del SMI en la distribución salarial, se dispone de datos de la Agencia Tributaria recopilados en la estadística “Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias”. Esta investigación censal se basa en las declaraciones anuales de todas las unidades que pagan salarios y están obligadas a hacer retenciones por el IRPF, dentro del territorio del régimen fiscal común (excluyendo el País Vasco y Navarra) y se publica desde 1999. 

Cabe esperar que la subida del salario mínimo afecte principalmente a los salarios más bajos y no tanto a los que superan este umbral. Por ello, se compara la evolución de los salarios medios de los trabajadores que perciben como máximo el SMI, con aquellos que ganan más, entre 2018 y 2023, el último dato disponible. 

Es importante señalar que esta estadística incluye los salarios totales anuales, sin tener en cuenta el tiempo efectivo de trabajo, introduciendo un sesgo a la baja en la media comparado con otras fuentes. Por ello, no debe interpretarse que el número de perceptores de salarios anuales inferiores al SMI corresponde a personas que realmente cobran por debajo del SMI, ya que incluye a trabajadores que solo han trabajado una fracción del año, que compatibilizan a lo largo del año salarios y pensiones o prestaciones por desempleo (casi uno de cada cinco en el último año analizado) o que trabajan a tiempo parcial. A pesar de esto, esta fuente es útil para analizar la evolución de los salarios tras las subidas del salario mínimo desde 2019, ya que presenta datos de asalariados y salarios medios en intervalos en función del SMI. 

Según los datos de la Agencia Tributaria, en 2018, en el territorio del régimen fiscal común, había 18,9 millones de asalariados con un salario medio de 19.809 euros. En 2023, este número ascendió a 20,1 millones, con un salario medio de 23.981 euros. Esto refleja un crecimiento anual acumulado del salario medio del 3,9 %, mientras que el SMI aumentó a un ritmo mucho más rápido, con una tasa anual de más del doble, un 8 %, y el IPC registró una tasa media anual del 3 %.

El salario medio de los que ganaban como máximo el SMI (aproximadamente uno de cada tres asalariados) era de 4.475 euros en 2018, mientras que aquellos que ganaban más recibían de media seis veces esa cantidad. En 2023, el salario medio de quienes no superaban el SMI vigente ese año ascendió a 7.222 euros, lo que representa una tasa media anual de crecimiento en estos cinco años del 10 %. Por su parte, los trabajadores que ganaban más tuvieron un incremento de su salario medio de un 4,2 % anual, alcanzando un salario cinco veces superior al de aquellos que apenas alcanzaban el SMI.

Este notable aumento del salario medio de los trabajadores que ganaban por debajo del SMI (7,4 millones de trabajadores en 2023), se debe, en gran medida, al deslizamiento de estos asalariados hacia niveles superiores de la escala salarial. Mientras que el número de asalariados que ganan hasta la mitad del SMI se mantuvo prácticamente estable, los trabajadores que percibían entre la mitad y el SMI aumentaron en casi un millón. Este cambio explica el significativo incremento del salario medio de este grupo y la considerable reducción de la desigualdad salarial en tan solo cinco años. 

Diversos estudios destacan que la subida del salario mínimo ha beneficiado especialmente a mujeres, jóvenes y extranjeros. Según datos de la Agencia Tributaria, el salario medio de los menores de 35 años creció entre 2018 y 2023 a una tasa anual del 4,8 %, mientras que el de aquellos mayores de esa edad creció un 3,6 %. Además, las mujeres experimentaron un aumento anual del 4,4 % frente al 3,6 % de los hombres. La diferencia más marcada en el crecimiento de los salarios medios se observa según la nacionalidad: los extranjeros vieron sus salarios incrementarse un 6,9 % anualmente, frente al 3,8 % de los españoles. 

Finalmente, ¿hemos llegado ya a un nivel aceptable del SMI? Desde 2019, la Agencia Tributaria calcula el salario medio estimado incorporando la información de los días trabajados. En 2023, según estos cálculos, el salario medio estimado fue de 30.801 euros anuales, lo que sitúa el SMI en casi la mitad de esa cifra. A pesar de los aumentos significativos del SMI en los últimos años, aún no se alcanza el nivel recomendado por la Carta Social Europea, el 60 % del salario medio. Además, la OIT recomienda que las revisiones del salario mínimo no se limiten a actualizar el coste de la vida, sino que también se consideren otros factores económicos, como el crecimiento de la economía o la productividad, para asegurar aumentos en términos reales. 

Como resumen, los datos tributarios muestran una clara reducción de la desigualdad salarial entre 2018 y 2023. Los colectivos más desfavorecidos - trabajadores discontinuos y a tiempo parcial que cobran por debajo del salario mínimo anual, jóvenes que inician su carrera profesional, y mujeres y extranjeros que tradicionalmente ocupan puestos peor remunerados - han visto incrementos salariales significativos acercando sus salarios a la media. Mantener las actualizaciones del SMI por encima de la inflación es crucial, ya que “reducir la desigualdad y fomentar el crecimiento económico a largo plazo pueden ser dos caras de la misma moneda” (FMI); aunque un mundo más igualitario pueda parecer una utopía, mejor cuanto más cerca.

El semanario británico “The Economist” sorprendió a muchos al elegir a España como la economía con mejores resultados en 2024, basándose en cinco indicadores: PIB, mercado de valores, inflación, desempleo y déficit público. Sin duda, nuestro país destaca por los notables avances en estos indicadores, pero liderar el ranking del año 2024 podría no traducirse de una manera inmediata en una mejora tangible en la calidad de vida de la población. En otras palabras ¿en qué medida la buena evolución de estos indicadores refleja el bienestar de los ciudadanos? 

El bienestar es un concepto que abarca tanto aspectos monetarios como no monetarios, siendo estos últimos especialmente difíciles de medir. En este contexto, la OCDE ha desarrollado el proyecto Better Life Index, que identifica 11 aspectos esenciales para evaluar la calidad de vida: vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad y balance vida-trabajo. Cada uno de estos aspectos se mide mediante indicadores que sintetizan la situación de 41 países desarrollados. Además de proporcionar una puntuación para cada uno de esos 11 aspectos, el índice proporciona un ranking global del bienestar de los países, considerando que todos estos aspectos tienen igual relevancia. España se sitúa en la mediana, en la posición 21, entre el máximo de Noruega y el mínimo de Sudáfrica, destacando por sus buenos resultados en salud, balance vida-trabajo y seguridad, mientras que los peores resultados se registran en empleo, educación y satisfacción con la vida. 

Este proyecto ofrece además la posibilidad de que los usuarios elaboren su propio indicador de bienestar, priorizando los aspectos que consideren más importantes. Para ello, basta con asignar una puntuación entre 1 y 5 a cada tema, obteniendo un ranking final de todos los países según las prioridades de cada usuario. Desde 2010, la OCDE ha recopilado las respuestas de 200.000 usuarios que están disponibles para su análisis. Los 5.492 españoles que participaron en esta encuesta consideran más importantes la salud, la educación y la satisfacción con la vida, mientras que el compromiso cívico, las conexiones sociales y, curiosamente, los ingresos, son los aspectos considerados menos relevantes. A continuación, se resume la posición de España en los temas que los ciudadanos consideran prioritarios para su bienestar.

En salud, España ocupa la sexta posición, destacando por su alta esperanza de vida y una percepción subjetiva del estado de salud superior a la media. En contraste, en educación, España se sitúa por debajo de la media de la OCDE, siendo los indicadores utilizados para medir la calidad de la educación, el porcentaje de población adulta que ha terminado estudios secundarios y los resultados del informe PISA. En cuanto a satisfacción con la vida, los españoles se autoevalúan con un 6,5 sobre 10, por debajo de la media de la OCDE, que es 6,7. 

Es evidente que los indicadores de bienestar no son independientes entre sí; una mejor educación puede tener efectos positivos en el empleo, los ingresos y, en última instancia, en la satisfacción con la vida. 

Por otra parte, sorprende que España se encuentre solo ligeramente por debajo de la media en uno de los aspectos del bienestar que más inquietud genera entre los ciudadanos, la vivienda, ocupando el puesto 24 y con Estados Unidos en la primera posición. Sin embargo, al analizar más a fondo los indicadores utilizados, la clasificación de España en cada uno de ellos presenta variaciones significativas. En los dos indicadores relacionados con la adecuación de la vivienda, como el número de habitaciones y las instalaciones básicas, España supera la media de la OCDE. No obstante, en lo que respecta al coste de la vivienda, nuestro país se sitúa en el puesto 31, lo que significa que, en solo diez países, el gasto en vivienda representa una mayor proporción de los ingresos de los hogares. Mientras que la media de los 41 países de la muestra es del 20 %, en España alcanza el 21,7 %. 

Por último, es importante detenernos también en el indicador que peor resultados presenta para España, el empleo, que ocupa una posición intermedia entre las prioridades de los españoles. Para evaluar la situación del empleo se utilizan cuatro indicadores: la tasa de desempleo de larga duración, la seguridad en el empleo (medida como el riesgo de perder ingresos en caso de desempleo), la tasa de empleo y la media de ingresos de un trabajador a tiempo completo. España obtiene puntuaciones muy bajas en los dos primeros indicadores, con solo tres y dos países, respectivamente, obteniendo peores resultados. La tasa de empleo en España también se sitúa por debajo de la media de la OCDE, en la posición 32. En cuanto a los ingresos de los trabajadores a tiempo completo, España está en una mejor posición, aunque aún se encuentra en el puesto 23. Aunque España ha mejorado en los últimos años en alguno de los indicadores de empleo, como la tasa de empleo y el desempleo de larga duración, es necesario continuar avanzando en políticas públicas que ayuden a la reducción del desempleo y ofrezcan mayor protección frente a esta problemática.  

A pesar de los buenos resultados macroeconómicos de España en 2024, es esencial ampliar el análisis hacia otros aspectos clave del bienestar de los ciudadanos. Aunque se han logrado avances en empleo y otros aspectos económicos, España debe seguir trabajando en áreas clave como la educación, que los españoles han puesto en cabeza de los temas que realmente importan, junto con la salud y la satisfacción con la vida. Tanto la educación como la vivienda, cuyas competencias están repartidas entre distintos niveles de la administración, deben ocupar un lugar central en las prioridades de las políticas públicas ya que son fundamentales para mejorar el bienestar de los ciudadanos. 

Una frase atribuida a Pedro Solbes refleja la complejidad de las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE): “Todos los gobiernos son de coalición: de un lado el ministro de Hacienda; del otro el resto de los ministros, cuya función es gastar, correspondiendo al responsable de Hacienda definir el máximo de gasto y su distribución”.  

Los PGE constan de dos partes principales, los gastos y los ingresos, siendo el 85 % de estos últimos provenientes de impuestos y cotizaciones sociales. Con un gobierno de coalición, que debe asegurarse el apoyo de diversas fuerzas parlamentarias, las negociaciones para aprobar los PGE revelan las políticas de cada partido, tanto en términos de gastos, como de su financiación. Mientras aguardamos por los nuevos PGE para analizar los gastos, propongo centrarnos en los ingresos.  

Para preservar el estado del bienestar sin incrementar el endeudamiento, es fundamental garantizar ingresos suficientes. Tras años de gastos extraordinarios debido a la pandemia, la crisis energética y la inflación, y considerando las positivas perspectivas económicas que prevén los organismos internacionales, ha llegado el momento de trabajar en el equilibrio de las cuentas públicas. 

La reciente reforma fiscal parece que no ha alcanzado las expectativas planteadas en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. El Gobierno ha admitido que, para cumplir con los compromisos europeos, es necesario “promover la convergencia” de la recaudación fiscal con la media de la Unión Europea (UE): en pocas palabras, subir impuestos. Ahora es importante analizar donde hay margen para mejorar la recaudación. 

Según el Informe Anual sobre impuestos 2024, de la Comisión Europea, aunque España ha hecho progresos en la recaudación de impuestos, aún se encuentra por debajo de la media de la UE en términos de presión fiscal. Según el FMI, desde 2020, los impuestos sobre la renta y las cotizaciones sociales han aumentado impulsados por la inflación y la mejora del mercado de trabajo. El IVA también ha visto un incremento en su recaudación, en parte gracias a que el aumento de los pagos con tarjeta ha ayudado a reducir el fraude fiscal. En conjunto, estos cambios nos han permitido reducir la brecha fiscal con países de nuestro entorno a la mitad.

A la luz de estos datos, no es cierto que se paguen muchos impuestos en España, especialmente si se desean servicios públicos a la altura de los países más desarrollados. 

No obstante, la presión fiscal, medida como la recaudación en porcentaje del PIB, puede resultar un indicador complejo. La Comisión Europea utiliza las tasas implícitas, que miden la carga tributaria efectiva al relacionar los impuestos con sus respectivas bases. Simplificando, los impuestos sobre el consumo (IVA e impuestos especiales sobre productos como el alcohol o los hidrocarburos) se comparan con el consumo de los hogares, mientras que los impuestos sobre el trabajo (cotizaciones sociales y parte del IRPF) se relacionan con los salarios. 

Los siguientes gráficos comparan las tasas implícitas de los impuestos sobre el consumo y trabajo publicadas por la Comisión Europea para las cuatro mayores economías de la Unión Europea y para el último año disponible, 2022. 

El primer gráfico muestra que la tasa implícita de los impuestos sobre el consumo en España es del 14 %. A pesar de que el tipo general del IVA es el 21 %, varios factores explican que la tasa efectiva sea inferior, como el fraude fiscal (gastos de consumo que evaden el pago del impuesto), los tipos reducidos y super reducidos (4% y 10%, respectivamente) y productos exentos (como la sanidad y la educación). 

Para completar la información, la siguiente tabla muestra la posición de los cuatro países en la UE según la tasa implícita de ambos tipos de impuestos. El puesto 1 corresponde al país con la mayor tasa, y el 27 al país con la menor. 

España se acerca a la media de la UE en los impuestos relacionados con el trabajo, aunque tiene la menor tasa de los 4 países comparados. Lo que realmente destaca es que ocupa la última posición en cuanto a los impuestos sobre el consumo, con una tasa implícita del 14 %, frente al 16 % de Italia y Alemania y el 18 % de Francia. 

Uno de los factores que explican esta baja tasa implícita sobre el consumo, es que se calcula como un porcentaje del gasto interior, el cual incluye el gasto turístico que en 2022 alcanzó uno de sus mejores resultados. Además, los servicios de hostelería y otros servicios turísticos tributan al 10 % en España y representan una parte significativa del consumo total, reduciendo la recaudación por este impuesto. Aunque el turismo es clave para la economía española, sería importante diversificar nuestra estructura productiva y transitar hacia un modelo basado en servicios no turísticos de mayor valor añadido, que han sido clave para el crecimiento económico en los últimos años. 

Si bien el IVA es una fuente importante de ingresos, es un impuesto que puede ser regresivo y supone un esfuerzo para los consumidores. Por ello, es crucial considerar también otros impuestos más progresivos, mantener el gravamen a las energéticas y completar los impuestos medioambientales, solo por mencionar algunas recomendaciones de los expertos. 

Como aspecto positivo, cabe mencionar que el próximo año entrará en vigor el impuesto mínimo global del 15 % para las multinacionales con una facturación superior a 750 millones de euros. El sindicato de técnicos de hacienda (Ghesta) estima una recaudación anual de más de 3.500 millones de euros, resultando esencial para combatir la planificación fiscal agresiva de las empresas.

En conclusión, diversas figuras tributarias pueden contribuir a equilibrar las cuentas públicas, cada una con distintos impactos en la economía. Por ello, así como cualquier propuesta relacionada con el gasto público debe ir acompañada de un plan de financiación, aquellos que se oponen a aumentos de impuestos, o exigen reducciones, deben presentar alternativas viables, ya sea mediante incrementos de ingresos por otras vías o a través de recortes en el gasto. No reconocer que los impuestos son fundamentales para sostener el estado de bienestar es engañar a los ciudadanos, ya que, al fin y al cabo, nada es gratis. 

La reforma del reglamento de la Ley de Extranjería en España, que podría regularizar la situación de unas 300.000 personas anualmente, en los próximos tres años, representa un desafío tanto económico como social. 

La inmigración incide en factores fundamentales como el empleo, los salarios, la productividad y las finanzas públicas, lo que requiere una reflexión sobre las implicaciones económicas de este cambio legislativo. En este contexto es crucial abordar de manera objetiva dos preguntas clave sobre sus implicaciones. 

1. ¿Es asumible la regularización de 300.000 personas cada año?

El Gobierno ha aclarado que la cifra de 300.000 inmigrantes anuales no representa un aumento significativo en las regularizaciones, sino que es una cifra global. Por ejemplo, más de 200.000 personas que vivían sin papeles en regla en España obtuvieron su autorización vía arraigo el año pasado, lo que supone, por lo tanto, que se estima un incremento de 100.000 regularizaciones con respecto al año anterior.

Según la OCDE, los principales países receptores de migrantes son Alemania, Estados Unidos y, en tercer lugar, España, siendo este un fenómeno relativamente reciente en nuestro país.

Según el INE, entre 2008 y 2020 se registró la llegada de más de 300.000 inmigrantes al año, alcanzando un pico de 750.000 en 2019. Sin embargo, a partir del Censo de Población y Viviendas de 2021, el INE ha mejorado su metodología para contabilizar las migraciones, lo que hace que los datos de 2021 y 2022 (888.000 y 1,3 millones de inmigrantes, respectivamente) no sean directamente comparables con los anteriores. Cabe destacar que, aunque medir los flujos migratorios pueda parecer sencillo, en realidad es un proceso bastante complejo. Desde 2021, la nueva Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia, se basa en la inscripción en el Padrón Municipal, que, al ser una condición indispensable para el ejercicio de derechos básicos, registra la mayoría del flujo migratorio desde el extranjero. 

A la luz de estos datos, la regularización de 300.000 personas al año (equivalente al 1,5 % de la población ocupada) parece perfectamente viable para nuestro mercado laboral, que entre 2021 y 2023 generó más de 600.000 empleos anuales. La diferencia podría ser más cualitativa que cuantitativa, dado que la regularización facilitaría la transición de la economía sumergida a la economía formal. 

2. ¿Cuál es el impacto económico de olas migratorias en los países de destino? 

El informe de trabajo del FMI 'The Macroeconomic Effects of Large Immigration Waves' (2023) destaca la ola migratoria en España durante la primera década de este siglo, subrayando el notable aumento en el porcentaje de población nacida en el extranjero (del 2% en 2000 al 12% en 2011) durante un período de auge económico y bajos niveles de desempleo. Este ejemplo sirve al FMI para plantear una cuestión fundamental: ¿fue la inmigración la causa del crecimiento económico en España o los inmigrantes vinieron atraídos por las favorables condiciones económicas del país? 

Para abordar esta pregunta, el informe analiza el impacto económico de grandes olas migratorias motivadas por la búsqueda de mejores condiciones económicas, excluyendo los flujos de refugiados que se tratan en una sección aparte.

El análisis abarca 34 países entre 1980 y 2016, considerando 229 episodios de “shocks migratorios”. La conclusión principal es que las grandes olas migratorias contribuyen a un aumento tanto de la producción como de la productividad con efectos cuantificables: un incremento en la entrada de inmigrantes equivalente al 1% de la población empleada de un país genera un aumento del PIB del 1% después de 5 años. 

Esto implica que un incremento de 100.000 inmigrantes en un año (equivalente al 0,5 % de la población ocupada) podría generar un incremento del 0,5 % del PIB al cabo de cinco años, lo que representaría más de 7.000 millones de euros. 

En otro informe de trabajo del FMI de 2021, titulado 'The Impact of International Migration on Inclusive Growth: A Review', se examinan diversos estudios sobre los efectos de la inmigración en salarios, empleo y finanzas públicas. 

Uno de los argumentos recurrentes en contra de la inmigración es que, a corto plazo, la llegada de inmigrantes puede afectar a los salarios y desplazar a trabajadores autóctonos que compiten por los mismos empleos. Sin embargo, los estudios que abordan el impacto en el empleo no encuentran evidencias de efectos negativos sobre la población nativa, mientras que se observan claros efectos beneficiosos a medio plazo. A medida que los inmigrantes se integran en el mercado laboral, los nativos tienden a trasladarse a nuevas ocupaciones, mejorar su formación y, como resultado, aumentar su productividad. 

El impacto económico de la inmigración en las finanzas públicas ocupa un lugar destacado en la opinión pública, por encima de los efectos en salarios o empleo. A corto plazo, los inmigrantes generan un mayor gasto debido a los costes asociados a su integración social y asistencia durante la búsqueda de empleo. No obstante, el coste sanitario es relativamente bajo, ya que los inmigrantes suelen ser más jóvenes. A medio y largo plazo, una vez que se integran en el mercado laboral, los inmigrantes aportan un saldo neto positivo a las finanzas públicas, contribuyendo a través del pago de impuestos y cotizaciones sociales. En sociedades con una población envejecida, los flujos migratorios juegan un papel crucial al proporcionar mano de obra joven, lo que alivia la presión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la sanidad.

En conclusión, numerosos estudios internacionales demuestran que las olas migratorias generan un impacto positivo en la productividad, la producción y el empleo, debido a la complementariedad entre los puestos ocupados por nativos e inmigrantes. Además, la integración de los inmigrantes en el mercado laboral formal no solo representa una oportunidad clave para reducir el tamaño de la economía sumergida, sino también para mejorar las perspectivas demográficas a largo plazo, contribuyendo al sostenimiento del sistema económico y social.

La regularización de inmigrantes, además de promover la justicia y la integración social, constituye una oportunidad crucial para fortalecer y consolidar el crecimiento económico de nuestro país.