Desde hace demasiado tiempo, nos hemos acostumbrado al hecho de que el verano sea sinónimo de incendios. En Catalunya y en toda la cuenca del Mediterráneo hemos normalizado las imágenes de bomberos apagando unos fuegos cada vez más virulentos y unas temperaturas más altas. Por eso seguimos con la misma angustia y cierta sorpresa cómo se quema el noroeste de la península, una zona verde, húmeda, sin problemas de sequía y con temperaturas “normales” durante el verano. Parece que esta normalidad también se ha acabado en las regiones de clima atlántico, y sí, a pesar de lo que diga la extrema derecha, esto es debido al cambio climático.

Veranos más largos, olas de calor más intensas y el aumento de las temperaturas provocan bosques cada vez más secos, frágiles e inflamables que prolongan la temporada de incendios. Son más de 300.000 las hectáreas que se han quemado en el Estado solo en el mes de agosto convirtiendo 2025 en el peor año de incendios del siglo XXI y registrando los fuegos más voraces de la historia. La primera conclusión a la que debemos llegar, y rápido, es que los incendios son la nueva normalidad -en cuanto a que la emergencia climática lo inunda todo- y que, por lo tanto, tenemos que centrar los esfuerzos en reducir su impacto y adaptarnos. La segunda conclusión es poner el foco en la prevención y, por tanto, en una buena gestión forestal, siendo también conscientes de que no podemos gestionar todo el bosque.

Catalunya cuenta con una gran diversidad de bosques (por las diferentes condiciones climáticas, topográficas y también históricas) que nos proveen no solo de recursos naturales (madera, alimentos y otros productos) y culturales (usos recreativos, de salud física y mental) sino que actúan como reguladores del clima, el agua, la contaminación ambiental y como apoyo a la biodiversidad y a los suelos. Además, actúan como sumidores de carbono (sistema que absorbe más dióxido de carbono de la atmósfera del que libera y, por tanto, reduce la cantidad de este gas de efecto invernadero en la atmósfera) pero la ciencia demuestra cómo esta capacidad disminuye cada vez más debido a las presiones naturales (incendios, plagas) y antropogénicas (intensificación de la tala, presión urbanística). Por lo tanto, la adopción de medidas para preservar los bosques es más urgente que nunca.

La mala política, como hemos visto estos días, también es una amenaza para nuestros bosques. El negacionismo climático de las derechas, la carencia de asunción de responsabilidades de los gobiernos del PP; la precariedad laboral de los servicios de extinción en muchas comunidades; las respuestas improvisadas y reactivas de los responsables políticos, sin definir una estrategia a largo plazo, cada vez que hay un gran incendio o la culpabilización a las agendas verdes y no al dominio de la agroindustria como causa del retroceso de la pequeña y mediana explotación agrícola y ganadera hacen que las respuestas políticas a los grandes incendios sean profundamente equivocadas.

Por eso, los Comuns consideramos imprescindible diseñar una estrategia de país para hacer frente a este reto, aprobando un Pacto social y ecológico para la gestión forestal y la prevención de incendios que sea acordado con todos los agentes implicados. En Catalunya, el primer paso es actualizar la Ley Forestal (de 1988) y aprobar el Plan General de Política Forestal al cual obliga esta ley y que todavía no está aprobado. Es muy grave que ante la situación de riesgo en la que nos encontremos no se cuente con este Plan y, por lo tanto, se trata de ir más allá y elaborar un pacto a largo plazo basado en tres objetivos: prevenir y reducir los incendios forestales; conservar y restaurar la biodiversidad; y desarrollar la bioeconomía basada en productos forestales, ganaderos y agrícolas. Estos objetivos –tres demandas complejas de combinar ante un escenario climático cada vez más incierto- se tienen que enmarcar en la estrategia forestal aprobada por la Unión Europea que prioriza las “soluciones basadas en la naturaleza” y tienen que formar parte de una política más general de país de mitigación y adaptación climática y de reequilibrio territorial.

En definitiva, hay que gestionar el territorio y ordenarlo, y aquí la agricultura y la ganadería, las zonas rurales, juegan un papel clave. La agricultura no es sólo producción, sino que es un servicio de seguridad para toda la población, también en caso de incendio. Gestionar los bosques, el paisaje; invertir en explotaciones agrarias y ganaderas familiares, en frenar el éxodo rural, en conservación y restauración de la biodiversidad, en innovación y formación, en infraestructuras prioritarias, en fiscalidad verde. Todas estas son medidas imprescindibles para tener una política de mitigación y adaptación al cambio climático robusta que haga frente al principal reto al cual nos enfrentamos como humanidad: la emergencia climática. Y los incendios no son la excepción: no solo hay que combatirlos apagando las llamas sino previniendo que estos sucedan –hace falta que este sentido común pase de la teoría a la acción-. Hace falta un pacto social y ecológico para la gestión forestal y la prevención de incendios.

En estos días de cierta resaca depresiva después de la COP29 es pertinente recordar que el Protocolo de Kyoto, adoptado en 1997 y que entró en vigor en 2005, fue un hito histórico que, con el fin de promover el desarrollo sostenible, comprometía, por primera vez, a los países industrializados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Uno de los mecanismos para conseguir esta reducción fue implementar un mercado flexible, es decir, poner un precio a las emisiones para crear un estímulo económico, para evitar y reducir así tales emisiones allí donde es más eficiente con respecto al coste. Fue el inicio de los llamados mercados de carbono, instrumentos para estimular los objetivos de reducción de emisiones y que se han convertido en un elemento clave de las políticas de mitigación del cambio climático.  

Con todo ello, el sistema no es lo bastante eficiente. De hecho, aunque la cantidad de créditos disponibles se va reduciendo con el tiempo para garantizar que también bajan las emisiones, el fuerte impulso que le ha dado la UE a las energías renovables ha provocado un excedente de créditos, sobre todo por parte del sector eléctrico que es el que se está descarbonizando más rápido. Si a esto se suma que hay una menor demanda de créditos para la contracción de la producción industrial en Europa, el resultado es una disminución del precio del carbono en los últimos años: de los 100€/tCO₂ del 2023 hasta los 66€/tCO₂ actuales. Hace falta elevar el precio del carbono y reducir el volumen de créditos a un ritmo más acorde a los objetivos para el 2030 y 2040. 

Aunque se trate de un tema sesudo y aparentemente aburrido, los mercados de carbono se encuentran en plena actualidad. Uno de los puntos de acuerdo de la COP29 ha sido la definición del funcionamiento de los mercados de carbono en el marco del Acuerdo de París (2015) a nivel global, ya que aclara cómo autorizarán los países el comercio de créditos de carbono y cómo funcionarán los registros de seguimiento. Y en nuestro país, el Congreso está transponiendo una directiva europea a través de un Proyecto de Ley para regular el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Es de vital urgencia la transposición de una directiva que ya debería haber entrado en vigor para, entre otros motivos, evitar la inseguridad jurídica en los nuevos sectores que se incorporan al mercado de carbono como el del transporte.   

Partiendo de la constatación de que este sistema de incentivos ha reducido las emisiones, también se debe tener en cuenta que este mecanismo favorece a los más ricos y poderosos, como de hecho hace todo mercado libre: las empresas que quieren emitir por encima de su cuota compran permisos de emisiones a otras que se comprometen a emitir por debajo de la cuota otorgada. O plantan más árboles.  

Por lo tanto, es importante controlar y regular el buen funcionamiento del sistema de emisiones, y es precisamente por ese motivo por el que el Grupo Plurinacional Sumar propone, vía enmienda al mencionado Proyecto de Ley, la creación de un Banco Central de Carbono. El nuevo organismo se encargaría de la ejecución de la política de reducción de gases de efecto invernadero. Para ello tendría, entre otras, las siguientes competencias: la gestión y monitoreo de los límites de emisiones; la sanción de los incumplimientos; ofrecer dictámenes técnicos; y gestionar toda una serie de instrumentos vinculados al sistema de emisiones. Entre ellos, el desarrollo y aplicación del Impuesto de Carbono en Frontera, para poner un precio justo al carbono emitido durante la producción de bienes que entran en la UE y el imprescindible Fondo Social para el Clima, que permitirá paliar las contingencias de la transición ecológica justa y garantizar que nadie se queda atrás. 

En definitiva, se trataría de un organismo que velara por tener un sistema de emisiones robusto, y que también contaría con un Consejo Asesor cuya función sería proporcionar asesoramiento científico independiente y actualizado en la materia. Y es que la ciencia, debe ser el principio rector de todas las políticas climáticas en un contexto donde la internacional reaccionaria, está fisurando el consenso global de la importancia de abordar la emergencia climática. La trasposición de esta directiva es una oportunidad para ampliar la ambición climática y desarrollar instrumentos esenciales que impulsen esta transición ecológica justa, imprescindible y urgente. Una transición, que descarbonice los sectores más contaminantes y así asegurar nuestra supervivencia en un planeta finito.