El presidente Donald Trump delineó su estrategia para recuperar la presencia de Estados Unidos en el continente americano. Su propuesta se centra en tener un mayor control territorial en Canadá, Panamá, América Latina e, inclusive, Groenlandia. En su estrategia de negociación incluye los aranceles y la expulsión de migrantes, y no descarta el uso de la fuerza. 

Esto supone un giro a una política exterior estadounidense, ya que la región había sido ignorada después del 11 de septiembre de 2001. América Latina ya no era una prioridad en la agenda de Washington, lo único que le importaba era la información obtenida de Guantánamo. Al terminar la Administración de George Bush en 2009, el comercio exterior y el crimen organizado eran los temas de interés en América Latina, pero no existía una agenda con objetivos a medio plazo.

La existencia de elecciones democráticas y tratados de libre comercio, y la adopción de medidas de libre mercado, apuntaban a que la amenaza de gobiernos socialistas apoyados por la extinta Unión Soviética no eran un riesgo; los líderes guerrilleros ahora pertenecían a partidos políticos y el bono demográfico apuntaba a un crecimiento sostenido.

La conquista china de América Latina

Sin embargo, China, un régimen comunista, inició una incursión silenciosa utilizando instrumentos financieros capitalistas para otorgar préstamos estructurados, coinversiones, compra de concesiones y contratos de materia prima con derivados. Hoy existen más de 100 préstamos por un monto estimado de 120.000 millones de dólares entre bancos chinos, empresas y gobiernos de América Latina. El intercambio comercial entre ambos tiene un valor de 400.000 millones de dólares. China se ha convertido es el mayor socio comercial de Brasil, Chile y Argentina.

Este crecimiento no fue orgánico, sino una política exterior planificada y exitosa basada en el programa 'Nueva ruta de la seda', ejecutado de manera silenciosa y articulada por China y empresas de este país. Pekín firmó acuerdos de libre comercio con Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua. Siete países –entre ellos Brasil, Perú, Venezuela, Chile, Bolivia, Argentina y Ecuador– se han unido al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

Para integrar el sector financiero, China firmó acuerdos bilaterales de swap de moneda local con los bancos centrales de Argentina y Chile. Múltiples instituciones bancarias chinas han abierto sucursales en muchos países latinoamericanos. Chile, Brasil y Argentina han establecido bancos de compensación en renminbi (moneda China), mientras que Brasil, Argentina y Bolivia han anunciado el uso de esa moneda para la liquidación en el comercio exterior. A finales de 2022, el renminbi superó al euro convirtiéndose en la segunda moneda en reservas de divisas de Brasil.

Este entramado institucional permitió que el comercio e inversión haya crecido en los últimos 15 años en la región. China se ha dedicado a construir infraestructura para transportar productos agropecuarios, minerales y petróleo de la región. Ejemplos de ello son la inversión en el puerto Chanchay en Perú; el tren bala entre Santiago de Chile y Valparaíso; la infraestructura de carreteras en Bolivia; la inversión en el triángulo de litio; estaciones para lanzar satélites en Chile y Venezuela; los puertos y puentes en el canal de Panamá; y la posible inversión de la planta nuclear argentina Atucha III.

En febrero del año pasado, Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional China firmaron el contrato marco para la construcción de la planta nuclear más grande de Argentina. La empresa china ofrece financiar el 85% de la obra de 8.300 millones de dólares, mientras que la argentina aportaría 1.200 millones de dólares.

El presidente Javier Milei trató este tema con su homólogo chino, Xi Jinping, durante el G20 que se celebró en Río de Janeiro y acordaron cerrar el acuerdo en el primer semestre de 2025. A pesar del corte neoliberal de Milei, parece que al mandatario no le importaría aumentar la dependencia de Argentina de un régimen comunista, por lo que China sería el principal inversor extranjero, además del principal socio comercial.

Inversiones con condiciones políticas

Sin embargo, las inversiones chinas vienen atadas a condiciones políticas. En 2017, cuando Panamá se unió a la 'Nueva ruta de la seda', cortó relaciones diplomáticas con Taiwán. Hoy empresas chinas controlan tres de los cinco puertos en la entrada del canal y un puente.

La dependencia comercial de una economía centralizada también pone en riesgo la estabilidad económica de la región, ya que China no solo es el principal socio comercial, sino que controla la infraestructura estratégica de la región, lo cual determina la salida de las exportaciones y entrada de importaciones. Irónicamente, las herramientas de un país comunista son el control de los flujos monetarios.

Trump quiere reducir la brecha de 20 años de abandono de la región, con tarifas, sanciones y amenaza del uso de la fuerza. El nuevo presidente tiene razón en que la presencia de China en América Latina, África y Asia podrían reducir materias primas estratégicas como el litio, minerales preciosos y tierra arable para productos agropecuarios, tanto para EEUU como para la región.

Pero la estrategia de Trump es equivocada: debería copiar y mejorar la oferta de Pekín, con mayores coinversiones y préstamos para mejorar la infraestructura en la región, y crear trabajos para reducir los incentivos de migración; de lo contrario, puede convertir a la región en un campo de batalla económico que solo desplazaría más migrantes a EEUU. 

Hoy la ventaja la tiene China y Washington debe buscar opciones integrales a largo plazo. El corredor interoceánico ubicado en el istmo de Tehuantepec en México puede ser un contrapeso al canal de Panamá, pero necesita carga e inversiones, que podría facilitar la Administración de Trump. Para ello, necesita funcionarios que puedan sumar las iniciativas gubernamentales con empresas privadas y con una cartera de préstamos para contener la ola china.

En México, la inversión de empresas chinas en 2023 fue de 5.300 millones de dólares, con presencia en el sector de telecomunicaciones e infraestructuras. TikTok se estima que tiene más de 105 millones de usuarios en Brasil y 77 millones en México, dos de sus mayores mercados. Las empresas chinas conocen nuestros gustos y costumbres, y controlan las infraestructuras física y digital.

La semana pasada Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos y canadienses si estos continuaban dejando pasar drogas y migrantes a Estados Unidos. Por su parte, Justin Trudeau y varios políticos canadienses pidieron no ser comparados con México. Claudia Sheinbaum contestó que el consumo es de los estadounidenses, y que ellos exportan las armas a México y añadió que ante cada arancel de Trump ella contestará con otro. 

Donald Trump tiene razón en que la zona de América del Norte se ha vuelto un paraíso para el crimen organizado. Pero establecer aranceles y expulsar migrantes no tendrá impacto en los recursos de los carteles, ni en disminuir la trata de personas, narcotráfico y piratería. Canadá, Estados Unidos y México no tienen una estrategia integral para combatir el crimen transnacional, y menos un marco de cooperación con objetivos claros.

Canadá legalizó el consumo y producción de la marihuana en 2018, creando un mercado financiero y corporativo. Estas compañías ahora tienen acceso al sistema financiero global y al mercado de capitales, donde pueden facilitar el lavado de dinero.

En 2018, la Comisión de Regulación de Mercados Financieros de la provincia de British Columbia inició una investigación sobre la empresa Beleave, ya que recibió una inversión inicial de 10 millones de dólares canadienses y realizó pagos por servicios de “consultorías” por 7,5 millones de dólares. Esta práctica fue común en las empresas que iniciaron inversiones para participar en la cadena de valor de la marihuana, una práctica recurrente en la simulación fiscal y lavado de dinero. Este caso como el de otras empresas del ramo que recibieron sanciones por la autoridad de British Columbia.

Los socios de esta empresa, liderados por Bill Panagiotakopoulos, han creado una corporación que cotiza en la Bolsa de Toronto cuyo objetivo es vender cocaína para reducir la ansiedad, reducir el dolor y bajar de peso, Safe Supply Streaming Co. LTD (SPLY.CN). La empresa ha revelado que tienen tratos con productores de Perú para la compra de materia prima.

A su vez, el mes pasado el banco TD Canada Trust, con sede en Toronto, fue multado por 3.000 millones de dólares estadounidenses por facilitar el blanqueo de capitales. Canadá está discutiendo la legalización de drogas y tiene pocos controles para el lavado de dinero. 

Estados Unidos es el país que más droga consume en el mundo, de acuerdo con el último informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. A pesar de tener una crisis de consumo de fentanilo en los últimos cinco años, el presupuesto del Instituto Nacional contra las Adicciones (NIDA) tuvo un incremento de 0% de 2023 a 2024, y el aumento para 2025 es de 0.3%. Esto es una indicación clara de la disociación del discurso y la política pública.

El fentanilo y los precursores químicos que llegan de China a México pasan primero por el puerto de Long Beach en California. No hay rutas marítimas directas de China a México, por lo que el transporte pasa por Vancouver, Long Beach y, después, el Puerto de Manzanillo. Ninguna empresa marítima ha sido sancionada por el trasiego de precursores químicos, lo cual es una prueba más de la descoordinación entre los tres países.

Los cárteles mexicanos se aprovecharon de la plataforma logística, cercanía con el mercado estadounidense y el alto nivel de corrupción en el país para facilitar la producción de marihuana y heroína. Financiaron campos de cocaína en Sudamérica para garantizar el abasto en el mercado mundial. Aprovecharon la infraestructura del sector farmacéutico para elaborar drogas sintéticas en el estado de Jalisco y Sinaloa a escala industrial. En cinco años pasaron a ser las organizaciones criminales más poderosas del mundo, para en 2006 cooptar al encargado de la Seguridad en México, en la época de Felipe Calderón.

La condena de Genaro García Luna por crimen organizado y conspiración de importar cocaína a Estados Unidos demuestra cómo los cárteles compran funcionarios con la consigna de eliminar competidores para crecer. La capacidad de corrupción de los cárteles mexicanos también ha tocado a personal de EEUU: ahí está el caso de Nicholas Palmeri, destituido por malversación de fondos y nexos con abogados de narcotraficantes. 

México ha argumentado que las armas y el consumo vienen de Estados Unidos, lo cual es cierto. Pero el argumento es incompleto; ya que esas armas no aparecen en México, entran por una aduana que tiene funcionarios omisos y corruptos. Los políticos debaten las cifras de homicidios, cuando nadie pone atención en los homicidios resueltos frente a los casos abiertos. La toma de control de gobiernos locales por el crimen organizado ya afecta el precio de los alimentos básicos. Y vemos cómo el alcalde de Chilpancingo fue decapitado, y no con un hacha proveniente de Estados Unidos. La impunidad sigue con una tendencia al alza.

¿Qué hacemos? 

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, puso el tema en la agenda y tiene una oportunidad si trabaja con los otros dos países para disrumpir el mercado que enriquece al crimen organizado (trata, drogas, piratería y extorsión). Pero debe basarse en la cooperación y no en la imposición de aranceles comerciales, como hace cuatro años.

Estados Unidos no ha hecho esfuerzos para atender su epidemia, y paradójicamente dos mexicanos son los que pueden sumarse a la solución. La doctora Nora Volkow, nacida y con estudios en México, es la autoridad en temas de adicción y consumo de drogas. Ella es la cabeza del NIDA, y no va a tener más recursos para hacer frente a la epidemia. La investigación y esfuerzos para reducir el consumo deben ser sostenidos y se debe informar a los jóvenes, que son los nuevos “consumidores”, de no entrar en el mundo de las drogas. 

Hace 13 años, el filántropo Tom Siebel fundó el Montana Meth Project, que realizó una de las campañas de prevención más exitosas contra las metanfetaminas. A través de intervenciones con la comunidad y una campaña de publicidad elaborada por Alejandro G. Iñarritu, redujeron dicha epidemia. Hoy están iniciando un esfuerzo para reducir el consumo de fentanilo en Montana. Estos esfuerzos locales, con mensajes e intervenciones en la comunidad, son los que debe financiar NIDA.

En México, muy pocos asesinatos son resueltos, por la falta de capacidad técnica y personal para realizar investigaciones forenses. Sin embargo, hay un ligero avance que ha costado más de 10 años cimentar en el país. Existe un acuerdo de cooperación entre la Fiscalía General mexicana y la ATF de EEUU (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos), firmado en 2007, donde se pone a disposición el sistema E Trace, que permite el rastreo de armas.

Esto ha logrado la integración y arresto de 473 personas y un poco más de 10.000 decomisos de armas. Hoy en día, solo 22 de las 32 fiscalías estatales cuentan con este sistema. Hay estados, como Veracruz y Quintana Roo, que no lo han instalado a pesar de contar con una versión en español desde 2017. El apoyo técnico de ATF existe, y México es el que no lo ha sabido aprovechar en mayor escala.

México debe seleccionar, capacitar, y ofrecer una vida digna a los elementos honestos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. La capacidad de corrupción del crimen organizado debe ser confrontada con una oferta de vida integral. Además de incrementar los salarios, los servidores públicos deben contar con mecanismos para poder construir un patrimonio como lo es una vivienda. En México, las policías no tienen acceso a una hipoteca y no hay un programa dedicado a ellos.

En el pasado he propuesto que los policías cuenten con una hipoteca que sea descontada de su nómina y una vez al año tengan que ser sometidos a exámenes toxicológicos y polígrafo. Con esta medida, el policía ya no pierde un trabajo, sino un patrimonio familiar.

Las fronteras de México deben garantizar y respetar los derechos humanos, pero también debemos dejar de ser un país de trasiego de droga y personas. Un kilo de cocaína entra en México con un valor aproximado de 3.000 dólares, y sale de Nuevo Laredo con un precio de 22.000 dólares. Un migrante genera 5.000 dólares por cruzar la frontera, y flujos de su sueldo por 1.000 dólares al mes. 

La droga y los migrantes tienen como destino EEUU: esta es una externalidad negativa que tiene México como vecino, por eso debe existir una política migratoria coordinada, donde EEUU invierta recursos en modernizar la frontera con tecnología y ayudar al desarrollo de infraestructura en la frontera sur de México.

A su vez, hay temas como la legalización de la marihuana y drogas duras que deben ser discutidos desde el punto de vista epidemiológico y legal por los tres países.

Canadá, a pesar del aumento en la violencia y consumo de estupefacientes, está empujando a la legalización de drogas “duras”. Estados Unidos tiene un marco legal que permite a Estados decidir si la marihuana se puede usar para fines recreativos, pero a nivel federal está prohibida. En México, hay un marco legal que permite la posesión, pero un marco regulatorio que hace imposible la producción.

¿En una nueva relación comercial se va a permitir el comercio de marihuana entre los tres países como si fuera trigo o jitomates? Estas son las preguntas que se tienen que definir y no son fáciles de responder.

El crimen está organizado en Canadá, Estados Unidos y México; y los gobiernos de los tres países llevan años con un frente desorganizado que ha permitido que las organizaciones criminales transnacionales desestabilicen la región. La proliferación de células criminales chinas, mexicanas, rusas, italianas son una amenaza creciente. Hace un par de semanas, Canadá alegó que el asesinato de un líder disidente hindú, Hardeep Singh Nijjar, fue ordenado por el Gobierno de India y ejecutado por el crimen organizado. No se descarta que servicios de inteligencia de Irán, China, Corea del Norte o Rusia utilicen la infraestructura criminal de los carteles para desestabilizar la zona. 

Trump, Trudeau y Sheinbaum pueden llegar a un acuerdo cosmético sobre el crimen organizado y dejar latentes las amenazas de aranceles. O pueden crear un marco de seguridad basado en políticas públicas que reduzcan los ingresos del crimen organizado y contribuyan a una región más segura.