“Que la vergüenza cambie de bando”. Supongo que reconocerán estas palabras. Son de Gisele Pelicot, la mujer francesa que fue drogada y violada por su marido y varios hombres más sin su consentimiento y en reiteradas ocasiones y que relató su caso ante el mundo entero. La frase se volvió viral para la lucha feminista y creo que es totalmente extrapolable a los abusos sexuales a menores, una problemática que hemos analizado recientemente en un congreso específico celebrado en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo.

Si algo quedó claro en dicha cita fue que para que la vergüenza cambie de bando las instituciones tenemos que reaccionar. Desde Europa ya se han aprobado varias resoluciones que persiguen eso mismo, la resolución 2533 es buen ejemplo de ello.

Antes de nada, sí me gustaría hacer una fotografía de la situación en el Estado español: según un informe reciente de Save the Children España, se estima que entre el 10 y el 20% de la población ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Si cogemos como referente un 15%, estamos hablando de 7,25 millones de personas. El 80,3% de las víctimas son niñas y adolescentes y la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales es a los 11 años. En cuanto al perfil de la persona agresora, ha cambiado un poco la tendencia. Tras la pandemia de la COVID-19 han aumentado los abusos por parte del entorno conocido no familiar y el entorno desconocido del niño o niña, pasando a un segundo puesto el entorno familiar.

Teniendo esta foto presente y siguiendo la hoja de ruta que nos marca la resolución 2533 del Consejo de Europa, en Euskadi estamos dando pasos en esta materia. En abril de este mismo año aprobamos la ley de infancia y adolescencia, reconociéndose en ella la prevalencia del interés superior de los y las menores, además de reconocer y profundizar en el derecho de los y las menores a ser escuchados y escuchadas. La norma también integra el concepto de buen trato, ligado al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Otro hito muy importante fue la puesta en marcha en el Parlamento Vasco de la ponencia contra abusos sexuales a menores, recientemente galardonada con el premio “Protección a la Infancia”. Fue una experiencia muy gratificante y sanadora para todas las personas que participamos en ellas, muy dura para las víctimas.

En el Estado también se están dando pasos. Un avance fundamental en la protección frente a la violencia de niños, niñas y adolescentes se produjo en mayo del 2021, con la aprobación de la llamada LOPIVI (ley Orgánica 8/2021, de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia). Esta ley supuso un cambio de paradigma, confirmando que la prevención es la clave para acabar con la violencia contra la infancia. En esta ley también se prevé la atención integral a las víctimas y la especialización de la justicia en violencia contra la infancia y adolescencia, cuestión vital para lograr procedimientos más garantistas.

Otra iniciativa importante es la proposición de ley propuesta por el Parlament de Catalunya y que el Congreso de los Diputados aprobó este pasado 12 de noviembre, que consiste en modificar el Código Penal y Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, incluyendo en los casos de no prescripción de los delitos, junto con los de lesa humanidad o genocidio, los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima fuere menor de edad y la pena máxima señalada fuere de prisión de 5 años o más.

Todos estos son hitos que en épocas anteriores resultarían impensables. Ahora nos sirven para mirar al futuro, nos sirven para sanar a las víctimas y a quienes les rodeamos, y sobre todo nos sirven para que la vergüenza –en este caso la de los abusos a menores- también cambie de bando.