Hoy el mundo está conmovido, expectante y como no, asustado.

Hoy más que nunca somos espectadores de cómo la tiranía y la irresponsabilidad individual por haber puesto en cargos de poder a dirigentes políticos cuyo ego es más grande que su capacidad intelectual, puede costar muchas vidas y tener consecuencias a largo plazo y a lo largo y ancho del mundo.

Ahora mismo todos se cuestionan si está justificada la intervención de un país en otro por la fuerza y vulnerando el Derecho Internacional. Rotundamente no.

Avanzamos como sociedad cuando creamos unidad y leyes que protegen los Derechos Humanos frente a quienes durante siglos los han vulnerado. Por eso, nunca podemos retroceder, bajo ninguna justificación .

Lo de atacar a civiles y más, a niños y niñas, es algo que duele tanto que poco se puede decir, más que mostrar una repulsa contundente ante estos actos.

Pero, vayamos a las consecuencias posteriores a corto y medio plazo que en esta región, sufriremos y que abre nuevamente el debate sobre la soberanía alimentaria entre otras cuestiones.

Hoy no solo sube el gas o el petróleo, también lo hacen los fertilizantes y no será cuestión de días o semanas. Mientras se sigan destruyendo esas industrias, el precio seguirá en alza más allá del fin de la guerra.

Entonces, ¿Que harán los territorios ultraperiféricos que como Canarias se verán gravemente afectados? Los macro proyectos de energía renovable, energía que se acumula para ser vendida al exterior por las oligarquías energeticas no nos va a dar de comer, no van a dar fruta, verduras ni pasto para la ganadería.

Canarias, territorio con elevados índices de pobreza, con la cesta de la compra más cara del Estado y con altos índices de desempleo, tendrán que hacer frente a subidas en el precio de la comida, elemento básico y fundamental para medir el bienestar. Por ello, hoy más que nunca hay que analizar y reflexionar sobre el extractivismo al que estamos sometiendo al territorio, la falta de tierra para cultivar, el abandono sistemático al sector de la ganadería y pesca y sobre todo, hay que reflexionar sobre el letargo en el que la ciudadanía está sumido.

Hoy debemos plantarnos ante la tiranía, la vulneración de Derechos Universales, el abuso de poder y pensar sobre la *responsabilidad individual a la hora de poner en el poder a personas autoritarias, radicales y por qué no decirlo, dementes.

Tenemos un poder y una responsabilidad en las urnas, que no podemos desaprovechar. Votar no es solo elegir a un representante, es elegir el tipo de mundo en el que queremos vivir.

La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en una realidad en nuestro día a día y, como no, está presente también en las Administraciones Públicas Canarias, incluida la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Sin embargo, bajo la promesa de modernidad, surge una pregunta que los responsables políticos parecen evitar: ¿puede un algoritmo suplir el criterio, la sensibilidad y la empatía de un profesional del ámbito sociosanitario?  

Ya les adelanto yo que no. Y les describo el escenario actual: un escenario muy peligroso donde las prisas por gastar los Fondos Europeos, y maquillar estadísticas electorales, están creando un sistema frío y muy alejado de la realidad de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad; un caldo de cultivo que, tarde o temprano, va a estallar. 

La sensación que impera entre los trabajadores de la Consejería es la desesperación, el desánimo y la de un “grito ahogado”. Profesionales que ven como su experiencia es sustituida por estadísticas y cómo la urgencia por “gastar los dineros” impide mirar hacia atrás para corregir el rumbo.  

Se ha cometido el craso error de prescindir del criterio, experiencia y formación de los profesionales que llevan décadas en la Consejería. Y es que una máquina, que trabaja con base en comandos y algoritmos, no entiende de casuísticas humanas, del impacto de género o sesgos en los algoritmos. Cabe recordar a nuestros dirigentes políticos, que existe normativa y reglamentos europeos, que ponen límites al uso de la IA para que el ser humano no sea objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, menos cuando estas producen efectos jurídicos. 

La IA venía para agilizar trámites y eliminar la burocracia; debía liberar al profesional de la carga administrativa y permitirle hacer lo que mejor sabe y que ninguna máquina puede hacer: atender a las personas con empatía y escucha activa. En la práctica, parece estar sirviendo de escudo para la deshumanización y, de paso, para la externalización y mercantilización de la salud y de las situaciones problemáticas que padecen los y las canarias. Con ello, más que avanzar, nos encontramos claramente ante un proceso de involución como civilización. 

Mientras la Consejería se enfoca en la digitalización, la realidad de la Dependencia, la Discapacidad o la Renta Canaria de Ciudadanía es desoladora. Desde la grabación de expedientes, la gestión de citas, la elaboración de las resoluciones, hasta la digitalización de los expedientes, todo se ha externalizado. Pero las listas de espera no disminuyen y ahora, encima, se excluye a la persona del sistema con base en algoritmos claramente deficientes. No solo eso, la creación de plazas sociosanitarias en la actualidad sigue muy alejada de dar respuesta a la demanda real. 

Es una paradoja cruel: en la política canaria, parece no haber límites ni burocracia para conceder licencias de camas hoteleras, pero la creación de camas sociosanitarias se pierde en un laberinto administrativo infinito.  

En el ámbito de la Dependencia, estamos asistiendo a un fenómeno tan silencioso como devastador. El resultado de una gestión centrada más en los procesos administrativos que en las personas y sus necesidades reales, es el desistimiento. Ante la ausencia de una red sólida de servicios públicos de ayuda a domicilio y la incapacidad de dar respuesta a la demanda actual por parte del sector privado, las familias se encuentran solas. Tras tres meses de silencio institucional, muchas tiran la toalla por agotamiento. 

No podemos permitir que el olvido sea la respuesta a la vulnerabilidad, ni que en la carrera por la modernización, dejemos atrás lo único que hace a los servicios sociales realmente ''sociales'': la humanidad.

Cuando un extranjero piensa en Canarias, solo ve lo que interesa mostrar: playas paradisíacas, paisajes montañosos, buena gastronomía, un clima excelente y un ambiente gentil y acogedor. Pero lo que nunca llegarán a vislumbrar son las miserias que esconde este preciado territorio

Cuando un extranjero piensa en Canarias, solo ve lo que interesa mostrar: playas paradisíacas, paisajes montañosos, buena gastronomía, un clima excelente y un ambiente gentil y acogedor. Pero lo que nunca llegarán a vislumbrar son las miserias que esconde este preciado territorio. Esto es resultado de la labor de nuestros dirigentes políticos, el maquillaje de los grandes empresarios - especialmente del sector turismo - y la aquiescencia del propio pueblo canario.

Y es esa conformidad la que realmente hiere, acongoja y entristece. Es la complicidad del pueblo canario la que frustra, la que nos obliga a cuestionarnos una y otra vez ¿por qué lo permitimos?. Una complicidad que, en ocasiones y con gran deleite, rinde pleitesía a los cuatro “cabecillas de turno” tratándolos como si fueran deidades.

Lo que no se ve, gracias a los “buenos asesores” de los diferentes Gobiernos, son las listas de espera para ser valorado por un especialista, ni los tratamientos no financiados que un canario debe costear con míseras pensiones o salarios. Tampoco se vislumbra las muchas incidencias que, en ocasiones, cuestan vidas en los hospitales por falta de personal y medios. Ni siquiera se ven nuestros familiares dependientes abandonados en los pasillos de los hospitales, o a los menores que esperan atención temprana en un intento desesperado por no formar parte en el futuro, del cada vez más ineficaz sistema de Discapacidad y de Dependencia.

Tampoco se ven los índices de desempleo juvenil, esos mismos jóvenes a los que luego criticamos y juzgamos por no encontrar motivación y que se reúnen en una plaza, un parque o cualquier espacio que les permita agruparse entre iguales. Todo ello en busca de privacidad para “evadirse” de una realidad que, por otro lado, está muy manipulada e inoculada a través de las redes sociales y medios de comunicación.

Pero no todo va a ser malo: somos auténticos linces a la hora de crear, modificar y derogar leyes. Porque lo importante no es hacer cumplir la regulación existente poniendo todos los medios materiales y humanos necesarios para ello, sino demostrar que el anterior Ejecutivo andaba muy “despistado”. No se preocupen, que llegan “los otros” a deshacer hasta lo que ellos mismos hicieron en el pasado, eso sí, escuchando el clamor del pueblo (o no). Claro que ahora lo harán mejor, pues llegan dotados de un “ejército de asesores” que bien podría llamarse “el escuadrón de los cuñados”. Ya saben, por eso de que saben de todo, pero no saben de nada.

Los cambios normativos se suceden en áreas como; Dependencia y Discapacidad – con introducción incluso de la IA en el sector -, menores (nacionales y no acompañados), vivienda, turismo, transición energética etc. A priori se diría que somos vanguardistas y estamos casi a la par con los países más desarrollados, pero, aunque la normativa existe, la ejecución es lenta, la burocracia excesiva y la capacidad operativa es insuficiente debido a la falta de financiación y personal, es decir, falta de voluntad política.

¿Por qué no podemos acceder a una vivienda, habiendo incluso renunciado ya a que sea “digna”, - porque la situación no está para ser exquisito -, a un empleo estable, a un salario que dignifique nuestra existencia o a un sistema de salud o de políticas sociales que realmente promuevan la calidad de vida, la prevención y el envejecimiento saludable?

Y aunque podría seguir mencionando muchos aspectos de un sistema que hace aguas por todas partes, mención aparte merece el destrozo de nuestro territorio, sin remordimiento ni moralidad alguna. Esto es obra de unos pocos que, en nombre del progreso y de la transición energética, y llevando por bandera la “ecoisla”, se han permitido y se permiten hacer y deshacer, pasando por encima de la legislación en los ámbitos autonómico, estatal y europeo. Como buenos “cuñaos” que son, ya me entienden.

Pero la pregunta que más me hago es: ¿por qué lo permitimos?. Ya no vale justificarse en la desafección, el hastío o la frustración. Es hora de exigir responsabilidad política, dignidad y respeto hacia nuestra identidad, nuestro territorio y, en definitiva, hacia nuestros hijos, padres, hermanos y vecinos.

Aunque a simple vista puedan parecer dos cuestiones distintas, la dependencia estructural de Canarias y la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestro archipiélago comparten una misma raíz: la falta de soberanía real para tomar decisiones que respondan a nuestras necesidades concretas

Aunque a simple vista puedan parecer dos cuestiones distintas, la dependencia estructural de Canarias y la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestro archipiélago comparten una misma raíz: la falta de soberanía real para tomar decisiones que respondan a nuestras necesidades concretas.

Una dependencia que nos limita

Muchos se preguntan cómo abordar los problemas estructurales que lastran nuestro desarrollo como sociedad. Pero, en el fondo, todos sabemos dónde están nuestras verdaderas limitaciones: en una dependencia crónica del Estado español y de la Unión Europea. Una dependencia que, si bien en algunos momentos puede suponer un alivio o garantía, en muchos otros, se ha convertido en un lastre que nos impide avanzar.

Como territorio fragmentado y periférico, Canarias necesita normativas diferenciadas que respondan a su realidad específica. Sin embargo, seguimos rigiéndonos por el mismo marco normativo que el resto del Estado, lo que genera problemas estructurales y enquistados en la sociedad canaria. Un marco que impide, por ejemplo, regular la compraventa de viviendas destinadas a la especulación o al turismo vacacional en manos de grandes tenedores y que limitan nuestras opciones de acceder a una vivienda; que limita la contratación de empleados públicos en servicios esenciales y saturados; que permite el crecimiento descontrolado de las energías renovables sin planificación territorial y en detrimento de la soberanía alimentaria; o que mantiene el control de nuestros puertos y aeropuertos en manos ajenas, pese a su valor geoestratégico.

La otra cara de la dependencia: la humana

En el caso concreto de la Ley de Dependencia, este mismo corsé normativo se combina con una gestión política deficiente —cuando no directamente negligente—. Durante años, la aplicación de esta ley en Canarias ha estado marcada por la falta de inversión, la privatización encubierta y la ausencia de planificación. Pero sobre todo, por unas leyes estatales que impiden ampliar las plantillas del sector público, aun cuando la demanda crece sin parar.

El resultado: miles de personas dependientes siguen esperando una atención digna, mientras que sus cuidadores y cuidadoras —en su mayoría mujeres— soportan en soledad una carga que debería ser asumida colectivamente.

El 18 de marzo no es solo una jornada de denuncia. Es también una oportunidad para reflexionar  sobre un modelo social que no funciona porque parte de una estructura de poder que no nos representa ni nos protege. La dependencia que arrastramos como sociedad —política, económica, normativa— tiene consecuencias muy concretas en la vida cotidiana de miles de personas. Y hasta que no abordemos esa dependencia de raíz, difícilmente podremos construir un modelo justo, sostenible y adaptado a nuestra realidad.

Las personas en situación de dependencia y sus familias no necesitan guerras parlamentarias ni titulares vacíos. Necesitan dirigentes valientes, responsables y, sobre todo, sensibles a la dura realidad que viven cada día.

Mientras se sigue centrando el discurso en el fracaso del sistema de dependencia en Canarias, siguen esperando una intervención inmediata nuestros menores en situación de riesgo, nuestros jóvenes —que se ven obligados a marcharse de su tierra para encontrar un futuro mejor— y las personas con discapacidad, que no necesitan solo una tarjeta que los identifique: necesitan respuestas ágiles, acciones eficaces y el reconocimiento real de sus derechos.

¿Qué Canarias queremos?

Queremos una Canarias libre, autosuficiente, dialogante y capaz de buscar soluciones para la ciudadanía de forma conjunta y coordinada. Una Canarias que sepa aprovechar todo el potencial existente, no solo en los canarios y las canarias, sino también en los recursos propios de su tierra.

Pero para eso necesitamos algo esencial: una clase política centrada en el bien común, y no en usar la política como medio para el provecho de unos pocos. Canarias tiene un límite. Y los canarios y canarias, también.

Con el nuevo decreto llega, una vez más, la promesa —hasta ahora incumplida— de reconocimiento y asignación de recursos en un plazo de seis meses, tal como establece la Ley. Con ello se supone que también, el reconocimiento y el derecho a acceder en tiempo y forma a plazas en centros de día, en centros ocupacionales o incluso plazas te atención residencial cuando no sea posible seguir cuidando en casa a nuestros seres queridos.

Suena bien, ¿verdad? Esperanzador, justo, necesario. Pero, lamentablemente, profundamente irreal.

Este nuevo decreto no aborda los problemas estructurales que arrastra el sistema de atención a la dependencia en Canarias. Todos sabemos cuál es el núcleo del problema: una insuficiente dotación presupuestaria, la escasez de personal estructural, más de una década de mala gestión en el área y el rotundo fracaso de dos Planes de Infraestructura Sociosanitaria.

Entonces, ¿qué trae de nuevo este decreto? Poco, salvo una única promesa mínimamente realizable: unificar en una sola visita las dos fases del procedimiento —el reconocimiento del grado de dependencia y la asignación del recurso más adecuado—, con la supuesta participación activa de la persona solicitante. Pero incluso esta medida está por ver.

El éxito de esa primera visita dependerá en gran medida de la formación, pericia y sensibilidad de los profesionales encargados de detectar la realidad diaria del solicitante: su entorno familiar (ya sea de sobreprotección, aislamiento o incluso maltrato), su salud física, cognitiva y mental, los procesos de recuperación en curso o los episodios/brotes que aún padece, entre muchos otros.

En cuanto a la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), el proceso ha quedado en un trámite sin alma: una casilla en una lista de espera debido a la escasez de recursos o, en el mejor de los casos, la asignación de una prestación económica precaria que delega en la familia lo que debería ser una responsabilidad pública. No hay por tanto un trabajo centrado en la persona, está centrado y adaptado a las miserias del sistema.

La gran apuesta del Gobierno es la externalización. Se favorece el recurso privado mediante prestaciones económicas vinculadas, enriqueciendo así a unos pocos con dinero público y sin mecanismos de control o supervisión reales. Algunos dirán que esa función la cumple el servicio de acreditación e inspección de centros, pero la realidad es otra: falta personal, no existen directrices claras y la descoordinación es la norma. Aun así, hay que reconocer la labor encomiable de los técnicos del área, que hacen lo que pueden con lo que tienen.

El informe elaborado por la Diputación del Común en 2019 ya alertaba de muchas de estas carencias. Y la respuesta de algunas empresas implicadas fue, sencillamente, nula, a pesar de tener la obligación legal de colaborar. ¿Dónde están las competencias para fiscalizar estas actuaciones?

¿Quién asume la responsabilidad por la desidia, la incompetencia y la mala gestión que afectan directamente a la salud —y en algunos casos a la vida— de las personas dependientes?

No todo vale, señora consejera.

Este decreto no supone ningún avance real. Es, simplemente, “el mismo perro con distinto collar”. La soberbia del equipo responsable del área les impide ver más allá, y no atienden a quienes llevan 18 años escuchando a familias, viendo errores repetirse y también experiencias de mejora cuando hubo voluntad política y capacidad de gestión.

Debemos dejar de compararnos con otras comunidades autónomas, especialmente cuando no invertimos lo mismo ni enfrentamos las mismas realidades sociales, demográficas y geográficas.

Lo que sí debemos hacer es reconocer a quienes, con verdadera vocación y entrega, han sostenido este pilar esencial del bienestar social, incluso en medio de la desmotivación, el autoritarismo y la indiferencia institucional.

Sí, necesitamos un nuevo marco normativo que responda a las nuevas realidades. Pero este debe construirse desde el compromiso, la responsabilidad, la cooperación interadministrativa y la financiación suficiente. Y, sobre todo, desde el respeto a todas las personas y colectivos que trabajan para cuidar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Porque no se trata solo de redactar normas: se trata de dignidad, de justicia social y de humanidad.

Entre los avances que pretende esta reforma, destaca la mejora de la atención a domicilio para las personas en situación de dependencia, el reconocimiento del servicio de teleasistencia como un derecho subjetivo y la priorización de la accesibilidad universal. En Canarias llevamos años a la cola en el reconocimiento de la situación de dependencia, así como en el reconocimiento y tramitación de los recursos que deben ser concedidos a partir del Plan Individual de Atención (PIA). Pero ¿a qué se debe tanta demora y desigualdad en el reconocimiento y atención a la Dependencia en el territorio español?

Una vez más, somos testigos de cómo los derechos subjetivos y universales no se garantizan en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía. Las diferencias en la gestión y aplicación de la Ley de Dependencia están profundamente influenciadas por “el color político” y los pactos que gobiernan las diferentes CC.AA.

La Comunidad Autónoma Canaria, con su condición de territorio ultraperiférico, fragmentado y con una idiosincrasia única, requiere una atención especial. Sin embargo, nuestra clase política parece tergiversar esta realidad, para defender intereses particulares que benefician a unos pocos a costa de suprimir los derechos arduamente conquistados.

En 2002, la UE adoptó tres criterios básicos que debían regir las políticas de Dependencia de los estados miembros: Universalidad, Alta Calidad y Sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implantan. Como bien reflejan los datos del IMSERSO o los informes de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, estos criterios están seriamente comprometidos, ya que durante los años de crisis se dejaron de aportar los fondos necesarios para su funcionamiento y se empezó a limitar derechos.

Todo ello ha provocado el colapso del sistema y ha dado lugar a cambios en la normativa, tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas, con la publicación de Decretos que modifican sustancialmente el procedimiento para reconocer las situaciones de Dependencia y el derecho a los servicios y prestaciones del catálogo. Pero ¿a qué precio? Y no solo eso, el actual equipo de Gobierno en Canarias, pretende modificar normativa de gran relevancia en materia de servicios sociales sin ningún proceso participativo y por la puerta de atrás, al introducir enmiendas en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. 1

¿Por qué tanto oscurantismo? ¿Donde quedan las políticas participadas? Simplemente retrocedemos.

Realmente el cuidador no interesa como persona, es un instrumento al servicio del Sistema disfrazado de conceptos como cuidados centrados en la persona, respeto de la decisión de la persona dependiente de permanecer en su entorno y nuevo modelo de cuidados.

¿Es realmente un nuevo modelo? En absoluto. Es el modelo tradicional, revestido de terminología moderna, cuya única novedad es la concesión de prestaciones económicas insuficientes. En el mejor de los casos, estas prestaciones permiten costear unas pocas horas diarias de cuidados profesionales, generalmente a través de empresas privadas que, muchas veces, no garantizan condiciones laborales dignas para sus trabajadores.

Dudo que la persona cuidadora prefiera recibir una prestación económica a cambio de las horas de cuidado que debe asumir, horas que afectan y condicionan su desempeño laboral, su tiempo de ocio y sus oportunidades personales. Este enfoque sacrifica el bienestar de quienes cuidan y, en última instancia, compromete la calidad de vida de las personas en situación de dependencia.

A nuestra clase política le planteo ¿quieren ser parte del fortalecimiento y mejora de uno de los pilares del ya moribundo Sistema de Bienestar o por el contrario van a ser partícipes de su decadencia y desmantelamiento ?

En lugar de perpetuar un sistema que prioriza la rentabilidad sobre las personas, es hora de cumplir con los principios que dieron origen a la Ley de Dependencia: universalidad, calidad y sostenibilidad. No se engañen ni engañen a los ciudadanos. Cumplan con el pacto social y trabajen para garantizar que “la atención a la dependencia” deje de ser un privilegio y se convierta en lo que siempre debe ser: un derecho.