Hasta hace apenas una semana, Agustín Vicente, zaragozano de 74 años, vivía en la constante angustia de no saber dónde iba a dormir el mes siguiente. Con una pensión no contributiva de 560 euros al mes, permitirse una vivienda es prácticamente imposible. A eso hay que sumarle una discapacidad visual del 85% y varias lesiones por las que ha sido intervenido quirúrgicamente en tres ocasiones. La última, el pasado verano después de una severa caída que agravó su situación de vulnerabilidad y le impidió subir las cuatro plantas de un bloque de pisos sin ascensor para acceder a la habitación que alquilaba por un módico precio.

Desde aquella caída su día a día se volvió más difícil, entre hostales y pensiones mientras esperaba una respuesta del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para acceder a una residencia pública que sí podría costearse. “Me conformaría con una habitación. He vivido siete años en la calle Lapuyade número 14, donde alquilaba un espacio a un matrimonio. Pero me operaron y ya no podía subir las escaleras. Me tuve que ir”, relata Vicente desde la residencia Lontananza, situada en el Camiono de Pinseque, a las afueras de Zaragoza. Está de forma temporal con una subvención de los Servicios Sociales municipales. Sin embargo, su estancia está pautada por solo cuatro meses: “El único ánimo que me queda es el de encontrar un sitio donde estar, es muy duro no saber qué va a pasar conmigo”.

En el mencionado centro privado le han asegurado a Agustín que costearán la factura hasta que sea necesario. Él mismo muestra su “agradecimiento” y reconoce que la atención ahí es buena, pero insiste en ir a la Casa de Amparo, situada en su “barrio”.

El IASS tiene a su disposición 10 residencias propias para personas mayores y cuenta con otras 102 bajo un acuerdo marco. También cuenta con algunas plazas concertadas en la propia Casa Amparo, que es un recurso de titularidad y gestión municipal. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza afirman que para recibir una plaza en esta instalación “no hay una lista de espera como tal. Cada situación es valorada por las trabajadoras sociales municipales de manera personalizada, atendiendo a los requisitos que establece la ordenanza municipal (de renta y de soledad) y, a partir de ahí, se da respuesta en función de las necesidades de cada persona”.

Lejos de lo que se pueda pensar, Vicente ha trabajado toda su vida. Desde comercial de máquinas de coser Alfa y Sigma hasta montador de persianas y puertas metálicas para establecimientos. No obstante, muchos de esos trabajos los hacía a comisión, de modo que no cotizó lo suficiente para una pensión contributiva. “Cuando quise darme cuenta me había hecho mayor y empecé a tener problemas de visión, no pude hacer nada y con los años que había cotizados no llegaba. Hacia lo que podía, empecé a hacer lo que pude como ir a vender al rastro los domingos”, cuenta.

Pese a todo, Vicente ha conseguido cultivar buenas amistades en el camino. Una de ellas es la de Agustín Borja, trabajador social de la Asociación Promoción Gitana (APGZ) que ha seguido su caso desde el primer momento. “Vicente ha estado en dos residencias distintas de las que se ha tenido que marchar por falta de recursos para pagar la mensualidad. Lo hemos tenido que sacar de la calle en dos ocasiones y le hemos ayudado a buscar pensiones y hostales donde pasar la noche. Aunque no es gitano, APGZ se ha volcado con él. Tiene derecho a una plaza en LA Casa Amparo, pero la burocracia es muy lenta y nos responden que están completos y debemos esperar a que se libere una habitación”, informa Borja. Siente que “las instituciones se han deshumanizado” y que no hay que olvidar que “detrás de los números hay personas”.

Con el apoyo de APGZ se han gestionado los procesos de solicitud del reconocimiento de discapacidad de grado II de Vicente y su correspondiente pensión. Este apoyo económico ha sido fundamental para llegar a un acuerdo con la residencia donde se encuentra y de la que debía irse a finales de marzo: ahora podrá permanecer allí hasta que le llamen para ocupar una plaza definitiva donde pueda estar estable y recibir los cuidados que necesita.

El tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de grado de dependencia en Aragón es de 140 días, mientras que desde la resolución de grado hasta la resolución de prestación es de 38 días de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). A nivel nacional hay 186.958 personas en lista de espera entre las que se encuentran solicitudes dependientes de resolución de grado de dependencia, beneficiarios sin prestación y beneficiarios con prestación no efectiva , todos con más de seis meses y sin motivo. De estas, 816 pertenecen a Aragón.

Durante su intervención en una sesión plenaria, la consejera de Bienestar Social y Familia Carmen Susín defendió que Aragón es la tercera comunidad autónoma con menos tiempo de espera para una residencia, 182 días: “Estamos ya muy cerca de cumplir con los seis meses que marca la ley”. Además, resaltó el aumento de la inversión en la dependencia durante la gestión de 2024 que supera por primera vez los 310 millones de euros.

En cuanto a la lista de espera para una residencia, Susín afirmó que “hoy están todas las plazas públicas ocupadas, a excepción de las 114 afectadas por las obras de las unidades de convivencia, y prácticamente todas las plazas del acuerdo-marco, a excepción de las reservas para convalecencias”. 

El Ayuntamiento de Tarazona incumplió de forma sistemática en 2023 y 2024 los controles obligatorios para el mantenimiento de las piscinas cubiertas y el jacuzzi de su polideportivo en cuestiones tan sensibles como el cloro y el bromo, la legionela o las pseudomonas. Todo este reguero de deficiencias higiénico-sanitarias fueron recogidas en un informe por el Servicio Provincial de Sanidad y desembocaron recientemente en una sanción de 1.500 euros.

Estos graves hechos no habían trascendido hasta ahora. Fue en el pleno ordinario de la corporación turiasonense celebrado el pasado 27 de febrero cuando salió a la luz, a raíz de una resolución municipal firmada por el alcalde, el popular Tono Jaray, que daba cuenta del reconocimiento de responsabilidad por parte del Consistorio. En la sesión, la portavoz socialista, Leticia Soria, criticó la “displicencia” y “desinterés” del primero edil ante una situación que, según denunció, “pone en grave riesgo la salud de los ciudadanos”.

La resolución recoge numerosos incumplimientos en los dos últimos años. En los meses de enero, febrero, abril y junio de 2023, el Servicio Municipal de Deportes -entidad encargada de gestionar el recinto- no analizó el cloro combinado residual, la transparencia y los parámetros como la humedad del aire, la temperatura ambiente y el CO2 que deben tenerse en cuenta en las piscinas cubiertas. Durante la temporada de este año, nadie se hizo responsable de introducir los datos pertinentes en el Sistema Nacional de Piscinas (SILOÉ), que entre otras cuestiones detecta y previene posibles riesgos para la población derivados del uso de las piscinas en España.

Entre enero y julio de 2024, no se analizó el cloro combinado residual y el bromo en el jacuzzi, perteneciente a las mismas instalaciones del polideportivo, en marcha desde 2008 y con doce espacios para practicar distintas actividades deportivas como tenis, pádel, futbol y natación.

Tampoco constan análisis durante el mes de febrero en ninguno de los vasos que recoge la presencia de pseudomonas aeruginosa, bacteria que crecen en áreas húmedas como piscinas inadecuadamente cloradas y jacuzzis y que puede causar desde infecciones externas leves hasta enfermedades graves potencialmente mortales, de acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Forma parte de la lista de patógenos bacterianos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud por su alta resistencia a los antibióticos.

Para Soria, este hecho es “muy grave por el riesgo que supone para la salud de los turiasonenses y los vecinos de los barrios rurales conectados a la ciudad”. Además, la portavoz del PSOE subraya la “falta de información”, ya que, según relata, en los meses cuando se dieron las infracciones los vecinos seguían disfrutando de las piscinas cubiertas sin ningún aviso sobre las posibles condiciones del agua. Alguno ha reaccionado con sorpresa y con miedo al conocer estas infracciones. “Estamos sorprendidos e indignados por las deficiencias higiénico sanitarias que presentó la piscina climatizada del polideportivo. Muestra el grado de desinterés de este ayuntamiento, que, aun habiendo sido sancionado no se ha dado cuenta de lo sucedido”, lamenta Leticia Soria.

El Ayuntamiento de Tarazona ha reconocido su responsabilidad y ha pedido al servicio de Deportes que inspeccione la ejecución del contrato que tiene suscrito con una empresa externa para el control de la calidad del agua y la legionela. “Es una respuesta laxa que deja entrever una dejación de funciones manifiesta”, valora Soria, que anuncia que estará “vigilante” de todo el control que se haga de las piscinas.

El delegado de Deportes: “No volverá a ocurrir”

Durante el pleno, Pablo Escribano, delegado de Deportes, Juventud, Turismo y Mayores del Gobierno de Tarazona, reconoció las infracciones: “No volverá a ocurrir”. Argumentó sin ánimos de justificarse que el Servicio Municipal de Deportes ha arrastrado numerosas dificultades por la falta de su director, servicio de mantenimiento y jefes de instalaciones. No obstante, puso en duda los resultados entregados por la empresa encargada de analizar los datos de los vasos: “En muchos análisis las muestras daban a entender que eran aguas fecales, totalmente negras, y yo creo que nadie aquí ha visto en ese estado las piscinas”, aseveró. Por ello, Escribano declaró que solicitó un nuevo análisis a otra empresa y que los resultados fueron correctos.

En cuanto a la actualización de datos al SILOÉ, el delegado de Deportes volvió a señalar la falta de personal en la jefatura del servicio de instalaciones deportivas “hemos tenido baja de la persona que lo realizaba, no teníamos esos códigos para darnos de alta y eso nos llevó bastante tiempo y de ahí que hubo un importante retraso”, respondió Escribano a las preguntas de Leticia Soria y destacó que “ya tenemos el servicio prácticamente al completo con el director de deportes que está haciendo un grandísimo trabajo en apenas 3 meses poniendo todo en orden”.

Como establece el Real Decreto 742/2013 sobre criterios técnico-sanitarios de las piscinas, el titular tiene la responsabilidad de vigilar la calidad del aire y el agua de las piscinas cubiertas, así como registrar los datos relativos al autocontrol y situaciones de incidencias e incumplimiento, con las medidas correctoras adoptadas, preferentemente en soporte informático. Y además deberá poner a disposición de los usuarios en un lugar accesible y visible los resultados de los últimos controles realizados, así como información sobre situaciones de incumplimiento y medidas correctoras en los parámetros indicadores de calidad del agua.

Asociaciones vecinales, ecologistas y culturales de Zaragoza han dicho basta. Una reunión el pasado miércoles en la sede de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha servido para crear la plataforma 'Zaragoza no se Vende', una coordinadora que pretende transformar la “indignación manifiesta en tantos focos dispersos en acciones unitarias”.

La iniciativa surgió a propuesta de la Plataforma 'Salvemos los Pinares de Venecia'. En el encuentro se manifestaron numerosas quejas respecto a las actuaciones del Gobierno del PP en Zaragoza que afectan directamente al medioambiente, a los servicios y al transporte. Como primera gran iniciativa, el sábado 22 de marzo hay prevista una manifestación unitaria como rechazo a todas las acciones que señalan los colectivos. Antes, durante la celebración de la Cincomarzada, se dará a conocer la constitución de esta coordinadora y se difundirán las razones y detalles de la manifestación anunciada.

La plataforma girará en torno a la búsqueda de un modelo de ciudad con tres ejes: habitable, democrática y que cuide el medio ambiente. Tal como ha indica la Plataforma este viernes en un comunicado, en la reunión de esta semana se habló del rechazo a “un modelo de ciudad que niega la participación de las personas” y que “convierte en negocio las propuestas culturales y de ocio que emanan de la organización popular, mientras enajenan los espacios y servicios públicos y comunitarios con afán especulativo, eliminan lineas de bus, degradan el medioambiente mientras lo maquillan con 'el bosque de los zaragozanos'”.

Otras quejas de los colectivos reunidos son la eliminación de los presupuestos a la cooperación al desarrollo, el impulso de modificaciones urbanísticas con fines especulativos o el desprecio a la huerta de la ciudad y sus espacios naturales.

Polémica con los posibles daños al Puente de Piedra

La última polémica se ha registrado con el Festival Zaragoza Luce, presentado este viernes y que según el Gobierno del PP aspira “a poner en el mapa internacional” a la capital aragonesa. La Asociación Vecinal Casco Histórico Zaragoza (AVV LanuzaCV) y Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) han criticado el hecho de que una de las esculturas, los ‘Colosses’ del colectivo francés Louxor Spectacle, han sido anclados a la estructura del Puente de Piedra.

Este hecho supondría un atentado al patrimonio de la ciudad, según estas entidades, y un nuevo ataque a la propia normativa municipal del Ayuntamiento, que establece para cualquier elemento que deba ser colgado “en ningún caso deberán ir ancladas al suelo o a cualquier otro elemento de la vía pública que pueda sufrir algún deterioro”.

El Consistorio ha respondido a esta acusación y ha desmentido a través de la red social X “la desinformación” de las dos asociaciones, al apuntar a que los anclajes ya existían, “por lo que la piedra no se ha visto afectada”. El Gobierno del PP asegura que cuenta con visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio y destaca “el cumplimiento escrupuloso de todas las prescripciones técnicas para la protección del Puente de Piedra”.

Cuestionada por este diario, fuentes municipales han rehusado proporcionar el mencionado dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio. La exdirectora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Marisancho Menjón, reaccionó también en X poniendo en duda la versión municipal.

Y a estas protestas se unen las quejas por el desvío de las líneas 28, 35, 36 y 39 a su paso por el emblemático puente de mediados del siglo XV, fruto de las obras para colocar dos de las ocho esculturas lumínicas que conforman este festival. Un cambio de recorrido que se ha extendido tres días de esta semana y por el que llovieron las críticas de los vecinos afectados.

“Siempre se busca la misma foto”

Aitana Enciso es gestora cultural y vecina del entorno del Puente de Piedra. “He vivido varios años en Barcelona y ahí se celebra el Festival Llum en un barrio concreto lejos del centro (Poble Nou)”, comenta. “Más allá de algún problema de accesos, hay múltiples diferencias con el de Zaragoza. Se exponen más obras, y de hecho se incluyen trabajos de estudiantes y de escuelas de diseño. Y encima a un coste mucho menor”, señala.

“En Arrabal y Barrio Jesús llevamos meses con afectaciones muy aleatorias de transporte público, que comenzaron con las luces de Navidad. Nadie ha pensado en todos los usuarios que madrugaban, iban a clase o al médico y que han resultado afectados”, se queja Enciso. “Siempre se busca la misma foto, cualquier idea tiene que incluir la foto de El Pilar y dá igual el tráfico y las molestias que esto ocasione a los vecinos”, añade.

Según el portal de Transparencia del Instituto de Cultura de Barcelona, el festival barcelonés ha tenido en su edición de 2025 un coste público de algo menos de 170.000 €, algo a lo que han ayudado los patrocinios obtenido. El gasto en el Zaragoza Luce, según hizo público la propia alcaldesa, Natalia Chueca, asciende a 485.000, casi tres veces más. En Barcelona, de las 32 atracciones colocadas en 2024, 17 pertenecían a escuelas de diseño.

Zaragoza Luce es una iniciativa del Ayuntamiento junto con la compañía de teatro de marionetas Antídoto y la colaboración de Iberdrola y el Gobierno de Aragón. La alcaldesa Natalia Chueca manifestaba durante la presentación que este festival, inspirado en el propio de la ciudad francesa Lyon, es una apuesta por la economía y cultura de la ciudad y la constancia en su compromiso de que “en Zaragoza y en la Plaza del Pilar siempre pasen cosas”. Dicho y hecho: desde que la dirigente popular tomó el cargo, se han realizado distintas actividades con el mismo fin, como el Monumental Tour o Zaragoza Florece.

Desde este viernes hasta el sábado, de 19.00 a 01.00 y el domingo de 19.00 a 23.00, los ciudadanos podrán recorrer las 8 esculturas de este evento en el Teatro Romano con ‘Fiat Lux’ (Toni Arola); la Fachada del Colegio de Arquitectos con ‘Pii, expansión arquitectónica’ (Néstor Lizalde); Plaza de San Felipe con ‘El Núcleo’ Artista (Gustavo Omedes); Plaza del Justicia con ‘Trayectos de luz del alba’ (Javier Riera); Fuente de la Hispanidad con ‘Solar Dust’ (Quiet Ensemble); Plaza del Pilar con ‘Sign’ (Vendel & de Wolf, Holanda); Fuente de la plaza de la Seo con ‘Artificial Humans’ (Atelier Haute Cuisine) y Puente de Piedra con ‘Colosses’, (Louxor Spectacle).

Con las cinco instalaciones de Amazon Web Services (AWS) en Villanueva de Gállego, Burgo de Ebro, La Cartuja y Huesca, el Gobierno de Aragón no solo pretende elevar a la Comunidad Aragonesa en el panorama mundial de tecnología, sino que también confía en un crecimiento económico con la posible generación de 6.800 nuevos empleos de aquí a 10 años. Sin embargo, las entidades ecologistas no terminan de creerse estas promesas y se organizan para presentar alegaciones contra el proyecto del Plan de Interés General de Aragón (PIGA). Hasta la fecha, no se habían presentado tantas alegaciones y tan variadas contra centros de datos en España.

Consumo excesivo de electricidad y agua, efectos adversos en la agricultura o proceso de tramitación opaco son algunos de los puntos que se desgranan en el documento firmado por Asociación Naturalista de Aragón, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Ingeniería sin fronteras, Tunubesecamirio, Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, Red Aragonesa por el Agua Pública (RAPA), SEO/Bird Life, entre otras. De esta forma pretenden combatir lo que consideran “la impunidad de las grandes empresas tecnológicas”.

La mayor preocupación frente a la millonaria inversión de la filial tecnológica de Amazon recae en el alto consumo de electricidad y agua que demandan sus instalaciones. El documento presentado se respalda en informes de otras ciudades como Virginia (Estados Unidos) donde los ciudadanos han tenido que adquirir depuradoras de aguas residuales para el consumo humano debido a la alta demanda de agua por los centros de datos.

“No estamos a favor de los centros de datos hiperescala ya que su alto consumo de recursos repercute de forma negativa en la sociedad y medioambiente”, asegura Luis García. El activista de Ecologistas en Acción, señala que “Aragón ya tiene muchísimos centros de datos y se planea que se instalen otros 20 más. Creemos que esa masividad en una misma región supone de facto una tendencia hacia un monopolio energético e hídrico que es muy perjudicial”.

Amazon invertirá 15.700 millones de euros en Aragón hasta 2033 para levantar una megarred de centros de datos en toda la comunidad autónoma.

Los medioambientalistas reclaman una planificación ordenada para la creación de centros de datos, tanto en Aragón como en España. Además, echan en falta una evaluación ambiental, económica y social de todas las instalaciones de este tipo existentes en la comunidad aragonesa.

Tanta agua como 20.000 hogares en Aragón

Ecologistas consideran que el riesgo de un desabastecimiento de agua por la enorme demanda de los centros de datos es real y tildan de “escandaloso” el plan de vigilancia ambiental (obligatorio en todas las autorizaciones ambientales) establecido en el PIGA para este proyecto.

“Si hay un consumo excesivo de agua, en vez de parar la actividad para que el resto de actividades económicas tengan recursos hídricos suficientes, lo se propone es un asesoramiento técnico cuando los agricultores, por ejemplo, lo que necesitaran es agua.”, comenta García.

Ya a finales de 2024 se contaba en este diario el posible coste eléctrico e hidráulico que asumiría Aragón. Si cada hogar en Aragón consume de media al día 110 litros de agua, al año esto supone 40.150 litros, o lo que es lo mismo, 40,15 metros cúbicos. Así, los 815.253 m3 de los centros de datos de Amazon equivalen al consumo anual de 20.300 hogares. En cuanto al consumo energético, equivaldrá a la mitad de la demanda eléctrica de toda la comunidad para 2030, con las proyeccinoes actuales.

Las organizaciones que se han unido para presentar alegaciones reconocen que es muy difícil detener este proyecto, pero confían en que sus reclamos generen mayor vigilancia y cumplimiento de legislaciones ambientales existentes.

La historia del pueblo gitano en la península ibérica comenzó hace 600 años en Aragón. Así lo constata un documento firmado el 12 de enero de 1425, por el que el rey Alfonso V autorizaba a una docena de gitanos circular libremente por la Corona de Aragón en su peregrinaje hacia el norte. Desde entonces, la Historia española se ha visto manchada por numerosos intentos de expulsión y exterminio contra los gitanos. Sus formas de vida han estado envueltas en sospechas de inadaptación y delincuencia, lo que a menudo oculta las grandes aportaciones de estas comunidades allí donde residen.

“Es el momento de hacer justicia con nuestro pueblo y por eso es importante que se reconozca la historia, la cultura y que se aborden las situaciones de desigualdad atroz que vivimos”, declaraba en un video conmemorativo Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano (FSG). Con ánimo de resarcirles, el Gobierno central declaró 2025 como Año del Pueblo Gitano y durante el mes de enero se realizan diversas actividades en torno a la celebración de esta cultura.

Las festividades llegan en un momento de reivindicación: el racismo estructural es el mayor obstáculo a los que se siguen enfrentando los gitanos y que se despliega de múltiples formas e incluso desde las instituciones.

José Francisco Rodríguez (25 años), trabajador social en la Asociación de Promoción Gitana Zaragoza (APGZ), reconoce que si ha continuado sus estudios ha sido por el empeño de sus padres, aunque no haya tenido muchos referentes a su alrededor. Por eso confía en la educación como vía de escape del abandono social. Pese a los avances en derechos, los gitanos siguen encontrando dificultades a la hora de acceder a una vivienda y trabajo dignos, sumado al alto abandono escolar que les sumerge en una espiral de profecía autocumplida. “Proyectamos en la comunidad gitana una imagen de la que es muy difícil alejarse, incluso aunque no te identifiques con ella, se construyen dinámicas relacionales a su alrededor. Como gitano y trabajador social, muchas veces tengo que hacer la labor pedagógica de explicar a jóvenes de dónde vienen, por qué viven como viven y cómo esa situación no elegida es fruto de siglos y siglos de racismo”, argumenta José, quien desea finalizar un doctorado con especialización en las poblaciones gitanas.

Los datos que se manejan hasta ahora son bastante reveladores: de acuerdo con un estudio comparativo publicado en 2013 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, seis de cada diez jóvenes gitanos no concluyen con éxito los estudios obligatorios. El porcentaje de abandono escolar temprano se sitúa en un 63,7% frente al 13,3% que presenta el conjunto de la población. Por otro lado, la FSG advertía en un estudio de 2015 que miles de familias gitanas viven en chabolas (2.200 hogares) y cerca de 9.000 hogares gitanos no cumplen con las condiciones de habitabilidad.

Sin embargo, son muchos los trabajadores sociales y activistas por los derechos humanos de los gitanos que reclaman nuevos y más estudios de la realidad actual para acciones eficaces que mejoren la vida de los gitanos. En palabras del activista Vicente Rodríguez, fundador de RomaPop y referente gitano a nivel internacional, “sigue sin haber datos fidedignos sobre la población gitana en España, y en Europa pasa lo mismo. Simplemente no existe voluntad política ni interés. Aportar datos reales e investigar requeriría un apoyo sistémico y un interés que realmente no está ahí. Los gitanos no son la prioridad, la gente está pensando en la IA y en la robotización, a nivel académico y político somos una extraña anacronía.”.

José lamenta que de la estrategia para el pueblo gitano en Aragón, hecha desde 2022 hasta 2026, sólo se ha podido rascar un programa específico de empleo por primera vez en toda España, llamado Romaní Butí. “Si hacemos estrategias que ni siquiera se aplican o consideran porque las hizo otro partido, al final los que acaban perjudicados son los miles y miles de gitanos que no llegan a cumplir sus sueños”

En ocasiones, el prejuicio se pone delante de la ley. La abogada Séfora Vargas lleva años denunciando estas prácticas. Lo sabe muy bien como una de las primeras abogadas gitanas en España. “Hemos podido comprobar cómo los tribunales utilizan la cultura gitana como atenuante en el caso de los ”supuestos matrimonios gitanos“ y cuando se producen delitos de violencia de género y de abusos sexuales quedan prácticamente impunes o desmesuradamente rebajados, cuando la víctima es una menor gitana. Resulta deplorable constatar que los operadores jurídicos no se ciñen al riguroso tenor literal de la ley, no aplican el ordenamiento jurídico, sino que, movidos por sus propios prejuicios machistas y racistas, sus resoluciones terminan denigrando los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, los derechos que establece la ley en el caso de ser ”menores de edad y gitanas“.

El compromiso social de Séfora es incansable, ha publicado ya dos libros con especial interés en las mujeres gitanas, su última obra ‘Historia del Pueblo Gitano para dummies: La supervivencia de unos héroes silenciados’. “Debemos huir de las limosnas políticas, del utilitarismo de antaño; siempre nos han usado para el aprovechamiento de cada gobierno y reinado desde épocas inmemoriales. Usados y desprestigiados y, políticamente, la realidad tampoco ha cambiado tanto. Es cierto que hay algún mecanismo que supuestamente se dedica a las políticas gitanas, pero lamentable y vergonzosamente están politizados y, por tanto, cuando ocurre alguna desgracia, como la ocurrida en Peal de Becerro o Íllora, se produce desde una inanición de los procedimientos judiciales a una omisión del deber de perseguir el delito. Por todo esto, termino concluyendo que la petición casi unánime de exigir un Estatuto Cultural para el Pueblo Gitano no es ninguna locura, sino una cuestión de justicia social y reparación histórica”, zanja.

Actuar desde las aulas para impulsar el cambio

 “Nos metieron sin clasificarlos por edades o nivel académico para tenernos ahí entretenidos mientras nos enseñaban lo que buenamente podían. Yo tenía entre 5 y 6 años y había niños de hasta 13 años. Más que una escuela puente, aquello era una escuela rotonda”, Agustín Borja (44 años) recuerda sus primeros años de alfabetización en una escuela-puente de Zaragoza. Eran los ochenta y España intentaba tomar medidas que la acercaran al ideal de país estrenado en su Constitución. Aquel centro fue uno de los cientos levantados en barrios pobres de toda España bajo un convenio entre el Ministerio de educación y el Secretariado Gitano de entonces con el fin de escolarizar exclusivamente a niños gitanos antes de su incorporación a centros ordinarios. El proyecto, activo desde 1978 hasta 1986, marcó un precedente importante no sin polémica en el afán de que los gitanos en España recibieran igualdad de condiciones como ciudadanos de pleno derecho.

Tal y como estaba previsto, el mayor de cinco hermanos se incorporó a una escuela normalizada donde “hubo manifestaciones por los vecinos para que no nos dejaran entrar.” Agustín revive aquella imagen mientras le acompañaba su madre: “Yo les tenía miedo a ellos y ellos me tenían miedo a mí”.

Fruto de aquellos episodios, Agustín desarrolló un interés voraz por conocer la historia de su pueblo. Las constantes situaciones de precariedad laboral lo motivaron a sacarse la ESO a los 30 años y continuar con un FP hasta convertirse en mediador social. “El sistema educativo es la llave de toda inclusión, repercute directamente en el mundo laboral y a su vez en adquirir una vivienda”. Agustín cree que se debería conocer más la historia del pueblo gitano en las aulas. De hecho, imparte charlas de concienciación en diferentes institutos de Zaragoza.

Junto a su hermana Lorena Borja de 25 años, árbitra de baloncesto y aspirante a policía, Agustín es parte de las muchas personas de etnia gitana que brindan una mirada fresca e inspiradora para aquellos que no se rinden y luchan cada día por alcanzar sus sueños sin abandonar sus señas de identidad.

Tras varias denuncias colectivas a la tala masiva de árboles en el parque Bruil, miembros de Ecociudad y del servicio de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud del Ayuntamiento de Zaragoza se reunieron con asociaciones vecinales para comunicar el nuevo trazado del colector que iba a suponer la tala de medio centenar de árboles.

Vecinos del entorno habían llegado a amenazar con encadenarse a los árboles del parque en su última manifestación el pasado 14 de diciembre. Las redes sociales y grupos de Whatsapp de las distintas asociaciones vecinales y ecologistas echaban humo desde que se descubrieron la consecuencias inmediatas del millonario proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza junto con el Gobierno de Aragón para revivir el Huerva a su paso por la ciudad.

Atónitos, los que pasean de forma habitual por el parque se encontraron con cerca de 50 árboles marcados con cruces azules y amarillas. Todo hacía presagiar que algo les iba a ocurrir, pero no había información de qué. “Tuvimos una reunión en octubre en el Centro Lain Entralgo con los responsables de la obra. Sabíamos que se iba a colocar un colector y se acordó que nos informarían de todo. Pero nuestra primera información fue ver máquinas que entraban a saco sobre el terreno y empezaban a señalizar árboles para talarlos”, relata Carmen Turégano, presidenta de la asociación vecinal Parque Luis San Agustín.

Casi en el acto, se convocaron numerosas organizaciones vecinales para frenar la inminente tala en lo que conciben como uno de los pulmones de Zaragoza. Desde los grupos ecologistas se insistió en la necesidad de convocar reuniones sobre el terreno para que se explicara de primera mano a los vecinos qué actuaciones se iban a ejecutar y encontrar alternativas que minimicen al máximo las consecuencias sobre la vegetación.

Olga Conde, miembro de la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) y técnica del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza durante 30 años, denuncia el abandono institucional sobre el parque Bruil que desde los años noventa ha perdido centenares de árboles sin un proyecto de repoblación a la vista.

Pese a ello, los vecinos agradecen la actitud abierta al diálogo de los representantes de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza, encargada de acometer la regeneración paisajística de hidromorfológica del río Huerva a su paso por la ciudad. Sin embargo, lamentan que se haya tenido que realizar una protesta para que se les escuchara cuando ya existía una alternativa a la tala de árboles y, sobre todo, es obligatorio comunicar las actuaciones de todos los proyectos que tengan en su financiación fondos europeos Next Generation, como en este caso.

Se acordó de palabra que se van a talar tres arces negundos de los más de 40 árboles señalizados, entre los que se encontraba una hilera de cipreses y una higuera. Además, se solicitó conocer la segunda fase de las obras que se harán directamente sobre el río antes de que se empiecen.

Vecinos del parque Venecia continúan su lucha 

A la celebración también se sumaron vecinos de Torrero quienes mantienen una lucha contra la tala de pinos para ampliar el Parque de Atracciones. Los vecinos insisten en que las 330 hectáreas que forman el Pinar de Venecia pertenecen a todos los zaragozanos y constituyen en un patrimonio natural, cultural e histórico, ya que fue plantado en su origen por escolares y vecinos de la ciudad.

Josan Pérez, de la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, resume con optimismo que la lucha vecinal hace cambiar las cosas, pero “queda luchar mucho y vamos a dar la batalla porque no solo el barrio de Torrero, sino toda la ciudad se está dando cuenta de que se está planteando un modelo de ciudad donde se pone el negocio sobre las necesidades de los ciudadanos”.

Acogida máxima a la convocatoria realizada por la plataforma Gozarte para conocer de forma gratuita la importancia artística e histórica de Lonja de Zaragoza. La actividad realizada durante toda la mañana del sábado forma parte de una campaña liderada por el administrador de Gozarte, Carlos Millán, para proteger el edificio renacentista ante -según denunciaba en un vídeo publicado en Youtube- un proyecto lanzado por el Ayuntamiento de Zaragoza para colocar dos ascensores con que habilitar visitas a la parte alta del inmueble del siglo XVI.

“¿A quién le importa la Ley de Patrimonio? ¿Quién se acuerda de que la Lonja es Bien de Interés Cultural, la máxima protección que otorgan la legislación española y aragonesa, y que sólo se puede intervenir en ella para restaurar y consolidar, pero para nada más?”. Este era el reclamo de Millán en un vídeo que acumula más de 30.000 visitas y que iba acompañado de una petición en Change.org para paralizar el proyecto. En un inicio se solicitaban 6.000 firmas, pero el apoyo ha sido tan sonoro que se han propuesto alcanzar las 10.000. Hasta la fecha de la redacción de esta noticia se acumulaban 9.441 firmas.

Fuentes del Ayuntamiento lo desmienten. Aseguran que esta petición no tiene fundamento alguno y que el Gobierno de Aragón no tiene intención de hacer obras en la parte alta de La Lonja. En una entrevista para Onda Cero, la alcaldesa de Zaragoza, la popular Natalia Chueca, zanjaba la polémica: “Todo el mundo puede estar tranquilo. No hay ningún proyecto para poner ascensores por la parte exterior de La Lonja”.

Ante esto, Carlos Millán se defiende e insiste “es mentira. El proyecto está publicado en la web municipal desde noviembre”, como prueba muestra el anuncio de licitación con un importe de 14.999,99 euros (con IVA: 18.150,00 euros), pendiente de adjudicar en el que se pueden leer las mismas bases de una anterior propuesta rechazada por la Comisión de Patrimonio en 2022. “Estoy convencido de que han reflexionado y han visto que empezaba a haber una oposición ciudadana fuerte. Y sobre todo han visto que otra vez el proyecto no iba a pasar la Comisión de patrimonio. Porque es ilegal y punto”, añade.

En una Comisión Extraordinaria, la Consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernandez, respaldaba con fuerza a la alcaldesa y destacaba que la única actuación prevista por el gobierno aragonés sobre La Lonja se ciñe a su planta baja. Tras un estudio previo se ejecutará una renovación integral de los servicios: accesibilidad, climatización, agua, sistemas eléctricos y la comprobación del sistema de tuberías, además de un cambio en los paneles expositivos para permitir a los visitantes disfrutar de nuevo de las paredes del monumento. Este proyecto contará con una partida de 2.500.000 euros del presupuesto de Cultura, Educación y Turismo para 2025.

Carlos Millán ve con optimismo la enorme repercusión que ha tenido su petición y confían en el poder ciudadano “da la sensación que en Zaragoza los ciudadanos han llegado a tal punto de hartazgo que están dando un puñetazo encima de la mesa y diciendo que no se puede seguir destruyendo el patrimonio de nuestra ciudad”.

En el barrio del Casco histórico de Zaragoza no hay otro tema, los vecinos amanecen estupefactos al descubrir nuevos árboles señalizados con cruces amarillas y azules para ser talados. Es una consecuencia directa de la instalación de un gran colector, primera fase del ambicioso proyecto de recuperación del río Huerva por el que el Ayuntamiento de Zaragoza aspira a crear un gran bulevar verde alrededor del río y en torno al parque Bruil. 

No es el único punto de Zaragoza donde preocupa la integridad de los árboles. Los vecinos de Pinares de Venecia han denunciado que el proyecto de ampliación del parque de atracciones de Zaragoza pone en riesgo 2.000 pinos y se manifestaron por ello en el pleno municipal del pasado 28 de noviembre.

“El Ayuntamiento está pregonando el bosque de los zaragozanos con la plantación de nuevos árboles que van a mitigar el efecto invernadero y a la vez se talan árboles sin la creación de un espacio con los vecinos para valorar si es la única solución posible”, lamenta Olga Conde, licenciada en Ciencias Físicas y miembro de la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar). El bosque de los zaragozanos es una iniciativa del consistorio que tiene como objetivo “modificar la ciudad y su entorno para crear nuevos espacios naturales y potenciar la salud de los ciudadanos”, lo que, según los sectores críticos, contrasta con este tipo de medidas.

En el caso del parque Bruil, Conde reconoce la importancia de las nuevas tuberías para la mejora de la calidad del agua del río y la restauración fluvial. Sin embargo, recalca la necesidad para los ciudadanos de encontrar mejores alternativas para que estos colectores generen el menor impacto posible en el arbolado ya escaso del parque Bruil.

Ante la falta de información, diversas asociaciones vecinales y ecologistas solicitan al ayuntamiento la paralización inmediata de la tala de árboles. Además, piden que se cumpla el requisito que obliga crear canales de participación ciudadana, indispensable en todos los proyectos Next Generation que, como este, reciben fondos de la Unión Europea. Lo mismo sucede con el proyecto del parque de atracciones, donde vecinos y asociaciones ecologistas solicitan la protección del pinar de Torrero: “Abran un espacio de diálogo y participación para retomar la revitalización del Pinar de Torrero con un plan de gestión tal como ya viene recogido en los planes que hemos indicado y consideren que en un momento de cambio climático y necesidad de espacios de sombra los pinares constituyen un refugio climático para la ciudad”.

Eva Sastrón, vecina del Casco histórico y parte de la asociación de vecinos afectados, denuncia que el Ayuntamiento ha incumplido el compromiso de informar y hacer partícipe a las asociaciones vecinales de las actuaciones en el Huerva. “Estamos molestos no sólo por la falta de sensibilidad social al no informarse sobre las actuaciones de este proyecto, sino también por la falta de sensibilidad ambiental”. Sastrón añade que los árboles tienen una función importante, y desde las asociaciones vecinales se exige una reunión informativa donde se llegue a un acuerdo para hacer compatible el colector con la conservación de los árboles. Este viernes 13 de diciembre los vecinos se manifestaron en el parque Bruil bajo el lema “El Bruil se planta: Stop tala de árboles”.

Recuperar el Huerva, uno de los proyectos estrella

“Por una ciudad más sostenible, verde, amable y accesible”. Con estas premisas, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca (PP), anunciaba a principios de este año uno de los proyectos más importantes del Ayuntamiento de Zaragoza que comparte con el Gobierno de Aragón y que supondrá una inversión de casi 29 millones de euros. 

El plan que promete conectar el Huerva con la ciudad y mejorar su calidad ambiental está dividido por fases. La primera, ya en marcha desde el pasado mes de noviembre, consistirá en la demolición, desbroce y tratamiento de especies invasoras. Cuenta con una inversión de 8,4 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de ocho meses. 

El Gobierno de Aragón se ha comprometido a destinar hasta 20 millones de euros en estas obras en un acuerdo de la comisión bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza. Por otro lado, se destinarán cerca de cinco millones de euros de la convocatoria de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

La segunda fase de este proyecto se estima para el segundo semestre de 2025 y consistirá en la reconstrucción paisajística y la regeneración fluvial.

Ampliación del parque de atracciones

Según lo aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, para la ampliación del parque de atracciones se proyectan 40.000 metros cuadrados más de terreno que gestionará una empresa privada, por lo que la superficie total del parque alcanzará las 15,21 hectáreas e incluirá un parque acuático.

En estos momentos, el parque ocupa en total 11 hectáreas, aunque solo se utilizan 6,6. “Hay otros 32.000 metros cuadrados vallados y en 2005 se aprobó un plan especial que preveía dedicarlo a un centro de entretenimiento familiar, con multicines, restaurantes y otros usos recreativos. En la mayor parte de la zona que hoy no utiliza el Parque de Atracciones hay arbolado semejante al del resto de los Pinares de Venecia, y no hay construcciones ni se realiza ningún uso específico”, según recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Zaragoza.

Víctor Serrano, concejal de Urbanismo, ha negado que esta ampliación vaya a suponer la tala de 2.000 árboles, como critican la oposición y las asociaciones ecologistas y vecinales. Serrano ha explicado que la ampliación consiste en 23.317 metros cuadrados que son estacionamientos que no se modifican y “no se tala un solo árbol, solo se hace cambio de calificación y en las zonas de circulación se crean accesos y viarios”. Ha explicado que la asignación de superficie del parque de atracciones que se recoge en el PGOU de 2001 será con la ampliación de 3.954 metros cuadrados para que el concesionario tenga la obligación de conservarlos, y ha pedido que “nadie saque conclusiones erróneas”.