La vivienda ha terminado por precipitar el final de la legislatura. El 2 de octubre, el Congreso rechazó la convalidación de los dos reales decretos ley con los que el Gobierno estatal pretendía intervenir en el mercado.

Días después, el Consejo de Ministros volvió a aprobarlos con algunos cambios y el presidente Pedro Sánchez convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. Con las Cortes Generales disueltas, será la Diputación Permanente del Congreso la que decida, en un plazo máximo de 30 días desde su publicación en el BOE, si esas normas siguen adelante o no. Su composición, más reducida que la del pleno del Congreso, abre la puerta a que se convalide el primero de esos decretos ley (el que protege frente a los desahucios y amplía la oferta asequible), mientras que el segundo, que establece la prórroga de los contratos de alquiler, es probable que quede en el aire, pendiente de un puñado de votos.

La vivienda se ha convertido así en el eje de la campaña electoral. Y, como suele ocurrir en esta etapa, el debate amenaza con reducirse a eslóganes: construir más, dar seguridad jurídica, premiar fiscalmente al casero bueno.

En esta coyuntura, conviene detenerse y volver a lo básico, porque en ese ruido se está perdiendo de vista algo esencial: de qué hablamos cuando hablamos de vivienda. Y conviene hacerlo ya, porque lo que se decida en las urnas el 29 de noviembre próximo marcará durante años si la vivienda se trata como un derecho constitucional o solo como un activo.

A continuación, aporto cinco ideas para salir del actual atasco, siempre con la mirada puesta en Canarias:

1) Un derecho, no una mercancía más

El artículo 47 de la Constitución no deja lugar a dudas: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos están obligados a promover las condiciones y a dictar las normas necesarias para hacerlo efectivo, “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. El Constituyente no se limitó a enunciar una aspiración: nombró al adversario, la especulación, y señaló la herramienta, la regulación del suelo. Y añadió que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística pública.

Es cierto que el artículo 47 forma parte de los principios rectores de la política social y económica y que, por sí solo, no permite reclamar una casa ante un juez. Pero sería un error leerlo como una declaración retórica: es un mandato que vincula al legislador y a todas las administraciones, y que debe informar cada ley, cada plan urbanístico y cada ordenanza.

La Constitución tampoco consagra un derecho de propiedad ilimitado. El artículo 33 reconoce la propiedad privada, pero establece que su función social delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Y el artículo 128 recuerda que toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general. El Tribunal Constitucional lo ha dicho con claridad: limitar las facultades del propietario de viviendas en nombre de su función social no vacía de contenido el derecho de propiedad, sino que lo define.

De ahí se sigue una conclusión sencilla, aunque incómoda para algunos: la vivienda no puede tratarse como un activo financiero más, equiparable a un bono o a una acción. Un piso es, antes que nada, el lugar donde alguien vive, cría a sus hijos, se recupera de una enfermedad o envejece. Cuando el mercado decide que es más rentable mantenerlo vacío, alquilarlo por días a turistas o por meses con contratos de temporada que esquivan la ley, no estamos ante una decisión privada sin consecuencias: estamos ante un uso que choca frontalmente con la función social que la Constitución exige.

2) No es lo mismo un pequeño propietario que un gran tenedor

Uno de los grandes errores del debate es hablar de los propietarios como si fueran un bloque homogéneo. No lo son. La mayor parte del alquiler en España está en manos de particulares: familias que heredaron un piso, jubilados que completan una pensión, personas que invirtieron sus ahorros en una segunda vivienda. Junto a ellos, operan fondos de inversión, socimis y grandes empresas que gestionan cientos o miles de viviendas con criterios estrictamente financieros.

Tratar igual a unos y a otros es injusto y, además, ineficaz. El pequeño propietario necesita, sobre todo, seguridad: garantías frente a impagos, mediación rápida, apoyo para rehabilitar y un marco estable. El gran tenedor tiene una capacidad de influencia en los precios de un barrio que ningún particular tiene, y por eso debe asumir obligaciones proporcionales: transparencia sobre su parque, límites más estrictos en zonas tensionadas, prioridad en la oferta de alquiler social y una fiscalidad más exigente sobre la vivienda vacía.

La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, ya introdujo esta distinción, y el nuevo decreto avanza en la misma dirección. Pero hay que ir más lejos y, sobre todo, explicarlo mejor: cada vez que se presenta una medida contra la especulación como un ataque al jubilado que después de una larga vida de trabajo completa su pensión con el alquiler de su piso se está haciendo un favor a quienes sí especulan. La política de vivienda gana legitimidad cuando distingue con claridad entre quien tiene una casa y quien tiene un negocio de casas.

3) “Construir más”: ¿para qué y para quién?

La receta de moda es construir más. Se repite que faltan cientos de miles de viviendas y que todo se arreglará cuando la oferta alcance a la demanda. Nadie razonable se opone a construir, y menos vivienda pública y protegida, de la que España tiene un parque ridículamente pequeño comparado con su entorno europeo. Pero presentar la construcción como solución única es una simplificación que oculta la naturaleza real del problema.

Según el último censo del INE, que identificó las viviendas vacías a partir de su consumo eléctrico, en España había en 2021 más de 3,8 millones de viviendas vacías. En Canarias, superaban las 211.000, cerca de una de cada cinco, a las que se suman más de 83.000 de uso esporádico. Santa Cruz de Tenerife aparecía como la ciudad española con más viviendas vacías, y municipios como Tías, Vallehermoso o Garafía rondaban la mitad de su parque sin habitar. A esto hay que añadir la vivienda vacacional: Canarias dedica a ese uso más del 4% de sus viviendas, muy por encima de la media estatal, y en municipios como Yaiza o La Oliva la proporción supera el 23%. Y crece, además, el alquiler de temporada y por habitaciones, utilizado en demasiados casos para eludir las protecciones del arrendamiento de vivienda habitual.

No todo ese parque es utilizable de inmediato: hay viviendas en ruina, en zonas despobladas o atrapadas en herencias sin resolver, pero las cifras bastan para desmentir que el problema sea, simplemente, que no hay casas. Lo que hay es un desajuste profundo entre la oferta existente y el uso que se le da, y entre los precios de venta y alquiler y lo que pueden pagar los salarios de la mayoría. En Canarias, donde los sueldos están entre los más bajos del país, el alquiler se lleva una parte de la renta que impide plantearse un proyecto de vida sostenible.

Por eso, la pregunta no es solo cuánto se construye, sino qué, dónde, para quién y a qué precio. Si lo que se levanta son apartamentos para segunda residencia o inversión extranjera en el sur turístico, o viviendas libres a precios que solo pueden pagar compradores de rentas altas, el aumento de la oferta no aliviará en nada la situación de quien busca un piso en La Laguna, en Telde o en Arrecife. Construir sin garantizar el destino residencial, la asequibilidad y la permanencia de esa protección es repetir el error de los años 2000: mucho ladrillo, poca vivienda al alcance de la gente.

La prioridad debería ser triple: movilizar el parque vacío, recuperar para uso residencial la vivienda que se ha desviado al uso turístico y temporal, y construir vivienda pública en alquiler, con calificación permanente, que no acabe en el mercado libre dentro de quince años.

4) La trampa de las ventajas fiscales a los arrendadores

Otra receta recurrente es premiar fiscalmente a los propietarios que alquilan, o a los que no suben la renta. En enero se anunció una bonificación del 100% en el IRPF para quienes renovaran contratos sin subir el precio; la medida, rebajada después, decayó con los decretos derogados el 2 de octubre. Más allá de su suerte parlamentaria, conviene explicar por qué este camino es una trampa.

En primer lugar, porque en buena medida premia lo que se habría hecho igualmente: muchos propietarios ya mantienen el precio con inquilinos de confianza, y la bonificación se convierte en una transferencia de renta sin efecto real. En segundo lugar, porque es regresiva: beneficia más a quien más rentas obtiene del alquiler y, por tanto, más tributa.

En tercer lugar, porque no crea una sola vivienda nueva ni saca al mercado ninguna vacía; como mucho, compensa con dinero público una contención de precios que debería garantizar la regulación. Y en cuarto lugar, porque detrae recursos que podrían destinarse a lo que sí amplía de forma duradera el parque asequible: comprar, rehabilitar y construir vivienda pública.

Los incentivos fiscales pueden tener un papel complementario, bien acotados y condicionados ‑por ejemplo, ligados a la cesión de viviendas a bolsas públicas de alquiler a precio tasado‑. Lo que no pueden es sustituir a la regulación ni a la inversión pública. Cuando se presentan como la solución, lo que se está diciendo en realidad es que el Estado renuncia a ordenar el mercado y se limita a pagar para que el mercado se porte un poco mejor.

5) Clarificar competencias: quién hace qué

El último gran obstáculo es institucional. La vivienda es competencia exclusiva de las comunidades autónomas; el Estado regula el arrendamiento, la fiscalidad estatal y las bases económicas; los ayuntamientos controlan el planeamiento, las licencias y tributos como el IBI, y en Canarias los cabildos ordenan el territorio insular y prestan asistencia a los municipios. El resultado, demasiadas veces, es un juego de pelota en el que cada administración culpa a la otra.

El ejemplo de las zonas tensionadas es elocuente. Años después de la aprobación de la ley estatal, Canarias seguía sin ningún municipio declarado: el Gobierno autonómico insiste en que son los ayuntamientos quienes deben acreditar con datos la tensión del mercado, y los ayuntamientos responden que no tienen medios para elaborar informes tan exhaustivos. Las Palmas de Gran Canaria, Adeje o Puerto de la Cruz han pedido la declaración; mientras se tramitan expedientes, los alquileres siguen subiendo.

Hace falta una ley o un acuerdo marco canario que fije con claridad qué corresponde a cada nivel, con plazos de respuesta y, sobre todo, con financiación. Pero no hay que esperar a ese acuerdo para actuar. Las administraciones locales tienen ya en sus manos herramientas concretas.

Qué pueden hacer los ayuntamientos

-Ordenar la vivienda vacacional a través del planeamiento. La Ley canaria 6/2025 establece que una vivienda solo puede destinarse a uso turístico si el planeamiento lo permite de forma expresa, y da a los ayuntamientos un plazo de cinco años para adaptarse. Esa es una oportunidad que no debe agotarse: los municipios pueden usar los estudios de capacidad de carga para proteger los barrios residenciales, fijar límites inferiores a los generales donde la presión sea mayor y ejercer con rigor la inspección que les corresponde como actividad clasificada.

-Solicitar la declaración de zona tensionada con informes técnicos sólidos, como ha hecho Las Palmas de Gran Canaria, y exigir al Gobierno canario una respuesta en plazo.

-Censar la vivienda vacía y aplicar el recargo del IBI, cruzando padrón, consumos de agua y otros registros. La Laguna ya ha aprobado avanzar en una ordenanza en esa línea. El nuevo marco estatal amplía la capacidad de los municipios en zonas tensionadas, y la ordenanza debe distinguir entre el gran tenedor que retiene viviendas y el particular con causas justificadas.

-Crear o reforzar bolsas municipales de alquiler asequible, con seguros de impago, mediación y ayudas a la rehabilitación para los pequeños propietarios que cedan su vivienda a precio limitado. Aquí está la verdadera alianza con el pequeño propietario.

-Poner el suelo público al servicio de la vivienda pública en alquiler: destinar el patrimonio municipal de suelo a promociones de alquiler permanente, cederlo en derecho de superficie a cooperativas en cesión de uso o a promotores sin ánimo de lucro, y no venderlo para cuadrar presupuestos.

-Recuperar promociones paralizadas y edificios abandonados, mediante convenios, expropiación cuando proceda o colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda.

-Agilizar las licencias de vivienda protegida y de rehabilitación, con una tramitación preferente.

Qué pueden hacer los cabildos

-Coordinar el modelo territorial y turístico insular, integrando en el planeamiento insular los límites a la vivienda vacacional y la protección del uso residencial, y asumiendo la tramitación subsidiaria que la Ley 6/2025 prevé cuando los ayuntamientos no actúen.

-Prestar asistencia técnica a los municipios pequeños y medianos, que no tienen medios para elaborar censos de vivienda vacía, informes de zona tensionada u ordenanzas fiscales. Un servicio insular de vivienda podría hacerlo para todos.

-Crear observatorios insulares de vivienda con datos públicos y actualizados sobre vacías, vacacionales, temporada y precios, para que las decisiones se tomen con información y no con impresiones.

-Financiar la compra y rehabilitación de vivienda vacía, sobre todo en medianías y municipios rurales con altísimos porcentajes de casas cerradas, para devolverla al alquiler asequible y frenar el despoblamiento.

-Impulsar empresas públicas o consorcios insulares de vivienda, en coordinación con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, para promover y gestionar parque público en alquiler.

Una propuesta desde La Palma

Que estas ideas no son abstractas lo demuestra el caso de La Palma. Contigo La Palma, formación política que presido, nueva en la isla, ha fijado su postura sobre la vivienda. En un artículo con mi firma publicado por Canarias Ahora en agosto de 2026 se confirma en su diagnóstico, a escala insular, buena parte de lo dicho hasta aquí.

La isla suma a los problemas comunes dos agravantes propios: las 1.375 viviendas residenciales destruidas por la erupción del Tajogaite y una aplicación deficiente de la Ley de Islas Verdes en algunos municipios, que ha puesto a competir el uso residencial y el turístico por el mismo suelo y las mismas casas. En Los Llanos de Aridane, el precio del metro cuadrado ha crecido el 83% desde agosto de 2021, y los alquileres han saltado de la franja de 300-400 euros a la de 600-800. En Tijarafe se han solicitado licencias para más de sesenta villas turísticas en suelo rústico, promovidas mayoritariamente por inversores de fuera de la isla, sin que se recupere actividad agraria alguna, que era precisamente la finalidad de aquella ley.

Dos aportaciones refuerzan especialmente la tesis de este artículo. La primera desmonta el espejismo del suelo: según un estudio del Ministerio de Vivienda, en El Paso se planificaron 1.357 viviendas y solo se han terminado 68, una de cada veinte. Calificar mucho suelo, por tanto, no garantiza ni viviendas ni precios asequibles. La segunda afina el debate sobre la vivienda vacía: la isla supera las 12.000, cerca del 26% de su parque, pero no es lo mismo una casa terrera en ruina en Garafía, donde casi la mitad de las viviendas están vacías y donde un uso turístico puede salvar patrimonio y paisaje agrario sin competir con nadie, que un piso cerrado en el Valle de Aridane o en Santa Cruz de La Palma, donde cada vivienda destinada al alquiler vacacional se le resta a las familias trabajadoras y a los jóvenes. Son dos problemas distintos que piden respuestas distintas: el mismo tipo de distinción entre usos, territorios y propietarios que reclama este artículo.

La formación coincide también en la crítica a las ayudas mal diseñadas. Apoya que el Cabildo compre edificios en construcción, sobre todo en El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, para ampliar la vivienda protegida, pero rechaza las ayudas directas a la compra de vivienda libre porque, en un mercado tensionado, acaban capturadas por el vendedor en forma de precio más alto. Es el mismo razonamiento que este artículo aplica a las bonificaciones fiscales a los arrendadores.

La propuesta central es un Plan Insular de Vivienda liderado por el Cabildo, con diagnóstico actualizado, ficha financiera y plazos de ejecución, que combine medidas de emergencia y de largo plazo. Estas son sus medidas, puestas en relación con los ejes de este texto:

Tres rasgos dan valor a esta propuesta. El primero es que responde a la exigencia de clarificar competencias: reconoce que el Estado se ocupa de lo financiero y lo hipotecario, que la Comunidad Autónoma y el Cabildo tienen la ordenación del territorio, la vivienda y las políticas sociales, y que el urbanismo se despliega en lo local, y de ahí se deduce que el Cabildo debe liderar y coordinar. El segundo es la honestidad sobre el coste: sin presupuestos públicos de viviendas potentes no hay política posible, y decirlo en voz alta es la mejor vacuna contra las soluciones mágicas. El tercero es la sensibilidad territorial, que evita aplicar la misma receta al norte despoblado y al Valle de Aridane tensionado.

Quedan, como es lógico, aspectos por precisar. La apertura a la colaboración con empresas privadas que busquen rentabilidades razonables o a fórmulas de construcción para alquiler solo servirá al derecho a la vivienda si va acompañada de garantías de asequibilidad duradera y de control público sobre los precios. Pero el enfoque de fondo (datos, parque público, movilización de lo vacío, regulación del uso turístico y liderazgo insular) es justamente el que este debate necesita.

Conclusión

El problema de la vivienda no se resolverá con una única medida ni con eslóganes. Pero sí puede afrontarse desde un punto de partida claro: la vivienda es un derecho constitucional y la propiedad tiene una función social que el legislador puede y debe hacer valer. A partir de ahí, se trata de distinguir entre quien tiene una casa y quien hace negocio con ellas, de usar mejor lo que ya existe antes de fiarlo todo al ladrillo, de no confundir la política de vivienda con regalos fiscales y de acabar con el debate competencial.

En Canarias, ayuntamientos y cabildos no son espectadores de este debate: tienen herramientas concretas en sus manos. Propuestas como el Plan Insular de Vivienda planteado en La Palma muestran que hay ideas concretas sobre la mesa. La pregunta ya no es si pueden actuar, sino si van a hacerlo.

El sector platanero canario necesita con urgencia cambios viables en sus estructuras productivas, organizativas y comerciales. Estos cambios deben darle una posición más competitiva frente a la banana y más poder de negociación ante una distribución cada vez más concentrada. Si no los hace, corre un alto riesgo de desaparecer.

En el sector se habla mucho de subvenciones y poco del mercado y de su estructura institucional. Los acuerdos para consolidar o aumentar las ayudas públicas se toman con facilidad. Las iniciativas de integración y concentración, en cambio, son casi inexistentes.

No hay consenso para responder con eficiencia a la liberalización del mercado y a la concentración de la demanda en la gran distribución. Seguimos igual que hace cuarenta años, cuando el mercado peninsular era exclusivo del plátano. Las organizaciones de productores de plátanos (OPP) funcionan de hecho solo como vehículos administrativos para canalizar la ayuda del programa comunitario Posei. Algunas organizaciones profesionales agrarias reclaman reformas. Otras están más preocupadas por seguir recibiendo subvenciones para su funcionamiento y con ello rompen la unidad que necesita el sindicalismo agrario.

En 2022, Asprocan publicó el listado oficial de marcas comerciales de producto en verde amparadas por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Plátano de Canarias: 114 marcas activas. Hoy se estima que todavía superan las 60. No hay mejor ejemplo de la dispersión del sistema comercial platanero.

Los intentos de fusión entre cooperativas y organizaciones de productores fracasan por los intereses particulares de algunas personas: gerentes, empleados, presidentes, miembros de consejos rectores y, a veces, socios que anteponen lo propio a lo común. El miedo a perder estatus, influencia o el puesto de trabajo, los intereses inconfesables en la distribución y las viejas rencillas forman parte del ecosistema platanero. A ello se suma la apatía crónica de muchos productores ante la falta de participación democrática real. Hay que reconocerlo.

La concentración de la oferta abarata costes, facilita la programación de la producción y homogeneiza la calidad que llega al mercado. En definitiva, mejora la competitividad frente a la banana, nuestro verdadero competidor. Pero no se avanza. Cada organización mantiene su propia estructura: almacenes de empaquetado, equipos de ventas, departamentos de calidad, gestión del transporte marítimo y terrestre. Son funciones que se duplican sin necesidad y nos hacen menos eficientes en costes que la banana. Es un suicidio.

Producto ganador con productor perdedor

El plátano de Canarias tiene una IGP reconocida por el consumidor peninsular y una identidad visual consolidada. Gana las pruebas de sabor frente a la banana. Además, tiene una notoriedad de marca que ya quisieran productos con presupuestos publicitarios muy superiores.

Eso le permite un precio de venta al público más alto que el de la banana. Pero ese margen superior lo capturan agentes distintos del productor, como confirma el Informe Especial 03/2026 del Tribunal de Cuentas Europeo, publicado el 26 de enero de 2026. Es la prueba de su débil posición en la cadena de valor. Se da así la paradoja del “margen comercial no razonable”. En momentos de sobreoferta, la distribución mantiene precios altos en el lineal y aumenta su margen. Al mismo tiempo, paga al productor precios tan bajos que, incluso sumando la ayuda del Posei, no cubre costes. El resultado es la expulsión del mercado, producción a pérdidas y retiradas (la pica) que no sirven para nada.

Las crisis de precios son cada vez más largas y frecuentes, y la cuota de mercado no deja de caer. La campaña 2023 fue ruinosa. La de 2024 tuvo solo cuatro meses de precios interesantes. La 2025-2026 se ha cerrado con el peor cuadro de la última década. Según el Informe Semanal de Coyuntura del MAPA, el precio en origen cayó a 0,76 euros por kilo en la semana 27, el 17% menos en una sola semana. Siguió bajando todo el verano hasta situarse entre 0,33 y 0,37 euros en las semanas de la 31 a la 33. Producir en finca cuesta entre 0,70 y 0,80 euros por kilo, una horquilla que está pendiente de ser actualizada al alza.

La cuota de mercado del plátano osciló el año pasado entre el 47%, según el panel de hogares de Kantar encargado por Asprocan, y el 36%, según los datos de Aduanas. Lo peor es la tendencia, claramente descendente.

Quien paga tiene derecho a ordenar

Nadie discute que la intervención pública es necesaria para que el sector sobreviva. Los 141 millones anuales del Posei ayudan a competir, sostienen 9.000 empleos directos, conservan el paisaje, evitan el abandono y fijan población rural. Precisamente esa intervención da a la Administración pública el derecho a regular el sector a favor de todos los productores y del interés general, no solo de los grandes.

El Decreto 48/2018 fija en su artículo 3 que las OPP y sus asociaciones deben planificar la producción y ajustarla a la demanda en calidad y cantidad. En la práctica, no hay planificación real ni control de su cumplimiento.

Conviene ser preciso porque del diagnóstico depende el remedio. No falta una norma que obligue a planificar: la norma existe. Lo que pasa es que nadie la aplica y nadie tiene incentivos para aplicarla. La Administración autonómica no ha desarrollado un régimen de control con consecuencias efectivas, como la retirada del reconocimiento. Y la entidad que debería autorregularse, Asprocan, está gobernada por las mismas OPP a las que habría que disciplinar.

El artículo 152 del Reglamento (UE) 1308/2013 permite a una OPP reconocida concentrar la oferta y comercializar la producción de sus miembros, incluida la negociación de contratos. Una OPP que comercializa de verdad por cuenta de sus socios negocia precio legalmente. Las OPP canarias ya pueden hacerlo. Si no lo hacen, es un fallo en la aplicación del Decreto 48/2018, no un vacío legal.

Si no es posible una comercialización integrada, ayudaría mucho limitar a dos las OPP autorizadas en Canarias. Madeira la tiene con el operador público GESBA y las Antillas francesas con la federación privada UGPBAN. Una OPP agruparía a todas las cooperativas y la otra a todas las comercializadoras privadas.

La pieza que falta: una interprofesional

En España es posible convertir la disciplina en norma. Su incumplimiento sería entonces una infracción administrativa perseguible por el Estado, incluso ante los tribunales. Esta es la clave del nuevo diseño que propongo: crear una Organización Interprofesional del Plátano de Canarias. Gestionaría la marca y la IGP y completaría a una Asprocan renovada, más democrática y reforzada.

Una interprofesional no puede fijar precios, ni mínimos al productor ni máximos al consumidor. Es una prohibición tajante del derecho europeo y el español. Pero los objetivos de “precio por encima de costes” y “margen comercial razonable” son alcanzables por otra vía.

La primera es integrar plenamente el plátano en la Ley de la Cadena Alimentaria y acabar con su excepcionalidad. La Ley 16/2021 prohíbe que un comprador pague por debajo del coste efectivo de producción. La interprofesional puede elaborar y publicar, con metodología auditada, un índice trimestral del coste efectivo de producción del plátano de Canarias. No es un precio ni una recomendación de precio: es un dato de coste. Publicado por la entidad sectorial reconocida, sería la referencia que necesita la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para abrir expedientes por destrucción de valor y el ancla de los contratos tipo.

La segunda son las cláusulas de reparto de valor del artículo 172 bis del Reglamento (UE) 1308/2013. Permiten pactar que el precio al productor evolucione según indicadores objetivos, incluido el precio final. Incorporadas al contrato tipo, trasladarían al agricultor parte de la subida cuando el mercado mejora. Hoy no se tiene ese mecanismo para garantizar márgenes razonables en toda la cadena.

Asprocan es una asociación de organizaciones de productores (AOP). Las organizaciones de productores y sus asociaciones son las únicas que pueden concentrar oferta y negociar precio en nombre de sus socios. Lo que Asprocan no es, ni puede ser por su naturaleza, es un órgano de cadena. En su asamblea solo hay productores. No hay maduradores, plataformas, distribución ni consumidores. Toda la negociación con quien fija el precio final ocurre fuera, de forma bilateral y opaca, entre cada OPP y sus clientes. Esa es la carencia estructural. No es un problema de personas ni de voluntad: la figura jurídica elegida en su día deja fuera a la otra mitad de la cadena.

El problema no está en Canarias, está en la Península

En torno al 90% de la fruta se vende fuera del archipiélago. Fuera también se madura, se reparten los márgenes y se fija el precio final. Allí se hacen las promociones que banalizan el producto y se sustituye el plátano en el lineal por la banana de dólar. Ninguno de esos operadores está sujeto a la norma canaria.

Una interprofesional reconocida por el Ministerio de Agricultura puede solicitar la extensión de norma. Se aprueba por orden ministerial y obliga en todo el territorio nacional a todos los operadores del producto, sean o no miembros, incluida la aportación económica. Obliga al madurador de Madrid, a la plataforma de Zaragoza y a la central de compras de Valencia. Es el único instrumento que alcanza a quien hoy se queda con el margen.

La Ley 38/1994 permite además reconocer una interprofesional para un producto con figura de calidad diferenciada, aunque exista otra en el sector general. La IGP Plátano de Canarias encaja casi literalmente. Debería ser de ámbito estatal, con sede en Canarias y limitada al producto amparado por la IGP.

Canarias no pierde poder. Conserva el reconocimiento de las OPP y de Asprocan, el control de la IGP a través del ICCA, la aprobación del pliego de condiciones y la gestión del Posei. Y gana un instrumento que llega a la parte de la cadena que hoy se le escapa.

La nueva arquitectura, en dos piezas

Una nueva Asprocan. Conservaría su condición de AOP: concentración de oferta, programación de embarques, gestión de crisis y negociación comercial por cuenta de sus miembros. Es la única pieza que puede tocar precio y volumen. La reforma pendiente consiste en exigirle comercialización efectiva, no meramente administrativa, mediante la modificación del Decreto 48/2018.

La Organización Interprofesional del Plátano de Canarias. Estaría reconocida por el MAPA y sería paritaria entre producción y comercialización y distribución. Se ocuparía de:

-La promoción, financiada con aportación obligatoria extendida.

-El observatorio de costes, precios y márgenes.

-Los contratos tipo y las cláusulas de reparto de valor.

-Las normas de calidad, categorías, trazabilidad y presentación.

-La investigación y la transferencia.

-Los acuerdos de sostenibilidad.

-La representación de toda la cadena.

-La gestión de la IGP, traspasada desde Asprocan previa tramitación ante el ICCA conforme a la Ley canaria 4/2015.

¿Y qué gana la distribución? Nada de esto es filantropía. Gana previsibilidad de suministro y calidad, sin picas improvisadas ni roturas de lineal. Gana una categoría premium creíble que sostiene su propio margen frente a una guerra de precios. Gana un interlocutor único en lugar de seis OPP y decenas de maduradores. Gana cobertura reputacional con compromisos ambientales conjuntos que no puede lograr sola. Y gana gestión compartida con datos, estándares y promoción común.

La experiencia de las 27 interprofesionales reconocidas en España, de Interporc a Ailimpo o HortiEspaña, deja lecciones claras. Las que funcionan tienen un objeto acotado y logran pronto la extensión de norma. Son estrictamente neutrales en precios y tienen una dirección técnica profesional. Se vuelven indispensables porque producen los datos que todos usan, y mantienen un equilibrio real entre sus ramas. Las que fracasan permiten vetos individuales y confunden la interprofesional con la organización de productores. Dependen de aportaciones voluntarias o nacen para resolver conflictos internos. Este último es el riesgo específico del caso canario. Si la interprofesional nace como arma de un bando de OPP contra otro, nunca llegará a la extensión de norma.

Dejar de cavar

Hay salida. Es posible recuperar la rentabilidad y garantizar la viabilidad de todas las explotaciones, grandes y pequeñas. Es posible que el agricultor vuelva a trabajar con la certidumbre de que su plátano le da para vivir. Y eso se puede hacer desde la política: diseñando y aplicando, por fin, una buena política agraria, algo de lo que Canarias ha carecido hasta ahora.

Pero hacen falta tres cosas. Compromiso del sector. Voluntad y valentía política. Y, sobre todo, reconocer de una vez la crisis estructural que atraviesa el plátano. Mientras sigamos llamando coyuntura a lo que es estructura, seguiremos pidiendo más ayudas para sostener exactamente lo mismo.

Dice un viejo proverbio que, para salir del hoyo, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar. Es hora de soltar la guataca y exigir cordura.

Acceder a una vivienda digna a un precio asumible se ha convertido en uno de los grandes problemas de este país. En La Palma, el origen es el mismo que en el resto del Estado, pero aquí se suman dos causas agravantes propias: la destrucción de 1.375 viviendas residenciales por la erupción del Tajogaite y la mala aplicación de la Ley de Islas Verdes en algunos municipios. Esto ha puesto a competir el uso residencial con el uso turístico por el mismo suelo y por las mismas casas.

Los datos no dejan lugar a interpretaciones variadas. En Los Llanos de Aridane, el municipio más poblado de la isla, el precio de la vivienda ha pasado de 1.410 euros por metro cuadrado en agosto de 2021 a 2.579 en julio de 2026, un incremento del 83% (cercano al doble) en menos de cinco años. Los alquileres han recorrido el mismo camino: de la franja de 300 a 400 euros mensuales a la de 600 a 800, con picos que superan los 1.000 euros.

Ley de Islas Verdes mal aplicada

Tijarafe es el peor ejemplo de aplicación de la Ley de Islas Verdes en La Palma. Solo en ese municipio se han solicitado licencias para más de 60 villas turísticas en suelo rústico, casi todas con piscina, a las que hay que sumar unas 290 viviendas vacacionales. La mayoría de los promotores son inversores extranjeros o empresas radicadas fuera de la isla, de modo que los beneficios no revierten en la economía local.

Y lo más grave: ni se desarrolla ni se recupera actividad agraria, ni la Administración pública vigila o verifica la complementariedad entre uso agrícola y uso vacacional, precisamente el fin último que debe perseguir la citada ley. Mientras tanto, se encarecen el suelo, el agua y la vivienda hasta expulsar del mercado a los vecinos de toda la vida. Lo mismo está ocurriendo en Puntagorda.

El espejismo del suelo

En La Palma no estamos ante un problema de falta de suelo urbanizable, ni de recalificación, ni de planeamiento. Un estudio del Ministerio de Vivienda sobre desarrollo residencial, con datos de mayo de 2025, analiza 17 municipios canarios. De La Palma, solo extrae conclusiones de El Paso, y lo que encuentra en este municipio es una brecha enorme entre lo planeado y lo ejecutado: de 1.357 viviendas previstas se han terminado 68. Una de cada veinte. No parece descabellado suponer que la situación se repite en el resto de municipios de la isla.

La conclusión es incómoda para quienes llevan años repitiendo la misma receta: calificar mucho suelo no garantiza ni abundancia de viviendas ni precios asequibles. Es un relato que no se sostiene con los datos en la mano.

12.000 viviendas vacías, dos problemas distintos

La Palma supera las 12.000 viviendas vacías, cerca del 26% de su parque residencial. En términos absolutos se concentran en Los Llanos de Aridane (1.945), Santa Cruz de La Palma (1.589) y El Paso (1.102). En términos relativos, los municipios más afectados son Garafía (48,56%), San Andrés y Sauces (38,98%), y Barlovento (38,70%).

En esta cuestión, conviene no confundir dos realidades que exigen respuestas diferentes. En los municipios del norte, buena parte de esas casas son patrimonio tradicional en proceso de ruina: casas terreras, haciendas y edificaciones en el campo o situadas en núcleos sin demanda residencial y que nadie compra ni alquila. Ahí, activar una vivienda vacía y abandonada mediante el uso turístico no compite con nadie, pero sí evita que el patrimonio se pierda, ayuda a mantener el paisaje agrario y puede devolver fincas a la explotación.

En el Valle de Aridane y en Santa Cruz de La Palma, la situación es la contraria. Son zonas donde se concentra la presión del desalojo posvolcánico y donde la demanda de vivienda habitual por parte de familias trabajadoras y de jóvenes resulta mayor. Paradójicamente, también son municipios donde hay viviendas que ni se venden ni se alquilan. Ahí, destinar vivienda al uso vacacional sí compite directamente con la vivienda residencial y empuja los precios hasta hacerlos inasumibles para la población local.

Movilizar la vivienda vacía es necesario en toda la isla. Pero se trata de dos problemas distintos que necesitan soluciones diferentes.

Comprar sí, subvencionar al vendedor no

Estamos de acuerdo con la adquisición por parte del Cabildo insular de edificios en construcción, en toda la isla y de manera especial en los municipios más afectados por el volcán: El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, para ampliar la oferta de vivienda protegida.

Somos, en cambio, muy críticos con los programas de ayudas directas que sufragan gastos e impuestos asociados a la compra. Si no van dirigidas a vivienda protegida, son medidas equivocadas: en un mercado tensionado, la ayuda pública acaba capturada por el vendedor en forma de precio más alto. No es muy inteligente echar gasolina al fuego.

No es solo el volcán

La crisis habitacional en La Palma afecta al conjunto de la sociedad, no únicamente a los damnificados por la erupción. La vivienda es hoy el segundo problema de los españoles. Hay que dar respuesta a quienes el sueldo no les alcanza para pagar el alquiler o la hipoteca, y muy especialmente a los jóvenes y a los trabajadores con salarios más bajos. No podemos condenarlos a vivir en la precariedad. Dedicar más del 30% de los ingresos mensuales a los gastos de vivienda es una sobrecarga que limita el bienestar de las personas y fractura la sociedad.

Estamos hipotecando el presente de nuestra juventud. Se rompe la promesa del Estado del bienestar: si estudias, trabajas y te esfuerzas, tendrás una vivienda digna. A los precios actuales, los jóvenes o comparten un alquiler caro o no pueden salir de casa de sus padres. Y si tienen vivienda en propiedad, suele ser porque la han heredado o porque su familia les ha ayudado, una ventaja que la inmensa mayoría no tiene.

Sin vivienda asequible no hay isla viable

La Palma tiene una natalidad baja, un envejecimiento acusado y una fuerte dependencia de la mano de obra exterior. En 2026, el 11,18% de la población activa insular había nacido en el extranjero. La agricultura y los servicios se sostienen en buena medida gracias a esos trabajadores, fundamentalmente de orígenes venezolano y cubano.

Una isla que aspira a más y mejores servicios de cuidados y de salud, y a un mayor peso de la ciencia y el conocimiento en su economía, necesita vivienda asequible para atraer a los profesionales y trabajadores cualificados que le hacen falta. Sin vivienda asequible, no hay manera de fijar población, ni nativa ni migrante.

Un Plan Insular de Vivienda para La Palma

La solución no es fácil, ni rápida, ni barata, sobre todo cuando se llevan muchos años improvisando o directamente sin política de vivienda. La construcción de vivienda pública en La Palma estuvo prácticamente paralizada durante más de dos décadas antes de la erupción.

Las políticas de vivienda serias y estructurales, capaces de contener los precios y ofrecer residencia asequible y de calidad, son complicadas, pero existen y son posibles. El fin último debe ser garantizar el derecho a una vivienda digna, generar igualdad de oportunidades y mejorar el bienestar.

Proponemos un Plan Insular de Vivienda para La Palma, con diagnóstico actualizado de la demanda, de la oferta pública disponible y de las tensiones del mercado, y con el desarrollo de propuestas concretas, ficha financiera y plazo de ejecución. Un plan que combine medidas de emergencia con medidas de largo plazo y que incluya al menos los siguientes asuntos:

Hablamos de dedicar entre el 1% y el 2% del PIB. Ahora mismo, no llegamos al 0,15%. Y hablamos de procurar suelo de calidad para vivienda asequible, siempre que sea posible mediante la rehabilitación de suelo urbano ya existente, a través de empresas públicas fuertes o de alianzas con empresas privadas que busquen rentabilidades razonables.

No es una tarea sencilla. Hay muchas necesidades sociales sin cubrir, mucha incertidumbre política y económica y mucha gente que empieza a desesperarse porque no puede seguir esperando. Pero si hemos avanzado en sanidad, en educación, en transporte y en pensiones, ¿por qué no vamos a poder avanzar en vivienda? Es una cuestión de voluntad política y de consenso social.

Quién tiene que liderarlo

Todas las administraciones públicas tienen competencias en vivienda. Las cuestiones económicas, financieras e hipotecarias corresponden al Estado. La ordenación del territorio, el urbanismo, la vivienda y las políticas sociales son tareas de la Comunidad Autónoma y del Cabildo, y el urbanismo se despliega en el ámbito local.

El Cabildo Insular de La Palma debe liderar, coordinar y lograr que todas las administraciones públicas remen juntas en un Plan Insular de Vivienda. No hay excusa para seguir esperando.

La Palma se juega su modelo agrario en esta década. La isla más agraria de Canarias arrastra una paradoja insostenible: produce mayoritariamente para fuera mientras importa el 90% de lo que come. Vive del plátano, pero el plátano sobrevive de la subvención. Tiene agua de sobra, pero la pierde. Tiene marca, pero no comercializa unida. Tiene tierra, pero envejece sin relevo.

Este documento plantea cinco diagnósticos y una propuesta. Los diagnósticos describen un sector primario en declive, vulnerable y atrapado en estructuras heredadas que ya no responden a la situación actual.

La propuesta articula un Plan Agrario para La Palma sostenido en cuatro palancas: soberanía alimentaria, reindustrialización inteligente, comercialización platanera unificada y una política del agua que recupere lo perdido. No es una receta nostálgica de vuelta al pasado; es una apuesta por el futuro desde lo que ya somos y tenemos.

1) Situación actual: una visión rápida

La Palma es la isla más agraria de Canarias. El sector primario aporta el 12% del empleo insular y el 6% del PIB palmero, frente al 2,5% del empleo y el 1,2% del PIB en la estructura económica regional. Se cultivan 7.600 hectáreas, el 16% del total agrario canario, en una isla que apenas representa el 9,5% de la superficie del archipiélago. Son 3.800 explotaciones que no llegan a las dos hectáreas de media (frente a las 4,2 de la media regional). Con 5.000 empleos directos y 2.500 indirectos, la renta bruta agraria total (ventas más ayudas del Posei) asciende a 200 millones de euros.

El plátano ocupa 2.700 hectáreas, el 43% de la superficie cultivada, y representa el 84% de la producción agrícola total. Es el cultivo más importante en la isla. Sus 5.300 productores comercializan 140.000 toneladas al año agrupados en seis organizaciones de productores de plátanos (OPP) que compiten suicidamente entre sí, debilitando su poder negociador frente a la distribución.

Es una estructura comercial heredada de un tiempo en que el plátano de Canarias no tenía como rival a la banana en el mercado español, sostenida por los intereses de una minoría y que los productores no han sabido superar adoptando un modelo de unidad comercial y marca única que les permita capturar mejor margen.

El coste de producción oscila entre los 0,70 y 0,80 euros/kg. La remuneración al agricultor (antes de la ayuda Posei) en 2023 fue de 0,30 euros/kg (uno de los peores años en precios); en 2024 subió a 0,60 euros/kg, y en 2025 se ha comportado de forma muy volátil, por debajo de costes al inicio del año y de julio en adelante. Ha habido medias de 1,20 euros/kg entre abril y junio. Solo la ayuda Posei anual de 0,33 euros/kg hace viable, y no siempre, el cultivo. La propiedad está atomizada y envejecida: el 67% de los productores gestiona menos de 0,5 hectáreas, el 40% de los propietarios supera los 65 años y solo el 12% no llega a 40. Los abandonos ya han comenzado, y serán masivos si no cambia el escenario.

El aguacate, en plena expansión, no parece alternativa fiable. Ocupa 1.135 hectáreas con una producción de 8.500 toneladas. Aunque ofrece precios al agricultor entre tres y cinco euros/kg, muy superiores al plátano, sufre vecería (un año de cosecha excelente y, al siguiente, caída brusca). Algunas plantaciones nuevas están afectadas por Phytophthora y se están abandonando. Otras explotaciones, expuestas a vientos y lluvias en el corto periodo de floración, enfrentan problemas de polinización que comprometen su viabilidad sin cobertura del consorcio Agroseguro. 

Los mejores suelos para cultivos subtropicales están ya dedicados al plátano, y un giro masivo hacia el aguacate saturaría un mercado local protegido de las importaciones por la orden fitosanitaria básica de Canarias de 12 de marzo de 1987. Exportar a mercados más competitivos con las rentabilidades actuales se complica frente a la potente producción americana.

Los cultivos tradicionales van proa al marisco. La papa solo cubre el 10% del consumo insular (2.300 toneladas), cuando llegamos a producir 7.300. Verduras, forrajes, cereales y leguminosas prácticamente han desaparecido como cultivos comerciales.

La viticultura, en retroceso: de 749 viticultores y 610 hectáreas en 2015 a 566 viticultores y 388 hectáreas en 2024, sosteniéndose gracias a una buena diferenciación internacional en vinos de calidad.

La pesca artesanal ha perdido más del 50% de sus capturas entre 2015 y 2024, con apenas 215 toneladas.

En el sector ganadero, la industria quesera tradicional ha caído de 32 queserías en la DOP Queso Palmero en 2019 a solo 13 en 2023. Los elevados costes de producción y una intervención pública desnortada, tanto en el diseño de ayudas como en la no habilitación de suelo ganadero para nuevas granjas, condenan al subsector a la desaparición si no se actúa con urgencia.

El resultado es un sistema agrario en declive, vulnerable, dependiente de la ayuda pública y orientado en el 90% a la exportación, mientras importa el 90% de lo que consume. Una contradicción que ningún territorio puede sostener indefinidamente.

2) La sostenibilidad del subsector platanero

El Posei está amenazado por el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que se negocia ahora en Europa. Recortes en la ayuda o la pérdida de una sección específica al traspasar su gestión al Gobierno de España determinarán la viabilidad del cultivo. Y hay que desplegar una estrategia firme de defensa del Posei en los próximos años.

Pero lo que el subsector realmente necesita es dejar de depender de la subvención. El plátano de Canarias tiene marca, lo que no tiene es una estructura comercial a la altura de esa marca. Dispone de una certificación de calidad IGP Plátano de Canarias reconocida por el consumidor, una identidad visual consolidada, un producto que gana las pruebas de sabor frente a la banana y una notoriedad que ya querrían muchos productos con presupuestos publicitarios muy superiores. Y aun así, el agricultor canario lleva años viendo cómo se estrecha su margen, cómo la banana le gana cuota en el lineal y cómo se reduce su capacidad de negociación frente a la gran distribución.

Detrás de la imagen unitaria del plátano de Canarias hay múltiples organizaciones de productores operando de forma independiente, compitiendo entre sí en precio ante las centrales de compra de las grandes cadenas. Esta fragmentación no es un rasgo inevitable del sector; es un problema con solución probada. Decenas de sectores agrícolas en todo el mundo lo han demostrado: concentrar la comercialización bajo una estructura y una voz únicas, al servicio de los productores. Avanzar en este camino no es una opción, es una condición de supervivencia. Si no, los abandonos serán masivos.

3) Un Plan Agrario para La Palma

Más soberanía alimentaria

Hace falta un sector primario que produzca, transforme y consuma en La Palma. Más diversificado, más eficiente y más atractivo para los jóvenes. Apoyado en certificaciones de origen y sello palmero, en certificaciones ecológicas y en canales cortos de comercialización que dejen el valor añadido en la isla, no en el mayorista peninsular.

Recuperar los cultivos tradicionales (papas, hortalizas, leguminosas) requiere palancas concretas: compra pública responsable en comedores escolares, hospitales y residencias; alianzas firmes con hoteles, restaurantes y cafeterías; potenciación de los mercados públicos municipales. Y políticas activas de relevo generacional: bancos de tierra para facilitar el acceso al suelo, líneas de financiación específicas para el acceso al capital, formación profesional dual agroecológica para el acceso al conocimiento y un plan de vivienda rural para el acceso habitacional. Certezas de rentas y estímulos. Es lo que un Plan Agrario para La Palma debe articular en los próximos años.

Reindustrializar reinventando lo local

La Palma necesita reindustrializarse con inteligencia. Pequeñas industrias de transformación vinculadas al campo, la artesanía, la cultura y la digitalización. El queso, el vino, el ron, la seda, los puros palmeros: activos de gran valor añadido y reconocimiento mundial que esperan ser ampliados.

No se trata de volver al pasado, sino de reinventar lo local con herramientas del presente, combinando tradición, innovación y sostenibilidad. Un modelo que diversifique la economía, fije población y genere empleo de calidad, especialmente en las zonas rurales.

4) El agua: la prioridad absoluta

Sin agua disponible en cantidad, calidad y precio adecuados no hay desarrollo agrario, industrial, turístico ni poblacional posible en La Palma. La agricultura absorbe el 84% del consumo total insular.

Una caída del 28% en la disponibilidad hídrica en una década, combinada con pérdidas en la distribución del 57%, hace inviable cualquier plan estratégico serio. Y lo paradójico es que en la isla hay agua. Según el Plan Hidrológico, cuatro veces más de la necesaria.

Urge rehabilitar y mantener las galerías mediante cierres hidráulicos o tranques, reducir las pérdidas en la distribución rehabilitando los canales secundarios y las redes urbanas, y transitar hacia sistemas de regadío más eficientes. Y, en paralelo, seguir ampliando las dos bocas o galerías del Túnel de Trasvase Este-Oeste.

Urge también democratizar el Consejo Insular de Aguas de La Palma y empoderarlo como autoridad real en la gestión de galerías, pozos y redes de distribución. Hay que reforzar el interés general, revisando, si fuese necesario, la Ley de Aguas.

5) El futuro: lo que podría ser

El sector primario palmero tiene todo lo necesario para aumentar el autoabastecimiento; poner en producción gran parte de la superficie agrícola hoy abandonada; mejorar la seguridad alimentaria frente a las crisis bélicas, sanitarias y climáticas, cada vez más frecuentes; conservar el medio rural como aliado en la lucha contra el cambio climático; ofrecer productos frescos y de proximidad; asegurar la gestión sostenible de las semillas y la diversidad de las especies palmeras, y garantizar la comercialización sostenible de lo producido en la isla.

Una agricultura, en definitiva, que confíe en lo que ya somos, tenemos y podemos construir juntos.

Reducir la dependencia del exterior no es cerrarse al mundo, es ganar autonomía, estabilidad y resiliencia. Es apostar por circuitos económicos cortos que generan valor añadido en la isla y fortalecen el empleo local. 

Es elegir, por fin, un futuro propio.

La respuesta basada en más volumen es una premisa equivocada, y la realidad empieza a ser muy incómoda: récord de visitantes con un consumo desmesurado de territorio y de recursos, salarios que no suben, vivienda inaccesible, servicios públicos tensionados y una fuga constante de valor

Vista la iniciativa, que no debate ni participación, que, a poco más de un año de las próximas elecciones (mayo de 2027), Coalición Canaria (CC), desde el Cabildo Insular, ha abierto en La Palma en relación con el turismo y cuál seguirá siendo el modelo elegido por los tres partidos de siempre (se añaden el PP y el PSOE) para el desarrollo de esa actividad productiva, creo que llega el momento de reflexionar y aportar algunas alternativas; o sea, de disentir con manifiesta claridad y espero que con argumentos, porque otra estrategia turística es posible, y además necesaria, en nuestra isla de La Palma.

La Palma se enfrenta a una decisión que marcará su futuro durante décadas. Mientras el modelo turístico canario muestra signos evidentes de agotamiento, con récords de visitantes que conviven con salarios estancados, vivienda inaccesible y servicios públicos al límite, en La Palma se intenta replicar precisamente ese modelo en declive. La pregunta no es si la isla debe apostar por el turismo, sino qué tipo de turismo queremos y para quién. Lo que está en juego es mucho más que un sector económico: es la forma de vida, el paisaje y el futuro de quienes vivimos aquí.

Mucha planificación y pocos resultados

El primer Plan Insular de Ordenación Territorial de La Palma, de 1974, configuró los dos núcleos turísticos que hoy siguen siendo principales en la isla: Los Cancajos y Puerto Naos, ambos concebidos bajo el paradigma del destino de sol y playa.

Después de aquello, poco más... Los sucesivos planes insulares, parciales y especiales no alcanzaron sus objetivos. El Plan Territorial Especial del Turismo (PTET, 2011), tras tres aprobaciones parciales entre 2007 y 2010, nunca llegó a aplicarse.

La Ley de las Islas Verdes, en su versión de 2019, constituye el marco normativo actual. Se articula en torno al Sistema Motriz Turístico Insular (SMTI), integrado en la tercera revisión del Plan Insular (R3PIOLP), que habilita las Actuaciones Estructurales de Trascendencia Insular (AETI) mediante los Instrumentos de Planificación Singular Turística (IPST), de los que más adelante hablaremos.

El resultado: sesenta años de planificación baldía y un sector marginal cuya aportación máxima al turismo total canario fue del 2,8% en 2017.

La imposibilidad de materializar lo planificado suele atribuirse a causas estructurales como la debilidad inversora, la fragmentación de la propiedad del suelo, la escasez de playas y las limitaciones de conectividad aérea. Lo que está claro es que por falta de planes no ha sido.

¿Qué ha pasado en islas similares?

Lanzarote y Fuerteventura, que hace sesenta años partían de una posición incluso más marginal que La Palma, han desarrollado una industria turística potente. Hoy, conjuntamente, acumulan el 35% de las pernoctaciones canarias. La Palma no llega al 2%.

Pero es un modelo que empieza a agotarse. Solo funciona mientras nadie lo haga más barato, y cuando alguien lo consigue, podemos estar perdidos. Nuevos destinos, sobre todo los más cercanos como Marruecos y otros países del Mediterráneo oriental, comienzan a poner en jaque aquel modelo. Y no solo el de Fuerteventura y Lanzarote, sino el de toda Canarias.

La respuesta basada en más volumen es una premisa equivocada, y la realidad empieza a ser muy incómoda: récord de visitantes con un consumo desmesurado de territorio y de recursos, salarios que no suben, vivienda inaccesible, servicios públicos tensionados y una fuga constante de valor. Buena parte del dinero que entra sale igual de rápido: solo entre el 30% y el 40% del gasto del turista se queda en las islas. Más dependencia económica y más desigualdad. El modelo no sirve para la isla.

Se hace necesario revisar la forma en que evaluamos el éxito turístico. Esta debe centrarse en los impactos positivos que la actividad puede y debe generar en el destino: su eficacia en la generación de medios de vida, su contribución a la economía local, la creación de empleo decente y el respeto por el medioambiente y los equilibrios naturales, sin desplazar a quien vive aquí ni degradar lo que nos hace únicos. Un turismo al servicio de la isla y de su gente.

El perfil del que nos visita

La principal motivación de quien llega a La Palma es explorar y conocer la isla. Valora los paisajes, la tranquilidad y la ausencia de masificación; muestra una alta sensibilidad ambiental y disposición a pagar tasas de compensación, y reporta niveles de satisfacción superiores a la media canaria. Es un turista de valor, que mejora los ingresos unitarios y, por tanto, la productividad por empleado.

La Palma reúne un conjunto de activos turísticos sin equivalente en los mercados europeo y mundial de destinos diferenciados: Reserva Mundial de la Biosfera que abarca la totalidad del territorio insular, el Roque de los Muchachos (uno de los mejores emplazamientos del planeta para la astronomía, protegido por la Ley del Cielo de La Palma), el geopatrimonio volcánico del Tajogaite, los bosques de laurisilva (relictos o vestigios de la flora terciaria europea), los fondos marinos y un largo etcétera.

La Palma no puede ni debe competir en el turismo masivo de sol y playa. La estrategia correcta es la diferenciación radical en nichos de alto valor: científico, ecológico, cultural y gastronómico, compatibles con nuestro patrimonio natural y cultural y capaces de generar mayor valor añadido por visitante con menor impacto.

La combinación volcán, cielo y biosfera constituye el atractivo más potente para experiencias del visitante: astroturismo y geoturismo, geopatrimonio volcánico, paisajes agrarios únicos, arquitectura atlántica, mar, turismo regenerativo, turismo slow. Todo ello es compatible con nuestro territorio y nuestra forma de vida, que son los activos diferenciales más valiosos y, paradójicamente, los más infrautilizados en la elaboración de la estrategia actual.

Retos estructurales del nuevo modelo

La mejora de la oferta alojativa en calidad y cantidad debe estar vinculada a la activación completa y operativa del patrimonio construido: casas solariegas, conjuntos históricos, haciendas y edificaciones vernáculas, junto con nuevos hoteles tipo boutique o emblemáticos. Y regular inteligentemente la vivienda vacacional para que distribuya el valor localmente sin tensionar la vivienda residencial.

Se trata de mejorar los efectos multiplicadores del turismo sobre el resto de la economía insular: gastronomía, artesanía, transportes, servicios culturales... El turista que viene a La Palma debe gastar en La Palma; debe generar ingresos, renta, riqueza, a los palmeros.

A lo anterior se une la mejora de la calidad del empleo turístico mediante formación específica, contratos estables y retención del talento local. El turismo de calidad requiere profesionales de calidad, y mucha enseñanza de idiomas.

Pero hay más, y es la mejora de la conectividad, pero no solo con más asientos disponibles en rutas internacionales directas, sino también a través de mejores conexiones con el aeropuerto del sur de Tenerife y con Gran Canaria. El poder de negociación frente a las compañías aéreas es considerablemente mayor para un destino diferenciado, de alta demanda y valor añadido que para un destino fácilmente replicable y sustituible en un mercado tan competitivo.

También hay que dotar al destino de instrumentos de gobernanza participativa capaces de coordinar e implantar un plan de transformación y un plan de marketing y comercialización.

Pacto por el Turismo: error político y económico

Lejos de analizar los datos y las tendencias del sector y de valorar la oportunidad de cambiar de estrategia, los partidos políticos de La Palma (CC, PSOE y PP) firmaron en 2023 un acuerdo para impulsar las infraestructuras turísticas y apoyar la creación de nuevas camas contempladas en el viejo y estancado modelo.

El Pacto por el Turismo en La Palma es ampliamente rechazado por la sociedad palmera. Promueve modelos especulativos, la instalación de cadenas hoteleras extractivas y sobredimensionadas e infraestructuras anexas inasumibles, como son los campos de golf. Se consume mucho paisaje, mucho territorio y muchos recursos, que son de todos, solo para beneficiar a unos pocos.

Con ese objetivo, La Palma ya cuenta con tres IPST autorizados: Ecoresort La Pavona (Las Breñas), 1.400 camas, un proyecto inicialmente vinculado a un campo de golf; La Dichosa Wellness (Las Manchas), 564 camas, y el Parque Astronómico Cultural Llano de las Ánimas.

En tramitación se encuentran Puerto Naos (2.604 plazas), Golf Fuencaliente (1.024 plazas) y Las Hoyas-Tazacorte (900 plazas). En el cajón de los estudios de arquitectura hay otros muchos a punto de ver la luz, como el Complejo Residencial Bioclimático de Roque del Faro (Garafía) o el Complejo Turístico-Residencial y de Ocio de La Fajana de Barlovento, con hotel, charcos intermareales, club de mar, caravaning, cubiertas apergoladas para solariums panorámicos y quioscos de playa. Todo ello al más puro estilo de resort de sol y playa, por mucho adjetivo de eco, bio o sostenible que se les quiera añadir. 

Es justo lo contrario del objetivo declarado por la Ley de Islas Verdes, que supuestamente nace para cambiar la estrategia y convertir el paisaje y el patrimonio en el recurso turístico principal, no para incentivar el turbocrecimiento depredador.

Ciertos movimientos, por su oportunidad, resultan cuando menos sospechosos. La Comisión de Evaluación Ambiental del Cabildo de La Palma aprobó el inicio del expediente del IPST de Puerto Naos el 30 de abril pasado. En el pleno del Cabildo del 9 de abril de 2026, apenas tres semanas antes, se destituyeron y a la vez designaron nuevos miembros de esa misma Comisión.

No es ajeno a esta operación territorial el proyecto del túnel El Remo-La Zamora: 5,5 kilómetros de obra de alta complejidad técnica y elevado impacto medioambiental, presupuestada inicialmente con la friolera cifra de 328 millones de euros de dinero público y pensada únicamente para llenar de la mayor cantidad de turistas posible el sudoeste costero palmero (El Remo, Puerto Naos, Las Hoyas, Tazacorte).

Las reacciones contra los que se oponen

Los promotores de este desarrollo anacrónico, fundamentalmente el grupo de Gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo de La Palma, donde esta formación política tiene mayoría absoluta, han reaccionado con rapidez contra quienes nos hemos atrevido a señalar que seguir con esa estrategia turística es, por todo lo expuesto, un grave error para la isla. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, firmantes del Pacto por el Turismo de La Palma, se mantienen en silencio. Entendemos que otorgan.

Tratan de ofrecer a la opinión pública un escenario intencionadamente polarizado: ellos, los buenos, los que generan economía, los que atraen inversión, los que crean empleo, y nosotros, los malos, los que estamos en contra de todo, los que no queremos nada bueno para La Palma. Han hecho un gran despliegue en medios y redes sociales. Pero ese relato carece de credibilidad y la oposición en la calle es mayoritaria. Y bien que lo saben. De ahí el empeño en la propaganda pagada con dinero público.

En La Palma lo que se enfrentan son dos modelos. Uno, empantanado, en recesión, implantado en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura: el de sol y playa, el hotelero extractivo, de baja remuneración laboral, que, lejos de traer bienestar para todos, está rompiendo la vida cotidiana. Barrios y pueblos convertidos en algo irreconocible, parques temáticos y vecinos obligados a marcharse porque no pueden pagar un alquiler con precios disparados por la especulación turística. Trabajadores que se levantan a las cinco de la mañana para cruzar la isla y servir desayunos en hoteles de cinco estrellas, pero que no pueden permitirse vivir cerca de su lugar de trabajo. Colas en los centros de salud, carreteras colapsadas, servicios públicos desbordados.

Esto no va de estar contra el turismo. Va de ser sensatos y de no aceptar una dependencia impuesta por intereses foráneos. Va de un modelo turístico que esté al servicio de la isla y de su gente, no al revés. Un turismo que genere empleo digno y estable, que aporte valor real a la economía local y que distribuya sus beneficios de forma justa.

Creemos en un turismo sostenible e inteligente, que respete la capacidad de carga del territorio y con ello proteja el paisaje. La conservación del entorno es la base de una experiencia turística auténtica y duradera. Un turismo que invite a vivir en La Palma, no solo a visitarla.

No podemos permitir que las decisiones se tomen de espaldas a los palmeros. Es hora de actuar con responsabilidad y valentía. Estamos a tiempo.

Construir un modelo turístico de éxito

La Palma se enfrenta a una decisión que marcará su futuro durante décadas. Mientras el modelo turístico canario muestra signos evidentes de agotamiento, con récords de visitantes que conviven con salarios estancados, vivienda inaccesible y servicios públicos al límite, en La Palma se intenta replicar precisamente ese modelo en declive. La pregunta no es si la isla debe apostar por el turismo, sino qué tipo de turismo queremos y para quién. Lo que está en juego es mucho más que un sector económico: es la forma de vida, el paisaje y el futuro de quienes vivimos aquí.

Mucha planificación y pocos resultados

El primer Plan Insular de Ordenación Territorial de La Palma, de 1974, configuró los dos núcleos turísticos que hoy siguen siendo principales en la isla: Los Cancajos y Puerto Naos, ambos concebidos bajo el paradigma del destino de sol y playa.

Después de aquello, poco más... Los sucesivos planes insulares, parciales y especiales no alcanzaron sus objetivos. El Plan Territorial Especial del Turismo (PTET, 2011), tras tres aprobaciones parciales entre 2007 y 2010, nunca llegó a aplicarse.

La Ley de las Islas Verdes, en su versión de 2019, constituye el marco normativo actual. Se articula en torno al Sistema Motriz Turístico Insular (SMTI), integrado en la tercera revisión del Plan Insular (R3PIOLP), que habilita las Actuaciones Estructurales de Trascendencia Insular (AETI) mediante los Instrumentos de Planificación Singular Turística (IPST), de los que más adelante hablaremos.

El resultado: sesenta años de planificación baldía y un sector marginal cuya aportación máxima al turismo total canario fue del 2,8% en 2017.

La imposibilidad de materializar lo planificado suele atribuirse a causas estructurales como la debilidad inversora, la fragmentación de la propiedad del suelo, la escasez de playas y las limitaciones de conectividad aérea. Lo que está claro es que por falta de planes no ha sido.

¿Qué ha pasado en islas similares?

Lanzarote y Fuerteventura, que hace sesenta años partían de una posición incluso más marginal que La Palma, han desarrollado una industria turística potente. Hoy, conjuntamente, acumulan el 35% de las pernoctaciones canarias. La Palma no llega al 2%.

Pero es un modelo que empieza a agotarse. Solo funciona mientras nadie lo haga más barato, y cuando alguien lo consigue, podemos estar perdidos. Nuevos destinos, sobre todo los más cercanos como Marruecos y otros países del Mediterráneo oriental, comienzan a poner en jaque aquel modelo. Y no solo el de Fuerteventura y Lanzarote, sino el de toda Canarias.

La respuesta basada en más volumen es una premisa equivocada, y la realidad empieza a ser muy incómoda: récord de visitantes con un consumo desmesurado de territorio y de recursos, salarios que no suben, vivienda inaccesible, servicios públicos tensionados y una fuga constante de valor. Buena parte del dinero que entra sale igual de rápido: solo entre el 30% y el 40% del gasto del turista se queda en las islas. Más dependencia económica y más desigualdad. El modelo no sirve para la isla.

Cambio de paradigma

Se hace necesario revisar la forma en que evaluamos el éxito turístico. Esta debe centrarse en los impactos positivos que la actividad puede y debe generar en el destino: su eficacia en la generación de medios de vida, su contribución a la economía local, la creación de empleo decente y el respeto por el medioambiente y los equilibrios naturales, sin desplazar a quien vive aquí ni degradar lo que nos hace únicos. Un turismo al servicio de la isla y de su gente.

El perfil del que nos visita

La principal motivación de quien llega a La Palma es explorar y conocer la isla. Valora los paisajes, la tranquilidad y la ausencia de masificación; muestra una alta sensibilidad ambiental y disposición a pagar tasas de compensación, y reporta niveles de satisfacción superiores a la media canaria. Es un turista de valor, que mejora los ingresos unitarios y, por tanto, la productividad por empleado.

La Palma reúne un conjunto de activos turísticos sin equivalente en los mercados europeo y mundial de destinos diferenciados: Reserva Mundial de la Biosfera que abarca la totalidad del territorio insular, el Roque de los Muchachos (uno de los mejores emplazamientos del planeta para la astronomía, protegido por la Ley del Cielo de La Palma), el geopatrimonio volcánico del Tajogaite, los bosques de laurisilva (relictos o vestigios de la flora terciaria europea), los fondos marinos y un largo etcétera.

La Palma, un destino diferente

La Palma no puede ni debe competir en el turismo masivo de sol y playa. La estrategia correcta es la diferenciación radical en nichos de alto valor: científico, ecológico, cultural y gastronómico, compatibles con nuestro patrimonio natural y cultural y capaces de generar mayor valor añadido por visitante con menor impacto.

La combinación volcán, cielo y biosfera constituye el atractivo más potente para experiencias del visitante: astroturismo y geoturismo, geopatrimonio volcánico, paisajes agrarios únicos, arquitectura atlántica, mar, turismo regenerativo, turismo slow. Todo ello es compatible con nuestro territorio y nuestra forma de vida, que son los activos diferenciales más valiosos y, paradójicamente, los más infrautilizados en la elaboración de la estrategia actual.

Retos estructurales del nuevo modelo

La mejora de la oferta alojativa en calidad y cantidad debe estar vinculada a la activación completa y operativa del patrimonio construido: casas solariegas, conjuntos históricos, haciendas y edificaciones vernáculas, junto con nuevos hoteles tipo boutique o emblemáticos. Y regular inteligentemente la vivienda vacacional para que distribuya el valor localmente sin tensionar la vivienda residencial.

Se trata de mejorar los efectos multiplicadores del turismo sobre el resto de la economía insular: gastronomía, artesanía, transportes, servicios culturales... El turista que viene a La Palma debe gastar en La Palma; debe generar ingresos, renta, riqueza, a los palmeros.

A lo anterior se une la mejora de la calidad del empleo turístico mediante formación específica, contratos estables y retención del talento local. El turismo de calidad requiere profesionales de calidad, y mucha enseñanza de idiomas.

Pero hay más, y es la mejora de la conectividad, pero no solo con más asientos disponibles en rutas internacionales directas, sino también a través de mejores conexiones con el aeropuerto del sur de Tenerife y con Gran Canaria. El poder de negociación frente a las compañías aéreas es considerablemente mayor para un destino diferenciado, de alta demanda y valor añadido que para un destino fácilmente replicable y sustituible en un mercado tan competitivo.

También hay que dotar al destino de instrumentos de gobernanza participativa capaces de coordinar e implantar un plan de transformación y un plan de marketing y comercialización.

Pacto por el Turismo: error político y económico

Lejos de analizar los datos y las tendencias del sector y de valorar la oportunidad de cambiar de estrategia, los partidos políticos de La Palma (CC, PSOE y PP) firmaron en 2023 un acuerdo para impulsar las infraestructuras turísticas y apoyar la creación de nuevas camas contempladas en el viejo y estancado modelo.

El Pacto por el Turismo en La Palma es ampliamente rechazado por la sociedad palmera. Promueve modelos especulativos, la instalación de cadenas hoteleras extractivas y sobredimensionadas e infraestructuras anexas inasumibles, como son los campos de golf. Se consume mucho paisaje, mucho territorio y muchos recursos, que son de todos, solo para beneficiar a unos pocos.

Instrumentos de Planificación Singular Turística

Con ese objetivo, La Palma ya cuenta con tres IPST autorizados: Ecoresort La Pavona (Las Breñas), 1.400 camas, un proyecto inicialmente vinculado a un campo de golf; La Dichosa Wellness (Las Manchas), 564 camas, y el Parque Astronómico Cultural Llano de las Ánimas.

En tramitación se encuentran Puerto Naos (2.604 plazas), Golf Fuencaliente (1.024 plazas) y Las Hoyas-Tazacorte (900 plazas). En el cajón de los estudios de arquitectura hay otros muchos a punto de ver la luz, como el Complejo Residencial Bioclimático de Roque del Faro (Garafía) o el Complejo Turístico-Residencial y de Ocio de La Fajana de Barlovento, con hotel, charcos intermareales, club de mar, caravaning, cubiertas apergoladas para soláriums panorámicos y quioscos de playa. Todo ello al más puro estilo de resort de sol y playa, por mucho adjetivo de eco, bio o sostenible que se les quiera añadir. 

Es justo lo contrario del objetivo declarado por la Ley de Islas Verdes, que supuestamente nace para cambiar la estrategia y convertir el paisaje y el patrimonio en el recurso turístico principal, no para incentivar el turbocrecimiento depredador.

Ciertos movimientos, por su oportunidad, resultan cuando menos sospechosos. La Comisión de Evaluación Ambiental del Cabildo de La Palma aprobó el inicio del expediente del IPST de Puerto Naos el 30 de abril pasado. En el pleno del Cabildo del 9 de abril de 2026, apenas tres semanas antes, se destituyeron y a la vez designaron nuevos miembros de esa misma Comisión.

No es ajeno a esta operación territorial el proyecto del túnel El Remo-La Zamora: 5,5 kilómetros de obra de alta complejidad técnica y elevado impacto medioambiental, presupuestada inicialmente con la friolera cifra de 328 millones de euros de dinero público y pensada únicamente para llenar de la mayor cantidad de turistas posible el sudoeste costero palmero (El Remo, Puerto Naos, Las Hoyas, Tazacorte).

Las reacciones contra los que se oponen

Los promotores de este desarrollo anacrónico, fundamentalmente el grupo de Gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo de La Palma, donde esta formación política tiene mayoría absoluta, han reaccionado con rapidez contra quienes nos hemos atrevido a señalar que seguir con esa estrategia turística es, por todo lo expuesto, un grave error para la isla. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, firmantes del Pacto por el Turismo de La Palma, se mantienen en silencio. Entendemos que otorgan.

Tratan de ofrecer a la opinión pública un escenario intencionadamente polarizado: ellos, los buenos, los que generan economía, los que atraen inversión, los que crean empleo, y nosotros, los malos, los que estamos en contra de todo, los que no queremos nada bueno para La Palma. Han hecho un gran despliegue en medios y redes sociales. Pero ese relato carece de credibilidad y la oposición en la calle es mayoritaria. Y bien que lo saben. De ahí el empeño en la propaganda pagada con dinero público.

En La Palma lo que se enfrentan son dos modelos. Uno, empantanado, en recesión, implantado en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura: el de sol y playa, el hotelero extractivo, de baja remuneración laboral, que, lejos de traer bienestar para todos, está rompiendo la vida cotidiana. Barrios y pueblos convertidos en algo irreconocible, parques temáticos y vecinos obligados a marcharse porque no pueden pagar un alquiler con precios disparados por la especulación turística. Trabajadores que se levantan a las cinco de la mañana para cruzar la isla y servir desayunos en hoteles de cinco estrellas, pero que no pueden permitirse vivir cerca de su lugar de trabajo. Colas en los centros de salud, carreteras colapsadas, servicios públicos desbordados.

Esto no va de estar contra el turismo. Va de ser sensatos y de no aceptar una dependencia impuesta por intereses foráneos. Va de un modelo turístico que esté al servicio de la isla y de su gente, no al revés. Un turismo que genere empleo digno y estable, que aporte valor real a la economía local y que distribuya sus beneficios de forma justa.

Creemos en un turismo sostenible e inteligente, que respete la capacidad de carga del territorio y con ello proteja el paisaje. La conservación del entorno es la base de una experiencia turística auténtica y duradera. Un turismo que invite a vivir en La Palma, no solo a visitarla.

No podemos permitir que las decisiones se tomen de espaldas a los palmeros. Es hora de actuar con responsabilidad y valentía. Estamos a tiempo.

La Palma sufre un declive estructural profundo, más visible y agravado tras la erupción del volcán Tajogaite en septiembre de 2021. Es el resultado de décadas de políticas cortoplacistas marcadas por la improvisación, el tacticismo electoral y la falta de estrategia. Los tres grandes partidos (PSOE, PP y CC) han gobernado la isla, en pacto o en solitario, desde la restauración de la democracia.

La gestión de la reconstrucción tras la erupción del Tajogaite es probablemente el ejemplo más doloroso. Cuatro años después de la emergencia, demasiadas familias siguen viviendo en los contenedores o en las casas de madera y no se ha recuperado ni el 9% de las tierras fértiles arrebatadas por el volcán.

El Cabildo Insular de La Palma no dispone de un plan de reconstrucción que permita anticipar qué obras y contratos son necesarios y ni el Consejo Sectorial para la Reconstrucción, aprobado por unanimidad en enero de 2023, ha llegado a convocarse. Lo que hoy presenciamos en La Palma, rechazada la creación de un gran consorcio administrativo, es una reconstrucción a la carta dominada por la improvisación, el clientelismo y la opacidad total. Un modelo que favorece a empresas amigas y que da la espalda a los afectados, hasta el punto de que el Gobierno de Canarias, para blindar esa opacidad, ha llegado a judicializar ante el Tribunal Superior de Justicia su negativa a publicar quiénes reciben las subvenciones de la reconstrucción. Además, y sin ningún rubor, nos lo quieren vender como un ejemplo de recuperación y gestión administrativa.

El sector público insular está sobredimensionado y se ha convertido en empleador de última instancia, con un fuerte componente clientelar, incapaz de absorber y resolver la falta de oportunidades del sector privado. Representa cerca del 10% del empleo en la isla y, si añadimos educación y sanidad, alcanza el 25%.

El sector primario es muy dependiente del exterior. El plátano, que supone el 70% del valor de la producción agrícola insular, sobrevive gracias a la subvención del programa Posei (141 millones de euros anuales para toda la región y ese cultivo), hoy seriamente amenazada por el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

En la discusión que mantiene la Unión Europea (UE) sobre la gestión de esos fondos comunitarios, se está imponiendo el enfoque nacional, perdiéndose la visión descentralizada y regionalizada que hasta ahora permitía responder mejor a las necesidades y singularidades de Canarias. La ficha financiera, que todo indica que tampoco se incrementará, pasaría a gestionarse desde los Presupuestos Generales del Estado. Pintan bastos.

El turismo lleva años estancado y es incapaz de recuperar los niveles previos a la pandemia. Y lo más preocupante, el modelo dominante sigue empeñado en apostar por un desarrollo turístico extractivo y de masas, el que ya ha fracasado en otras islas equivalentes a La Palma. El Cabildo da luz verde al Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) de Puerto Naos, que convierte el suelo de este espacio en apto para que se active el turbocrecimiento depredador que sólo favorece a un lobby hotelero determinado con propiedades en la zona.

Para evitar sorpresas, con anterioridad a esa aprobación, el Cabildo, en el pleno del pasado jueves, 9 de abril, cesó y designó a nuevos miembros en la Comisión de Evaluación Ambiental. Para rematar la jugada, está el proyecto del túnel El Remo-La Zamora, 328 millones de euros por 5,5 kilómetros de obra de alta complejidad técnica y elevado impacto medioambiental, una inversión pública sólo pensada para llenar de la mayor cantidad de turistas posible el sudoeste palmero. Ninguno de los tres grandes partidos, CC, PSOE y PP, se opone.

La Palma es uno de los territorios más envejecidos de España. Por cada menor de 15 años, hay más de dos personas mayores de 65. La emigración de jóvenes palmeros cualificados no se compensa cualitativamente con la inmigración extranjera, orientada en su mayoría a sectores de baja cualificación. Y lo más sorprendente, no se sabe con certeza cuánta población vive realmente en la isla: se estima que la cifra real es entre el 20% y el 25% inferior a la registrada oficialmente, en torno a 65.000 habitantes frente a los 86.194 censados. Para planificar las infraestructuras y servicios resulta imprescindible conocer la población real.

El sistema energético insular es frágil, dependiente del exterior y de los combustibles fósiles. Está obsoleto, con alta probabilidad de crisis o ceros energéticos, y depende casi totalmente del fuel. Solo el 9% de la electricidad procede de renovables, frente al 57% nacional.

La vivienda es una bomba de relojería. El mercado está tensionado no solo por la destrucción provocada por el volcán, sino también por la ausencia de política de vivienda durante demasiados años (desde 2012 hasta 2023 no se construye vivienda de protección oficial -VPO- en la isla), por la inexistencia de un parque de vivienda protegida en alquiler asequible y por la aplicación especulativa de la Ley de Islas Verdes. El caso de Tijarafe es paradigmático: solo en este municipio se han solicitado licencias para más de 60 villas turísticas en suelo rústico, casi todas con piscina, y a estas se suman unas 290 viviendas vacacionales. La mayoría de promotores son inversores extranjeros o empresas radicadas fuera de la isla, de modo que los beneficios no revierten en la economía local. Entretanto, se encarecen el suelo, el agua y la vivienda hasta expulsar a los nativos del mercado. Lo mismo ocurre en Puntagorda y Garafía.

El sistema sanitario sigue incompleto. Numerosas especialidades no están disponibles en la isla, lo que obliga a los pacientes a desplazarse a Tenerife. Costes del transporte y del alojamiento de los acompañantes, retrasos en los diagnósticos, discontinuidad en la atención: todo ello pesa especialmente sobre enfermos crónicos, personas mayores y familias con menores.

La transición digital combina planificación tardía, ejecución lenta y presupuesto insuficiente. Avanzamos por inercia, no por estrategia.

La gobernanza está fragmentada, descoordinada y plagada de solapamientos. Cinco niveles institucionales con competencias entrelazadas (Unión Europea, Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo y catorce ayuntamientos) generan parálisis. La planificación territorial acumula retrasos clamorosos. Para muestra un botón: Los Llanos de Aridane, primer municipio en número de habitantes, sigue rigiéndose por un Plan General de 1987, después de que el Tribunal Supremo anulara en 2015 el aprobado en 2010 y de que el procedimiento iniciado posteriormente caducara por superar los plazos legales de evaluación ambiental, obligando así al inicio desde cero en octubre de 2025. El Plan Insular de Ordenación y el Plan Hidrológico son otros ejemplos de procesos eternos y retrasos injustificados. Cuando se aprueben, ya estarán desfasados.

Una isla con futuro

Podemos seguir actuando como siempre y dejar que la inercia, el cortoplacismo y los ciclos electorales nos arrastren a la irrelevancia o bien asumir la urgencia del cambio y engancharnos al futuro que queremos. La transformación necesaria es profunda y exige una gobernanza participativa, con rendición de cuentas, coordinada y con visión de largo plazo. La isla debe apostar por un modelo autosuficiente, tecnológicamente avanzado y socialmente cohesivo.

El agua es la prioridad absoluta. Sin agua disponible en cantidad, calidad y precio adecuados no es posible el desarrollo agrario, industrial, turístico o poblacional. Hay que democratizar el Consejo Insular de Aguas y, al mismo tiempo, empoderarlo como autoridad real en la gestión de galerías, pozos y redes de distribución. Y hacerlo evaluando y revisando la Ley de Aguas si fuera necesario para reforzar el interés general en la gestión. Es imprescindible un programa urgente de reducción de pérdidas en las redes urbanas y agrarias, así como la transición hacia sistemas de regadío eficientes. No es asumible plantearse la producción industrial de agua mientras el sistema mantenga niveles de fugas, pérdidas, tan elevadas.

Necesitamos un modelo agroindustrial centrado en la producción local y en una mejor remuneración del mercado para los plataneros. Hay que potenciar políticas que incrementen el poder de negociación del plátano de Canarias unificando su comercialización bajo una única marca. La Palma tiene que ser una isla más soberana, despensa de Canarias. Un sello “Producto de La Palma” como elemento diferenciador, la reactivación de los mercados municipales públicos, un banco de tierras insular operativo y un programa de compra pública responsable que dé prioridad a los productos locales en comedores escolares, hospitales, residencias... Todas deben ser piezas estructurales de la estrategia.

Hay que apostar por una industria turística de alto valor, compatible con nuestro patrimonio natural y cultural: la Reserva de la Biosfera, los cielos astronómicos, el geopatrimonio volcánico, los paisajes agrarios únicos, la arquitectura atlántica, el mar... En definitiva, un turismo acorde con nuestro territorio y nuestra forma de vida, que son los activos diferenciales más valiosos y, paradójicamente, los más infrautilizados en la elaboración de cualquier nueva estrategia de destino.

Es imprescindible diseñar e implantar un sistema energético hacia el 100% renovable de aquí a 2050. Acometer las inversiones necesarias en la central térmica de Los Guinchos para dar respaldo y fiabilidad al sistema, potenciar las comunidades energéticas locales y el autoconsumo industrial y agrícola, y culminar la evaluación técnica de viabilidad del potencial geotérmico.

La gobernanza tiene que ser participativa, transparente y rendir cuentas. Las buenas decisiones nacen del debate abierto y del interés común, no de las presiones de unos pocos. Y la reconstrucción tras el Tajogaite, por encima de cualquier otra política, exige hoy esa transparencia.

Garantizar el bienestar real de las personas es otro eje central. Hay que ampliar el catálogo de especialidades del Hospital Universitario de La Palma, desarrollar un Plan Insular de Cuidados que integre servicios de atención a la infancia, personas mayores y personas con discapacidad, reforzar el servicio de ayuda a domicilio y articular una red de apoyo a las familias cuidadoras.

Es urgente desarrollar un Plan Insular de Vivienda que potencie la construcción de vivienda protegida en alquiler asequible, capaz de restar tensión al mercado, y revisar la aplicación de la Ley de Islas Verdes para evitar que siga operando como instrumento de especulación en suelo rústico.

Y hay que ampliar y modernizar la Formación Profesional Dual en los sectores de futuro, para retener talento joven y vincularlo a la transformación productiva de la isla.

Es posible una isla que viva de su territorio sin agotarlo, que genere prosperidad sin desigualdad, capaz de retener a sus jóvenes con talento, que se gobierne con transparencia, cercanía y visión de futuro.

Una isla que mire adelante, que confíe en su gente y que vuelva a creer en sí misma.

1) El espejismo de la marca fuerte

El plátano de Canarias es, probablemente, el caso más paradójico del sistema agroalimentario español. Dispone de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) reconocida por el consumidor, una identidad visual consolidada, un producto que gana las pruebas de sabor frente a la banana y un nivel de notoriedad de marca que ya querrían para sí muchos productos con presupuestos publicitarios muy superiores. Sin embargo, el agricultor canario lleva años viendo cómo su margen se estrecha, cómo la banana gana cuota en el lineal y cómo su capacidad de negociación frente a la gran distribución se reduce.

La razón de esa paradoja no está en el producto, ni en la marca, ni en el consumidor. Está en la estructura de comercialización. Detrás de la imagen unitaria del plátano de Canarias, hay múltiples organizaciones de productores que operan de forma independiente, compitiendo entre sí en precio ante las centrales de compra de las grandes cadenas. El resultado es un contrasentido estructural: una marca fuerte hacia fuera y una arquitectura comercial débil hacia dentro.

Esa fragmentación no es un rasgo inevitable del sector, sino un problema con solución probada. Decenas de sectores agrícolas en todo el mundo ya lo han demostrado: concentrar la comercialización bajo una estructura y una voz única, al servicio de los productores.

2) Anatomía de la fragmentación

Para entender por qué la estructura actual perjudica al productor, conviene examinar sus efectos concretos.

Competencia interna ante la distribución. Cuando varias organizaciones de productores acuden por separado a negociar con Mercadona, Lidl o Carrefour, la cadena puede enfrentarlas entre sí. No necesita presionar: le basta con elegir al proveedor que ofrezca el precio más bajo. El resultado es una erosión progresiva del precio percibido por el agricultor que ninguna de las organizaciones, por separado, tiene fuerza para frenar.

Duplicación de costes. Cada organización mantiene su propia estructura logística, administrativa y comercial. Almacenes de empaquetado, equipos de ventas, departamentos de calidad, gestión del transporte marítimo: funciones que se replican innecesariamente y que drenan recursos que pueden destinarse a mejorar el retorno al agricultor.

Incapacidad de coordinar oferta. Sin una gestión centralizada de los volúmenes, el mercado peninsular recibe picos de oferta que deprimen los precios y valles que ceden espacio a la banana. La estacionalidad y la logística insular hacen que esta coordinación sea especialmente crítica y difícil sin una estructura unitaria.

El plátano de Canarias tiene la marca; lo que no tiene es una estructura comercial a la altura de esa marca.

3) Lo que el mundo ya ha aprendido

El problema de la fragmentación comercial en sectores agrícolas no es nuevo ni exclusivo de Canarias. Lo notable es que, donde esto se ha resuelto, la solución ha seguido un patrón común: concentración de la comercialización bajo una entidad única, propiedad de los productores y con gestión profesionalizada. Los resultados han sido, en todos los casos, relevantes, transformadores. Revisemos la evidencia.

3.1) La banana de Madeira: el espejo más cercano

De todos los casos internacionales, el de la banana de Madeira es el más directamente comparable al plátano de Canarias: territorio insular ultraperiférico europeo, producto tropical en competencia con la banana latinoamericana, pequeños agricultores dispersos, dependencia de ayudas comunitarias y mercado principal en la metrópoli continental de Portugal.

En 2008, el Gobierno regional de Madeira acometió una reestructuración integral del sector bananero. El instrumento fue la creación de GESBA (Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.), una empresa pública con misión clara: asumir la recogida de la banana al productor, su clasificación, empaquetado y preparación para la distribución y comercialización. GESBA es la propietaria de la marca Banana da Madeira y trabaja directamente con alrededor de 3.000 productores locales, gestionando unas 21.000 toneladas anuales de fruta. El 80 % de la producción alcanza una calidad extra, la categoría mejor pagada.

El modelo es sencillo en su diseño y potente en sus resultados: una sola empresa, una sola marca, una sola voz frente al mercado. Los productores se centran en cultivar y GESBA se encarga de todo lo demás. La reestructuración permitió una mayor optimización de los recursos financieros y humanos, un crecimiento sostenible del sector y la creación de condiciones para la modernización.

Si Madeira, con un volumen de producción significativamente menor que Canarias, ha podido construir este modelo con éxito, la pregunta obligada es: ¿qué impide a Canarias hacer lo mismo?

3.2) Zespri y el kiwi de Nueva Zelanda: de la crisis al liderazgo mundial

El caso de Zespri es, posiblemente, el más citado en la literatura sobre comercialización agrícola concentrada, y con razón. En los años ochenta, la industria del kiwi neozelandés estaba en crisis. Siete exportadores competían ferozmente entre sí, hundiendo los precios. La rápida expansión de la producción había generado un exceso de oferta y los tipos de cambio desfavorables agravaban la situación. Los productores estaban perdiendo dinero.

La respuesta no vino de arriba: vino de los propios agricultores. En 1988, los productores votaron en referéndum a favor de pasar de múltiples exportadores a un sistema de marca única. Nació primero el New Zealand Kiwifruit Marketing Board y, en 1997, Zespri International Limited, una empresa propiedad de los productores con el mandato exclusivo de exportar kiwi neozelandés a todos los mercados, excepto Australia.

Los resultados hablan por sí solos. Zespri es hoy el mayor comercializador de kiwi del mundo, vendiendo en más de 50 países y trabajando con unos 2.800 productores neozelandeses y 1.500 internacionales. El sistema de marca única ha permitido a la industria mejorar el valor de sus exportaciones mediante economías de escala, estándares de alta calidad, desarrollo de mercados e inversión sostenida en I+D+i. El kiwi neozelandés obtiene un precio significativo en los lineales de todo el mundo.

Tres lecciones de Zespri son directamente aplicables al plátano de Canarias: primera, la concentración no fue impuesta por el Gobierno, fue elegida democráticamente por los productores porque la fragmentación los estaba arruinando; segunda, el modelo cooperativo con exportador único permite garantizar calidad consistente y maximizar el retorno al agricultor, y tercera, la marca única no elimina la diversidad de productores, sino que la canaliza hacia un objetivo común.

3.3) Sunkist: de la guerra de precios a la marca premium

La historia de Sunkist es particularmente instructiva porque demuestra cómo una cooperativa puede sacar un producto agrícola de la “trampa del commodity”, que es exactamente el riesgo que enfrenta el plátano de Canarias frente a la banana.

Fundada en 1893 como Southern California Fruit Exchange, Sunkist es la cooperativa agrícola más longeva de Estados Unidos. A principios del siglo XX, la industria citrícola californiana sufría un problema de sobreproducción: entre 1880 y 1893, la superficie de cítricos había pasado de 3.000 a más de 40.000 acres. Los precios se desplomaban. La cooperativa respondió con algo que entonces era revolucionario: en 1907 lanzó la primera campaña publicitaria de un producto perecedero de la historia, empleando por primera vez la marca Sunkist, registrada en 1909.

El resultado fue transformador. A medida que crecía el reconocimiento y el respeto por la marca, los consumidores demostraron su disposición a pagar más por una naranja Sunkist que por una sin marca. La cooperativa dejó de competir por precio y empezó a competir por valor. En 1952, la organización cambió su propio nombre de California Fruit Growers Exchange a Sunkist Growers, fusionando definitivamente la identidad de los productores con la marca.

La lección para el plátano de Canarias es directa: la IGP ya proporciona la base de la diferenciación, pero lo que falta es la estructura comercial unitaria que convierta esa diferenciación en precio alto sostenido, como hizo Sunkist con sus cítricos.

3.4) Café de Colombia: 540.000 pequeños productores, una sola marca

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia fue creada en 1927 como organización privada sin ánimo de lucro para representar y proteger los intereses de los caficultores colombianos. Hoy representa a más de 540.000 productores, la inmensa mayoría pequeñas fincas familiares. En 1960, esa federación lanzó el icónico personaje de Juan Valdez para distinguir el café 100 % colombiano del café mezclado con granos de otros países.

Juan Valdez es la única marca de café de relevancia internacional que pertenece a los propios productores. A través de Procafecol, SA, creada en 2002, la marca opera más de 630 tiendas en todo el mundo y tiene presencia en 40 mercados internacionales. Una parte de la venta retorna directamente al Fondo Nacional del Café, que financia escuelas, carreteras y sanidad para las comunidades cafeteras.

Este caso demuestra que el modelo de marca única al servicio de los productores funciona incluso a escalas enormes y con agricultores minifundistas. Si 540.000 caficultores colombianos pueden comercializar bajo una marca única, no hay razón estructural por la que unos miles de plataneros canarios no puedan hacer lo mismo.

3.5) Otros casos convergentes

Ocean Spray (arándanos, EE UU) es una cooperativa fundada en 1930 por tres productores de arándanos. Hoy agrupa a más de 700 agricultores de Estados Unidos, Canadá y Chile, controla dos tercios de los arándanos vendidos en el mundo y ha sido la marca líder en la categoría de zumos envasados desde 1981. Transformó un producto estacional en una marca global presente todo el año.

Blue Diamond (almendras, California): cooperativa fundada en 1910, agrupa a 3.500 productores que representan la mitad de los almendros de California, estado que produce más del 80 % de la oferta mundial. Es la mayor procesadora y comercializadora de frutos secos del mundo, con ingresos superiores a 1.500 millones de dólares anuales.

Parmigiano Reggiano (queso, Italia): el Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, establecido en 1934, agrupa a unas 400 queserías y 3.500 productores de leche bajo una marca DOP única. En 2023, las ventas mundiales superaron los 3.000 millones de euros. El Consorzio gestiona la protección de la denominación, la promoción internacional y el control de calidad. Es la primera DOP del mundo por influencia de marca.

Sun-Maid (pasas, California): cooperativa fundada en 1912, agrupa a unos 850 agricultores familiares. En su momento de mayor fuerza, el 85 % de los productores de pasas de California eran miembros. Posee una de las marcas más reconocidas del mundo en alimentación.

El patrón es universal: productores fragmentados que, al concentrar su comercialización bajo una marca y entidad únicas, lograron salir de la trampa del commodity, obtener precios premium y financiar I+D+i y marketing de forma sostenida.

4) El contraejemplo: concentración sin productores

No obstante, conviene señalar que no toda concentración es beneficiosa. El mercado mundial del banano tropical ofrece un contraejemplo revelador. Tres multinacionales (Total Produce, Chiquita, Del Monte) controlan una proporción abrumadora del comercio global de banana. En 2007, las cinco primeras empresas controlaban el 84 % del mercado. Pero esa concentración no beneficia a los agricultores: beneficia a las corporaciones multinacionales.

Los productores de banana en América Latina, África y Asia son, en gran medida, precio aceptantes, con escasa capacidad de negociación frente a las multinacionales que compran su fruta. El margen se queda en la cadena intermedia: transporte, maduración, distribución y marca. Es un modelo de concentración corporativa, no cooperativa.

El plátano de Canarias debe evitar ese modelo y construir uno donde la concentración esté inequívocamente al servicio del productor, como en Zespri, GESBA o Sunkist. La diferencia entre ambos modelos no es de grado; es de naturaleza. En uno, el agricultor es proveedor cautivo. En el otro, es copropietario de la estructura que comercializa su producto.

5) Hacia un sistema único de comercialización

¿Cómo debería articularse, en la práctica, un sistema de comercialización unitario para el plátano de Canarias, sin pretender diseñar aquí los detalles?

Propiedad de los productores. La entidad comercializadora debe ser propiedad del conjunto de los agricultores, directa o indirectamente a través de sus organizaciones. Este es el rasgo común de todos los modelos exitosos: Zespri es propiedad de sus 2.800 productores, Sunkist de sus miembros, Ocean Spray de sus agricultores. La propiedad cooperativa garantiza que las decisiones comerciales se tomen según el interés del agricultor, no de los intermediarios.

Gestión profesionalizada. Propiedad cooperativa no significa gestión amateur. Zespri, Blue Diamond y Ocean Spray están dirigidas por equipos directivos profesionales, con remuneraciones competitivas y objetivos de rendimiento. La gobernanza democrática fija la estrategia; la ejecución corresponde a gestores con experiencia en comercialización, logística y marketing.

Comercialización exclusiva. Toda la fruta con IGP Plátano de Canarias debería comercializarse a través de una entidad única. Sin excepciones. La eficacia del modelo depende de que no haya vías de comercialización paralelas que permitan a la distribución eludir la negociación centralizada. Es lo que hace GESBA en Madeira y Zespri en Nueva Zelanda.

Negociación unitaria con la distribución. Una sola mesa de negociación frente a las grandes cadenas. Esto no significa rigidez: pueden existir acuerdos diferenciados por cadena, formato, región o periodo. Pero la negociación la conduce una sola entidad con la totalidad del volumen detrás.

Coordinación de oferta y calidad. La entidad debe gestionar los flujos de producto para evitar picos de sobreoferta que depriman el precio y para garantizar estándares de calidad homogéneos. Esto incluye la clasificación, el empaquetado y la logística del transporte marítimo, áreas donde la centralización genera economías de escala inmediatas.

Inversión centralizada en marketing e I+D+i. Un porcentaje de cada kilo comercializado debería destinarse a un fondo común para campañas de marketing, investigación en nuevas variedades, sostenibilidad, packaging (embalaje) y desarrollo de mercados. Esto es lo que permite a Zespri invertir en promoción global, a Sunkist mantener su marca premium y a Ocean Spray desarrollar nuevos productos año tras año.

Transparencia y rendición de cuentas. El modelo debe incluir mecanismos robustos de información financiera, auditorías interna y externa, y participación de los productores en las decisiones estratégicas. La experiencia de Nueva Zelanda muestra que el regulador independiente (Kiwifruit New Zealand) desempeña un papel importante en la supervisión del sistema. Una figura equivalente podría ser necesaria en Canarias.

6. Las objeciones previsibles y sus respuestas

Toda propuesta de concentración en un sector fragmentado genera resistencias. Muchas son legítimas y merecen respuesta honesta. Otras son inercias disfrazadas de argumentos. Conviene distinguir unas de otras.

“Perderíamos autonomía”. Es la objeción más frecuente y la más engañosa. La autonomía actual de las OPP frente a la gran distribución es, en gran medida, ficticia. Cuando una organización negocia sola frente a una central de compra que maneja el 25 % del mercado nacional, la relación de fuerzas es tan asimétrica que la “autonomía” consiste, en la práctica, en aceptar el precio que impone el comprador. La verdadera autonomía se construye con escala.

“Es imposible poner de acuerdo a todas las organizaciones”. En Nueva Zelanda también parecía imposible. Siete exportadores con intereses divergentes, productores dispersos por toda la Isla Norte. Lo resolvieron con un instrumento democrático: un referéndum entre productores. Si los agricultores canarios votan a favor de la concentración, el mandato es claro. Y si votan en contra, al menos la decisión habrá sido informada y democrática.

“El sector público no debería intervenir en la comercialización”. GESBA en Madeira es una empresa pública y funciona. Pero, más allá de este ejemplo, el argumento ignora una realidad incómoda: el sector platanero canario ya depende masivamente de la intervención pública a través de las ayudas del programa comunitario Posei. La cuestión no es si hay intervención pública, sino si esa intervención está bien diseñada. Canalizar recursos hacia una estructura de comercialización eficiente es, posiblemente, un uso más inteligente del dinero público que el reparto actual.

“Cada isla tiene sus particularidades”. Es cierto, y el modelo debe respetarlas. Pero las particularidades insulares no impiden una comercialización unitaria; GESBA opera con productores dispersos por toda Madeira, con fincas de tamaños muy diversos. La logística de recogida puede ser descentralizada; la comercialización y la negociación, no.

“La competencia entre OPP beneficia al consumidor”. Este argumento confunde la competencia entre productores de plátanos con la competencia entre plátano y banana. Lo que beneficia al consumidor es un producto de calidad con disponibilidad constante y a precio justo. Un sector platanero concentrado que negocie eficientemente con la distribución no encarecerá el plátano para el consumidor; simplemente redistribuirá el margen hacia el agricultor y reducirá el margen del intermediario.

7) La pregunta que no podemos seguir esquivando

El plátano de Canarias dispone de todo lo necesario para ser un caso de éxito: un producto diferenciado, una marca reconocida, un consumidor leal, un apoyo institucional significativo y un territorio con identidad propia. Lo que le falta es, precisamente, lo que todos los casos internacionales analizados resolvieron antes de despegar: una estructura de comercialización unitaria que esté a la altura de todo lo demás.

Zespri demostró que productores en crisis pueden votar democráticamente a favor de la concentración y transformar su industria en líder mundial. GESBA demostró que el modelo funciona en un territorio insular ultraperiférico con condiciones prácticamente idénticas a las canarias. Sunkist demostró que la marca cooperativa saca al producto de la guerra de precios. La Federación Nacional de Cafeteros demostró que centenares de miles de pequeños agricultores pueden comercializar bajo una marca única que les pertenece.

No hace falta inventar nada. Los modelos existen, están probados y funcionan. Lo que hace falta es voluntad.

Cada año que pasa sin resolver la fragmentación, es un año en el que el agricultor pierde margen, la banana gana terreno en el lineal y el sector se debilita estructuralmente. La pregunta ya no es si hace falta un cambio. La pregunta es cuánto más podemos permitirnos esperar.

Las medidas cuentan con el apoyo de las cuatro organizaciones profesionales agrarias con representatividad en Canarias (Asaga-Asaja, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones), con el de dos de las seis organizaciones de productores de plátanos (OPP), Coplaca y Agriten, que representan casi el 50% de la producción, y con el apoyo unánime, a través de la proposición no de ley (PNL) aprobada a finales de julio de 2024, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias.

En septiembre de 2024, la Consejería inicia un proceso de consulta y participación ciudadana ya con un borrador de proyecto de decreto. El informe con los resultados obtenidos es de fecha 21 de enero de 2025 y refleja una opinión favorable al texto de consulta en más del 80% de las alegaciones presentadas.

En ese momento, se inicia el proceso de tramitación y de informes administrativos preceptivos, lo que culminaría, según reconocía el consejero Narvay Quintero, con la aprobación del decreto por el Gobierno de Canarias, en este mes de marzo de 2025.

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en el debate general sobre el estado de la nacionalidad, en su primera sesión, celebrada el pasado martes 11 de marzo, confirma que el lunes 17 se llevará a Consejo de Gobierno el borrador de decreto y se solicitará informe al Consejo Consultivo para luego proceder, en breve, a su aprobación definitiva.

El nuevo decreto, según el presidente será un calco de las consideraciones definidas y aprobadas en el seno de la Comisión de Agricultura, por tanto quedarán sin acceso a la subvención o ayuda directa por kilo comercializado las nuevas plantaciones, las posteriores a la publicación de esa norma en el BOC, y debido a lo dilatado del proceso, no lo hace con las nuevas fincas plantadas después de agosto de 2024, como era la intención original de la Consejería. Además, limita a un máximo de 68.500 kilogramos la producción por hectárea y año con derecho a ayuda, el 44% más del rendimiento promedio actual, que es de 47.500 kilos por año. Por último, amplía de dos a tres años el periodo de cálculo de las cantidades de referencia para la distribución de los 141,1 millones de euros que la Unión Europea (UE), dentro del programa Posei, destina al año a mejorar la renta de los productores isleños.

En la práctica, la nueva norma rompe el paradigma instalado en el sector desde hace algunos años de producir más kilogramos para obtener más subvención y obliga a pensar más en el mercado: en producir lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Tenemos que dejar de malvender todo lo que somos capaces de producir. Es la única manera de conseguir la viabilidad del sector platanero tradicional canario y de mantener su amplia base social, la sostenibilidad futura y su rentabilidad en un entorno de crisis de precios más frecuentes, duraderas y profundas provocados por excesos de oferta.

Los consumidores prefieren y valoran más el plátano que la banana. Además de por sus características organolépticas, más dulce, por su menor tamaño, su origen y trazabilidad, y su sostenibilidad ambiental y social. Todo ello reforzado por unas buenas campañas publicitarias. Esta es nuestra gran fortaleza: la marca Plátano de Canarias.

Se trata de un activo infrautilizado que necesita un reposicionamiento estratégico frente a la banana. Es fundamental que este producto alimentario esté presente, sea perfectamente identificado y mejore la apariencia en todos los lineales comerciales. Debemos vender con una marca única y con no más de dos categorías o calidades diferenciadas. Para ello, se necesitan normas de calidad unificadas y disciplina en su cumplimiento; también disciplina interna y la unidad real y fiable del sector, todo bajo la supervisión y vigilancia eficiente de la Consejería de Agricultura, a través del ICCA, de las normas propias de la indicación geográfica protegida (IGP) Plátano de Canarias y hasta con la actualización de sus regímenes de funcionamiento y de sanción, si esto fuera necesario.

El consumidor debe tener acceso a un producto, a un alimento fresco, siempre disponible en los lineales, perfectamente identificado y acorde a la calidad esperada. No podemos continuar con el exceso de marcas comerciales y calidades diferentes si queremos competir con la banana en el que hoy en día es, y quizá casi será, nuestro principal y casi único mercado de destino o expedición: la Península y Baleares y algo en Portugal.

Los precios deben ser remuneradores para que los productores mantengan sus rentas, los maduradores garanticen su margen comercial y así los plátanos lleguen al consumidor con un precio de venta al público aceptable. Si son excesivos respecto a la banana, esto puede cambiar la percepción del consumidor y contribuir con la pérdida progresiva de demanda a hacer peligrar la cuota actual de mercado del plátano de las islas.

Con el plátano, aunque algunos operadores hacen caso omiso, la ley de la oferta y la demanda también funciona. Y es necesario el equilibrio para obtener un precio adecuado. El Decreto 48/2018, de 16 de abril, por el que se regula el reconocimiento de las Organizaciones Productoras de Plátanos (OPP) y sus asociaciones (Asprocan), en el BOC de 26 de abril de 2018 y cuya lectura es recomendable, en su artículo 3, apartado a, dice que uno de los objetivos que deben perseguir dichas entidades es garantizar que la producción se planifique y se ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la calidad y a la cantidad.

Hoy no existe una planificación de la producción en las OPP ni métodos efectivos de control. Las OPP, muchas, no están consolidadas y son meros acuerdos entre grupos de productores para gestionar las ayudas del Posei. Dentro de una misma OPP, varias personas venden independientemente a maduradores en la Península. Las OPP compiten entre sí y no coordinan sus decisiones. Prima el individualismo.

Es necesaria, por lo tanto, la unidad real del sector y se requiere dar un impulso a la integración, la coordinación y la cooperación. La Comisión de Comercialización de Asprocan es débil y no la conforman todos los agentes que deberían estar en ella. No existe confianza dentro de la propia Asprocan. Es necesaria una transición hacia un nuevo organismo gestor, profesional, democrático, eficiente, transparente, con disciplina y potestad sancionadora, compuesto por OPP, OPA y la Administración pública como garante, con el objetivo de lograr la unidad de la oferta.

A lo anterior se une que el sector debe reducir los costes de producción. Existe demasiada capacidad instalada, demasiados centros para el empaquetado, muchos de ellos duplicados en las mismas zonas y ociosos durante muchas jornadas. Lo racional es hacer compras conjuntas de insumos, utilizar sistemas de envío a la Península en cajas de plástico retornables. Hay que potenciar la integración con las concentraciones empresariales y de cooperativas, para ser más eficientes y para que el agricultor perciba una mayor remuneración final.

Desde un sector unido y eficiente es como podemos defender nuestro negocio en el mercado peninsular e intentar entrar en algún nuevo mercado con alguna posibilidad de éxito. Nos enfrentamos a una banana competitiva y a una distribución concentrada y más poderosa que nunca.

Las consecuencias de la erupción fueron particularmente devastadoras para el sector primario. La ceniza arruinó cosechas y derribó invernaderos. La lava también inutilizó el acceso por carretera y la distribución del agua de regadío a una de las zonas más importantes de cultivo de platanera de La Palma y de Canarias: El Remo-Las Hoyas-Hoya Verdugo.

La redefinición de las carreteras y de las redes de riego, la reconstrucción de invernaderos, la retirada de ceniza y la replantación han permitido recuperar la actividad agraria en esa y otras zonas afectadas de la isla. Para ello, la Consejería de Agricultura del anterior Gobierno convocó y cofinanció, según la Orden de 21 de febrero de 2022, subvenciones amparadas en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR).

Pero el balance actual es que de las 370 hectáreas de cultivo sepultadas por la lava sólo se ha podido restablecer el cultivo en el 5%. Son las situadas en el borde de colada. El resto sigue bajo el manto negro, el malpaís.

El anterior Gobierno ideó un proyecto de reparcelación a través del proceso de concentración parcelaria pública, la macrofinca, desechada por el actual Ejecutivo de Canarias por considerar que no era la vía adecuada para la recuperación agraria. Nunca fue llevada a consulta a los afectados.

Hubo un proceso de participación ciudadana donde se concluyó que el objetivo que debía perseguirse era el de recuperar la máxima superficie de cultivo posible y que el mayor número de agricultores retomara la actividad, siempre entendiendo la recuperación del suelo agrario como una cuestión estratégica de soberanía alimentaria y de mantenimiento del modelo económico tradicional de La Palma que fuera compatible con las oportunidades que surgen tras el volcán y apostando por un desarrollo racional y sostenible de todos los sectores económicos para beneficiar a todos los habitantes de la isla.

El 11 de marzo de 2024, se aprueba el Decreto-ley 33/2024, que fija las diferentes alternativas para afrontar la recuperación agraria. Se autoriza a los agricultores o a reconstruir sus fincas donde antes las tenían, a proponer la tramitación y aprobación de concentraciones parcelarias de carácter privada, o, si no quieren continuar con la actividad agrícola, a acogerse a una compensación económica basada en el valor real de lo perdido: 44,06 euros/m2 para fincas de plátano; 29,37 para aguacate; 8,59 para viña, y 6,58 para el resto de cultivos. Son datos del informe de valoración de la Dirección General de Agricultura de poco después de la erupción.

Posteriormente, en 2024, un estudio técnico de ese mismo organismo fijó en 62 euros/m2 el coste de la reconstrucción para las nuevas fincas sobre la lava. La propia norma, y apuntando a posibilidades de diversificación económica, también recuerda la compatibilidad de la actividad agraria con la turística en sintonía con la Ley de las Islas Verdes en los tres municipios afectados, y habilita de manera expresa el de Los Llanos de Aridane, despejando las dudas técnicas existentes en su aplicación al carecer este de un Plan General de Ordenación actualizado.

Aparte del marco normativo y financiero, también se necesita el compromiso de las administraciones públicas, gobiernos central y autonómico, Cabildo insular y ayuntamientos, para la recuperación de los caminos que llegan a las fincas, junto con la colaboración necesaria de las comunidades de regantes para montar las nuevas redes de distribución de agua de riego, así como la habilitación de las zonas y vetas de tierra identificadas en la isla para poder extraer el sustrato necesario (suelo de prestación) y extenderlo sobre las sorribas a un precio razonable. Antes de la erupción, el valor de ese recurso era de 9 euros/m3; ahora, supera los 25 euros/m3.

No podemos olvidar los condicionantes técnicos y agronómicos para poder cultivar sobre las coladas. La Dirección General de Agricultura, a finales de 2023, encargó a la entidad Involcan un informe y modelo sobre el enfriamiento, en el que se sugirió una reconstrucción de afuera adentro, a medida que se vayan enfriando las coladas. Las roturaciones deben ser lo más superficiales posibles para evitar las temperaturas incompatibles con los cultivos.

También es importante recordar que, para mantener los ingresos de los agricultores afectados, la Consejería de Agricultura, la actual y la anterior, solicitaron a la Comisión Europea el mantenimiento de la ayuda Posei para los productores que perdieron sus fincas. La Unión Europea lo aceptó, pero exige, a cambio, el compromiso de los agricultores, mediante la firma del conocido Anexo III, de reconstruir sus explotaciones desde que tengan las comunicaciones y el agua llegue a sus parcelas, y a mantenerlas en propiedad durante tres años a partir de su recuperación.

Pero volvamos a los recursos económicos necesarios. Después de las últimas elecciones, se pacta, para la investidura del Gobierno de España y en la llamada Agenda Canaria, una dotación financiera de 100 millones de euros anuales destinados a recuperar los daños materiales del volcán: viviendas, explotaciones agrarias y edificaciones e instalaciones de bienes afectos a actividades empresariales. El Gobierno de Canarias se compromete a aportar 50 millones más, y se espera que así sea durante cuatro años. En el Real Decreto 1127/2023, de 19 de diciembre, el Gobierno central concede y posteriormente ingresa en las arcas autonómicas la primera anualidad, y es la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias la encargada de repartir esas ayudas.

El 26 de marzo de 2024, en el BOC nº 68, de 5 abril de 2024, el nuevo consejero de Agricultura convoca un segundo PDR, con la idea de financiar la recuperación de las parcelas que ya tenían la preceptiva licencia municipal, que es la obligada por el Decreto-ley 33/2024 para recuperar las fincas. Se consulta a los ayuntamientos y se estima que se han concedido licencias para recuperar unas 45 hectáreas, aproximadamente.

Se produce una avalancha de solicitudes, exactamente 297, lo que supondría rehabilitar más de 150 hectáreas de cultivo. Ese dato indica que, con financiación, los afectados están animados a afrontar la tarea. Pero la mayoría debe de esperar a próximas convocatorias porque aún sus fincas no presentan las condiciones de temperatura adecuadas para poder trabajar y, por eso, no tienen licencia. Circuló entre los afectados el bulo de que esta convocatoria era la última oportunidad para obtener financiación y así recuperar sus fincas. Una mentira difundida no se sabe por qué motivo, pero que ha generado muchos gastos innecesarios a los afectados. El Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC), que viene a sustituir al PDR en el septenio presupuestario de la UE 2021-27, incorpora en las medidas de modernización la acción destinada a la reconstrucción del potencial dañado por el volcán palmero, medida a la que los afectados podrán acogerse en futuras convocatorias.

Muchas solicitudes estimadas además han tenido que quedarse en la reserva porque la orden de convocatoria no ha sido dotada con el crédito suficiente. Son necesarios 26 millones de euros y se resolvió sólo con el crédito inicial de fondos europeos, de 3 millones de euros. Se esperaba que, antes de publicarse la resolución, llegara de la Consejería de Presidencia el dinero necesario, no más de 44,06 euros/m2, para completar el 100% del coste necesario para abordar los proyectos.

En la primera convocatoria del PDR, la del anterior Gobierno autonómico, la orden se que convoca por poco más de 121.000 euros y luego se habilita financiación por 25 millones. El Gobierno de España puso 10 millones; el Gobierno de Canarias, otros 10, y la Unión Europea, 5. Esta estructura de cofinanciación que permitió el anticipo del 80% del apoyo público para que los beneficiarios pudieran iniciar los trabajos sin tener que solicitar dinero a las entidades financieras.

En cambio, desde la Consejería de Presidencia actual se opta por la opción de compensar a los propietarios directamente con los 44,06 euros/m2 y, por lo tanto, de no entrar a formar parte de la cofinanciación de la reseñada orden. Por ello sólo se pueden atender 23 de las solicitudes presentadas a esa convocatoria. La realidad es que se opta por el plan de pagos, por compensar a los afectados por el valor real de lo perdido a fecha de 19 de septiembre y que estos hagan con ese dinero público lo que quieran.

Entendemos que bajo esa solución muy poco suelo agrario se va a recuperar sobre la colada del Tajogaite, pues no se aportan los fondos suficientes para cubrir los costes de reconstrucción. Inexplicablemente, se renuncia a los fondos europeos adicionales que el programa PDR puede aportar. Además, con la cofinanciación, se puede anticipar, como en la convocatoria anterior, parte del dinero necesario sin tener que acudir a los bancos, y también es posible coordinar proyectos de concentración parcelaria privada con algunas comunidades de regantes o grupos de agricultores que ya han expresado ese deseo.

De la misma manera, se compromete a los beneficiarios a la justificación y correcta utilización del dinero público, y se podría frenar la inflación de costes provocada por las empresas de construcción al limitar estos gastos poniendo límite a las sorribas profundas, caras y no necesarias ni recomendables. También limitando los caprichos de algunos agricultores empeñados en colocar sustratos con mucho espesor de tierra sobre las sorribas. En las sorribas sobre la fajana del volcán de San Juan no se superaron los 80 centímetros. Y es insolidario e irracional financiar otros sistemas de riego que no sean de goteo.

Deben ser la titular de esa Consejería de Presidencia, doña Nieves Lady Barreto, y el consejero de Agricultura, don Alejandro Narvay Quintero, los que expliquen por qué se toma la decisión de no aportar los fondos necesarios y disponibles en los 100 millones de euros transferidos por el Gobierno central con cargo a 2024 a la segunda convocatoria del PDR para la reconstrucción agrícola de La Palma.

Y es de ellos la responsabilidad acerca de la paralización que va a sufrir la reconstrucción agraria en La Palma y las consecuencias que esto va a acarrear. ¿Dejará Europa de seguir abonando las ayudas Posei a los afectados con cultivos bajo la lava? ¿Europa solicitará el reintegro de lo ya abonado por incumplimiento del Anexo III?

En La Palma se esperan respuestas. No caben las declaraciones ni los relatos basados en echar la culpa a los demás.

Jules Raymond Mazarin, más conocido como el cardenal Mazarino, fue un diplomático, cardenal y político italiano, primero al servicio del Papa y más tarde al de los reyes de Francia Luis XIII y Luis XIV, además de sucesor del cardenal Richelieu como ministro principal de Francia.

Mazarino, entre otras cosas, pasó a la historia por practicar una política de promesas y retrasos calculados. Por ejemplo, en la insurrección armada de Ardèche y para mantener desarmados a los hugonotes, los protestantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de religión, les hizo creer, nada más y nada menos que durante seis años, que estaban en vísperas de recuperar las protecciones del Edicto de Nantes, firmado en abril de 1598 por el rey Enrique IV de Francia y que autorizaba la libertad de conciencia y de culto a los calvinistas. Al final, los protestantes no obtuvieron nada de nada.

A los plataneros tradicionales de Canarias nos está pasando lo mismo que a los calvinistas con Mazarino. Pero, en nuestro caso, con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias y en el asunto de la aprobación del nuevo decreto que debe regular la asignación de las cantidades de referencia a los productores de plátano.

Don Alejandro Narvay Quintero Castañeda ha optado por practicar el arte de la dilación y la apariencia en estado puro, antes de aceptar su responsabilidad y tomar una decisión al respecto. Lleva anunciando la aprobación del mentado decreto desde diciembre de 2023.

Se ha reunido, en múltiples ocasiones, con las OPA y las OPP, por separado en unas ocasiones, juntas en otras y con Asprocan, citas en las que se han propuesto medidas para hacer un nuevo reparto de los 141,1 millones de euros en ayudas del programa Posei de la Unión Europea (UE) y sobre cómo implantar otras acciones para controlar la oferta de esta fruta y su continuo y desmesurado crecimiento en los últimos años. Todo ello en busca de proteger los precios que percibe el agricultor y de garantizar la viabilidad de las explotaciones tradicionales de Canarias, amenazadas por un largo periodo, nunca visto, de sobreoferta, malos precios y excesiva retirada de fruta del mercado.

El 26 de julio pasado, todos los grupos políticos presentes en el Parlamento de Canarias aprobaron por unanimidad una proposición no de ley (PNL) donde se instaba al Gobierno de Canarias a la modificación de la regulación actual sobre la ayuda al plátano de la UE, la todavía hoy vigente. Fue un hecho histórico por el gran consenso logrado, pocas veces antes visto, acerca de los cambios que son necesarios introducir en el cultivo más importante de Canarias.

Del 20 de septiembre al 11 de octubre, mediante la publicación del borrador de decreto en el BOC, en procedimiento de exposición pública, se abre la posibilidad de participación ciudadana y de enviar iniciativas y aportaciones a ese proyecto de norma. Las alegaciones presentadas fueron favorables al texto expuesto, ampliamente apoyado, por más del 80% de las respuestas recibidas.

Ese procedimiento contó con una gran participación y amplio apoyo, pero parece ser que ello no fue suficiente para que el señor consejero abandone su actitud timorata y su estrategia de dilación. Nunca jamás ningún consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias había tenido tan amplios y claros apoyos en el sector platanero para modificar su regulación.

El pasado 3 de diciembre la Consejería saca una nota de prensa indicando que el Gobierno avanza en la tramitación del proyecto y tiene prevista su aprobación entre finales de febrero y principios de marzo de 2025 “sin modificaciones sustanciales” sobre el texto aprobado por el Parlamento de Canarias en la PNL.

Una vez más otra patada hacia adelante, otro retraso, donde el consejero falta a la palabra dada en las últimas reuniones del pasado mes de noviembre con Cooperativas, OPA, OPP y ASPROCAN donde había dicho que diciembre de 2024 era la fecha de aprobación. 

En las últimas reuniones, ha expresado diferentes opiniones en función de quién sea su interlocutor. O cuenta una parte o la totalidad de sus intenciones, dependiendo de a quien tenga enfrente o con quien se reúna.

Y ahora mismo el comportamiento del señor Quintero Castañeda comienza a interpretarse por algunos actores del sector más como el de una persona cínica y mentirosa que como el de alguien indeciso.

Una de las modificaciones que quiere introducir en el proyecto de decreto es la de excepcionar la cantidad máxima de referencia a los productores de menos de cierta superficie. Se habla de una hectárea o más.

Esa decisión es un sinsentido con el que busca salvarse políticamente de la crítica de algunos dirigentes de Coalición Canaria en La Palma, arrastrados por la visión cortoplacista de parte de un grupo muy minoritario de productores que confunden la finalidad de la ayuda Posei.

La ayuda Posei no es a la producción, sino que está destinada al mantenimiento de la renta de toda la base social platanera. La excepción propuesta es, además, arbitraria. ¿Por qué ha de ser una hectárea y no dos o media? ¿Cuál es el criterio objetivo por el que se toma esa superficie?

De aplicarse, se favorece a los productores con fincas en primeras zonas o con producciones intensivas frente a los agricultores que, con la misma superficie, tienen sus explotaciones situadas en lugares menos favorecidos para el cultivo, incapaces de llegar a la productividad de los primeros.

Además, si fuese necesario aplicar un prorrateo en la distribución de la ficha financiera porque se superasen las 420.000 toneladas por año con derecho a la ayuda de la UE, ¿se les aplicaría la reducción con la misma intensidad a todos los productores, pero saliendo beneficiados los excepcionados? Ellos no tendrían el mismo límite de producción por hectárea que el resto. Un disparate.

Claramente, es una medida arbitraria e injusta según los criterios de reparto de la ayuda. Y afecta también, negativamente, a los productores palmeros de aquellos sitios donde no se pueda llegar a las productividades de las buenas zonas a las que se pretende exceptuar.

Después de un año de debate, las posturas se mantienen entre quienes estamos a favor y los que no quieren la modificación normativa. Estos últimos niegan la crisis estructural del plátano, y no han hecho ni una sola aportación en aras de solucionar el problema existente, salvo solicitar el aumento de la ficha financiera a Europa, en lo que todos estamos de acuerdo dado el crecimiento de los costes de producción en los últimos años y además porque nunca se ha revisado la dotación de la actual aportación comunitaria. Pero ya veremos qué ocurre. Resultan poco esperanzadoras las noticias recibidas desde la UE sobre posibles incrementos del gasto en el presupuesto.

Aquellos que están en contra no quieren cambiar ni una coma en la regulación platanera de Canarias. No ven ningún problema en que en los últimos 24 meses solo hayamos tenido tres con precios buenos, capaces de cubrir costes.

El consejero en su nota de prensa afirma que las plantaciones nuevas posteriores a agosto de 2024 no percibirán ayuda. Yo dudo de esa afirmación. El principio de seguridad jurídica va a impedir aplicar a esas fincas la norma con efecto retroactivo. Si el Decreto finalmente se aprueba ya es con fecha posterior. Es seguro que los propietarios de esas nuevas plantaciones ya se habrán encargado de inscribirlas debidamente y, si los dejan sin subvención, basarán los recursos judiciales que interpongan en la fecha de aprobación.

Y sobre esto último, hay que decir que los contrarios lo tienen claro porque ahora centran su estrategia y sus esfuerzos en que en la norma no se amplíe el periodo de cálculo del histórico. Y si se pasa a tres años, están presionando para bajar el peso al histórico consolidado del 50% al 40%. En varias ocasiones anteriores la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la UE expresaron su negativa a disminuir el peso del histórico consolidado. Ambas instituciones también consideran que es una ayuda para compensar la renta de los productores, no para incentivar la producción.

Por ahí va la estrategia de los opositores respecto a las modificaciones que se pretenden imponer en el nuevo texto y que para mí sí son muy significativas, ya que vacía de contenido y de efectos prácticos a la norma. Seguiríamos igual.

Se vuelve a intentar desviar el foco de lo importante del debate, lo central, lo mollar: tratar de poner las bases que permitan corregir los desequilibrios en precio y en volumen de nuestro mercado y poder garantizar la supervivencia de las explotaciones tradicionales de plátano en Canarias.

Señor consejero, lleve a Gobierno el decreto para su aprobación definitiva. Le pido que sea valiente y proponga el texto presentado a exposición pública, que cuenta con el respaldo mayoritario del sector

Tome una decisión y acabe ya con esta situación. Se ha alargado demasiado y comienza a ser incómoda para todos.

Los agricultores plataneros, propietarios y medianeros, necesitan certezas, saber qué medidas se van a tomar y cuándo: si existen esperanzas para mejorar la viabilidad de sus fincas y la rentabilidad de su actividad, o si no las hay. También porque han de tomar decisiones, y a muchos no les va a interesar seguir o aguantar si no ven una luz al final del túnel. Son muchas las explotaciones que han acumulado pérdidas durante dos años seguidos.

Los agricultores tradicionales canarios tendremos la oportunidad de valorar su decisión, la del Gobierno y las posturas que han mantenido todos los actores participantes en este asunto.

A Mazarino le dio muy buenos resultados su estrategia, con un desmesurado enriquecimiento en menos de diez años (1652-1661), que se calculó como la mayor fortuna privada de la época.

Sinceramente, no creo que la táctica planteada por el señor consejero y, por ende, la del Gobierno de Canarias en este asunto del decreto del plátano, conduzca a la obtención de algún rédito, económico, seguro que no, y político, también lo dudo.