La Palma sufre un declive estructural profundo, más visible y agravado tras la erupción del volcán Tajogaite en septiembre de 2021. Es el resultado de décadas de políticas cortoplacistas marcadas por la improvisación, el tacticismo electoral y la falta de estrategia. Los tres grandes partidos (PSOE, PP y CC) han gobernado la isla, en pacto o en solitario, desde la restauración de la democracia.

La gestión de la reconstrucción tras la erupción del Tajogaite es probablemente el ejemplo más doloroso. Cuatro años después de la emergencia, demasiadas familias siguen viviendo en los contenedores o en las casas de madera y no se ha recuperado ni el 9% de las tierras fértiles arrebatadas por el volcán.

El Cabildo Insular de La Palma no dispone de un plan de reconstrucción que permita anticipar qué obras y contratos son necesarios y ni el Consejo Sectorial para la Reconstrucción, aprobado por unanimidad en enero de 2023, ha llegado a convocarse. Lo que hoy presenciamos en La Palma, rechazada la creación de un gran consorcio administrativo, es una reconstrucción a la carta dominada por la improvisación, el clientelismo y la opacidad total. Un modelo que favorece a empresas amigas y que da la espalda a los afectados, hasta el punto de que el Gobierno de Canarias, para blindar esa opacidad, ha llegado a judicializar ante el Tribunal Superior de Justicia su negativa a publicar quiénes reciben las subvenciones de la reconstrucción. Además, y sin ningún rubor, nos lo quieren vender como un ejemplo de recuperación y gestión administrativa.

El sector público insular está sobredimensionado y se ha convertido en empleador de última instancia, con un fuerte componente clientelar, incapaz de absorber y resolver la falta de oportunidades del sector privado. Representa cerca del 10% del empleo en la isla y, si añadimos educación y sanidad, alcanza el 25%.

El sector primario es muy dependiente del exterior. El plátano, que supone el 70% del valor de la producción agrícola insular, sobrevive gracias a la subvención del programa Posei (141 millones de euros anuales para toda la región y ese cultivo), hoy seriamente amenazada por el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

En la discusión que mantiene la Unión Europea (UE) sobre la gestión de esos fondos comunitarios, se está imponiendo el enfoque nacional, perdiéndose la visión descentralizada y regionalizada que hasta ahora permitía responder mejor a las necesidades y singularidades de Canarias. La ficha financiera, que todo indica que tampoco se incrementará, pasaría a gestionarse desde los Presupuestos Generales del Estado. Pintan bastos.

El turismo lleva años estancado y es incapaz de recuperar los niveles previos a la pandemia. Y lo más preocupante, el modelo dominante sigue empeñado en apostar por un desarrollo turístico extractivo y de masas, el que ya ha fracasado en otras islas equivalentes a La Palma. El Cabildo da luz verde al Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) de Puerto Naos, que convierte el suelo de este espacio en apto para que se active el turbocrecimiento depredador que sólo favorece a un lobby hotelero determinado con propiedades en la zona.

Para evitar sorpresas, con anterioridad a esa aprobación, el Cabildo, en el pleno del pasado jueves, 9 de abril, cesó y designó a nuevos miembros en la Comisión de Evaluación Ambiental. Para rematar la jugada, está el proyecto del túnel El Remo-La Zamora, 328 millones de euros por 5,5 kilómetros de obra de alta complejidad técnica y elevado impacto medioambiental, una inversión pública sólo pensada para llenar de la mayor cantidad de turistas posible el sudoeste palmero. Ninguno de los tres grandes partidos, CC, PSOE y PP, se opone.

La Palma es uno de los territorios más envejecidos de España. Por cada menor de 15 años, hay más de dos personas mayores de 65. La emigración de jóvenes palmeros cualificados no se compensa cualitativamente con la inmigración extranjera, orientada en su mayoría a sectores de baja cualificación. Y lo más sorprendente, no se sabe con certeza cuánta población vive realmente en la isla: se estima que la cifra real es entre el 20% y el 25% inferior a la registrada oficialmente, en torno a 65.000 habitantes frente a los 86.194 censados. Para planificar las infraestructuras y servicios resulta imprescindible conocer la población real.

El sistema energético insular es frágil, dependiente del exterior y de los combustibles fósiles. Está obsoleto, con alta probabilidad de crisis o ceros energéticos, y depende casi totalmente del fuel. Solo el 9% de la electricidad procede de renovables, frente al 57% nacional.

La vivienda es una bomba de relojería. El mercado está tensionado no solo por la destrucción provocada por el volcán, sino también por la ausencia de política de vivienda durante demasiados años (desde 2012 hasta 2023 no se construye vivienda de protección oficial -VPO- en la isla), por la inexistencia de un parque de vivienda protegida en alquiler asequible y por la aplicación especulativa de la Ley de Islas Verdes. El caso de Tijarafe es paradigmático: solo en este municipio se han solicitado licencias para más de 60 villas turísticas en suelo rústico, casi todas con piscina, y a estas se suman unas 290 viviendas vacacionales. La mayoría de promotores son inversores extranjeros o empresas radicadas fuera de la isla, de modo que los beneficios no revierten en la economía local. Entretanto, se encarecen el suelo, el agua y la vivienda hasta expulsar a los nativos del mercado. Lo mismo ocurre en Puntagorda y Garafía.

El sistema sanitario sigue incompleto. Numerosas especialidades no están disponibles en la isla, lo que obliga a los pacientes a desplazarse a Tenerife. Costes del transporte y del alojamiento de los acompañantes, retrasos en los diagnósticos, discontinuidad en la atención: todo ello pesa especialmente sobre enfermos crónicos, personas mayores y familias con menores.

La transición digital combina planificación tardía, ejecución lenta y presupuesto insuficiente. Avanzamos por inercia, no por estrategia.

La gobernanza está fragmentada, descoordinada y plagada de solapamientos. Cinco niveles institucionales con competencias entrelazadas (Unión Europea, Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo y catorce ayuntamientos) generan parálisis. La planificación territorial acumula retrasos clamorosos. Para muestra un botón: Los Llanos de Aridane, primer municipio en número de habitantes, sigue rigiéndose por un Plan General de 1987, después de que el Tribunal Supremo anulara en 2015 el aprobado en 2010 y de que el procedimiento iniciado posteriormente caducara por superar los plazos legales de evaluación ambiental, obligando así al inicio desde cero en octubre de 2025. El Plan Insular de Ordenación y el Plan Hidrológico son otros ejemplos de procesos eternos y retrasos injustificados. Cuando se aprueben, ya estarán desfasados.

Una isla con futuro

Podemos seguir actuando como siempre y dejar que la inercia, el cortoplacismo y los ciclos electorales nos arrastren a la irrelevancia o bien asumir la urgencia del cambio y engancharnos al futuro que queremos. La transformación necesaria es profunda y exige una gobernanza participativa, con rendición de cuentas, coordinada y con visión de largo plazo. La isla debe apostar por un modelo autosuficiente, tecnológicamente avanzado y socialmente cohesivo.

El agua es la prioridad absoluta. Sin agua disponible en cantidad, calidad y precio adecuados no es posible el desarrollo agrario, industrial, turístico o poblacional. Hay que democratizar el Consejo Insular de Aguas y, al mismo tiempo, empoderarlo como autoridad real en la gestión de galerías, pozos y redes de distribución. Y hacerlo evaluando y revisando la Ley de Aguas si fuera necesario para reforzar el interés general en la gestión. Es imprescindible un programa urgente de reducción de pérdidas en las redes urbanas y agrarias, así como la transición hacia sistemas de regadío eficientes. No es asumible plantearse la producción industrial de agua mientras el sistema mantenga niveles de fugas, pérdidas, tan elevadas.

Necesitamos un modelo agroindustrial centrado en la producción local y en una mejor remuneración del mercado para los plataneros. Hay que potenciar políticas que incrementen el poder de negociación del plátano de Canarias unificando su comercialización bajo una única marca. La Palma tiene que ser una isla más soberana, despensa de Canarias. Un sello “Producto de La Palma” como elemento diferenciador, la reactivación de los mercados municipales públicos, un banco de tierras insular operativo y un programa de compra pública responsable que dé prioridad a los productos locales en comedores escolares, hospitales, residencias... Todas deben ser piezas estructurales de la estrategia.

Hay que apostar por una industria turística de alto valor, compatible con nuestro patrimonio natural y cultural: la Reserva de la Biosfera, los cielos astronómicos, el geopatrimonio volcánico, los paisajes agrarios únicos, la arquitectura atlántica, el mar... En definitiva, un turismo acorde con nuestro territorio y nuestra forma de vida, que son los activos diferenciales más valiosos y, paradójicamente, los más infrautilizados en la elaboración de cualquier nueva estrategia de destino.

Es imprescindible diseñar e implantar un sistema energético hacia el 100% renovable de aquí a 2050. Acometer las inversiones necesarias en la central térmica de Los Guinchos para dar respaldo y fiabilidad al sistema, potenciar las comunidades energéticas locales y el autoconsumo industrial y agrícola, y culminar la evaluación técnica de viabilidad del potencial geotérmico.

La gobernanza tiene que ser participativa, transparente y rendir cuentas. Las buenas decisiones nacen del debate abierto y del interés común, no de las presiones de unos pocos. Y la reconstrucción tras el Tajogaite, por encima de cualquier otra política, exige hoy esa transparencia.

Garantizar el bienestar real de las personas es otro eje central. Hay que ampliar el catálogo de especialidades del Hospital Universitario de La Palma, desarrollar un Plan Insular de Cuidados que integre servicios de atención a la infancia, personas mayores y personas con discapacidad, reforzar el servicio de ayuda a domicilio y articular una red de apoyo a las familias cuidadoras.

Es urgente desarrollar un Plan Insular de Vivienda que potencie la construcción de vivienda protegida en alquiler asequible, capaz de restar tensión al mercado, y revisar la aplicación de la Ley de Islas Verdes para evitar que siga operando como instrumento de especulación en suelo rústico.

Y hay que ampliar y modernizar la Formación Profesional Dual en los sectores de futuro, para retener talento joven y vincularlo a la transformación productiva de la isla.

Es posible una isla que viva de su territorio sin agotarlo, que genere prosperidad sin desigualdad, capaz de retener a sus jóvenes con talento, que se gobierne con transparencia, cercanía y visión de futuro.

Una isla que mire adelante, que confíe en su gente y que vuelva a creer en sí misma.

La respuesta basada en más volumen es una premisa equivocada, y la realidad empieza a ser muy incómoda: récord de visitantes con un consumo desmesurado de territorio y de recursos, salarios que no suben, vivienda inaccesible, servicios públicos tensionados y una fuga constante de valor

Vista la iniciativa, que no debate ni participación, que, a poco más de un año de las próximas elecciones (mayo de 2027), Coalición Canaria (CC), desde el Cabildo Insular, ha abierto en La Palma en relación con el turismo y cuál seguirá siendo el modelo elegido por los tres partidos de siempre (se añaden el PP y el PSOE) para el desarrollo de esa actividad productiva, creo que llega el momento de reflexionar y aportar algunas alternativas; o sea, de disentir con manifiesta claridad y espero que con argumentos, porque otra estrategia turística es posible, y además necesaria, en nuestra isla de La Palma.

La Palma se enfrenta a una decisión que marcará su futuro durante décadas. Mientras el modelo turístico canario muestra signos evidentes de agotamiento, con récords de visitantes que conviven con salarios estancados, vivienda inaccesible y servicios públicos al límite, en La Palma se intenta replicar precisamente ese modelo en declive. La pregunta no es si la isla debe apostar por el turismo, sino qué tipo de turismo queremos y para quién. Lo que está en juego es mucho más que un sector económico: es la forma de vida, el paisaje y el futuro de quienes vivimos aquí.

Mucha planificación y pocos resultados

El primer Plan Insular de Ordenación Territorial de La Palma, de 1974, configuró los dos núcleos turísticos que hoy siguen siendo principales en la isla: Los Cancajos y Puerto Naos, ambos concebidos bajo el paradigma del destino de sol y playa.

Después de aquello, poco más... Los sucesivos planes insulares, parciales y especiales no alcanzaron sus objetivos. El Plan Territorial Especial del Turismo (PTET, 2011), tras tres aprobaciones parciales entre 2007 y 2010, nunca llegó a aplicarse.

La Ley de las Islas Verdes, en su versión de 2019, constituye el marco normativo actual. Se articula en torno al Sistema Motriz Turístico Insular (SMTI), integrado en la tercera revisión del Plan Insular (R3PIOLP), que habilita las Actuaciones Estructurales de Trascendencia Insular (AETI) mediante los Instrumentos de Planificación Singular Turística (IPST), de los que más adelante hablaremos.

El resultado: sesenta años de planificación baldía y un sector marginal cuya aportación máxima al turismo total canario fue del 2,8% en 2017.

La imposibilidad de materializar lo planificado suele atribuirse a causas estructurales como la debilidad inversora, la fragmentación de la propiedad del suelo, la escasez de playas y las limitaciones de conectividad aérea. Lo que está claro es que por falta de planes no ha sido.

¿Qué ha pasado en islas similares?

Lanzarote y Fuerteventura, que hace sesenta años partían de una posición incluso más marginal que La Palma, han desarrollado una industria turística potente. Hoy, conjuntamente, acumulan el 35% de las pernoctaciones canarias. La Palma no llega al 2%.

Pero es un modelo que empieza a agotarse. Solo funciona mientras nadie lo haga más barato, y cuando alguien lo consigue, podemos estar perdidos. Nuevos destinos, sobre todo los más cercanos como Marruecos y otros países del Mediterráneo oriental, comienzan a poner en jaque aquel modelo. Y no solo el de Fuerteventura y Lanzarote, sino el de toda Canarias.

La respuesta basada en más volumen es una premisa equivocada, y la realidad empieza a ser muy incómoda: récord de visitantes con un consumo desmesurado de territorio y de recursos, salarios que no suben, vivienda inaccesible, servicios públicos tensionados y una fuga constante de valor. Buena parte del dinero que entra sale igual de rápido: solo entre el 30% y el 40% del gasto del turista se queda en las islas. Más dependencia económica y más desigualdad. El modelo no sirve para la isla.

Se hace necesario revisar la forma en que evaluamos el éxito turístico. Esta debe centrarse en los impactos positivos que la actividad puede y debe generar en el destino: su eficacia en la generación de medios de vida, su contribución a la economía local, la creación de empleo decente y el respeto por el medioambiente y los equilibrios naturales, sin desplazar a quien vive aquí ni degradar lo que nos hace únicos. Un turismo al servicio de la isla y de su gente.

El perfil del que nos visita

La principal motivación de quien llega a La Palma es explorar y conocer la isla. Valora los paisajes, la tranquilidad y la ausencia de masificación; muestra una alta sensibilidad ambiental y disposición a pagar tasas de compensación, y reporta niveles de satisfacción superiores a la media canaria. Es un turista de valor, que mejora los ingresos unitarios y, por tanto, la productividad por empleado.

La Palma reúne un conjunto de activos turísticos sin equivalente en los mercados europeo y mundial de destinos diferenciados: Reserva Mundial de la Biosfera que abarca la totalidad del territorio insular, el Roque de los Muchachos (uno de los mejores emplazamientos del planeta para la astronomía, protegido por la Ley del Cielo de La Palma), el geopatrimonio volcánico del Tajogaite, los bosques de laurisilva (relictos o vestigios de la flora terciaria europea), los fondos marinos y un largo etcétera.

La Palma no puede ni debe competir en el turismo masivo de sol y playa. La estrategia correcta es la diferenciación radical en nichos de alto valor: científico, ecológico, cultural y gastronómico, compatibles con nuestro patrimonio natural y cultural y capaces de generar mayor valor añadido por visitante con menor impacto.

La combinación volcán, cielo y biosfera constituye el atractivo más potente para experiencias del visitante: astroturismo y geoturismo, geopatrimonio volcánico, paisajes agrarios únicos, arquitectura atlántica, mar, turismo regenerativo, turismo slow. Todo ello es compatible con nuestro territorio y nuestra forma de vida, que son los activos diferenciales más valiosos y, paradójicamente, los más infrautilizados en la elaboración de la estrategia actual.

Retos estructurales del nuevo modelo

La mejora de la oferta alojativa en calidad y cantidad debe estar vinculada a la activación completa y operativa del patrimonio construido: casas solariegas, conjuntos históricos, haciendas y edificaciones vernáculas, junto con nuevos hoteles tipo boutique o emblemáticos. Y regular inteligentemente la vivienda vacacional para que distribuya el valor localmente sin tensionar la vivienda residencial.

Se trata de mejorar los efectos multiplicadores del turismo sobre el resto de la economía insular: gastronomía, artesanía, transportes, servicios culturales... El turista que viene a La Palma debe gastar en La Palma; debe generar ingresos, renta, riqueza, a los palmeros.

A lo anterior se une la mejora de la calidad del empleo turístico mediante formación específica, contratos estables y retención del talento local. El turismo de calidad requiere profesionales de calidad, y mucha enseñanza de idiomas.

Pero hay más, y es la mejora de la conectividad, pero no solo con más asientos disponibles en rutas internacionales directas, sino también a través de mejores conexiones con el aeropuerto del sur de Tenerife y con Gran Canaria. El poder de negociación frente a las compañías aéreas es considerablemente mayor para un destino diferenciado, de alta demanda y valor añadido que para un destino fácilmente replicable y sustituible en un mercado tan competitivo.

También hay que dotar al destino de instrumentos de gobernanza participativa capaces de coordinar e implantar un plan de transformación y un plan de marketing y comercialización.

Pacto por el Turismo: error político y económico

Lejos de analizar los datos y las tendencias del sector y de valorar la oportunidad de cambiar de estrategia, los partidos políticos de La Palma (CC, PSOE y PP) firmaron en 2023 un acuerdo para impulsar las infraestructuras turísticas y apoyar la creación de nuevas camas contempladas en el viejo y estancado modelo.

El Pacto por el Turismo en La Palma es ampliamente rechazado por la sociedad palmera. Promueve modelos especulativos, la instalación de cadenas hoteleras extractivas y sobredimensionadas e infraestructuras anexas inasumibles, como son los campos de golf. Se consume mucho paisaje, mucho territorio y muchos recursos, que son de todos, solo para beneficiar a unos pocos.

Con ese objetivo, La Palma ya cuenta con tres IPST autorizados: Ecoresort La Pavona (Las Breñas), 1.400 camas, un proyecto inicialmente vinculado a un campo de golf; La Dichosa Wellness (Las Manchas), 564 camas, y el Parque Astronómico Cultural Llano de las Ánimas.

En tramitación se encuentran Puerto Naos (2.604 plazas), Golf Fuencaliente (1.024 plazas) y Las Hoyas-Tazacorte (900 plazas). En el cajón de los estudios de arquitectura hay otros muchos a punto de ver la luz, como el Complejo Residencial Bioclimático de Roque del Faro (Garafía) o el Complejo Turístico-Residencial y de Ocio de La Fajana de Barlovento, con hotel, charcos intermareales, club de mar, caravaning, cubiertas apergoladas para solariums panorámicos y quioscos de playa. Todo ello al más puro estilo de resort de sol y playa, por mucho adjetivo de eco, bio o sostenible que se les quiera añadir. 

Es justo lo contrario del objetivo declarado por la Ley de Islas Verdes, que supuestamente nace para cambiar la estrategia y convertir el paisaje y el patrimonio en el recurso turístico principal, no para incentivar el turbocrecimiento depredador.

Ciertos movimientos, por su oportunidad, resultan cuando menos sospechosos. La Comisión de Evaluación Ambiental del Cabildo de La Palma aprobó el inicio del expediente del IPST de Puerto Naos el 30 de abril pasado. En el pleno del Cabildo del 9 de abril de 2026, apenas tres semanas antes, se destituyeron y a la vez designaron nuevos miembros de esa misma Comisión.

No es ajeno a esta operación territorial el proyecto del túnel El Remo-La Zamora: 5,5 kilómetros de obra de alta complejidad técnica y elevado impacto medioambiental, presupuestada inicialmente con la friolera cifra de 328 millones de euros de dinero público y pensada únicamente para llenar de la mayor cantidad de turistas posible el sudoeste costero palmero (El Remo, Puerto Naos, Las Hoyas, Tazacorte).

Las reacciones contra los que se oponen

Los promotores de este desarrollo anacrónico, fundamentalmente el grupo de Gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo de La Palma, donde esta formación política tiene mayoría absoluta, han reaccionado con rapidez contra quienes nos hemos atrevido a señalar que seguir con esa estrategia turística es, por todo lo expuesto, un grave error para la isla. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, firmantes del Pacto por el Turismo de La Palma, se mantienen en silencio. Entendemos que otorgan.

Tratan de ofrecer a la opinión pública un escenario intencionadamente polarizado: ellos, los buenos, los que generan economía, los que atraen inversión, los que crean empleo, y nosotros, los malos, los que estamos en contra de todo, los que no queremos nada bueno para La Palma. Han hecho un gran despliegue en medios y redes sociales. Pero ese relato carece de credibilidad y la oposición en la calle es mayoritaria. Y bien que lo saben. De ahí el empeño en la propaganda pagada con dinero público.

En La Palma lo que se enfrentan son dos modelos. Uno, empantanado, en recesión, implantado en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura: el de sol y playa, el hotelero extractivo, de baja remuneración laboral, que, lejos de traer bienestar para todos, está rompiendo la vida cotidiana. Barrios y pueblos convertidos en algo irreconocible, parques temáticos y vecinos obligados a marcharse porque no pueden pagar un alquiler con precios disparados por la especulación turística. Trabajadores que se levantan a las cinco de la mañana para cruzar la isla y servir desayunos en hoteles de cinco estrellas, pero que no pueden permitirse vivir cerca de su lugar de trabajo. Colas en los centros de salud, carreteras colapsadas, servicios públicos desbordados.

Esto no va de estar contra el turismo. Va de ser sensatos y de no aceptar una dependencia impuesta por intereses foráneos. Va de un modelo turístico que esté al servicio de la isla y de su gente, no al revés. Un turismo que genere empleo digno y estable, que aporte valor real a la economía local y que distribuya sus beneficios de forma justa.

Creemos en un turismo sostenible e inteligente, que respete la capacidad de carga del territorio y con ello proteja el paisaje. La conservación del entorno es la base de una experiencia turística auténtica y duradera. Un turismo que invite a vivir en La Palma, no solo a visitarla.

No podemos permitir que las decisiones se tomen de espaldas a los palmeros. Es hora de actuar con responsabilidad y valentía. Estamos a tiempo.

Construir un modelo turístico de éxito

La Palma se enfrenta a una decisión que marcará su futuro durante décadas. Mientras el modelo turístico canario muestra signos evidentes de agotamiento, con récords de visitantes que conviven con salarios estancados, vivienda inaccesible y servicios públicos al límite, en La Palma se intenta replicar precisamente ese modelo en declive. La pregunta no es si la isla debe apostar por el turismo, sino qué tipo de turismo queremos y para quién. Lo que está en juego es mucho más que un sector económico: es la forma de vida, el paisaje y el futuro de quienes vivimos aquí.

Mucha planificación y pocos resultados

El primer Plan Insular de Ordenación Territorial de La Palma, de 1974, configuró los dos núcleos turísticos que hoy siguen siendo principales en la isla: Los Cancajos y Puerto Naos, ambos concebidos bajo el paradigma del destino de sol y playa.

Después de aquello, poco más... Los sucesivos planes insulares, parciales y especiales no alcanzaron sus objetivos. El Plan Territorial Especial del Turismo (PTET, 2011), tras tres aprobaciones parciales entre 2007 y 2010, nunca llegó a aplicarse.

La Ley de las Islas Verdes, en su versión de 2019, constituye el marco normativo actual. Se articula en torno al Sistema Motriz Turístico Insular (SMTI), integrado en la tercera revisión del Plan Insular (R3PIOLP), que habilita las Actuaciones Estructurales de Trascendencia Insular (AETI) mediante los Instrumentos de Planificación Singular Turística (IPST), de los que más adelante hablaremos.

El resultado: sesenta años de planificación baldía y un sector marginal cuya aportación máxima al turismo total canario fue del 2,8% en 2017.

La imposibilidad de materializar lo planificado suele atribuirse a causas estructurales como la debilidad inversora, la fragmentación de la propiedad del suelo, la escasez de playas y las limitaciones de conectividad aérea. Lo que está claro es que por falta de planes no ha sido.

¿Qué ha pasado en islas similares?

Lanzarote y Fuerteventura, que hace sesenta años partían de una posición incluso más marginal que La Palma, han desarrollado una industria turística potente. Hoy, conjuntamente, acumulan el 35% de las pernoctaciones canarias. La Palma no llega al 2%.

Pero es un modelo que empieza a agotarse. Solo funciona mientras nadie lo haga más barato, y cuando alguien lo consigue, podemos estar perdidos. Nuevos destinos, sobre todo los más cercanos como Marruecos y otros países del Mediterráneo oriental, comienzan a poner en jaque aquel modelo. Y no solo el de Fuerteventura y Lanzarote, sino el de toda Canarias.

La respuesta basada en más volumen es una premisa equivocada, y la realidad empieza a ser muy incómoda: récord de visitantes con un consumo desmesurado de territorio y de recursos, salarios que no suben, vivienda inaccesible, servicios públicos tensionados y una fuga constante de valor. Buena parte del dinero que entra sale igual de rápido: solo entre el 30% y el 40% del gasto del turista se queda en las islas. Más dependencia económica y más desigualdad. El modelo no sirve para la isla.

Cambio de paradigma

Se hace necesario revisar la forma en que evaluamos el éxito turístico. Esta debe centrarse en los impactos positivos que la actividad puede y debe generar en el destino: su eficacia en la generación de medios de vida, su contribución a la economía local, la creación de empleo decente y el respeto por el medioambiente y los equilibrios naturales, sin desplazar a quien vive aquí ni degradar lo que nos hace únicos. Un turismo al servicio de la isla y de su gente.

El perfil del que nos visita

La principal motivación de quien llega a La Palma es explorar y conocer la isla. Valora los paisajes, la tranquilidad y la ausencia de masificación; muestra una alta sensibilidad ambiental y disposición a pagar tasas de compensación, y reporta niveles de satisfacción superiores a la media canaria. Es un turista de valor, que mejora los ingresos unitarios y, por tanto, la productividad por empleado.

La Palma reúne un conjunto de activos turísticos sin equivalente en los mercados europeo y mundial de destinos diferenciados: Reserva Mundial de la Biosfera que abarca la totalidad del territorio insular, el Roque de los Muchachos (uno de los mejores emplazamientos del planeta para la astronomía, protegido por la Ley del Cielo de La Palma), el geopatrimonio volcánico del Tajogaite, los bosques de laurisilva (relictos o vestigios de la flora terciaria europea), los fondos marinos y un largo etcétera.

La Palma, un destino diferente

La Palma no puede ni debe competir en el turismo masivo de sol y playa. La estrategia correcta es la diferenciación radical en nichos de alto valor: científico, ecológico, cultural y gastronómico, compatibles con nuestro patrimonio natural y cultural y capaces de generar mayor valor añadido por visitante con menor impacto.

La combinación volcán, cielo y biosfera constituye el atractivo más potente para experiencias del visitante: astroturismo y geoturismo, geopatrimonio volcánico, paisajes agrarios únicos, arquitectura atlántica, mar, turismo regenerativo, turismo slow. Todo ello es compatible con nuestro territorio y nuestra forma de vida, que son los activos diferenciales más valiosos y, paradójicamente, los más infrautilizados en la elaboración de la estrategia actual.

Retos estructurales del nuevo modelo

La mejora de la oferta alojativa en calidad y cantidad debe estar vinculada a la activación completa y operativa del patrimonio construido: casas solariegas, conjuntos históricos, haciendas y edificaciones vernáculas, junto con nuevos hoteles tipo boutique o emblemáticos. Y regular inteligentemente la vivienda vacacional para que distribuya el valor localmente sin tensionar la vivienda residencial.

Se trata de mejorar los efectos multiplicadores del turismo sobre el resto de la economía insular: gastronomía, artesanía, transportes, servicios culturales... El turista que viene a La Palma debe gastar en La Palma; debe generar ingresos, renta, riqueza, a los palmeros.

A lo anterior se une la mejora de la calidad del empleo turístico mediante formación específica, contratos estables y retención del talento local. El turismo de calidad requiere profesionales de calidad, y mucha enseñanza de idiomas.

Pero hay más, y es la mejora de la conectividad, pero no solo con más asientos disponibles en rutas internacionales directas, sino también a través de mejores conexiones con el aeropuerto del sur de Tenerife y con Gran Canaria. El poder de negociación frente a las compañías aéreas es considerablemente mayor para un destino diferenciado, de alta demanda y valor añadido que para un destino fácilmente replicable y sustituible en un mercado tan competitivo.

También hay que dotar al destino de instrumentos de gobernanza participativa capaces de coordinar e implantar un plan de transformación y un plan de marketing y comercialización.

Pacto por el Turismo: error político y económico

Lejos de analizar los datos y las tendencias del sector y de valorar la oportunidad de cambiar de estrategia, los partidos políticos de La Palma (CC, PSOE y PP) firmaron en 2023 un acuerdo para impulsar las infraestructuras turísticas y apoyar la creación de nuevas camas contempladas en el viejo y estancado modelo.

El Pacto por el Turismo en La Palma es ampliamente rechazado por la sociedad palmera. Promueve modelos especulativos, la instalación de cadenas hoteleras extractivas y sobredimensionadas e infraestructuras anexas inasumibles, como son los campos de golf. Se consume mucho paisaje, mucho territorio y muchos recursos, que son de todos, solo para beneficiar a unos pocos.

Instrumentos de Planificación Singular Turística

Con ese objetivo, La Palma ya cuenta con tres IPST autorizados: Ecoresort La Pavona (Las Breñas), 1.400 camas, un proyecto inicialmente vinculado a un campo de golf; La Dichosa Wellness (Las Manchas), 564 camas, y el Parque Astronómico Cultural Llano de las Ánimas.

En tramitación se encuentran Puerto Naos (2.604 plazas), Golf Fuencaliente (1.024 plazas) y Las Hoyas-Tazacorte (900 plazas). En el cajón de los estudios de arquitectura hay otros muchos a punto de ver la luz, como el Complejo Residencial Bioclimático de Roque del Faro (Garafía) o el Complejo Turístico-Residencial y de Ocio de La Fajana de Barlovento, con hotel, charcos intermareales, club de mar, caravaning, cubiertas apergoladas para soláriums panorámicos y quioscos de playa. Todo ello al más puro estilo de resort de sol y playa, por mucho adjetivo de eco, bio o sostenible que se les quiera añadir. 

Es justo lo contrario del objetivo declarado por la Ley de Islas Verdes, que supuestamente nace para cambiar la estrategia y convertir el paisaje y el patrimonio en el recurso turístico principal, no para incentivar el turbocrecimiento depredador.

Ciertos movimientos, por su oportunidad, resultan cuando menos sospechosos. La Comisión de Evaluación Ambiental del Cabildo de La Palma aprobó el inicio del expediente del IPST de Puerto Naos el 30 de abril pasado. En el pleno del Cabildo del 9 de abril de 2026, apenas tres semanas antes, se destituyeron y a la vez designaron nuevos miembros de esa misma Comisión.

No es ajeno a esta operación territorial el proyecto del túnel El Remo-La Zamora: 5,5 kilómetros de obra de alta complejidad técnica y elevado impacto medioambiental, presupuestada inicialmente con la friolera cifra de 328 millones de euros de dinero público y pensada únicamente para llenar de la mayor cantidad de turistas posible el sudoeste costero palmero (El Remo, Puerto Naos, Las Hoyas, Tazacorte).

Las reacciones contra los que se oponen

Los promotores de este desarrollo anacrónico, fundamentalmente el grupo de Gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo de La Palma, donde esta formación política tiene mayoría absoluta, han reaccionado con rapidez contra quienes nos hemos atrevido a señalar que seguir con esa estrategia turística es, por todo lo expuesto, un grave error para la isla. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, firmantes del Pacto por el Turismo de La Palma, se mantienen en silencio. Entendemos que otorgan.

Tratan de ofrecer a la opinión pública un escenario intencionadamente polarizado: ellos, los buenos, los que generan economía, los que atraen inversión, los que crean empleo, y nosotros, los malos, los que estamos en contra de todo, los que no queremos nada bueno para La Palma. Han hecho un gran despliegue en medios y redes sociales. Pero ese relato carece de credibilidad y la oposición en la calle es mayoritaria. Y bien que lo saben. De ahí el empeño en la propaganda pagada con dinero público.

En La Palma lo que se enfrentan son dos modelos. Uno, empantanado, en recesión, implantado en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura: el de sol y playa, el hotelero extractivo, de baja remuneración laboral, que, lejos de traer bienestar para todos, está rompiendo la vida cotidiana. Barrios y pueblos convertidos en algo irreconocible, parques temáticos y vecinos obligados a marcharse porque no pueden pagar un alquiler con precios disparados por la especulación turística. Trabajadores que se levantan a las cinco de la mañana para cruzar la isla y servir desayunos en hoteles de cinco estrellas, pero que no pueden permitirse vivir cerca de su lugar de trabajo. Colas en los centros de salud, carreteras colapsadas, servicios públicos desbordados.

Esto no va de estar contra el turismo. Va de ser sensatos y de no aceptar una dependencia impuesta por intereses foráneos. Va de un modelo turístico que esté al servicio de la isla y de su gente, no al revés. Un turismo que genere empleo digno y estable, que aporte valor real a la economía local y que distribuya sus beneficios de forma justa.

Creemos en un turismo sostenible e inteligente, que respete la capacidad de carga del territorio y con ello proteja el paisaje. La conservación del entorno es la base de una experiencia turística auténtica y duradera. Un turismo que invite a vivir en La Palma, no solo a visitarla.

No podemos permitir que las decisiones se tomen de espaldas a los palmeros. Es hora de actuar con responsabilidad y valentía. Estamos a tiempo.

1) El espejismo de la marca fuerte

El plátano de Canarias es, probablemente, el caso más paradójico del sistema agroalimentario español. Dispone de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) reconocida por el consumidor, una identidad visual consolidada, un producto que gana las pruebas de sabor frente a la banana y un nivel de notoriedad de marca que ya querrían para sí muchos productos con presupuestos publicitarios muy superiores. Sin embargo, el agricultor canario lleva años viendo cómo su margen se estrecha, cómo la banana gana cuota en el lineal y cómo su capacidad de negociación frente a la gran distribución se reduce.

La razón de esa paradoja no está en el producto, ni en la marca, ni en el consumidor. Está en la estructura de comercialización. Detrás de la imagen unitaria del plátano de Canarias, hay múltiples organizaciones de productores que operan de forma independiente, compitiendo entre sí en precio ante las centrales de compra de las grandes cadenas. El resultado es un contrasentido estructural: una marca fuerte hacia fuera y una arquitectura comercial débil hacia dentro.

Esa fragmentación no es un rasgo inevitable del sector, sino un problema con solución probada. Decenas de sectores agrícolas en todo el mundo ya lo han demostrado: concentrar la comercialización bajo una estructura y una voz única, al servicio de los productores.

2) Anatomía de la fragmentación

Para entender por qué la estructura actual perjudica al productor, conviene examinar sus efectos concretos.

Competencia interna ante la distribución. Cuando varias organizaciones de productores acuden por separado a negociar con Mercadona, Lidl o Carrefour, la cadena puede enfrentarlas entre sí. No necesita presionar: le basta con elegir al proveedor que ofrezca el precio más bajo. El resultado es una erosión progresiva del precio percibido por el agricultor que ninguna de las organizaciones, por separado, tiene fuerza para frenar.

Duplicación de costes. Cada organización mantiene su propia estructura logística, administrativa y comercial. Almacenes de empaquetado, equipos de ventas, departamentos de calidad, gestión del transporte marítimo: funciones que se replican innecesariamente y que drenan recursos que pueden destinarse a mejorar el retorno al agricultor.

Incapacidad de coordinar oferta. Sin una gestión centralizada de los volúmenes, el mercado peninsular recibe picos de oferta que deprimen los precios y valles que ceden espacio a la banana. La estacionalidad y la logística insular hacen que esta coordinación sea especialmente crítica y difícil sin una estructura unitaria.

El plátano de Canarias tiene la marca; lo que no tiene es una estructura comercial a la altura de esa marca.

3) Lo que el mundo ya ha aprendido

El problema de la fragmentación comercial en sectores agrícolas no es nuevo ni exclusivo de Canarias. Lo notable es que, donde esto se ha resuelto, la solución ha seguido un patrón común: concentración de la comercialización bajo una entidad única, propiedad de los productores y con gestión profesionalizada. Los resultados han sido, en todos los casos, relevantes, transformadores. Revisemos la evidencia.

3.1) La banana de Madeira: el espejo más cercano

De todos los casos internacionales, el de la banana de Madeira es el más directamente comparable al plátano de Canarias: territorio insular ultraperiférico europeo, producto tropical en competencia con la banana latinoamericana, pequeños agricultores dispersos, dependencia de ayudas comunitarias y mercado principal en la metrópoli continental de Portugal.

En 2008, el Gobierno regional de Madeira acometió una reestructuración integral del sector bananero. El instrumento fue la creación de GESBA (Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.), una empresa pública con misión clara: asumir la recogida de la banana al productor, su clasificación, empaquetado y preparación para la distribución y comercialización. GESBA es la propietaria de la marca Banana da Madeira y trabaja directamente con alrededor de 3.000 productores locales, gestionando unas 21.000 toneladas anuales de fruta. El 80 % de la producción alcanza una calidad extra, la categoría mejor pagada.

El modelo es sencillo en su diseño y potente en sus resultados: una sola empresa, una sola marca, una sola voz frente al mercado. Los productores se centran en cultivar y GESBA se encarga de todo lo demás. La reestructuración permitió una mayor optimización de los recursos financieros y humanos, un crecimiento sostenible del sector y la creación de condiciones para la modernización.

Si Madeira, con un volumen de producción significativamente menor que Canarias, ha podido construir este modelo con éxito, la pregunta obligada es: ¿qué impide a Canarias hacer lo mismo?

3.2) Zespri y el kiwi de Nueva Zelanda: de la crisis al liderazgo mundial

El caso de Zespri es, posiblemente, el más citado en la literatura sobre comercialización agrícola concentrada, y con razón. En los años ochenta, la industria del kiwi neozelandés estaba en crisis. Siete exportadores competían ferozmente entre sí, hundiendo los precios. La rápida expansión de la producción había generado un exceso de oferta y los tipos de cambio desfavorables agravaban la situación. Los productores estaban perdiendo dinero.

La respuesta no vino de arriba: vino de los propios agricultores. En 1988, los productores votaron en referéndum a favor de pasar de múltiples exportadores a un sistema de marca única. Nació primero el New Zealand Kiwifruit Marketing Board y, en 1997, Zespri International Limited, una empresa propiedad de los productores con el mandato exclusivo de exportar kiwi neozelandés a todos los mercados, excepto Australia.

Los resultados hablan por sí solos. Zespri es hoy el mayor comercializador de kiwi del mundo, vendiendo en más de 50 países y trabajando con unos 2.800 productores neozelandeses y 1.500 internacionales. El sistema de marca única ha permitido a la industria mejorar el valor de sus exportaciones mediante economías de escala, estándares de alta calidad, desarrollo de mercados e inversión sostenida en I+D+i. El kiwi neozelandés obtiene un precio significativo en los lineales de todo el mundo.

Tres lecciones de Zespri son directamente aplicables al plátano de Canarias: primera, la concentración no fue impuesta por el Gobierno, fue elegida democráticamente por los productores porque la fragmentación los estaba arruinando; segunda, el modelo cooperativo con exportador único permite garantizar calidad consistente y maximizar el retorno al agricultor, y tercera, la marca única no elimina la diversidad de productores, sino que la canaliza hacia un objetivo común.

3.3) Sunkist: de la guerra de precios a la marca premium

La historia de Sunkist es particularmente instructiva porque demuestra cómo una cooperativa puede sacar un producto agrícola de la “trampa del commodity”, que es exactamente el riesgo que enfrenta el plátano de Canarias frente a la banana.

Fundada en 1893 como Southern California Fruit Exchange, Sunkist es la cooperativa agrícola más longeva de Estados Unidos. A principios del siglo XX, la industria citrícola californiana sufría un problema de sobreproducción: entre 1880 y 1893, la superficie de cítricos había pasado de 3.000 a más de 40.000 acres. Los precios se desplomaban. La cooperativa respondió con algo que entonces era revolucionario: en 1907 lanzó la primera campaña publicitaria de un producto perecedero de la historia, empleando por primera vez la marca Sunkist, registrada en 1909.

El resultado fue transformador. A medida que crecía el reconocimiento y el respeto por la marca, los consumidores demostraron su disposición a pagar más por una naranja Sunkist que por una sin marca. La cooperativa dejó de competir por precio y empezó a competir por valor. En 1952, la organización cambió su propio nombre de California Fruit Growers Exchange a Sunkist Growers, fusionando definitivamente la identidad de los productores con la marca.

La lección para el plátano de Canarias es directa: la IGP ya proporciona la base de la diferenciación, pero lo que falta es la estructura comercial unitaria que convierta esa diferenciación en precio alto sostenido, como hizo Sunkist con sus cítricos.

3.4) Café de Colombia: 540.000 pequeños productores, una sola marca

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia fue creada en 1927 como organización privada sin ánimo de lucro para representar y proteger los intereses de los caficultores colombianos. Hoy representa a más de 540.000 productores, la inmensa mayoría pequeñas fincas familiares. En 1960, esa federación lanzó el icónico personaje de Juan Valdez para distinguir el café 100 % colombiano del café mezclado con granos de otros países.

Juan Valdez es la única marca de café de relevancia internacional que pertenece a los propios productores. A través de Procafecol, SA, creada en 2002, la marca opera más de 630 tiendas en todo el mundo y tiene presencia en 40 mercados internacionales. Una parte de la venta retorna directamente al Fondo Nacional del Café, que financia escuelas, carreteras y sanidad para las comunidades cafeteras.

Este caso demuestra que el modelo de marca única al servicio de los productores funciona incluso a escalas enormes y con agricultores minifundistas. Si 540.000 caficultores colombianos pueden comercializar bajo una marca única, no hay razón estructural por la que unos miles de plataneros canarios no puedan hacer lo mismo.

3.5) Otros casos convergentes

Ocean Spray (arándanos, EE UU) es una cooperativa fundada en 1930 por tres productores de arándanos. Hoy agrupa a más de 700 agricultores de Estados Unidos, Canadá y Chile, controla dos tercios de los arándanos vendidos en el mundo y ha sido la marca líder en la categoría de zumos envasados desde 1981. Transformó un producto estacional en una marca global presente todo el año.

Blue Diamond (almendras, California): cooperativa fundada en 1910, agrupa a 3.500 productores que representan la mitad de los almendros de California, estado que produce más del 80 % de la oferta mundial. Es la mayor procesadora y comercializadora de frutos secos del mundo, con ingresos superiores a 1.500 millones de dólares anuales.

Parmigiano Reggiano (queso, Italia): el Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, establecido en 1934, agrupa a unas 400 queserías y 3.500 productores de leche bajo una marca DOP única. En 2023, las ventas mundiales superaron los 3.000 millones de euros. El Consorzio gestiona la protección de la denominación, la promoción internacional y el control de calidad. Es la primera DOP del mundo por influencia de marca.

Sun-Maid (pasas, California): cooperativa fundada en 1912, agrupa a unos 850 agricultores familiares. En su momento de mayor fuerza, el 85 % de los productores de pasas de California eran miembros. Posee una de las marcas más reconocidas del mundo en alimentación.

El patrón es universal: productores fragmentados que, al concentrar su comercialización bajo una marca y entidad únicas, lograron salir de la trampa del commodity, obtener precios premium y financiar I+D+i y marketing de forma sostenida.

4) El contraejemplo: concentración sin productores

No obstante, conviene señalar que no toda concentración es beneficiosa. El mercado mundial del banano tropical ofrece un contraejemplo revelador. Tres multinacionales (Total Produce, Chiquita, Del Monte) controlan una proporción abrumadora del comercio global de banana. En 2007, las cinco primeras empresas controlaban el 84 % del mercado. Pero esa concentración no beneficia a los agricultores: beneficia a las corporaciones multinacionales.

Los productores de banana en América Latina, África y Asia son, en gran medida, precio aceptantes, con escasa capacidad de negociación frente a las multinacionales que compran su fruta. El margen se queda en la cadena intermedia: transporte, maduración, distribución y marca. Es un modelo de concentración corporativa, no cooperativa.

El plátano de Canarias debe evitar ese modelo y construir uno donde la concentración esté inequívocamente al servicio del productor, como en Zespri, GESBA o Sunkist. La diferencia entre ambos modelos no es de grado; es de naturaleza. En uno, el agricultor es proveedor cautivo. En el otro, es copropietario de la estructura que comercializa su producto.

5) Hacia un sistema único de comercialización

¿Cómo debería articularse, en la práctica, un sistema de comercialización unitario para el plátano de Canarias, sin pretender diseñar aquí los detalles?

Propiedad de los productores. La entidad comercializadora debe ser propiedad del conjunto de los agricultores, directa o indirectamente a través de sus organizaciones. Este es el rasgo común de todos los modelos exitosos: Zespri es propiedad de sus 2.800 productores, Sunkist de sus miembros, Ocean Spray de sus agricultores. La propiedad cooperativa garantiza que las decisiones comerciales se tomen según el interés del agricultor, no de los intermediarios.

Gestión profesionalizada. Propiedad cooperativa no significa gestión amateur. Zespri, Blue Diamond y Ocean Spray están dirigidas por equipos directivos profesionales, con remuneraciones competitivas y objetivos de rendimiento. La gobernanza democrática fija la estrategia; la ejecución corresponde a gestores con experiencia en comercialización, logística y marketing.

Comercialización exclusiva. Toda la fruta con IGP Plátano de Canarias debería comercializarse a través de una entidad única. Sin excepciones. La eficacia del modelo depende de que no haya vías de comercialización paralelas que permitan a la distribución eludir la negociación centralizada. Es lo que hace GESBA en Madeira y Zespri en Nueva Zelanda.

Negociación unitaria con la distribución. Una sola mesa de negociación frente a las grandes cadenas. Esto no significa rigidez: pueden existir acuerdos diferenciados por cadena, formato, región o periodo. Pero la negociación la conduce una sola entidad con la totalidad del volumen detrás.

Coordinación de oferta y calidad. La entidad debe gestionar los flujos de producto para evitar picos de sobreoferta que depriman el precio y para garantizar estándares de calidad homogéneos. Esto incluye la clasificación, el empaquetado y la logística del transporte marítimo, áreas donde la centralización genera economías de escala inmediatas.

Inversión centralizada en marketing e I+D+i. Un porcentaje de cada kilo comercializado debería destinarse a un fondo común para campañas de marketing, investigación en nuevas variedades, sostenibilidad, packaging (embalaje) y desarrollo de mercados. Esto es lo que permite a Zespri invertir en promoción global, a Sunkist mantener su marca premium y a Ocean Spray desarrollar nuevos productos año tras año.

Transparencia y rendición de cuentas. El modelo debe incluir mecanismos robustos de información financiera, auditorías interna y externa, y participación de los productores en las decisiones estratégicas. La experiencia de Nueva Zelanda muestra que el regulador independiente (Kiwifruit New Zealand) desempeña un papel importante en la supervisión del sistema. Una figura equivalente podría ser necesaria en Canarias.

6. Las objeciones previsibles y sus respuestas

Toda propuesta de concentración en un sector fragmentado genera resistencias. Muchas son legítimas y merecen respuesta honesta. Otras son inercias disfrazadas de argumentos. Conviene distinguir unas de otras.

“Perderíamos autonomía”. Es la objeción más frecuente y la más engañosa. La autonomía actual de las OPP frente a la gran distribución es, en gran medida, ficticia. Cuando una organización negocia sola frente a una central de compra que maneja el 25 % del mercado nacional, la relación de fuerzas es tan asimétrica que la “autonomía” consiste, en la práctica, en aceptar el precio que impone el comprador. La verdadera autonomía se construye con escala.

“Es imposible poner de acuerdo a todas las organizaciones”. En Nueva Zelanda también parecía imposible. Siete exportadores con intereses divergentes, productores dispersos por toda la Isla Norte. Lo resolvieron con un instrumento democrático: un referéndum entre productores. Si los agricultores canarios votan a favor de la concentración, el mandato es claro. Y si votan en contra, al menos la decisión habrá sido informada y democrática.

“El sector público no debería intervenir en la comercialización”. GESBA en Madeira es una empresa pública y funciona. Pero, más allá de este ejemplo, el argumento ignora una realidad incómoda: el sector platanero canario ya depende masivamente de la intervención pública a través de las ayudas del programa comunitario Posei. La cuestión no es si hay intervención pública, sino si esa intervención está bien diseñada. Canalizar recursos hacia una estructura de comercialización eficiente es, posiblemente, un uso más inteligente del dinero público que el reparto actual.

“Cada isla tiene sus particularidades”. Es cierto, y el modelo debe respetarlas. Pero las particularidades insulares no impiden una comercialización unitaria; GESBA opera con productores dispersos por toda Madeira, con fincas de tamaños muy diversos. La logística de recogida puede ser descentralizada; la comercialización y la negociación, no.

“La competencia entre OPP beneficia al consumidor”. Este argumento confunde la competencia entre productores de plátanos con la competencia entre plátano y banana. Lo que beneficia al consumidor es un producto de calidad con disponibilidad constante y a precio justo. Un sector platanero concentrado que negocie eficientemente con la distribución no encarecerá el plátano para el consumidor; simplemente redistribuirá el margen hacia el agricultor y reducirá el margen del intermediario.

7) La pregunta que no podemos seguir esquivando

El plátano de Canarias dispone de todo lo necesario para ser un caso de éxito: un producto diferenciado, una marca reconocida, un consumidor leal, un apoyo institucional significativo y un territorio con identidad propia. Lo que le falta es, precisamente, lo que todos los casos internacionales analizados resolvieron antes de despegar: una estructura de comercialización unitaria que esté a la altura de todo lo demás.

Zespri demostró que productores en crisis pueden votar democráticamente a favor de la concentración y transformar su industria en líder mundial. GESBA demostró que el modelo funciona en un territorio insular ultraperiférico con condiciones prácticamente idénticas a las canarias. Sunkist demostró que la marca cooperativa saca al producto de la guerra de precios. La Federación Nacional de Cafeteros demostró que centenares de miles de pequeños agricultores pueden comercializar bajo una marca única que les pertenece.

No hace falta inventar nada. Los modelos existen, están probados y funcionan. Lo que hace falta es voluntad.

Cada año que pasa sin resolver la fragmentación, es un año en el que el agricultor pierde margen, la banana gana terreno en el lineal y el sector se debilita estructuralmente. La pregunta ya no es si hace falta un cambio. La pregunta es cuánto más podemos permitirnos esperar.

Las medidas cuentan con el apoyo de las cuatro organizaciones profesionales agrarias con representatividad en Canarias (Asaga-Asaja, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones), con el de dos de las seis organizaciones de productores de plátanos (OPP), Coplaca y Agriten, que representan casi el 50% de la producción, y con el apoyo unánime, a través de la proposición no de ley (PNL) aprobada a finales de julio de 2024, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias.

En septiembre de 2024, la Consejería inicia un proceso de consulta y participación ciudadana ya con un borrador de proyecto de decreto. El informe con los resultados obtenidos es de fecha 21 de enero de 2025 y refleja una opinión favorable al texto de consulta en más del 80% de las alegaciones presentadas.

En ese momento, se inicia el proceso de tramitación y de informes administrativos preceptivos, lo que culminaría, según reconocía el consejero Narvay Quintero, con la aprobación del decreto por el Gobierno de Canarias, en este mes de marzo de 2025.

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en el debate general sobre el estado de la nacionalidad, en su primera sesión, celebrada el pasado martes 11 de marzo, confirma que el lunes 17 se llevará a Consejo de Gobierno el borrador de decreto y se solicitará informe al Consejo Consultivo para luego proceder, en breve, a su aprobación definitiva.

El nuevo decreto, según el presidente será un calco de las consideraciones definidas y aprobadas en el seno de la Comisión de Agricultura, por tanto quedarán sin acceso a la subvención o ayuda directa por kilo comercializado las nuevas plantaciones, las posteriores a la publicación de esa norma en el BOC, y debido a lo dilatado del proceso, no lo hace con las nuevas fincas plantadas después de agosto de 2024, como era la intención original de la Consejería. Además, limita a un máximo de 68.500 kilogramos la producción por hectárea y año con derecho a ayuda, el 44% más del rendimiento promedio actual, que es de 47.500 kilos por año. Por último, amplía de dos a tres años el periodo de cálculo de las cantidades de referencia para la distribución de los 141,1 millones de euros que la Unión Europea (UE), dentro del programa Posei, destina al año a mejorar la renta de los productores isleños.

En la práctica, la nueva norma rompe el paradigma instalado en el sector desde hace algunos años de producir más kilogramos para obtener más subvención y obliga a pensar más en el mercado: en producir lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Tenemos que dejar de malvender todo lo que somos capaces de producir. Es la única manera de conseguir la viabilidad del sector platanero tradicional canario y de mantener su amplia base social, la sostenibilidad futura y su rentabilidad en un entorno de crisis de precios más frecuentes, duraderas y profundas provocados por excesos de oferta.

Los consumidores prefieren y valoran más el plátano que la banana. Además de por sus características organolépticas, más dulce, por su menor tamaño, su origen y trazabilidad, y su sostenibilidad ambiental y social. Todo ello reforzado por unas buenas campañas publicitarias. Esta es nuestra gran fortaleza: la marca Plátano de Canarias.

Se trata de un activo infrautilizado que necesita un reposicionamiento estratégico frente a la banana. Es fundamental que este producto alimentario esté presente, sea perfectamente identificado y mejore la apariencia en todos los lineales comerciales. Debemos vender con una marca única y con no más de dos categorías o calidades diferenciadas. Para ello, se necesitan normas de calidad unificadas y disciplina en su cumplimiento; también disciplina interna y la unidad real y fiable del sector, todo bajo la supervisión y vigilancia eficiente de la Consejería de Agricultura, a través del ICCA, de las normas propias de la indicación geográfica protegida (IGP) Plátano de Canarias y hasta con la actualización de sus regímenes de funcionamiento y de sanción, si esto fuera necesario.

El consumidor debe tener acceso a un producto, a un alimento fresco, siempre disponible en los lineales, perfectamente identificado y acorde a la calidad esperada. No podemos continuar con el exceso de marcas comerciales y calidades diferentes si queremos competir con la banana en el que hoy en día es, y quizá casi será, nuestro principal y casi único mercado de destino o expedición: la Península y Baleares y algo en Portugal.

Los precios deben ser remuneradores para que los productores mantengan sus rentas, los maduradores garanticen su margen comercial y así los plátanos lleguen al consumidor con un precio de venta al público aceptable. Si son excesivos respecto a la banana, esto puede cambiar la percepción del consumidor y contribuir con la pérdida progresiva de demanda a hacer peligrar la cuota actual de mercado del plátano de las islas.

Con el plátano, aunque algunos operadores hacen caso omiso, la ley de la oferta y la demanda también funciona. Y es necesario el equilibrio para obtener un precio adecuado. El Decreto 48/2018, de 16 de abril, por el que se regula el reconocimiento de las Organizaciones Productoras de Plátanos (OPP) y sus asociaciones (Asprocan), en el BOC de 26 de abril de 2018 y cuya lectura es recomendable, en su artículo 3, apartado a, dice que uno de los objetivos que deben perseguir dichas entidades es garantizar que la producción se planifique y se ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la calidad y a la cantidad.

Hoy no existe una planificación de la producción en las OPP ni métodos efectivos de control. Las OPP, muchas, no están consolidadas y son meros acuerdos entre grupos de productores para gestionar las ayudas del Posei. Dentro de una misma OPP, varias personas venden independientemente a maduradores en la Península. Las OPP compiten entre sí y no coordinan sus decisiones. Prima el individualismo.

Es necesaria, por lo tanto, la unidad real del sector y se requiere dar un impulso a la integración, la coordinación y la cooperación. La Comisión de Comercialización de Asprocan es débil y no la conforman todos los agentes que deberían estar en ella. No existe confianza dentro de la propia Asprocan. Es necesaria una transición hacia un nuevo organismo gestor, profesional, democrático, eficiente, transparente, con disciplina y potestad sancionadora, compuesto por OPP, OPA y la Administración pública como garante, con el objetivo de lograr la unidad de la oferta.

A lo anterior se une que el sector debe reducir los costes de producción. Existe demasiada capacidad instalada, demasiados centros para el empaquetado, muchos de ellos duplicados en las mismas zonas y ociosos durante muchas jornadas. Lo racional es hacer compras conjuntas de insumos, utilizar sistemas de envío a la Península en cajas de plástico retornables. Hay que potenciar la integración con las concentraciones empresariales y de cooperativas, para ser más eficientes y para que el agricultor perciba una mayor remuneración final.

Desde un sector unido y eficiente es como podemos defender nuestro negocio en el mercado peninsular e intentar entrar en algún nuevo mercado con alguna posibilidad de éxito. Nos enfrentamos a una banana competitiva y a una distribución concentrada y más poderosa que nunca.

Las consecuencias de la erupción fueron particularmente devastadoras para el sector primario. La ceniza arruinó cosechas y derribó invernaderos. La lava también inutilizó el acceso por carretera y la distribución del agua de regadío a una de las zonas más importantes de cultivo de platanera de La Palma y de Canarias: El Remo-Las Hoyas-Hoya Verdugo.

La redefinición de las carreteras y de las redes de riego, la reconstrucción de invernaderos, la retirada de ceniza y la replantación han permitido recuperar la actividad agraria en esa y otras zonas afectadas de la isla. Para ello, la Consejería de Agricultura del anterior Gobierno convocó y cofinanció, según la Orden de 21 de febrero de 2022, subvenciones amparadas en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR).

Pero el balance actual es que de las 370 hectáreas de cultivo sepultadas por la lava sólo se ha podido restablecer el cultivo en el 5%. Son las situadas en el borde de colada. El resto sigue bajo el manto negro, el malpaís.

El anterior Gobierno ideó un proyecto de reparcelación a través del proceso de concentración parcelaria pública, la macrofinca, desechada por el actual Ejecutivo de Canarias por considerar que no era la vía adecuada para la recuperación agraria. Nunca fue llevada a consulta a los afectados.

Hubo un proceso de participación ciudadana donde se concluyó que el objetivo que debía perseguirse era el de recuperar la máxima superficie de cultivo posible y que el mayor número de agricultores retomara la actividad, siempre entendiendo la recuperación del suelo agrario como una cuestión estratégica de soberanía alimentaria y de mantenimiento del modelo económico tradicional de La Palma que fuera compatible con las oportunidades que surgen tras el volcán y apostando por un desarrollo racional y sostenible de todos los sectores económicos para beneficiar a todos los habitantes de la isla.

El 11 de marzo de 2024, se aprueba el Decreto-ley 33/2024, que fija las diferentes alternativas para afrontar la recuperación agraria. Se autoriza a los agricultores o a reconstruir sus fincas donde antes las tenían, a proponer la tramitación y aprobación de concentraciones parcelarias de carácter privada, o, si no quieren continuar con la actividad agrícola, a acogerse a una compensación económica basada en el valor real de lo perdido: 44,06 euros/m2 para fincas de plátano; 29,37 para aguacate; 8,59 para viña, y 6,58 para el resto de cultivos. Son datos del informe de valoración de la Dirección General de Agricultura de poco después de la erupción.

Posteriormente, en 2024, un estudio técnico de ese mismo organismo fijó en 62 euros/m2 el coste de la reconstrucción para las nuevas fincas sobre la lava. La propia norma, y apuntando a posibilidades de diversificación económica, también recuerda la compatibilidad de la actividad agraria con la turística en sintonía con la Ley de las Islas Verdes en los tres municipios afectados, y habilita de manera expresa el de Los Llanos de Aridane, despejando las dudas técnicas existentes en su aplicación al carecer este de un Plan General de Ordenación actualizado.

Aparte del marco normativo y financiero, también se necesita el compromiso de las administraciones públicas, gobiernos central y autonómico, Cabildo insular y ayuntamientos, para la recuperación de los caminos que llegan a las fincas, junto con la colaboración necesaria de las comunidades de regantes para montar las nuevas redes de distribución de agua de riego, así como la habilitación de las zonas y vetas de tierra identificadas en la isla para poder extraer el sustrato necesario (suelo de prestación) y extenderlo sobre las sorribas a un precio razonable. Antes de la erupción, el valor de ese recurso era de 9 euros/m3; ahora, supera los 25 euros/m3.

No podemos olvidar los condicionantes técnicos y agronómicos para poder cultivar sobre las coladas. La Dirección General de Agricultura, a finales de 2023, encargó a la entidad Involcan un informe y modelo sobre el enfriamiento, en el que se sugirió una reconstrucción de afuera adentro, a medida que se vayan enfriando las coladas. Las roturaciones deben ser lo más superficiales posibles para evitar las temperaturas incompatibles con los cultivos.

También es importante recordar que, para mantener los ingresos de los agricultores afectados, la Consejería de Agricultura, la actual y la anterior, solicitaron a la Comisión Europea el mantenimiento de la ayuda Posei para los productores que perdieron sus fincas. La Unión Europea lo aceptó, pero exige, a cambio, el compromiso de los agricultores, mediante la firma del conocido Anexo III, de reconstruir sus explotaciones desde que tengan las comunicaciones y el agua llegue a sus parcelas, y a mantenerlas en propiedad durante tres años a partir de su recuperación.

Pero volvamos a los recursos económicos necesarios. Después de las últimas elecciones, se pacta, para la investidura del Gobierno de España y en la llamada Agenda Canaria, una dotación financiera de 100 millones de euros anuales destinados a recuperar los daños materiales del volcán: viviendas, explotaciones agrarias y edificaciones e instalaciones de bienes afectos a actividades empresariales. El Gobierno de Canarias se compromete a aportar 50 millones más, y se espera que así sea durante cuatro años. En el Real Decreto 1127/2023, de 19 de diciembre, el Gobierno central concede y posteriormente ingresa en las arcas autonómicas la primera anualidad, y es la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias la encargada de repartir esas ayudas.

El 26 de marzo de 2024, en el BOC nº 68, de 5 abril de 2024, el nuevo consejero de Agricultura convoca un segundo PDR, con la idea de financiar la recuperación de las parcelas que ya tenían la preceptiva licencia municipal, que es la obligada por el Decreto-ley 33/2024 para recuperar las fincas. Se consulta a los ayuntamientos y se estima que se han concedido licencias para recuperar unas 45 hectáreas, aproximadamente.

Se produce una avalancha de solicitudes, exactamente 297, lo que supondría rehabilitar más de 150 hectáreas de cultivo. Ese dato indica que, con financiación, los afectados están animados a afrontar la tarea. Pero la mayoría debe de esperar a próximas convocatorias porque aún sus fincas no presentan las condiciones de temperatura adecuadas para poder trabajar y, por eso, no tienen licencia. Circuló entre los afectados el bulo de que esta convocatoria era la última oportunidad para obtener financiación y así recuperar sus fincas. Una mentira difundida no se sabe por qué motivo, pero que ha generado muchos gastos innecesarios a los afectados. El Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC), que viene a sustituir al PDR en el septenio presupuestario de la UE 2021-27, incorpora en las medidas de modernización la acción destinada a la reconstrucción del potencial dañado por el volcán palmero, medida a la que los afectados podrán acogerse en futuras convocatorias.

Muchas solicitudes estimadas además han tenido que quedarse en la reserva porque la orden de convocatoria no ha sido dotada con el crédito suficiente. Son necesarios 26 millones de euros y se resolvió sólo con el crédito inicial de fondos europeos, de 3 millones de euros. Se esperaba que, antes de publicarse la resolución, llegara de la Consejería de Presidencia el dinero necesario, no más de 44,06 euros/m2, para completar el 100% del coste necesario para abordar los proyectos.

En la primera convocatoria del PDR, la del anterior Gobierno autonómico, la orden se que convoca por poco más de 121.000 euros y luego se habilita financiación por 25 millones. El Gobierno de España puso 10 millones; el Gobierno de Canarias, otros 10, y la Unión Europea, 5. Esta estructura de cofinanciación que permitió el anticipo del 80% del apoyo público para que los beneficiarios pudieran iniciar los trabajos sin tener que solicitar dinero a las entidades financieras.

En cambio, desde la Consejería de Presidencia actual se opta por la opción de compensar a los propietarios directamente con los 44,06 euros/m2 y, por lo tanto, de no entrar a formar parte de la cofinanciación de la reseñada orden. Por ello sólo se pueden atender 23 de las solicitudes presentadas a esa convocatoria. La realidad es que se opta por el plan de pagos, por compensar a los afectados por el valor real de lo perdido a fecha de 19 de septiembre y que estos hagan con ese dinero público lo que quieran.

Entendemos que bajo esa solución muy poco suelo agrario se va a recuperar sobre la colada del Tajogaite, pues no se aportan los fondos suficientes para cubrir los costes de reconstrucción. Inexplicablemente, se renuncia a los fondos europeos adicionales que el programa PDR puede aportar. Además, con la cofinanciación, se puede anticipar, como en la convocatoria anterior, parte del dinero necesario sin tener que acudir a los bancos, y también es posible coordinar proyectos de concentración parcelaria privada con algunas comunidades de regantes o grupos de agricultores que ya han expresado ese deseo.

De la misma manera, se compromete a los beneficiarios a la justificación y correcta utilización del dinero público, y se podría frenar la inflación de costes provocada por las empresas de construcción al limitar estos gastos poniendo límite a las sorribas profundas, caras y no necesarias ni recomendables. También limitando los caprichos de algunos agricultores empeñados en colocar sustratos con mucho espesor de tierra sobre las sorribas. En las sorribas sobre la fajana del volcán de San Juan no se superaron los 80 centímetros. Y es insolidario e irracional financiar otros sistemas de riego que no sean de goteo.

Deben ser la titular de esa Consejería de Presidencia, doña Nieves Lady Barreto, y el consejero de Agricultura, don Alejandro Narvay Quintero, los que expliquen por qué se toma la decisión de no aportar los fondos necesarios y disponibles en los 100 millones de euros transferidos por el Gobierno central con cargo a 2024 a la segunda convocatoria del PDR para la reconstrucción agrícola de La Palma.

Y es de ellos la responsabilidad acerca de la paralización que va a sufrir la reconstrucción agraria en La Palma y las consecuencias que esto va a acarrear. ¿Dejará Europa de seguir abonando las ayudas Posei a los afectados con cultivos bajo la lava? ¿Europa solicitará el reintegro de lo ya abonado por incumplimiento del Anexo III?

En La Palma se esperan respuestas. No caben las declaraciones ni los relatos basados en echar la culpa a los demás.

Jules Raymond Mazarin, más conocido como el cardenal Mazarino, fue un diplomático, cardenal y político italiano, primero al servicio del Papa y más tarde al de los reyes de Francia Luis XIII y Luis XIV, además de sucesor del cardenal Richelieu como ministro principal de Francia.

Mazarino, entre otras cosas, pasó a la historia por practicar una política de promesas y retrasos calculados. Por ejemplo, en la insurrección armada de Ardèche y para mantener desarmados a los hugonotes, los protestantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de religión, les hizo creer, nada más y nada menos que durante seis años, que estaban en vísperas de recuperar las protecciones del Edicto de Nantes, firmado en abril de 1598 por el rey Enrique IV de Francia y que autorizaba la libertad de conciencia y de culto a los calvinistas. Al final, los protestantes no obtuvieron nada de nada.

A los plataneros tradicionales de Canarias nos está pasando lo mismo que a los calvinistas con Mazarino. Pero, en nuestro caso, con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias y en el asunto de la aprobación del nuevo decreto que debe regular la asignación de las cantidades de referencia a los productores de plátano.

Don Alejandro Narvay Quintero Castañeda ha optado por practicar el arte de la dilación y la apariencia en estado puro, antes de aceptar su responsabilidad y tomar una decisión al respecto. Lleva anunciando la aprobación del mentado decreto desde diciembre de 2023.

Se ha reunido, en múltiples ocasiones, con las OPA y las OPP, por separado en unas ocasiones, juntas en otras y con Asprocan, citas en las que se han propuesto medidas para hacer un nuevo reparto de los 141,1 millones de euros en ayudas del programa Posei de la Unión Europea (UE) y sobre cómo implantar otras acciones para controlar la oferta de esta fruta y su continuo y desmesurado crecimiento en los últimos años. Todo ello en busca de proteger los precios que percibe el agricultor y de garantizar la viabilidad de las explotaciones tradicionales de Canarias, amenazadas por un largo periodo, nunca visto, de sobreoferta, malos precios y excesiva retirada de fruta del mercado.

El 26 de julio pasado, todos los grupos políticos presentes en el Parlamento de Canarias aprobaron por unanimidad una proposición no de ley (PNL) donde se instaba al Gobierno de Canarias a la modificación de la regulación actual sobre la ayuda al plátano de la UE, la todavía hoy vigente. Fue un hecho histórico por el gran consenso logrado, pocas veces antes visto, acerca de los cambios que son necesarios introducir en el cultivo más importante de Canarias.

Del 20 de septiembre al 11 de octubre, mediante la publicación del borrador de decreto en el BOC, en procedimiento de exposición pública, se abre la posibilidad de participación ciudadana y de enviar iniciativas y aportaciones a ese proyecto de norma. Las alegaciones presentadas fueron favorables al texto expuesto, ampliamente apoyado, por más del 80% de las respuestas recibidas.

Ese procedimiento contó con una gran participación y amplio apoyo, pero parece ser que ello no fue suficiente para que el señor consejero abandone su actitud timorata y su estrategia de dilación. Nunca jamás ningún consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias había tenido tan amplios y claros apoyos en el sector platanero para modificar su regulación.

El pasado 3 de diciembre la Consejería saca una nota de prensa indicando que el Gobierno avanza en la tramitación del proyecto y tiene prevista su aprobación entre finales de febrero y principios de marzo de 2025 “sin modificaciones sustanciales” sobre el texto aprobado por el Parlamento de Canarias en la PNL.

Una vez más otra patada hacia adelante, otro retraso, donde el consejero falta a la palabra dada en las últimas reuniones del pasado mes de noviembre con Cooperativas, OPA, OPP y ASPROCAN donde había dicho que diciembre de 2024 era la fecha de aprobación. 

En las últimas reuniones, ha expresado diferentes opiniones en función de quién sea su interlocutor. O cuenta una parte o la totalidad de sus intenciones, dependiendo de a quien tenga enfrente o con quien se reúna.

Y ahora mismo el comportamiento del señor Quintero Castañeda comienza a interpretarse por algunos actores del sector más como el de una persona cínica y mentirosa que como el de alguien indeciso.

Una de las modificaciones que quiere introducir en el proyecto de decreto es la de excepcionar la cantidad máxima de referencia a los productores de menos de cierta superficie. Se habla de una hectárea o más.

Esa decisión es un sinsentido con el que busca salvarse políticamente de la crítica de algunos dirigentes de Coalición Canaria en La Palma, arrastrados por la visión cortoplacista de parte de un grupo muy minoritario de productores que confunden la finalidad de la ayuda Posei.

La ayuda Posei no es a la producción, sino que está destinada al mantenimiento de la renta de toda la base social platanera. La excepción propuesta es, además, arbitraria. ¿Por qué ha de ser una hectárea y no dos o media? ¿Cuál es el criterio objetivo por el que se toma esa superficie?

De aplicarse, se favorece a los productores con fincas en primeras zonas o con producciones intensivas frente a los agricultores que, con la misma superficie, tienen sus explotaciones situadas en lugares menos favorecidos para el cultivo, incapaces de llegar a la productividad de los primeros.

Además, si fuese necesario aplicar un prorrateo en la distribución de la ficha financiera porque se superasen las 420.000 toneladas por año con derecho a la ayuda de la UE, ¿se les aplicaría la reducción con la misma intensidad a todos los productores, pero saliendo beneficiados los excepcionados? Ellos no tendrían el mismo límite de producción por hectárea que el resto. Un disparate.

Claramente, es una medida arbitraria e injusta según los criterios de reparto de la ayuda. Y afecta también, negativamente, a los productores palmeros de aquellos sitios donde no se pueda llegar a las productividades de las buenas zonas a las que se pretende exceptuar.

Después de un año de debate, las posturas se mantienen entre quienes estamos a favor y los que no quieren la modificación normativa. Estos últimos niegan la crisis estructural del plátano, y no han hecho ni una sola aportación en aras de solucionar el problema existente, salvo solicitar el aumento de la ficha financiera a Europa, en lo que todos estamos de acuerdo dado el crecimiento de los costes de producción en los últimos años y además porque nunca se ha revisado la dotación de la actual aportación comunitaria. Pero ya veremos qué ocurre. Resultan poco esperanzadoras las noticias recibidas desde la UE sobre posibles incrementos del gasto en el presupuesto.

Aquellos que están en contra no quieren cambiar ni una coma en la regulación platanera de Canarias. No ven ningún problema en que en los últimos 24 meses solo hayamos tenido tres con precios buenos, capaces de cubrir costes.

El consejero en su nota de prensa afirma que las plantaciones nuevas posteriores a agosto de 2024 no percibirán ayuda. Yo dudo de esa afirmación. El principio de seguridad jurídica va a impedir aplicar a esas fincas la norma con efecto retroactivo. Si el Decreto finalmente se aprueba ya es con fecha posterior. Es seguro que los propietarios de esas nuevas plantaciones ya se habrán encargado de inscribirlas debidamente y, si los dejan sin subvención, basarán los recursos judiciales que interpongan en la fecha de aprobación.

Y sobre esto último, hay que decir que los contrarios lo tienen claro porque ahora centran su estrategia y sus esfuerzos en que en la norma no se amplíe el periodo de cálculo del histórico. Y si se pasa a tres años, están presionando para bajar el peso al histórico consolidado del 50% al 40%. En varias ocasiones anteriores la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la UE expresaron su negativa a disminuir el peso del histórico consolidado. Ambas instituciones también consideran que es una ayuda para compensar la renta de los productores, no para incentivar la producción.

Por ahí va la estrategia de los opositores respecto a las modificaciones que se pretenden imponer en el nuevo texto y que para mí sí son muy significativas, ya que vacía de contenido y de efectos prácticos a la norma. Seguiríamos igual.

Se vuelve a intentar desviar el foco de lo importante del debate, lo central, lo mollar: tratar de poner las bases que permitan corregir los desequilibrios en precio y en volumen de nuestro mercado y poder garantizar la supervivencia de las explotaciones tradicionales de plátano en Canarias.

Señor consejero, lleve a Gobierno el decreto para su aprobación definitiva. Le pido que sea valiente y proponga el texto presentado a exposición pública, que cuenta con el respaldo mayoritario del sector

Tome una decisión y acabe ya con esta situación. Se ha alargado demasiado y comienza a ser incómoda para todos.

Los agricultores plataneros, propietarios y medianeros, necesitan certezas, saber qué medidas se van a tomar y cuándo: si existen esperanzas para mejorar la viabilidad de sus fincas y la rentabilidad de su actividad, o si no las hay. También porque han de tomar decisiones, y a muchos no les va a interesar seguir o aguantar si no ven una luz al final del túnel. Son muchas las explotaciones que han acumulado pérdidas durante dos años seguidos.

Los agricultores tradicionales canarios tendremos la oportunidad de valorar su decisión, la del Gobierno y las posturas que han mantenido todos los actores participantes en este asunto.

A Mazarino le dio muy buenos resultados su estrategia, con un desmesurado enriquecimiento en menos de diez años (1652-1661), que se calculó como la mayor fortuna privada de la época.

Sinceramente, no creo que la táctica planteada por el señor consejero y, por ende, la del Gobierno de Canarias en este asunto del decreto del plátano, conduzca a la obtención de algún rédito, económico, seguro que no, y político, también lo dudo.