El reciente apagón que dejó a gran parte de la Península sin suministro eléctrico ha desatado una tormenta de reacciones. Lo que debería haber sido un análisis sereno y técnico sobre vulnerabilidades del sistema eléctrico, ha sido aprovechado por algunos sectores para activar su maquinaria ideológica contra las energías renovables. Se ha instalado en ciertos medios un relato manipulador, que pretende señalar al sol y al viento como los culpables del apagón, como si su carácter intermitente fuese la raíz de todos nuestros males.

No es una simple crítica técnica. Es un ataque político y económico disfrazado de sentido común. Y no podemos permitirlo.

Porque detrás de ese discurso, a veces burdo, a veces envuelto en un aparente rigor, lo que se esconde es el deseo de frenar la transición energética. Son los mismos que, año tras año, han defendido la permanencia de un modelo fósil obsoleto, contaminante y vulnerable. Son los que han rentabilizado durante décadas un sistema que condena a nuestras economías a la dependencia exterior y a nuestros pulmones a respirar humo. Son los que hoy nos dicen que no se puede prescindir del gas ni del petróleo, precisamente porque su negocio es que nunca lo hagamos.

Y ahora, ante el más mínimo fallo del sistema, se lanzan como buitres a aprovechar el miedo. Pero el miedo no puede ser el combustible de la política energética. No podemos permitir que un hecho aislado, aún en investigación, se convierta en excusa para desprestigiar el único camino posible hacia un futuro habitable.

No. Las renovables no son el problema. El verdadero problema es seguir instalados en un modelo del siglo XX mientras el planeta clama por un cambio.

La emergencia climática no es una moda ni una exageración de ecologistas idealistas. Es una realidad abrumadora avalada por la ciencia, que ya está teniendo consecuencias devastadoras: fenómenos meteorológicos extremos, incendios incontrolables, pérdidas agrícolas, migraciones forzadas y desequilibrios económicos a escala global. Y la causa está clara: el uso masivo de combustibles fósiles.

Frente a esto, las energías renovables representan una solución viable, limpia, descentralizada y asequible. Y, aunque es cierto que requieren adaptación del sistema, como cualquier innovación transformadora, esa adaptación ya está en marcha. Es técnicamente posible. Es económicamente sensata. Y es moralmente imprescindible.

Quienes hoy atacan a las renovables con saña no están defendiendo la estabilidad del sistema; están defendiendo privilegios. Están utilizando el miedo al apagón para apagar el debate sobre el futuro. Quieren convencernos de que vivir con renovables es vivir con incertidumbre, cuando lo cierto es que el mayor riesgo de todos es no avanzar.

Y para demostrarlo, no hace falta mirar a Alemania, ni a Dinamarca, ni a California. Miremos a Canarias.

En un sistema eléctrico fragmentado, aislado y con altísima dependencia exterior, se está construyendo un modelo energético que, con todos sus errores como el proceso de concurrencia competitiva, demuestra que es posible integrar grandes cuotas de renovables sin comprometer ni la estabilidad ni la calidad del suministro. ¿Cómo? Con inteligencia, con planificación y con tecnologías de almacenamiento como los bombeos hidráulicos.

El Salto de Chira, en Gran Canaria, no es solo una infraestructura hidráulica. Es una pieza clave en el nuevo paradigma energético insular. Permitirá almacenar energía excedente en horas valle, cuando la eólica o la solar producen más de lo que se consume, para liberarla cuando más se necesita. Esto no solo estabiliza el sistema, sino que reduce drásticamente la necesidad de respaldo fósil, acorta el camino hacia la autosuficiencia energética y multiplica la capacidad de penetración renovable.

Y no es un caso aislado. La Palma, El Hierro, Tenerife... Todas las islas están avanzando, cada una a su ritmo, hacia un modelo donde el almacenamiento, la generación distribuida, las microrredes y la participación ciudadana configuran un nuevo ecosistema eléctrico: más resiliente, más limpio y más justo.

Quienes hoy critican las renovables desde sus tribunas no se detienen a mirar estos ejemplos. No les interesa hablar de la eficiencia del bombeo, ni de las mejoras en la gestión de la demanda, ni de las oportunidades del hidrógeno verde, ni del autoconsumo, ni de los vehículos eléctricos que devuelven energía a la red. Prefieren el eslogan fácil, la consigna del miedo, la defensa a ultranza de un statu quo que ya no se sostiene ni técnica ni éticamente.

Pero la ciudadanía no es tonta. La gente quiere soluciones, no más excusas. Quiere respirar un aire más limpio, pagar menos por la energía, participar en su producción y no ser rehén de los mercados internacionales del gas. Quiere futuro.

Por eso hay que alzar la voz. No podemos permitir que se criminalice a las renovables por errores que nacen de la falta de inversión en redes, falta de inversión en bombeos y almacenamiento en general, de la lentitud en la digitalización del sistema, o del abandono histórico de la planificación energética por parte de algunos gobiernos.

No hay que parar la transición energética. Hay que acelerarla

La transición energética no es una opción ideológica. Es una obligación generacional. Un deber hacia quienes vendrán después, pero también hacia quienes hoy sufren los costes de un sistema injusto e ineficiente. Y esa transición pasa, inevitablemente, por dejar atrás los combustibles fósiles y abrazar las energías limpias con todas las herramientas a nuestro alcance.

En cada kilovatio renovable hay más que electricidad. Hay dignidad, hay justicia climática, hay soberanía, hay futuro.

Hace unos días, el consejero de Industria del Cabildo de Tenerife nos regaló una perla para el debate energético: “Canarias no estará preparada para ser 100% renovable hasta dentro de 40 o 50 años”. Nada menos. Medio siglo. Así, sin despeinarse.

Y claro, al escuchar semejante previsión, uno se pregunta si el objetivo es lograr la transición energética… o disecarla.

Porque sí, es cierto que hablar de almacenamiento energético, de intermitencia o de estabilidad del sistema da cierto empaque técnico al argumento. Pero no nos engañemos: presentar un plazo de 50 años como si fuera una conclusión inevitable de los modelos eléctricos, en lugar de una coartada institucional para seguir sin moverse demasiado, raya lo cómico.

La historia energética de Canarias en los últimos 20 años podría resumirse como un despliegue coreografiado de buenas intenciones, seguidas por una pausa, una comisión, otra pausa, una revisión técnica, una nueva ley, una mesa sectorial... y vuelta a empezar.

Y ahora, en lugar de aceptar que el problema es político y administrativo —que lo es—, se nos dice que lo que falta es “tiempo”. Medio siglo, concretamente. Como si estuviéramos esperando que maduren los mangos de la innovación, o que la eólica marina florezca por generación espontánea.

Mientras tanto, territorios como Madeira, Hawái o incluso El Hierro —con todas sus limitaciones— demuestran que con voluntad, planificación y tecnología disponible, se puede avanzar de forma tangible y ambiciosa hacia un sistema más limpio y autónomo. Pero nosotros, tranquilos, que tenemos hasta 2070.

Otro clásico del argumentario inmovilista es culpar a la tecnología. “No tenemos aún capacidad suficiente de almacenamiento”, se repite como si habláramos de ciencia ficción. Sin embargo, los sistemas de baterías, las centrales hidroeléctricas reversibles y el hidrógeno verde ya no son prototipos: son soluciones comerciales, funcionales y, en muchos casos, ya implementadas en otras islas del mundo.

La central de Gorona del Viento no es perfecta, pero existe. Y es un ejemplo. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir usándola como “excepción exótica” en lugar de como punto de partida?

Seamos serios: la tecnología no es la barrera. El problema no es que no podamos. Es que no queremos lo suficiente como para incomodarnos. Lo que falta es planificación, voluntad y, sí, valentía política. Porque transitar de un modelo fósil a uno renovable implica tocar intereses. Y ahí es donde se nos acaban las prisas.

Mientras dejamos que pasen las décadas, seguimos importando petróleo como si fuera agua bendita, a precio de mercado internacional y con cargo al bolsillo de los contribuyentes. Cada subida del crudo se traduce en más coste energético, más dependencia y más emisiones. Pero eso sí: luego organizamos congresos climáticos y hablamos de “neutralidad de carbono” como si estuviéramos en Oslo.

Todo esto ocurre en un archipiélago que disfruta de más de 2.800 horas de sol al año, un potencial eólico extraordinario, posibilidad de bombeo reversible en varias islas, y un sistema eléctrico compacto y manejable. Vamos, el escenario perfecto para liderar la transición energética… si no fuera porque aún estamos esperando el permiso, el informe técnico o el estudio de impacto que permita empezar algo más que una nota de prensa.

Plantear la descarbonización de Canarias en 2070 no es solo poco ambicioso: es un insulto al sentido común y a la urgencia climática. Es colocar el cambio en el terreno del “algún día” para evitar asumir compromisos hoy. Y lo más preocupante es que este tipo de discursos, al venir revestidos de “realismo”, gozan de cierta credibilidad pública.

Pero no nos confundamos: esto no es realismo, es derrotismo técnico-institucional. Y si no corregimos el rumbo, los 50 años que nos prometen no serán una exageración, sino una profecía autocumplida.

Las islas pueden ser 100% renovables mucho antes de 2070. Pero no será con discursos de espera, ni con titulares de resignación. Será con planificación, inversión pública y privada, participación ciudadana y, sobre todo, con el coraje político que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia.

En el proceso de descarbonización son muy importantes las expectativas y el peso de Tenerife en el archipiélago hace que declaraciones sobre la transición energética como éstas por parte del  Consejero de Industria de su Cabildo tengan especial trascendencia pues envía señales negativas a todos los agentes implicados en este proceso en Canarias. Invitamos a D. Manuel Fernández a rectificar sus declaraciones, su presencia en el cargo que ostenta no debiera ser un obstáculo para los desafíos de la transición energética en la que estamos inmersos. 

De una manera o de otra, lo cierto es que desde las instituciones tanto europeas como nacionales, se insta a las diferentes administraciones para que se lleven a cabo los esfuerzos necesarios para acercar la penetración de renovables a toda la sociedad y, para ello, entienden que la mejor manera de llevarlo a cabo es hacer partícipe a esta sociedad de la tarea en cuestión. En este sentido, desde el Gobierno de Canarias han creído que la mejor manera de conseguirlo es mediante la participación económica de la ciudadanía en aquellos proyectos que se instalen en la vecindad del lugar de residencia.

Para obtener lo comentado, desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía se está desarrollando un Decreto, que en estos momentos está en consulta pública en la web de la consejería y que aporta una serie de cuestiones que son muy interesantes desde el punto de vista del fin que se quiere conseguir.

En primer lugar, cualquier proyecto eólico o fotovoltaico, excluido el autoconsumo, cuya potencia instalada sea igual o superior a 2 MW deberá reservar al menos el 20% a la participación, bien en el capital, bien en la financiación o mixta, a aquellas persona físicas y jurídicas, radicadas en el ámbito insular en el que se pretende situar la instalación. Independientemente de la modalidad ofertada, se establecerá, en el caso de las personas físicas, una inversión mínima de 500 euros y una inversión máxima proporcional al 1% del proyecto.

El texto del decreto desarrolla todos los aspectos relacionados con esta participación, tanto en el orden de prevalencia territorial, como de los procesos reglados a llevar a cabo para facilitar que el propósito al que está destinado se cumpla de una manera efectiva.

No cabe duda de que el hecho de que al menos el 20% del control económico de los proyectos de renovables de cierta entidad, este en manos de los vecinos del lugar donde se instalen y además se busque una participación lo más extensa posible, entre esos vecinos, dotan a estos nuevos proyectos de toda la legitimidad democratizadora que desde algunas instancias se denunciaban que carecían las instalaciones que se han llevado a cabo hasta ahora.

Desde Salto a La Transición Ecológica queremos aplaudir el acierto que la consejería ha tenido con esta iniciativa normativa y le animamos a continuar por esta senda, dado que la solución a nuestros problemas energéticos compatibles con la inexcusable lucha contra el cambio climático antropogénico, no se encuentra en centrales térmicas en nuestros puertos o en procesos de concurrencia competitiva que nos lleven a renovar la flota de grupos de combustibles fósiles, la solución a nuestros problemas se encuentra en iniciativas como estas que empaquen adecuadamente una penetración acelerada de renovables en nuestros territorio, que nos lleve a descarbonizar nuestra economía lo más rápido que la tecnología nos permita.