Científicos y comunidades llevan años haciendo campaña para evitar la presencia de PFAS [por las siglas en inglés de sustancias perfluoroalquiladas] en los productos de uso cotidiano y en los procesos industriales, desde donde pasan al agua que bebemos, a los alimentos que ingerimos, al aire que respiramos y, en última instancia, a nuestros cuerpos. La veamos o no, la contaminación por PFAS nos afecta a todos y a cada uno de nosotros. 

En toda la Unión Europea (UE), organizaciones de la sociedad civil exigen a sus responsables políticos que obliguen a las empresas químicas a rendir cuentas por estos productos y a pagar por la contaminación que generan. En vez de eso, lo que hemos visto ha sido a empresas químicas, y a sus grupos de presión, trabajando de manera constante para oponerse, debilitar y retrasar las propuestas. De manera sistemática, sus poderosos grupos de presión han tratado de desviar las regulaciones que salvaguardan la salud pública y evitan la contaminación con el fin de mantener su beneficios.

Las principales empresas de la industria química conocen los peligros de los PFAS desde hace décadas. Sabían que estas sustancias químicas no se descompondrían nunca, que se acumularían en nuestros cuerpos y ecosistemas, y que representarían graves riesgos para la salud. Pero en vez de hacer sonar la alarma, la decisión de muchas de estas empresas fue seguir fabricándolos, exponiendo a las personas que trabajan con PFAS, y al resto de nosotros, a una contaminación dañina y permanente.

Las empresas que producen químicos y sustancias alternativos ya han demostrado que hay opciones más seguras, una clara oportunidad para que Europa lidere en la innovación. Pero las empresas que hacen lobby por mantener el statu quo se han interpuesto en el camino, impidiendo que Europa construya una economía del siglo XXI libre de una dañina contaminación que afecta negativamente a la salud pública.

La evidencia sale a la luz ahora gracias a una ráfaga de demandas por la contaminación tóxica que estas empresas han generado. Son casos en los que las comunidades afectadas exigen una reparación y una indemnización. Pero también subrayan lo crucial que es detener la contaminación por PFAS en este momento para limitar la contaminación futura. Es verdad que las personas en comunidades cercanas a las fábricas de PFAS son las que más sufren, pero nadie es inmune a esta polución.

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas [ECHA, por sus siglas en inglés] está avanzando con el análisis científico y socioeconómico de una de las propuestas más ambiciosas en la historia de la regulación de sustancias químicas: prohibir en la UE la producción y el uso de los PFAS, con la única excepción de casos de vital importancia para la sociedad en los que no haya alternativas menos peligrosas.

Gracias al Forever Lobbying Project, ahora tenemos una visión más clara de las tácticas de presión desplegadas por las empresas que obtienen beneficios gracias a los PFAS. Desesperados por mantener un statu quo en el que la contaminación les genera beneficios, los mayores productores de PFAS aumentaron en un tercio su gasto de lobby en la UE durante el último año, de acuerdo con la investigación de la asociación Corporate Europe Observatory.

El lobby que están haciendo las corporaciones amenaza con socavar los fundamentos de la ambiciosa propuesta para limitar los PFAS en la UE. Algo especialmente preocupante ante el programa emergente de la nueva Comisión Europea, que ha prometido propuestas favorables a la industria con el argumento de apoyar al sector industrial químico. En lo que se refiere especificamente a los PFAS, la Comisión ya ha enviado señales preocupantes.

Si se aprueba la propuesta, la regulación constituirá un paso monumental para detener la contaminación por los químicos eternos de los PFAS. 

Es vital preservar la integridad del proceso y asegurarse de que el reglamento final se base en datos científicos y no en las patrañas y el alarmismo de los grupos de presión de las empresas. Pero la Comisión Europea no dispone de normas específicas para proteger al proceso de toma de decisiones en la propuesta por los PFAS, y las evidencias mostradas por el Forever Lobbying Project demuestran que hay que actuar de manera urgente.

La Comisión debe garantizar que la toma de decisiones se guíe por los datos, y no por el alarmismo, y rechazar todas las reuniones a puerta cerrada en torno a los PFAS solicitadas por grupos de presión del sector que exigen claúsulas de exclusión y exenciones. La Comisión tiene que decirles que dirijan sus consultas a la ECHA después. Y si hace falta que algún sector presente nuevas evidencias, que lo haga de manera transparente en foros donde las falsedades puedan ser rebatidas. Son medidas que también deberían tomarse en gobiernos nacionales europeos como el de España.

Más allá de esta regulación, los gobiernos deben tomar medidas audaces para proteger a los ciudadanos y al medio ambiente. Esto quiere decir vigilar y limpiar las aguas y suelos contaminados, además de asistir con servicios sanitarios, ayudas económicas y reparaciones efectivas a los perjudicados tras décadas de negligencia.

Hace mucho tiempo que debería haberse puesto fin para siempre a la contaminación por PFAS y a los grupos de presión detrás de ella. No es demasiado tarde para que Europa lidere en el mundo con una regulación sobre los PFAS firme y fundamentada en datos científicos. Pero la Comisión Europea y los Estados miembros van a necesitar valentía para levantar un cortafuegos que los aisle de los grupos de presión tóxicos, como ya ha hecho la ONU con los lobbies de la industria del tabaco. Ya es hora de librarnos de los grupos de presión eternos y de garantizar un futuro más limpio y seguro para todos.