Puede que el carácter concluyente de la muerte nos interrogue más, o que haya determinado más la cosmovisión de todas las variadas tradiciones culturales, pero admitamos que la muerte (natural) carece de misterio: es un irrefutable y prosaico hecho biológico que nos alcanza a todos y, por tanto, es perfectamente razonable y justo, en el sentido de igualitario (otra cosa es que nuestra inteligencia, tan bellamente dotada de capacidad creadora como para imaginar el futuro, y en particular un futuro de ultratumba, no acepte que esa prodigiosa capacidad no se corresponda con una naturaleza lo bastante divina; y que nuestra conciencia no pueda sino escandalizarse, por estremecedor contraste, ante los cuerpos despojados de conciencia). Sin embargo, el sufrimiento sí es un misterio, pues es totalmente arbitrario, y por eso condiciona, remueve la experiencia humana de forma más radical: su afectación es intempestiva y veleidosa e inescrutable, y de este modo, perfectamente irrazonable e injusta, o al menos odiosamente discriminatoria. 

La muerte nos angustia porque no podemos evitarla y nos conmociona porque no podemos vencerla. El sufrimiento nos angustia porque no podemos evitarlo y nos violenta porque no podemos comprenderlo. Pero que el sufrimiento no pueda comprenderse, como no puede entenderse la maldad (a pesar de los esfuerzos psicoanalíticos de tantos libros y películas que, guiados por un determinismo que niega el libre albedrío y las probabilidades terapéuticas de la ciencia, la fe o el arte, terminan motivando la más abyecta psicopatía en recónditos traumas supuestamente insuperables), no significa que no pueda reaccionarse contra él y vencerlo, es decir, dominarlo paliativamente o, incluso, sanarlo felizmente. Una sociedad que se resigna al sufrimiento es una sociedad derrotada, una sociedad muerta. La sociedad riojana todavía no se ha resignado al sufrimiento, como acreditan los Premios Kilómetro Cero que entrega este periódico, pues los ganadores (Proyecto Hombre, El Llavero, RioxaNostra y el profesor Iván Fernández) se rebelan, comprometen y trabajan para restañar tantas ausencias y carencias, tantos padecimientos de distinta clase.  

No obstante, la controversia pública sobre el ejercicio de la eutanasia por Noelia Castillo ha permitido que asomen algunos signos preocupantes de resignación al sufrimiento o, como mínimo, de vacilación ética al respecto. No voy a polemizar sobre la eutanasia ni sobre su aplicación a este caso concreto, entre otras razones porque, como jurista, su legalidad ha sido avalada judicialmente y por los informes técnicos preceptivos. Lo que voy a criticar es su tratamiento desenfocado en el foro o ágora de la discusión social y mediática (ya ven que la conformación de una conversación democrática madura es una de mis obsesiones). El debate se ha parapetado o enmascarado sustancialmente, y no de forma inocente (por la resonancia social o política y no sólo personal de su decisión), detrás del sufrimiento biográfico de la joven (padres divorciados, desahucio, internamiento en un centro de menores, agresiones sexuales, consumo de drogas, intento de suicidio), un sufrimiento que, no sólo por acumulación o aplastamiento, apela a nuestra más honesta ternura. Se ha justificado la decisión en esa atribulada biografía (me refiero, insisto, a la opinión más frecuente, no al procedimiento administrativo), en la narración de sus desgracias, más que en una enfermedad grave, crónica e irreversible o en las limitaciones intolerables de la autonomía funcional cotidiana, que son los requisitos que exige la ley; desgracias contra las que otros se enfrentan y de las que, bien ayudados por profesionales y familiares y amigos, y con un esfuerzo encomiable, tratan de recuperarse y habitualmente lo consiguen. El debate se ha reorientado intencionalmente para inflamarlo de melodrama. 

Es intelectualmente contradictorio y moralmente pueril que se confunda la compasión con la que nos debe conmover cualquier sufrimiento (o, incluso, con la que nos debe conmover, antes de su depuración fáctica, la percepción subjetiva que cada individuo pueda tener sobre su sufrimiento), con el apoyo institucional a que los sufrimientos biográficos, siempre irrazonables y arbitrarios, puedan convertirse en causa suficiente y justa de una muerte asistida con recursos sanitarios públicos. Y, sin embargo, esa confusión se ha prodigado en demasiadas conversaciones durante los últimos días, de manera más abierta o subrepticia. Salvo quienes infligen sufrimiento de manera consciente y voluntaria, nadie merece sufrir en ningún grado, precisamente porque tal sufrimiento siempre será anormal e injusto; pero es harto peligroso que nos resignemos a que la muerte sea la primera o una de las prioritarias soluciones al sufrimiento de una persona con una trayectoria vital turbulenta o abstrusa (y si nos resignamos, ¿a partir de qué momento deviene en la única solución?). Lo denuncio con dureza: esa tesis equivale a defender el suicidio, no la eutanasia. La muerte no es una alternativa o salida para el sufrimiento (biográfico), es la alternativa y la salida de la vida. 

Esa confusión acabaría conduciendo, además (y la amenaza es igualmente intimidante), a que se promueva la revisión sobre cómo debe intervenir el Estado ante los sufrimientos de sus ciudadanos. ¿Acaso anhelamos que nos suministre medios que garanticen la prevención y corrección de todos los sufrimientos que puedan cernirse cobre nosotros…? Por mi parte, me conformo con que las Administraciones Públicas no acentúen los sufrimientos inherentes a cualquier itinerario vital. Y por eso me irrita que el mismo Estado que cumple eficazmente con la eutanasia solicitada por una ciudadana para acabar con su sufrimiento, permita que, cuando revisan incapacidades, los equipos médicos de la Seguridad Social se comporten como tribunales de tortura, tan alejados de la deontología que debería inspirarlos (alejados no por el juicio científico, que podrá depurarse, sino por la actitud inmisericorde: no les importa humillar al paciente). Y por eso me ofende que ese mismo Estado (en este caso, la gestión autonómica del Gobierno vasco del PNV y del PSOE) fomente una interpretación tan desviada del beneficio penitenciario de la semilibertad, que esté conllevando que terroristas de ETA que no se han arrepentido ni han colaborado con las autoridades, y que en algunos casos (como el de ‘Anboto’) han cumplido sólo el 1% de su condena, regresen entre vítores a las mismas calles donde viven los familiares de los asesinados. 

Quien quiere o necesita politizar el dolor sólo buscará incrementar tu sufrimiento. 

En cualquier caso, como creo que hasta los comportamientos deliberadamente ridículos o lunáticos tienen una explicación (lo único que carece de explicación es la maldad, a pesar de tantos libros o películas que se esfuerzan por buscársela, y así la justifican), rechazo tratarles con la condescendiente incredulidad que suelen profesarles los adultos, que se aproximan a los therian con una fingida ternura porque piensan que su perplejidad es fruto de la brecha generacional. Este rechazo se forja, principalmente, en que varios chicos que frisan la mayoría de edad los perciben igualmente como una manifestación extravagante: hay una incomodidad transversal sobre la que conviene reflexionar con más hondura. Esa mayor profundidad exige un cambio en el eje de la discusión. Muchas personas se lamentan: ¿Qué pasa con las cabezas? Mientras que yo sostengo que la actitud o comportamiento therian es una respuesta a una relación patológica (personal y social) con el cuerpo, con los cuerpos. 

Desde luego, no me escandaliza el disfraz. El disfraz es un saludable y sofisticado símbolo de evasión, y con ese propósito se ha utilizado tanto en los rituales paganos como religiosos. En muchos sentidos, todo vivimos huyendo, pero el disfraz explicita una huida consciente, confesa, transitoria y reversible, y por ello terapéutica; es una rebelión cínica contra la imagen física (la que biológicamente recibimos y la que elegimos o nos diseñamos) que proyecta sobre nosotros un crisol de prejuicios. El disfraz nos permite comunicar una versión menos convencional (menos sujeta a la interpretación preestablecida) y, así, más auténtica o genuina de nosotros mismos: paradójicamente, el disfraz desenmascara los prejuicios. En cualquier caso, el disfraz solía sublimar nuestra necesidad de lo sensible y lo tangible, de lo sensual. Y aquí radica la subversión therian, que merece ese pensamiento menos cándido o socarrón del que comúnmente inquieta: el therian no recurre a la máscara para liberar a su cuerpo de una visión prejuiciosa o para impregnarlo de un nuevo significado inevitablemente dotado de sensorialidad, sino para desligarse de su cuerpo. El disfraz no trasforma, pues, una identidad corpórea, sino que nos indica cuál es la “psicología” o la “conciencia” o el “alma” en la que el therian se reconoce y por la que deberíamos reconocerle. El therian está enfrentado a su cuerpo, está ensimismado y quiere abstraerse de su cuerpo y lo espiritualiza, no acepta ser matérico o se opone a serlo en la forma en que lo es. Y esta escisión parte de una decisión voluntaria que se camufla detrás acciones aparentemente livianas e ingenuas. 

Quizá pueda extrañar este complejo cuando habitualmente se critica el “culto al cuerpo” que atraviesa e inunda nuestras sociedades, pero todo aquello a lo que se rinde culto presupone la existencia de un conflicto, irresuelto o probablemente irresoluble. Los adolescentes de todas las épocas han (hemos) afrontado un conflicto con su (nuestro) cuerpo, claro; y es que no es inocuo el descubrimiento de que provoca estímulos en los demás y que el cuerpo de los demás nos estimula, el descubrimiento de que el cuerpo es sexual no es inofensivo. Sin embargo, parece que muchos adolescentes de nuestro tiempo (los adolescentes, en particular) han transitado hacia un nuevo estadio de ese conflicto: la relación directamente patológica con los cuerpos, una especie de asco o ira o pavor escatológico, de la que los therian constituyen un epítome extremo (lo patológico no es el conflicto, sino que el conflicto no conduzca a resolver el conflicto, que se perpetúe porque se convierte en una elección vital). 

Puedo enumerar varias causas de nuestra procelosa actualidad que, creo, confluyen en este pernicioso proceso: el desprestigio intelectual del arte figurativo, la transformación relacional que han propiciado la tecnología digital y las redes sociales (y que infiltrado la competencia capitalista en el “mercado de la seducción”), el acceso prematuro e inmaduro a la pornografía, la publicidad que reemplaza la belleza genética de los cuerpos por una belleza manufacturada (no ya solo reforzada), el consumismo que necesita azuzar la percepción propia de insuficiencia (confundiendo nuestras expectativas con las de los otros), la ideología de la libre elección de género (que no la realidad científica de la transexualidad) o la pérdida de una cultura colectiva del erotismo (de sus gestos y símbolos, que demandan, como es inherente a toda insinuación, de una comprensión más aguda y atenta sobre cómo interpela un cuerpo). Estos factores han despojado a los cuerpos de su valor real de una manera u otra, han roto la vinculación entre cuerpo (cuerpo carnal, directo, inmediato) y personalidad, han disminuido o han privado al cuerpo de su componente afectivo. Y es que, en este último sentido, al fondo de esas causas resuena un egoísmo aislacionista que acalla el diálogo de los cuerpos (y que, así, atomiza la convivencia): importa exclusivamente cómo uno mismo se reconoce en su cuerpo y se ignora su potencialidad para que importe a otros. 

Hay profesionales cualificados que pueden ayudar a que cada individuo gestione esa relación patológica con su cuerpo, así que a ellos me remito. Yo sólo quería subrayar que el fenómeno therian no debe tomarse a ligera porque es un síntoma de un malestar extendido en nuestras sociedades, la herida abierta de una desafección típicamente posmoderna. Y también porque me permite precaver de un riesgo político: por esa grieta, la de la relación patológica con el cuerpo (y, secuencialmente, la de la insatisfacción del deseo), han penetrado las más abyectas manipulaciones, antes confesionales, ideológicas ahora. Si lo piensan detenidamente, antes que el control de las mentes, el poder ha rentabilizado mejor la claudicación de los cuerpos. 

Habitualmente escuchamos que el Parlamento es “el templo de la palabra”. Más allá de su cursilería, la denominación tópica peca de superficialidad, puesto que la palabra, que puede utilizarse de maneras tan legítimas como arbitrarias, no constituye ontológicamente un instrumento democrático; es más, incluso puede atacarla. Los versos de Blas de Otero lo descubren agudamente: la palabra debe ser instrumento de justicia y paz, que son, a su vez, presupuestos insoslayables de la democracia (humanista); pero aquella palabra que carece de justicia y paz no “defiende el reino del hombre”, no defenderá la democracia. Por su parte, a través de una estilizada puesta en escena, Dreyer nos muestra cómo la palabra mendaz o hipócrita o irresponsable o inconsciente carece de utilidad para “salvar la vida”. Durante las últimas semanas (quizá como bullente crisol de las tendencias corrosivas de los últimos años), hemos asistido a varios episodios que ejemplifican cómo la palabra, esto es, cómo algunos usos indignos de la palabra, puede erosionar y no contribuir a la democracia. 

La palabra negada. El título del artículo parafrasea el de la exitosa novela de Uclés, el autor que instigó la polémica cuando renunció a participar en las jornadas sobre la Guerra Civil que organiza Pérez-Reverte. El suceso me interesa (y preocupa) porque plasma la denuncia que Haidt y Lukianoff desarrollan en su ensayo La transformación de la mente moderna: los campus universitarios de EE.UU. han exportado una concepción de que las palabras (las ideas) son una forma de violencia (sorprendentemente, con una dimensión muy física, a la que también apeló Uclés); dicho de modo más preciso, que “el efecto percibido, sin atender a la intención” de esas palabras o ideas es una forma de violencia. Naturalmente, quien siente o teme que una idea puede amenazarle o agredirle (me abstraigo, por supuesto, del contexto penal) exige una respuesta institucional coherente: protección eficaz. Como ninguna protección asegura más eficacia que la prohibición (al menos a priori, teóricamente), el miedo se traduce en el rechazo y la ausencia de debate. Esta cancelación acentúa el pensamiento tribal, “la política identitaria del enemigo común”, y redunda en el círculo vicioso. Ninguna palabra o idea debería excluirse ad limine (de entrada, desde el comienzo) del debate público, sin perjuicio de que, ¡claro!, haya muchas que deban refutarse porque contrarían la justicia y la paz.  

La palabra emotivizada. El emotivismo que propagó Hume ha alcanzado su paroxismo en este siglo: se abandonan los juicios éticos racionales, ya que, en última instancia, la validez del juicio siempre depende del sentimiento. El extremo enfrentamiento político y social sobre la inmigración (que, por cierto, ha estallado después de largos años durante los que la política migratoria ha quedado relegada, como tabú, de un debate público sereno: adviértanse las consecuencias de esa expulsión, de la palabra negada) es un paradigma de la perversión de la palabra emotivizada. A pesar de que muchos discursos sobre inmigración se están tachando de sofistas, Gorgias perfeccionó los recursos retóricos para convencer hábilmente a su audiencia de una razón (relativa, no absoluta, porque era escéptico) y no de una emoción. La divergencia es extraordinaria: pueden discutirse dialécticamente los argumentos a favor y en contra de una determinada política migratoria, pero no puede hacerse lo mismo con los sentimientos (de angustia o xenofobia, de solidaridad o apego) que la inmigración provoca a cada ciudadano. Lamentablemente, la opinión pública está encerrada dentro de esta última trampa. 

Y, por último, la palabra deformada. Aunque Bertrand Russell nos legó “diez mandamientos” que permearían efectos beneficiosos para el debate público democrático, su filosofía analítica del lenguaje ha propalado, en la práctica política, un axioma adverso: que el lenguaje crea la realidad. Russell proponía esta teoría para comprender la realidad (epistemología), no para gobernarla (ética). Son los estructuralistas y los postestructuralistas, como Foucault, quienes dotan de una connotación ideológica a lo que originalmente era una tesis lógica. El problema de la vivienda ha propiciado una de esas palabras deformadas contra las que me rebelo: soluciones habitacionales (sintagma harto feo, pero la estética administrativa, si esto no es un oxímoron, no puede producir otra cosa). Me rebelo porque la alteración de la representación lingüística solo reorienta el debate público (ya no hay que ofrecer viviendas, sino alternativas residenciales, llamadas con neologismos en inglés, que siempre implican compartir una vivienda), sin que se solvente la verdadera necesidad y demanda ciudadana, que permanece invariable (¡una vivienda para construir un hogar!). La palabra deformada no revoluciona la realidad, solo la rinde a un interés.  

Frente a la palabra negada, emotivizada y deformada que erosionan nuestra democracia, la palabra sincera y radicalmente comprometida con la conciencia, como instrumento de justicia y paz, es la que contribuye a una democracia (humanista) y puede preservarla y “salvarla”. Pidamos esa palabra en nuestro febril y empobrecido debate público (la palabra digna de Blas de Otero y Dreyer, la palabra digna de la que se valió Liliana Sáenz, la hija de una de las víctimas del descarrilamiento de Adamuz), para que la mudez y la sordera no descompongan nuestra sociedad como hizo la ceguera en la ficción de Saramago.   

Abstrayéndome ahora de que Venezuela estaba (y continúa estando) regida por un gobierno ilegal y criminal, su pertenencia a una estructura imperial le hubiera dotado de unos recursos (administrativos, diplomáticos, económicos, tecnológicos, desde luego también militares) que habrían podido respaldar, al menos con carácter previo, una disuasión convincente. Por eso, ante la constatación rotunda de que EE.UU. y China han adoptado enfoques geoestratégicos imperialistas (mejor dicho, colonialistas: luego me explicaré), cada vez más depredadores, para repartirse el mundo según áreas de influencia (la retórica de Jinping es más taimada que la de Trump, pero tampoco disimula sus ambiciones; y, francamente, la Rusia de Putin carece de la fortaleza suficiente para imponerse, aunque su peligrosidad surge de que su tentación de dominio es la tentación de un moribundo), España solo podrá competir en el nuevo orden internacional si invoca y se convierte en adalid de la construcción de otra entidad imperial.

El Estado-nación es la unidad política (personaje) que emergió con las revoluciones americana y francesa de finales del siglo XVIII (por cierto, un personaje que creo que España, debido a su realidad histórica, geoestratégica y cultural durante las Edades Media y Moderna, siempre ha sentido como un disfraz al que ha tenido que amoldarse, y de ahí, en parte, la conflictividad identitaria que precipitó cuatro guerras civiles; pero el debate de esta ajenidad excede del propósito de esta columna). Se afianzó en Europa durante el siglo XIX y, a través de la expansión universal de las democracias liberales, se ha mantenido hasta nuestros días como la fórmula de organización sociopolítica preeminente (quizá también porque las normas e instituciones internacionales post-II GM, diseñadas por Occidente, reconocen al Estado-nación como su sujeto ordinario y principal). Sin embargo, EE.UU. y China han decidido que los modelos imperiales anteriores (me corrijo, de nuevo: coloniales) satisfacen mejor sus voraces apetitos, los confesos y los implícitos; y parece obvio que, siquiera por la lógica de economía de escala que alcanza a cualquier ámbito productivo, un Estado-nación está condenado a rendirse o someterse a un imperio. Ya no basta con que cada Estado-nación teja una red de alianzas con otros Estados-naciones (que, no obstante, tantas veces se demuestra timorata y elástica cuando se convoca), sino que hay que edificar una nueva y verdadera unidad política: otro imperio. 

La idea imperial está muy denostada en nuestra época, cuando en otras precedentes (en las que el protagonismo de la tribu, la ciudad-Estado o el señor feudal, con sus inherentes limitaciones, era coetánea o más reciente) se la admiraba como una suerte de último estado evolutivo de la civilización. Probablemente, el desprestigio surge de la confusión entre el paradigma imperial y el (devastador) paradigma colonial europeo del siglo XIX; paradigma al que creo, en puridad, responde el comportamiento de EE.UU. y China: de ahí que defienda que no son imperialistas, sino colonialistas. Sin embargo, me parece que la idea imperial debe reivindicarse, en particular cuando se observan algunos de sus más conspicuos ejemplos: es incontrovertible que el Imperio Romano, el Mongol, el Califato Abasí, el Azteca o el Español se forjaron con una implacable violencia bélica, pero, después de la cruda conquista, su hegemonía garantizó una cohesión de recursos y una estabilidad a su tiempo (curiosamente, también para sus rivales) que propició sólidos avances en la prosperidad, la virtud cívica institucional y el desarrollo social, cultural y científico, por no hablar del esplendor artístico. Por eso Maquiavelo emitía, tanto desde la dimensión política como ética, un juicio positivo de los imperios (lo que demuestra, como ya anticipaba en la primera parte de este artículo, que ambos análisis no se contradicen necesariamente). La idea imperial supera, aunque también incorpore, el interés mercantilista que predomina en la idea colonial, porque la metrópoli se esfuerza por replicarse o reproducirse en los territorios conquistados: se busca, por tanto, una asimilación o integración plena en todos los órdenes de la comunidad.

Evidentemente, cuando ahora reclamo que, frente a EE.UU. y China, la solución ante el nuevo escenario internacional sea otro imperio, no espero que emerja una metrópolis poderosa que aglutine a las demás naciones, y menos por la fuerza; sino que los Estados que comparten una identidad cultural cedan extensamente su soberanía en favor de una entidad supranacional más robusta (aquí reside la diferencia con el concepto de bloque), sin perjuicio de la descentralización política y administrativa que, dentro de ese imperio, pueda regularse. España tiene una posición privilegiada porque podría elegir a qué imperio (de los que, aventuro, podrían configurarse) se incorpora: si al europeo o al iberoamericano, nunca como líder (en particular, en este segundo, donde ese liderazgo correspondería a México o a Brasil), pero sí como un actor especialmente influyente. Desde esta óptica, debe celebrarse Mercosur como una primera aproximación, todavía tímida (aunque será raro que se desarrolle más allá de la fluidez comercial), a otro imperio. 

En fin, o España vuelve a ser un imperio durante el siglo XXI (a formar parte de un imperio, en el sentido explicado) o no será. Claro que esto exige, por un lado, que se venza la tenaz resistencia del carlismo vasco y catalán (tan trasnochado, el independentismo está fuera de la dinámica de escala del nuevo contexto geopolítico) y, por otro, un pacto de Estado para que la política exterior se proyecte al largo plazo y no al combate partidista interno.  

La opinión moderada europea ha encontrado una postura de consenso (la intervención puede deparar efectos benéficos para Venezuela, pero agrede el derecho internacional) que destila nuestra actual tribulación nostálgica, de la que se deriva esa desesperante incapacidad o parálisis para adoptar decisiones de gobierno con iniciativa de futuro. Se ha acompañado de una salmodia jeremíaca que denuncia que Trump ha provocado el “retorno de la ley del más fuerte”, mientras que nuestro sistema “basado en reglas” se funda en que “el fin no justifica los medios”. Esta constante reivindicación de un modelo de orden internacional (¿y qué significa orden cuando hablamos del poder?) que ya ha caducado, por mucho que nos disguste, y en el que podíamos abrigarnos cómodos y seguros porque lo habíamos confeccionado a la medida de nuestros intereses; este tormento (instigado por una inteligencia, tan lánguida como romántica, que carece de la perspicacia para anticiparse a los hechos) nos evoca o retrotrae fatalmente al que debieron sentir los aristócratas cuando las revoluciones burguesas detonaron el Antiguo Régimen. 

La repuesta pública mayoritaria al golpe de Trump contiene, pues, tres falacias ficcionales, que repetimos no sé si con más ingenuidad que hipocresía. También aquellos aristócratas clamaban que su civilización se “basaba en reglas”, mientras se arrodillaban ante la guillotina: todas las sociedades de cualquier tiempo se han sustentado en “reglas” (de hecho, la supuesta “ley del más fuerte” es una regla). Por tanto, no es la mera existencia formal de reglas lo que determina la calidad de un régimen, sino su justicia material (en la verdad y por la paz) y su eficacia. Como jurista, solo puedo entristecerme de que, durante los últimos años, se haya constatado la ineficacia del derecho y las instituciones internacionales que erigimos después de la II Guerra Mundial; pueden ser razonablemente justos (afirmo que lo son desde la perspectiva de la cultura occidental, de la que nacen), pero no han podido evitar ni extinguir la invasión de Ucrania, la masacre de Gaza, el feminicidio de Irán o la dictadura de Venezuela. Para que “el gobierno de las leyes” prevalezca sobre el de “los hombres”, según la clásica dogmática de Bobbio, la eficacia de esas leyes constituye una conditio sine qua non: si no, se reducen a discurso o entelequia. 

Nos engañamos, con escrúpulo recatado o inocencia complaciente, cuando ocultamos que esa eficacia depende de la coactividad. Y así se descubre la segunda falacia: el derecho siempre necesita de una garantía de fuerza o coerción para que se cumpla (solo después llegará la persuasión moral de los ciudadanos, y aún entonces seguirá siendo necesaria). El derecho estiliza y sofistica la violencia (entendiendo violencia como el vencimiento de una voluntad adversa a la norma), de manera que, cuando triunfa, se debe esencialmente a que es “el más fuerte”. Ya sea en las democracias liberales (funcionales) o los totalitarismos (funcionales), el Estado monopoliza el ejercicio institucional de la fuerza, pero, en el siguiente nivel, el de las relaciones entre Estados, no hay un agente que lo haga o que haya podido hacerlo (me refiero, claro, a la ineficacia constitutiva, en origen o en la raíz, de la ONU): de ahí que, en su ausencia, las potencias occidentales hayamos confiado a EE.U.U., el “más fuerte” de nuestros aliados, la preservación, mediante una nada risueña hegemonía militar, de un orden internacional que nos beneficiaba. En la práctica, nos hemos valido de “la ley del más fuerte”, de la que solo nos quejamos ahora, cuando parece atacarnos o revolverse contra nuestros objetivos.

La tercera falacia afecta a uno de los autores que más se cita de forma espuria: Maquiavelo. No solo es que el filósofo florentino nunca escribiese la máxima de que “el fin justifica los medios”, sino que este epítome ni siquiera condensa su pensamiento fielmente. Maquiavelo nunca excluyó que se emitiera un juicio ético de las acciones políticas: postuló que, como el arte u otras disciplinas del saber y hacer humanos, también pueden evaluarse con criterios propios de su ciencia e independientes de convicciones éticas o religiosas. Si lo aplicamos a la operación yanqui en Venezuela: por supuesto que puede reprobarse éticamente, pero, si la examinamos con los conceptos peculiares de la geopolítica, quizá tenga sentido. La penúltima astracanada de Trump de que “no necesita el derecho internacional” y de que “su moral” es el único límite para sus decisiones (y, así, ha vuelto a presentarse como indeseable ejemplo para la dogmática de Bobbio, antes citada) no se compadece con la doctrina de Maquiavelo: aun cínico o relativista (en la acepción filosófica de ambos adjetivos), nunca defendió que la moral privada de un individuo pudiera devenir en razón pública de Estado. Así pues, Trump no es maquiavélico, sino trumpista. 

Comparto la crítica ética a la intervención, pero, a la vez, demando, como haría Maquiavelo, que nuestros gobernantes aborden el análisis geopolítico estricto o pragmático, porque de ese esfuerzo (y ojalá que acierten) dependerá que España pueda ser competitiva en el nuevo mundo que está sustituyendo aceleradamente al anterior, que, seamos realistas, ya ha pasado y no volverá (o, al menos, no volverá a ser el mismo). Ese análisis necesita, preliminarmente, el desmontaje de una cosmovisión narrativa obsoleta o fraudulenta o ilusoria, y a ello he querido dedicar la primera parte de mi artículo. En la segunda, pretendo recoger las reflexiones constructivas sobre cómo creo que España debería posicionarse en el nuevo mundo y que se resumen en el título: la solución es otro imperio.  

Pero no pretendo que este artículo se convierta en una homilía sobre la humillación del poder ni la humildad del poder (por cierto, siempre tan reconfortantes, y habitualmente divertidas, por irónicas), ni mucho menos en una melodía sobre el espíritu navideño en esta época de agitación, sino en una reflexión de cómo esa concisión o laconismo elocuente de la narración evangélica (que, por lo demás, suelen compartir las obras maestras de cualquier disciplina artística) constituye un remedio útil para combatir la polarización política y social que continúa exacerbándose. Una advertencia preliminar, a este respecto: me sorprende que haya quienes se escandalicen de que una sociedad democrática pueda estar polarizada (más bien, me escandaliza que lo planteen como un oxímoron), cuando uno de los defectos inherentes a la democracia, por la diversidad de ideas y estilos vitales que promueve y debe amparar, es que genera enfrentamiento, división, fragmentación; quienes prefieran sociedades unitarias o uniformes, que escojan un Estado totalitario, pero que luego soporten sus contrapartidas. El peligro (¡la corrupción!), y es a lo que nos estamos precipitando aceleradamente, es que la confrontación deje de servir como un medio fértil para construir consensos sobre las soluciones que pueden reformar nuestros problemas y se convierta, sino ya en un fin en sí mismo (no son pocos los políticos a los que no se les descubre otra misión que la batalla, desgraciadamente), sí, al menos, en un exclusivo instrumento para lograr triunfos electorales: y así es cómo, en lugar de abono fértil, la dialéctica democrática termina en tierra quemada. 

Una de las razones por las que sigue expandiéndose la polarización es la sobreexposición a la que están sometidos nuestros políticos: confieso que no sabría decantarme por si son ellos quienes estresan a los ciudadanos con esa ansiosa permanencia mediática o si somos nosotros quienes les obligamos a ella (probablemente sea una mezcla), así que he elegido una fórmula gramatical neutra. Nuestros políticos tienen que estar hablando y diciendo cosas todo el rato, ya sea en los medios de comunicación tradicionales o en las redes sociales, como si un lapso de oportuno silencio o de sobriedad informativa significaran su ostracismo. Esta verborrea desaforada provoca tres consecuencias que inciden en la polarización: i) cuanto mayor es su tiempo de exposición, menor es el tiempo que dedican a pensar, y la polarización se alimenta de la ausencia de un debate mayéutico de ideas y de la simplificación y la superficialidad y la confusión mixtificadora; ii) cuanto mayor es su tiempo de exposición, menor es el tiempo que dedican a hacer (aprobar planes o ejecutar medidas), y la polarización crece cuando el hecho se rinde a la percepción (por muy honesta o bienintencionada que sea), cuando no se busca comprender la realidad sino que la realidad nos comprenda a nosotros; y iii) cuanto mayor es su tiempo de exposición, más engorda (por muy recatado o tímido que inicialmente sea el político) una inevitable vanidad de actor, una pulsión escondida (que en todos reside) hacia el exhibicionismo protagónico, y la polarización aumenta cuando se discute y especula sobre personajes y no sobre propuestas. Es un malentendido crítico que esa elocuencia pornográfica (superflua y subjetiva) se considere una premisa para una democracia transparente; por el contrario, el laconismo elocuente (claro y concreto) sí que es una premisa para una democracia funcional, pacífica: comunicar en democracia no es decir más, sino decirlo mejor. Si nuestros políticos tuvieran que exponerse menos (insisto en que no sé si esa nociva circunstancia parte de su estrategia comunicativa o de una preferencia ciudadana, pero sí que se retroalimentan), pronostico que la polarización se rebajaría rápidamente.  

También contribuiría a ese deseable dominio de la polarización que la democracia recuperara su cierto sentido religioso fundacional (permítanme que regrese al tono del primer párrafo). La democracia no es una fe sagrada, claro, pero sí que posee unos rituales secularizados (los debates parlamentarios, sin ir más lejos) cuyo reciente menosprecio les niega su relevante para vincularnos, intelectual y emocionalmente, con la ontología simbólica de este sistema de gobierno. Pero la eficacia del rito demanda dos actitudes a sus participantes, tan ajenas a esa elocuencia pornográfica de la polarización: apertura al misterio (esto es, a la transcendencia que persigue cualquier artefacto antropológico, sistemas de gobierno incluidos) y humildad (en la medida que el individuo se disuelve en una forma o ceremonia universal). Para contar lo importante (¡lo verdadero!), también en democracia, el laconismo elocuente de Lucas resulta mucho más benéfico.

¡Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo!

Del pésimo comportamiento de nuestra productividad responden los dos factores en las que se sustenta: tanto el capital, como la mano de obra. La productividad del capital calcula cuántas unidades de producción, ya sean bienes o servicios, se obtienen por cada unidad de capital invertido: la Unión Europea, la Eurozona y EE.UU. oscilan alrededor de la tasa que exhibían a principios de siglo, mientras que España se ha desplomado casi siete puntos porcentuales (datos de 2024), porque todavía prevalece el gusto por la (cómoda) inversión en activos inmobiliarios, en vez de la (arriesgada) inversión en productos relacionados con la propiedad intelectual y el capital tecnológico. Por su parte, la productividad del trabajo deduce cuántas unidades de producción se generan por cada hora de trabajo empleada. Si, de nuevo, contrastamos con un índice base en el año 2000, la productividad del trabajo estadounidense es un 26% superior a la que acreditaba en los albores de la centuria, la de la Eurozona, un 16%, y la española y la comunitaria, un 12% (lo que explica el aletargamiento económico comparativo de toda la Unión): así se verifica que la estructura de nuestro mercado laboral, inclinada mayoritariamente a actividades de servicios de bajo valor añadido (en el sentido de que son necesariamente intensivas en horas de dedicación), no premia la optimización de los recursos. 

Permítanme denunciar tres causas que (creo) nos han arrastrado, y continúan postrándonos, a esta preocupante situación. Primero, nuestra legislación laboral y de Seguridad Social ha articulado un régimen tan intervencionista y protector de los trabajadores que, por un lado, desincentiva la escala de los negocios (y la dimensión de las empresas ejerce un influjo positivo en la productividad del capital y de la mano de obra, y así en las remuneraciones: España tiene un 36% menos de empresas medianas que los países de nuestro entorno) y, por otro, ha conseguido que una razonable competencia entre empleados ya no se perciba como una necesidad sistémica, sino como un acto de voluntad individual (entre otras cosas, y sin perjuicio de que la estacionalidad del empleo promueva una elevada volatilidad, nuestro mercado laboral adolece de rigideces estructurales que ofrecen suficiente margen de seguridad al trabajador conservador respecto del competitivo: compite, se desafía quien personalmente quiere, pero el contexto no le obliga a ello). Segundo, en buena medida por patrones culturales que no se ha procurado modificar a través de una educación financiera más sofisticada y por la falta de consistencia de los incentivos fiscales al ahorro complementario, el inversor español destina su ahorro financiero a la adquisición de patrimonio inmobiliario (que carece de efecto multiplicador para la economía en su conjunto, pero resulta muy rentable individualmente) un 150% más que el inversor medio de la Eurozona, mientras que canaliza a la de activos financieros (esto es, a la participación directa en el accionariado de nuevas empresas o start-ups o en fondos de inversión que las nutran, lo que sí puede provocar ese posterior efecto multiplicador) un 33% menos que su homólogo estándar europeo; así pues, el ecosistema nacional no propugna que produzcamos mejor riqueza, sino, simplemente, más riqueza (sin que pueda profundizar ahora en la cuestión redistributiva, tan ligada a esa premisa). Y tercero, a pesar de que la productividad es, probablemente, la variable que refleja con mayor fidelidad el nivel de vida de una población, parece que no permite construir un argumento electoral seductor (o su complejidad técnica no puede encerrarse en el maniqueísmo polarizado): ojalá que este artículo les persuada para que hablen de la productividad y la reivindiquen como uno de los temas recurrentes del debate público.

Y ya que les emplazo al diálogo sobre lo que he reflexionado en esta columna, y por añadir otra perspectiva más psicológica al análisis que haga ese diálogo más sugestivo, concluiré con la observación de una paradoja (irónica) que nos brinda la realidad social. Si bien es cierto que, según se ha expuesto, cada vez somos menos productivos en ese ámbito de nuestra vida (el laboral o el empresarial) en el que tenemos que serlo, cada vez se nos exige (o nos exigimos, por comparación social) que lo seamos más en esos otros ámbitos (el familiar y el tiempo libre) que, muy al contrario, se concibieron para el descanso o, incluso aún mejor, para todo aquello que no se evalúa por su resultado. ¿Quizá otro de los motivos que subyace en la atonía de nuestra productividad (aunque no sea, claro, el factor diferencial) es que la filosofía de las redes sociales, apoyada en un frenético y superficial y agotador consumismo, en la incesante acumulación numérica de sensaciones placenteras, ha transformado cómo vivimos nuestros ratos de deporte y ocio y cultura y convivencia familiar (más deporte, más, más series, más, más festivales, más, más tardeos, más), incluso cuando no las estamos usando? 

La magnitud del Descubrimiento de América desató en España un intenso debate intelectual y moral que erosionó (empezó a socavar) la tradicional doctrina del derecho de conquista: ¿eran los indios personas? Isabel la Católica, con su grandeza de estadista visionaria, e influida por la espiritualidad franciscana de su confesor, el Cardenal Cisneros, abolió la esclavitud de los indígenas americanos (formal o jurídicamente) mediante la Real Provisión de 20 de julio de 1500, y los declaró súbditos libres de la Corona. Antes en la historia (y la excepcionalidad se extiende igualmente después), ninguna soberana (pues cabe atribuirle el impulso genuino de una decisión tan asombrosa) se había planteado que las personas nativas de los territorios conquistados no pudieran tratarse como meros bienes; decisión aún más admirable, por revolucionaria, si consideramos que la Reina poseyó esclavos negros. No obstante, si bien cabe concederle la promoción regia de la actuación legislativa, el debate no fue exclusivo de la conciencia de Isabel, sino que impregnó a toda la efervescente sociedad castellana del Renacimiento, que lideraba un cambio de época: juristas, políticos, teólogos, filósofos, artistas. La evidencia empírica de los atentados contra los derechos de los indios, que siguieron cometiéndose después de la promulgación de la norma (los medios punitivos de la Corona resultaban insuficientes), provocó que Carlos I (cuya conducta, igual que la de su abuela, estaba hondamente atravesada por un sentido ético del poder, por lo que continuó con la legislación protectora de los indios, como las Leyes Nuevas de 1542) emitiese una Real Cédula en 1550 por la que suspendía la conquista de América. La suspensión se levantó un año después, cuando finalizaron las sesiones de la Controversia de Valladolid, durante las que se disputó (¡se puso en duda!, en un alarde de libertad de expresión contra el poder que hoy nunca patrocinaría el propio poder) la legitimidad de la conquista.

La Escuela de la Universidad de Salamanca, encabezada en particular por el profesor (jurista y teólogo) Fray Francisco de Vitoria, emerge como una corriente destacada de ese debate. Su producción intelectual devino en precursora del Derecho internacional moderno que, varios siglos y dolorosas experiencias históricas después, cristalizó en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Escuela desarrolló los conceptos de un ius inter gentes (esto es, un derecho natural, consustancial a la dignidad inalienable de las personas, que debía ser común a todos los países) y de un bien común internacional (el totus orbis o “comunidad universal de todos los pueblos organizados políticamente”). Imaginó, pues, la instauración de un orden mundial, al que se subordinarían las soberanías estatales y que se regularía por reglas basadas en los derechos humanos: la coordinación de las relaciones internacionales no se sustentaría en la fuerza, sino en la búsqueda de ese bien común global. Como consecuencia obvia de estas tesis, la Escuela reconoció la humanidad y personalidad y capacidad jurídica y de obrar plena de los indios, su libertad e inteligencia, a cuyos pueblos integraba en esa sociedad universal. 

Esta extraordinaria aportación de España a la historia universal (a la civilización, en la medida que propició una evolución cultural y jurídica más respetuosa con la dignidad de la persona, como individuo y como comunidad) proyecta un violento contraste con la masacre que ha asolado Gaza durante el último año y que ha concluido en el citado Plan de Paz para Oriente Próximo. Un Plan que no resulta esperanzador por su contenido, en sí mismo considerado, sino por la aplicación fructífera que puede augurarle el debilitamiento de la subversiva Irán y la adhesión diplomática (movida por intereses económicos, financieros y comerciales) de los países árabes a EE.UU.: lo cierto es que se asemeja más a un armisticio (ojalá que duradero, no obstante, para que al menos esta castigadísima generación de palestinos pueda prosperar; ahora aún estamos asistiendo a las escaramuzas salvajes propias de la inestabilidad de una transición), a una paralización de las hostilidades entre dos partes beligerantes, que a una paz abarcadora. La Guerra de Gaza (y la de Ucrania, y otras tantas de nuestro convulso mundo) nos retrotrae, con espeluznante vigencia, al antiguo derecho de conquista que comenzó a superar la Escuela de Salamanca y que se presumía anulado después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo más preocupante es que ese derecho de conquista, con su pragmatismo utilitarista, ha prevalecido sobre la fragilidad de un modelo más justo que Occidente no ha sabido o podido (incluso podría sospecharse que no ha querido) defender: Netanyahu y Hamás han demostrado que el uso de la fuerza, la negación de la humanidad recíproca del adversario, sigue compensado para alcanzar objetivos políticos, y esto es lo que, siquiera incidentalmente (quizá involuntariamente), viene a rubricar el Plan de Paz trumpista. 

La fragilidad del sistema occidental de derecho internacional, en acelerado retroceso, se debe, en primer lugar, a la timidez de nuestras sociedades, o a nuestra directa incapacidad, para invocarlo e instruirlo. Frente a las batallas ideológicas internas que denuestan la tradición en la que se funda ese sistema (unos repelen su sustrato cristiano para apelar a un positivismo yermo, los otros repelen su universalismo para encerrarse dentro de las fronteras nacionales), y si queremos que en Gaza o en Ucrania triunfe la paz y no meros armisticios, reivindiquemos los inspiradores principios de la Escuela de Salamanca: todos componemos una comunidad universal de personas igualmente dignas y humanas, por lo que no alcanzaremos el bien común de nuestras sociedades o países si no trabajamos por el de los demás.  

Falta autocrítica, pues muchos de los problemas los provocamos los propios agentes que participamos en el sistema, aunque el corporativismo acalle esa subversión (de la misma manera que justifica la ineficiencia y clasismo de que la actividad judicial se interrumpa, casi completamente, durante agosto); o quizá se deba a la mediocridad a la que, consecuencia incidental inexorable, conduce el diseño de los procedimientos judiciales (la mediocridad sirve para apaciguar el conflicto). También falta de empatía con los ciudadanos, que perciben cómo se habla de los derechos de los operadores jurídicos, pero no de sus derechos cuando intervienen en un proceso judicial (a una sentencia argumentada de forma idónea y a un expediente resuelto con agilidad, por ejemplo), o, aún más doloroso, que solo se habla de los suyos, de soslayo, en la medida que resulten afectados por los de aquéllos. A esa autocrítica, basada en la experiencia directa y rutinaria como miembro del sistema (y, por eso, empática), voy a dedicar este artículo, con el propósito de que, en este inicio de año judicial, pueda estimular la enmienda de todos sus agentes involucrados (clientes, abogados y jueces). 

Muchas veces se lamenta que los abogados generan pleitos, pero discrepo de esa reflexión: lo que más litigios produce, en el ámbito de materias sobre las que las partes pueden transigir, es la incapacidad de los clientes para negociar y alcanzar acuerdos. Auguro que los famosos MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), que la LO 1/2025 instaura como el principal instrumento para aliviar la congestión de los Juzgados y Tribunales, fracasarán porque aquí impera una cultura de llevar la razón, que implica una victoria completa, y no de solucionar el problema, que habitualmente exigirá cesiones. Detesto la manida metáfora de la batalla legal porque, en una sociedad cada vez más compleja en la que los matices resultan determinantes (en otras palabras, y si es que eso ha sido posible alguna vez, en la que es muy improbable que alguien pueda tener la razón absoluta), distorsiona el enfoque privado con el que deberíamos aproximarnos a las disputas: convertirlas en un canal propiciatorio de que cada parte pueda cumplir, de un modo equilibrado, con sus objetivos o expectativas. 

Los abogados tenemos una importante cuota de culpabilidad en las frustraciones del sistema (aunque, y no se me ocurre otra profesión en la que suceda este desplazamiento, somos quienes respondemos por los errores o negligencias de los demás agentes). Éste es el pecado que más se nos puede achacar: que nos evadimos fácilmente de la noción de que somos un filtro del sistema. Admito que el ejercicio introduce un sesgo hacia la parcialidad, apenas nos cuesta convencernos de que cualquier tesis merece defensa (incluso, más nos entusiasmamos cuanto más difícil se presenta esa defensa). Y, aunque sea una tendencia inevitable por la inherente estructura dialéctica de nuestro trabajo, deberíamos esforzarnos por moderarla éticamente, atendiendo a esa utilidad social de nuestra profesión: somos, efectivamente, el primer filtro del sistema, lo que reclama ecuanimidad para descartar los asuntos o intereses probablemente inviables (y educar al cliente en las razones de esa probable inviabilidad). En particular, quienes más se olvidan de esa función, y puede parecer contradictorio para quien no está acostumbrado a tratarlas, son los abogados de las Administraciones Públicas: debe escandalizar que la Agencia Tributaria, que se halla en una situación informativa privilegiada para que siempre triunfen sus pretensiones, pierda la mitad de sus juicios. 

Reservo para los jueces el último capítulo. No se cansan de pedir más recursos, humanos y materiales, y es cierto que existen carencias acuciantes; pero, a veces, tiene que sonar a chivo expiatorio cuando la organización de su trabajo (reparto responsabilidades con su oficina) acentúa su saturación: ¿Cómo puede ser que haya salas de vistas vacías donde no se celebran juicios, cuando algunos Juzgados acumulan retrasos de dos horas en los señalamientos y emplazan a las vistas un año después de que se admita la demanda? ¿Cómo puede ser que la jurisdicción contencioso-administrativa de La Rioja tarde en emitir sus sentencias al menos un año (de nuevo, desde la admisión de la demanda) cuando, según datos de la última memoria del TSJ, apenas recibe 1,3 casos por día, que se distribuyen entre tres órganos? Además, la redacción de las sentencias cada vez adolece de un lenguaje y una redacción más prosaicas, poco pulidas (no excusa la precipitación por el exceso de expedientes); y, dado que el derecho no es sino una construcción abstracta de la que nos dotamos para regular nuestra convivencia, y que la materia prima de esa abstracción es la palabra, de una expresión descuidada se deduce un pensamiento incorrecto (y una apatía por enriquecerlo), por muy enciclopédico que sea el conocimiento de las normas. La autoridad se gana con competencia, nos lo advierten los clásicos, y no con la obsoleta concepción de una preeminencia social derivada del cargo, lo que debe aplicarse a jueces y abogados. 

Aunque, afortunadamente, la mayoría de los ciudadanos no frecuentan la Administración de Justicia (y, por eso, sus deficiencias no exaltan manifestaciones), su experiencia raramente resulta satisfactoria, incluso aunque una resolución estime sus pretensiones. La LO 1/2025 está implantando, durante este año, un profundo cambio organizativo en el sistema que, creo, hubiera merecido un análisis, crítico y propositivo, de sus principales representantes en ese acto de apertura del año judicial: porque nuestra más inmediata preocupación, como agentes que integramos la Administración de Justicia, debería ser cómo resolver esa paradoja. 

La crítica absorbe la opinión ordinaria de la gente, mientras que cualquier elogio implica, por el contrario, una excepcional rebelión de alegría y esperanza. La celebración de mi madre me brinda, y me permite brindarles, una oportunidad para que traduzcan mi elogio (no es un retrato biográfico, sino, lo subrayo, una alabanza) a su experiencia personal, aunque sea como una fugaz evocación. No se puede negar que existen las malas madres, de la misma manera que existen los malos hijos, pero la maternidad es un vínculo tan universalmente constitutivo (y, muchas veces, tan bellamente misterioso) que, quizá, sea el que más nos fascina e interpela: el único que atesora suficiente esperanza para imponerse a la devastación que nos rodea.

Mi madre es una mujer intrépida, y en este sentido, como cualquier persona valiente, muy consciente de su propia dignidad. Siempre la ha defendido cuando se han abatido sobre ella los conflictos laborales y familiares o las desgracias familiares y de salud, que, tristemente, preñan su itinerario vital (las buenas personas provocan escándalo, por contraste, en quienes no lo son: y por eso les atacan furiosamente). Fabularía ingenuamente si dijera que ha vencido esas desafecciones y desencantos, esos desarraigos y hostilidades, pero sí puedo asegurar que nunca la han doblegado. Sin embargo, no es esa resistencia lo que me asombra (la resistencia no deja de ser una actitud pasiva, por muy robusta que sea), sino la capacidad creativa con la que siempre ha contraatacado: como si quisiera refutar con su propia vida a los acólitos de un estricto determinismo conductual, mi madre ha sabido crear, para sí y las personas a las que ama, contextos y experiencias muy diferentes a los ejemplos que, promovidos por otros, le ha tocado padecer. Nuestra identidad surge, en parte, de la imitación de nuestro entorno más cercano; pero la intuición moral de mi madre buscó, e incluso inventó, émulos valiosos para sustituir a los nocivos referentes que antes había descartado, hasta revelarse, a sí misma, como un modelo. Podría decirse, en fin, que ha sido desafortunada en muchas de esas cosas que nos vienen dadas, pero que ha elegido con acierto en ésas de las que somos autores, ésas que libremente nos damos y construimos.

Mi madre también es una mujer carismática. Aún seguimos concibiendo el carisma, según la lírica del romanticismo, como un don genial y arrebatado inherente a escogidos líderes y artistas. Sin embargo, su carisma (probablemente, el carisma socialmente útil) tiene una escala menos genial o sublime y una dimensión más rutinaria y práctica, y por eso más influyente: posee el raro encanto de las personas con las que otras personas quieren estar. Esa gracia nace de una combinación de inteligencia discreta y de elegancia clásica en el comportamiento que funda rápidamente la intimidad o confidencia con su interlocutor. No caeré (tampoco aquí) en la trampa del romanticismo: si bien reconozco que su carisma es una aptitud genuina y natural, prefiero reconocerle la actitud con la que lo proyecta y ofrece; porque también podía reservarse ese carisma, en lugar de expandirlo, y porque, sin duda, la delicadeza, siempre justa, con la que escucha, reconforta y ayuda exigen esfuerzo y trabajo, voluntad de ser y actuar así.

Por último, mi madre es una mujer que ha satisfecho su vocación prevalente: la conformación de una familia, junto a mi padre. Confieso que la evidente devoción por sus hijos (que todavía incurre a veces, aprovecho para recordárselo, en cierto sobreproteccionismo) me resulta paradójica, en abstracto, para un carácter tan intrépido y carismático como el suyo: no parece que pueda congeniarse ese desprendimiento del ego con una individualidad tan acusada. No entiendo y me deja perplejo (en alguna medida, seguramente, porque todavía no soy padre) que alguien pueda fiar lo más esencial de su personalidad, o su narración, a la personalidad o a la narración de otros: pero mi madre quiere ser (no solo asume que será) lo que sus hijos contemos de ella; no por un vetusto sentido de linaje, sino porque quiere definirse (quiere ser) por lo que es para nosotros.

Cuando era un niño, rescatamos una cría de pájaro, recién nacida, y perdida o abandonada. La acunamos dentro de una caja de cerillas, la calentamos con una lámpara y la alimentamos, pero, a la mañana siguiente, cuando regresé del colegio, había desaparecido. Mi madre nos explicó que la madre del ave se había colado en la habitación y la había salvado, lo que encendió nuestra ilusión e imaginación. Lo creí, con tierna sinceridad (candor, credulidad), hasta hace pocos años, cuando mi madre, sorprendida de que ni aun de adulto ya me hubiera percatado, me reveló que el animal había muerto… Me parece que esta anécdota compendia, a modo de conclusión, el elogio a mi madre (¡feliz cumpleaños, mamá, te quiero!); y también, creo, la pertinencia de que se publique en una tribuna mediática mientras las llamas asolan España: recomiendo volver a las madres, o al menos a las buenas madres, como desde luego lo es la mía, cuando necesitemos que alguien espabile o mantenga viva nuestra esperanza.

1.- Cada vez que emerge un caso de corrupción, se impone una percepción a la que se inviste de una apariencia de infalibilidad: ¿cómo no va a haber políticos corruptos en el país de los pícaros? Esta lógica nace de una petición de principio, una falacia de razonamiento circular. Dividamos la secuencia de este tópico, contra el que me bato: los españoles son corruptos (ontológicamente, además, por su ética mediterránea), luego sus políticos son corruptos, lo que hace que los españoles sean cada vez más corruptos, lo que hace que sus políticos sean a su vez más corruptos… y así sucesiva, infinitamente. Pero España no es el país de los pícaros, que es lo que venimos proyectando de nosotros mismos (fuera de contexto) desde que nuestros autores del Siglo de Oro crearan algunas de las obras maestras de la literatura picaresca; y no solo lo avala la discreta mirada al entorno de cada uno, sino las estadísticas.

Una de las principales conclusiones que acredita el estudio Repensando la economía informal y el efecto Hugo, de los economistas Pappadà y Rogoff, es la correlación inversa entre crecimiento y economía sumergida: países como Alemania o Francia presentan una mayor volatilidad de la economía sumergida, medida por la fluctuación de su volumen por ciclos económicos, que la tasa de España. En otras palabras: lo que resulta decisivo para que España tenga un nivel absoluto de informalidad superior en diez puntos al de Alemania (un pavoroso 24% del PIB) es que, según Eurostat, durante este siglo hemos retrocedido un 19% en la convergencia en Paridad de Poder de Compra (PPA) con la media de la Unión Europea. Los españoles no somos más pícaros per se, por lo que nuestros políticos tampoco están llamados a serlo; sino que somos más pobres estructuralmente, y de ahí la proporción más elevada de conductas económicas informales. Y, en buena medida, lo somos porque las políticas económicas de nuestros gobiernos no han sido más que tímidamente liberales.

2.- Uno de los claims del PSOE y del Gobierno (permítanme el anglicismo, pero es que este término, propio del marketing, define mejor su naturaleza que la de argumento) insiste en que han “fallado las personas”, no la organización o la institución (y no todas, claro, sino solo aquellas que conviene que caigan: no deben ser personas quienes eligen y deben vigilar a esas personas taimadas). Detrás de ese claim subyace la crítica a la utilización de un argumento ad hominen, en concreto, una falacia inductiva por asociación. Sin embargo, no se aprecia esa ilícita estrategia discursiva, sino que es el claim lo que resulta engañoso o fallido. Ciertamente, resulta aventurado que se cuestione una organización en su conjunto por las características de algunos de sus miembros; pero la perversión de la falacia por asociación exige que la correspondencia o asimilación de cualidades se base en una relación intrascendente: y aquí está la clave, ya que el carácter (intelectual, volitivo, ético y anímico) de los individuos no es intrascendente, sino capital, para las organizaciones de las que forman parte.

Es falaz quien asegura que, como Santos Cerdán, Ábalos o Koldo son corruptos, todos los cargos públicos del PSOE y del Gobierno son corruptos, porque la relación entre ellos y el resto de los cargos públicos es accidental, contingente; pero no lo es quien asegura que, como aquellos lo son, el PSOE y el Gobierno también, pues el partido político no existiría sin sus militantes ni sus representantes públicos, les vincula una relación constitutiva. ¿Significa esto que la organización o institución a la que pertenecen los corruptos deba desaparecer? En absoluto. ¿Significa que la organización o institución contaminada debe revisarse integralmente (toda su infraestructura y todos sus medios humanos)? Desde luego: no basta con puniciones o remedios personales, sino reformas corporativas preventivas.

3.- La última trampa dialéctica, que aviva el fuego cruzado entre el Gobierno y la oposición, es que los casos de corrupción son comparables, que puede concebirse una clasificación de gravedades. Esto puede ser aceptable desde la dimensión jurídico-penal (tienen que graduarse las penas según parámetros objetivos), pero no desde la ética: toda corrupción es igualmente dañina y reprobable. Un inconveniente de ese utilitarismo relativista es que conduce a una justificación evasiva de la responsabilidad. La valoración moral de las acciones según un cálculo de sus consecuencias favorables y desfavorables nos expone a la extorsión, a transigir con un mal menor para evitar la amenaza de un mal mayor: no dimito ni convoco elecciones porque “entregar las riendas del país a PP y Vox sería una tremenda irresponsabilidad”, en palabras de Sánchez (¿la derecha no puede gobernar, si así lo eligen los votantes?); o, en las de Feijóo, “el PNV apoyó una moción de censura contra Mariano Rajoy por una causa que, comparativamente, hoy se consideraría menor” (cuidado, no soy equidistante: critico cómo la oposición articula su mensaje, pero son el Gobierno y el PSOE los que deben responder por cavar una nueva tumba de degradación democrática). Quizá éste sea uno de los efectos más perniciosos de la corrupción: somete el debate público al chantaje, y el chantaje trastoca los incentivos racionales, arrasa con las convicciones y anula la libertad. ¡El chantaje no es democrático!

Adviértase que los tres tópicos encierran un angustioso pesimismo, porque se fundan en la resignación: la corrupción es inevitable. Pero no, ¡me niego!, las decisiones humanas de corromper y corromperse no son inevitables: solo lo serán si, entre otras cosas, seguimos creyendo en estos astutos ardides retóricos que aparentan querellarse contra la corrupción, cuando, en realidad, la sostienen.

Este mismo “sentido ético de la existencia” es el que cabe atribuir a Adolfo Suárez, acosado por mil turbulencias de todo signo pero sin haberse rendido a ellas, cuando el 29 de enero de 1981 explicó las razones de su dimisión. El discurso es admirable, por su madura serenidad y hondura intelectual y honesta lealtad, y revela que Suárez se apartó porque había llegado a la humilde convicción de que se había agotado el “servicio” que, como Presidente en esa coyuntura, podía prestar a la patria: “La continuidad de una obra exige un cambio de personas y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”. Advirtió, además, otro de los motivos que le impulsó a una decisión tan insólita (por anómala o rara, dentro de la trayectoria política de nuestro país desde el advenimiento del liberalismo en el s. XIX): quería que su gesto actuase como “revulsivo moral que ayude a restablecer la credibilidad en las personas y las instituciones”.

Ambos estadistas evidenciaron, con su dimisión y otros gestos (Suárez lo encarnó o sublimó con singular dignidad durante el Golpe de Estado del 23-F, y así lo evoca la novela Anatomía de un instante, de Javier Cercas), que su ejercicio del poder estaba subordinado a su “sentido ético de la existencia”. Quizá por la distancia pueda impresionarnos más la abdicación de un monarca absoluto, pues no deja de parecernos una conducta o símbolo casi antisistema; pero la dimisión de un político democrático, cuando esa elección todavía puede interpretarse como una elección libre y no una postrera decisión forzada o resignada (que suele conllevar la degradación institucional, ya que el gobernante se agarra a ellas y las deforma para no precipitarse a lo que, teme, es su abismo), resuena con una ejemplaridad universalizable, contagiosa, que ontológicamente no puede alcanzar la potestad de un rey único.

Esta ejemplaridad universalizable es la que reivindica Javier Gomá (reivindicación que me permito hacer mía) en su ensayo Universal concreto, que sintetiza su planteamiento filosófico: desde la perspectiva de la ética democrática, el comportamiento de cualquiera de nosotros (un hecho concreto) puede imitarse por todas las personas que lo hayan observado y juzgado como bueno; y esa réplica encadenada terminará deparando la universalización del ejemplo benéfico en toda la sociedad. Esta concepción, a la que (aun sin una expresión teórica articulada) Carlos V y Suárez estuvieron adscritos, se opone al tan sobado y peligroso aforismo de Lord Acton de que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, condescendiente excusa que convierte a la persona en pueril sujeto pasivo de sus propias acciones. No es el poder, no, y los casos de Carlos V y Suárez lo demuestran: es la falta de “sentido ético de la existencia”. Cuanto más democrático es un Estado (asumo que, como defienden el citado Gomá o Fukuyama, la democracia liberal representa el fin de la historia en términos políticos), más exige de gobernantes y ciudadanos ese compromiso. Y por eso, detrás de los gritos de dimisión que entonan las miles de personas que se reúnen periódicamente en Valencia para reclamar la de Mazón, y la de otros tantos de miles que se congregaron en Madrid este domingo para reclamar la de Sánchez, percibo no solo el enfado por una gestión indolente, antipática y mendaz o por una corrupción espesa, anquilosante y crepuscular (ya desde la amnistía), sino otro anhelo más profundo y transformador: que siga aquilatándose ese ejemplar “sentido ético” sin el que la democracia no puede ser.

O, al menos, me gustaría percibir ese anhelo, quiero imaginar esa aspiración. La literatura apocalíptica, cuyo estilo impregna tan frecuentemente este tipo de manifestaciones, conjuga una doble dimensión: la escatológica (el final) y la promisoria, la revelación esperanzada (el nuevo principio que sucede a ese final). Pero si toda la movilización social solo persigue la satisfacción del deseo escatológico, es decir, que se confirme la extinción de una etapa o mandato que nos disgusta o hasta nos asquea, quienes participen en esas manifestaciones habrán abandonado el ejemplar “sentido ético” de la democracia por el que, sin embargo, se suponía que protestaban (o, tal vez, por el que yo imaginaba que protestaban). Yo participaré en esas manifestaciones, este tiempo de crisis lo reclama, aunque propongo que coreemos un nuevo lema que, quizá por su sugestión positiva (aunque irónica), resulte más estimulante para lograr la respuesta que pretendemos de los interpelados: “Dimite y convencerás”.

No lo he encontrado publicado en el Portal de Transparencia (¡oh, contradicción!), aunque sí en otra pestaña de la web del Gobierno de La Rioja. Consta de unas veinticinco páginas de contenido neto que apenas desarrollan los anuncios que se proclamaron durante la rueda de prensa: las medidas son frecuentemente vagas y desiderativas, más propias de un programa electoral que de un plan de gobierno, del estilo (citaré una por cada línea estratégica del Plan) “establecer cauces de participación de las organizaciones sociales y empresariales y avance en el mercado abierto”, “revisar todos los procedimientos administrativos aplicando los criterios de simplificación”, “fomentar las evaluaciones de impacto normativo ex post” o “impartir formación dirigida a todo el personal público abordando los aspectos generales de la simplificación administrativa”. Muchas veces no se atribuyen competencias a órganos específicos, tampoco se asocia la dedicación de recursos humanos (por unidades funcionales dentro de cada departamento), el calendario de despliegue de las medidas (que no acciones) se corresponde casi siempre con el horizonte del propio Plan (2025-2029). No creo que sea la cautela lo que ha retraído a la oposición de formular reproches al Plan, sino la actitud indolente, y así indulgente (¿quizá aquiescente?), que están demostrando durante la legislatura. Yo no esperaré más a criticar el Plan, porque me preocupa mucho el funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas (me remito a una columna anterior). ¿Qué podemos exigir a los gobernantes, sino que las instituciones nos sirvan y funcionen ya ahora, de forma óptima, siempre dirigidas a la vez hacia una visión de un mejor mañana? 

Como corolario, debo decir que las medidas que se defienden como principales o cruciales ya están aprobadas normativamente, por lo que el enfoque del Plan debería ser otro: no se trata tanto de introducir nuevos mecanismos para ganar eficiencias (dicho en su terminología, “implantar”, “diseñar” o “elaborar”), como de gestionar los recursos de los que está dotada la Administración, muy singularmente los humanos, para que los mecanismos existentes se ejecuten de manera ágil, rigurosa y accesible (sin embargo, los verbos gestionar u organizar no encabezan ni una de las acciones que enumera el Plan). Así pues, el actual Ejecutivo, que fía su capital político a la gestión cotidiana (dado su tono apagado, parece que ha renunciado a abanderar un liderazgo estratégico, de proyecto vital, para La Rioja), se limita, en sustancial medida, a prometer el presente, lo que ya tenemos; inhibición que nunca puede conducir a la anhelada “transformación de la cultura del sector público” que invocó el portavoz. Más que un plan de simplificación administrativa (en el que, por cierto, la IA solo se menciona una vez, y de soslayo), cabría calificarlo de simpleza política. 

Repasemos el elenco de esas medidas preponderantes. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas son, desde 2009, el régimen ordinario y preferente de intervención administrativa para el reconocimiento de facultades o el inicio de actividades: no es una novedad. El silencio positivo ya es la solución jurídica prioritaria cuando la Administración no responde a una solicitud del administrado, como puede comprobarse en el art. 24 Ley 39/2015: no es una novedad. El modelo de mercado abierto, que se originó en la Ley de Unidad de Mercado de 2013, necesita que proliferen las leyes autonómicas (y solo está vigente la de Madrid) que regulen el estándar normativo común o equivalente a partir del que pueda aplicarse el principio de eficacia en todo el territorio nacional, según explicó la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 79/2017, de 22 de junio de 2017: la adopción de un plan tampoco puede considerarse una novedad, en este sentido, cuando el proyecto de ley no ha entrado todavía en el Parlamento (ni siquiera aparece, al menos con esa denominación, en el Plan anual normativo de la CAR para 2025). 

Que las solicitudes del Cheque digitalización, una ayuda de la ADER, todavía no se hayan resuelto desde el pasado 27 de enero (sin perjuicio de que sus bases reguladores anoten un plazo de concesión de seis meses, el doble de la regla supletoria, y encima con el denostado silencio negativo), no se soluciona con un pretendido plan de simplificación burocrática, sino con una gestión más eficiente y eficaz del surtido de recursos disponible. Que no se resuelva, dentro de su plazo de seis meses, una reclamación económico-administrativa, un medio de impugnación privativo del ámbito tributario, cuando aquélla se registró el 28 de octubre de 2024 y se le asignó el número de expediente 8/2024 (lo que proyecta una ratio de menos de un recurso por mes), no va a remediarse con este pretendido Plan, sino con esa gestión cotidiana de la que suele presumir el Gobierno. Con esas pequeñas cosas, que recitaría Serrat, sin las que (prosigo con la canción y con la metáfora) nos matará el tiempo y la ausencia. 

Pero sí tengo claro que cada uno de los miembros de ese universo católico, y sus aledaños (los más próximos y los más reacios), han demostrado un vigor inusitado como opinadores: es más, percibo una correlación inversa entre ateísmo y profusión de opiniones. Todos nos estamos posicionando en el debate sobre cómo la Iglesia debería conducir su apostolado evangélico, si con una vocación más progresista o conservadora, a pesar de que la amplia mayoría de ese conjunto solo reza el padrenuestro cuando acuden a una boda como un rito folclórico y aún más raramente colabora con las asociaciones católicas del tercer sector. Por lo demás, confieso que me parece un debate maniqueo (aunque literariamente atractivo) que olvida, como defiende Peter Heather en su ensayo Cristiandad, que la Iglesia católica ha sido una institución reformista y maleable, probablemente la que más se ha transformado durante la historia de Occidente, junto con la monarquía: adaptabilidad que explicaría, entre otros instrumentos educativos y punitivos, su arraigo y longevidad. 

Esta prevalencia de la opinión frente a la participación guarda un paralelismo manifiesto con el funcionamiento averiado de nuestra democracia, y esta es la reflexión que quiero subrayar en el artículo y que la controversia sobre la sucesión papal (y sus consecuencias en la estrategia eclesiástica) denuncia, por analogía, de modo acusado. Recientemente, el CIS ha publicado una encuesta en la que, segmentados por grupos de edad, la muestra se decantaba por una mayor afinidad con la democracia o el autoritarismo (para el propósito de la columna no necesito juzgar la capciosa construcción técnica del estudio: la pregunta y las conclusiones que pretenden obtenerse de ella no se relacionan causal, inmediatamente). Su diseño habría sido mucho más útil e interesante para evaluar el estado vigente y aspiraciones de nuestra democracia, si hubiese replicado el del barómetro sobre definiciones en materia religiosa y sus prácticas; si la pregunta se hubiese formulado, por ejemplo, según la siguiente redacción: “¿Cuál es su postura ante la democracia: demócrata practicante, demócrata no practicante (signifique lo que signifique este oxímoron, esta aporía, tan indescifrable cuando se aplica a la de fe como a la política), indiferente, apolítico, autoritario o anarquista?” Imaginarán que no reputo como demócrata practicante a quien se limita a reproducir su voto elección tras elección, es un autómata y no un demócrata; aunque la militancia extenuante también me incomoda (qué aburrida es esa gente que, sea cual sea el origen de una conversación, siempre termina hablando de la lucha partidista), porque una politización atrofiada, de tan perenne, envenena la convivencia. 

No me parece aventurado sugerir que los resultados de esa encuesta reflejarían una realidad similar o idéntica a la de la Iglesia católica: que toda la población opina, pero solo una minoría practica. El funcionamiento de la democracia española, de las democracias occidentales en general, no está averiado institucionalmente (sin perjuicio de los peligros permanentes, quizá ahora más intensos, que la acechan: cualquier poder tiene la tentación de convertirse en poder absoluto), sino moralmente. Permítanme recurrir a un símil deportivo: en cuanto a su práctica de la democracia, muchos ciudadanos me evocan a esos aficionados que saben qué tiene que hacer el entrenador del Real Madrid para ganar la Euroliga, pero luego no se involucran, en ningún nivel organizativo, en el club, colegio o cantera donde juegan sus hijos. La Iglesia y la democracia comparten esta misma desafección participativa, aunque con una diferencia que debe aumentar nuestra indignación, el escándalo: como creyente y como ciudadano tengo la oportunidad de cambiar las cosas si participo en los avatares de la comunidad y la sociedad, pero nunca voy a tener la oportunidad de entrenar al Real Madrid de baloncesto. 

El que fuera corresponsal de El Mundo en Rusia durante doce años, Xavier Colás, disecciona en Putinistán la táctica con la que este psicópata gobierna el país sin una disidencia inquietante: inyectando la indiferencia a sus habitantes, logrando que ni siquiera se interesen por participar en la vida pública (y no solo a través de mecanismos estrictamente represivos, sino más bien psicológicos o sociológicos). De modo que acuso a los indiferentes y apolíticos (aunque nadie nace apolítico, sino que le habrán desapegado de la política) de que se asemejan demasiado a los demócratas no practicantes, y que el aquietamiento, la rendición de todo ellos, desarma nuestra democracia frente a la tiranía. La encuesta del CIS que proponía antes bien podría sintetizarse en base binaria: o demócratas practicantes o no demócratas. 

Durante estos días en que la Iglesia está tan presente y la democracia parece tan amenazada, podríamos recuperar la raíz común, de carácter filológico, que comparten en la palabra griega ecclesía. La ecclesía fue la principal asamblea de la Atenas clásica, donde los discípulos de los sofistas, que alumbraron la filosofía moral y política (la ética), se servían de sus habilidades retóricas para persuadir a la audiencia de sus ideas sobre la polis. Como se ve, por tanto (aunque no creo que esté descubriendo nada nuevo), la Iglesia y la democracia apelan a nuestra participación desde su mismo origen etimológico. Pero el destino de la Iglesia concierne a sus creyentes, mientras que el destino de nuestra democracia nos concierne a todos: así que haríamos bien en opinar menos y en participar más.  

Confieso que, como a todo autónomo o pequeño y mediano empresario, el término de los trimestres, cuando hay que presentar las declaraciones de IVA, IRPF o IS, me induce a un estado de agitación que me hace proclive a este tipo de manifestaciones subversivas. El fin del trimestre, y el esfuerzo fiscal que lleva aparejado, nos hace especialmente conscientes de una ecuación ingrata: cuánto trabajo tenemos que invertir para percibir una riqueza neta que tampoco rebosa (según la información que publica la AEAT, la cifra media de rendimientos netos anuales de los autónomos prácticamente coincide con el salario neto anual medio de los trabajadores españoles). Sin embargo, cuando lo razono, una vez aplacada la beligerancia reactiva inicial, no es que me subleve pagar impuestos (tampoco me apasiona, pero estoy suficientemente civilizado y aprecio suficientemente lo que la comunidad institucionalizada me ofrece, como para cumplir, de forma diligente, con mis obligaciones tributarias), sino que me subleva pagar más impuestos de los que me correspondería pagar. Y no esperen que vaya a navegar por debates abstractos sobre la presión, el esfuerzo o la competitividad fiscal, sino que me refiero a algo mucho más concreto, al menos en términos normativos: la falta de trasposición de la Directiva (UE) 2020/285 del Consejo, de 18 de febrero de 2020. Somos europeos para reivindicar mutualizaciones de deuda con las que fortalecernos y rearmarnos en estos tiempos convulsos (como si fueran los Estados y sus gobiernos quienes más sufren las zozobras geopolíticas), pero no somos europeos para aliviar la tributación y burocracia de los casi tres millones y medio de autónomos, el 16% de nuestra población activa, que, atendiendo al Ministerio de Trabajo, crecen y crecen en desempeños asociados a actividades de la más alta productividad (cuando, de la misma forma que sucede con la cadena del IVA, son los ciudadanos los que terminando soportando esas zozobras). 

Mediante un régimen de franquicia, esa Directiva exime del IVA a las empresas y autónomos cuyo volumen de negocios anual sea inferior a 85.000€, lo que implica un dinamizador incentivo fiscal (todo o parte del 21% de cada factura podría destinarse al ahorro complementario, para asegurar la sostenibilidad de las pensiones, o a la inversión en innovación, para incrementar nuestra depauperada productividad) y les permite simplificar su carga burocrática (dejarían de presentar las autoliquidaciones trimestrales). ¡De ahí el título de la columna: los autónomos españoles teníamos derecho a no declarar el IVA! (Una digresión técnica: los autónomos, como tal, no pagamos IVA, sino que operamos como recaudadores forzosos para Hacienda; quien paga el IVA es usted, el consumidor final de productos y servicios, así que no dude que la falta de trasposición de la Directiva también le perjudica). La exención debería haber comenzado a aplicarse a partir del 1 de enero de 2025, pero las Directivas, a diferencia de los Reglamentos, son normas que carecen de eficacia directa e inmediata en todos los Estados Miembros de la Unión Europea, sino que precisan de su introducción o adaptación a los ordenamientos jurídicos nacionales a través de reformas legales que deben emprender los Gobiernos y aprobar los Parlamentos de los países. En este sentido, recuerdo que, desde que es presidente, Sánchez ha logrado convalidar 145 decretos-ley, pero se ha olvidado del que podría haber albergado esta medida, tan benéfica, a pesar de que su plazo de trasposición finalizó el pasado 31 de diciembre (sin embargo, no se olvidó de encarecer las cotizaciones sociales de los autónomos, mediante el Real Decreto-ley 13/2022: el nuevo modelo, vinculado a la progresividad de los ingresos estimados, obvió establecer tramos o umbrales exentos, como sí se observan en los países de nuestro entorno). Esta infracción ha provocado que la Comisión amenace a España con la apertura de un expediente sancionador, mientras las diferentes asociaciones de autónomos siguen denunciando la obstinación de Hacienda en excluir, de los Foros que canalizan su diálogo con la Administración, la negociación del texto.

Imagínese cómo de estimulante podría ser el IVA franquiciado para nuestra economía, si el 60% de los autónomos españoles declaran ingresos inferiores al SMI… Entonces escucho cómo Trump llama a amigos a los países europeos, para después zaherirles con aranceles calculados con la fórmula más arbitraria y atrabiliaria posible, y pienso: ¿cómo tendríamos que llamar al Ministerio de Hacienda los autónomos y pequeños empresarios españoles? 

Detrás de estos hechos subyace una misma y acuciante pregunta, especialmente ante la depresión demográfica en la que hemos decidido instalarnos: ¿qué papel interpretan los menores en nuestra sociedad? Mejor dicho: ¿qué papel queremos o les hacemos que interpreten? Desde luego, es una pregunta muy amplia; mi acercamiento, con el propósito de averiguar un principio de reflexión, será jurídico (por mi formación y trayectoria, y porque el artefacto legal objetiva el consenso de una época sobre una cierta visión antropológica y sociológica). Puedo anticiparles una obviedad paradójica: somos los adultos, quizá por una inmadurez nostálgica (o es que quizá perdemos la empatía para comprender el fenómeno desde la misma realidad con la que lo vivimos, en términos de igualdad), quienes hemos infantilizado la legislación sobre la infancia; quienes vemos a niños y adolescentes como personas en futuro, como personas en construcción (mirada tierna, sí, pero de una ternura condescendiente), y no como personas en presente. Todos somos personas en permanente construcción, pero solo los adultos nos tratamos como personas completas. La evolución de un carácter no es lineal, como ilusoriamente dibujan las narraciones de las que nos hemos dotado para explicar nuestras vidas, sino que se secuencia por etapas: la persona es completa en cada una de esas etapas y conforme a esa etapa.  

Expondré dos ejemplos normativos que, creo, delatan nuestra confusión sobre el papel que hacemos que los niños y adolescentes interpreten en nuestra sociedad; y trataré de refutar las premisas que los sostienen. 

El primero: la inimputabilidad de los menores de catorce años y el régimen punitivo singular que la ley les aplica cuando cometen los mismos hechos criminales que un adulto. ¿Acaso un asesinato, como el de la educadora social de Badajoz, merece menos reproche si lo consuman unos adolescentes que unos recién jubilados? ¿El hecho es menos grave? Esos adolescentes no carecían de nociones intelectuales y volitivas suficientes para saber que matar está mal: y, aun así, mataron. Sin embargo, la legislación los compadece, con un desdén de superioridad, como ignorantes (personas incompletas); y, por eso, hace que el mismo hecho objetivo sea acreedor de un trato distinto por una contingencia tan accidental como la edad. No critico la orientación hacia la reeducación y reinserción social, pero sí que la propia perplejidad de los adultos hacia el mal (porque nos empeñamos en explicarlo y entenderlo, cuando el mal no puede explicarse ni entenderse: existe) nos impida concebir que los menores también causan maldades de manera consciente y deliberada, siquiera por un conocimiento espejo (saben lo que a ellos les inflige dolor y daño, luego saben lo que inflige dolor y daño a los demás). Los menores causan maldades, no porque sean personas en construcción o en futuro (de lo contrario, todos seríamos personas maravillosas en nuestra edad postrera), sino porque son personas en presente: y las personas en presente, menores o adultos, somos capaces del bien y del mal.  

El segundo: la limitación de la capacidad de obrar hasta el umbral arbitrario de los 18 años, que restringe el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones. Aquí la distorsión se introduce de otro modo: las aptitudes se asocian a la edad, cuando el nivel de madurez no depende ni cristaliza de la edad exclusivamente, ni siquiera fundamentalmente, sino, sobre todo, de la asimilación de los conocimientos y experiencias que nos procuramos y nos procuran (es cierto que la legislación prevé alivios a la norma general, como el derecho del menor a ser oído y escuchado, en función de su madurez, dentro de un proceso). La edad amplía la ventana de experiencias potenciales, pero hay personas de dieciséis años que, por su actitud e inquietud, multiplican las experiencias que han vivido otras de treinta; y, sin embargo, la de treinta (menos madura) puede disponer de sus bienes libremente, mientras que la de dieciséis (más madura), no. El precedente cercano de la revolución de la Ley 8/2021 puede impulsar el cambio de paradigma: se ha transitado desde un sistema indiscriminado, en el que se anulaba absolutamente la capacidad de obrar de las personas con discapacidad, hacia otro más matizado y razonable, en el que solo se complementan, a través de medidas de apoyo quirúrgicas, los aspectos específicos en los que esa capacidad pueda fallar. 

No reclamo, en fin, que nuestra legislación equipare el papel de los menores con el de los adultos, que trate a los menores como adultos: sino que sea un papel tratado de forma adulta. 

No es que mi sueño de los domingos sea mi mejor sueño, siempre hostigado por el atropello que prometen las llamadas y correos y trabajos de los lunes, pero la preocupación de María y Javier le infundió una perturbación más acusada: esos afanes son miedos concretos, mientras que su ansiedad, como digo, es abstracta. Quise recurrir a los estoicos, tan en boga, para despejar esa inquietud; pero la misma inquietud (tan lúcida, y por eso más peligrosa) me replicó que el estoicismo no ofrece una solución, sino un placebo: únicamente podría no preocuparme por lo que no controlo, si pudiese esconderlo o aislarlo. Sin embargo, es obvio que nos afecta lo que no controlamos y así, forzosamente, es lo que más nos desvela, puesto que nos precipita hacia una huida infinita: vivimos huyendo de lo incontrolable, cuanto aprendemos y hacemos persigue domar la huida entre la incertidumbre.  

La zozobra de María y Javier tiene un carácter abstracto porque los últimos acontecimientos geopolíticos la alimentan, pero no le dan forma: es una respuesta pura a la incertidumbre pura, y el puro miedo a tener que acelerar la huida infinita que esta provoca. No procede de que las convicciones en las que creemos se estén sustituyendo por otras que rechazamos; no la provocan las voluntades de poder que, ya sin disimulo, aspiran a la absolutización de sus decisiones; no la incentiva la abierta defensa de la mercantilización del bien común y la dignidad humana (Trump zahiriendo a Zelenski resume estas tres razones); sino de que reconocen que nos estamos abrasando en la inflexión hacia una nueva era y que, en tiempos tales, la mayor certeza es, precisamente, lo incierto (siempre lo es, pero ahora se intensifica). No les espanta qué pasará con el mundo, ni el nuevo mundo que se atisba (aunque fuera la pregunta compasiva con la que expresaron su preocupación este domingo), sino qué pasará con ellos, con su mundo, en ese nuevo mundo. ¿Cómo encajarán? ¿Cómo encajaremos? 

Pero ¿acaso necesitamos encajar? Los mundos han ido sucediéndose durante los siglos, impuestos siempre mediante diversas violencias, más bárbaras, más sofisticadas (por cierto, para los europeos lo inédito es que, en esta inflexión, no ostentamos una primacía destacada de esas violencias). Y en todas las épocas, dentro de la intrahistoria que concibió Unamuno, han vivido con plenitud personas que no encajaban o que no querían encajar en el sistema regente. Desde luego que necesitaremos adaptarnos, pero no necesitaremos encajar en el nuevo mundo que se avecina, porque la vida cotidiana, esa vida inmediata a la que dedicamos la más importante cuota de nuestro tiempo y que es la que ordena nuestro destino (salvo para la minúscula corte de los personajes históricamente prominentes), apenas varía, tanto para sus adeptos como para sus disidentes, cuando se modifican los regímenes. En otras palabras, es muy probable que nuestro mundo se mantendrá igual o sustancialmente igual en el nuevo mundo: así que, en buena medida, podemos anticipar, a un nivel básico, pero crucial y tranquilizador, qué pasará con nosotros. Esta es una certeza cierta, entre la certeza de lo incierto; es un silencio que queda ahogado en medio del bullicio, pero que está ahí y que podemos encontrar. 

Quizá María y Javier me achaquen que estas reflexiones también actúan como un placebo y no como un remedio para su inquietud. No obstante, podrán descubrir una diferencia sutil pero significativa con la tesis estoica, y que hace que estas reflexiones sí puedan esbozar, al menos, un principio de solución: la diferencia que media entre la resignación y la aceptación. No les sugeriré que ignoren el cambio (un objetivo imposible, y por eso frustrante), sino que acepten que es la más segura de nuestras certezas (tal vez la única), la certeza de lo incierto; y ninguna certeza puede convertirse en fuente de resistencia y preocupación. La ignorancia nos acomoda, la aceptación nos dispone: los europeos no podemos seguir acomodados, sino que debemos disponernos. Les diré, en fin, que no deben (debemos) preocuparnos por el cambio, sino por cómo se dispondrán (dispondremos) a cambiar el cambio, hacia su siguiente evolución que, con rapidez cada vez más implacable, relevará al que ahora empieza. No es tanto qué nos pasará en el nuevo mundo, sino qué haremos en el nuevo mundo. 

De todos modos, ojalá podamos recuperar, ¡cuanto antes!, la saludable trivialidad de los vermús de los domingos…

Las grietas de la irresponsabilidad, junto con la hiperregulación y el acceso y permanencia en el empleo público, son algunos de los principales defectos de nuestra burocracia. Sé que no son exclusivos de las Administraciones españolas, pero mi término de comparación no son otros Estados, sino el ambicioso ideal. Son defectos constituyentes que, desde el núcleo, permean y van erosionando al sistema en su conjunto, y por eso su peligro es más acusado. Empecemos con las tres grietas de la irresponsabilidad que vician el funcionamiento de nuestras Administraciones: el derecho de repetición, la presunción de veracidad y la opacidad sobre la fiscalización judicial. Tanto el primer instituto como el segundo figuran expresamente en nuestra legislación, pero el primero se ignora (cuando su uso debería incrementarse) y el segundo se sobreexplota (cuando lo más saludable sería abolirlo). Quizá muchos lectores no lo sepan, pero la Administración puede repercutir a los empleados públicos, directamente, la responsabilidad que un ciudadano le exija por una decisión lesiva o fallida: explicado de forma sencilla, el funcionario que emitió el trámite o la resolución terminaría pagando, de su propio bolsillo, el perjuicio que su actuación indebida irrogue a un ciudadano. No conozco ni una sola ocasión en la que se haya usado este recurso, quizá porque se impone un corporativismo que siempre menoscaba la aptitud y la responsabilidad; y, así, ¿quién no estaría tentado a comportarse de forma menos diligente si el erario sufragara sus errores o veleidades?

Desgraciadamente, muchos lectores (por lo menos, todos los que en algún momento hayan recibido una multa) sí que estarán familiarizados con la segunda grieta, la de la presunción de veracidad. No pretendo confrontar ahora nuestro modelo continental, que ha generado un sector singular del derecho para ordenar las relaciones entre la Administración y sus administrados, con el anglosajón, en el que las reglas que rigen la litigación de un particular contra la Administración son sustancialmente idénticas a las que le rigen cuando litiga contra otro particular. Pero sí que me parece preciso denunciar el despotismo que se instala en los agentes de la autoridad cuando les protege un precepto que completa, automáticamente, su falta de diligencia (¡Y mi palabra es la ley…!). Lo ilustraré con un ejemplo: si usted, como particular, quiere interponer una demanda para reclamar una deuda, procurará armarse de las más amplias y exhaustivas pruebas para que triunfe su tesis. A la Administración, sin embargo, puede bastarle con el acta de infracción elaborada por sus agentes de la autoridad, sin que se acompañe de ninguna otra prueba: se la considera, por su condición subjetiva y no por su fundamento objetivo, más creíble. ¿No les parece una grieta de la irresponsabilidad? Y podría suturarse con una reforma legal que anulase esta vía, por la que, en nuestra burocracia, se cuela su antítesis de la arbitrariedad.

Por último: ¿sabe usted cuántos procedimientos judiciales pierde la Administración frente a los ciudadanos? Yo tampoco (o no, al menos, de un modo lo suficientemente accesible y abarcador). No es solo que el diseño de los recursos administrativos sea ingenuo (les atraviesa un complaciente sesgo de confirmación que solo ralentiza y entorpece la impugnación del administrado), sino que, además, carecemos de una estadística con la que podamos señalar a los órganos administrativos cuyas decisiones revocan los Tribunales de forma más constante. Las sucesivas memorias de la Agencia Tributaria revelan que viene perdiendo alrededor de la mitad de los juicios que afronta (lo que, francamente, permite imputarles una despiadada rapacería: disponen de la mejor información para acertar, y aun así no aciertan), pero no he hallado el dato homólogo en el Anuario Estadístico de La Rioja (2024) o en la Memoria anual (2024) del Observatorio de la Ciudad del Ayuntamiento de Logroño. La transparencia es fuente de responsabilidad, lo que me convence de que nuestra burocracia sería más operativa y fiable si pudiéramos conocer esa concreta información a la que he aludido: es evidente que, si el Gobierno de La Rioja o el Ayuntamiento de Logroño perdiesen más de la mitad de los juicios, como sucede con Hacienda, se les podría achacar un funcionamiento deficiente, una dinámica destructiva, incluso corrupta (en el sentido de deterioro de la burocracia), lo que, siquiera por cálculo electoral, les empujaría a corregirse. Y, si no lo hiciesen, entonces sí, ya agotadas otras alternativas más ponderadas (como, creo, las que he sugerido) y absolutamente hartos, me uniría a los que se deleitan pensando con que ha llegado la hora de la motosierra. 

En una democracia cualquier política debería ser objeto de permanente debate, siempre con el propósito de alcanzar consensos (el debate, como fin en sí mismo, puede ser estimulante, diletante, pero en absoluto práctico), incluso para reformar el consenso antes alcanzado (el consenso como forma de hacer política es el mejor legado, el mejor capital de la Transición española). Desgraciadamente, durante los últimos años, están sucediéndose movimientos políticos, el wokismo y la nueva derecha, que, influyendo vertiginosamente en las dinámicas post-II Guerra Mundial de una democracia liberal y de bienestar, han negado el debate con el otro, y así han anulado radicalmente la posibilidad del consenso; quieren erigir una aceptación unánime de su canon rígido, ubicuo, dogmático. Comparten una lógica confesional que, quizá precisamente por ello, les llena de una soberbia mesiánica: no buscamos la verdad, sino que ya tenemos la verdad. Una lógica de esta clase no solo revela pereza, sino falta de ambición: lo último que desea una inteligencia, para la que la verdad es objeto de permanente búsqueda, es hallar la verdad (una hipótesis puramente especulativa, por cierto), ya que entonces su vitalidad se convertiría en aburrimiento irremediablemente. ¡Quizá en lo que más coinciden el wokismo y la nueva derecha es en su afán de aburrirnos intelectualmente, porque saben que solo así puede llegar a “entretenernos” su teatralización vacía! De todas formas, la dialéctica polarizadora no es exactamente novedosa, sino que nos recuerda a la de la Reforma y la Contrarreforma del siglo XVI o a la de la Revolución y Contrarrevolución de los siglos XIX y la primera mitad del XX. La novedad radica, más bien, en la falta de creatividad del enfrentamiento: con sus aciertos y defectos, aquellos tuvieron la capacidad de inventar nuevos mundos, mientras que el presente no invoca imaginarios nuevos (o por lo menos yo no soy capaz de percibirlos, o quizá me falta perspectiva histórica para evaluarlos), sino que recicla los pasados. Y, éste es otro peligro que advierto, y contra el que me rebelo, puesto que la unanimidad triunfa más fácilmente (y la democracia de progreso se erosiona) donde se ha agotado la creatividad. 

La negociación del decreto-ley ómnibus nos ha ofrecido una manifestación de todo lo que he expuesto. En primer lugar, en cuanto a la forma: el giro de guion sobre la bocina, el pacto entre PSOE y Junts, fue tan poco sorprendente como los de esas series de Netflix que diseña su algoritmo y que nos aburren a efectos digitales, pero nos privan del asombro genuino de una idea (ojalá que brillante). En segundo lugar, en cuanto al fondo: parece que la opinión más conspicua de todo el espectro ideológico se orquestó para apoyar el contenido de la norma, con lo que, salvo las voces ahogadas de un puñado de disidentes, se ha hurtado a la opinión pública el ejercicio de su derecho a discrepar de la bondad o conveniencia de la actualización de las pensiones con el IPC, del mantenimiento de las subvenciones al transporte público o de las garantías ofrecidas a los propietarios de viviendas okupadas. Confieso que yo discrepo de todas esas medidas, porque defiendo otras que, creo, dotarían a España de un modelo más próspero, igualitario y sostenible; medidas que, desde luego, no merecían un aislamiento automático, sino análisis y discusión y afirmación o refutación. Pero el veleidoso Gobierno de Sánchez ha manejado astutamente el sesgo de la unanimidad para brindarse una nueva etapa en su huida hacia adelante, mientras que la adocenada oposición de Feijóo se ha acomodado o dejado arrastrar para eludir su obligación de tejer discrepancias hacia nuevos consensos. Aquí radica la inconsistencia que ha contagiado el funcionamiento de nuestra democracia (puedo ser un ingenuo, pero nada mejora salvo que se compare con un ideal): en que, con independencia de la votación que lo convalide, no podrá proclamarse que el decreto-ley se ha aprobado por consenso, porque sus medidas no se han pensado y debatido, porque la disputa solo ha gravitado alrededor de los tacticismos partidistas y no ha habido controversia sobre las medidas adoptadas. 

De hecho, la ausencia de propuestas alternativas a esas medidas, al menos en el foro de la opinión pública con más alcance, revela cómo la unanimidad arrasa la creatividad y cómo, a la inversa pero simultáneamente, la falta de creatividad conduce a la unanimidad irrevocable. Cierto es que nuestros gobernantes se han acostumbrado a licitar la consultoría de los planes estratégicos de sus Administraciones para esconder su incapacidad creativa y su falta de personalidad: su gusto por el letargo y la unanimidad.