A la exministra Nadia Calviño le ha dado por compartir su experiencia en el Gobierno. Es una sana costumbre a la que yo animo a los amigos que han pasado por la política. Me interesa saber su experiencia. Uno de los problemas de la desafección de la política es no conocer las bambalinas, las presiones a las que se ven sometidos, las limitaciones que tienen sus tomas de decisiones, por qué a veces hay que separarse del camino ideal.

El problema es que en nuestro país las memorias de los que han pasado por la política son garantía de que no vamos a saber nunca la verdad. Dicho en otras palabras hay un riesgo casi seguro de hacerse “un emérito”. Supongo que es humano. A todo el mundo le gusta quedar bien, justificar sus decisiones, pasar a la historia. Como dice una compañera, al final todos los que han pasado por el poder acaban necesitando un abrazo, necesitando que les comprendamos.

En el caso concreto de la exministra el asunto es que, buscando su propia redención, ha montado un buen lío. Nos dice ahora la ministra que (digamos) habló con los responsables del INE para que contemplaran la posibilidad de modificar al alza las estimaciones del PIB. La ministra cuenta con la ventaja de que los que estuvieron encima del asunto van a ser discretos y no van a entrar a discutir su versión. Y es lo correcto. Lo malo es que eso está alimentando una polémica sin demasiado recorrido, pero que, en estos tiempos en los que cualquier chispa puede provocar un incendio, está siendo bien aprovechada por los medios de siempre.

La polémica acaba resultando calcada a cualquier otra. ¡Pero cómo se le ocurre al Gobierno intervenir en la administración! ¡Cómo se atreven los políticos a meter sus interesadas manos en el pulcro trabajo de los impolutos técnicos! Lo vemos ahora en el INE, pero lo hemos visto en la justicia, en el Banco de España y en tantas otras disputas. Siempre la separación entre el mundo de la política y de una administración pública elevada a los altares de la objetividad. La antipolítica.

Hace años, dando un curso a personas que habían pasado la oposición para un alto cuerpo de la administración (el mismo de la exministra, de su antecesor, del ministro actual y tantos otros), uno de los alumnos nos preguntó a otro compañero y a mí, que impartíamos la clase, dónde había que situar la línea entre lo que te decía el político y nuestro trabajo como técnicos. Mi compañero y yo, ya con larga experiencia en la administración, nos miramos y le dijimos, con toda la delicadeza que pudimos, que esa línea no existía. Fue más o menos como decirle que los reyes son los padres. Luego le intentamos transmitir que no existe una línea, sino una ancha franja donde se viven situaciones de lo más diverso y que cada cual con su moral de funcionario público respetuoso con el voto popular tiene que gestionar. La cosa no era tan fácil como estar a un lado u otro de la línea.

La situación vivida en el INE en los años en los que resultaba evidente que se estaban haciendo mal las cosas en la estimación del PIB es uno de esos casos en los que estábamos en ese pantanoso terreno. ¿Sabiendo que se estaba haciendo mal algo debe la responsable del departamento dejar que se siga haciendo mal? Pues no. Bastante tardó en mi opinión en darse cuenta, por mucho que ahora se quiera colocar como la heroína del cuento. ¿Deben los empleados públicos defender un trabajo mal hecho amparándose simplemente en su supuesta objetividad y carácter técnico como, de hecho, hicieron en su momento? En mi opinión, no.

Y aquí en esta parte es donde aparecen otros invitados. Me atrevería a decir los tontos útiles en busca de su minuto de gloria. Las asociaciones profesionales. A cualquier se le concede el derecho a llamarse profesional y decir que representa a un colectivo. Algunos llevamos ya tiempo cansados de que se haga caso al Colegio de Economistas, que no reúne ni mucho menos a la totalidad de la profesión y que actúa como si en ese grupo de profesionales no hubiera partidarios de una cosa y otros de la contraria. Pero como se llama tan pomposamente Colegio de Economistas parece que es algo más. Pues no, no es mucho más que el club de amigos de la petanca de mi barrio. Y ahora sale a la palestra esa Asociación de Estadísticos del Estado que no reúne a más de cuatro veteranos mal contados (aunque supongo que siendo estadísticos contarse a ellos mismos se contarán bien). Si visitan su página web, verán su febril actividad en los últimos años. Pero, claro, si alguien les da visibilidad para alimentar polémicas, allá que se lanzan.

Llevemos las discusiones de lo que debe ser la relación entre la política y la administración por unas vías racionales, realistas, que ya somos mayorcitos y, de paso, que nadie hable de más ni nadie se arrogue el derecho de hablar por los demás por mucho que compartamos profesión.

Acabo de hacer mudanza. Me prometí que aprovecharía para deshacerme de esos trastos inútiles que uno va acumulando, pero, luego, a la hora de la verdad, ahí se ha quedado la discografía completa de Siniestro Total en CD, ahora que ni siquiera tengo reproductor.

Algo parecido pasa con nuestras administraciones y, en general, con nuestro entramado institucional. Se van acumulando trastos (notarios, registradores, colegios oficiales de médicos y abogados, el Senado,…) que quizás en otro siglo sirvieron para algo, pero que en algún momento se volvieron inútiles y, por una razón u otra, tenemos problemas para cambiarlos o simplemente deshacernos de ellos. El sistema de oposiciones como método de entrada a la Administración es uno de ellos, uno de esos trastos que están acumulando polvo.

La cuestión ha vuelto a resurgir en estas semanas a raíz de la propuesta del gobierno de introducir cambios en la forma de selección de los jueces. No es la primera vez. De hecho, ya el año pasado se tomaron medidas en la misma dirección y, si nos remontamos más atrás, a 2007, el ministro Mariano Fernández Bermejo ya sugirió la necesidad de modificar el sistema para intentar atraer a más personas a la carrera judicial. Entonces la excusa era la falta de candidatos, aunque estaban latentes las mismas razones que se argumentan ahora.

Pero la preocupación sobre este asunto va más allá de los jueces y es antigua, aunque rara vez transcienda de los círculos cerrados de la propia administración o de algunos académicos. A este respecto merece la pena destacar los trabajos de Manuel Bagüés analizando con datos todos los defectos en el diseño de las pruebas de acceso a distintos cuerpos de la Administración. Sus trabajos son “tan solo” de 2005, así que, dados los ritmos que a veces nos gastamos en el sector, se entiende que muchas de esas pruebas sigan adoleciendo de las mismas lacras que entonces, las de jueces a la cabeza. Y no se puede decir que en todo este tiempo no haya habido cambios en las distintas pruebas de acceso, pero, bien porque esos cambios se hacen sin la debida reflexión, bien porque son poco ambiciosos, bien porque al final son los propios cuerpos de funcionarios los que controlan los procesos (de nuevo los jueces, pero no solo ellos), incluso cosas tan básicas como que las pruebas sean anónimas, siguen, en la mayoría de los casos, sin corregirse.

Cuando hablamos en general de oposiciones lo hacemos de una forma simplificada. Hay muchas y muy distintas, pero se pueden reducir todas a lo básico: es una prueba que da acceso a un puesto de trabajo. En esa prueba de lo que se trata es de elegir a los mejores candidatos en igualdad de oportunidades para todos ellos. El principal problema es que, sin demasiado análisis sobre si es razonable o no, estas pruebas se han ido haciendo cada vez más exigentes, sobre todo en los cuerpos más altos de la administración. No tanto exigentes en un sentido intelectual (no obligan a expresarse mejor ni a ser capaz de interpretar mejor las leyes o la economía), sino exigentes en tiempo de preparación. Esto aleja a muchos posibles candidatos que no tienen capacidad económica para estar varios años estudiando una oposición, con el agravante de que en una oposición el esfuerzo solo tiene rentabilidad si apruebas; si no, es un tiempo perdido, sin ningún tipo de recompensa, que además deja un agujero en tu trayectoria profesional que puede condicionar la posterior búsqueda de empleo.

Todos los que tenemos algún tipo de relación con las oposiciones somos conscientes de este problema y, en este sentido, la propuesta de reforma intenta ponerle remedio. Pero no lo hace rebajando el coste de entrada, sino simplemente compensando ese coste a algunos candidatos. Lo lógico sería intentar reducir ese coste, que la preparación no fuera tan gravosa. Deberíamos aspirar a que cualquier licenciado en derecho con unos meses de preparación pudiese afrontar un examen de acceso a un cuerpo relacionado con su grado (juez, fiscal, abogado del Estado) o que un licenciado en económicas lo pudiera hacer con las oposiciones de economista del Estado. No hay que hacer complejo el acceso para hacer una buena selección. El ejemplo lo tenemos en el MIR. Es un caso de éxito desde (también aquí hay que decir “tan solo”) 1978. Es una sola prueba, tipo test (digo esto y ya veo las caras escandalizadas de jueces, abogados del Estado y otros altos cuerpos), que ha demostrado a lo largo del tiempo que selecciona muy bien (los que obtienen los mejores puestos suelen ser los que también han tenido mejores expedientes académicos). Por supuesto que se necesita un tiempo de preparación (nadie lo duda), pero es incomparable con otros casos.

Pero no bastaría solo con simplificar el acceso. Habría que añadir un curso selectivo que durase dos o tres años y que sirviese para seleccionar a los que, habiendo superado el acceso, demostrasen en el trabajo diario que efectivamente son adecuados para trabajar en la Administración. Es muy ingenuo a estas alturas pensar que, tras un examen, sea de la dureza que sea, los que lo superan son los mejores para el puesto de trabajo. Tenemos tantas evidencias. Alguien puede recitar de memoria el código civil y ser incapaz de redactar una sentencia, lo mismo que se puede ser un experto en la teoría del comercio internacional y un inútil gestionando una oficina comercial. En algunas oposiciones existe formalmente ese curso, pero se pueden contar con los pulgares de las manos los que no lo han superado. Se trataría de introducir un proceso realmente selectivo, bueno para la propia Administración, pero también para aquellos que finalmente no lo superasen, que tendrían al menos la experiencia laboral, no habrían perdido el tiempo.

Tampoco se acaba ahí el problema. Como bien sugería recientemente Garbiñe Biurrun en estas mismas páginas, quizás lo que veamos en la superficie del sistema judicial no responda bien al conjunto. En ese conjunto hay más diversidad, más sentido común y menos sesgo ideológico. Un ejemplo de esto es la propia representación por géneros, plena de mujeres a la entrada y abrumadoramente llena de hombres en la cúpula. Eso ya no tiene que ver con el acceso. Eso tiene que ver con la forma que funcionan las cosas dentro de la administración, ni siquiera en los más altos niveles, en los que las decisiones son y deben ser políticas. No, mucho más abajo. No es quién nombra a los embajadores que, lógicamente, debe ser el poder político. El tema es cómo se seleccionan los cargos intermedios. En esos procesos, como suelen decir en el nombramiento de los directores de oficinas comerciales, los Rodríguez y los García solo pueden aspirar a lugares de tercer nivel; los de primer nivel está reservado a los “pata negra”. Todas estas decisiones, que no son primera plana de un periódico, también son el problema y eso no se va a solucionar tan solo dando becas.

El Gobierno debería aprovechar esta ocasión no solo para tratar de solucionar el problema de la judicatura, sino para darle una vuelta a la forma en que la Administración busca a sus trabajadores y cómo se organizan estos. Debería ser más ambicioso. Es difícil que lo haga porque los resultados nunca serían inmediatos. Pero no hacerlo es dejar que los trastos sigan acumulándose. Puede parecer que no molestan, pero quitan mucho sitio. Lo digo por experiencia. 

No, no todos los funcionarios queremos pertenecer a Muface. Contrariamente a lo que parece cuando se leen las noticias de estos últimos tiempos acerca de la negociación con las compañías de seguros y del esfuerzo que está dispuesto a hacer el Gobierno para mantener este sistema caduco e injusto, muchos de nosotros desearíamos ser como el resto de los trabajadores y no tener ningún tipo de privilegio. Nos gustaría renunciar a Muface, apostatar, aunque ello resulte en estos momentos más difícil que hacerlo de la Iglesia Católica.

Sí, hay muchos de nosotros que optamos por la sanidad pública. Desconozco los datos exactos. Por la información de una u otra fuente, quizás seamos alrededor de medio millón los que preferimos la sanidad pública al sistema privado al que tendríamos derecho por pertenecer a Muface. Cada uno tendrá su motivo. Para la mayoría es el convencimiento de que es mejor la sanidad pública que la privada, sin ningún género de dudas. Otros se habrán visto expulsados de la sanidad privada porque su enfermedad no la quieren cubrir las aseguradoras. Otros que, como yo, somos economistas porque sabemos que la gestión colectiva de la sanidad es siempre más eficiente que la gestión individual y nuestra responsabilidad como funcionarios debería ser procurar la mejor utilización de los recursos comunes. Otros más, porque consideren que un sistema diferenciado es un privilegio inadmisible, sobre todo siendo empleados públicos. Y para algunos más serán válidas todas las razones anteriores.

Sí, el sistema es un privilegio. Se empeñan sus defensores en decir que no, que no es ningún privilegio poder elegir un sistema u otro de salud. Raro es que alguien que goza de un privilegio lo reconozca como tal y menos aún que se decida a renunciar a él voluntariamente. Pero no hay otra forma de calificar algo que está al alcance de unos trabajadores y no al alcance de otros similares. Porque sí, los funcionarios somos unos trabajadores más. Y tanto los de la administración civil del Estado, como los de justicia o los funcionarios militares. No nos olvidemos que los trabajadores que se integran en Mugeju (la mutualidad de la justicia) e Isfas (la de los militares) también disfrutan de privilegios.

Y sí, el sistema favorece a unos pocos y es, por tanto, injusto, pero también es ineficiente. Lo es porque las enfermedades graves acaban siempre en la sanidad pública. Las aseguradoras se aprovechan de los segmentos del mercado menos costosos, pero no cubren todos los riesgos que sí cubre la sanidad pública. Es ineficiente porque sus costes de gestión son, como sucede en todo sistema sanitario privado con información asimétrica, mucho más elevados. Es ineficiente porque todo sistema de seguros sobre riesgos generales es mejor cuanto mayor sea la población cubierta.

Ningún gobierno progresista, menos aún si quiere considerarse de izquierdas, debería insistir en prolongar los privilegios, en amparar las soluciones individuales frente a las soluciones colectivas. Lo que procede es que se dé carpetazo a estos sistemas (igual que hace muchos años se hizo con otras mutualidades). Si no hay más remedio, con todos los mecanismos transitorios que haya que implementar, pero que nadie más entre en el sistema y, de paso, que los que nos queramos salir lo podamos hacer.