Comienza la campaña de la Declaración de la Renta, ese momento del año en el que, entre números y casillas, ajustamos cuentas con el Estado. Para la mayoría de las personas es un tedioso trámite administrativo que puede ser un alivio si sale a devolver o un disgusto si toca pagar. Sin embargo, hay un aspecto que sigue siendo poco conocido y que puede marcar una diferencia significativa: las deducciones fiscales por donaciones.

La Renta, además de ser un balance anual de nuestros impuestos, funciona como una herramienta política que puede jugar a nuestro favor. ¿Cómo? Te lo cuento: 

En el escenario global actual, marcado por la polarización y el auge de discursos de ultraderecha que vienen a cuestionar incluso aquellos derechos que creíamos consolidados para las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, el trabajo que hacen quienes lideran la defensa de esos derechos es crucial. Y aquí es donde tu fiscalidad entra en juego: apoyar derechos tiene un coste real mucho menor de lo que la mayoría de las personas piensa.

Apoyar causas justas no es solo cosa de grandes fortunas

Hay una falsa creencia que supone que la filantropía y el mecenazgo son actividades reservadas para las grandes fortunas. Pero esto no podría estar más alejado de la realidad. El sistema fiscal español, especialmente tras la última reforma de la Ley de Mecenazgo, ha diseñado un modelo que fomenta y premia las donaciones de base, aquellas pequeñas cuotas mensuales que podemos pagar tú y yo como personas trabajadoras a aquellas entidades sociales con las cuales empatizamos y compartimos valores.

La lógica es sencilla: el Estado reconoce que la labor de las organizaciones que están al frente en la defensa de los Derechos Humanos genera un beneficio para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque allí donde el Estado no cubre las necesidades de las comunidades que sufren mayor vulnerabilidad es donde entran las organizaciones que trabajan directamente con ellas. Por eso, es el mismo Estado el que incentiva a la ciudadanía a colaborar en la sostenibilidad de estas organizaciones, a través de la “devolución” de una gran parte de esa donación en la declaración de la Renta.

Por qué donar 20 euros al mes solo te cuesta 4

Pongamos un ejemplo práctico: imagina que decides apoyar los derechos de las mujeres y personas LBTIQA+ con una cuota de 20 euros al mes, aportando un total de 240 euros al año. La normativa actual indica que los primeros 250 euros donados anualmente tienen una deducción del 80% en la cuota del IRPF. Esto significa que, al hacer tu declaración, Hacienda te devolverá 192 euros de esos 240 donados. El coste real para tu bolsillo habrá sido de menos de 50 euros al año. Menos de lo que te cuesta una suscripción anual a cualquier plataforma de streaming. 

Pese a que tú habrás invertido únicamente 48 euros, las niñas, mujeres y personas LBTIQ+ que más lo necesitan habrán recibido 240. Se trata, realmente, de una inversión compartida: tú pones una parte y el Estado, a través de la bonificación fiscal, pone la otra.

Llegar donde las instituciones no llegan

En los últimos años, hemos asistido a nivel global, y también en España, a intentos de reducir la financiación pública destinada a políticas de igualdad y a la defensa de los derechos LGBTIQ+. Cuando las organizaciones dependen exclusivamente de subvenciones públicas, su supervivencia y capacidad de reacción frente a las urgencias se ve limitada por restricciones burocráticas y condiciones inasequibles. 

Sin embargo, hay situaciones que no pueden esperar a los tiempos administrativos. Tras la DANA de octubre de 2024, fueron las organizaciones sociales quienes ofrecieron respuestas inmediatas a colectivos especialmente vulnerables, como personas migrantes en situación administrativa irregular. 

Lo mismo ocurre en diversas situaciones del día a día. Entidades como Dones Africanes de Tarragona, ofrecen una respuesta frente al fallo estructural del sistema institucional de acogida, generando redes de apoyo comunitario a través de formación, acompañamiento y espacios de encuentro. De nuevo, donde el Estado no llega, está la comunidad organizada.

Por eso, fortalecer estas organizaciones es clave. En Calala trabajamos precisamente para canalizar recursos hacia estos colectivos, contribuyendo a que mujeres y personas LBTIQ+ puedan vivir con autonomía, libres de violencias y con capacidad real de decisión sobre sus vidas. 

Más que un trámite: un compromiso con el futuro de todas

Las donaciones ciudadanas son una garantía de verdadera libertad para quienes trabajamos por el avance de los Derechos Humanos. Crear una base sólida de donantes no solo brinda sostenibilidad; permite a organizaciones como Calala seguir financiando a grupos de base, a defensoras de derechos humanos o a colectivos en situación de vulnerabilidad, incluso cuando el viento político y social sopla en contra. 

La Ley de Mecenazgo nos ofrece una nueva oportunidad para reflexionar sobre qué modelo de sociedad queremos construir. Al revisar el borrador de nuestra declaración de la Renta debemos saber que cada euro destinado a organizaciones de defensa de derechos no solo multiplica su impacto sobre el terreno, sino que está protegido y fomentado por un sistema fiscal que entiende la necesidad de una sociedad civil fuerte y autónoma.

Donar es, hoy más que nunca, un acto de responsabilidad y resistencia política. Y, afortunadamente, el sistema está diseñado para que hacerlo esté al alcance de casi cualquier bolsillo.

Nunca me ha resultado fácil hacer balance de los años. El tiempo es mucho más complejo y coincido con la cultura maya en pensar que no es lineal. Los procesos llevan mucho tiempo, la vida se nos escapa en un abrir y cerrar de ojos o se hace eterna, dependiendo del contexto. Aun así, quiero detenerme un momento a reflexionar sobre este tiempo que es nuestro.

2024 fue el año en que conocimos la entereza y fuerza de Gisèle Pellicot, quien logró que la vergüenza cambiara de bando. Su denuncia contra la violencia sexual y el abuso de poder resonó en millones de activistas desde todos los rincones del mundo, demostrando que la sororidad no conoce fronteras.

En España, el consentimiento volvió a ser tema de debate. La denuncia contra un alto cargo político por violencia sexual sacudió la opinión pública, transformando lo que podría haber sido un intento de silencio en un grito colectivo. Aunque la rabia y la indignación nos recuerdan cuánto queda por hacer, estos hechos son también prueba de la fuerza del movimiento feminista y de su capacidad para exigir justicia.

En Centroamérica, las frágiles democracias se han deteriorado aún más. La persecución contra organizaciones y activistas feministas, indígenas y defensoras del territorio se intensificó. Bukele ha iniciado un retroceso alarmante, eliminando conquistas como la ley contra la minería metálica y perpetuando un estado de excepción que atropella los derechos humanos.

Ortega, por su parte, ha desmantelado el tejido social, consolidando su dinastía en Nicaragua. En medio de esta represión, vimos un rayo de esperanza con la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado salvadoreño por violar los derechos de Beatriz, una joven cuyo embarazo inviable puso en grave riesgo su vida. La sentencia establece un precedente histórico, obligando a los Estados que penalizan el aborto a rendir cuentas.

Pero no todo ha sido lucha desde el sur. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos encendió las alarmas globales. El retorno del discurso ultraderechista, con frases deshumanizantes como “Your body, my choice” es un ataque directo a los derechos de las mujeres y comunidades LGTBIQ+. Es un recordatorio de que ningún derecho está garantizado, y el régimen de género que intenta imponer la ultraderecha busca controlar nuestras vidas y cuerpos.

A pesar de ello, seguimos avanzando. Las organizaciones feministas, desde Centroamérica hasta España, se resisten a retroceder. Hace pocos días, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a Ecuador y Nicaragua por la violación de los derechos de tres niñas sobrevivientes de violencia sexual, a quienes se les negó el acceso al aborto. Esta sentencia no solo reconoce el daño a las víctimas, sino que obliga a los Estados a tomar medidas de reparación y no repetición, destacando el impacto devastador de la impunidad en la vida de las mujeres.

No vivimos un buen momento para los movimientos sociales, pero estos nunca han sido más necesarios. Urge fortalecer un feminismo antirracista, anticapitalista, fuerte y diverso, que expanda los límites de lo posible y se atreva a inventar nuevas formas de hacer y estar en el mundo.

Podemos hacer mucho para sostener este tejido de personas que resisten, cuidan y arropan. Desde participar en espacios autogestionados, informarnos, acompañar a colectivos, usar nuestros privilegios para amplificar demandas o donar dinero a las organizaciones feministas.

La financiación flexible es vital para que las activistas puedan descansar, pensar, crear y, sobre todo, seguir juntas. Se acabó 2024, pero la lucha no para. Porque la vida no se detiene y el movimiento es la vida misma.