Buscar noticias sobre la Comunidad de Madrid es relativamente sencillo. De hecho, habitualmente copan los titulares y los telediarios del conjunto del país. Siempre y cuando consideremos que la sucesión de dimes y diretes entre el gobierno estatal, el gobierno madrileño y sus respectivos portavoces mediáticos son noticia. Y se hace necesario poner en duda si son o no noticia porque ocupan, cuantitativa y cualitativamente, un espacio enorme en la vida pública y el debate político de nuestro país y nuestra región.

En los últimos meses, asistimos al enésimo partido de ping-pong entre el gobierno del Estado e Isabel Díaz Ayuso. A cuenta de la (también enésima) corruptela vinculada al expolio de los servicios públicos, nuestra región y sus actores vuelven a ser los invitados estrella de todas las tertulias. Pero también son el parapeto tras el que esconden sus vergüenzas y sus políticas fallidas el Partido Popular de Madrid, su presidenta, y el PSOE. Mientras el foco continúe en los últimos acontecimientos procesales o en el penúltimo exabrupto del jefe de gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, se hablará menos de la que es la principal preocupación de los españoles: la crisis de la vivienda.

La ola de precariedad económica y angustia vital que está generando la cuestión de la vivienda es incontestable. Tratando de incidir sobre esto, las diferentes organizaciones políticas han movido ficha, planteando “soluciones milagrosas” que no ahondan en las cuestiones estructurales de la acumulación de la posesión de vivienda en España. Incluso las del PSOE, son en realidad tímidos ajustes, que alejan el foco del principal causante de la situación: el voraz sistema capitalista.

Un sistema donde la búsqueda del beneficio de los grandes capitales se prioriza por encima de cualquier derecho, incluido el derecho a la vida. Donde los bienes de primera necesidad como la vivienda o los alimentos son bienes con los que especular y hacer negocio. Poco importa el disparado aumento de los precios o que millones de personas no puedan construir su propio proyecto de vida por no poder acceder a una vivienda.

El escenario es realmente desolador. Quien vive en la Comunidad de Madrid está obligado a destinar, de media, alrededor de un 60% de su sueldo para poder habitar una vivienda. Mientras, existen más de 200.000 pisos vacíos en la comunidad. Y mientras proliferan desarrollos urbanísticos pensados para maximizar el beneficio de las grandes constructoras. En concreto, proyectos como Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, y Los Cerros, lanzarán hasta 110.000 viviendas a las manos de los especuladores, con unas cifras de alquiler social y vivienda pública ridículas.

No es ningún secreto que la política de la Comunidad de Madrid tiende al beneficio del especulador y del gran tenedor. Por ejemplo, el parque público de viviendas sociales en Madrid apenas alcanza el 1% del total. De hecho, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han facilitado la venta de viviendas públicas protegidas a fondos buitre, lo que ha contribuido a la especulación inmobiliaria y al aumento de precios. El hecho de que una vivienda en la ciudad de Madrid suponga para un arrendador una rentabilidad anual de cerca del 26%, mientras que, por ejemplo, el índice bursátil estadounidense del Nasdaq-100 ofrezca el 21,4% es bastante revelador de por qué se da una acumulación desmedida de viviendas en manos de unos pocos.

Otra de las lacras que sufrimos es la de las viviendas de uso turístico. Se calcula que en nuestra región existen 24.000 pisos de alquiler turístico. Posibilitar que los grandes fondos adquieran viviendas sin control convierte a las grandes ciudades en parques temáticos. El porcentaje de viviendas dedicadas al turismo es cada vez mayor, en 2024 y teniendo en cuenta solo las VUT legales, han aumentado más del 30% respecto al año anterior, al igual que el parque inmobiliario en manos de grandes tenedores (un 34,76% más).

Ante esta realidad, ¿qué Madrid queremos?

Nosotras lo tenemos claro, uno donde los alimentos sean para comer y las viviendas para vivir, donde los recursos públicos se utilicen para garantizar el derecho la vivienda y la salud, una Comunidad que promueva la vida digna de las personas que la habitan y no el beneficio de unos pocos a costa de depredar los salarios y las pensiones de la mayoría.

Desde el PCE apostamos por un modelo de sentido común. Un modelo que garantice el derecho a un hogar digno para la clase trabajadora, defendiendo firmemente la expropiación sin compensación a los grandes propietarios. Apostando por la creación de un parque público de vivienda cedida en derecho de uso, con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria y asegurar un acceso equitativo a la vivienda para las generaciones presentes y las futuras. Abogamos además por la prohibición de nuevas licencias para alquileres turísticos y la rehabilitación de viviendas en barrios obreros primando la eficiencia energética y el acondicionamiento de los hogares más antiguos y precarios, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos y frenar el desplazamiento forzoso de familias trabajadoras.

La crisis de vivienda en nuestra región no es un fenómeno casual, sino el resultado de políticas de generaciones. Por todo ello es necesario continuar el impulso movilizador de octubre, participando de manifestaciones como la del próximo domingo 9 de febrero y a la organización popular. Solo en colectivo, empujando todos y todas para cambiar este sistema de raíz lograremos que vivir en Madrid deje de ser imposible. En nuestra mano está.