Aunque, no nos engañemos, Hungría no se ha despertado siendo un país progresista, ni su Parlamento refleja hoy una pluralidad ideológica amplia. La izquierda, de hecho, sigue sin tener espacio y presencia real. Pero algo se ha movido. La victoria de Péter Magyar no es una revolución, pero sí una grieta. Y a veces, la historia empieza precisamente así, con una grieta. 

Cuando un gobierno decide convertir a una minoría en un problema, no solo cambia las normas. Esas normas cambian el aire. Hacen que lo cotidiano pese más. Que un gesto, una palabra, una mirada, se carguen de significado. Y eso no creo que desaparezca de un día para otro por un resultado electoral.

El ejemplo más evidente lo hemos podido ver en el colectivo LGTBIQ+ húngaro, que durante estos años, no solo ha visto recortados sus derechos en leyes concretas sino que, sobre todo, ha vivido algo mucho más difícil de medir, pero mucho más corrosivo: un ambiente, un clima hostil en el que mostrarse era exponerse. En el que callar era, muchas veces, la única forma de protegerse. En el que una ley no solo regulaba, sino que señalaba.

Por eso conviene no precipitarse con los diagnósticos optimistas. Porque lo que se abre ahora no es una etapa de victorias rápidas, sino algo más delicado como es la posibilidad de empezar a recomponer. Igual que cuando una casa ha estado años deteriorándose. Primero hay que asegurar la estructura, ventilar, dejar entrar la luz. Luego, ya vendrán las reformas.

Durante mucho tiempo, Europa ha tratado el caso húngaro como quien aparta una piedra del camino, con cierta incomodidad, pero sin detenerse demasiado. Se hablaba de “anomalía”, de “caso aislado” pero, si somos honestos, no lo era tanto. Porque lo que estaba ocurriendo en Hungría era, en realidad, la expresión más visible de una tensión que sigue atravesando a toda Europa y que nos obliga a preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a defender de verdad nuestros propios valores. Y aquí, hay que decirlo sin rodeos, la Unión Europea ha fallado. Ha llegado tarde. Ha dudado demasiado. Y, sobre todo, se ha atado a sí misma las manos.

El sistema de unanimidad que en su momento tenía sentido, se ha convertido en una especie de candado. Un candado que permite que quien vulnera las reglas del juego pueda, además, bloquear cualquier respuesta como ha hecho Orbán en estos años. Una paradoja difícil de explicar… y aún más difícil de justificar por cuanto en medio de ese bloqueo institucional, hay personas concretas. Con nombres, con vidas, con miedos muy reales.

El resultado electoral en Hungría dibuja una ventana que, aunque no sea perfecta, abre en Europa, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de avanzar en dos terrenos que parecían completamente atascados.

Por un lado, el de repensar de verdad los mecanismos de decisión en la Unión Europea; porque si algo ha quedado claro es que no se puede defender el Estado de derecho con herramientas que lo hacen inviable.

Y por otro, y quizá más importante, dar un paso adelante en la consolidación real de los derechos fundamentales. Pero no con declaraciones bonitas. No escribiéndolos como principios que suenan bien en los tratados. Sino garantizando que sean efectivos, medibles y exigibles.

Podríamos pensar que con reducir la hostilidad es suficiente. Que con rebajar el tono, con dejar de señalar, con permitir un mínimo de convivencia, ya hemos avanzado bastante. Y sí, algo se avanza, pero no basta. Porque vivir sin ser atacado no es lo mismo que vivir con derechos. Porque tolerar no es lo mismo que reconocer y porque existir sin miedo no debería ser el techo, sino el punto de partida.

Europa tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de ir más allá de ese mínimo; de construir un marco en el que los derechos no dependan del gobierno de turno. En el que no haya que mirar cada elección con incertidumbre. En el que nadie tenga que preguntarse si mañana volverá a ser cuestionado.

A veces hablamos de Europa como si fuera solo un entramado de normas, de equilibrios, de despachos en Bruselas. Pero Europa, en el fondo, es otra cosa. Es la idea sencilla, casi elemental, de que nadie debería sentirse extranjero en su propia vida. De que la dignidad no se negocia. De que hay límites que la política no debería cruzar. Suena básico. Y, sin embargo, hemos visto lo fácil que es olvidarlo.

Hay motivos para mirar lo que ha pasado en Hungría con cierta esperanza. Sería injusto no reconocerlo. Para muchas personas, simplemente bajar la intensidad del conflicto, recuperar un poco de aire, ya es un alivio enorme. Pero, al mismo tiempo, conviene no perder de vista que nada de esto está garantizado.

Hemos visto claramente que los derechos no son irreversibles y que, cuando retroceden, lo hacen deprisa. Por eso, más allá de celebrar el momento, lo que toca ahora es decidir qué hacemos con él.

Si Europa vuelve a conformarse, si vuelve a gestionar en lugar de transformar, si vuelve a posponer las decisiones difíciles, esta oportunidad se cerrará. Y, probablemente, volveremos a encontrarnos en el mismo punto dentro de unos años, en Hungría o en cualquier otro país.

Hungría nos ha puesto frente a un espejo. No solo para ver lo que ha pasado allí, sino para preguntarnos qué tipo de Europa queremos ser. Una que reacciona tarde y a medias.

O una que entiende, de una vez, que los derechos no son un accesorio del proyecto europeo, sino su razón de ser.

La entrevista sorprendió a muchos porque contrastaba abiertamente con el comportamiento general de su partido. Tanto que, de hecho, llegó a trascender incluso fuera de La Rioja. No es algo habitual, pero aquellas declaraciones llamaron la atención hasta el punto de que el siempre agudo y nada sospechoso de tibieza progresista Marc Giró llegó a decir que le gustaría entrevistar a Capellán. Le intrigaba, claro, porque un dirigente del Partido Popular tan rotundo frente a Vox merecía, como mínimo, una conversación. Y es que no todos los días aparece un “verso suelto” en la derecha.

Pero, la verdad es que la frase ha envejecido mal. Muy mal. Porque apenas unas semanas después, el mismo Capellán ha aparecido alineado con la dirección nacional de su partido, participando sin complejos en la presión a Vox para cerrar cuanto antes los acuerdos de gobierno en las comunidades donde el Partido Popular no suma sin ellos. Ya no hay distancia. Ya no hay incomodidad. Ahora hay prisa.

Hoy, viendo la foto de Capellán junto al resto de dirigentes del PP, presionando a Vox para que facilite gobiernos, uno no puede evitar preguntarse qué pensará ahora Marc Giró. Si sigue interesado en la entrevista… o si ahora la plantearía en otros términos. Quizá ya no para explorar una excepción, sino para analizar un caso bastante más común: el de las convicciones que duran exactamente hasta que hacen falta los votos.

Y claro, uno no puede evitar preguntarse si las convicciones de Gonzalo Capellán son tan firmes como dice… o si, en realidad, son perfectamente reversibles.

Porque lo de Vox no es un episodio aislado. No es un tropiezo. Empieza a parecer un método. 

De hecho, esta misma semana hemos visto otro movimiento llamativo, un nuevo desmarque del discurso oficial de su partido, esta vez en relación con el apoyo casi unánime del Partido Popular a las posiciones belicistas de Estados Unidos. Capellán, en cambio, ha optado por mostrarse contrario a la guerra, adoptando un tono prudente, casi pacifista. Y, de nuevo, surge la duda: ¿convicción o cálculo? ¿Posición de principios o simple estrategia para ocupar ese espacio templado, ese centro político en el que intenta instalarse sin terminar de retratarse nunca?

Porque no es la primera vez. Lo vimos también con la dana. En un momento en el que se exigía claridad, responsabilidad y liderazgo, Capellán optó por la ambigüedad, por medir cada palabra, por no incomodar a nadie. Ni una posición firme, ni una crítica clara, ni un compromiso que pudiera generar desgaste. Perfil bajo. El justo para no molestar… y tampoco comprometerse. Aunque cuando el partido se lo pidió, se rompía las manos aplaudiendo al indigno Mazón en el homenaje de “desagravio” que le dispensó el PP.

Y eso, más que prudencia, empieza a parecer una forma de esconderse. Una forma de hacer política en la que lo importante no es tanto lo que se defiende, sino evitar el coste de defenderlo. Primero se marca distancia cuando conviene. Luego se guarda silencio cuando el terreno es incómodo. Y finalmente, cuando la realidad aprieta, se corrige el discurso sin demasiados problemas.

Lo hemos visto con Vox. Lo intuimos ahora con la guerra. Lo sufrimos durante la Dana cuando se escondió del homenaje de Estado a las víctimas poniendo como excusa la inauguración del nuevo césped del campo de fútbol de Navarrete.

Y, por si quedaba alguna duda sobre el marco en el que se mueve todo esto, ahí está esa frase que retrata toda una forma de entender la política en el Partido Popular: “mentir no es ilegal”. Una afirmación que no es solo un desliz desafortunado, sino toda una declaración de principios. Porque cuando se asume que la verdad es secundaria, todo lo demás encaja mucho mejor.

Encaja que se diga una cosa y se haga la contraria. Encaja que las líneas rojas desaparezcan sin explicación. 

No estamos ante contradicciones puntuales del PP, ante un desliz o una mala tarde. Esto es algo más estructural. Es una manera de hacer política basada en la ambigüedad calculada. Se lanza un mensaje tranquilizador al electorado moderado, se construye una imagen de centralidad… y, mientras tanto, se deja siempre una puerta entreabierta para cuando la aritmética -la de verdad, la que decide gobiernos- obliga a tomar decisiones.

Por eso también conviene recordar que Capellán no es nuevo en esto. No es un recién llegado a la política al que se le pueda conceder el beneficio de la duda, porque ya formó parte de un gobierno que aplicó sin titubeos políticas profundamente ideológicas, alineadas con los sectores más duros de la derecha representada por el ministro Wert al que emuló desde La Rioja. Aquella etapa al frente de la Consejería de Educación no fue precisamente un ejercicio de moderación. Y eso, por mucho que ahora se intente dulcificar el relato, sigue ahí.

En ese contexto, lo de Capellán deja de ser sorprendente para convertirse en previsible.

¿A quién pretende engañar? Porque lo que estamos viendo con Vox no es una incoherencia aislada, sino la aplicación disciplinada de la estrategia que han ido desarrollando todos los barones de su partido y el propio líder nacional: mientras no necesito a Vox, lo desprecio; cuando lo necesito, lo normalizo. Y entre medias, intento mantener la ficción de que soy otra cosa. Más moderado, más centrado, incluso -por momentos-, casi homologable a posiciones progresistas.

Pero la política, como la vida, tiene ese pequeño inconveniente: que los hechos acaban pesando más que las palabras. Por eso cuesta tanto comprar este nuevo disfraz. Porque, en el fondo, todo encaja demasiado bien. Encaja el cambio de tono. Encaja la rapidez con la que desaparecen las líneas rojas. Encaja esa imagen junto al resto de dirigentes del Partido Popular, todos a una, aclamando a Mazón o reclamando acuerdos con Vox como quien reclama algo inevitable. Como quien ya ha asumido que aquello del “nunca” era, en realidad, un “ya veremos”.

Y es que quizá esa sea la verdadera enseñanza de todo esto. Que en el Partido Popular no hay un problema de contradicción, sino de sinceridad. No es que digan una cosa y luego hagan otra. Es que jamás dicen la verdad (“mentir no es delito”), si con ello consideran que pueden obtener un beneficio.

Y, en esta lógica, Capellán no es ningún verso suelto. Nunca lo ha sido. Ni antes, cuando aplicaba sin matices las políticas más duras de su partido, ni ahora, cuando intenta revestirse de una moderación que se desvanece en cuanto aparecen los votos necesarios. Su trayectoria es coherente, aunque su discurso no lo sea.

Y eso es, precisamente, lo relevante. No estamos ante un dirigente que cambia de opinión, sino ante alguien que adapta sus convicciones a las necesidades del momento.

No es convicción. Es estrategia.

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán abre una etapa inquietante, una de esas que pueden desencadenar consecuencias que, sin necesidad de ser un experto en geopolítica, nadie es capaz de prever del todo. Basta con tener memoria y una mínima conciencia de lo que significa una guerra en una región ya castigada por décadas de conflictos para justificar una profunda preocupación ante un futuro más que incierto.

La memoria se reactiva porque, lamentablemente, ya tuvimos ocasión de vivir una situación similar hace poco más de veinte años, cuando se construyó todo un relato para convencernos de que invadir Irak era poco menos que una obligación moral. Entonces escuchamos discursos solemnes, informes alarmantes y grandes amenazas que pretendían justificar un ataque ilegal que luego el tiempo terminó desenmascarando.  

Todos recordamos cómo terminó aquello. La invasión de Irak no trajo la estabilidad que prometían quienes la defendieron. No eliminó las amenazas que decían combatir. No hizo del mundo un lugar más seguro. Más bien ocurrió lo contrario, se abrió una herida profunda en toda la región, se desató un ciclo de violencia que todavía hoy sigue supurando y el terrorismo yihadista encontró un terreno fértil para extenderse por medio planeta.

En España, además, aquello tuvo un eco especialmente doloroso. El entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, se encastilló en la mentira y decidió apoyar aquella guerra a pesar de que millones de españoles salimos a la calle para decir algo tan sencillo como que aquello no tenía sentido. Que no había pruebas. Que no había legitimidad internacional. Que no se podía construir la paz sobre mentiras. Recuerdo perfectamente aquellas pancartas, aquel clamor colectivo, aquella sensación de que la ciudadanía estaba pidiendo algo elemental: verdad, dignidad y respeto al derecho internacional. Y, sin embargo, la decisión se tomó igualmente. 

Poco después, nuestro país sufriría el mayor atentado terrorista de su historia. Nadie puede trazar una línea directa entre una decisión política y una barbaridad terrorista. Sería demasiado simple. Pero lo que sí sabemos es que aquel conflicto contribuyó a incendiar aún más un mundo que ya era inestable. Y las consecuencias de aquel incendio todavía las estamos pagando.

Hoy las mentiras y las justificaciones que está utilizando la extrema derecha internacional para atacar Irán son todavía más burdas. Trump y Netanyahu ni se molestan en disimular. Por eso, la verdad, escuchar ahora a los dirigentes del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente y al neofascista Santiago Abascal respaldar de nuevo -con una ligereza que da vértigo- los argumentos que se utilizan para justificar otra escalada militar me produce una sensación muy incómoda. Una mezcla de inquietud y déjà vu. Porque el guion suena demasiado familiar. Más aún cuando esos argumentos han sido fabricados y son divulgados por dirigentes como Benjamin Netanyahu, un político perseguido por la justicia internacional -precisamente por sus crímenes de guerra-, y jaleados con entusiasmo por un mentiroso compulsivo como Donald Trump, siempre dispuesto a convertir cualquier conflicto en combustible para alimentar su propia narrativa de poder y engordar su personal cuenta corriente.

Todo eso, sinceramente, vuelve a ponerme los pelos de punta.

Por eso en medio de todo ese ruido, cuando escuchaba la firme declaración del presidente Pedro Sánchez, me preguntaba qué significa realmente el patriotismo.

Yo me considero profundamente patriota. Quiero a mi país. Estoy muy orgulloso de ser riojano y amo profundamente a mi tierra. Y precisamente por eso quiero lo mejor para España. Me importa el lugar que ocupa en el mundo. Me importa la imagen que proyecta. Me importa que cuando nuestro país habla lo haga desde la sensatez, desde la dignidad y desde el respeto a los valores que dicen sostener nuestra democracia.

Por eso, cuando escuché al presidente del Gobierno hablar con serenidad, con claridad y con una defensa firme de la paz y del derecho internacional, sentí algo que hacía tiempo que no sentía con tanta intensidad: la sensación de que España estaba exactamente donde debía estar.

Por eso mismo, pocas veces como en estos momentos me he sentido tan orgulloso del país al que representa mi Gobierno. La intervención del presidente Sánchez no fue un discurso grandilocuente. No hacía falta. Fue, simplemente, la voz de un país que sabe lo que significa el sufrimiento de la violencia y que, precisamente por eso, se resiste a aceptar con ligereza las decisiones que pueden empujar al mundo hacia nuevos conflictos.

Además -y esto me parece importante-, estoy convencido de que esas palabras no representan solo a un Gobierno. Representan el pensamiento mayoritario de una sociedad que ha aprendido, a base de historia y de experiencia, que la guerra casi nunca resuelve lo que promete resolver.

España se mostró ante el mundo como lo que realmente es: un país civilizado, comprometido con los valores democráticos, con la dignidad humana y con el respeto al derecho internacional.

Y debo reconocer que sentí aún más orgullo cuando, con el paso de las horas, otros países empezaron a compartir ese mismo planteamiento. Cuando comprobé que la posición defendida por nuestro presidente no era una extravagancia aislada, sino el inicio de una corriente de sensatez que otros terminaron acompañando.

Porque liderar no siempre significa tener más tanques, más misiles o más poder económico. A veces liderar consiste, sencillamente, en decir lo que es correcto cuando otros prefieren mirar hacia otro lado.

Mientras algunos se envuelven ostentosamente en la bandera de España para alimentar su estrategia política interna, otros defienden los valores que realmente dan dignidad a un país. Y es que el patriotismo, al final, no consiste en gritar más fuerte ni en apropiarse de los símbolos de todos. El patriotismo consiste en actuar con responsabilidad cuando el mundo atraviesa momentos difíciles. Consiste en defender la paz, la estabilidad y la dignidad de tu país incluso cuando eso significa no seguir el ruido de quienes parecen disfrutar con la confrontación permanente.

Por eso, cuando escucho a quienes presumen de patriotismo alinearse dócilmente con decisiones que pueden volver a incendiar el mundo, no siento orgullo. Siento vergüenza.

Y por eso, al escuchar al presidente de mi país defender con firmeza la paz, la vida y el respeto al derecho internacional, he sentido exactamente lo contrario. No creo simplemente que mi Gobierno esté en el lado correcto de la historia, sé que está en el lado correcto de la vida.

Y eso me llena de orgullo.

Y luego están las que hacen daño porque juegan con el miedo y dejan cicatrices. La mentira sanitaria sobre Mercosur pertenece, sin duda, a este último grupo.

En las últimas semanas venimos escuchado insistentes declaraciones de dirigentes del Partido Popular que, en perfecta sintonía con el mensaje también lanzado por VOX, denuncian que el acuerdo con Mercosur va a permitir la entrada de alimentos “peligrosos”, “producidos sin control” o incluso “envenenados”. Dicho así, sin matices, sin pruebas y sin el menor pudor. Incluso están promoviendo la presentación de iniciativas políticas en los parlamentos para evitar la entrada en Europa de productos que no cumplan con los estándares sanitarios europeos.

Y la verdad es que conviene parar un momento y hacerse una pregunta muy sencilla ¿de verdad alguien cree que la Unión Europea permitiría poner en riesgo la salud de sus ciudadanos? La Unión Europea tiene una de las normativas de seguridad alimentaria más exigentes del mundo. Esto no es una opinión, es un hecho contrastado. Y esa normativa no se suspende en la frontera, ni se flexibiliza porque un producto venga de América del Sur, de Asia o de la otra punta del planeta.

Todo alimento que entra en la UE debe cumplir exactamente los mismos requisitos que se exigen a los productores europeos en cuanto a límites de residuos, controles fitosanitarios, trazabilidad, inspecciones veterinarias y sistemas de alerta. Los mismos. Sin excepciones ni posibles atajos. Dicho de forma clara y para que no haya dudas: si un producto no cumple las normas europeas, no entra. Así de simple y así de contundente.

Por eso resulta tan grave escuchar a responsables políticos sembrar la idea de que Mercosur supone un riesgo sanitario. Porque al hacerlo no solo están mintiendo, sino que están cuestionando abiertamente el propio sistema europeo de control alimentario que ellos mismos han construido y defendido durante años.

Aquí se está produciendo una confusión interesada y muy rentable políticamente, entre dos debates distintos. Uno es legítimo. El otro es directamente falso.

Es legítimo hablar de competencia económica, de costes de producción, de diferencias laborales, del impacto que Mercosur puede tener en determinados subsectores. Ese debate es complejo, incómodo y necesario, pero es claramente legítimo. Lo que no es legítimo es mezclarlo con la seguridad alimentaria para sembrar miedo. 

Que en otros países se produzca con costes más bajos no significa, ni de lejos, que sus productos puedan saltarse los controles sanitarios europeos. De hecho, ocurre justo lo contrario porque los productos de terceros países están sometidos a controles reforzados en frontera.

Por lo tanto, cuando el PP habla de “alimentos peligrosos”, no está defendiendo al campo. Está utilizando el miedo como atajo político. Y eso, además de irresponsable, acaba volviéndose contra los propios agricultores, porque erosiona la confianza en el mercado y en las reglas del juego.

Hay, además, una paradoja que conviene señalar porque deja al descubierto toda la inconsistencia del discurso tanto del PP como de VOX que, en España, están presentando iniciativas parlamentarias para exigir que no entren en la Unión Europea productos que no cumplan los estándares sanitarios europeos. Que no se permita -dicen- la importación de alimentos tratados con sustancias prohibidas en Europa. Hasta aquí, nada que objetar. La reclamación, formulada así, puede sonar hasta razonable.

El problema llega cuando uno levanta un poco la vista y mira a Bruselas. Porque en las instituciones europeas, las áreas encargadas de garantizar que esas normas se cumplan están precisamente bajo el control de comisarios vinculados al propio Partido Popular europeo. Y, en el ámbito concreto de la sanidad y el bienestar animal, la responsabilidad recae en un comisario propuesto, ni más ni menos, que por el grupo Patriotas por Europa, es decir, propuesto por el espacio político neofascista en el que se integra VOX.

Dicho de forma sencilla, si alguien puede asegurar que los productos que entran en la Unión Europea cumplen las normas sanitarias, son precisamente ellos. Porque son sus comisarios, sus responsables políticos y sus mayorías en Europa quienes tienen esa competencia y esa obligación. Así que cuando PP y VOX insinúan que Mercosur va a colar productos peligrosos o tratados con sustancias prohibidas, lo que están diciendo en realidad es algo bastante inquietante, que no confían en sus propios dirigentes, que no se fían de sus propios comisarios y que no creen en el sistema de control y seguridad alimentaria que ellos mismos han establecido y gestionan en la Unión Europea.

Y eso ya no es una crítica al acuerdo. Eso es una desautorización en toda regla de su propia acción política.

Mientras tanto, aquí, en La Rioja, como decía en mi artículo anterior, seguimos atrapados en el ruido. Porque en una comunidad donde el sector primario se basa mayoritariamente en productos de calidad, con denominaciones de origen e indicaciones geográficas consolidadas, el debate debería ir justo en la dirección contraria.

Nuestros productos no compiten por volumen ni por precio. Compiten por calidad, origen, historia y prestigio. Y eso, en mercados internacionales emergentes, debería ser una baza enorme. Mercosur abre la puerta a millones de consumidores potenciales que lo que valoran precisamente es eso, el vino con identidad, el aceite de calidad, los productos diferenciados y la alimentación ligada al territorio.

Por tanto, la pregunta, incómoda para algunos, vuelve a aparecer, ¿qué está haciendo el Gobierno de La Rioja para preparar al sector ante esta realidad? ¿Qué planes de acompañamiento, promoción o internacionalización se están impulsando?  La respuesta, una vez más, es el silencio. O peor aún, el seguidismo del discurso alarmista y neofascista que sustituye el trabajo serio por titulares grandilocuentes.

La mentira sanitaria sobre Mercosur no protege al campo. Lo debilita. Introduce desconfianza, alimenta el miedo y distrae de lo verdaderamente importante que debería ser cómo garantizar que agricultores y ganaderos riojanos vivan dignamente de su trabajo en un mercado global. Pero, sobre todo, revela algo mucho más profundo y preocupante, un proyecto político que no confía ni en sus propios dirigentes, que desacredita las instituciones que gobierna y que prefiere el ruido al rigor, la exageración a la verdad y el oportunismo al compromiso.

Porque al final, el problema no es Mercosur. El problema es una política que necesita mentir para no asumir responsabilidades. Y cuando se juega con la salud, con el sustento del campo y con la confianza de la gente, eso ya no es estrategia. Eso es una irresponsabilidad mayúscula.

Porque conviene decirlo claro desde el principio, sin rodeos y sin trampas: el acuerdo con Mercosur no es una ocurrencia reciente, ni una imposición repentina, ni una decisión tomada a espaldas de nadie. Es el resultado de más de veinte años de negociaciones largas, complejas y, a menudo, discretas. Negociaciones en las que el PP ha tenido un papel protagonista, tanto desde los gobiernos nacionales como desde las instituciones europeas en las que siempre ha marcado tanto la línea como el ritmo en la política agraria.

Y, sin embargo, hoy ese mismo partido se descuelga acusando al Gobierno de España de avalar y respaldar el acuerdo, de haber traicionado al campo y, en una deriva cada vez más preocupante, de poner en riesgo incluso la salud de los consumidores. Todo junto. Todo a la vez. Y todo, además, sin base real.

Lo primero que chirría -y mucho- es la mentira de la autoría porque el presidente del Gobierno de España no ha negociado Mercosur, no lo ha cerrado y ni siquiera ha estado presente en su firma. Señalarlo como responsable no es un error, es una estrategia deliberada. La de buscar un culpable cercano, reconocible y útil para el desgaste político interno, aunque eso suponga reescribir la historia con descaro. Porque el PP sabe perfectamente que Mercosur es una realidad porque ellos lo quisieron, porque lo defendieron como un acuerdo estratégico y porque trabajaron durante años para sacarlo adelante. 

Pero hay algo que es todavía más grave que esta mentira. Y es el daño real que este discurso está causando a agricultores y ganaderos. Un sector que atraviesa dificultades estructurales evidentes -costes, relevo generacional, rentabilidad, burocracia- y que lo último que necesita es confusión, ruido y miedo fabricado desde la política. Porque no, no todo vale para competir electoralmente. No vale sembrar la idea de que “nos arruinan”, de que “nos engañan” o de que “nos venden”. No vale convertir la incertidumbre en arma arrojadiza. Y, desde luego, no vale presentarse ahora como el gran defensor del campo cuando llevan décadas tomando decisiones sin contar con él, tanto en España como en Europa.

Este giro oportunista tiene, además, un destinatario muy concreto, porque el PP no está pensando en el campo, está pensando en VOX que, en este momento le da más miedo que los agricultores. Está pensando en cómo disputar ese espacio de protesta, de enfado y de discurso simple. Y cuando se entra en esa carrera, el resultado casi siempre es el mismo: a más ruido, menos verdad.

En regiones como la nuestra, La Rioja, el debate debería ser otro muy distinto porque aquí el sector primario se apoya mayoritariamente en productos de calidad, con denominaciones de origen e indicaciones geográficas mundialmente reconocidas. Aquí hablamos de vino, de aceite, de frutas y verduras, de embutidos, de setas y champiñón, de carne de vacuno...de productos amparados por marcas de calidad de mucho prestigio. Hablamos de calidad, de valor añadido, de diferenciación. 

Y precisamente por eso resulta tan frustrante comprobar cómo con declaraciones tan vergonzosas como las de Alfonso Domínguez, consejero de Hacienda riojano y ls de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, el Gobierno de La Rioja, lejos de trabajar para aprovechar las oportunidades que abre Mercosur para el sector primario riojano, se suma al discurso neofascista del miedo, mira hacia otro lado y pierde un tiempo precioso mientras otras comunidades diseñan estrategias, acompañan a sus productores y planifican su salida a nuevos mercados. Aquí, sin embargo, se opta por la queja, la protesta sin propuesta y el seguidismo político.

Mercosur no va a desaparecer porque se grite más fuerte. No se va a deshacer a golpe de titular ni de tractorada instrumentalizada. Mercosur es ya una realidad que se debe gestionar, que se aprovecha o se sufre. Y elegir no hacer nada también es una decisión política, aunque luego se intente disfrazar de indignación.

Por eso conviene poner las cosas en su sitio. Porque el problema no es debatir los efectos del acuerdo, ni señalar riesgos, ni exigir medidas de apoyo. Todo eso es legítimo y es necesario. El problema es mentir, es fingir sorpresa, es presentarse como víctima de algo que uno mismo ha impulsado. Es disfrazarse de cordero cuando en realidad eres el auténtico lobo.

Y aquí conviene decirlo sin ambages, porque el verdadero peligro para el campo riojano no es Mercosur. El verdadero peligro es un Gobierno que renuncia a gobernar, un PP que miente sin pudor y una estrategia basada en el ruido y el victimismo en lugar del trabajo, la planificación y la defensa real de nuestros productores.

Al campo riojano no se le defiende con gritos ni con relatos falsos. Se le defiende con verdad, con políticas públicas y con respeto. Todo lo demás es oportunismo. Y el oportunismo, cuando se juega con el sustento de miles de familias, tiene un nombre muy claro.

Las palabras no son solo sonidos ni adornos del pensamiento. Las palabras hacen cosas, construyen realidades, abren posibilidades o las cierran incluso antes de intentarlo. No son un detalle menor ni una moda de autoayuda. Son algo bastante más profundo. Lo aprendí cuando tuve la suerte de ser alumno de Rafael Echeverría, referente mundial del coaching ontológico y autor de La Ontología del Lenguaje, donde explica una idea que, una vez la interiorizas, ya no te abandona: el lenguaje no es inocente, no solo describe la realidad, también la crea.

Cuando hablamos, pasan cosas, no solo contamos lo que ocurre. Actuamos, abrimos posibilidades o las cerramos sin darnos cuenta. Nos definimos y definimos a los demás. Y muchas veces lo hacemos en piloto automático, sin pararnos a pensar en las consecuencias. Decirse “no puedo” no es una simple frase. Es como ponerse una barrera antes de empezar. Decirse “esto no va a cambiar” es renunciar antes de pelearlo. En cambio, decir “no sé todavía cómo hacerlo” cambia el terreno de juego. No arregla nada de golpe, claro, pero deja una puerta abierta. Y en momentos difíciles, una puerta abierta lo es todo. Este diálogo interno importa. Importa mucho. Pero importa todavía más cuando lo trasladamos al plano colectivo. Y es aquí donde el asunto se vuelve especialmente político.

Vivimos un clima de tensión permanente, un tiempo en el que las palabras se usan con demasiada frecuencia para confundir, desgastar o justificar decisiones que tienen consecuencias muy reales en la vida de la gente y nada de esto es casual.  Antes de recortar un derecho, se recorta su significado. Antes de debilitar un servicio público, se le cambia el nombre, ya no es un derecho, es un coste; ya no es una inversión, es un gasto; ya no es un bien común, es una carga…

El deterioro del Estado del Bienestar no empieza solo en los presupuestos. Empieza mucho antes, en el lenguaje, en discursos que normalizan la desigualdad, que presentan lo público como ineficiente por definición y lo privado como solución mágica. En palabras que siembran desconfianza para luego justificar el abandono.

Rafael Echeverría dice también que “somos como hablamos y hablamos como somos”, y esta frase, llevada al terreno político, interpela directamente a quienes gobiernan y a quienes opinamos. Porque cuando el lenguaje político se vacía de humanidad, las políticas acaban haciendo lo mismo. Cuando se habla de personas como números, de derechos como privilegios y de servicios públicos como problemas, el resultado no es neutral, es profundamente ideológico.

No se trata de pedir buenas palabras sin contenido. El conflicto existe y debe existir. La crítica es necesaria, pero hay una diferencia enorme entre confrontar modelos y erosionar deliberadamente la confianza en lo común. Entre debatir sobre cómo mejorar lo público e instalar la idea de que no merece la pena defenderlo o ni siquiera intentarlo.

Además, no nos engañemos, este clima lingüístico acaba calando, ya que cuando el mensaje repetido es que “no hay alternativa”, que “no se puede”, que “esto es lo que hay”… se va construyendo resignación. Y la resignación es el mejor aliado de quienes quieren desmontar derechos sin demasiado ruido.  

Por eso, quizá uno de los propósitos más sensatos -y más difíciles- para este nuevo año sea reapropiarnos del lenguaje. Cuidar las palabras con las que hablamos de sanidad, de educación, de dependencia, de igualdad. Nombrar lo público como lo que es: un pilar de cohesión, una conquista colectiva, una garantía de dignidad. Cuidar cómo nos hablamos cuando intentan convencernos de que defender lo común es ingenuo. Cuidar cómo hablamos de quienes dependen más directamente de esos servicios, sin estigmas ni desprecio, porque defender lo público también es defender un lenguaje que no lo desgaste, que no lo vacíe, que no lo convierta en caricatura.

Las palabras son espejo, sí, y por eso reflejan lo que somos. Pero también pueden ser pincel que nos permiten dibujarnos de otra manera, tanto en lo personal como en lo colectivo. En un momento histórico como el que vivimos, marcado por el ruido, elegir bien las palabras no es ingenuidad. Es una responsabilidad política de primer orden.

No vamos a arreglarlo todo de golpe. Nadie serio lo promete. Pero sí podemos decidir desde hoy algo que no es menor: no colaborar con el deterioro de lo público a través del lenguaje. No repetir como loros que los derechos “no son sostenibles”, que la sanidad pública “no funciona”, que la educación es un problema y no una inversión… Porque cada vez que esas frases se normalizan, el terreno se allana para el siguiente recorte.

Defender el Estado del Bienestar no empieza solo en los presupuestos ni termina en las leyes. Empieza mucho antes, en cómo se nombra la realidad. En negarse a aceptar un marco lingüístico que convierte lo común en sospechoso y el negocio en solución. En llamar a las cosas por su nombre. Recortar no es modernizar, privatizar no es gestionar mejor y resignarse no es realismo.

Cuidar las palabras hoy, no es un gesto estético ni una cuestión de formas. Es una posición política. Es decidir de qué lado estás cuando el ruido intenta imponerse al sentido común. Porque las palabras preparan el camino de los hechos. Y cuando se deja de defender lo público con claridad, acaba dejándose de defender también en la práctica.

Así que sí, en este nuevo año, quizá uno de los propósitos más incómodos -y más necesarios- sea este: No ceder el lenguaje. No regalar los marcos. No aceptar que nos digan que no hay alternativa. Porque, al final, no solo nos va la vida en defender lo público, también en cómo lo hacemos y en cómo lo decimos.

El Ayuntamiento, siempre tan diligente, nos vendió la Navidad a bombo y platillo… pero luego se olvidó de colocar el platillo. Así que, a pocos días de la Nochebuena, Logroño sigue esperando que termine la instalación de las luces, como quien espera un tren regional con veinte minutos de retraso y ya ni se enfada porque simplemente asume que esto es lo que hay. Eso sí, cuando por fin aparecen, lo hacen con ese encanto decadente de bombilla fundida que parpadea, como si nos guiñara un ojo para decirnos: “sí, soy una chapuza, pero es lo que hay”.

Pero lo malo es que uno tampoco encuentra consuelo cuando levanta la vista en busca de la iniciativa ciudadana y contempla aterrado que el panorama no mejora. Los balcones y ventanas de Logroño se han convertido en una suerte de exposición colectiva de mal gusto subvencionada por el LED. La eficiencia energética ha obrado el milagro y ahora cualquiera puede iluminar su casa, como si fuera una discoteca poligonera de extrarradio, sin miedo al recibo. El resultado es una competición vecinal no declarada, por ver quién pierde antes cualquier resto de criterio estético. Guirnaldas arrojadas sin piedad, luces que parecen vomitadas desde el interior del salón y combinaciones cromáticas que harían llorar a un semáforo.

Pero si hay una moda que merece capítulo aparte es esta inquietante costumbre de “colgar” muñecos de los balcones: Reyes Magos, Papá Noel y hasta Olentzero… todos suspendidos en el aire con una expresión inquietantemente alegre, como si no fueran conscientes de que parecen protagonistas de un festival de pitufos ahorcados. Hay algo profundamente perturbador en pasear tranquilamente por la ciudad y encontrarte a Melchor descolgado de una cuerda, Baltasar balanceándose al viento o al pobre Olentzero trepando eternamente por una fachada, condenado a no llegar nunca a la ventana. Tradición, dicen. Espíritu navideño, dicen. Yo diría más bien que son escenas dignas de una unidad de intervención psicológica.

Circular en coche por la ciudad tampoco ayuda a mantener la calma. Entre luces municipales que se confunden con semáforos y destellos privados que rebotan por todas partes, conducir por Logroño se ha convertido en un ejercicio de intuición en el que no sabes si lo que ves es una señal de tráfico, un reno con problemas de orientación o la nariz de Rudolf lanzándote un SOS luminoso. Todo brilla, todo parpadea, todo compite por tu atención, menos lo esencial: el sentido común.

Y mientras tanto, el equipo de gobierno del alcalde Conrado Escobar mira satisfecho su obra, como si el simple hecho de haber puesto “luces” -aunque tarde, mal y algunas rotas- bastara para justificar la autocomplacencia y el gasto de más de 600.000 euros de todos los ciudadanos. No importa la planificación, ni el resultado, ni el ridículo. Parece que, para el alcalde y su equipo, la Navidad no va de hacer las cosas bien, sino de poder decir que han hecho algo, aunque sea a medias. Aunque sea con retraso. Aunque sea dejando la ciudad a medio decorar cuando ya casi estamos contando los polvorones que quedan. Todo se desmorona tras la forzada y permanente sonrisa del alcalde entre anuncios grandilocuentes y promesas huecas que no llegan a materializarse. 

Y al final uno acaba entendiendo que lo de las luces no es un accidente, ni un despiste puntual, sino la guinda del pastel de la chapuza institucional que representa la gestión municipal de Conrado Escobar y su equipo. A mitad de legislatura, las muestras de incapacidad ya no son anécdotas, son un patrón. Recursos europeos perdidos por pura desidia, carriles bici eliminados como si la modernidad molestara, obras comprometidas y con financiación asegurada que no se ejecutan y cuyo dinero hay que devolver, proyectos empresariales transformadores que se esfuman en el aire y ni siquiera la habilidad mínima para retener inversiones que ya estaban previstas por el anterior gobierno socialista en los polígonos industriales de la ciudad… Si ni siquiera han sido capaces de organizar con solvencia unas Fiestas de San Mateo, ¿qué podemos esperar de un equipo que demuestra tener tan pocas luces -en sentido literal y figurado- y unas capacidades tan escasas para gobernar una ciudad que merece bastante más? 

Al fin y al cabo, la Navidad de Logroño solo refleja lo que llevan haciendo durante toda la legislatura: parpadear sin rumbo, prometer sin cumplir y hacernos pagar por su incompetencia.

Así que ¡felicidades, Logroño! Este año no tendremos una Navidad brillante, sino una Navidad titilante. Una Navidad que parpadea y que demuestra que el Ayuntamiento es capaz de hacer oscuro, tarde y mal incluso algo tan simple como poner unas luces. Porque, visto lo visto, ni siquiera eso les queda grande: les queda imposible.

Estos casos se están multiplicando, especialmente en Madrid, aunque también en Logroño hemos conocido recientemente un caso que me hace pensar que también pueden vivirse aquí situaciones parecidas. Y no hablamos de situaciones ocultas o difíciles de detectar. Están a pie de calle. Los vecinos saben lo que ocurre. Los reportajes lo muestran. La policía pasa por delante. Y, sin embargo, las administraciones se comportan como si fueran espectadoras de un fenómeno inevitable, cuando la realidad es muy distinta: no es un problema invisible, es un problema que se elige no ver.

Los ayuntamientos tienen competencias claras para clausurar, en 48 horas, cualquier local que se utilice como vivienda sin licencia. Pueden sancionar, precintar y derribar las divisiones internas si hace falta. Las comunidades autónomas pueden actuar desde vivienda, consumo, sanidad o servicios sociales. El Estado puede intervenir cuando hay explotación, fraude o riesgo grave. No hay vacíos legales, no hay dudas competenciales, no hay limitaciones técnicas. Lo que falta es voluntad de actuar.

Porque inspeccionar y clausurar estos locales implica tomar decisiones difíciles. Si cierras un espacio donde viven veinte personas, alguien tiene que hacerse cargo de ellas al día siguiente. Y eso supone realojos, expedientes, recursos públicos y una atención social que muchos gobiernos prefieren evitar. Es más fácil dejar que el mercado negro se encargue de absorber a quienes no pueden acceder a la vivienda formal. Es más cómodo mirar hacia otro lado, cruzar los dedos y esperar que no ocurra ninguna tragedia.

Mientras tanto, la explotación se convierte en un negocio rentable. No hablamos solo de pequeños propietarios con pocos escrúpulos. Hay redes organizadas que gestionan decenas de locales convertidos en infraviviendas, compartimentados como un panal de miseria donde cada “celda” da beneficios estables y sin riesgos. Ocho cubículos a 600 euros producen mucho más que un alquiler regulado Y, además, lo hacen sin pagar impuestos, sin cumplir normas y sin asumir responsabilidad. La impunidad ha convertido este abuso en un modelo económico.

Y es que la ecuación es sencilla: quienes viven en estos lugares no denuncian. Muchas de estas familias temen perder lo poco que tienen, temen a los servicios sociales o temen a la policía. Algunas incluso temen ser expulsadas del país. Esa vulnerabilidad es terreno abonado para explotadores que conocen perfectamente la situación y saben que la respuesta institucional será lenta o inexistente. Saben que no habrá inspecciones, que los expedientes se eternizarán, que ningún gobierno quiere aparecer en los titulares con un desalojo complicado. Y mientras tanto, ellos cobran.

Lo más doloroso es que convivimos con una contradicción difícil de asumir, la de un país que, en cuestión de horas, es capaz de desalojar a una familia considerada “ocupa”, pero permite que haya propietarios alquilando trasteros, garajes o cubículos de pladur a precios de oro sin que nadie los moleste. Protegemos la propiedad privada con una eficacia sorprendente, pero dejamos sin protección a quienes sufren la explotación más básica y evidente. 

Hay un mensaje político de fondo, aunque nadie lo diga abiertamente no intervenir en el mercado de la vivienda tiene consecuencias. Cuando no se construye vivienda pública, cuando no se regula el alquiler, cuando no se garantiza un parque accesible para quien menos tiene, la necesidad empuja a miles de personas a un submundo donde todo vale. Y ese submundo no surge por generación espontánea: surge porque se permite.

Por eso conviene decirlo claramente: las infraviviendas no existen porque sea imposible combatirlas, sino porque alguien decide no combatirlas. Es más sencillo dejar que las familias vulnerables se busquen la vida como puedan que asumir la responsabilidad de garantizarles una vivienda digna. Pero la consecuencia es devastadora, la de un país que mira hacia otro lado mientras se alquila la miseria a precio de mercado.

Que en la España de 2026 haya niños durmiendo en cubículos sin ventilación, cocinando junto a cables pelados o compartiendo un único baño con treinta personas no es un accidente. Es un síntoma. Y un síntoma muy claro de que algo se ha roto en nuestro sistema de protección social. La legislación existe. Los cuerpos de inspección existen. Las policías existen. Lo que no existe es la voluntad de actuar.

Por eso debemos seguir denunciándolo. Porque la explotación no se combate con declaraciones, sino con decisiones políticas valientes. Y porque quienes convierten la necesidad en un negocio deberían enfrentarse a consecuencias reales, no a la indiferencia institucional.

Al final, lo que está en juego no es solo la situación de unas cuantas familias hacinadas en un local. Lo que está en juego es qué tipo de sociedad somos y hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar que la miseria se convierta en una oportunidad de negocio. Y si permitimos que eso ocurra, entonces el problema no son los cubículos de pladur: el problema somos nosotros.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia contra el Fiscal General del Estado -hecho público en tiempo récord, antes incluso de redactarse la sentencia completa- es uno de esos momentos. Y, sinceramente, es difícil no ver en este gesto un golpe de Estado de puñetas, un avance decidido de un poder judicial que, -casualmente-, 50 años después de la muerte del sanguinario dictador, Franco, sigue funcionando con lógicas y lealtades que la Transición nunca se atrevió a tocar.

Lo que está pasando no es un hecho aislado, ni un simple desacuerdo jurídico. Tiene el olor, el color y el ritmo de algo más grande. Lo ha dicho Esther Palomera: “Miedo es poco”. Y esta frase tan sencilla, me persigue desde que la he leído porque describe perfectamente la sensación de estar asistiendo a un movimiento coordinado, silencioso por momentos, pero implacable. Una ofensiva.

Ignacio Escolar también lo explica con claridad meridiana cuando dice que este proceso no es solo una resolución judicial cuestionable -que también-, sino el último episodio, por ahora, de una serie de decisiones adoptadas desde juzgados que se han convertido en trincheras ideológicas. Escolar habla de un “doble rasero” intolerable, de un patrón de actuación que, en vez de proteger la justicia, la utiliza como ariete político. Y la verdad es que cuesta no estar de acuerdo cuando vemos que determinadas causas se aceleran con una urgencia febril mientras otras se duermen en cajones que parecen no tener fondo.

Y es que todo encaja demasiado bien. El asalto político-mediático-judicial que lleva años fraguando la extrema derecha más rancia (PP) y el neofascismo de VOX se ha ido desplegando como una estrategia militar: primero desgastar, luego desacreditar y, finalmente, expulsar del tablero a quien se atreva a desafiar sus bulos, sus intereses o su poder. A veces lo hacen con lo que al principio parecen estridencias (“el que pueda hacer, que haga”), que luego ves que son órdenes precisas. Y otras lo hacen con la frialdad quirúrgica y la seguridad que da saber que tienen una gran parte del aparato judicial alineado con su proyecto (“va p’alante”). 

Pero lo que más duele, lo que más enfada, es la otra mitad de la historia: la izquierda ensimismada, fragmentada, entretenida en disputas internas sobre quién es más puro, más auténtico, más de izquierdas. Mientras la derecha afila las herramientas de su particular “golpe blando”, nosotros seguimos perdiendo un tiempo valiosísimo en debates estériles, incapaces de articular una respuesta conjunta ante un ataque que nos apunta directamente a todos los que representamos -o defendemos- cualquier mínimo avance social o democrático y aquí incluyo también a los nacionalistas.

Quien lo ha expresado con una claridad casi brutal ha sido Gabriel Rufián que no se ha quedado en la queja o la protesta moral sino que ha sabido ir más allá diciendo que, además de indignarnos, hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que no basta con lamentarse cada vez que un juez conservador toma una decisión con tintes políticos, sino que la solución pasa, en primer lugar, por transformar las estructuras que permiten estas anomalías. Y tiene razón. Hace falta una reforma profunda, valiente, que por fin democratice un poder judicial que lleva décadas funcionando sin control democrático real, impermeable a la renovación y colonizado por sectores ultraconservadores.

A esto se suma -y conviene escucharlo con atención- lo que ha señalado el ministro Óscar López que, con un tono más institucional, ha enviado un mensaje muy claro al decir que no se trata solo de valorar un fallo, sino de proteger las instituciones de maniobras que pueden alterar el equilibrio entre los poderes del Estado. López ha advertido de la gravedad del precedente, de lo que significa que un tribunal publique un fallo sin sentencia, de cómo esa práctica deteriora la confianza pública y puede convertirse en una herramienta para condicionar políticamente a la Fiscalía, al Gobierno o a cualquier institución incómoda para ciertos intereses. Su preocupación me ha parecido un aviso. Y no conviene ignorarlo.

Porque, además, hay algo profundamente simbólico en lo que está pasando. Cincuenta años después de la muerte del dictador, seguimos soportando un poder judicial donde ciertos nombres, ciertas estructuras y ciertas inercias actúan como si nunca hubiese habido ruptura democrática. Y, como me decía esta mañana una querida compañera, ya va siendo hora -hace décadas que lo es-, de afrontar ese elefante en medio de la sala: la Transición dejó sin tocar el poder judicial. Y ese error histórico vuelve ahora para mordernos con rabiosa ferocidad.

Lo inquietante es que hoy las amenazas a la democracia no llegan con tanques ni con marchas militares; llegan con togas, autos, filtraciones a medida y tiempos procesales que se ajustan con sospechosa exactitud a los calendarios políticos. Son golpes sin ruido, sin sangre… pero golpes, al fin y al cabo. Golpes de puñetas.

Y frente a eso no valen las medias tintas. Hace falta firmeza, unidad y una izquierda capaz de levantar la cabeza y responder con la fuerza democrática que este momento exige. No basta con indignarse en redes. No basta con discursos inflamados en el Congreso. Ni siquiera con artículos de opinión más o menos graves. Hay que organizarse, defender la separación de poderes de verdad y blindar las instituciones frente a quienes quieren apropiárselas, aunque es posible que ya vayamos tarde.

Porque, si no lo hacemos ahora, quizá dentro de unos años recordemos estos días y pensemos, como decía Palomera: “miedo es poco”.

Por eso, lo que está ocurriendo estos días con los programas de cribado de cáncer no puede pasar desapercibido. No estamos ante un fallo informático, ni ante una descoordinación técnica. Lo que el Partido Popular ha hecho al negarse a facilitar al Ministerio de Sanidad los datos de los cribados de cáncer -de mama, de colon y de cérvix- es una nueva decisión política, profundamente irresponsable, que les retrata exactamente como lo que son: unos dirigentes que, si se han caracterizado por algo en la gestión sanitaria es por convertir en cadáveres el saqueo de los recursos públicos.

Porque no estamos ante una cuestión burocrática. Negar esos datos significa que nadie puede evaluar si los programas funcionan, si llegan a toda la población o si hay retrasos en las pruebas. Significa que la ciudadanía pierde el derecho a saber si el sistema sanitario está haciendo lo que promete: detectar a tiempo, actuar con eficacia y garantizar la igualdad. Negar esos datos al Ministerio es negar el derecho de cada enfermo a saber, a exigir calidad, a tener la misma protección que cualquier otro ciudadano, viva donde viva.

La Asociación Española Contra el Cáncer lo ha dicho con una claridad que debería avergonzar a cualquiera: “Los datos del cáncer no son de los partidos ni de las consejerías. Son de los pacientes.” Y negar esos datos no es proteger una competencia autonómica, es negar un derecho humano básico, el de saber y exigir calidad en la atención sanitaria.

Y es que, cuando un gobierno oculta información, no está defendiendo su imagen, está rompiendo el contrato de confianza entre los ciudadanos y su sistema público de salud. Esa opacidad no es un detalle administrativo, es una forma de debilitar lo público para abrir la puerta a lo privado. Porque sin datos no hay control, y sin control, el negocio crece.

Y aquí, en La Rioja, esa estrategia nacional del PP tiene su reflejo más previsible. Nuestra consejera de Sanidad, María Martín, ha vuelto a ponerse del lado de su partido, y no del lado de los riojanos. Mientras habla de “gestión eficaz”, se limita a seguir al pie de la letra el manual de Génova: viajar, posar para la foto -eso sí, siempre con una sonrisa- y luego dar un plantón institucional. Así…, como aparentando dignidad, pero demostrando tener muy poquita vergüenza.

Porque lo que hizo María Martín el viernes pasado en Zaragoza fue, simplemente, insoportable desde el punto de vista político y moral. No defendió a los enfermos de cáncer de esta tierra, ni a los profesionales sanitarios, ni a los ciudadanos que reclaman transparencia. Se preocupó solamente de obedecer consignas partidistas.

Y no lo hizo sola, porque es evidente que contaba con el permiso y la complacencia del presidente Gonzalo Capellán, ese dirigente que intenta presentarse cada día como un “verso suelto”, como alguien distinto, “moderado”, que “pone por delante los intereses de La Rioja antes que los del PP”. Pero la realidad es bien distinta, porque cuando llega la hora de la verdad, cuando hay que elegir entre defender a los riojanos u obedecer a su partido, Capellán siempre elige obedecer. Y lo hace incluso cuando esa obediencia significa dar la espalda a los enfermos de cáncer de su propia comunidad. Decir que uno defiende La Rioja mientras acata las órdenes de un partido que decide ocultar datos sanitarios es, sencillamente, hipocresía política en estado puro. 

Y Capellán ya no puede seguir escondiéndose detrás de esa máscara de moderación porque lo del viernes en Zaragoza fue el colmo del cinismo. Los consejeros del PP se levantaron de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en una maniobra orquestada desde Génova. Se marcharon para desviar la atención del escándalo de los fallos en los cribados de cáncer en Andalucía. Y, mientras tanto, dejaron sobre la mesa la distribución de dos millones de euros destinados precisamente a programas de detección precoz.

Eso no es dignidad. Eso es una falta de respeto a los ciudadanos y una crueldad política que solo puede explicarse desde el cálculo partidista. Porque cuando los datos no se comparten, cuando la información se manipula o se maquilla, la consecuencia es siempre la misma: el sistema público se debilita. Y ese debilitamiento se traduce en más esperas, en más desigualdades, en una mayor dependencia de la sanidad privada. Y quizá aquí esté la clave de todo. Cuando no hay transparencia, cuando no hay control, crece el negocio de unos pocos. Y esa opacidad no es casual, es el terreno donde germina el interés privado en el que tan a gusto se mueve el PP.

Yo no sé si en Génova son conscientes del daño que hacen con estas decisiones. Pero sí sé que aquí, en La Rioja, hay muchas personas que ya no confían. Que ven cómo su Gobierno maquilla cifras, externaliza servicios y esconde datos. Que sienten que la transparencia se ha convertido en una palabra vacía.

Pero la transparencia no es un lujo, es una obligación democrática. Y negarla, además de injusto, es indecente. Porque no se puede tapar con ruedas de prensa el miedo o la angustia de quien teme que su diagnóstico se haya retrasado. No se puede esconder detrás de un titular la desconfianza de quien siente que su salud depende del calendario político.

El cáncer no espera. No entiende de excusas técnicas ni de guerras internas. Mientras los responsables del PP se dedican a proteger su imagen, hay personas que no pueden permitirse el lujo de esperar a que la verdad llegue en diferido mientras llega una cita, una llamada, un resultado. Y esa espera -que para quien no la vive puede parecer una anécdota burocrática- es, para muchos, una angustia que se mide en días, en semanas, en noches sin dormir.

Por eso hoy quiero insistir en que esto no va de ideologías. Va de decir la verdad. De defender el derecho de los ciudadanos a saber qué está pasando. De entender que en política sanitaria no se puede jugar con la confianza ni con la esperanza de la gente.

La caradura -Sra. consejera de Sanidad-, por más que se adorne con discursos falsos, con sonrisas fingidas o con una ensayada dignidad, no cura. Solo la verdad ayuda.

La verdad es que cuesta digerirlo. No tanto por la torpeza de la excusa -que roza lo grotesco- sino porque retrata a la perfección la manera en que el PP entiende la política: sin ética, sin límites y sin un mínimo respeto por la verdad. Lo preocupante no es solo lo que dijo Rodríguez, sino lo que ha respondido su partido asegurando que, como mentir no es delito (algo más que cuestionable cuando se declara como testigo en un juzgado), pueden hacerlo con total impunidad. Y así, con una frase de barra de bar, han reducido la política a una farsa y la ética pública a una broma.

No hace mucho publiqué en este mismo medio un artículo titulado “La ética, un accesorio incómodo”, en el que denunciaba que, con el cambio de gobierno en La Rioja, la ética pasó de ser una norma obligatoria, a convertirse en un complemento de temporada que al PP le resultaba muy incómodo para el día a día. El argumento oficial que los dirigentes del PP utilizaron entonces para eludir el cumplimiento de ese Código Ético fue tan antológico como el que han utilizado ahora: “como no tiene fuerza de ley, no estamos obligados a cumplirlo”. 

Así que resulta evidente que lo de Miguel Ángel Rodríguez no es un caso aislado, es la norma de comportamiento de los dirigentes del PP en toda España. Es el síntoma de la repugnante enfermedad moral que corroe al Partido Popular desde hace años. Lo vemos a diario en La Rioja cuando el PP desprecia, incumple y ridiculiza ese Código Ético que se aprobó para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas que incumple cuando se niega a responder con claridad a las preguntas de la oposición, o cuando oculta datos básicos a la ciudadanía o cuando manipula la información para tapar su propia ineficacia.

Y es que el problema no es solo que mientan; es que ya ni siquiera hacen el esfuerzo de disimular. En La Rioja lo vemos a diario con la sanidad pública. La consejera de Salud y el propio presidente han convertido la información sanitaria en un acto de propaganda. Nos prometen transparencia en las listas de espera y luego esconden los datos reales durante meses. Dicen que todo va mejor, pero los profesionales se desbordan, los quirófanos se cierran por falta de personal y los pacientes esperan más que nunca. Ejercen las competencias sanitarias (incluidas las de la organización y contratación de personal), desde hace décadas, pero responsabilizan al Estado de la falta de médicos. En el Hospital de Calahorra, por ejemplo, manipulan las cifras de ocupación para justificar recortes y transferencias de servicios. Y cuando se les piden explicaciones, responden con frases vacías o directamente con mentiras como quedó demostrado con grabaciones públicas de los gestores del SERIS.

Además, hay algo profundamente ofensivo en su manera de tomarnos por ingenuos. Nos dicen que las camas que ellos mismos han dejado vacías “no hacen falta”. Que los recortes son “reorganizaciones”… Todo suena a mentira cuidadosamente envuelta en tecnicismos, pero mentira, al fin y al cabo. Y lo más triste es que lo dicen con una sonrisa, convencidos de que no pasa nada, porque, total, mentir no es ilegal.

No lo es, claro. Mentir no lleva a la cárcel. Pero hay algo mucho más grave que eso: mentir degrada la confianza, pudre el debate público y convierte la política en un lodazal. Si uno no puede creer lo que dice un responsable público, si cada palabra puede ser una trampa o un bulo, ¿qué sentido tiene entonces la rendición de cuentas, el control parlamentario o la transparencia? La mentira no es ilegal, pero es inmoral. Y cuando la inmoralidad se institucionaliza, lo que se corrompe no es solo un partido, sino la democracia misma.

A veces pienso que el PP ha hecho del cinismo su principal herramienta de gobierno. En lugar de rendir cuentas, se burlan. En lugar de explicar, atacan. En lugar de asumir responsabilidades, buscan culpables. Lo vimos cuando Miguel Ángel Rodríguez alardeó de su “intuición” como si fuera una virtud, y lo vemos cada semana en La Rioja, cuando los responsables de la sanidad pública niegan lo evidente: que los pacientes esperan más, que los profesionales están agotados y que el sistema público se sostiene solo por la vocación de los profesionales que aún creen en él.

No, mentir no es ilegal. Pero debería ser incompatible con la decencia. Y debería tener consecuencias políticas. Porque si todo se reduce a una cuestión de legalidad, si la ética ya no cuenta, entonces lo que tenemos no es un gobierno sino una farsa con presupuesto público. Y mientras el Partido Popular siga convencido de que su mentira es solo “otra versión de la verdad”, este país y esta región seguirán retrocediendo hacia una política sin alma, sin honor y sin vergüenza.

Y eso, aunque no sea ilegal, es inaceptable.

Y, sin embargo, conviene recordar de dónde viene todo esto. Porque este horror no nació ayer, ni siquiera nació el horrendo 7 de octubre en que Hamás secuestró y asesinó a miles de personas inocentes. Lo que hoy vivimos tiene raíces que se hunden en decisiones tomadas hace más de ochenta años, cuando las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial -con Estados Unidos y el Reino Unido al frente-, impusieron una solución “salomónica” a un problema que ni entendían ni les afectaba directamente al elegir Palestina, una tierra ya habitada, para saldar su deuda moral con el pueblo judío. Y lo hicieron, como tantas veces en la historia, a costa de otros.

Y de aquellos polvos, estos lodos. Lo que nació como un gesto de reparación se convirtió con el tiempo, en una herida abierta que nunca ha dejado de sangrar. Y lo peor es que la comunidad internacional, incluida Europa, ha preferido siempre mirar hacia otro lado mientras Israel avanzaba en su colonización violenta, confiando en que los acuerdos, las resoluciones y los llamamientos a la paz bastaran para contener el fuego. Pero el fuego sigue ahí, devorando vidas cada día, mientras las potencias -unas por interés y otras por miedo-, miden cada palabra para no molestar a Israel.

Creo que este diagnóstico podrá ser compartido casi por cualquiera que no esté bajo la influencia ideológica de Ayuso, Tellado, Abascal y sus secuaces, pero en este drama hay algo que me indigna profundamente y es la facilidad que tienen algunos sectores de la llamada “izquierda divina” -esa que parece hablar siempre desde un púlpito moral inmaculado- para utilizar el sufrimiento palestino como herramienta de desgaste político. Me refiero, sin rodeos, a Podemos y, en particular, a su líder más estridente, Ione Belarra.

Cada vez que la escucho acusar al Gobierno de España de complicidad con el sionismo o de falta de valentía ante Israel, me recorre una mezcla de enfado y tristeza. Enfado, porque no se puede ser tan frívolo ante un drama de tal magnitud. Y tristeza, porque demuestra hasta qué punto una parte de la izquierda ha decidido instalarse en la caricatura, en el grito vacío y en la épica de Twitter. Porque creo que no se puede pedir a un Gobierno responsable que actúe como si España fuera una potencia militar, ni que ponga en riesgo vidas o intereses estratégicos por un gesto simbólico. Lo último ha sido la crítica por la decisión de no acompañar a una flotilla que pretendía romper el bloqueo de Gaza. Según Podemos, la fragata española enviada al Mediterráneo debía haber continuado su ruta “como muestra de solidaridad”. ¿De verdad creen que un buque de la Armada española debía desafiar al ejército israelí en nombre de la “coherencia política”? ¿Qué pretendían, exactamente? ¿Un enfrentamiento armado?

La política exterior no se construye con impulsos ni con consignas de pancarta. No consiste en gritar más fuerte que los demás, sino en saber moverse en un terreno minado sin perder el rumbo. Y eso, aunque les pese a algunos, es lo que el presidente Sánchez está haciendo, mantener una posición firme y digna -reconociendo al Estado palestino, denunciando los crímenes de guerra, defendiendo en Europa una postura que incomoda a los poderosos-, sin caer en el aventurerismo ni en la teatralidad histriónica de algunas.

Hay una diferencia enorme entre la diplomacia con principios y la demagogia de salón. La primera busca resultados; la segunda busca aplausos. La primera construye; la segunda incendia. Y lo paradójico es que, mientras Podemos se envuelve en la bandera de la pureza moral, termina sirviendo de muleta a la derecha que dice combatir. Porque no hay mayor regalo para PP y Vox que una izquierda fragmentada, ensimismada y permanentemente en guerra consigo misma.

Y es que la política, especialmente la internacional, no puede abordarse desde el sentimentalismo. La compasión es imprescindible, pero no suficiente. Se necesita inteligencia, sentido de Estado, capacidad para anticipar consecuencias y España, guste o no, no es una potencia global. Su fuerza está en su influencia diplomática, en su prestigio dentro de la Unión Europea y en su capacidad de tejer alianzas. Perder eso por el gusto de parecer más “valiente” sería de una irresponsabilidad colosal. Además, no deja de ser curioso que quienes reclaman una actitud “más contundente” con Israel sean los mismos que, en otros contextos, defienden el pacifismo absoluto. Les molesta una fragata que acompaña a una flotilla humanitaria, pero aplaudirían con la orejas -supongo-, si esa misma fragata decidiera desobedecer órdenes y enfrentarse a un país con capacidad nuclear. Es una contradicción monumental. La incoherencia elevada a virtud.

Lo que hay detrás de esa postura no es tanto una defensa del pueblo palestino -que, por supuesto, merece toda la solidaridad del mundo-, como una especie de narcisismo político; una necesidad constante de diferenciarse, de marcar territorio, de recordarle al Gobierno que ellos son “la izquierda auténtica”. Pero la autenticidad en política, no se mide por los adjetivos, si no por los resultados. Y los resultados de esa estrategia son evidentes: división, descrédito y, al final, retroceso.

Y lo preocupante es que esa misma tentación de “ser más de izquierdas que nadie” también la vivimos a veces, en lugares más próximos. Es lo que sucedió, por ejemplo, en el último pleno del Parlamento de La Rioja mientras debatíamos una proposición no de ley del PSOE sobre Gaza que los diputados de Izquierda Unida decidieron enmendar con un texto alternativo cargado de retórica y de gestos simbólicos que, más que matizar, reescribía por completo el texto original sin importarles incluso entrar en contradicción con los postulados que defendían en otras ocasiones. Un texto alternativo con el que no solo desvirtuaban el sentido de la propuesta, sino que acabó desviando el debate hacia un terreno estéril, dando argumentos a la derecha y desdibujando el mensaje de fondo. Y lo digo con respeto, porque sé que sus motivaciones eran sinceras, pero la consecuencia fue justo la contraria de lo que todos deseábamos

No dudo de la buena intención -nadie tiene el monopolio de la solidaridad-, pero hay momentos en los que la insistencia en marcar diferencias solo consigue desunir. Y cuando el objetivo debería ser proyectar una posición clara y unida contra el horror, terminamos discutiendo entre nosotros sobre quién es más “coherente” o más “fiel” a la causa. Ese es el terreno en el que la derecha se frota las manos: el de una izquierda que convierte cada debate en un concurso de pureza ideológica. 

A veces tengo la sensación de que, en ciertos sectores, hay una especie de alergia a la responsabilidad. Como si gobernar, negociar o pactar fueran verbos sospechosos. Pero la política real, la que cambia las cosas, no se hace desde el pedestal de la pureza, sino desde el barro de las decisiones difíciles. Y en eso, el Gobierno de España, con sus aciertos y errores, está cumpliendo una función que merece todo el respeto: defender la causa palestina sin poner en riesgo la estabilidad del país, ni la coherencia de su política exterior, ni la unidad de la izquierda democrática.

Pedro Sánchez, con todos los matices que se le puedan hacer, está demostrando que se puede defender una causa justa como la palestina sin romper puentes, sin perder aliados, sin convertir la política exterior en un espectáculo de indignación permanente. Y eso, en estos tiempos, no es poca cosa. La diplomacia no es tibieza. Es el arte de decir lo que hay que decir en el momento y el lugar precisos, sin que las palabras estallen en las manos. Y lo que España está haciendo en este conflicto -liderar el reconocimiento del Estado palestino, exigir responsabilidades a Israel, impulsar una postura común en la UE-, es mucho más valiente que algunos de esos discursos inflamados que se lanzan desde un plató o una tribuna. Porque la valentía real no se mide por el volumen, sino por la consecuencia.

Tanto Podemos como algunos otros que siguen esa lógica confunden la rabia con la política. Confunden la denuncia con la acción. Y lo que es peor, confunden la coherencia con la intransigencia. Como si todo lo que no suene a ruptura fuera rendición. Como si la moderación fuera sinónimo de cobardía. Pero no lo es. En tiempos de ruido, ser razonable es casi un acto de rebeldía.

Y mientras tanto, la tragedia continúa. Gaza sigue ardiendo. Y el pueblo palestino, atrapado entre el fanatismo de Hamás y el castigo indiscriminado del ejército israelí, sigue pagando el precio. Ese es el centro del problema, no los tuits incendiarios ni las acusaciones gratuitas entre aliados. Lo que hace falta es una acción internacional coordinada, una presión sostenida sobre Israel, una apuesta firme por la paz. Lo otro, el postureo y el eslogan, solo alimenta la sensación de impotencia.

Al final, lo que uno echa de menos en la izquierda -y no solo en la española-, es una cierta madurez emocional. Una capacidad para sostener la indignación sin convertirla en histeria; para transformar la rabia en estrategia. Para entender que la ética sin eficacia acaba siendo mero testimonio. Y el testimonio, por noble que sea, no detiene las bombas.

Por eso, sí: lo de Gaza es un genocidio. Y duele, ya lo creo que duele, pero el modo de enfrentarlo no puede ser una sucesión de gestos vacíos. La verdadera solidaridad no consiste en exigir lo imposible, sino en construir lo necesario. Y eso requiere cabeza fría, no garganta caliente. Y, para eso, España necesita una izquierda adulta. Una izquierda que critique sin destruir, que acompañe sin anular, que entienda que el adversario no está siempre al otro lado del escaño, sino a veces en los extremos de uno mismo. 

Porque si no aprendemos esa lección, la historia volverá a repetirse: la izquierda dividida, el populismo crecido y la derecha, esa derecha que nunca descansa, recogiendo los frutos. Y entonces, cuando el ruido haya pasado y solo quede el silencio, alguien recordará que hubo un tiempo en que la diplomacia era vista como cobardía y la temeridad como virtud.

Ojalá no tengamos que lamentarlo otra vez.

En varias ocasiones he tenido que responder ante la Justicia por denuncias y acusaciones lanzadas desde el Partido Popular o por empresas beneficiadas por sus decisiones políticas. Afortunadamente, siempre he resultado exonerado, siempre he sido absuelto, y en más de una ocasión los acusadores han terminado condenados en costas y, por eso, desde mi propia experiencia, puedo hablar con franqueza. Porque lo más duro no fueron los procesos judiciales en sí, sino comprobar cómo determinados jueces y, sobre todo, algún fiscal, lejos de actuar con imparcialidad, se empeñaban en hacer política, en algunas ocasiones incluso con más virulencia que los propios acusadores con quienes incluso era pública y notoria su amistad personal. Y lo hacían con tanto descaro que hasta sus propios compañeros los desautorizaban.

Sé por tanto muy bien de lo que hablo cuando digo que en la justicia española existe una minoría de jueces y fiscales contaminados por la ideología y por intereses partidistas. Existía en Logroño, ¡no va a existir en Madrid! Afortunadamente, no son mayoría, pero son los suficientes y están tan estratégicamente ubicados, como para ser capaces de erosionar gravemente la credibilidad del sistema y corroer los fundamentos de nuestra democracia. Y esa minoría, además, no se limita a dictar sentencias sesgadas; se ha convertido en un auténtico ariete contra cualquier intento de reformar y democratizar la Justicia.

Ahí están, por ejemplo, las resistencias furibundas a las reformas impulsadas por el Gobierno y el Congreso para modernizar el acceso a la carrera judicial, con el objetivo de hacerlo más abierto, más meritocrático y menos endogámico. Quienes deberían estar agradeciendo y acompañando ese proceso, lo combaten con uñas y dientes. Y son los mismos jueces y fiscales que alentaron una huelga abiertamente ilegal contra el Estado, y se enfrentaron a los otros poderes democráticos, vulnerando la ley con la pretensión de situarse por encima de ella. Ahora esos mismos se revuelven, indignados, porque el poder político y la ciudadanía denunciamos lo que es evidente: que sus vínculos partidistas condicionan su actuación y que no defienden la justicia, sino sus intereses y los del partido al que se sienten ligados.

Y es precisamente ahí donde el cinismo de Feijóo alcanza cotas insoportables. ¿Cómo puede atreverse a insultar al presidente del Gobierno por señalar una verdad palmaria? ¿Cómo puede fingir indignación y ausentarse de un acto solemne, alegando motivos éticos, el líder de un partido que lleva décadas retorciendo, manoseando y usando las instituciones del Estado en su propio beneficio?

Hablamos del mismo individuo que se vanagloria de su amistad con un narcotraficante. Del presidente de un partido que ha presumido públicamente, a través de su portavoz en el Senado, de controlar la sala segunda del Tribunal Supremo. De la organización que vulneró la Constitución bloqueando durante casi seis años la renovación del Consejo General del Poder Judicial para atrincherar a sus jueces afines. Del partido que diseñó desde el Gobierno una “policía patriótica” que utilizó la mentira, el dinero público, la extorsión y la manipulación más abyecta para perseguir a adversarios políticos. Del único partido en España condenado por corrupción, señalado en sentencias firmes como una auténtica organización criminal.

¿Y este personaje pretende ahora dar lecciones de ética institucional? ¿Este individuo pretende hablar en nombre de la decencia y la honestidad? ¿Cómo se puede ser tan cínico y exhibir tan poquísima vergüenza? ¿Cómo es posible que alguien así siga al frente de un partido político que se dice democrático?

Lo más triste es que en el Partido Popular todavía militan personas valiosas, honestas, con convicciones democráticas sólidas, que no merecen estar representadas por dirigentes de esta escasísima catadura moral. Son ellos quienes deberían rebelarse contra una cúpula que degrada día tras día la política, que manipula las instituciones y que pretende dictar lecciones de ética desde la cloaca.

Aunque frente a ese cinismo insoportable, también conviene subrayar algo importante; que la mayoría de los jueces y fiscales de este país cumplen su labor con rigor, con profesionalidad y con un compromiso admirable con la independencia judicial. Son ellos los que sostienen día a día el Estado de derecho y garantizan que la justicia siga siendo un pilar sólido de nuestra democracia. Precisamente por respeto a ellos, por respeto a la ciudadanía y a la democracia, no podemos seguir callando frente a esa minoría que pervierte el sistema ni frente a quienes, desde la política, se benefician de su servilismo.

Porque lo que necesita España no es más cinismo, sino más decencia. Y eso, desde luego, no lo van a encontrar ni en Feijóo ni en la dirección actual del PP.

Porque no nos engañemos, detrás de estos insultos no hay espontaneidad, sino un clima de odio cuidadosamente alimentado. No son rabietas adolescentes, son ecos de los mensajes que la extrema derecha -que representan el PP actual y su socio neofascista VOX-, repite día tras día en tertulias, mítines y redes sociales. Y claro, cuando esos discursos se normalizan, lo que baja por la escalera de la política termina aterrizando en la plaza del pueblo, amplificado por chavales que ni siquiera saben qué están diciendo.

La verdad es que duele ver a una juventud que, en lugar de gritar por un futuro mejor o por una ciudad más justa, prefiere prestarse a este espectáculo de odio prefabricado. Y sí, es estupidez, porque se dejan utilizar. Son marionetas de una estrategia que convierte la política en un lodazal y que pretende que insultar al presidente del Gobierno sea un entretenimiento veraniego más, como hacer botellón o bailar la canción de moda.

Pero aquí hay algo todavía más grave: la inacción de las autoridades. ¿Qué habría ocurrido si en la plaza de Calahorra ese insulto hubiera ido dirigido contra la alcaldesa? ¿De verdad alguien cree que la policía no habría intervenido? ¿Que los responsables del cohete habrían sonreído, como si no pasara nada? Desde los balcones de los ayuntamientos no se puede mirar hacia otro lado. Mucho menos reírse. Porque callar ante esto es legitimar el odio.

Y ojo, no estoy pidiendo censura, estoy reclamando responsabilidad. Si estos cánticos se toleran como parte del “ambiente festivo”, ¿qué será lo próximo? En otros contextos, la Fiscalía ya ha investigado insultos colectivos como posibles delitos de odio. ¿Por qué aquí no? ¿Acaso la dignidad democrática es menos importante en un pueblo?

Dentro de tres semanas el cohete volverá a volar en la plaza del Ayuntamiento de Logroño. Y estoy convencido de que quienes han azuzado estos coros en Calahorra volverán a intentarlo, quizá con más fuerza. La pregunta es: ¿estará el alcalde preparado para frenarlo? Porque lo fácil será mirar a otro lado, dejar que pase y decir que “son cosas de jóvenes”. Pero lo valiente, lo que necesita la ciudad, es cortarlo de raíz.

Hace años se logró instaurar el llamado “cohete limpio”, prohibiendo los lanzamientos de líquidos y objetos que convertían la plaza en un lodazal. Si entonces hubo coraje para acabar con esa costumbre, también lo puede haber ahora. Porque estos gritos ensucian tanto o más que aquellos cubos de basura volando por los aires. Y porque la democracia, si no se defiende con firmeza, se degrada entre sonrisas cómplices y silencios cobardes.

Y aquí conviene detenerse un momento, porque lo que está en juego no es solo la educación de unos cuantos chavales, sino la salud democrática de nuestra sociedad. La polarización política que algunos han sembrado deliberadamente —esa idea de que el adversario no es un rival legítimo, sino un enemigo al que se puede insultar, deshumanizar o ridiculizar— se ha colado en la vida cotidiana. Y cuando lo que debería ser un espacio de convivencia, como la plaza mayor en fiestas, se convierte en un altavoz de odio, significa que algo profundo se está rompiendo.

Además, los medios de comunicación tienen aquí una enorme responsabilidad. Dar altavoz sin filtro a estos episodios, convertirlos en “noticia curiosa” o en “hit del verano”, no hace ningún bien a la democracia. Al contrario: multiplica el mensaje que la ultraderecha quiere difundir y lo convierte en espectáculo. Un insulto masivo en la plaza puede ser noticia, claro, pero la forma de contarlo importa. No se trata de ocultar la realidad, pero sí de evitar ser correa de transmisión de quienes pretenden degradar el debate público a golpe de insulto. Porque informar no es lo mismo que amplificar.

No podemos ser cómplices pasivos. Ni los ayuntamientos, ni las fuerzas de seguridad, ni los medios, ni tampoco la ciudadanía. Defender la democracia significa también plantar cara a estos comportamientos, aunque parezcan menores, aunque se disfracen de fiesta. Porque cuando se banaliza el odio, cuando se tolera en nombre de la “gracia popular”, se abre la puerta a que vaya un paso más allá.

Nuestros jóvenes no son tan cafres como para inventarse solos esta barbaridad. Lo hacen porque alguien les incita, porque alguien les jalea. Y si hay voluntad política, si hay responsabilidad institucional, y si los medios cumplen su papel sin servir de altavoz a la ultraderecha, esto se puede acabar. Lo que falta no es capacidad. Lo que falta es coraje.

Este Código Ético que se publicó en el BOR el 24 de enero de ese mismo año, no era un adorno para colgar en la pared del despacho, ni una frase inspiradora en un cartel de campaña. Se aprobó y se presentó a los afectados como un requisito claro: sin esa firma, no podrás tomar posesión y no podrás continuar en tu puesto. Y eso, en tiempos de desconfianza política, no era poca cosa. Era decirle a la gente que con la gestión pública podían estar tranquilos porque su Gobierno iba a jugar limpio y se comprometía por escrito.

Pero, tras las elecciones del año siguiente llegó el presidente Gonzalo Capellán y su Gobierno del Partido Popular y…, de repente, la ética pasó de ser una norma obligatoria, a convertirse en un complemento de temporada. Un complemento que podía quedar bonito para las fotos, pero que, a este Gobierno, le resultaba muy incómodo para el día a día. El argumento oficial que los dirigentes del PP utilizan para eludir el cumplimiento de este Código Ético es de antología: “como no tiene fuerza de ley, no estamos obligados a cumplirlo”. ¡Chimpúm!

A mí me parece que esa explicación es como si un cirujano dijera que, como en el juramento hipocrático no dice nada específico, ¡pues hoy opero sin guantes! Absurdo, ¿no? Pues eso.

Además, lo más inquietante de todo esto no es solo el chiste en sí, sino el margen que abre a la discrecionalidad. Porque sin la aceptación del Código, todo queda a la buena voluntad de cada cargo. Y ya sabemos que la buena voluntad es maravillosa… hasta que deja de serlo. Así, un consejero puede aceptar un jamón “de cortesía”, o una caja de vino, o unas entradas para un partido de una empresa interesada en un contrato; puede usar un coche oficial para fines personales como hacían algunos no hace tantos años o responder a una pregunta incómoda con tecnicismos que no aclaran nada, como viene haciendo este Gobierno a diario. Nada de eso es ilegal mientras no sobrepase determinados límites legales, pero huele. Y, claro, sin la adhesión al Código, nadie puede exigir que deje de hacerse.

Y es que la ética es como una alarma silenciosa: no molesta, pero disuade. Cuando se desconecta, no significa que todo el mundo vaya a entrar en tu casa a robar… pero es evidente que la tentación y las posibilidades se disparan. Y las excusas, también.

En este asunto, el problema de fondo es el mensaje que lanza el actual Gobierno de La Rioja cuando asume que la ética política es solo una opción voluntaria y no supone ningún tipo de obligación. Se exhibe cuando conviene, pero se guarda cuando estorba. Y, mientras tanto, se van llenando los discursos de palabras como “buen gobierno”, “decencia” o “transparencia” que suenan muy bien… hasta que uno se da cuenta de que son como las flores de plástico: son muy decorativas, pero no tienen vida.

No quisiera que alguien piense que este es un asunto menor de esos que ocupan el tiempo de los políticos para lanzarse reproches sin fundamento, porque desde luego que no es un rifirrafe más entre partidos ni una cuestión sin importancia. Y no lo es, porque si un Gobierno se permite ignorar su propio compromiso ético, pierde autoridad para exigir honestidad a los demás. Y, sobre todo, destruye algo mucho más frágil que una norma que es la confianza.

La verdad es que cuesta entender por qué un Gobierno decide que un marco ético le sobra. Tal vez porque obliga a explicar por qué se aceptan determinados regalos, por qué no se publican ciertos viajes o por qué hay contratos que se firman sin demasiada luz ni taquígrafos. Tal vez porque incomoda más de lo que ayuda. Lo irónico es que, sin el Código, nada de eso es ilegal. Pero sí es profundamente dañino. La ley marca el límite mínimo. La ética, en cambio, fija un listón más alto: el de la ejemplaridad. Y cuando un Gobierno prefiere optar por el mínimo… se nota. Y duele.

La ciudadanía no pide milagros. Pide coherencia. Pide que quien exige honestidad predique con ella. Pide que las palabras se parezcan un poco a los hechos porque la integridad no se alquila. No se pone y se quita como una corbata. O se vive con ella, o se renuncia a ella. Y si se renuncia, el ciudadano tiene derecho a saberlo. Porque por más discursos que se pronuncien, hay algo que no se puede maquillar y es que, cuando un político trata la ética como un accesorio… es que, probablemente, la necesita más que nadie.

Cada día descubro con inquietud que la IA está presente en las cosas más cotidianas y, la verdad, a veces da un poco de vértigo descubrir que se ha colado en nuestras vidas con una naturalidad y a una velocidad realmente asombrosas. Casi sin darnos cuenta hemos interiorizado su presencia y ya no nos preguntamos qué es la IA. Ahora, lo que ocupa nuestras conversaciones de café es un debate que no para de crecer y que, en mayor o menor medida, nos empieza a afectar a todos: ¿hasta dónde va a llegar? ¿qué va a pasar con nuestros trabajos?

La automatización impulsada por la IA está cambiando el mercado laboral a una velocidad que, honestamente, a veces cuesta seguir. Por un lado, hay quienes ven en ella una especie de revolución dorada. Y no les falta razón. La IA está abriendo puertas a trabajos que hace solo cinco años ni imaginábamos. Vemos con naturalidad, por ejemplo, que, en un hospital, un sistema de IA revise miles de radiografías en minutos, ayudando a los médicos a detectar patologías que a simple vista podrían pasar desapercibidas. En la agricultura, drones inteligentes monitorean cultivos e incluso pastorean el ganado ahorrando tiempo y recursos. Hasta en las escuelas, herramientas de IA personalizan el aprendizaje para niños que antes se quedaban rezagados…

Todo esto suena a progreso, ¿no? Nos libera de tareas pesadas o repetitivas y nos deja espacio para ser más creativos, más humanos. Pero, y aquí viene el pero, no todo es color de rosa. Hay un miedo que recorre las conversaciones en las sobremesas, en las oficinas… ¿y si la IA nos deja sin trabajo? No es una paranoia sin fundamento. Algunos empleos que dependen de tareas rutinarias —como conducir un taxi, empaquetar productos en una fábrica o incluso responder correos y atender llamadas manteniendo una conversación coherente— están en la cuerda floja. Imagino a alguien que ha pasado 20 años manejando un taxi y, de repente, ve en las noticias que los coches autónomos empiezan a circular por las calles... Si, ya sé que eso pasa en Nueva York, pero ¿cuánto va a tardar en llegar a Logroño? ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo paga las cuentas?

La posibilidad de que miles de trabajos desaparezcan no es solo un número en un informe; son historias reales, familias que se enfrentan a un futuro incierto. Y es que el impacto de la IA no se queda en los sectores más obvios. Hasta los trabajos que creíamos “seguros” están sintiendo el cambio. Esto no significa que todos vayamos a quedarnos sin nada que hacer, pero sí que el tablero de juego está cambiando. Y, al parecer, lo está haciendo demasiado rápido.

Aun así, quiero pensar que esto no va a ser un cuento de terror. La clave puede estar en cómo juguemos nuestras cartas. Creo que hay esperanza, pero depende de cómo manejemos las cosas. Y en esto, pienso que la educación es clave. Pienso en cursos cortos, talleres, algo que me ayude a entender cómo trabajar con estas máquinas en lugar de temerlas. Por ejemplo, un amigo me habló de un carpintero que ahora usa una impresora 3D para hacer muebles únicos. O pienso en una camarera que aprende a usar redes sociales para promocionar un pequeño negocio de repostería desde casa. ¡Eso es reinventarse! Claro, esto suena bien, pero no es tan simple. Porque, seamos sinceros, no todos tenemos acceso a esa formación, ni el tiempo, ni el dinero. Por eso creo que las políticas públicas tienen que ponerse las pilas: becas, programas de reciclaje profesional, incentivos para empresas que inviertan en sus trabajadores. Si no, corremos el riesgo de dejar atrás a mucha gente.

Además, hay otro tema que me ronda la cabeza y que no podemos ignorar: la ética de la IA. Porque, vamos a ver, ¿quién controla a estas máquinas? Si un algoritmo ya decide hoy en día quién consigue un trabajo o quién no, ¿cómo sabemos que no está siendo injusto? Ya hemos visto casos donde sistemas de IA perpetúan sesgos, como descartar candidatas mujeres para puestos técnicos porque fueron entrenados con datos del pasado. Creo que este es un problema serio. La regulación legislativa de la IA no es un lujo, es una necesidad. Necesitamos reglas claras para que la tecnología no se convierta en un jefe sin alma que pisotea derechos laborales o amplifica desigualdades.

Y, por si fuera poco, está el lado humano de todo esto. No se trata solo de números o estadísticas. Es el nudo en el estómago de alguien que no sabe si su empleo seguirá existiendo dentro de solo cinco años. Es la incertidumbre de quien empieza hoy una carrera o un grado de FP y no sabe si, cuando acabe sus estudios, su profesión habrá sido superada por la IA. Aunque también puede ser la ilusión de un joven que estudia una carrera nueva, creada gracias a la IA.

En conclusión, siento que la IA es como un río enorme: puede llevarnos a sitios increíbles o arrastrarnos si no sabemos nadar. No es buena ni mala, pero me da respeto. Me da miedo no estar preparado, como les pasó a otros en su tiempo con los ordenadores o los móviles. Pero también tengo esperanza. Si aprendemos a usarla bien, si nos aseguramos de que nadie se quede atrás, puede ser una oportunidad para trabajar mejor, para ser más creativos, para construir un futuro donde todos tengamos un lugar.

Nos queda la esperanza de que, si hacemos las cosas bien, el futuro puede ser mejor para todos. Porque la IA, al final, no es buena ni mala por sí misma. Es una herramienta, igual que, en su momento, lo fueron el fuego, la electricidad o la máquina de vapor. Puede quemarnos o iluminarnos, dependiendo de cómo la usemos y, aunque reconozco que me asusta un poco, creo que la inteligencia artificial no es una amenaza que viene a arrasarlo todo, aunque supongo que tampoco es una varita mágica que solucionará nuestros problemas por arte de magia.

Lo que sí tengo claro es que supone un desafío enorme, aunque también una oportunidad para repensar cómo trabajamos, cómo aprendemos y cómo construimos un mundo más justo en el que la imaginación y la creatividad nos permitan seguir avanzando juntos.

Sigo pensando que esa sonrisa no es en realidad más que una mueca con la que intenta transmitir indiferencia y desprecio ante la crítica, pero sus recientes declaraciones sobre el caos sanitario de las Urgencias y las listas de espera quirúrgicas han alcanzado el límite del mal gusto, trasladando un desprecio inaguantable hacia los miles de riojanos que sufrimos a diario estas situaciones.

La Sra. María Martín, consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno del PP, presidido por D. Gonzalo Capellán, acaba de declarar, con su natural desparpajo y exhibiendo su habitual sonrisa, que los riojanos preferimos estar tumbados en la playa que en la mesa del quirófano. ¡Claro, es de una lógica impecable! Todos preferiríamos estar tumbados en una hamaca, -aunque no fuera en la playa-, antes que en la mesa de un quirófano, pero afirmar que el caos sanitario riojano se debe a que cuando nos avisan para la operación que llevas esperando meses, cuando no años, preferimos renunciar para irnos de vacaciones, creo que supera todos los límites admisibles.

Mientras las Urgencias del San Pedro parecen un reality de supervivencia, con las ambulancias aparcadas en la puerta llenas de pacientes esperando, con pacientes en los boxes esperando camas a lo largo de días, mientras la Atención Primaria se desangra con esperas interminables, mientras se desmonta la eficaz estructura organizativa del Hospital de Calahorra y los centros de salud se asemejan a hornos, –¡qué bronceado tan heroico!– la Consejera pinta a los riojanos como unos veraneantes despreocupados.

Recurriendo a la lógica más básica, esa que parece haber huido del despacho de la Consejera: ¿de verdad que alguien con dos dedos de frente, o con un grado de cinismo menos acusado, cree que un paciente que lleva meses, o incluso más de un año, esperando una operación que le cambiará la vida –una cadera nueva, un corazón más calmado…–, cuando le citan para entrar ¡por fin! al quirófano, suspira y dice: “Mejor me voy de vacaciones, que el sol y los baños de mar son muy buenos para la salud”?

Por favor, señora Martín, hasta mi gata, que puede confundir el sofá con un quirófano, sabe que alguien con una intervención pendiente no planea un verano de fiesta. ¿Disfrutar de unas vacaciones con dolor crónico, con problemas de visión, etc.? ¡Qué vacaciones de ensueño!

No, lo que pasa es que esos pacientes están atrapados en listas de espera interminables, sufriendo mientras usted inventa excusas de comedia. La frivolidad con la que la Consejera afronta esta crisis es, francamente, vergonzosa. Culpar a los riojanos de su propio colapso sanitario –¡la culpa es de la gente que no se quiere operar, claro!– es como echarle la culpa al enfermo de gripe por no sanar con una carcajada.

Y mientras, la Sra. Consejera sigue soltando perlas como que “cada vez bajamos más el umbral para denominar colapso” –¡qué alivio, solo son decenas de almas en pausa, no un colapso de verdad!–. Son los propios profesionales los que están denunciando temperaturas asfixiantes, falta de personal y un caos que huele a sanidad de otro siglo. ¿Solución? Ninguna. Solo un desfile de excusas sobre las vacaciones del personal y ese supuesto rechazo estival que parece sacado de un chiste malo.

Pero, de pronto, esta misma semana, el telón se alza con un giro curioso protagonizado por un nuevo actor: ¡el mismísimo presidente del Gobierno!

En el último Debate sobre el estado de la región, el presidente Gonzalo Capellán anunció (con escaso entusiasmo a mi juicio), que los próximos presupuestos incluirán una partida para crear una unidad de neurocirugía en el Hospital San Pedro. ¡Magnífica noticia, señor presidente, un aplauso bien merecido! Nadie puede negar que es un avance positivo. Cada año, cientos de riojanos deben desplazarse a hospitales vecinos por esta especialidad, y contar con ella en casa es un paso adelante que todos celebramos con absoluta sinceridad.

Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si esta iniciativa llega en el orden correcto. ¿No sería más urgente y prioritario asentar y consolidar las prestaciones que ya tenemos, alcanzar la excelencia en las especialidades implantadas y, sobre todo, invertir en reforzar la Atención Primaria, que agoniza con listas de espera interminables? ¿No deberíamos priorizar, por ejemplo, la reducción de más de un año de demora en Oftalmología, acelerar diagnósticos e intervenciones en lo que ya existe, o garantizar que no esperemos semanas para ver a nuestro médico de familia?

Desarrollar nuevas unidades está muy bien, pero ¿no es como decorar la fachada de una casa mientras el tejado se cae? Quizás el Gobierno debería empezar por apuntalar lo que ya tenemos antes de anunciar nuevos proyectos.

Seguro que un par de cientos de riojanos y algunos pocos especialistas nos veremos beneficiados por la creación de este nuevo servicio, aunque esto no va a evitar que otros muchos miles de riojanos y cientos de profesionales, continúen sufriendo las consecuencias de una deficiente gestión de algunos servicios que hacen aguas mientras se muerden la lengua cada vez que la Sra. Martín deja escapar nuevas perlas de su garganta.

Casi sin darme cuenta ha llegado junio, el mes del Orgullo. Este es el mes en el que las banderas multicolor cuelgan de los balcones, los perfiles de nuestras redes sociales se tiñen de arcoíris y, durante unos días, nuestras realidades, nuestras luchas y nuestras identidades se colocan en el centro del debate público.

Muchos piensan que este es el mes en el que algunos perdemos la vergüenza y “salen disfrazados a la calle, cuando no medio desnudos”, para agitar banderitas de colores y exhibir plumajes de todo tipo. Algunos se piensan que todo se reduce a eso y no se dan cuenta de que, precisamente eso, esa exhibición de libertad no es más que un acto de reivindicación y resistencia. Porque sí, este mes de junio no es solo un mes de celebración: es, sobre todo, un mes de resistencia y reivindicación. Porque cada año que pasa, los motivos para seguir saliendo a la calle son más urgentes.

Este 2025, la FELGTBI+ lo ha dicho alto y claro: “20 años avanzando en derechos: ni un paso atrás”. Se cumplen dos décadas desde que España hizo historia al aprobar el matrimonio igualitario. Y sí, fue un hito. Fue justicia. Fue dignidad. Pero hoy, gracias a todos esos que piensan que este es un mes de libertinaje, ese avance corre el riesgo de convertirse en una efeméride vacía si no somos capaces de defenderlo con uñas y dientes. Porque lo cierto es que los derechos que tanto costó conquistar están hoy en juego.

La presión que el post fascismo está ejerciendo sobre la derecha extrema en que se ha convertido el Partido Popular está consiguiendo que, aunque parezca increíble, en pleno 2025, en muchas comunidades autónomas —especialmente en Madrid, Murcia, Castilla y León o la Comunidad Valenciana— se recorten derechos y se desmantelen servicios clave como las oficinas de atención o los programas de educación en diversidad. Se están borrando recursos, silenciando a profesionales, marginando de nuevo a quienes solo pedimos vivir en paz y con libertad.

En La Rioja, el Gobierno de Gonzalo Capellán no sufre la debilidad de gobernar en minoría y, en consecuencia, su mayoría absoluta le permite ejercer sus funciones eludiendo cualquier tipo de presión del extremismo de VOX. Sin embargo, también aquí están en riesgo nuestros derechos: la falta de desarrollo normativo en leyes tan básicas para nuestro colectivo como la Ley Trans, o la de familias monoparentales, evidencian la vinculación cada vez más estrecha del Gobierno de La Rioja con los postulados más extremistas defendidos por el post fascismo.

No se trata solo de celebrar el pasado, sino de blindar el futuro. Porque lo que se está jugando ahora es mucho más que una cuestión de colores, desfiles o conmemoraciones. Lo que está en juego es nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestra propia vida.

Estos retrocesos no son hechos aislados ni errores locales; forman parte de una estrategia internacional bien organizada, que está extendiendo por todo el mundo una ola reaccionaria que amenaza con desmontar décadas de avances sociales, no solo para las personas LGTBIQ+, sino también para mujeres, migrantes, menores no acompañados, activistas climáticos o defensores de derechos humanos. Vemos cómo en países de Europa, América o incluso dentro de la propia Unión Europea se aprueban leyes abiertamente discriminatorias, se criminaliza la diversidad, se cierran espacios de libertad y se cuestionan los principios democráticos más básicos. Esta corriente ultraconservadora actúa con un mismo manual: alimentar el miedo, señalar al diferente y convertir los derechos en privilegios negociables. Lo que está en juego, por tanto, no es solo nuestro presente, sino el modelo de sociedad en el que queremos vivir.

Como ciudadano y miembro del colectivo no puedo permitirme el lujo de la indiferencia. Nunca he sido indiferente y por eso no puedo callar mientras veo cómo algunos intentan convertir nuestros derechos en moneda de cambio. Ni cómo se cede terreno ante quienes quieren borrar nuestras vidas del espacio público. La historia ya nos enseñó que el silencio no protege a nadie. Por eso hoy sigo levantando la voz. Porque quiero un país donde ser quien soy no implique una lucha constante. Porque quiero leyes que protejan, no que discriminen. Porque quiero educación en diversidad, políticas públicas valientes y un gobierno que no se esconda detrás de mayorías para incumplir sus compromisos.

Este Orgullo no es solo una celebración, es una trinchera. Y, desde esa posición, tenemos que decir con fuerza que no estamos dispuestos a ceder, que no vamos a dar ni un paso atrás, que nuestra dignidad no se negocia, nuestra igualdad no se vota y nuestra libertad no se mendiga. Si algunos pretenden revertir nuestras conquistas, nos encontrarán de frente —más orgullosos, más unidas, más fuertes— defendiendo la democracia, los derechos y la vida misma. Porque no se trata solo de nosotros y nosotras, se trata de qué tipo de sociedad queremos construir. Y yo quiero y defiendo una donde quepamos todas las personas. Con todos nuestros colores. Con todos nuestros derechos.

Se lo debemos a quienes, con su lucha, nos permitieron llegar hasta aquí. Nos lo debemos a nosotros, se lo debemos a quienes vendrán y se lo debemos a una sociedad que solo será plenamente libre cuando nadie tenga que pedir permiso para ser quien es.

¹ Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más.

² Ley de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares de La Rioja.

Me gustó leerlos y me gusta verlos, cuidarlos, ojearlos de cuando en cuando. Me gusta saber que están ahí, aunque no los lea. Y, siendo honesto, sé que hay muchos que probablemente nunca leeré. Algunos incluso siguen envueltos en el celofán original.

Hace tiempo que me digo que un día, cuando tenga más tiempo —quizá cuando me jubile— podré leerlos con calma. Me gusta pensar que lo haré. Pero también empiezo a preguntarme: ¿y si ese momento nunca llega? ¿Qué pasará entonces con todos esos libros? ¿A dónde irá la sabiduría que encierran? ¿Quién leerá esos versos que tanto me emocionaron? ¿Acabarán en cajas almacenadas en la “Trapería de Klaus”?

Me gustaría pensar que, cuando yo no esté, algún miembro de mi familia podrá seguir disfrutando con las lecturas que yo disfruté, o con las que disfrutaron mis padres. Que mis sobrinos —o sus hijos— seguirán pasando los dedos por sus lomos, buscando un título que les impulse a sumergirse en sus páginas.

Pero también soy consciente de que el ritmo de vida actual, la omnipresencia de las pantallas, las plataformas de entretenimiento y la facilidad de acceso a lo digital nos están alejando cada vez más de los libros. Incluso a mí, que confieso esta atracción hacia ellos, también me pasa.  No es solo una cuestión de formatos, sino de hábitos, de tiempo, de atención. Leer un libro —de verdad— exige algo que cada vez nos cuesta más concedernos: una pausa. Y, sin embargo, ese espacio pausado, íntimo, transformador, es más necesario que nunca.

Esta no es solo una pregunta íntima. Es también una cuestión colectiva porque los libros que acumulamos, los que heredamos, los que dejamos sin leer, forman parte de una red silenciosa de memoria, cultura y afecto que está en peligro de desaparición.

Pensaba en ello hace unas semanas cuando se conoció que el gobierno municipal de Conrado Escobar había decretado un recorte presupuestario de 38.000 euros en la Biblioteca Rafael Azcona, la única biblioteca municipal de Logroño. Este tipo de decisiones políticas reflejan una tendencia preocupante: la cultura y la lectura parecen ser las primeras en sufrir cuando se aplican recortes presupuestarios. Y, sin embargo, son fundamentales para el desarrollo de una sociedad crítica y cohesionada.

Lo más indignante es que, mientras se recorta en cultura, el alcalde del Partido Popular se permite devolver fondos europeos que su equipo es incapaz de ejecutar. Fondos pensados precisamente para mejorar la vida de la gente, para modernizar servicios, para impulsar proyectos sociales y culturales. En lugar de asumir esa ineficacia, el Ayuntamiento compensa su incapacidad de gestión recortando la cultura: lo fácil, lo que no se queja en los despachos, pero sí duele en los barrios.

Y este no es un caso aislado. La cultura está siendo arrinconada en muchos lugares donde gobierna la derecha con el apoyo de la ultraderecha. La imposición ideológica de VOX en ayuntamientos y gobiernos autonómicos está empujando al Partido Popular hacia decisiones que desprecian lo cultural, ya sea eliminando festivales, censurando exposiciones, recortando bibliotecas o desprestigiando a creadores, como hizo Gonzalo Capellán eliminando el nombre de Almudena Grandes de la Biblioteca de La Rioja. Es un patrón que se repite: lo que no controlan, lo silencian; lo que no entienden, lo recortan.

Yo seguiré conservando mis libros mientras pueda. Algunos los leeré; otros, me bastará con saber que están ahí. Pero me gustaría que, más allá de mi casa, siguiera existiendo un país donde leer fuera un derecho fácil, accesible, protegido. Donde las bibliotecas no tuvieran que luchar por mantener sus actividades y donde los libros no acabaran olvidados en cajas, sino en manos de alguien que los lea y los disfrute por primera vez.

Durante su papado, Francisco fue un faro de justicia social, un líder que puso a los pobres, los inmigrantes, la defensa del medio ambiente y los derechos del colectivo LGTBIQ+ en el centro de su mensaje con el que clamó contra la “globalización de la indiferencia” que abandona a los vulnerables, denunció el neoliberalismo salvaje que engorda las arcas de unos pocos y defendió la creación frente a la avaricia que destroza el planeta. Para muchos cristianos y especialmente para la derecha española, este mensaje era una auténtica bofetada.

Su compromiso, profundamente enraizado en el Evangelio, incomodó a la derecha española, que lo vio como una amenaza a sus intereses. Santiago Abascal, líder de Vox, trató de deslegitimarlo y humillarlo llamándolo “ciudadano Bergoglio”, y Cuca Gamarra, secretaria general del PP, lo calificó de “comunista” escupiendo esta palabra con el desprecio implícito que conlleva en el imaginario más reaccionario. 

Sin embargo ahora, con Francisco muerto, estos oportunistas se suben al carro del luto, balbuceando elogios vacíos para arañar votos, como si nunca hubieran cuestionado su autoridad. Su hipocresía es un insulto a la memoria de un Papa que los enfrentó a su propia miseria moral y una prueba de que solo quieren a la Iglesia como títere para su propaganda mientras pisotean sus valores más esenciales.

Francisco no era, como algunos intentaron caricaturizar, un Papa de izquierdas. Su defensa de los excluidos nacía de los mandamientos y del amor al prójimo, no de ideologías políticas. 

Apoyó las uniones civiles y pidió despenalizar la homosexualidad, desafiando a los que, como Vox, agitan el odio contra el colectivo LGTBIQ+, diciéndole incluso a un homosexual: “Dios te hizo así y te ama”, con todo lo que esa expresión conlleva. Condenó el dogma neoliberal que enriquece a unos pocos a costa de los pobres, un sistema que el PP abraza sin pudor y que perpetúa la desigualdad. Hizo de la acogida de inmigrantes un imperativo ético, enfrentándose a los nacionalismos radicales y mezquinos que Vox y el PP enarbolan, posturas que no fueron bien recibidas por una derecha que prefiere una Iglesia sumisa, que bendiga sus políticas de exclusión y libre mercado sin cuestionarlas y que sacaron de quicio a Isabel Díaz Ayuso que tuvo la desfachatez de tachar de “leyenda negra” su petición de perdón por los crímenes de la conquista de América y a Abascal que cuestionó su autoridad para hablar de inmigración. Pero ahora, con Francisco fallecido, Alberto Núñez Feijóo balbucea que “hablaba español” como si eso borrara sus críticas y Vox murmura oraciones por su alma como si alguien les creyera. 

Este cambio de discurso no refleja arrepentimiento, sino el oportunismo descarado de una derecha que busca capitalizar la figura de un Papa al que nunca entendieron ni respetaron y al que odiaron porque les dijo la verdad: que su especulación y su indiferencia son la raíz de la miseria. Y esa verdad quema.

Si esta hipocresía al elogiar a Francisco es grave, más lo es el historial de desastres del PP, que contradice frontalmente los valores cristianos que dice defender. Condenado judicialmente como organización criminal en el caso Gürtel, el PP arrastra una estela de escándalos que violan los mandamientos más básicos de la Iglesia y dejan un rastro pestilente de negligencia y mentiras. La guerra de Irak, impulsada por José María Aznar, causó miles de muertes sin pruebas de la existencia de armas de destrucción masiva y sin que, hasta el momento, haya pedido perdón como al menos sí hicieron Tony Blair y Bush, un acto que choca con el “no matarás” (Éxodo 20:13). El accidente del Prestige devastó Galicia porque el gobierno del PP decidió ignorar el consejo científico de los expertos, agravando la marea negra y provocando la crisis medioambiental más grave de la historia de España. Esta negligencia despreció el mandato de cuidar la creación que Francisco defendió con pasión en “Laudato S’ Sobre el cuidado de la casa común”. El accidente del Yak-42, que mató a 62 militares por la contratación de un avión de desguace y cuyos restos fueron tratados como despojos de carnicería, fue minimizado por Federico Trillo, entonces ministro de Defensa que mintió para tapar la chapuza y en el que, además, el PP usó dinero negro para su defensa, según confesó el propio Bárcenas, violando con ello el “no darás falso testimonio” (Éxodo 20:16).

Los escándalos recientes del PP son igual de demoledores. Durante la pandemia, la gestión de Ayuso en Madrid dejó morir a 7.291 ancianos en residencias como consecuencia de las órdenes dictadas por el gobierno del PP que vetaban su traslado a hospitales basándose en repugnantes criterios de edad y discapacidad y llegando a calificar las críticas por estas muertes evitables como “mierdas”, mostrando una falta de empatía que contrasta con el amor al prójimo predicado por Francisco (Mateo 22:39). 

La negligente gestión de la tragedia de la DANA en Valencia causó 227 fallecidos y evidenció la incapacidad del gobierno valenciano del PP y de Carlos Mazón, que ignoraron todas las alertas meteorológicas mientras ¿comía? con toda tranquilidad e incomunicado con una periodista durante más de cuatro horas. En lugar de asumir responsabilidades, el PP acusó a las víctimas de “politizar” su dolor, lo que refleja una arrogancia absolutamente opuesta a la humildad de Francisco, y un claro desprecio por la vida que él condenó como “globalización de la indiferencia”. 

Lo más indignante es que el PP no solo evade sus responsabilidades, sino que protege y blinda a los responsables de estas tragedias. Mazón sigue al frente de Valencia, respaldado y aplaudido por un partido que minimiza la DANA como si fuera un mal sueño consecuencia de un “error humano”.  Ayuso, elevada a diosa y convertida en un ícono del PP, pasea por el mundo su política antinmigración, escupiendo directamente sobre el mensaje de acogida de Francisco. Bárcenas, cerebro de la corrupción del PP, fue defendido durante años con todo tipo de argumentos y recursos y Aznar, arquitecto de la guerra de Irak y el Prestige, sigue siendo una figura venerada en el partido. 

Vox, por su parte, es aún más descarado. Su post fascismo se viste de catolicismo para engañar a los devotos convocándolos incluso al rezo de rosarios frente a las sedes socialistas que provocan ataques de odio, pero sus políticas antinmigración y su cruzada contra los derechos LGTBIQ+ son una bofetada al Evangelio. Abascal llamó a Francisco “globalista” y “masón”, pero ahora finge rezar por él, buscando votos entre los que lloran al Papa.  

Hay quien asegura que la derecha despreciaba a Francisco porque les recordaba que su avaricia empresarial aplasta a los pobres y que preferían una Iglesia que les mintiera con promesas vacías. Ambos partidos quieren una fe que justifique sus odios, no que los desafíe a mirarse al espejo. La derecha española, con el PP y Vox a la cabeza, quiere una Iglesia que sirva de propaganda, no de conciencia. Usan el mensaje cristiano para captar votantes sensibles a la tradición, pero ignoran su esencia: la justicia, la verdad y el cuidado de los más débiles. Francisco, con su vida y su palabra, les puso un espejo que no quisieron mirar. Criticaron su compromiso con los inmigrantes, los pobres y el colectivo LGTBIQ+, pero ahora lo alaban para no quedar fuera del duelo colectivo. Esta incoherencia no es solo política, es moral. Un partido que ha causado tanto daño, desde la guerra de Irak hasta la DANA, que protege a figuras como Mazón, Ayuso, Bárcenas, Rajoy y Aznar y que ha sido condenado por corrupción, no tiene legitimidad para acusar a nadie, mucho menos para invocar los valores de una Iglesia que Francisco intentó devolver a sus raíces evangélicas.

El legado de Francisco es un puñetazo en la mesa: una Iglesia que defiende a los marginados, que desenmascara la injusticia y exige coherencia y que deja un desafío a sus fieles exigiéndoles coherencia entre su fe y sus acciones. 

El PP y Vox, con su historial de corrupción, mentiras y sangre, son la antítesis de ese mensaje. No tienen derecho a acusar a nadie mientras protegen a tantos como Mazón, Ayuso, Bárcenas y Aznar, ni a lloriquear por Francisco mientras escupen en su legado. La sociedad debe recoger el guante que Francisco dejó: exigir una política que viva la fe con verdad, no que la use como máscara y mientras el PP y Vox sigan manipulando la religión para sus fines, su hipocresía seguirá siendo una mancha que ningún elogio póstumo podrá borrar. Sería bueno que la sociedad, inspirada por el ejemplo de Francisco, les pida cuentas y reclame una política que no solo hable de valores cristianos, sino que los viva. Porque la hipocresía de la derecha es insoportable: alaban a Francisco con la boca, pero defienden con uñas y dientes todo lo que él combatió.

Como dijo el propio Francisco, “la indiferencia es una pandemia silenciosa” y la derecha española, con su historial de mentiras, negligencias y odio, es su principal trasmisor.