La primera iniciativa que presenté y defendí como diputado ante el Parlamento de La Rioja en 1991 proponía combatir la estigmatización de quienes viven con el VIH. Y me indigna comprobar que, 35 años después, mientras la ciencia ha conseguido avances extraordinarios, nuestra sociedad siga siendo incapaz de desprenderse de esos miedos injustificados, estereotipos y comportamientos discriminatorios.

Cada 17 de octubre, la celebración del Pride+ nos ofrece una nueva oportunidad para reivindicar esa dignidad. Pero, sobre todo, nos obliga a preguntarnos por qué sigue siendo necesario hacerlo. No creo que sea una cuestión secundaria, ni una causa que deba defenderse únicamente en determinadas fechas. Es una cuestión de derechos humanos, de justicia y de decencia democrática. 

Vivimos tiempos preocupantes. El odio al diferente, la homofobia, el racismo y los discursos autoritarios y postfascistas que cuestionan derechos conquistados con mucho esfuerzo están ganando presencia en el debate público. Y no podemos ignorar que ese clima alimenta también viejos prejuicios contra las personas con VIH; prejuicios que vuelven a vincular el virus, de manera injusta y profundamente equivocada, con una determinada orientación sexual o con supuestos comportamientos moralmente reprobables para algunos sectores.

Digámoslo con claridad: el VIH no tiene orientación sexual, no entiende de ideologías y no es un juicio moral sobre nadie. Puede afectar a cualquier persona. Asociarlo a una identidad concreta no solo demuestra desconocimiento sino que perpetúa una discriminación que causa sufrimiento, alimenta el miedo y empuja a muchas personas a ocultar su situación por temor al rechazo.

Y lo más indignante es que ese estigma persiste cuando los avances científicos han cambiado radicalmente la realidad del VIH. Hoy, gracias a los tratamientos, las personas que viven con el virus pueden desarrollar una vida larga y plena. Sabemos, además, que una persona con carga viral indetectable gracias al tratamiento no transmite sexualmente el VIH. Sin embargo, la desinformación sigue alimentando el rechazo y nos demuestra que la ciencia ha avanzado mucho más deprisa que determinados prejuicios sociales.

Por eso, no basta con disponer de buenos tratamientos. Necesitamos educación, información rigurosa y una sociedad que deje de señalar a quienes viven con el VIH. Necesitamos combatir la discriminación en el ámbito laboral, sanitario, afectivo y social. Y necesitamos que las instituciones asuman su responsabilidad, porque el silencio y la indiferencia también contribuyen a perpetuar el estigma.

La visibilidad es una herramienta poderosa para romper ese silencio, pero nunca puede convertirse en una obligación. Nadie debe sentirse forzado a revelar una circunstancia personal para demostrar nada a los demás. La responsabilidad no corresponde a quien teme ser rechazado, sino a quienes alimentan el rechazo y a quienes, pudiendo combatirlo, prefieren mirar hacia otro lado.

El Pride+, conocido también como “Orgullo positivo” que se celebra cada 17 de octubre debe ser una celebración de la dignidad, pero también una llamada de atención. Porque una sociedad verdaderamente libre no es aquella en la que algunas personas pueden mostrarse sin miedo, sino aquella en la que nadie tiene que esconderse para evitar la discriminación.

No podemos permitir que el odio normalice de nuevo lo que tanto esfuerzo nos ha costado combatir. Ni aceptar que el diagnóstico de una persona se convierta en motivo de sospecha, aislamiento o exclusión. Convivir con el VIH no resta dignidad, no limita derechos y no hace a nadie menos merecedor de respeto.

Porque la lucha contra el estigma del VIH no pertenece únicamente a quienes conviven con el virus. Nos corresponde a todos. Y quienes creemos en una sociedad más justa, más libre y más igualitaria tenemos la obligación de seguir dando la cara por quienes siguen sufriendo el estigma y el rechazo de manera tan injusta.

Eso me ha ocurrido con cada capítulo de Tip Toe, la serie de Russell T. Davies que están emitiendo en HBO. No porque cuente algo que no supiéramos ya, sino precisamente porque consigue convertir en una historia cotidiana algo que quizá llevamos demasiado tiempo contemplando con una cierta distancia como es el regreso de la intolerancia, la normalización del odio y el miedo entre quienes creíamos que ya habíamos aprendido a vivir en libertad.

“Ser queer en 2026 es un acto político”, esta es una frase que dice un personaje de la serie, que se me ha quedado grabada. Y es que, después de décadas de avances, de leyes que reconocen derechos, de una mayor visibilidad y de generaciones que han crecido viendo con mucha más naturalidad distintas formas de amar y de construir una familia, podríamos pensar que es una frase exagerada, que pertenece a otro tiempo, pero quizá hemos cometido un error llegando a pensar que, porque hemos conseguido derechos, también habíamos conseguido acabar con los prejuicios. Y no es así. 

Sería injusto y falso negar la transformación profunda que ha experimentado la sociedad española. Personas que durante buena parte de su vida tuvieron que esconder quiénes eran pudieron finalmente mostrarse como son. Muchas familias han podido vivir con normalidad una realidad que antes estaba marcada por el silencio. Miles de personas han podido besar a su pareja en público sin sentir que estaban cometiendo una provocación. Pero que hayamos avanzado no significa que el camino haya terminado. Las leyes pueden cambiar una sociedad, pero no consiguen eliminar de un plumazo todos sus prejuicios. 

Durante mucho tiempo hemos dado por supuesto que las nuevas generaciones serían necesariamente más tolerantes que las anteriores y, probablemente, en muchos aspectos, lo sean. Pero esa certeza empieza a necesitar muchos más matices porque las personas jóvenes también están expuestas a un ecosistema digital en el que conviven la información, la diversidad y la solidaridad con contenidos que convierten al diferente en una amenaza, que ridiculizan los derechos de las minorías o que presentan la igualdad como una imposición.

El odio ya no necesita una esquina oscura para mostrarse. Tiene un teléfono móvil, un algoritmo y miles de personas dispuestas a compartir una mentira antes de que nadie tenga tiempo de desmontarla. Y tiene algo todavía más peligroso que es la capacidad de hacer que determinados discursos parezcan normales.

Este último aspecto me parece esencial porque la homofobia no comienza necesariamente con una agresión. A veces comienza con una broma, con un insulto que vuelve a provocar risas; con la idea de que “ya no se puede decir nada”. Con la utilización sistemática de las personas LGTBIQ+ como objeto de provocación política. Con la insistencia en presentar nuestra visibilidad como adoctrinamiento o nuestra igualdad como un privilegio.

El salto entre una cosa y otra no es automático. Sería absurdo decir que cada chiste homófobo conduce a una agresión, pero también sería ingenuo pensar que el lenguaje no construye el clima social en el que determinadas conductas pueden llegar a considerarse aceptables.

El propio Russell T. Davies ha explicado que Tip Toe nace, en parte, de su preocupación por una sociedad cada vez más irritable e intolerante y por la manera en que las redes sociales favorecen una comunicación basada en mensajes breves, contundentes y cargados de confrontación. Y ahí es, precisamente, donde creo que la serie deja de ser solamente una serie sobre personas LGTBIQ+, porque lo que está describiendo puede aplicarse también a otros colectivos como el de los inmigrantes, los sintecho, los “invasores” de Ceuta…, o incluso las mujeres.

Cuando una sociedad empieza a acostumbrarse a señalar al diferente, todos deberíamos preocuparnos. Cuando el insulto deja de dar vergüenza y empieza a provocar aplausos, deberíamos preocuparnos. Cuando la mentira se convierte en un arma y la indignación permanente sustituye a la conversación, deberíamos preocuparnos. Y cuando gran parte de una generación empieza a recibir desde las redes sociales mensajes que cuestionan la dignidad o los derechos de otras personas, deberíamos preocuparnos todavía más, porque se está construyendo un relato en el que determinadas personas empiezan a sentirse moralmente legitimadas para despreciar a otras.

Y conste que no escribo esto desde el miedo, lo escribo precisamente desde la memoria de quien pertenece al colectivo LGTBIQ+. Y quizá por eso Tip Toe me ha golpeado de una manera especialmente profunda. 

Porque quienes hemos vivido determinados momentos de nuestra historia reciente, sabemos que los derechos que hoy parecen evidentes no aparecieron por generación espontánea. Otras personas tuvieron que enfrentarse antes a la incomprensión, al insulto, al rechazo, al silencio y, en muchos casos, a la violencia para que otros pudiéramos vivir de una manera más libre.

A estas alturas deberíamos saber que los avances no son para siempre y que los derechos que hoy tenemos también pueden perderse. Los derechos se conquistan, pero también hay que defenderlos. Porque lo que hoy parece garantizado puede dejar de estarlo mañana.

En España escuchamos a diario a dirigentes de VOX reclamar la derogación de las leyes trans y presentar estas normas como una amenaza para los menores o describir las políticas LGTBI como imposiciones ideológicas. Y en 2026, con el respaldo del PP en algunas comunicades autónomas, siguen calificando determinadas leyes LGTBI de “ideológicas”, “invasivas” o alejadas de la evidencia científica. En La Rioja, por ejemplo, VOX reclama expresamente la derogación de la ley autonómica de identidad y expresión de género, calificándola de “disparate” y vinculando su aplicación con el “adoctrinamiento” en las aulas. 

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con cualquiera de esas posiciones políticas porque, en democracia, todas las leyes pueden discutirse y reformarse, pero cuando se repite sistemáticamente que un colectivo representa una amenaza, que sus derechos son una imposición ideológica, que su visibilidad es adoctrinamiento o que sus reivindicaciones forman parte de una agenda que pretende destruir la familia o borrar a las mujeres, no estamos hablando simplemente de una discrepancia legislativa. Estamos construyendo un relato sobre quiénes somos y sobre qué lugar debemos ocupar en la sociedad.  

Y ese relato importa porque el retroceso no tiene que empezar necesariamente con una ley que elimina un derecho. Puede empezar mucho antes. Puede empezar cuando los ciudadanos dejamos de ejercer esos derechos. Cuando alguien decide no coger de la mano a su pareja por miedo. Cuando una chica o un chico evitan decir en clase que es gay. Cuando una familia decide no hablar de sus dos madres o de sus dos padres para evitar problemas. Cuando alguien escucha un insulto y prefiere callarse. Cuando una persona LGTBIQ+ empieza a pensar que quizá es mejor no llamar demasiado la atención. En definitiva, cuando volvemos a caminar de puntillas. 

Ese es, para mí, el verdadero significado del título de la serie. Uno de los personajes explica que antes entraba en una habitación diciendo “¡tachaaán!” y ahora camina de puntillas “por si acaso”. Esa frase resume una amenaza que no deberíamos despreciar.

Porque no hemos luchado durante décadas para que las personas LGTBIQ+ aprendamos de nuevo a escondernos. No hemos conquistado la libertad para vivir pendientes de quién nos mira. No hemos conseguido visibilidad para volver a pedir perdón por existir. 

Aunque también es cierto que tampoco deberíamos caer en el error contrario y pensar que todo está perdido, porque no lo está. Nuestra sociedad ha cambiado y lo ha hecho para mejor en muchísimos aspectos. Precisamente por eso tenemos algo muy valioso que proteger. Lo que necesitamos ahora no es miedo, sino vigilancia. No es enfrentamiento, sino firmeza. No es responder al odio con más odio, sino impedir que el odio vuelva a convertirse en una forma aceptable de relacionarse con los demás.

Necesitamos educación, instituciones que no miren hacia otro lado; combatir la discriminación allí donde aparezca; exigir responsabilidades cuando se cruza la línea entre la libertad de expresión y la agresión o la incitación al odio. Y necesitamos, sobre todo, recuperar la idea de que los derechos de una minoría no son solo un asunto de esa minoría. Son un asunto de todos porque son una cuestión de democracia.

Quizá por eso me ha dejado tan inquieto Tip Toe. Porque no quiero creer que sea una profecía ni que pretenda serlo. Pero sí creo que es una advertencia muy seria. Una llamada de atención sobre lo que puede ocurrir cuando una sociedad se acostumbra demasiado al ruido, al insulto, a la deshumanización y a la polarización. Y las advertencias solo sirven cuando todavía estamos a tiempo de actuar. Por eso creo que debemos estar alerta. No porque debamos vivir con miedo, sino porque conocemos demasiado bien el precio de bajar la guardia.

Hay una generación que luchó para poder salir de la oscuridad. Hay otra que ha crecido creyendo que esa libertad era algo natural. A ambas nos corresponde ahora la misma responsabilidad: negarnos a volver a entrar en una habitación de puntillas.

Este año, mis vacaciones de verano no van a tener playa, ni grandes viajes, ni planes programados de antemano. Y, al principio, reconozco que contemplaba con cierto temor la posibilidad de que el aburrimiento acabara apoderándose de alguno de esos días que, precisamente por ser de vacaciones, deberían servir para descansar.

Estamos tan acostumbrados a llenar nuestros días que, cuando de repente no tenemos nada que hacer, parece que algo no funciona. Una mañana sin planes. Una tarde demasiado larga. Un día en el que no ocurre nada especial. Y entonces aparece esa pregunta incómoda: - ¿Y ahora qué hago?

Hace unos años, poco antes de morir, mantuve una conversación con mi padre que estos días he recordado varias veces. Había cumplido ya 103 años, sus limitaciones físicas le impedían hacer muchas de las cosas con las que antes ocupaba su tiempo como leer, escribir, investigar, pasear..., así que pasaba buena parte del día sentado en su sillón, aparentemente ensimismado en sus pensamientos. Aquella tarde le pregunté:

- ¿Te aburres? Me respondió inmediatamente:

- No.

- Pero nunca te aburres? , insistí.

- No. Nunca me aburro. Siempre encuentro algo en que ocuparme.

Entonces le pregunté cómo lo hacía. Me miró como si la respuesta fuera abolutamente evidente y dijo:

Desde entonces he pensado muchas veces en aquella frase. Quizá porque yo no siempre sé hacerlo. Cuando no consigo concentrarme en lo que estoy haciendo, todo se me hace más pesado. Incluso cuando no hago nada, puedo llegar a sentir que estoy perdiendo el tiempo. Como si cada minuto tuviera que estar ocupado por algo útil, entretenido o productivo.

Y quizá ahí esté una de las razones por las que nos cuesta tanto aburrirnos. No sabemos estar sin hacer nada. Vivimos rodeados de estímulos. Miramos el teléfono mientras esperamos un café, escuchamos algo mientras caminamos, encendemos una pantalla cuando tenemos dos minutos libres y buscamos inmediatamente qué hacer cuando aparece un hueco inesperado.

Hemos convertido el tiempo vacío en una especie de enemigo. Por eso las vacaciones pueden ser una buena oportunidad para enfrentarnos a él. Porque quizá aburrirse de vez en cuando no sea necesariamente algo malo.

Quizá sea simplemente una señal. Una invitación a detenernos y preguntarnos por qué estamos aburridos. Qué necesitamos. Qué nos apetece. Qué hemos dejado pendiente. Qué nos gustaría recuperar. O, sencillamente, qué podemos hacer con ese rato que de repente tenemos delante.

A veces la respuesta será algo tan poco extraordinario como ordenar un armario, planchar, cuidar las plantas, leer unas páginas de un libro, escribir, pasear o retomar aquella pequeña tarea que llevamos meses aplazando. Y otras veces puede que decidamos no hacer absolutamente nada. También eso puede estar bien. Porque no todo el tiempo improductivo tiene que ser tiempo perdido. Hay una gran diferencia entre perder el tiempo y disponer de él. Decidir, conscientemente, qué hacer con él.

Así que cuando siento que empieza a rondarme el aburrimiento, intento recordar las palabras de mi padre: vivir el momento. No escapar inmediatamente de esa sensación buscando cualquier cosa que la haga desaparecer.

Quedarme un poco ahí. Mirar, escuchar, pensar... Y, a veces, ocurre algo curioso, porque cuando dejo de intentar combatir el aburrimiento, descubro que quizá no estaba aburrido.

Quizá simplemente estaba desacostumbrado a estar conmigo mismo. En esos momentos aparecen pensamientos que normalmente no tienen sitio en mi agenda. Ideas que no había considerado. Recuerdos. Preguntas. Incluso proyectos que creía olvidados.

El aburrimiento se convierte entonces en una oportunidad para vivir alerta, para acoger con agradecimiento todo lo que de bueno me proporciona la vida y para organizarme, ver las cosas más claras y tomar decisiones de cara al futuro más inmediato. Vivir el momento, me permite ser consciente incluso del riesgo que conlleva aburrirme y darme cuenta de que su significado, positivo o negativo, solo va a depender del valor que yo mismo le otorgue.

No siempre lo consigo, pero es cierto que el silencio deja espacio para que aparezcan cosas que el ruido cotidiano mantiene escondidas. Por eso empiezo a pensar que las vacaciones no deberían medirse solamente por el tiempo que pasamos en la playa, por los lugares que visitamos, las cosas que hacemos o las experiencias que acumulamos.

También deberían medirse por los momentos en los que no ocurre nada. Por esas horas que no estaban previstas. Por esa tarde en la que no sabemos muy bien qué hacer. Por ese rato en el que podemos mirar alrededor, mirar con atención a quien vive a nuestro lado y darnos cuenta, ser conscientes de que, en realidad, tenemos mucho, muchísimo más de lo que creíamos.

Mi padre, con 103 años y sentado en su sillón, probablemente tenía muchas menos posibilidades que cualquiera de nosotros para llenar un día. Y, sin embargo, no se aburría. No porque tuviera más cosas que hacer, sino porque sabía estar donde estaba. Porque vivía con plena consciencia.

Quizá esa sea una de las cosas que más necesitamos recuperar. Aprender que no todos los huecos de nuestra vida necesitan ser rellenados. Que no todas las horas tienen que producir algo. Que no todo silencio necesita una pantalla. Y que una tarde aparentemente vacía puede esconder una conversación pendiente con nosotros mismos.

Así que este agosto, cuando el aburrimiento amenaza, en lugar de preguntarme qué puedo hacer para que desaparezca, trato de preguntarme qué quiere decirme. Y recordando a mi padre (“Vivo el momento.”), encuentro respuestas que me sorprenden.

Y es que, a veces, las respuestas más sencillas son las que más tiempo nos lleva aprender.

La primera exige muy poco. Basta con levantar la voz, señalar al enemigo y repetir, una y otra vez, que España se rompe. La segunda obliga a algo mucho más incómodo como es hacerse responsable de España cuando España necesita ayuda.

Durante los últimos días de julio, tras la grave crisis migratoria vivida en Ceuta, hemos asistido a un auténtico desfile político por sus calles que ha vuelto a dejar al descubierto esa diferencia.

Es lógico que el presidente del Gobierno acudiera a Ceuta. Es su obligación institucional y, ante una situación de extraordinaria gravedad, corresponde al máximo responsable del Ejecutivo garantizar la seguridad, coordinar los recursos del Estado y transmitir confianza a la población.

También desfilaron por sus calles quienes, una vez más, se presentaban como los únicos defensores de la patria, de la Constitución y de la integridad territorial de nuestro país.

La ciudad se llenó de dirigentes políticos que llegaron apresuradamente para proclamar que Ceuta es España. Como si alguien lo hubiera puesto alguna vez en duda.

Escuchamos discursos solemnes sobre la defensa de nuestras fronteras, la soberanía nacional y la integridad del territorio. Vimos banderas ondeando con entusiasmo y declaraciones cargadas de épica. Parecía que la patria estuviera en peligro y que solo ellos hubieran acudido a rescatarla. Hasta ahí, nada nuevo.

Lo verdaderamente interesante empieza cuando se apagan las cámaras y cuando contrastamos los discursos con los hechos, porque defender Ceuta no consiste únicamente en proteger su frontera. Defender Ceuta significa también ayudar a los ceutíes cuando soportan una presión que ninguna ciudad española puede afrontar sola. Y ahí es donde ese patriotismo tan ruidoso empieza a quedarse sorprendentemente mudo.

Porque cuando Ceuta pide solidaridad para atender a los menores migrantes que han llegado solos a territorio español, los grandes guardianes de la patria descubren de repente que la solidaridad tiene fronteras. Entonces ya no hablan de España. Hablan de competencias, de que el Gobierno pretende imponer un reparto, de cupos, de costes. Hablan de que “los reciba otro”.

¡Qué curioso! En ese momento, Ceuta, Melilla o Canarias dejan de ser “España” para convertirse simplemente en un problema ajeno. España parece indivisible cuando hay que agitar la bandera, pero se convierte en diecisiete compartimentos estancos cuando toca repartir responsabilidades.

Cuando se trata de exigir más vigilancia fronteriza, Ceuta representa el honor nacional. Cuando se trata de compartir el esfuerzo que esa frontera genera, Ceuta pasa a ser una ciudad sola. Es un patriotismo extraordinariamente selectivo que les sirve a algunos para exigir sacrificios, nunca para asumirlos.

Durante estos días hemos visto desfilar por Ceuta a Alberto Núñez Feijóo, a Santiago Abascal y a otros referentes de una extrema derecha cada vez más entregada a la competición por ver quién envuelve con más fuerza sus discursos en la bandera nacional.

Todos coincidían en un mensaje: ¡a Ceuta hay que defenderla! Un grito con el que estoy completamente de acuerdo. Pero la pregunta es de quién hay que defenderla. ¿De quienes intentan cruzar una frontera? ¿O también de quienes, desde la comodidad de cientos de kilómetros de distancia, se niegan sistemáticamente a compartir el esfuerzo que esa frontera genera?

Porque la realidad es tozuda. Ceuta no pide discursos, pide ayuda. No reclama más fotografías, reclama que el resto de España asuma la parte que le corresponde en una responsabilidad que es de todos. Y esa ayuda debe llegar en forma de recursos, de coordinación institucional y, cuando es necesario, del reparto solidario de menores migrantes entre comunidades autónomas.

Nos hablan constantemente de unidad nacional, pero esa unidad desaparece cuando implica repartir responsabilidades. Invocan la Constitución mientras rechazan uno de los principios que mejor la sostienen: la solidaridad entre todos los territorios del Estado. Y, sobre todo, se olvidan deliberadamente de que aquí no estamos hablando únicamente de política migratoria. Estamos hablando de menores. De niños y adolescentes que, independientemente de cómo hayan llegado hasta aquí, están bajo la protección del Estado de Derecho y de una legislación que obliga a las administraciones públicas a garantizarles una atención digna. Y no porque lo diga un partido. No porque lo decida un gobierno, sino porque lo exige la ley. La española y la europea. Y, sobre todo, porque lo exige algo todavía más importante como es el más elemental sentido de humanidad y decencia.

Se puede defender un mayor control de las fronteras. Se puede reclamar una política migratoria distinta. Se pueden exigir más medios para evitar la inmigración irregular. Todo eso forma parte del debate democrático, pero lo que resulta mucho más difícil de justificar es utilizar a Ceuta como símbolo cuando interesa y abandonarla cuando pide ayuda. Porque entonces ya no estamos ante una posición política coherente, estamos ante un ejercicio de cinismo.

Quizá el verdadero patriotismo no consista en viajar apresuradamente hasta Ceuta para hacerse una fotografía junto a una valla. Quizá consista, sencillamente, en entender que Ceuta es España siempre, también cuando necesita que el resto de España esté a su lado.

Si Ceuta es España para pedir firmeza, también lo es para pedir ayuda. Si Ceuta merece la protección de todos cuando su frontera se ve sometida a presión, también merece la solidaridad de todos cuando esa presión desborda sus capacidades. Lo contrario tiene un nombre. No es patriotismo. Es oportunismo envuelto en una bandera.

Y quizá esa sea la gran mentira de nuestro tiempo, confundir el amor a un país con el ruido que algunos hacen alrededor de su bandera.

Porque querer a un país no consiste en agitar su bandera y señalar constantemente dónde termina su territorio. Consiste, sobre todo, en no abandonar nunca a quienes viven dentro de él.

Dos sistemas. Dos concepciones distintas del liderazgo. Dos respuestas diferentes a una pregunta que pocas veces nos hacemos: ¿quién debe decidir el aspirante a gobernar nuestra ciudad?

No cabe duda de que el modelo de designación directa tiene ventajas evidentes, porque evita campañas internas, reduce tensiones, impide enfrentamientos entre compañeros y proyecta una imagen de unidad que resulta mucho más cómoda para cualquier organización. Conrado Escobar se irá a la playa con la tranquilidad de saber que nadie, de momento, le va a mover la silla dentro de su partido, pero nunca tendrá la seguridad de que su candidatura es la que realmente quieren sus compañeros de Logroño.

Las primarias, por el contrario, obligan a confrontar proyectos y liderazgos, generan vencedores y vencidos y, si no se gestionan con inteligencia, pueden dejar heridas difíciles de cerrar. Nadie que haya vivido un proceso interno puede negar esa realidad.

Pero el verdadero debate no consiste en saber qué sistema provoca menos problemas dentro de un partido. La cuestión verdaderamente importante es quién tiene el derecho de tomar esa decisión. Porque ningún procedimiento garantiza la elección del mejor candidato. Ni unas primarias aseguran que quien las gana será el mejor alcalde posible, ni la designación desde la dirección nacional garantiza que el elegido sea quien mejor conoce los problemas de su ciudad o quien mayor capacidad tenga para resolverlos. Ambos sistemas pueden equivocarse. La diferencia está en quién asume esa responsabilidad.

Cuando un partido celebra unas primarias, la decisión pertenece a cientos o miles de militantes. Personas que viven en esa ciudad, que conocen a los candidatos, que han compartido con ellos años de trabajo político y que, con mayor o menor acierto, expresan colectivamente cuál consideran la mejor opción en ese momento. Puede gustarnos más o menos el resultado, pero la decisión nace de un proceso participativo en el que muchas personas aportan su criterio.

En cambio, cuando el candidato es designado directamente por el líder nacional del partido, toda esa responsabilidad queda concentrada en una sola persona. Eso no es malo, en sí mismo porque ese dirigente carezca de criterio ni de experiencia, sino porque resulta evidente que ningún líder nacional puede conocer con la misma profundidad la realidad cotidiana de todas y cada una de las ciudades de España. Su decisión estará inevitablemente condicionada por la información que recibe, por las relaciones personales construidas dentro del partido y por la confianza que le inspiran quienes aspiran a representar a la organización. Y eso cambia completamente la naturaleza del proceso.

Se suele decir que las primarias favorecen al aparato y, en ocasiones es cierto. Las estructuras internas pesan, las trayectorias cuentan y las relaciones personales influyen. Sería ingenuo negarlo. Pero incluso cuando eso ocurre, el llamado aparato sigue estando formado por cientos o miles de personas que, finalmente, depositan una papeleta en una urna. Existe debate, existe confrontación de ideas y existe una decisión colectiva.

En una designación directa sucede algo muy distinto. El aparato deja de ser un sujeto colectivo para concentrarse en una sola voluntad. El éxito del aspirante depende mucho menos de su capacidad para convencer a quienes mejor conocen la realidad de su ciudad y mucho más de su habilidad para generar confianza en un reducido círculo donde realmente se toman las decisiones. El centro de gravedad deja de estar en la ciudad para trasladarse a los despachos.

En este tiempo que vivimos, en el que las redes sociales parecen haber alterado nuestra percepción de la política, da la impresión de que quien domina la conversación digital dispone también del respaldo mayoritario de la ciudadanía. Y la experiencia demuestra que no siempre es así.

Las redes amplifican el entusiasmo de quienes ya están convencidos, magnifican el eco de los apoyos y también el de las críticas, pero rara vez reflejan el silencio de la inmensa mayoría. Las primarias del PSOE de Madrid lo han vuelto a demostrar. La conversación digital apuntaba en una dirección y las urnas acabaron señalando otra muy distinta.

La democracia, por tanto, no consiste en acumular seguidores, ni en convertir un nombre en tendencia, ni siquiera en despertar la mayor ilusión durante unas semanas. La democracia consiste, sencillamente, en aceptar que las decisiones pertenecen a quienes tienen derecho a tomarlas, aunque el resultado no coincida con nuestras expectativas. Quizá esta sea otra de las enseñanzas de estos procesos. Todos pensamos que la democracia funciona de maravilla... mientras nos da la razón. El problema aparece cuando no lo hace. Entonces empiezan las excusas: que si el aparato, que si las maniobras, que si las redes, que si la campaña... Nos cuesta mucho aceptar una explicación mucho más sencilla: la mayoría ha decidido otra cosa.

Porque cualquiera sabe ganar. Lo que de verdad tiene mérito es perder sin dejar de respetar las reglas. Porque ganar exige inteligencia pero perder exige grandeza. Y las primarias solo fortalecen a una organización cuando quienes ganan entienden que su victoria no les autoriza a excluir a nadie y cuando quienes pierden comprenden que una votación no cuestiona su compromiso ni su lugar dentro del proyecto colectivo. La democracia no termina cuando se abren las urnas; empieza precisamente cuando se conocen los resultados.

Por eso sigo pensando que, con todos sus defectos, las primarias representan un avance democrático. No porque siempre elijan al mejor candidato. Tampoco porque eliminen los equilibrios internos, las influencias o el peso de las estructuras, porque es evidente que los seres humanos llevamos nuestras virtudes y nuestras debilidades a cualquier sistema de elección. Las primarias no hacen milagros, pero obligan a compartir la decisión, obligan a convencer, obligan a someter el liderazgo al juicio de quienes forman parte de una organización.

La designación directa puede ser más cómoda. Probablemente también más rápida. Incluso puede evitar conflictos que nadie desea. Pero cuando el futuro de una ciudad depende, en última instancia, del criterio de una sola persona, la democracia interna deja paso a otra lógica muy distinta: la del nombramiento, algo que recuerda demasiado a tiempos pasados.

Quien aspira a gobernar una ciudad debería empezar demostrando que sabe convencer a quienes mejor la conocen, no únicamente a quien tiene el poder de nombrarle.

Al fin y al cabo, la verdadera diferencia está en quién tiene el derecho a equivocarse. Y, sinceramente, sigo prefiriendo que esa responsabilidad recaiga en cientos de personas antes que en una sola.

Hoy no se marcha solo un exalcalde de Logroño. Se marcha un amigo. Se marcha quien fue mi secretario general cuando tuve el honor de presidir el Partido Riojano. Se marcha una de las personas de las que más he aprendido en política y, sobre todo, una de las personas a las que más he admirado y querido.

Muchos recordarán a Julio como un hombre serio, reservado, incluso distante. Yo tuve la inmensa suerte de conocer al otro Julio. Al hombre cercano, generoso, profundamente amable, de afectos sinceros y de un extraordinario sentido del humor. Siempre recordaré su risa. Una risa franca, limpia, contagiosa, que aparecía cuando menos la esperabas y que derribaba esa imagen de severidad que tantos confundieron con frialdad.

Nunca me arrepentí de abrirle las puertas del Partido Riojano a pesar de lo difícil y duro que fue el proceso interno. Al contrario. Fue una de las mejores decisiones políticas y personales que he tomado. Siempre confié en su instinto, en su capacidad para analizar la realidad sin estridencias y en una honestidad que jamás vi quebrarse. Junto a él viví algunos de los mejores años de mi trayectoria política. No fueron años fáciles y, desde luego, tampoco estuvieron llenos de victorias. Pero aprendí que el éxito en política no siempre se mide por los cargos que se ocupan, sino por la dignidad con la que uno defiende aquello en lo que cree.

Julio entendía la política como un servicio. Nunca la utilizó para servirse de ella. Era un hombre honesto, y la honestidad, demasiadas veces, tiene un precio. No dudó en enfrentarse a quienes habían sido sus propios compañeros cuando entendió que estaban dejando de defender los intereses de Logroño para proteger intereses mucho menos nobles. Lo hizo sabiendo perfectamente lo que podía costarle. Y le costó mucho. Por ello fue atacado con una dureza que nunca mereció. Intentaron destruir su prestigio, su trayectoria y hasta su persona. Lo hicieron con una saña que solo puedo entender conociendo la maldad de quien dirigía esos ataques (que Dios confunda)... y que todavía hoy me resulta difícil comprender.

Y, sin embargo, nunca consiguieron destruir aquello que realmente importaba: su integridad.

Siempre he defendido que Julio Revuelta fue un lujo para Logroño. Como alcalde tuvo un proyecto de ciudad y la determinación y la valentía necesarias para hacerlo realidad. Respetó y ponderó el trabajo de quienes le precedieron, pero supo dejar una huella propia que, durante generaciones, formará parte del Logroño que disfrutamos. Probablemente haya sido uno de los alcaldes que mejor entendió esta ciudad.

Por eso duele que la ciudad no supiera reconocer en su momento toda su valentía y toda su determinación. Duele que no fuera tan generosa con él como él lo fue con Logroño. Pero aun confío en que el tiempo ponga las cosas en su sitio.

Porque el legado de Julio Revuelta no necesita grandes discursos para permanecer. Está en las calles, en los espacios, en la manera de entender Logroño como una ciudad pensada para las personas. Está también en una forma de hacer política basada en el trabajo, en el rigor, en la honestidad y en la convicción de que el interés general siempre debía estar por encima de otros intereses.

No sé si algún día su nombre ocupará el lugar de honor que merece en esta ciudad. Sinceramente, espero que sí. Pero, aunque ese reconocimiento llegue tarde o incluso no llegue nunca, la historia acabará haciendo justicia. Porque las ciudades conservan la memoria de quienes las hicieron mejores, aunque a veces tarden años en darse cuenta.

Siempre he pensado que el verdadero valor de una persona se mide cuando decide hacer lo correcto aun sabiendo que tendrá que pagar por ello. Julio lo hizo muchas veces. Fue valiente cuando era mucho más cómodo callar. Fue generoso cuando otros solo pensaban en sí mismos. Fue coherente cuando la coherencia tenía un coste. Por eso engrandeció la política, en un tiempo en el que demasiadas veces la política se empequeñece por culpa de quienes la entienden como una forma de poder y no como una forma de servir.

Por eso, para mí, Julio Revuelta pertenece a esa estirpe de logroñeses que pusieron a su ciudad por delante de sí mismos. Del mismo modo que otros defendieron Logroño con las armas frente al invasor en 1521, Julio la defendió en su tiempo con las únicas armas que conocía: la honestidad, el trabajo, la inteligencia, el diálogo y una lealtad inquebrantable a sus convicciones. Las circunstancias fueron distintas, pero el compromiso con Logroño fue igual de absoluto.

Descansa en paz, querido Julio. Espero que allí te encuentres con Raquel y sigáis riendo juntos con esa risa limpia que tanto disfrutamos en las campañas.

Ha sido un privilegio caminar un trecho de la vida a tu lado. Gracias por todo lo que me enseñaste. Gracias por tu confianza. Gracias por tu amistad. Gracias por tu ejemplo.

España es, con razón y gracias a los gobiernos progresistas, uno de los países más avanzados del mundo en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+. Hemos sido pioneros en muchos ámbitos. Hemos demostrado que una sociedad puede avanzar en igualdad sin que se derrumbe nada de lo que algunos anunciaban.

Pero precisamente por eso resulta tan inquietante observar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque, mientras ocupamos los primeros puestos en los rankings internacionales de derechos, aumentan los delitos de odio. Mientras exhibimos leyes que son referencia para otros países, crecen los discursos que señalan a quienes son diferentes. Mientras celebramos la diversidad, demasiadas personas volvemos a preguntarnos, cuando caminamos por la calle, si es seguro coger de la mano a quien amamos.

Durante décadas, quienes tuvimos que vivir escondidos fuimos los homosexuales, lesbianas, bisexuales o trans. El armario era un refugio obligado frente al rechazo, la discriminación y, demasiadas veces, la violencia. Hoy, afortunadamente, millones de personas ya no tenemos que hacerlo y podemos vivir con una libertad impensable para generaciones anteriores. España es una democracia más libre, más justa y más decente gracias a quienes lucharon para que nadie tuviera que ocultar quién es o a quién ama.

Pero este año, al acercarse la celebración del Orgullo, no puedo evitar una reflexión inquietante porque quienes están saliendo ahora del armario ya no son las personas LGTBIQ+. Lo que está saliendo del armario, cada vez con menos pudor, es el odio. Un odio que creíamos derrotado. Un odio que durante años permaneció arrinconado por una sociedad que había comprendido que la igualdad no resta derechos a nadie y que la libertad de unos nunca amenaza la libertad de los demás. 

Pero ese odio ha vuelto. No aparece ya con la estética agresiva de otros tiempos. Ha vuelto disfrazado de libertad de expresión. De sentido común. De defensa de la familia. De preocupación por la infancia. De batalla cultural. 

Ha vuelto camuflado en discursos sobre la corrección política y convertido en una supuesta defensa de valores tradicionales. Ha vuelto bajo la apariencia de debates culturales que presentan a las personas LGTBIQ+, y especialmente a las personas trans, como un problema que resolver en lugar de como ciudadanos con los mismos derechos que cualquier otro. Pero sigue siendo lo mismo: la pretensión de que unas personas tenemos menos derecho que otras a vivir como somos.

No estamos ante un fenómeno aislado. Lo estamos viendo en numerosos países. Los mismos discursos, los mismos enemigos señalados, las mismas guerras culturales y las mismas estrategias de polarización aparecen simultáneamente en distintos lugares del mundo. Y lo más preocupante es que discursos que hace apenas unos años parecían confinados a los márgenes han comenzado a ocupar espacios de creciente normalidad. Nada de esto surge por casualidad.

Este odio ha encontrado altavoces políticos en una extrema derecha que se presenta como moderada y en un neofascismo que se traviste de extrema derecha para ocultar su verdadera cara. Ha encontrado plataformas digitales que multiplican su alcance. Ha encontrado líderes dispuestos a convertir la diferencia en una amenaza y el miedo en una herramienta electoral. 

Y, por supuesto que cada persona es libre de votar a quien considere oportuno. Pero conviene recordar que los derechos que hoy disfrutamos no nacieron de la indiferencia. Fueron conquistados frente a quienes los combatieron. Y, ante esto, pensar que el cuestionamiento de los derechos de otros nunca acabará afectándonos a nosotros es una lección que la historia desmiente una y otra vez.

Por esto me sigue sorprendiendo que algunos todavía se pregunten por qué seguimos manifestándonos después de tantos avances. La respuesta es sencilla: el Orgullo no consiste en pedir privilegios. Consiste en exigir algo mucho más sencillo: que nadie sea insultado, agredido, discriminado o rechazado por ser quien es. Tan sencillo como esto. Y tan necesario.

Nadie debería tener que justificar quién es para poder vivir con tranquilidad. Por eso el Orgullo sigue siendo necesario. Porque es mucho más que una fiesta. Es memoria. Es resistencia. Es una declaración colectiva de que nadie debe vivir escondido por miedo al rechazo. Es el recuerdo de quienes tuvieron que soportar humillaciones, persecuciones y violencia para que hoy podamos vivir con más libertad.

Y también es una advertencia frente a quienes pretenden hacernos creer que la igualdad ya está conseguida. Frente a quienes minimizan las agresiones. Frente a quienes presentan la discriminación como una exageración de quienes la sufren. Frente a quienes quieren convertir los derechos humanos en una cuestión opinable.

Por eso el Orgullo es necesario. Porque los derechos nunca desaparecen de golpe. Primero se cuestionan. Después se ridiculizan. Más tarde se presentan como privilegios. Y finalmente hay quien intenta convencer a la sociedad de que pueden ser recortados sin consecuencias.

Pero los derechos de las personas LGTBIQ+ no han sido regalos. Han sido conquistas. Y todas las conquistas pueden ser cuestionadas si quienes creen en ellas se resignan a darlas por garantizadas. Los derechos nunca son definitivos. La igualdad legal no garantiza automáticamente la igualdad real y la libertad conquistada puede retroceder si dejamos de defenderla.

Por eso acudo a la manifestación a defender esos derechos. Los defiendo porque una sociedad que permite que una parte de sus ciudadanos viva con miedo es una sociedad menos libre para todos.  

Durante décadas fuimos nosotros quienes tuvimos que salir del armario para conquistar nuestra libertad. Hoy nos toca impedir que sea el odio quien vuelva a instalarse cómodamente fuera de él.

Por eso volveremos a salir a la calle. No para celebrar una victoria definitiva. No para reivindicar una identidad frente a otra. No para dividir a nadie. Saldremos a la calle para recordar algo elemental: que la libertad solo es verdadera cuando es para todos. Y porque, mientras exista una sola persona que se sienta amenazada, rechazada y tenga miedo de mostrarse tal como es, seguirá habiendo razones para sentirse orgullosos y, sobre todo, para seguir luchando.

En los últimos meses hemos asistido a una intensa campaña contra la reforma del Estatuto Marco que ha impulsado el Ministerio de Sanidad. Como ocurre con cualquier negociación compleja, el texto es susceptible de crítica y mejora. Ningún acuerdo laboral de esta envergadura satisface plenamente a todas las partes pero, sin embargo, conviene recordar un hecho elemental y es que la reforma no ha surgido de una imposición unilateral, sino de un largo proceso de negociación con los representantes legítimos de los trabajadores.

Y aquí aparece una cuestión que merece una reflexión más profunda porque, en una democracia, la legitimidad no depende de que nos guste el resultado. Los sindicatos obtienen su representación mediante elecciones celebradas entre los trabajadores. Son los profesionales quienes deciden quién les representa, del mismo modo que los ciudadanos decidimos quién nos representa en los parlamentos.

Por eso resulta llamativo que algunos partidos políticos invoquen constantemente la legitimidad democrática cuando les favorece y la cuestionen cuando produce acuerdos que no encajan con su estrategia política. Si aceptamos la legitimidad de los parlamentos porque nacen de las urnas, también debemos aceptar la legitimidad de los órganos de representación sindical surgidos del mismo principio democrático.

Pero existe además otra contradicción difícil de ignorar, porque muchos de los que hoy presentan al Gobierno de España como responsable de todos los problemas sanitarios, gestionan la sanidad en sus comunidades autónomas, como una competencia exclusiva. La organización de las plantillas, la planificación de recursos humanos, la cobertura de plazas de difícil cobertura, la negociación de incentivos, la gestión de las listas de espera o la retribución de las guardias dependen de las administraciones autonómicas.

Es legítimo exigir mejoras al Estado, pero lo que resulta menos comprensible es reclamarle lo que no se está dispuesto a desarrollar dentro cuando tienes capacidad competencial y presupuestaria para hacerlo.

La política sanitaria exige algo más que declaraciones grandilocuentes. Exige asumir responsabilidades. Porque, desde luego, es mucho más sencillo participar en una manifestación, alimentar un conflicto o señalar a una administración ajena que explicar por qué siguen sin resolverse problemas que dependen directamente de uno mismo.

La sanidad pública no necesita que el descontento de médicos, enfermeras, técnicos o cualquier otro colectivo se convierta en munición partidista. Necesita acuerdos, planificación y voluntad de gestión. Necesita menos propaganda y más responsabilidad institucional.

Porque cuando se desacredita sistemáticamente a los representantes elegidos por los trabajadores, cuando se cuestiona cualquier acuerdo alcanzado en los espacios de negociación colectiva o cuando se presenta toda decisión pública como una imposición ilegítima, no solo se desgasta al Gobierno de turno. También se debilitan las herramientas democráticas que permiten resolver los conflictos y mejorar los servicios públicos.

La defensa de la sanidad pública no consiste únicamente en financiar hospitales o contratar profesionales. También exige proteger las instituciones que hacen posible el diálogo, la negociación y los acuerdos. Quienes pretenden convertir cada conflicto en una oportunidad de confrontación política quizá obtengan un beneficio partidista inmediato, pero contribuyen a algo mucho más peligroso que es alimentar la desconfianza ciudadana hacia lo público.

Y sabemos bien que, cuando la confianza en lo público se erosiona, siempre hay quien aprovecha para presentar la privatización como única alternativa. Por eso conviene recordar que la mejor forma de defender la sanidad pública no es utilizar sus problemas como arma política, sino trabajar para resolverlos.

La prevención funciona. Esto no es una intuición ideológica ni un eslogan institucional. En España, miles de casos de cáncer de mama se detectan cada año gracias a los programas de cribado y todos sabemos ya, que detectar antes significa tratar antes y tratar antes significa, en muchos casos, salvar vidas o evitar tratamientos mucho más agresivos.  

Indiscutiblemente, este anuncio es importante y la ampliación del programa merece el aplauso de todos y creo que es bueno no ocultar la satisfacción por la noticia, porque demasiadas veces parece que vivimos instalados en una crítica permanente incapaz de reconocer los pasos positivos de nuestra sanidad pública.

 Pero avanzando más allá del titular de la noticia, descubro, no sin cierta decepción, que las comunidades autónomas van a disponer de hasta tres años para iniciar la adaptación y de seis para alcanzar una cobertura cercana al cien por cien en los nuevos grupos de edad. Soy consciente de que ampliar un programa poblacional de este tipo exige planificación, recursos y reorganización asistencial, pero me cuesta entender que un sistema sanitario tan avanzado como el nuestro, necesite plazos tan largos para incorporar una mejora preventiva de este calibre. Por eso no puedo dejar de preguntarme: ¿de verdad necesitamos hasta seis años para implantar completamente una medida cuya utilidad nadie discute ya?  

Porque una cosa es actuar con rigor técnico y otra muy distinta resignarse a una lentitud estructural que el Sistema Nacional de Salud parece haber normalizado. No hablamos de ciencia ficción ni de la implantación de una nueva tecnología experimental. Hablamos de ampliar los rangos de edad en un modelo preventivo que ya existe, que ya funciona con eficacia y cuyos beneficios están sobradamente acreditados.

Siempre defiendo con firmeza la fortaleza de nuestro sistema público de salud, pero defenderlo no puede significar conformarse con este tipo de inercias. La sanidad pública necesita financiación, profesionales y estabilidad, sí. Pero también necesita capacidad de adaptación, agilidad organizativa y menos cultura burocrática. Porque mientras la Administración avanza lentamente entre informes, procedimientos y calendarios interminables, la innovación sanitaria evoluciona a una velocidad completamente distinta. Nuevas herramientas diagnósticas, inteligencia artificial aplicada a imagen médica o nuevos sistemas predictivos empiezan ya a transformar la manera de detectar enfermedades. Y el riesgo evidente que corremos es que el sistema público llegue siempre tarde. Porque ese retraso tiene consecuencias.

Cuando la innovación tarda demasiado en incorporarse al sistema público, quienes pueden permitírselo buscan alternativas privadas. Y así empieza a consolidarse una sanidad a dos velocidades: una para quien puede pagar anticipación diagnóstica y otra para quien depende exclusivamente de los tiempos de la Administración.

Ese debería ser precisamente el gran motivo para acelerar. No para debilitar la sanidad pública, sino para preservarla. Porque el problema no es que el Sistema Nacional de Salud quiera hacer las cosas bien. El problema es que demasiadas veces parece incapaz de hacerlas a tiempo. Y los ciudadanos tenemos derecho a exigir ambas cosas: rigor y rapidez.

La ampliación del cribado de cáncer de mama es un avance importante. Merece reconocimiento. Pero también debería servir como advertencia de algo más profundo: necesitamos una sanidad pública capaz no solo de garantizar derechos, sino también de adaptarse al ritmo de las necesidades reales de la sociedad. Y para conseguirlo sigue siendo imprescindible que los recursos públicos no se desvíen sistemáticamente a la sanidad privada.

Porque en prevención, muchas veces, el tiempo también salva vidas.

Aunque, no nos engañemos, Hungría no se ha despertado siendo un país progresista, ni su Parlamento refleja hoy una pluralidad ideológica amplia. La izquierda, de hecho, sigue sin tener espacio y presencia real. Pero algo se ha movido. La victoria de Péter Magyar no es una revolución, pero sí una grieta. Y a veces, la historia empieza precisamente así, con una grieta. 

Cuando un gobierno decide convertir a una minoría en un problema, no solo cambia las normas. Esas normas cambian el aire. Hacen que lo cotidiano pese más. Que un gesto, una palabra, una mirada, se carguen de significado. Y eso no creo que desaparezca de un día para otro por un resultado electoral.

El ejemplo más evidente lo hemos podido ver en el colectivo LGTBIQ+ húngaro, que durante estos años, no solo ha visto recortados sus derechos en leyes concretas sino que, sobre todo, ha vivido algo mucho más difícil de medir, pero mucho más corrosivo: un ambiente, un clima hostil en el que mostrarse era exponerse. En el que callar era, muchas veces, la única forma de protegerse. En el que una ley no solo regulaba, sino que señalaba.

Por eso conviene no precipitarse con los diagnósticos optimistas. Porque lo que se abre ahora no es una etapa de victorias rápidas, sino algo más delicado como es la posibilidad de empezar a recomponer. Igual que cuando una casa ha estado años deteriorándose. Primero hay que asegurar la estructura, ventilar, dejar entrar la luz. Luego, ya vendrán las reformas.

Durante mucho tiempo, Europa ha tratado el caso húngaro como quien aparta una piedra del camino, con cierta incomodidad, pero sin detenerse demasiado. Se hablaba de “anomalía”, de “caso aislado” pero, si somos honestos, no lo era tanto. Porque lo que estaba ocurriendo en Hungría era, en realidad, la expresión más visible de una tensión que sigue atravesando a toda Europa y que nos obliga a preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a defender de verdad nuestros propios valores. Y aquí, hay que decirlo sin rodeos, la Unión Europea ha fallado. Ha llegado tarde. Ha dudado demasiado. Y, sobre todo, se ha atado a sí misma las manos.

El sistema de unanimidad que en su momento tenía sentido, se ha convertido en una especie de candado. Un candado que permite que quien vulnera las reglas del juego pueda, además, bloquear cualquier respuesta como ha hecho Orbán en estos años. Una paradoja difícil de explicar… y aún más difícil de justificar por cuanto en medio de ese bloqueo institucional, hay personas concretas. Con nombres, con vidas, con miedos muy reales.

El resultado electoral en Hungría dibuja una ventana que, aunque no sea perfecta, abre en Europa, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de avanzar en dos terrenos que parecían completamente atascados.

Por un lado, el de repensar de verdad los mecanismos de decisión en la Unión Europea; porque si algo ha quedado claro es que no se puede defender el Estado de derecho con herramientas que lo hacen inviable.

Y por otro, y quizá más importante, dar un paso adelante en la consolidación real de los derechos fundamentales. Pero no con declaraciones bonitas. No escribiéndolos como principios que suenan bien en los tratados. Sino garantizando que sean efectivos, medibles y exigibles.

Podríamos pensar que con reducir la hostilidad es suficiente. Que con rebajar el tono, con dejar de señalar, con permitir un mínimo de convivencia, ya hemos avanzado bastante. Y sí, algo se avanza, pero no basta. Porque vivir sin ser atacado no es lo mismo que vivir con derechos. Porque tolerar no es lo mismo que reconocer y porque existir sin miedo no debería ser el techo, sino el punto de partida.

Europa tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de ir más allá de ese mínimo; de construir un marco en el que los derechos no dependan del gobierno de turno. En el que no haya que mirar cada elección con incertidumbre. En el que nadie tenga que preguntarse si mañana volverá a ser cuestionado.

A veces hablamos de Europa como si fuera solo un entramado de normas, de equilibrios, de despachos en Bruselas. Pero Europa, en el fondo, es otra cosa. Es la idea sencilla, casi elemental, de que nadie debería sentirse extranjero en su propia vida. De que la dignidad no se negocia. De que hay límites que la política no debería cruzar. Suena básico. Y, sin embargo, hemos visto lo fácil que es olvidarlo.

Hay motivos para mirar lo que ha pasado en Hungría con cierta esperanza. Sería injusto no reconocerlo. Para muchas personas, simplemente bajar la intensidad del conflicto, recuperar un poco de aire, ya es un alivio enorme. Pero, al mismo tiempo, conviene no perder de vista que nada de esto está garantizado.

Hemos visto claramente que los derechos no son irreversibles y que, cuando retroceden, lo hacen deprisa. Por eso, más allá de celebrar el momento, lo que toca ahora es decidir qué hacemos con él.

Si Europa vuelve a conformarse, si vuelve a gestionar en lugar de transformar, si vuelve a posponer las decisiones difíciles, esta oportunidad se cerrará. Y, probablemente, volveremos a encontrarnos en el mismo punto dentro de unos años, en Hungría o en cualquier otro país.

Hungría nos ha puesto frente a un espejo. No solo para ver lo que ha pasado allí, sino para preguntarnos qué tipo de Europa queremos ser. Una que reacciona tarde y a medias.

O una que entiende, de una vez, que los derechos no son un accesorio del proyecto europeo, sino su razón de ser.

La entrevista sorprendió a muchos porque contrastaba abiertamente con el comportamiento general de su partido. Tanto que, de hecho, llegó a trascender incluso fuera de La Rioja. No es algo habitual, pero aquellas declaraciones llamaron la atención hasta el punto de que el siempre agudo y nada sospechoso de tibieza progresista Marc Giró llegó a decir que le gustaría entrevistar a Capellán. Le intrigaba, claro, porque un dirigente del Partido Popular tan rotundo frente a Vox merecía, como mínimo, una conversación. Y es que no todos los días aparece un “verso suelto” en la derecha.

Pero, la verdad es que la frase ha envejecido mal. Muy mal. Porque apenas unas semanas después, el mismo Capellán ha aparecido alineado con la dirección nacional de su partido, participando sin complejos en la presión a Vox para cerrar cuanto antes los acuerdos de gobierno en las comunidades donde el Partido Popular no suma sin ellos. Ya no hay distancia. Ya no hay incomodidad. Ahora hay prisa.

Hoy, viendo la foto de Capellán junto al resto de dirigentes del PP, presionando a Vox para que facilite gobiernos, uno no puede evitar preguntarse qué pensará ahora Marc Giró. Si sigue interesado en la entrevista… o si ahora la plantearía en otros términos. Quizá ya no para explorar una excepción, sino para analizar un caso bastante más común: el de las convicciones que duran exactamente hasta que hacen falta los votos.

Y claro, uno no puede evitar preguntarse si las convicciones de Gonzalo Capellán son tan firmes como dice… o si, en realidad, son perfectamente reversibles.

Porque lo de Vox no es un episodio aislado. No es un tropiezo. Empieza a parecer un método. 

De hecho, esta misma semana hemos visto otro movimiento llamativo, un nuevo desmarque del discurso oficial de su partido, esta vez en relación con el apoyo casi unánime del Partido Popular a las posiciones belicistas de Estados Unidos. Capellán, en cambio, ha optado por mostrarse contrario a la guerra, adoptando un tono prudente, casi pacifista. Y, de nuevo, surge la duda: ¿convicción o cálculo? ¿Posición de principios o simple estrategia para ocupar ese espacio templado, ese centro político en el que intenta instalarse sin terminar de retratarse nunca?

Porque no es la primera vez. Lo vimos también con la dana. En un momento en el que se exigía claridad, responsabilidad y liderazgo, Capellán optó por la ambigüedad, por medir cada palabra, por no incomodar a nadie. Ni una posición firme, ni una crítica clara, ni un compromiso que pudiera generar desgaste. Perfil bajo. El justo para no molestar… y tampoco comprometerse. Aunque cuando el partido se lo pidió, se rompía las manos aplaudiendo al indigno Mazón en el homenaje de “desagravio” que le dispensó el PP.

Y eso, más que prudencia, empieza a parecer una forma de esconderse. Una forma de hacer política en la que lo importante no es tanto lo que se defiende, sino evitar el coste de defenderlo. Primero se marca distancia cuando conviene. Luego se guarda silencio cuando el terreno es incómodo. Y finalmente, cuando la realidad aprieta, se corrige el discurso sin demasiados problemas.

Lo hemos visto con Vox. Lo intuimos ahora con la guerra. Lo sufrimos durante la Dana cuando se escondió del homenaje de Estado a las víctimas poniendo como excusa la inauguración del nuevo césped del campo de fútbol de Navarrete.

Y, por si quedaba alguna duda sobre el marco en el que se mueve todo esto, ahí está esa frase que retrata toda una forma de entender la política en el Partido Popular: “mentir no es ilegal”. Una afirmación que no es solo un desliz desafortunado, sino toda una declaración de principios. Porque cuando se asume que la verdad es secundaria, todo lo demás encaja mucho mejor.

Encaja que se diga una cosa y se haga la contraria. Encaja que las líneas rojas desaparezcan sin explicación. 

No estamos ante contradicciones puntuales del PP, ante un desliz o una mala tarde. Esto es algo más estructural. Es una manera de hacer política basada en la ambigüedad calculada. Se lanza un mensaje tranquilizador al electorado moderado, se construye una imagen de centralidad… y, mientras tanto, se deja siempre una puerta entreabierta para cuando la aritmética -la de verdad, la que decide gobiernos- obliga a tomar decisiones.

Por eso también conviene recordar que Capellán no es nuevo en esto. No es un recién llegado a la política al que se le pueda conceder el beneficio de la duda, porque ya formó parte de un gobierno que aplicó sin titubeos políticas profundamente ideológicas, alineadas con los sectores más duros de la derecha representada por el ministro Wert al que emuló desde La Rioja. Aquella etapa al frente de la Consejería de Educación no fue precisamente un ejercicio de moderación. Y eso, por mucho que ahora se intente dulcificar el relato, sigue ahí.

En ese contexto, lo de Capellán deja de ser sorprendente para convertirse en previsible.

¿A quién pretende engañar? Porque lo que estamos viendo con Vox no es una incoherencia aislada, sino la aplicación disciplinada de la estrategia que han ido desarrollando todos los barones de su partido y el propio líder nacional: mientras no necesito a Vox, lo desprecio; cuando lo necesito, lo normalizo. Y entre medias, intento mantener la ficción de que soy otra cosa. Más moderado, más centrado, incluso -por momentos-, casi homologable a posiciones progresistas.

Pero la política, como la vida, tiene ese pequeño inconveniente: que los hechos acaban pesando más que las palabras. Por eso cuesta tanto comprar este nuevo disfraz. Porque, en el fondo, todo encaja demasiado bien. Encaja el cambio de tono. Encaja la rapidez con la que desaparecen las líneas rojas. Encaja esa imagen junto al resto de dirigentes del Partido Popular, todos a una, aclamando a Mazón o reclamando acuerdos con Vox como quien reclama algo inevitable. Como quien ya ha asumido que aquello del “nunca” era, en realidad, un “ya veremos”.

Y es que quizá esa sea la verdadera enseñanza de todo esto. Que en el Partido Popular no hay un problema de contradicción, sino de sinceridad. No es que digan una cosa y luego hagan otra. Es que jamás dicen la verdad (“mentir no es delito”), si con ello consideran que pueden obtener un beneficio.

Y, en esta lógica, Capellán no es ningún verso suelto. Nunca lo ha sido. Ni antes, cuando aplicaba sin matices las políticas más duras de su partido, ni ahora, cuando intenta revestirse de una moderación que se desvanece en cuanto aparecen los votos necesarios. Su trayectoria es coherente, aunque su discurso no lo sea.

Y eso es, precisamente, lo relevante. No estamos ante un dirigente que cambia de opinión, sino ante alguien que adapta sus convicciones a las necesidades del momento.

No es convicción. Es estrategia.

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán abre una etapa inquietante, una de esas que pueden desencadenar consecuencias que, sin necesidad de ser un experto en geopolítica, nadie es capaz de prever del todo. Basta con tener memoria y una mínima conciencia de lo que significa una guerra en una región ya castigada por décadas de conflictos para justificar una profunda preocupación ante un futuro más que incierto.

La memoria se reactiva porque, lamentablemente, ya tuvimos ocasión de vivir una situación similar hace poco más de veinte años, cuando se construyó todo un relato para convencernos de que invadir Irak era poco menos que una obligación moral. Entonces escuchamos discursos solemnes, informes alarmantes y grandes amenazas que pretendían justificar un ataque ilegal que luego el tiempo terminó desenmascarando.  

Todos recordamos cómo terminó aquello. La invasión de Irak no trajo la estabilidad que prometían quienes la defendieron. No eliminó las amenazas que decían combatir. No hizo del mundo un lugar más seguro. Más bien ocurrió lo contrario, se abrió una herida profunda en toda la región, se desató un ciclo de violencia que todavía hoy sigue supurando y el terrorismo yihadista encontró un terreno fértil para extenderse por medio planeta.

En España, además, aquello tuvo un eco especialmente doloroso. El entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, se encastilló en la mentira y decidió apoyar aquella guerra a pesar de que millones de españoles salimos a la calle para decir algo tan sencillo como que aquello no tenía sentido. Que no había pruebas. Que no había legitimidad internacional. Que no se podía construir la paz sobre mentiras. Recuerdo perfectamente aquellas pancartas, aquel clamor colectivo, aquella sensación de que la ciudadanía estaba pidiendo algo elemental: verdad, dignidad y respeto al derecho internacional. Y, sin embargo, la decisión se tomó igualmente. 

Poco después, nuestro país sufriría el mayor atentado terrorista de su historia. Nadie puede trazar una línea directa entre una decisión política y una barbaridad terrorista. Sería demasiado simple. Pero lo que sí sabemos es que aquel conflicto contribuyó a incendiar aún más un mundo que ya era inestable. Y las consecuencias de aquel incendio todavía las estamos pagando.

Hoy las mentiras y las justificaciones que está utilizando la extrema derecha internacional para atacar Irán son todavía más burdas. Trump y Netanyahu ni se molestan en disimular. Por eso, la verdad, escuchar ahora a los dirigentes del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente y al neofascista Santiago Abascal respaldar de nuevo -con una ligereza que da vértigo- los argumentos que se utilizan para justificar otra escalada militar me produce una sensación muy incómoda. Una mezcla de inquietud y déjà vu. Porque el guion suena demasiado familiar. Más aún cuando esos argumentos han sido fabricados y son divulgados por dirigentes como Benjamin Netanyahu, un político perseguido por la justicia internacional -precisamente por sus crímenes de guerra-, y jaleados con entusiasmo por un mentiroso compulsivo como Donald Trump, siempre dispuesto a convertir cualquier conflicto en combustible para alimentar su propia narrativa de poder y engordar su personal cuenta corriente.

Todo eso, sinceramente, vuelve a ponerme los pelos de punta.

Por eso en medio de todo ese ruido, cuando escuchaba la firme declaración del presidente Pedro Sánchez, me preguntaba qué significa realmente el patriotismo.

Yo me considero profundamente patriota. Quiero a mi país. Estoy muy orgulloso de ser riojano y amo profundamente a mi tierra. Y precisamente por eso quiero lo mejor para España. Me importa el lugar que ocupa en el mundo. Me importa la imagen que proyecta. Me importa que cuando nuestro país habla lo haga desde la sensatez, desde la dignidad y desde el respeto a los valores que dicen sostener nuestra democracia.

Por eso, cuando escuché al presidente del Gobierno hablar con serenidad, con claridad y con una defensa firme de la paz y del derecho internacional, sentí algo que hacía tiempo que no sentía con tanta intensidad: la sensación de que España estaba exactamente donde debía estar.

Por eso mismo, pocas veces como en estos momentos me he sentido tan orgulloso del país al que representa mi Gobierno. La intervención del presidente Sánchez no fue un discurso grandilocuente. No hacía falta. Fue, simplemente, la voz de un país que sabe lo que significa el sufrimiento de la violencia y que, precisamente por eso, se resiste a aceptar con ligereza las decisiones que pueden empujar al mundo hacia nuevos conflictos.

Además -y esto me parece importante-, estoy convencido de que esas palabras no representan solo a un Gobierno. Representan el pensamiento mayoritario de una sociedad que ha aprendido, a base de historia y de experiencia, que la guerra casi nunca resuelve lo que promete resolver.

España se mostró ante el mundo como lo que realmente es: un país civilizado, comprometido con los valores democráticos, con la dignidad humana y con el respeto al derecho internacional.

Y debo reconocer que sentí aún más orgullo cuando, con el paso de las horas, otros países empezaron a compartir ese mismo planteamiento. Cuando comprobé que la posición defendida por nuestro presidente no era una extravagancia aislada, sino el inicio de una corriente de sensatez que otros terminaron acompañando.

Porque liderar no siempre significa tener más tanques, más misiles o más poder económico. A veces liderar consiste, sencillamente, en decir lo que es correcto cuando otros prefieren mirar hacia otro lado.

Mientras algunos se envuelven ostentosamente en la bandera de España para alimentar su estrategia política interna, otros defienden los valores que realmente dan dignidad a un país. Y es que el patriotismo, al final, no consiste en gritar más fuerte ni en apropiarse de los símbolos de todos. El patriotismo consiste en actuar con responsabilidad cuando el mundo atraviesa momentos difíciles. Consiste en defender la paz, la estabilidad y la dignidad de tu país incluso cuando eso significa no seguir el ruido de quienes parecen disfrutar con la confrontación permanente.

Por eso, cuando escucho a quienes presumen de patriotismo alinearse dócilmente con decisiones que pueden volver a incendiar el mundo, no siento orgullo. Siento vergüenza.

Y por eso, al escuchar al presidente de mi país defender con firmeza la paz, la vida y el respeto al derecho internacional, he sentido exactamente lo contrario. No creo simplemente que mi Gobierno esté en el lado correcto de la historia, sé que está en el lado correcto de la vida.

Y eso me llena de orgullo.

Y luego están las que hacen daño porque juegan con el miedo y dejan cicatrices. La mentira sanitaria sobre Mercosur pertenece, sin duda, a este último grupo.

En las últimas semanas venimos escuchado insistentes declaraciones de dirigentes del Partido Popular que, en perfecta sintonía con el mensaje también lanzado por VOX, denuncian que el acuerdo con Mercosur va a permitir la entrada de alimentos “peligrosos”, “producidos sin control” o incluso “envenenados”. Dicho así, sin matices, sin pruebas y sin el menor pudor. Incluso están promoviendo la presentación de iniciativas políticas en los parlamentos para evitar la entrada en Europa de productos que no cumplan con los estándares sanitarios europeos.

Y la verdad es que conviene parar un momento y hacerse una pregunta muy sencilla ¿de verdad alguien cree que la Unión Europea permitiría poner en riesgo la salud de sus ciudadanos? La Unión Europea tiene una de las normativas de seguridad alimentaria más exigentes del mundo. Esto no es una opinión, es un hecho contrastado. Y esa normativa no se suspende en la frontera, ni se flexibiliza porque un producto venga de América del Sur, de Asia o de la otra punta del planeta.

Todo alimento que entra en la UE debe cumplir exactamente los mismos requisitos que se exigen a los productores europeos en cuanto a límites de residuos, controles fitosanitarios, trazabilidad, inspecciones veterinarias y sistemas de alerta. Los mismos. Sin excepciones ni posibles atajos. Dicho de forma clara y para que no haya dudas: si un producto no cumple las normas europeas, no entra. Así de simple y así de contundente.

Por eso resulta tan grave escuchar a responsables políticos sembrar la idea de que Mercosur supone un riesgo sanitario. Porque al hacerlo no solo están mintiendo, sino que están cuestionando abiertamente el propio sistema europeo de control alimentario que ellos mismos han construido y defendido durante años.

Aquí se está produciendo una confusión interesada y muy rentable políticamente, entre dos debates distintos. Uno es legítimo. El otro es directamente falso.

Es legítimo hablar de competencia económica, de costes de producción, de diferencias laborales, del impacto que Mercosur puede tener en determinados subsectores. Ese debate es complejo, incómodo y necesario, pero es claramente legítimo. Lo que no es legítimo es mezclarlo con la seguridad alimentaria para sembrar miedo. 

Que en otros países se produzca con costes más bajos no significa, ni de lejos, que sus productos puedan saltarse los controles sanitarios europeos. De hecho, ocurre justo lo contrario porque los productos de terceros países están sometidos a controles reforzados en frontera.

Por lo tanto, cuando el PP habla de “alimentos peligrosos”, no está defendiendo al campo. Está utilizando el miedo como atajo político. Y eso, además de irresponsable, acaba volviéndose contra los propios agricultores, porque erosiona la confianza en el mercado y en las reglas del juego.

Hay, además, una paradoja que conviene señalar porque deja al descubierto toda la inconsistencia del discurso tanto del PP como de VOX que, en España, están presentando iniciativas parlamentarias para exigir que no entren en la Unión Europea productos que no cumplan los estándares sanitarios europeos. Que no se permita -dicen- la importación de alimentos tratados con sustancias prohibidas en Europa. Hasta aquí, nada que objetar. La reclamación, formulada así, puede sonar hasta razonable.

El problema llega cuando uno levanta un poco la vista y mira a Bruselas. Porque en las instituciones europeas, las áreas encargadas de garantizar que esas normas se cumplan están precisamente bajo el control de comisarios vinculados al propio Partido Popular europeo. Y, en el ámbito concreto de la sanidad y el bienestar animal, la responsabilidad recae en un comisario propuesto, ni más ni menos, que por el grupo Patriotas por Europa, es decir, propuesto por el espacio político neofascista en el que se integra VOX.

Dicho de forma sencilla, si alguien puede asegurar que los productos que entran en la Unión Europea cumplen las normas sanitarias, son precisamente ellos. Porque son sus comisarios, sus responsables políticos y sus mayorías en Europa quienes tienen esa competencia y esa obligación. Así que cuando PP y VOX insinúan que Mercosur va a colar productos peligrosos o tratados con sustancias prohibidas, lo que están diciendo en realidad es algo bastante inquietante, que no confían en sus propios dirigentes, que no se fían de sus propios comisarios y que no creen en el sistema de control y seguridad alimentaria que ellos mismos han establecido y gestionan en la Unión Europea.

Y eso ya no es una crítica al acuerdo. Eso es una desautorización en toda regla de su propia acción política.

Mientras tanto, aquí, en La Rioja, como decía en mi artículo anterior, seguimos atrapados en el ruido. Porque en una comunidad donde el sector primario se basa mayoritariamente en productos de calidad, con denominaciones de origen e indicaciones geográficas consolidadas, el debate debería ir justo en la dirección contraria.

Nuestros productos no compiten por volumen ni por precio. Compiten por calidad, origen, historia y prestigio. Y eso, en mercados internacionales emergentes, debería ser una baza enorme. Mercosur abre la puerta a millones de consumidores potenciales que lo que valoran precisamente es eso, el vino con identidad, el aceite de calidad, los productos diferenciados y la alimentación ligada al territorio.

Por tanto, la pregunta, incómoda para algunos, vuelve a aparecer, ¿qué está haciendo el Gobierno de La Rioja para preparar al sector ante esta realidad? ¿Qué planes de acompañamiento, promoción o internacionalización se están impulsando?  La respuesta, una vez más, es el silencio. O peor aún, el seguidismo del discurso alarmista y neofascista que sustituye el trabajo serio por titulares grandilocuentes.

La mentira sanitaria sobre Mercosur no protege al campo. Lo debilita. Introduce desconfianza, alimenta el miedo y distrae de lo verdaderamente importante que debería ser cómo garantizar que agricultores y ganaderos riojanos vivan dignamente de su trabajo en un mercado global. Pero, sobre todo, revela algo mucho más profundo y preocupante, un proyecto político que no confía ni en sus propios dirigentes, que desacredita las instituciones que gobierna y que prefiere el ruido al rigor, la exageración a la verdad y el oportunismo al compromiso.

Porque al final, el problema no es Mercosur. El problema es una política que necesita mentir para no asumir responsabilidades. Y cuando se juega con la salud, con el sustento del campo y con la confianza de la gente, eso ya no es estrategia. Eso es una irresponsabilidad mayúscula.

Porque conviene decirlo claro desde el principio, sin rodeos y sin trampas: el acuerdo con Mercosur no es una ocurrencia reciente, ni una imposición repentina, ni una decisión tomada a espaldas de nadie. Es el resultado de más de veinte años de negociaciones largas, complejas y, a menudo, discretas. Negociaciones en las que el PP ha tenido un papel protagonista, tanto desde los gobiernos nacionales como desde las instituciones europeas en las que siempre ha marcado tanto la línea como el ritmo en la política agraria.

Y, sin embargo, hoy ese mismo partido se descuelga acusando al Gobierno de España de avalar y respaldar el acuerdo, de haber traicionado al campo y, en una deriva cada vez más preocupante, de poner en riesgo incluso la salud de los consumidores. Todo junto. Todo a la vez. Y todo, además, sin base real.

Lo primero que chirría -y mucho- es la mentira de la autoría porque el presidente del Gobierno de España no ha negociado Mercosur, no lo ha cerrado y ni siquiera ha estado presente en su firma. Señalarlo como responsable no es un error, es una estrategia deliberada. La de buscar un culpable cercano, reconocible y útil para el desgaste político interno, aunque eso suponga reescribir la historia con descaro. Porque el PP sabe perfectamente que Mercosur es una realidad porque ellos lo quisieron, porque lo defendieron como un acuerdo estratégico y porque trabajaron durante años para sacarlo adelante. 

Pero hay algo que es todavía más grave que esta mentira. Y es el daño real que este discurso está causando a agricultores y ganaderos. Un sector que atraviesa dificultades estructurales evidentes -costes, relevo generacional, rentabilidad, burocracia- y que lo último que necesita es confusión, ruido y miedo fabricado desde la política. Porque no, no todo vale para competir electoralmente. No vale sembrar la idea de que “nos arruinan”, de que “nos engañan” o de que “nos venden”. No vale convertir la incertidumbre en arma arrojadiza. Y, desde luego, no vale presentarse ahora como el gran defensor del campo cuando llevan décadas tomando decisiones sin contar con él, tanto en España como en Europa.

Este giro oportunista tiene, además, un destinatario muy concreto, porque el PP no está pensando en el campo, está pensando en VOX que, en este momento le da más miedo que los agricultores. Está pensando en cómo disputar ese espacio de protesta, de enfado y de discurso simple. Y cuando se entra en esa carrera, el resultado casi siempre es el mismo: a más ruido, menos verdad.

En regiones como la nuestra, La Rioja, el debate debería ser otro muy distinto porque aquí el sector primario se apoya mayoritariamente en productos de calidad, con denominaciones de origen e indicaciones geográficas mundialmente reconocidas. Aquí hablamos de vino, de aceite, de frutas y verduras, de embutidos, de setas y champiñón, de carne de vacuno...de productos amparados por marcas de calidad de mucho prestigio. Hablamos de calidad, de valor añadido, de diferenciación. 

Y precisamente por eso resulta tan frustrante comprobar cómo con declaraciones tan vergonzosas como las de Alfonso Domínguez, consejero de Hacienda riojano y ls de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, el Gobierno de La Rioja, lejos de trabajar para aprovechar las oportunidades que abre Mercosur para el sector primario riojano, se suma al discurso neofascista del miedo, mira hacia otro lado y pierde un tiempo precioso mientras otras comunidades diseñan estrategias, acompañan a sus productores y planifican su salida a nuevos mercados. Aquí, sin embargo, se opta por la queja, la protesta sin propuesta y el seguidismo político.

Mercosur no va a desaparecer porque se grite más fuerte. No se va a deshacer a golpe de titular ni de tractorada instrumentalizada. Mercosur es ya una realidad que se debe gestionar, que se aprovecha o se sufre. Y elegir no hacer nada también es una decisión política, aunque luego se intente disfrazar de indignación.

Por eso conviene poner las cosas en su sitio. Porque el problema no es debatir los efectos del acuerdo, ni señalar riesgos, ni exigir medidas de apoyo. Todo eso es legítimo y es necesario. El problema es mentir, es fingir sorpresa, es presentarse como víctima de algo que uno mismo ha impulsado. Es disfrazarse de cordero cuando en realidad eres el auténtico lobo.

Y aquí conviene decirlo sin ambages, porque el verdadero peligro para el campo riojano no es Mercosur. El verdadero peligro es un Gobierno que renuncia a gobernar, un PP que miente sin pudor y una estrategia basada en el ruido y el victimismo en lugar del trabajo, la planificación y la defensa real de nuestros productores.

Al campo riojano no se le defiende con gritos ni con relatos falsos. Se le defiende con verdad, con políticas públicas y con respeto. Todo lo demás es oportunismo. Y el oportunismo, cuando se juega con el sustento de miles de familias, tiene un nombre muy claro.

Las palabras no son solo sonidos ni adornos del pensamiento. Las palabras hacen cosas, construyen realidades, abren posibilidades o las cierran incluso antes de intentarlo. No son un detalle menor ni una moda de autoayuda. Son algo bastante más profundo. Lo aprendí cuando tuve la suerte de ser alumno de Rafael Echeverría, referente mundial del coaching ontológico y autor de La Ontología del Lenguaje, donde explica una idea que, una vez la interiorizas, ya no te abandona: el lenguaje no es inocente, no solo describe la realidad, también la crea.

Cuando hablamos, pasan cosas, no solo contamos lo que ocurre. Actuamos, abrimos posibilidades o las cerramos sin darnos cuenta. Nos definimos y definimos a los demás. Y muchas veces lo hacemos en piloto automático, sin pararnos a pensar en las consecuencias. Decirse “no puedo” no es una simple frase. Es como ponerse una barrera antes de empezar. Decirse “esto no va a cambiar” es renunciar antes de pelearlo. En cambio, decir “no sé todavía cómo hacerlo” cambia el terreno de juego. No arregla nada de golpe, claro, pero deja una puerta abierta. Y en momentos difíciles, una puerta abierta lo es todo. Este diálogo interno importa. Importa mucho. Pero importa todavía más cuando lo trasladamos al plano colectivo. Y es aquí donde el asunto se vuelve especialmente político.

Vivimos un clima de tensión permanente, un tiempo en el que las palabras se usan con demasiada frecuencia para confundir, desgastar o justificar decisiones que tienen consecuencias muy reales en la vida de la gente y nada de esto es casual.  Antes de recortar un derecho, se recorta su significado. Antes de debilitar un servicio público, se le cambia el nombre, ya no es un derecho, es un coste; ya no es una inversión, es un gasto; ya no es un bien común, es una carga…

El deterioro del Estado del Bienestar no empieza solo en los presupuestos. Empieza mucho antes, en el lenguaje, en discursos que normalizan la desigualdad, que presentan lo público como ineficiente por definición y lo privado como solución mágica. En palabras que siembran desconfianza para luego justificar el abandono.

Rafael Echeverría dice también que “somos como hablamos y hablamos como somos”, y esta frase, llevada al terreno político, interpela directamente a quienes gobiernan y a quienes opinamos. Porque cuando el lenguaje político se vacía de humanidad, las políticas acaban haciendo lo mismo. Cuando se habla de personas como números, de derechos como privilegios y de servicios públicos como problemas, el resultado no es neutral, es profundamente ideológico.

No se trata de pedir buenas palabras sin contenido. El conflicto existe y debe existir. La crítica es necesaria, pero hay una diferencia enorme entre confrontar modelos y erosionar deliberadamente la confianza en lo común. Entre debatir sobre cómo mejorar lo público e instalar la idea de que no merece la pena defenderlo o ni siquiera intentarlo.

Además, no nos engañemos, este clima lingüístico acaba calando, ya que cuando el mensaje repetido es que “no hay alternativa”, que “no se puede”, que “esto es lo que hay”… se va construyendo resignación. Y la resignación es el mejor aliado de quienes quieren desmontar derechos sin demasiado ruido.  

Por eso, quizá uno de los propósitos más sensatos -y más difíciles- para este nuevo año sea reapropiarnos del lenguaje. Cuidar las palabras con las que hablamos de sanidad, de educación, de dependencia, de igualdad. Nombrar lo público como lo que es: un pilar de cohesión, una conquista colectiva, una garantía de dignidad. Cuidar cómo nos hablamos cuando intentan convencernos de que defender lo común es ingenuo. Cuidar cómo hablamos de quienes dependen más directamente de esos servicios, sin estigmas ni desprecio, porque defender lo público también es defender un lenguaje que no lo desgaste, que no lo vacíe, que no lo convierta en caricatura.

Las palabras son espejo, sí, y por eso reflejan lo que somos. Pero también pueden ser pincel que nos permiten dibujarnos de otra manera, tanto en lo personal como en lo colectivo. En un momento histórico como el que vivimos, marcado por el ruido, elegir bien las palabras no es ingenuidad. Es una responsabilidad política de primer orden.

No vamos a arreglarlo todo de golpe. Nadie serio lo promete. Pero sí podemos decidir desde hoy algo que no es menor: no colaborar con el deterioro de lo público a través del lenguaje. No repetir como loros que los derechos “no son sostenibles”, que la sanidad pública “no funciona”, que la educación es un problema y no una inversión… Porque cada vez que esas frases se normalizan, el terreno se allana para el siguiente recorte.

Defender el Estado del Bienestar no empieza solo en los presupuestos ni termina en las leyes. Empieza mucho antes, en cómo se nombra la realidad. En negarse a aceptar un marco lingüístico que convierte lo común en sospechoso y el negocio en solución. En llamar a las cosas por su nombre. Recortar no es modernizar, privatizar no es gestionar mejor y resignarse no es realismo.

Cuidar las palabras hoy, no es un gesto estético ni una cuestión de formas. Es una posición política. Es decidir de qué lado estás cuando el ruido intenta imponerse al sentido común. Porque las palabras preparan el camino de los hechos. Y cuando se deja de defender lo público con claridad, acaba dejándose de defender también en la práctica.

Así que sí, en este nuevo año, quizá uno de los propósitos más incómodos -y más necesarios- sea este: No ceder el lenguaje. No regalar los marcos. No aceptar que nos digan que no hay alternativa. Porque, al final, no solo nos va la vida en defender lo público, también en cómo lo hacemos y en cómo lo decimos.

El Ayuntamiento, siempre tan diligente, nos vendió la Navidad a bombo y platillo… pero luego se olvidó de colocar el platillo. Así que, a pocos días de la Nochebuena, Logroño sigue esperando que termine la instalación de las luces, como quien espera un tren regional con veinte minutos de retraso y ya ni se enfada porque simplemente asume que esto es lo que hay. Eso sí, cuando por fin aparecen, lo hacen con ese encanto decadente de bombilla fundida que parpadea, como si nos guiñara un ojo para decirnos: “sí, soy una chapuza, pero es lo que hay”.

Pero lo malo es que uno tampoco encuentra consuelo cuando levanta la vista en busca de la iniciativa ciudadana y contempla aterrado que el panorama no mejora. Los balcones y ventanas de Logroño se han convertido en una suerte de exposición colectiva de mal gusto subvencionada por el LED. La eficiencia energética ha obrado el milagro y ahora cualquiera puede iluminar su casa, como si fuera una discoteca poligonera de extrarradio, sin miedo al recibo. El resultado es una competición vecinal no declarada, por ver quién pierde antes cualquier resto de criterio estético. Guirnaldas arrojadas sin piedad, luces que parecen vomitadas desde el interior del salón y combinaciones cromáticas que harían llorar a un semáforo.

Pero si hay una moda que merece capítulo aparte es esta inquietante costumbre de “colgar” muñecos de los balcones: Reyes Magos, Papá Noel y hasta Olentzero… todos suspendidos en el aire con una expresión inquietantemente alegre, como si no fueran conscientes de que parecen protagonistas de un festival de pitufos ahorcados. Hay algo profundamente perturbador en pasear tranquilamente por la ciudad y encontrarte a Melchor descolgado de una cuerda, Baltasar balanceándose al viento o al pobre Olentzero trepando eternamente por una fachada, condenado a no llegar nunca a la ventana. Tradición, dicen. Espíritu navideño, dicen. Yo diría más bien que son escenas dignas de una unidad de intervención psicológica.

Circular en coche por la ciudad tampoco ayuda a mantener la calma. Entre luces municipales que se confunden con semáforos y destellos privados que rebotan por todas partes, conducir por Logroño se ha convertido en un ejercicio de intuición en el que no sabes si lo que ves es una señal de tráfico, un reno con problemas de orientación o la nariz de Rudolf lanzándote un SOS luminoso. Todo brilla, todo parpadea, todo compite por tu atención, menos lo esencial: el sentido común.

Y mientras tanto, el equipo de gobierno del alcalde Conrado Escobar mira satisfecho su obra, como si el simple hecho de haber puesto “luces” -aunque tarde, mal y algunas rotas- bastara para justificar la autocomplacencia y el gasto de más de 600.000 euros de todos los ciudadanos. No importa la planificación, ni el resultado, ni el ridículo. Parece que, para el alcalde y su equipo, la Navidad no va de hacer las cosas bien, sino de poder decir que han hecho algo, aunque sea a medias. Aunque sea con retraso. Aunque sea dejando la ciudad a medio decorar cuando ya casi estamos contando los polvorones que quedan. Todo se desmorona tras la forzada y permanente sonrisa del alcalde entre anuncios grandilocuentes y promesas huecas que no llegan a materializarse. 

Y al final uno acaba entendiendo que lo de las luces no es un accidente, ni un despiste puntual, sino la guinda del pastel de la chapuza institucional que representa la gestión municipal de Conrado Escobar y su equipo. A mitad de legislatura, las muestras de incapacidad ya no son anécdotas, son un patrón. Recursos europeos perdidos por pura desidia, carriles bici eliminados como si la modernidad molestara, obras comprometidas y con financiación asegurada que no se ejecutan y cuyo dinero hay que devolver, proyectos empresariales transformadores que se esfuman en el aire y ni siquiera la habilidad mínima para retener inversiones que ya estaban previstas por el anterior gobierno socialista en los polígonos industriales de la ciudad… Si ni siquiera han sido capaces de organizar con solvencia unas Fiestas de San Mateo, ¿qué podemos esperar de un equipo que demuestra tener tan pocas luces -en sentido literal y figurado- y unas capacidades tan escasas para gobernar una ciudad que merece bastante más? 

Al fin y al cabo, la Navidad de Logroño solo refleja lo que llevan haciendo durante toda la legislatura: parpadear sin rumbo, prometer sin cumplir y hacernos pagar por su incompetencia.

Así que ¡felicidades, Logroño! Este año no tendremos una Navidad brillante, sino una Navidad titilante. Una Navidad que parpadea y que demuestra que el Ayuntamiento es capaz de hacer oscuro, tarde y mal incluso algo tan simple como poner unas luces. Porque, visto lo visto, ni siquiera eso les queda grande: les queda imposible.

Estos casos se están multiplicando, especialmente en Madrid, aunque también en Logroño hemos conocido recientemente un caso que me hace pensar que también pueden vivirse aquí situaciones parecidas. Y no hablamos de situaciones ocultas o difíciles de detectar. Están a pie de calle. Los vecinos saben lo que ocurre. Los reportajes lo muestran. La policía pasa por delante. Y, sin embargo, las administraciones se comportan como si fueran espectadoras de un fenómeno inevitable, cuando la realidad es muy distinta: no es un problema invisible, es un problema que se elige no ver.

Los ayuntamientos tienen competencias claras para clausurar, en 48 horas, cualquier local que se utilice como vivienda sin licencia. Pueden sancionar, precintar y derribar las divisiones internas si hace falta. Las comunidades autónomas pueden actuar desde vivienda, consumo, sanidad o servicios sociales. El Estado puede intervenir cuando hay explotación, fraude o riesgo grave. No hay vacíos legales, no hay dudas competenciales, no hay limitaciones técnicas. Lo que falta es voluntad de actuar.

Porque inspeccionar y clausurar estos locales implica tomar decisiones difíciles. Si cierras un espacio donde viven veinte personas, alguien tiene que hacerse cargo de ellas al día siguiente. Y eso supone realojos, expedientes, recursos públicos y una atención social que muchos gobiernos prefieren evitar. Es más fácil dejar que el mercado negro se encargue de absorber a quienes no pueden acceder a la vivienda formal. Es más cómodo mirar hacia otro lado, cruzar los dedos y esperar que no ocurra ninguna tragedia.

Mientras tanto, la explotación se convierte en un negocio rentable. No hablamos solo de pequeños propietarios con pocos escrúpulos. Hay redes organizadas que gestionan decenas de locales convertidos en infraviviendas, compartimentados como un panal de miseria donde cada “celda” da beneficios estables y sin riesgos. Ocho cubículos a 600 euros producen mucho más que un alquiler regulado Y, además, lo hacen sin pagar impuestos, sin cumplir normas y sin asumir responsabilidad. La impunidad ha convertido este abuso en un modelo económico.

Y es que la ecuación es sencilla: quienes viven en estos lugares no denuncian. Muchas de estas familias temen perder lo poco que tienen, temen a los servicios sociales o temen a la policía. Algunas incluso temen ser expulsadas del país. Esa vulnerabilidad es terreno abonado para explotadores que conocen perfectamente la situación y saben que la respuesta institucional será lenta o inexistente. Saben que no habrá inspecciones, que los expedientes se eternizarán, que ningún gobierno quiere aparecer en los titulares con un desalojo complicado. Y mientras tanto, ellos cobran.

Lo más doloroso es que convivimos con una contradicción difícil de asumir, la de un país que, en cuestión de horas, es capaz de desalojar a una familia considerada “ocupa”, pero permite que haya propietarios alquilando trasteros, garajes o cubículos de pladur a precios de oro sin que nadie los moleste. Protegemos la propiedad privada con una eficacia sorprendente, pero dejamos sin protección a quienes sufren la explotación más básica y evidente. 

Hay un mensaje político de fondo, aunque nadie lo diga abiertamente no intervenir en el mercado de la vivienda tiene consecuencias. Cuando no se construye vivienda pública, cuando no se regula el alquiler, cuando no se garantiza un parque accesible para quien menos tiene, la necesidad empuja a miles de personas a un submundo donde todo vale. Y ese submundo no surge por generación espontánea: surge porque se permite.

Por eso conviene decirlo claramente: las infraviviendas no existen porque sea imposible combatirlas, sino porque alguien decide no combatirlas. Es más sencillo dejar que las familias vulnerables se busquen la vida como puedan que asumir la responsabilidad de garantizarles una vivienda digna. Pero la consecuencia es devastadora, la de un país que mira hacia otro lado mientras se alquila la miseria a precio de mercado.

Que en la España de 2026 haya niños durmiendo en cubículos sin ventilación, cocinando junto a cables pelados o compartiendo un único baño con treinta personas no es un accidente. Es un síntoma. Y un síntoma muy claro de que algo se ha roto en nuestro sistema de protección social. La legislación existe. Los cuerpos de inspección existen. Las policías existen. Lo que no existe es la voluntad de actuar.

Por eso debemos seguir denunciándolo. Porque la explotación no se combate con declaraciones, sino con decisiones políticas valientes. Y porque quienes convierten la necesidad en un negocio deberían enfrentarse a consecuencias reales, no a la indiferencia institucional.

Al final, lo que está en juego no es solo la situación de unas cuantas familias hacinadas en un local. Lo que está en juego es qué tipo de sociedad somos y hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar que la miseria se convierta en una oportunidad de negocio. Y si permitimos que eso ocurra, entonces el problema no son los cubículos de pladur: el problema somos nosotros.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia contra el Fiscal General del Estado -hecho público en tiempo récord, antes incluso de redactarse la sentencia completa- es uno de esos momentos. Y, sinceramente, es difícil no ver en este gesto un golpe de Estado de puñetas, un avance decidido de un poder judicial que, -casualmente-, 50 años después de la muerte del sanguinario dictador, Franco, sigue funcionando con lógicas y lealtades que la Transición nunca se atrevió a tocar.

Lo que está pasando no es un hecho aislado, ni un simple desacuerdo jurídico. Tiene el olor, el color y el ritmo de algo más grande. Lo ha dicho Esther Palomera: “Miedo es poco”. Y esta frase tan sencilla, me persigue desde que la he leído porque describe perfectamente la sensación de estar asistiendo a un movimiento coordinado, silencioso por momentos, pero implacable. Una ofensiva.

Ignacio Escolar también lo explica con claridad meridiana cuando dice que este proceso no es solo una resolución judicial cuestionable -que también-, sino el último episodio, por ahora, de una serie de decisiones adoptadas desde juzgados que se han convertido en trincheras ideológicas. Escolar habla de un “doble rasero” intolerable, de un patrón de actuación que, en vez de proteger la justicia, la utiliza como ariete político. Y la verdad es que cuesta no estar de acuerdo cuando vemos que determinadas causas se aceleran con una urgencia febril mientras otras se duermen en cajones que parecen no tener fondo.

Y es que todo encaja demasiado bien. El asalto político-mediático-judicial que lleva años fraguando la extrema derecha más rancia (PP) y el neofascismo de VOX se ha ido desplegando como una estrategia militar: primero desgastar, luego desacreditar y, finalmente, expulsar del tablero a quien se atreva a desafiar sus bulos, sus intereses o su poder. A veces lo hacen con lo que al principio parecen estridencias (“el que pueda hacer, que haga”), que luego ves que son órdenes precisas. Y otras lo hacen con la frialdad quirúrgica y la seguridad que da saber que tienen una gran parte del aparato judicial alineado con su proyecto (“va p’alante”). 

Pero lo que más duele, lo que más enfada, es la otra mitad de la historia: la izquierda ensimismada, fragmentada, entretenida en disputas internas sobre quién es más puro, más auténtico, más de izquierdas. Mientras la derecha afila las herramientas de su particular “golpe blando”, nosotros seguimos perdiendo un tiempo valiosísimo en debates estériles, incapaces de articular una respuesta conjunta ante un ataque que nos apunta directamente a todos los que representamos -o defendemos- cualquier mínimo avance social o democrático y aquí incluyo también a los nacionalistas.

Quien lo ha expresado con una claridad casi brutal ha sido Gabriel Rufián que no se ha quedado en la queja o la protesta moral sino que ha sabido ir más allá diciendo que, además de indignarnos, hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que no basta con lamentarse cada vez que un juez conservador toma una decisión con tintes políticos, sino que la solución pasa, en primer lugar, por transformar las estructuras que permiten estas anomalías. Y tiene razón. Hace falta una reforma profunda, valiente, que por fin democratice un poder judicial que lleva décadas funcionando sin control democrático real, impermeable a la renovación y colonizado por sectores ultraconservadores.

A esto se suma -y conviene escucharlo con atención- lo que ha señalado el ministro Óscar López que, con un tono más institucional, ha enviado un mensaje muy claro al decir que no se trata solo de valorar un fallo, sino de proteger las instituciones de maniobras que pueden alterar el equilibrio entre los poderes del Estado. López ha advertido de la gravedad del precedente, de lo que significa que un tribunal publique un fallo sin sentencia, de cómo esa práctica deteriora la confianza pública y puede convertirse en una herramienta para condicionar políticamente a la Fiscalía, al Gobierno o a cualquier institución incómoda para ciertos intereses. Su preocupación me ha parecido un aviso. Y no conviene ignorarlo.

Porque, además, hay algo profundamente simbólico en lo que está pasando. Cincuenta años después de la muerte del dictador, seguimos soportando un poder judicial donde ciertos nombres, ciertas estructuras y ciertas inercias actúan como si nunca hubiese habido ruptura democrática. Y, como me decía esta mañana una querida compañera, ya va siendo hora -hace décadas que lo es-, de afrontar ese elefante en medio de la sala: la Transición dejó sin tocar el poder judicial. Y ese error histórico vuelve ahora para mordernos con rabiosa ferocidad.

Lo inquietante es que hoy las amenazas a la democracia no llegan con tanques ni con marchas militares; llegan con togas, autos, filtraciones a medida y tiempos procesales que se ajustan con sospechosa exactitud a los calendarios políticos. Son golpes sin ruido, sin sangre… pero golpes, al fin y al cabo. Golpes de puñetas.

Y frente a eso no valen las medias tintas. Hace falta firmeza, unidad y una izquierda capaz de levantar la cabeza y responder con la fuerza democrática que este momento exige. No basta con indignarse en redes. No basta con discursos inflamados en el Congreso. Ni siquiera con artículos de opinión más o menos graves. Hay que organizarse, defender la separación de poderes de verdad y blindar las instituciones frente a quienes quieren apropiárselas, aunque es posible que ya vayamos tarde.

Porque, si no lo hacemos ahora, quizá dentro de unos años recordemos estos días y pensemos, como decía Palomera: “miedo es poco”.

Por eso, lo que está ocurriendo estos días con los programas de cribado de cáncer no puede pasar desapercibido. No estamos ante un fallo informático, ni ante una descoordinación técnica. Lo que el Partido Popular ha hecho al negarse a facilitar al Ministerio de Sanidad los datos de los cribados de cáncer -de mama, de colon y de cérvix- es una nueva decisión política, profundamente irresponsable, que les retrata exactamente como lo que son: unos dirigentes que, si se han caracterizado por algo en la gestión sanitaria es por convertir en cadáveres el saqueo de los recursos públicos.

Porque no estamos ante una cuestión burocrática. Negar esos datos significa que nadie puede evaluar si los programas funcionan, si llegan a toda la población o si hay retrasos en las pruebas. Significa que la ciudadanía pierde el derecho a saber si el sistema sanitario está haciendo lo que promete: detectar a tiempo, actuar con eficacia y garantizar la igualdad. Negar esos datos al Ministerio es negar el derecho de cada enfermo a saber, a exigir calidad, a tener la misma protección que cualquier otro ciudadano, viva donde viva.

La Asociación Española Contra el Cáncer lo ha dicho con una claridad que debería avergonzar a cualquiera: “Los datos del cáncer no son de los partidos ni de las consejerías. Son de los pacientes.” Y negar esos datos no es proteger una competencia autonómica, es negar un derecho humano básico, el de saber y exigir calidad en la atención sanitaria.

Y es que, cuando un gobierno oculta información, no está defendiendo su imagen, está rompiendo el contrato de confianza entre los ciudadanos y su sistema público de salud. Esa opacidad no es un detalle administrativo, es una forma de debilitar lo público para abrir la puerta a lo privado. Porque sin datos no hay control, y sin control, el negocio crece.

Y aquí, en La Rioja, esa estrategia nacional del PP tiene su reflejo más previsible. Nuestra consejera de Sanidad, María Martín, ha vuelto a ponerse del lado de su partido, y no del lado de los riojanos. Mientras habla de “gestión eficaz”, se limita a seguir al pie de la letra el manual de Génova: viajar, posar para la foto -eso sí, siempre con una sonrisa- y luego dar un plantón institucional. Así…, como aparentando dignidad, pero demostrando tener muy poquita vergüenza.

Porque lo que hizo María Martín el viernes pasado en Zaragoza fue, simplemente, insoportable desde el punto de vista político y moral. No defendió a los enfermos de cáncer de esta tierra, ni a los profesionales sanitarios, ni a los ciudadanos que reclaman transparencia. Se preocupó solamente de obedecer consignas partidistas.

Y no lo hizo sola, porque es evidente que contaba con el permiso y la complacencia del presidente Gonzalo Capellán, ese dirigente que intenta presentarse cada día como un “verso suelto”, como alguien distinto, “moderado”, que “pone por delante los intereses de La Rioja antes que los del PP”. Pero la realidad es bien distinta, porque cuando llega la hora de la verdad, cuando hay que elegir entre defender a los riojanos u obedecer a su partido, Capellán siempre elige obedecer. Y lo hace incluso cuando esa obediencia significa dar la espalda a los enfermos de cáncer de su propia comunidad. Decir que uno defiende La Rioja mientras acata las órdenes de un partido que decide ocultar datos sanitarios es, sencillamente, hipocresía política en estado puro. 

Y Capellán ya no puede seguir escondiéndose detrás de esa máscara de moderación porque lo del viernes en Zaragoza fue el colmo del cinismo. Los consejeros del PP se levantaron de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en una maniobra orquestada desde Génova. Se marcharon para desviar la atención del escándalo de los fallos en los cribados de cáncer en Andalucía. Y, mientras tanto, dejaron sobre la mesa la distribución de dos millones de euros destinados precisamente a programas de detección precoz.

Eso no es dignidad. Eso es una falta de respeto a los ciudadanos y una crueldad política que solo puede explicarse desde el cálculo partidista. Porque cuando los datos no se comparten, cuando la información se manipula o se maquilla, la consecuencia es siempre la misma: el sistema público se debilita. Y ese debilitamiento se traduce en más esperas, en más desigualdades, en una mayor dependencia de la sanidad privada. Y quizá aquí esté la clave de todo. Cuando no hay transparencia, cuando no hay control, crece el negocio de unos pocos. Y esa opacidad no es casual, es el terreno donde germina el interés privado en el que tan a gusto se mueve el PP.

Yo no sé si en Génova son conscientes del daño que hacen con estas decisiones. Pero sí sé que aquí, en La Rioja, hay muchas personas que ya no confían. Que ven cómo su Gobierno maquilla cifras, externaliza servicios y esconde datos. Que sienten que la transparencia se ha convertido en una palabra vacía.

Pero la transparencia no es un lujo, es una obligación democrática. Y negarla, además de injusto, es indecente. Porque no se puede tapar con ruedas de prensa el miedo o la angustia de quien teme que su diagnóstico se haya retrasado. No se puede esconder detrás de un titular la desconfianza de quien siente que su salud depende del calendario político.

El cáncer no espera. No entiende de excusas técnicas ni de guerras internas. Mientras los responsables del PP se dedican a proteger su imagen, hay personas que no pueden permitirse el lujo de esperar a que la verdad llegue en diferido mientras llega una cita, una llamada, un resultado. Y esa espera -que para quien no la vive puede parecer una anécdota burocrática- es, para muchos, una angustia que se mide en días, en semanas, en noches sin dormir.

Por eso hoy quiero insistir en que esto no va de ideologías. Va de decir la verdad. De defender el derecho de los ciudadanos a saber qué está pasando. De entender que en política sanitaria no se puede jugar con la confianza ni con la esperanza de la gente.

La caradura -Sra. consejera de Sanidad-, por más que se adorne con discursos falsos, con sonrisas fingidas o con una ensayada dignidad, no cura. Solo la verdad ayuda.

La verdad es que cuesta digerirlo. No tanto por la torpeza de la excusa -que roza lo grotesco- sino porque retrata a la perfección la manera en que el PP entiende la política: sin ética, sin límites y sin un mínimo respeto por la verdad. Lo preocupante no es solo lo que dijo Rodríguez, sino lo que ha respondido su partido asegurando que, como mentir no es delito (algo más que cuestionable cuando se declara como testigo en un juzgado), pueden hacerlo con total impunidad. Y así, con una frase de barra de bar, han reducido la política a una farsa y la ética pública a una broma.

No hace mucho publiqué en este mismo medio un artículo titulado “La ética, un accesorio incómodo”, en el que denunciaba que, con el cambio de gobierno en La Rioja, la ética pasó de ser una norma obligatoria, a convertirse en un complemento de temporada que al PP le resultaba muy incómodo para el día a día. El argumento oficial que los dirigentes del PP utilizaron entonces para eludir el cumplimiento de ese Código Ético fue tan antológico como el que han utilizado ahora: “como no tiene fuerza de ley, no estamos obligados a cumplirlo”. 

Así que resulta evidente que lo de Miguel Ángel Rodríguez no es un caso aislado, es la norma de comportamiento de los dirigentes del PP en toda España. Es el síntoma de la repugnante enfermedad moral que corroe al Partido Popular desde hace años. Lo vemos a diario en La Rioja cuando el PP desprecia, incumple y ridiculiza ese Código Ético que se aprobó para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas que incumple cuando se niega a responder con claridad a las preguntas de la oposición, o cuando oculta datos básicos a la ciudadanía o cuando manipula la información para tapar su propia ineficacia.

Y es que el problema no es solo que mientan; es que ya ni siquiera hacen el esfuerzo de disimular. En La Rioja lo vemos a diario con la sanidad pública. La consejera de Salud y el propio presidente han convertido la información sanitaria en un acto de propaganda. Nos prometen transparencia en las listas de espera y luego esconden los datos reales durante meses. Dicen que todo va mejor, pero los profesionales se desbordan, los quirófanos se cierran por falta de personal y los pacientes esperan más que nunca. Ejercen las competencias sanitarias (incluidas las de la organización y contratación de personal), desde hace décadas, pero responsabilizan al Estado de la falta de médicos. En el Hospital de Calahorra, por ejemplo, manipulan las cifras de ocupación para justificar recortes y transferencias de servicios. Y cuando se les piden explicaciones, responden con frases vacías o directamente con mentiras como quedó demostrado con grabaciones públicas de los gestores del SERIS.

Además, hay algo profundamente ofensivo en su manera de tomarnos por ingenuos. Nos dicen que las camas que ellos mismos han dejado vacías “no hacen falta”. Que los recortes son “reorganizaciones”… Todo suena a mentira cuidadosamente envuelta en tecnicismos, pero mentira, al fin y al cabo. Y lo más triste es que lo dicen con una sonrisa, convencidos de que no pasa nada, porque, total, mentir no es ilegal.

No lo es, claro. Mentir no lleva a la cárcel. Pero hay algo mucho más grave que eso: mentir degrada la confianza, pudre el debate público y convierte la política en un lodazal. Si uno no puede creer lo que dice un responsable público, si cada palabra puede ser una trampa o un bulo, ¿qué sentido tiene entonces la rendición de cuentas, el control parlamentario o la transparencia? La mentira no es ilegal, pero es inmoral. Y cuando la inmoralidad se institucionaliza, lo que se corrompe no es solo un partido, sino la democracia misma.

A veces pienso que el PP ha hecho del cinismo su principal herramienta de gobierno. En lugar de rendir cuentas, se burlan. En lugar de explicar, atacan. En lugar de asumir responsabilidades, buscan culpables. Lo vimos cuando Miguel Ángel Rodríguez alardeó de su “intuición” como si fuera una virtud, y lo vemos cada semana en La Rioja, cuando los responsables de la sanidad pública niegan lo evidente: que los pacientes esperan más, que los profesionales están agotados y que el sistema público se sostiene solo por la vocación de los profesionales que aún creen en él.

No, mentir no es ilegal. Pero debería ser incompatible con la decencia. Y debería tener consecuencias políticas. Porque si todo se reduce a una cuestión de legalidad, si la ética ya no cuenta, entonces lo que tenemos no es un gobierno sino una farsa con presupuesto público. Y mientras el Partido Popular siga convencido de que su mentira es solo “otra versión de la verdad”, este país y esta región seguirán retrocediendo hacia una política sin alma, sin honor y sin vergüenza.

Y eso, aunque no sea ilegal, es inaceptable.