La Generalitat acaba de aprobar sus presupuestos anuales para 2026. En realidad, si atendemos a que el mes de agosto es un mes inhábil, no alcanzarán a ser ni medios presupuestos, muy lejos de constituir el instrumento de planificación, dirección y ordenación racional de los gastos e ingresos vinculados con la acción pública de la tercera economía del Estado español. Serán en el mejor de los casos, un cuatrimestre de presupuesto, unas cuentas nacidas cuando buena parte del año ha transcurrido, por lo tanto, incapaces de cumplir plenamente la función anticipadora que justifica su existencia misma.

Un presupuesto, como ya se ha dicho en anteriores entregas, es el principal instrumento político de cualquier gobierno. Permite saber qué problemas considera prioritarios, qué derechos pretende garantizar, qué servicios públicos quiere fortalecer y qué grupos sociales merecen su protección. También revela, por omisión, aquello que el poder desprecia o abandona.

Las cuentas valencianas de 2026 ascienden a unos 33.305 millones de euros y fueron aprobadas siguiendo el dictado del grupo parlamentario Vox, tres veces menor en número de diputados que el grupo del PP que se supone que gobierna la Generalitat. La orientación de las cuentas no se corresponde por lo tanto con la proporcionalidad parlamentaria. Una minoría radicalizada ha impuesto su doctrina y su lenguaje, sus prioridades y su visión excluyente de la sociedad a un partido mayoritario que conserva formalmente el Gobierno, pero que carece de legitimación (la perdió durante la DANA cuando el infame del Ventorro regaló a Vox las llaves de la Generalitat) y al que no le queda más remedio que actuar como una marioneta manejada por unos nostálgicos de la dictadura franquista, un partido que el día que pueda desmontará la Constitución como ya está haciendo su padrino Trump en EEUU.

Basta un sencillo ejemplo que a simple vista puede parecer una nimiedad por su escasa entidad económica pero que en el fondo representa un nivel inusitado de perversidad. Se trata de la reducción de 10.000 euros en la subvención destinada a una entidad asistencial sin ánimo de lucro como la Cruz Roja, que ha estado presente desde hace más de ciento cincuenta años en todas las emergencias, fueran guerras o catástrofes.

Pero esta maldad no nos debería sorprender pues la llevan en su ADN ideológico. Sobran antecedentes, como el de aquel conseller de Zaplana y ex alcalde de Orihuela condenado a cuatro años de cárcel por robar 8 millones de pesetas a unas monjas de la caridad aprovechándose de su cargo. O aquel otro siete veces conseller, condenado a seis años de cárcel, cuya banda de desalmados que él dirigía desde su despacho se apropió de las subvenciones destinadas a construir un hospital en un Haití devastado por un terremoto, el cólera y la pobreza endémica; también de los fondos de cooperación que debían financiar la lucha contra enfermedades contagiosas en África. De aquel sumario judicial (caso Blasco) nos quedó para vergüenza del género humano la frase “antes nosotros que los negratas” expresión que podría constituirse en la declaración fundacional de esa barbaridad llamada prioridad nacional consagrada por estos seudo presupuestos de la Generalitat.

Desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, los 10.000 euros que han quitado a la Cruz Roja son una cantidad insignificante dentro de un presupuesto de más de 33.000 millones. Precisamente por ello, la decisión resulta todavía más obscena. No existe una justificación económica. Nadie puede sostener seriamente que las cuentas de la Generalitat dependan críticamente de retirar esa cantidad a Cruz Roja cuando ese mismo presupuesto consigna partidas que suman 1,03 millones de euros para actividades relacionadas con la tauromaquia, doblando la cantidad del ejercicio anterior, a la vez que han reducido un 10% las partidas destinadas a la prevención de incendios forestales, mayor barbaridad imposible.

También consignan 90.000€ para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la entidad nada benéfica que le regaló al president de la Generalitat las dos entradas (que sepamos) para asistir al mundial y que según diversas fuentes costaron entre 4.000 y 8.000 euros cada una. La falta de transparencia impide tener certeza del verdadero coste. Si aplicáramos la nueva doctrina sobre malversación de la Sala segunda del Tribunal Supremo (caso procés) podríamos afirmar que el president se ha enriquecido en esos 8.000 euros pues es lo que no ha tenido que pagar de su bolsillo gracias a un regalo que nada tiene que ver con los usos sociales ni las responsabilidades del cargo. Si quisiéramos relacionar ese regalo con la aparición en los presupuestos de la partida de 90.000 euros en beneficio del donante, la RFEF, alguien podría estar pensando que ha existido tráfico de influencias o incluso cohecho. En derecho como en economía todo termina siendo una elección ideológica con la que se puede medir la catadura moral de sus protagonistas.

Cruz Roja es una de las organizaciones humanitarias con mayor presencia territorial y capacidad de movilización ante desastres. Sus voluntarios y profesionales suelen encontrarse entre los primeros en acudir cuando se produce una catástrofe y en aportar medios para asistir a quienes lo necesitan ante una emergencia. Lo hizo durante la DANA, y lo está haciendo en los incendios de ahora, asistiendo a la población desplazada, ayudando en los primeros auxilios. Cruz Roja asiste también a pie de muelle o de playa a los migrantes que consiguen llegar vivos a nuestras costas, seguramente ese debe ser su pecado para esa ultraderecha deshumanizada. Es el mismo pecado que se le echa en cara a Cáritas y otras ONG humanitarias. No se les perdona que ayuden a personas desamparadas y vulnerables, muchas de ellas migrantes que huyen de guerras y miserias muy relacionadas con el pasado colonial de sus lugares de origen.

En un país todavía marcado por la catástrofe del 29 de octubre de 2024, reducir una ayuda destinada a emergencias no constituye un mero asunto contable, más bien se convierte en una declaración de falta de principios. La partida sustraída a Cruz Roja no busca atender una necesidad inmediata de la ciudadanía ni mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante futuras emergencias. Servirá para financiar un estudio cuyo planteamiento ya contiene una orientación previa: vincular delincuencia con emigración. Cuando el poder decide de antemano qué fenómenos quiere asociar, existe el riesgo de que no esté buscando conocimiento, sino una apariencia técnica con la que legitimar un prejuicio. Tal vez nunca 10.000 euros hayan explicado con tanta claridad la orientación inmoral de un presupuesto y sus promotores.

Estos presupuesto han dejado de concebir la acción pública como un instrumento de cohesión social para utilizarla como un medio para clasificar y discriminar a la población mediante la introducción de la llamada “prioridad nacional”, una reivindicación de Vox aceptada por el Partido Popular en la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento, aplicable a ámbitos como la vivienda, los servicios sociales, la sanidad y la Renta Valenciana de Inclusión. Sus promotores saben de la ilegalidad del término e intentan evitar un choque frontal con la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos recurriendo a conceptos como “arraigo”. Pero una discriminación no deja de serlo porque se construya un lenguaje “ad hoc” que lo disimule.

La Declaración Universal de Derechos Humanos no habla de nacionales privilegiados y extranjeros subordinados. Habla de seres humanos. Su artículo 1 afirma que todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 2 establece que toda persona posee los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción por raza, color, idioma, religión, origen nacional o social o cualquier otra condición. El artículo 7 proclama la igualdad ante la ley. El artículo 22 reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social. Y el artículo 25 reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado que garantice la salud, el bienestar, la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por su parte la Constitución sitúa en su artículo 10.1 la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad como fundamentos del orden político y de la paz social. Su apartado segundo obliga a interpretar los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España

La llamada prioridad nacional vulnera la Constitución pues invierte el fundamento moral de esta concepción. En lugar de partir de una humanidad común y atender a cada persona según su necesidad, comienza preguntando quién pertenece, desde cuándo pertenece y qué méritos ha acumulado para ser considerado digno de ayuda.

Exigir largos periodos de residencia para acceder a determinadas prestaciones puede perjudicar no solo a personas extranjeras migrantes, sino también a trabajadores desplazados, jóvenes emancipados, víctimas de violencia que cambian de domicilio, familias retornadas, funcionarios trasladados, militares sometidos a movilidad geográfica o ciudadanos españoles llegados recientemente desde otro país o comunidad autónoma.

El concepto de prioridad nacional es, además, particularmente impropio en una comunidad autónoma. La Generalitat no atribuye la nacionalidad española ni puede establecer categorías autonómicas de ciudadanía que alteren el estatuto de derechos definido por la Constitución y la legislación estatal e internacional. Una comunidad autónoma puede organizar sus servicios, establecer requisitos razonables y atender situaciones objetivas de necesidad. Lo que no debe hacer es utilizar sus competencias para introducir una jerarquía ideológica entre seres humanos.

Que los servicios públicos van a colapsar por la migración es uno de los mantras con los que nos machacan para que no se hable de sus rebajas de impuestos a las grandes fortunas que debilitan precisamente el sostenimiento de esos servicios públicos. Otro mantra traslada a la migración la escasez de viviendas, una forma de ocultar que las escasas viviendas de protección pública que se construyen se las reparten descaradamente entre ellos tal y como acredita el caso vergonzante de las VPO del ayuntamiento de Alicante. La migración es la cortina de humo ideal para manipular a la población, fascinar a los ignorantes, reducir derechos, colonizar las instituciones y apropiarse de los recursos públicos. La migración está ocupando hoy el espacio que en su día ocuparon los judíos.

La Generalitat acaba d'aprovar els pressupostos anuals per al 2026. En realitat, si atenem que el mes d'agost és un mes inhàbil, no arribaran a ser ni mig pressupostos, molt lluny de constituir l'instrument de planificació, direcció i ordenació racional de les despeses i els ingressos vinculats amb l'acció pública de la tercera economia de l'Estat espanyol. Seran en el millor dels casos un quadrimestre de pressupost, uns comptes nascuts quan bona part de l'any ha transcorregut, per tant, incapaços de complir plenament la funció anticipadora que justifica la seva existència mateixa.

Un pressupost, com ja s'ha dit en lliuraments anteriors, és el principal instrument polític de qualsevol govern. Permet saber quins problemes considera prioritaris, quins drets pretén garantir, quins serveis públics vol enfortir i quins grups socials en mereixen la protecció. També revela, per omissió, allò que el poder menysprea o abandona.

Els comptes valencians del 2026 pugen a uns 33.305 milions d'euros i van ser aprovats seguint el dictat del grup parlamentari Vox, tres vegades menor en diputats que el grup del PP que se suposa que governa la Generalitat. L'orientació dels comptes no correspon, per tant, amb la proporcionalitat parlamentària. Una minoria radicalitzada ha imposat la seua doctrina i el seu llenguatge, les seues prioritats i la seua visió excloent de la societat a un partit majoritari que conserva formalment el Govern, però que no té legitimació (la va perdre durant la DANA quan l'infame del Ventorro va regalar a Vox les claus de la Generalitat) i a qui no li queda més remei que no pas actuar com una titella d’un partit que el dia que pugui desmuntarà la Constitució com ja està fent el seu padrí Trump als Estats Units.

Només cal un exemple senzill que a simple vista pot semblar una nimietat per la seua escassa entitat econòmica però que en el fons representa un nivell inusitat de perversitat. Es tracta de la reducció de 10.000 euros en la subvenció destinada a una entitat assistencial sense ànim de lucre com la Creu Roja, que ha estat present des de fa més de cent cinquanta anys a totes les emergències, fossin guerres o catàstrofes.

Però aquesta maldat no ens hauria de sorprendre perquè la porten al seu ADN ideològic. Sobren antecedents, com el d'aquell conseller de Zaplana i exalcalde d'Oriola, condemnat a quatre anys de presó, que va robar 8 milions de pessetes a unes monges de la caritat aprofitant-se del càrrec. O aquell altre set vegades conseller, condemnat a sis anys de presó, on la banda de desalmats que ell dirigia des del seu despatx es va apropiar de les subvencions destinades a construir un hospital en un Haití devastat per un terratrèmol, el còlera i la pobresa endèmica; també dels fons de cooperació que havien de finançar la lluita contra malalties contagioses a Àfrica. D'aquell sumari judicial (cas Blasco) ens va quedar per a vergonya del gènere humà la expressió “abans nosaltres que els negrates” frase que podria constituir-se en la declaració fundacional d'aquesta barbaritat anomenada prioritat nacional consagrada per aquests pseudo-pressupostos de la Generalitat.

Des d'un punt de vista estrictament quantitatiu, els 10.000 euros que han pres a la Creu Roja són una quantitat insignificant dins d'un pressupost de més de 33.000 milions. Precisament per això, la decisió encara resulta més obscena. No hi ha una justificació econòmica. Ningú no pot sostenir seriosament que els comptes de la Generalitat depenguin críticament de retirar aquesta quantitat a Creu Roja quan aquest mateix pressupost consigna partides que sumen 1,03 milions d'euros per a activitats relacionades amb la tauromàquia, doblant la quantitat de l'exercici anterior, alhora que han reduït un 10% les partides destinades a la prevenció contra els incendis forestals. Major barbaritat impossible.

També han consignat 90.000€ per a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) l'entitat gens benèfica que va regalar al president les dues entrades (que sapiguem) per assistir al mundial i que segons diverses fonts costarien entre 4.000 i 8.000 euros cadascuna, la manca de transparència impedeix tenir certesa del cost real. Si apliquéssim la nova doctrina sobre malversació de la Sala segona del Tribunal Suprem (cas procés) podríem afirmar que el president de la Generalitat s'ha enriquit en aquests 8.000 euros perquè és el que no ha hagut de pagar de la seua butxaca gràcies a un regal que no té res a veure amb els usos socials ni les responsabilitats del càrrec. Si volguéssim relacionar aquest regal amb l'aparició als pressupostos de la partida de 90.000 euros en benefici del donant, la RFEF, algú podria estar pensant que hi ha hagut tràfic d'influències o fins i tot suborn. En dret com en economia tot acaba sent una elecció ideològica amb què es pot mesurar la catadura moral dels seus protagonistes.

Creu Roja és una de les organitzacions humanitàries amb més presència territorial i capacitat de mobilització davant de desastres. Els seus voluntaris i professionals solen trobar-se entre els primers a acudir quan es produeix una catàstrofe i aportar mitjans per assistir als qui ho necessiten. Ho va fer durant la DANA, i ho està fent als incendis d'ara, assistint a la població desplaçada, ajudant en els primers auxilis. Creu Roja també assisteix a peu de moll o platges als emigrants que aconsegueixen arribar vius a les nostres costes, segurament aquest ha de ser el seu pecat per a aquesta ultradreta deshumanitzada. És el mateix pecat que se li retreu a Càritas i altres ONG humanitàries. No se'ls perdona que ajudin persones desemparades i vulnerables, moltes emigrants que fugen de guerres i misèries molt relacionades amb el passat colonial dels seus llocs d'origen.

En un país encara marcat per la catàstrofe del 29 d'octubre del 2024, reduir una ajuda destinada a emergències no constitueix un mer assumpte comptable, més aviat es converteix en una declaració de manca de principis. La partida sostreta a la Creu Roja no busca atendre una necessitat immediata de la ciutadania ni millorar la capacitat de prevenció i resposta davant de futures emergències. Servirà per finançar un estudi el plantejament del qual ja conté una orientació prèvia: vincular delinqüència amb emigració. Quan el poder decideix per endavant quins fenòmens vol associar, hi ha el risc que no estigui buscant coneixement, sinó una aparença tècnica amb què legitimar un prejudici. Potser mai 10.000 euros no han explicat amb tanta claredat l'orientació immoral d'un pressupost i els seus promotors.

Aquests pressupost han deixat de concebre l'acció pública com un instrument de cohesió social per utilitzar-la com un mitjà per classificar i discriminar la població mitjançant la introducció de l'anomenada “prioritat nacional”, una reivindicació de Vox acceptada pel Partit Popular en la llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, la coneguda com a llei d'acompanyament, aplicable a àmbit de l’habitatge, els serveis socials, la sanitat o la Renda Valenciana d’Inclusió. Els seus promotors saben de la il·legalitat del terme i intenten evitar un xoc frontal amb la Constitució i la Declaració Universal dels Drets Humans recorrent a conceptes com “arrelament”. Però una discriminació no deixa de ser-ho perquè es construeixi un llenguatge “ad hoc” que el dissimuli.

La Declaració Universal de Drets Humans no parla de nacionals privilegiats i estrangers subordinats. Parla de sers humans. L'article 1 afirma que tots neixen lliures i iguals en dignitat i drets. L'article 2 estableix que tota persona posseeix els drets i les llibertats proclamats en la Declaració sense distinció per raça, color, idioma, religió, origen nacional o social o qualsevol altra condició. L'article 7 proclama la igualtat davant de la llei. L'article 22 reconeix el dret de tota persona a la seguretat social. I l'article 25 reconeix el dret a un nivell de vida adequat que garanteixi la salut, el benestar, l'alimentació, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris. Per la seva banda, la Constitució situa a l'article 10.1 la dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents i el lliure desenvolupament de la personalitat com a fonaments de l'ordre polític i de la pau social. El seu segon apartat obliga a interpretar els drets fonamentals de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats internacionals ratificats per Espanya

L'anomenada prioritat nacional vulnera la Constitució perquè inverteix el fonament moral d'aquesta concepció. En lloc de partir d'una humanitat comuna i d'atendre cada persona segons la seva necessitat, comença preguntant qui pertany, des de quan pertany i quins mèrits territorials ha acumulat per ser considerat digne d'ajuda.

Exigir llargs períodes de residència per accedir a determinades prestacions pot perjudicar no només persones estrangeres, sinó també treballadors desplaçats, joves emancipats, víctimes de violència que canvien de domicili, famílies retornades, funcionaris traslladats, militars sotmesos a mobilitat geogràfica o ciutadans espanyols arribats recentment des d'una altre país o comunitat autònoma.

El concepte de “prioritat nacional” és, a més, particularment impropi en una comunitat autònoma. La Generalitat no atribueix la nacionalitat espanyola ni pot establir categories autonòmiques de ciutadania que alterin l’estatut de drets definit per la Constitució i la legislació estatal i internacional. Una comunitat autònoma pot organitzar els serveis, establir requisits raonables i atendre situacions objectives de necessitat. El que no ha de fer és fer servir les seues competències per introduir una jerarquia ideològica entre éssers humans.

Que els serveis públics col·lapsaran per la migració és un dels mantres amb què ens piquen per no parlar de les seves rebaixes d'impostos a les grans fortunes que debiliten precisament el sosteniment d'aquests serveis públics. Un altre mantra trasllada a la migració l'escassetat d'habitatges, una manera d'ocultar que els escassos habitatges de protecció pública que es construeixen se'ls reparteixen entre ells com acredita el cas vergonyant de les VPO de l'ajuntament d'Alacant. La migració és la cortina de fum ideal per manipular la població, fascinar els ignorants, reduir drets, colonitzar les institucions i apropiar-se dels recursos públics. La migració està ocupant avui l'espai que al seu dia van ocupar els jueus.

Los incendios forestales no distinguen entre ideologías ni competencias administrativas. Cuando el fuego avanza sobre los montes, amenaza poblaciones y pone en peligro vidas humanas, debería desaparecer la retórica política y preguntarnos sobre dos cuestiones esenciales: si las administraciones públicas están preparadas y si responden con la eficacia que la ciudadanía tiene derecho a exigir.

La reciente decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de solicitar la declaración de emergencia nacional trasladando su responsabilidad al Gobierno del Estado, merece una reflexión que trasciende el propio incendio. No se trata de cuestionar la necesidad de movilizar todos los recursos disponibles cuando una situación alcanza una gravedad extraordinaria porque el Estado tiene el deber de acudir allí donde una parte del territorio nacional necesita ayuda. Así debe ser en un Estado que se fundamenta en la solidaridad entre territorios y en la protección efectiva de las personas.

Ahora bien, la solidaridad institucional no puede confundirse con la sustitución de las responsabilidades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada administración. La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece con claridad un modelo basado en la corresponsabilidad. Las comunidades autónomas son las administraciones competentes para prevenir, planificar, organizar y dirigir los dispositivos ordinarios de protección civil en su territorio. Solo cuando la emergencia adquiere una dimensión excepcional que supera objetivamente la capacidad de respuesta de la comunidad autónoma puede declararse una emergencia de interés nacional, asumiendo entonces la Administración General del Estado la dirección de las operaciones.

Ese mecanismo constituye una garantía para la ciudadanía. Pero precisamente por su carácter excepcional obliga a formular una pregunta: ¿qué significa asumir competencias autonómicas si, cuando llega la prueba más exigente, resulta necesario trasladar al Estado la dirección de la emergencia? Las competencias no son únicamente espacios de poder político, son, sobre todo, ámbitos de responsabilidad. Quien reivindica capacidad de autogobierno debe garantizar también que dispone de la organización, la planificación y los recursos suficientes para ejercerlo eficazmente.

La paradoja resulta especialmente significativa cuando hablamos de la Comunidad de Madrid, la autonomía con mayor capacidad económica de España y una de las que con mayor intensidad ha defendido una política continuada de reducción de impuestos a las empresas y a los grandes patrimonios. Nadie puede cuestionar la legitimidad democrática de esa opción fiscal. Lo que sí merece debate es si esa estrategia resulta compatible con la necesidad de mantener unos servicios públicos suficientemente robustos para afrontar los riesgos cada vez más complejos derivados del cambio climático.

Los incendios forestales no comienzan cuando aparece la primera llama. Empiezan mucho antes, cuando se deja de invertir en prevención, cuando se desatienden estrategias que pongan en valor el patrimonio natural que son nuestros montes, cuando disminuye la gestión forestal o cuando la planificación deja de considerar los escenarios climáticos extremos con desprecio chulesco hacia lo que viene adelantando la ciencia y los expertos respecto a esta nueva generación de incendios forestales.

En este punto adquieren especial relevancia las reflexiones del biólogo Ricardo Almenar (El Monte Protector, 2018), quien ha insistido en que el monte, con bosque o con matorral, no puede contemplarse únicamente como una superficie vegetal o un espacio desconectado del funcionamiento de nuestra sociedad. Constituye un capital natural cuyos servicios ecosistémicos sostienen buena parte del bienestar colectivo.

Los bosques y el resto de la vegetación regulan el ciclo hidrológico, favorecen la infiltración del agua y la recarga de los acuíferos, reducen la erosión del suelo, capturan millones de toneladas de dióxido de carbono, moderan las temperaturas, preservan la biodiversidad, amortiguan inundaciones, protegen los cultivos, generan paisajes que sustentan el turismo y mejoran incluso la salud física y mental de la población.

La economía ambiental denomina a estas funciones servicios ecosistémicos, precisamente porque representan beneficios reales, aunque habitualmente no aparezcan reflejados en la contabilidad pública. Su pérdida supone costes enormes para toda la sociedad, sin embargo, estos se manifiesten años después en forma de inundaciones, desertificación, pérdida de biodiversidad, incapacidad para absorber emisiones contaminantes, disminución de recursos hídricos o empobrecimiento del medio rural.

Como ha defendido Almenar en sus trabajos sobre gobernanza ambiental el bosque debe entenderse como una auténtica infraestructura pública natural. Del mismo modo que una administración invierte en carreteras, hospitales o depuradoras porque prestan un servicio esencial, también debería invertir de manera estable en la conservación y gestión forestal, pues el rendimiento social y económico de esa inversión resulta extraordinariamente elevado. Los incendios no son meros accidentes estivales ni desastres inevitables de la naturaleza. Son la consecuencia de décadas de abandono rural, de políticas forestales erráticas o inexistentes y de una visión reduccionista del monte como un espacio marginal. La obra de Almenar pretende revertir este diagnóstico proponiendo un cambio de paradigma: contabilizar los beneficios que los bosques aportan a la sociedad y devolver a esos ecosistemas, en forma de políticas públicas de inversión, ayudas y fomento a los productos agropecuarios, una parte de esa riqueza.

Hoy, mientras el humo asfixia aldeas, pueblos y llega al mismísimo Madrid, mientras miles de personas ven cómo sus casas y recuerdos se reducen a cenizas, incluso algunos pierden sus vidas, es urgente recuperar propuestas y prácticas como las que Almenar formula: el bosque como manto protector, el monte como bien común que garantiza la vida presente y futura. Sigue proponiendo establecer reglas claras para medir lo que los bosques aportan, más allá de la producción maderera, esos otros beneficios invisibles. Enumeró servicios ecosistémicos, que en su ensayo definió desde un enfoque pedagógico sin que ninguna administración haya hecho el mínimo caso hasta hoy. Es más, los incendios se han convertido hoy en otro motivo de bronca política buscando obscenos rendimientos y, no hace muchos años, también en fuente de enriquecimiento sucio como el caso del exconseller valenciano del PP, Serafín Castellano, condenado en el proceso que se conoció como La trama del fuego por cobrar sobornos por adjudicar servicios de extinción a empresas corruptoras. Unos jugándose la vida o perdiendo sus haciendas, otros enriqueciéndose con tanta desgracia. Y a pesar de que se hayan producido hechos tan bochornosos, un verdadero reconocimiento debe dirigirse a los miles de profesionales que, con enorme riesgo personal, trabajan defendiendo vidas humanas y patrimonio natural muchas veces con medios escasos. Bomberos, agentes forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y voluntarios representan lo mejor del servicio público. A estos traicionan quienes convierten los incendios en motivo de carnaza política, huida de sus responsabilidades o en vía de enriquecimiento corrupto.

La prevención nunca ha sido un gasto en ningún ámbito. Y menos en la prevención de incendios forestales, muy al contrario, es una inversión. La buena gestión forestal es inseparable de esas estrategias de prevención que pasan por integrar conocimientos y profesionalidad de técnicos, agentes forestales, bomberos especializados, propietarios forestales, la ciencia y las administraciones locales. Es una estrategia continua que no debe depender exclusivamente de cada campaña estival. El objetivo no consiste únicamente en apagar incendios, sino en evitar que se produzcan y, en su caso, que alcancen una intensidad incontrolable. El 90 por 100 de los incendios tienen causas humanas, mayoritariamente negligencias y accidentes, sobre ellas se debe actuar. Además, el cambio climático convierte los incendios forestales en un desafío estructural para las próximas décadas. Ante esa realidad, las administraciones no pueden limitarse a reaccionar cuando aparece la emergencia. Deben anticiparse mediante políticas públicas sostenidas en el tiempo, financiación suficiente, planificación científica y una gestión del territorio basada en el conocimiento y en el interés general.

La solidaridad del Estado seguirá siendo imprescindible cuando una catástrofe supere objetivamente la capacidad de respuesta de cualquier comunidad autónoma. Pero esa solidaridad no puede convertirse en una fórmula para diluir responsabilidades políticas o administrativas o en una maniobra de confusión de responsabilidades en la que tal vez subyazca la enfermiza obsesión con un gobierno al que se quiere ver fracasar ante unos incendios desbocados como los de Madrid. El gobierno autonómico solo adquiere pleno sentido cuando se vincula inseparablemente con la responsabilidad y con el compromiso con su territorio y con los ciudadanos que lo habitan. A no ser que la agenda oculta sea prescindir del Estado de las autonomías.

Porque como hemos dicho, proteger el monte no significa únicamente preservar árboles. Significa proteger agua, clima, biodiversidad, economía, salud, paisaje y calidad de vida. En definitiva, significa proteger un patrimonio y un futuro común cuyo valor excede con mucho cualquier cálculo presupuestario anual. Y esa es una responsabilidad que ninguna administración debería delegar y menos cuando se dispone de los recursos necesarios para asumirla como es el caso de la Comunidad de Madrid, el territorio que mayor riqueza acumula de España.

Els pressupostos bàrbars (I)

Dèiem en l'article anterior que els pressupostos públics mai no són un document neutre. No constitueixen una simple relació d'ingressos i despeses, sinó l'expressió de com es pretén plasmar en la realitat una determinada concepció de la societat. Darrere de cada partida pressupostària hi ha una idea de com s'ha d'organitzar una col·lectivitat, una escala de prioritats i una resposta implícita a una pregunta fonamental: qui ha de suportar els costos de l'Estat i qui n'ha de resultar beneficiat pel funcionament mateix de l'Estat. I aquesta pregunta es repeteix igualment en els diferents nivells de govern, tant el local com l'autonòmic.

Per això els pressupostos poden servir per a enfortir les institucions o per a afeblir-les, i fins i tot per a fer-les desaparèixer. Poden protegir la ciutadania o, per contra, deixar-la desemparada davant de riscos perfectament previsibles. Les primeres decisions adoptades pel govern del Partit Popular i Vox després d'accedir al Consell l'any 2023 constitueixen un exemple paradigmàtic d'aquesta manera d'entendre l'acció pública. Entre aquestes decisions figuraven la supressió de la Unitat Valenciana d'Emergències, concebuda per a millorar la resposta, la coordinació, la planificació i la direcció dels diferents serveis que intervenen en les catàstrofes naturals; i, d'altra banda, la desaparició de l'Agència Valenciana del Canvi Climàtic, cridada a dissenyar estratègies de mitigació, adaptació i avaluació de la petjada de carboni en les polítiques públiques, assumint aquell vell principi, encara plenament vigent, de pensar globalment i actuar localment, derivat de l'Informe Brundtland publicat per les Nacions Unides l'any 1987, l'objectiu principal del qual era alertar el món sobre les conseqüències mediambientals i humanes d'un desenvolupament econòmic insostenible.

Cap d'aquelles supressions no va ser conseqüència d'una anàlisi seriosa sobre la seua eficàcia, el seu cost o la seua utilitat social. No va existir cap estudi que demostrara que aquells organismes foren innecessaris. L'única justificació repetida fins a la sacietat coincidint amb determinats corrents ideològics va ser la de treure despeses supèrflues o eliminar els anomenats «xiringuitos». Curiosament, aquest suposat rigor desapareix quan es tracta de multiplicar alts càrrecs, assessors, estructures paral·leles o nomenaments aleshores la utilitat dels quals mai no se sotmet a un veritable exercici de rendició de comptes, com ara ha passat amb la plaça extraordinàriament ben retribuïda adjudicada a la parella de l'actual president del Consell. I també desapareix quan es tracta de subvencionar o adjudicar contractes de dubtosa utilitat als afins. Que, a més, estiguen pontificant sobre la despesa supèrflua i els «xiringuitos» aquells que van arruïnar el país amb les seues Fórmula 1, regates elitistes milionàries, fundacions i empreses públiques saquejades, pèrdua del sistema financer valencià, corrupció sistèmica... ens dona com a resultat un autèntic monument al cinisme.

Tanmateix, ningú amb un mínim de sentit comú no pot sostenir que preparar una societat davant de desastres —ja siguen incendis, inundacions o fenòmens meteorològics extrems— constituïa una despesa supèrflua. De la mateixa manera que ningú assenyat no pot negar seriosament que el canvi climàtic representa hui un dels principals desafiaments per a qualsevol govern responsable. La tragèdia provocada per la DANA no va fer sinó demostrar, amb un dramatisme insofrible, el preu que es pot arribar a pagar quan el fanatisme ideològic substitueix la planificació responsable i el dogmatisme desplaça el coneixement científic i tècnic.

Encara roman en la memòria col·lectiva el desconcert delictiu d'aquella reunió del CECOPI en la vespra del pont de l'1 de novembre, convertida ja en símbol de la ineptitud i de la indignitat que mai no podran esborrar-se de la consciència de la societat valenciana. Un president neci, reclòs en el reservat d'un restaurant mentre morien 230 persones, aliè al que estava passant als seus conciutadans; una vicepresidenta de festa, desatenent les àrees de la seua competència; i una consellera incapaç d'organitzar res, ni tan sols l'enviament a temps d'una alerta que hauria pogut salvar tantes vides. I una frase amenaçant de l'alter ego presidencial planant sobre tanta desgràcia: «Salo, de confinar, nada».

Una anàlisi objectiva d'aquells esdeveniments i de les seues causes conduiria inevitablement a revisar aquelles decisions de supressió adoptades el 2023 per tal de reforçar, amb tots els mitjans possibles, les estructures públiques de prevenció i gestió d'emergències. Tanmateix, els pressupostos de la Generalitat per a 2026 insisteixen, de manera fanàtica, en el mateix error.

I és precisament ací on apareix la segona gran característica d'aquests pressupostos: la reducció sistemàtica dels ingressos públics mitjançant rebaixes fiscals que, casualment, beneficien preferentment aquells qui disposen d'una capacitat econòmica més elevada: impost sobre el patrimoni, impost sobre successions i donacions, deduccions selectives en la quota autonòmica de l'IRPF...

Davant del principi constitucional de progressivitat tributària, segons el qual qui més capacitat econòmica té ha de contribuir en major mesura al sosteniment de les despeses públiques, se'ns imposa una concepció fiscal que identifica qualsevol impost amb un obstacle a eliminar i qualsevol reducció tributària amb una virtut.

En el punt culminant d'aquesta lògica, la seua màxima expressió va ser la supressió de la possibilitat d'establir una taxa turística, aprovada l'any 2022 pel Consell del Botànic. Supressió presentada per l'infame Mazón com una rebaixa d'impostos constituïa, en realitat, exactament el contrari. No elimina cap cost. No redueix ni un sol euro de la despesa que el turisme genera sobre les nostres ciutats. L’única cosa que fa és traslladar la factura des d'aquells que provoquen aquestes despeses extraordinàries fins a la butxaca dels ciutadans.

Perquè el turisme no ens ix debades. Mai no ho ha fet. Cada visitant que gaudeix de les nostres platges, dels nostres monuments, de la nostra gastronomia o de les nostres festes utilitza un espai urbà que funciona gràcies a l'esforç permanent dels qui hi viuen durant tot l'any. Carrers que cal netejar, platges que requereixen un manteniment constant, parcs, jardins, enllumenat públic, seguretat ciutadana, transport públic reforçat, mobiliari urbà, increment del consum de béns escassos com l'aigua, tractament i depuració d'aquesta, recollida de residus, conservació del patrimoni històric o atenció sanitària. Tot això representa un cost creixent quan milions de persones utilitzen unes infraestructures dimensionades originàriament per a una població resident molt inferior.

Aquest cost existeix, encara que no aparega reflectit en la factura de l'hotel o de l'apartament turístic. I algú l'ha d'assumir. Hi ha un principi universalment acceptat en les finances públiques i en el dret ambiental: qui genera un cost per a la col·lectivitat ha de contribuir raonablement a finançar-lo. És el mateix principi que inspira la fiscalitat ambiental europea i les polítiques de recuperació de costos. Qui contamina paga. Qui utilitza intensament un recurs comú ha de contribuir a conservar-lo. No com una sanció, sinó com una expressió elemental de justícia distributiva.

Els pressupostos de la Generalitat fan exactament el contrari. Han decidit que aquest cost extraordinari derivat del turisme recaiga sobre tots els valencians mitjançant els impostos generals. L'anomenada «no taxa turística» no significa que desapareguen els costos i les càrregues que genera el turisme. Significa únicament que canvia el subjecte obligat a pagar-los. Mentre hotels, apartaments turístics, plataformes digitals i altres activitats vinculades al sector obtenen els beneficis derivats de l'afluència creixent i continuada de turistes, el cost de mantindre la ciutat i el seu ecosistema és suportat pel conjunt de la ciutadania autòctona. Els beneficis es privatitzen; els costos es socialitzen.

Poques subvencions resulten tan invisibles com aquella que mai no apareix escrita en els pressupostos. Però existeix. Consisteix a finançar amb recursos públics els costos derivats d'una activitat econòmica extraordinàriament rendible, mentre aquests mateixos pressupostos redueixen inversions socials, educatives, sanitàries, culturals o ambientals.

En la decisió del Consell de Mazón de suprimir la taxa turística, i en la del Consell actual presidit per Pérez Llorca de mantindre aquesta derogació, no és aliena la influència del lobby hoteler, tan pròxim a tots dos governs, que pressiona per impedir una taxa no pel seu import, clarament irrellevant, sinó perquè la seua mera gestió comportaria un control molt més gran dels ingressos extraordinaris que obté el sector. A aquesta mena de mesures fiscalment regressives les anomenen, paradoxalment, desregulació.

Les dades permeten comprendre la magnitud de l'error. La ciutat de València va registrar durant l'any 2025 prop de sis milions de pernoctacions hoteleres. Una taxa de tres euros per nit —la mateixa que es paga actualment en els municipis turístics de Catalunya, inclosa Barcelona— hauria generat aproximadament divuit milions d'euros destinats a finançar la neteja urbana, el transport públic, el manteniment del patrimoni, les platges, els jardins o les polítiques d'habitatge. Amb aquesta quantitat també s'hauria pogut finançar la construcció de dos instituts d'educació secundària completament equipats.

Si aquesta taxa s'haguera estès al conjunt del País Valencià, on les pernoctacions van arribar als 31,5 milions, la recaptació hauria assolit prop de cent milions d'euros, és a dir, el cost aproximat de construir un hospital de cent llits.

No estem parlant de crear un nou impost per incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania, sinó d'atribuir de manera justa el finançament d'uns costos que ja existeixen a aquells que realment els generen: els turistes. Això és exactament el que fa anys que han entès ciutats com Barcelona, París, Roma, Amsterdam o Venècia, entre moltes altres. Cap d'elles no ha deixat de ser una potència turística per aplicar una taxa destinada precisament a preservar allò que atrau milions de visitants: la qualitat de l'espai públic, la conservació del patrimoni, la mobilitat, la neteja, la sostenibilitat i la qualitat de vida dels qui hi resideixen. Tanmateix, el Consell, amb aquests pressupostos per a 2026, ha decidit recórrer el camí invers.

I el problema no acaba ací. L'expansió del turisme intensiu també ha contribuït a tensionar el mercat de l'habitatge. Milers d'immobles han abandonat el mercat residencial del lloguer per convertir-se en apartaments turístics molt més rendibles. La conseqüència la coneixem tots: disminució de l'oferta disponible d'habitatges, increment desmesurat dels preus i dificultats creixents d'accés a un habitatge digne per a milers de joves i de famílies. Paradoxalment, aquests mateixos ciutadans acaben finançant, mitjançant els seus impostos, una part dels costos derivats d'un model econòmic que contribueix a expulsar-los dels seus propis barris. I, per si no n'hi haguera prou, els pocs habitatges públics que construeixen acaben quedant-se'ls ells.

La contradicció és difícilment admissible. I encara adquireix una dimensió més gran quan la renúncia a aquests ingressos públics coincideix amb noves rebaixes fiscals dirigides als qui disposen d'una capacitat econòmica més elevada i amb una apropiació corrupta dels recursos públics repartida entre els seus sequaços. Les matemàtiques pressupostàries són tossudes i acaben cantant-ho tot. Si disminueixen els ingressos mentre les despeses es mantenen o augmenten, només existeixen tres eixides possibles: incrementar un dèficit ja de per si injust i desmesurat; augmentar l'endeutament, amb el consegüent increment de la despesa financera derivada dels interessos; o deteriorar els serveis públics. Els pressupostos per a 2026 sembla que han optat per les tres alhora. Per això aquests pressupostos no sols decideixen què es finança i què s'abandona. Decideixen també qui es queda amb els beneficis i qui ha d'assumir els sacrificis.

Aquest és el vertader significat de l'anomenada «no taxa turística». No desapareix la despesa. Desapareix únicament l'obligació d'assumir-la per part d'aquells que n'obtenen el benefici. Amb aquests subterfugis se subvenciona, de manera encoberta, el sector hoteler. I quan això passa, ja no ens trobem davant d'una política pressupostària raonable. Ens trobem davant d'una flagrant injustícia fiscal, en què els beneficis queden en mans d'uns pocs mentre els costos es reparteixen entre tota la societat. Aquest és, probablement, el tret més definitori d'aquests pressupostos. I també un altra raó per la qual mereixen, amb tota propietat, el qualificatiu de pressupostos bàrbars.

Els pressupostos bàrbars (I)

Decíamos en el artículo anterior que los presupuestos públicos nunca son un documento neutro. No constituyen una simple relación de ingresos y gastos, sino la expresión de cómo se pretende plasmar en la realidad una determinada concepción de la sociedad. Detrás de cada partida presupuestaria hay una idea de cómo debe organizarse una colectividad, una escala de prioridades y una respuesta implícita a una pregunta básica: quién debe soportar los costes del Estado y quién resultar beneficiado del funcionamiento del propio Estado. Y esta pregunta se repite en los respectivos niveles locales y autonómicos.

Por eso los presupuestos pueden servir para fortalecer las instituciones o para debilitarlas, también para hacerlas desaparecer. Pueden proteger a la ciudadanía o por el contrario dejarla desarmada frente a riesgos perfectamente previsibles. Las primeras decisiones adoptadas por el gobierno del Partido Popular y Vox tras acceder al Consell en 2023 constituyen un ejemplo paradigmático de esa forma de entender la acción pública. Entre ellas figuraron la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias, concebida para mejorar la respuesta, coordinación, planificación y dirección de los distintos servicios que intervienen en las catástrofes naturales; y por otra parte la desaparición de la Agencia Valenciana del Cambio Climático, llamada a diseñar estrategias de mitigación, adaptación y evaluación de la huella de carbono en las políticas públicas, al sumir aquel viejo principio plenamente vigente de pensar globalmente y actuar localmente derivado del Informe Brundtland publicado por Naciones Unidas en 1987 y cuyo objetivo principal fue alertar al mundo sobre las consecuencias medioambientales y humanas de un desarrollo económico insostenible.

Ninguna de aquellas cancelaciones fue consecuencia de un análisis serio sobre su eficacia, su coste o su utilidad social. No existió un estudio que demostrara su innecesaridad. La única justificación repetida hasta la saciedad por determinadas corrientes ideológicas fue la de quitar gastos superfluos o eliminar los llamados “chiringuitos”. Curiosamente, ese rigor desaparece cuando se trata de multiplicar altos cargos, asesores, estructuras paralelas o nombramientos cuya utilidad nunca se somete a un verdadero ejercicio de rendición de cuentas como la plaza hiper retribuida adjudicada a la pareja del actual presidente. Y también desaparece cuando se trata de subvencionar o de adjudicar contratos de dudosa utilidad a los afines. Que además pontifiquen sobre gastos superfluos y chiringuitos aquellos que arruinaron el país con sus ruinosas Formula-1, regatas elitistas millonarias, fundaciones y empresas públicas saqueadas, quiebra del sistema financiero valenciano, corrupción sistémica… da como resultado un desvergonzado monumento al cinismo.

Sin embargo, nadie razonablemente puede sostener que preparar a una sociedad frente a desastres, sean incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos constituya un gasto superfluo. Del mismo modo que nadie cuerdo puede negar seriamente que el cambio climático representa hoy uno de los principales desafíos para cualquier gobierno responsable. La tragedia provocada por la DANA no hizo sino demostrar, con un dramatismo insoportable, el precio que puede llegar a pagarse cuando el fanatismo ideológico sustituye a la planificación y el dogmatismo desplaza al conocimiento científico y técnico. Aún permanece en la memoria colectiva el desconcierto delictivo de aquella reunión del CECOPI en la víspera del puente del 1° de noviembre, convertida ya en símbolo de la ineptitud y de indignidad que nunca podrá borrarse de la conciencia de la sociedad valenciana. Un presidente necio en el reservado de un restaurante mientras morían 230 personas ajeno a lo que les ocurría a sus ciudadanos; una vicepresidenta de fiesta desatendiendo las áreas de su competencia; y una consellera incapaz de organizar nada, ni siquiera el envío a tiempo de una alerta que tantas vidas hubiera podido salvar. Y una frase amenazante del alter ego presidencial planeando sobre tanto desastre “Salo, de confinar nada”.

Un análisis objetivo de aquellos acontecimientos y sus causas conduciría inevitablemente a revisar aquellas decisiones cancelatorias de 2023 para reforzar por todos los medios las estructuras públicas de prevención y gestión de emergencias. Sin embargo, los presupuestos de la Generlitat para 2026 insisten fanáticamente en el error.

Y es precisamente ahí donde aparece la segunda gran característica de estos presupuestos: la reducción sistemática de los ingresos públicos mediante rebajas fiscales que, casualmente, benefician de forma preferente a quienes disponen de una mayor capacidad económica: Impuesto sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, deducciones selectivas en la cuota autonómica del IRPF... Frente al principio constitucional de progresividad tributaria, según el cual quien más capacidad económica posee debe contribuir en mayor medida al sostenimiento de los gastos públicos, nos imponen una concepción fiscal que identifica cualquier impuesto con un obstáculo y cualquier reducción tributaria con una virtud.

Y en el cénit de esa lógica alcanzó su máxima expresión la supresión de la posibilidad de establecer una tasa turística aprobada en 2022 por el Consell del Botànic. Presentada esta cancelación por el infame Mazón como una rebaja de impuestos, constituye en realidad exactamente lo contrario. No elimina ningún coste. No reduce un solo euro del gasto que el turismo genera sobre nuestras ciudades. Lo único que hace es desplazar la factura a pagar desde quienes provocan esos gastos extraordinarios hacia el bolsillo de los ciudadanos.

Porque el turismo no nos sale gratis. Nunca lo ha sido. Cada visitante que disfruta de nuestras playas, de nuestros monumentos, de nuestra gastronomía o de nuestras fiestas utiliza un espacio urbano que funciona gracias al esfuerzo permanente de quienes viven en él durante todo el año. Calles que deben limpiarse, playas que requieren mantenimiento constante, parques, jardines, alumbrado, seguridad ciudadana, transporte público reforzado, mobiliario urbano, incremento del consumo de bienes escasos como el agua, su tratamiento y depuración, recogida de residuos, conservación del patrimonio histórico o atención sanitaria. Todo ello supone un coste creciente cuando millones de personas utilizan unas infraestructuras dimensionadas originalmente para una población residente muy inferior.

Ese coste existe, aunque no aparezca reflejado en la factura del hotel o del apartamento turístico. Y alguien debe asumirlo. Existe un principio universalmente aceptado en las finanzas públicas y en el Derecho ambiental: quien genera un coste para la colectividad debe contribuir razonablemente a financiarlo. Es el mismo principio que inspira la fiscalidad ambiental europea y las políticas de recuperación de costes. Quien contamina paga. Quien utiliza intensivamente un recurso común debe contribuir a conservarlo. No como una sanción, sino como expresión elemental de justicia distributiva.

Los presupuestos de la Generalitat hacen exactamente lo contrario. Han decidido que ese coste extraordinario derivado del turismo recaiga sobre todos los valencianos mediante los impuestos generales. La denominada “no tasa turística” no significa que desaparezcan los costes y cargas del turismo. Significa únicamente que cambia el sujeto obligado a pagarlo. Mientras hoteles, apartamentos turísticos, plataformas digitales y otras actividades vinculadas al sector obtienen los beneficios derivados de la afluencia creciente y continúa de turistas, el coste de mantener la ciudad y su ecosistema es soportado por el conjunto de la ciudadanía autóctona. Los beneficios se privatizan, los costes se socializan.

Pocas subvenciones resultan tan invisibles como aquella que nunca aparece escrita en los presupuestos. Pero existe. Consistente en financiar con recursos públicos los costes derivados de una actividad económica extraordinariamente rentable, mientras esos mismos presupuestos reducen inversiones sociales, educativas, sanitarias, culturales o ambientales. En la decisión del Consell de Mazón de suprimir la tasa turística y la de mantener dicha cancelación por parte del actual Consell de Pérez Llorca no es ajeno el lobby hotelero, tan cercano a ellos, que presiona para impedir una tasa no por su ínfimo importe sino porque su mera gestión conllevaría un mayor control de los ingresos descomunales que obtiene el sector. Imponer estas medidas fiscalmente regresivas lo llaman desregulación.

Los datos permiten comprender la magnitud del error de esta decisión. La ciudad de València registró durante 2025 cerca de seis millones de pernoctaciones hoteleras. Una tasa de 3 euros por noche (la que se paga actualmente en los municipios turísticos de Cataluña incluyendo Barcelona) habría generado aproximadamente dieciocho millones de euros destinados a financiar limpieza urbana, transporte público, mantenimiento del patrimonio, playas, jardines o políticas de vivienda. Con esa cantidad también se podía financiar la construcción de dos institutos de enseñanza secundaria completamente equipados. Extendida la tasa al conjunto del País Valencià, donde las pernoctaciones fueron de 31,5 millones la recaudación alcanzaría casi 100 millones de euros, el coste aproximado de construir un hospital de 120 camas.

No estamos hablando de crear un nuevo impuesto para incrementar la presión fiscal a la ciudadanía, sino de atribuir de manera justa la financiación de unos costes que ya existen a quienes realmente los generan: los turistas. Eso es exactamente lo que han entendido desde hace años ciudades como Barcelona, París, Roma, Ámsterdam o Venecia entre otras muchas. Ninguna de ellas ha dejado de ser una potencia turística por aplicar una tasa destinada a preservar aquello que precisamente atrae a millones de visitantes: la calidad del espacio público, la conservación del patrimonio, la movilidad, la limpieza, la sostenibilidad y la calidad de vida de quienes residen en ellas. Sin embargo, el Consell con estos presupuestos para 2026 ha decidido recorrer el camino inverso.

Y el problema no termina ahí. La expansión del turismo intensivo ha contribuido también a tensionar el mercado de la vivienda. Miles de inmuebles han abandonado el mercado y el alquiler residencial para convertirse en apartamentos turísticos mucho más rentables. La consecuencia todos la sabemos: disminución de la oferta disponible de viviendas, aumento desmesurado de precios y la dificultad al acceso a una vivienda para miles de jóvenes y familias. Paradójicamente, esos mismos ciudadanos terminan financiando, mediante sus impuestos, parte de los costes derivados del modelo que contribuye a expulsarlos de sus propios barrios. Para más escándalo, las escasas viviendas públicas que construyen se las quedan ellos.

La contradicción resulta difícilmente admisible. Y todavía adquiere una dimensión mayor cuando la renuncia a estos ingresos públicos coincide con nuevas rebajas fiscales dirigidas a quienes poseen una mayor capacidad económica y a una apropiación corrupta de los recursos públicos repartida entre sus secuaces. Las matemáticas presupuestarias son obstinadas y lo terminan cantando todo. Si disminuyen los ingresos mientras los gastos permanecen o aumentan, únicamente existen tres salidas posibles: incrementar el déficit ya de por sí injusto y desmesurado, aumentar el endeudamiento incrementando el gasto por los intereses o deteriorar los servicios públicos. Los presupuestos para 2026 parece que han elegido las tres salidas a la vez. Por eso estos presupuestos no solo deciden qué se financia y qué se abandona. Deciden también quién se queda con los beneficios y quién soporta los sacrificios.

Ese es el verdadero significado de la denominada “no tasa turística”. No desaparece el gasto. Desaparece únicamente la obligación de pagarlo por parte de quienes obtienen el beneficio. Se subvenciona con estos subterfugios a los amigos hoteleros. Y cuando eso sucede, no estamos ante una política presupuestaria razonable. Estamos ante una fragrante injusticia fiscal en la que los beneficios los reciben unos pocos y los costes se reparten entre todos. Ese, probablemente, sea el rasgo más definitorio de estos presupuestos. Y también la razón por la que merecen, con toda propiedad, el calificativo de presupuestos bárbaros.

Cada xifra, cada línia pressupostària és una declaració de valors. Els pressupostos són molt més que una comptabilitat publica, constitueixen l’autèntic taulell que mostra la jerarquia moral dels governs. Quan hi ha increment es revela una prioritat. Quan per contra, hi ha reduccions s’està anunciants una renúncia.

Per això, davant la lectura dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2026 cal preguntar-se què ens diuen sobre el projecte de societat, que hi amaguen. Quina idea de país expressen. Quina concepció de l’autogovern projecten. Què consideren digne de ser preservat i què entenen que es pot fer desaparèixer.

És cert que una comunitat política no existeix únicament perquè així ho determine una norma jurídica, en el nostre cas, l’Estatut d’Autonomia de 1982. Les lleis poden crear estructures administratives i institucions però el País Valencià existeix des de 1238 quan el fundà un rei nascut a Montpeller i que parlava i escrivia català. Primer en forma de regne, després de 1707 en forma de “región” fins que en 1982 aquesta comunitat política es constitueix com autogovern dels valencians al culminar el desig dels anys de lluita contra la dictadura franquista representats pel crit de “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”. Per això, els sociòlegs sostenen que el que converteix un territori i la seua població en una comunitat política és l’existència d’una memòria comuna, compartida i reconeguda; l’existència d’una cultura pròpia, d’un patrimoni comú i d’una llengua que dóna forma a la manera particular d’entendre el món.

Aquesta és la raó per la qual totes les societats democràtiques protegeixen les seues institucions culturals amb una cura especial. Ningú no entendria que els pressupostos generals de l’Estat reduïren significativament els recursos destinats a la Real Academia de la Lengua o al Instituto Cervantes. Ningú qualificaria una decisió com aquesta com una simple racionalització administrativa. Més bé es consideraria, amb tota lògica, una agressió a un dels instruments fonamentals de projecció de la llengua i de la cultura espanyoles.

Tanmateix, quan les retallades afecten les institucions que protegeixen el valencià, alguns pretenen presentar-les com si foren decisions neutres, simples ajustaments pressupostaris sense cap transcendència política. Però no existeixen pressupostos neutres. Tampoc existeixen retallades innocents quan afecten els fonaments culturals d’un poble.

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana no tracta la llengua pròpia com un element ornamental sinó com la llengua pròpia dels valencians, en convivència amb la llengua de l’Estat sí, però al mateix nivell. El valencià hi és reconegut com un dels pilars de l’autogovern i l’identitat diferencial valenciana, un patrimoni col·lectiu que els poders públics tenen l’obligació de protegir, promoure i transmetre. No és una qüestió secundaria, és un mandat imperatiu i per això s’incorporà com institució estatutària l’Academia Valenciana de la Llengua amb una funció essencial: preservar i potenciar el vehicle amb el que hem vingut expressant-nos els valencians des de 1238.

Per això, quan un govern debilita les institucions destinades a conservar la nostra història i garantir la normalitat social de l’ús de la llengua pròpia, no està reduint una despesa accessòria. Està alterant una de les condicions que justifiquen l’existència mateixa d’una comunitat política i la seua autonomia. Està anant contra la pròpia llei constitutiva de l’actua época d’autogovern: l’Estatut d’Autonomia. Perquè les llengües no viuen únicament als diccionaris, ni als arxius, ni als textos històrics. Viuen en les moltes diverses manifestacions del poble, viuen en les seues institucions, en les escoles, als teatres, als llibres, a les cançons, al cinema, a les universitats, als mitjans de comunicació, a les editorials, als festivals, als museus, als centres culturals i als carrers. Sense aquests espais de convivència i creació, una llengua pot acabar en convertint-se en un objecte arqueològic tal i com ha passat en la història i sembla que pot continuar passant. La colonització espanyola d’Amèrica va fer desaparèixer més de mil llengües. Alguns dels hereus d’aquella barrabassada no s’expliquen como sent capaços de fer allò en tan extens continent, ací no han acabat amb les llengües pròpies dels bascos, catalans, valencians, ilerdencs, gallecs, asturians... eixe nacionalisme propi de bàrbars és el que hi ha darrere dels pressupostos de la Generalitat per a 2026.

Tenim motius per a preocupar-nos per les reduccions pressupostàries que afecten simultàniament a la producció audiovisual, a les arts escèniques, a la música, a l’edició, al manteniment del patrimoni històric, a la construcció de centres culturals, a altres sectors i a la pròpia Acadèmia de la Llengua. No són decisions casuals ni conseqüència del lamentable dèficit de finançament que pateix la Comunitat Valenciana doncs als mateixos pressupostos es veuen partides tan pintoresques como les que subvencionen el foment del maltracte animal. Són uns pressupostos que responen a una determinada idea de en què es vol convertir al poble valencià: brutalitzar-lo començant per afeblir la seua cultura per a que un dia tornem a ser una “región de España”, de quan el valencià no es podia usar oficialment i es tenia que resistir per sobreviure. És el que expressen les conductes dels que es neguen a fer ús del valencià malgrat que les lleis contemplen el dret de conèixer-lo i parlar-lo, a la vegada que acusen als qui el parlen, escriuen i defensen de “catalanistas”.

I encara resulta més preocupant quan aquestes decisions conviuen amb episodis de censura de llibres, cancelacio de representacions teatrals, actuacions musicals o activitats educatives. Una subvenció que desapareix, una programació que s’elimina, una biblioteca que deixa d’adquirir determinades obres, un creador que deixa de ser convidat a un circuit cultural perquè incomoda... configuren l’estela de la ruïna cultural que quedarà després del pas dels bàrbars.

Hannah Arendt advertia a La condició humana (1958) que la permanència del món civilitzat depèn de les obres que una societat és capaç de conservar i transmetre. La cultura és, precisament, aquest espai de permanència i quan una societat deixa de protegir-la, no sols empobreix el seu present sinó que compromet també el seu futur. També George Steiner, a Language and Silence (1967), recordava que cada llengua representa una manera irrepetible de comprendre la realitat. Quan una llengua retrocedeix, no sols desapareixen paraules, desapareix una forma singular de mirar el món i el substrat sobre el que s’articula l’activitat de pensar. El primer que fan els colonitzadors quan arrasen un país, i com una forma de reforçar el seu domini, és prohibir i intentar fer desaparèixer la llengua pròpia del colonitzats.

Aquesta és una de les dimensions profundes dels pressupostos. Allò que no es finança deixa d’existir, i els bàrbars ho saben. No desapareix immediatament, sinó amb una lentitud gairebé imperceptible. Una companyia teatral que tanca, una editorial que deixa de publicar, un estudi audiovisual que atura la seua activitat, una productora que renuncia a crear en valencià, un investigador que sols usa la llengua dominant, un centre cultural que es paralitza... Cap d’aquests fets provoca grans titulars. Però tots junts acaben conduint un país a la decadència.

Albert Camus, a L’home revoltat (1951), escrivia que tota civilització es defineix pels límits que decideix no traspassar. Hi ha decisions que poden resultar legítimes i, tanmateix, ser destructives des d’una perspectiva cultural. Quan l’estalvi econòmic es converteix en coartada per abandonar el patrimoni cultural i lingüístic d’un país, el problema puja d’escala fins a qualificar-lo d’atemptatcontra els pilars sobre els que descansa la identitat d’una comunitat i, debilitant els principals símbols compartits, s’erosiona el propi autogovern albirant que el motiu de fons encara inconfessable és que la comunitat política valenciana torne a la vella condició de “región”.

Vicent Andrés Estellés, al Mural del País Valencià, va convertir la llengua en territori, en memòria i en dignitat. El seu poemari és una demostració de que un poble no és només una suma d’habitants residint en uns milers de kilòmetres quadrats sinó una comunitat que comparteix paraules, records, història i esperances. Quan els poders públics deixen de protegir aquests vincles, no sols administren pitjor sinó que governen contra una part essencial del país que diuen representar.

I ací emergeix la pregunta fonamental: pot considerar-se valencià en el sentit polític uns partits que devaluen sistemàticament la llengua pròpia dels valencians? Pot afirmar que defensa la identitat col·lectiva aquell que debilita les institucions encarregades de preservar-la? Pot invocar l’autogovern qui redueix els recursos destinats a allò que és el substrat de l’existència mateixa d’aquest autogovern?. Les respostes no depenen de la ideologia de cadascú, depenen de quí està a favor o en contra de la barbarie.

Els pobles no desapareixen sols al ser conquerits. També poden dissoldre’s lentament quan els qui governen deixen de considerar valuós allò que és propi i els fa diferents. Les llengües rarament moren de manera sobtada, moren per abandonament institucional, per indiferència política i per resignació social.

És aleshores quan els pressupostos deixen de ser una simple eina comptable per convertir-se en una arma ideològica d’agressió a la cultura d’un poble.

Els pobles tampoc no desapareixen el dia que perden el seu autogovern, desapareixen el dia que deixen de defensar la seua identitat, la seua cultura i la seua memòria. I aquesta decisió hui en dia no es pren als camps de batalla. Es pren des dels despatxos on es preparen lleis com la del pressupost de 2026.

Potser, quan els historiadors del futur vulguen comprendre aquesta etapa del nostre país, no necessitaran llegir tots els discursos pronunciats a les Corts. Els bastarà anar als diaris oficials on estan publicats els pressupostos. Allí trobaran, amb la fredor incontestable de les xifres, la resposta a una pregunta decisiva: què va decidir protegir aquell govern i què van decidir cancel•lar els bàrbars.

Perquè els números mai no són neutrals. Són el llenguatge del poder.

La conjunción de poder político, dinero y captura de los controles produce monstruos. La corrupción rara vez es el resultado de la actuación aislada de una persona. Los grandes casos de corrupción pública muestran la existencia de una estructura relacional en la que convergen diversos actores y factores que permiten transformar una decisión ilegítima o arbitraria en una actuación aparentemente legal. Para comprender mejor este fenómeno resulta útil representarlo como una pirámide, en cuya cúspide se sitúan los actores que intervienen directamente en la operación corrupta mientras que la base estaría formada por las condiciones y culturas institucionales que hacen posible su desarrollo y permanencia.

La parte visible de la corrupción estaría, pues, formada por tres vértices. El primero lo constituye el político corrupto, quien dispone de la capacidad de decisión pública. Puede adjudicar contratos, otorgar subvenciones, conceder licencias, impulsar modificaciones urbanísticas o influir en nombramientos. Su aportación al sistema corrupto es el ejercicio desviado y torticero del poder que le ha sido confiado.

El segundo vértice es el corruptor, normalmente una empresa o grupo económico que persigue obtener ventajas ilegítimas respecto de sus competidores burlando las leyes del mercado que obligan a la concurrencia pública. Aporta los recursos económicos necesarios para alimentar la relación corrupta mediante sobornos, comisiones, financiación irregular al partido del político decisor, favores futuros como las puertas giratorias, o beneficios indirectos. En ocasiones intervienen intermediarios, comisionistas conocedores de las debilidades del político corruptible que se ofrecen a la empresa corruptora a cambio de una parte de los beneficios.

El tercer vértice, frecuentemente olvidado en el debate público y, lo que es más grave, en los procedimientos judiciales cuando se destapan los casos, es el funcionario que gestiona o el técnico responsable de los trámites administrativos que proporcionan apariencia de legalidad a los amaños. Es quien redacta pliegos orientados a adjudicar el contrato al corruptor, emite informes favorables de conveniencia, omite objeciones jurídicas, justifica la fragmentación de contratos o las urgencias propiciadas por ausencia intencionada de planificación, certifica ejecuciones deficientes, sobrecostes inaceptables o niega perjuicios a la administración por enriquecimientos ilícitos. Su intervención resulta decisiva porque convierte una decisión arbitraria y fraudulenta en un procedimiento aparentemente ajustado a Derecho. “No encontrarán nada, el expediente está perfecto” suelen repetir los decisores corruptos cuando se les investiga. Zaplana privatizó fraudulentamente unas ITV con unos pliegos administrativos amañados que recibieron el informe favorable de los servicios jurídicos, juzgado y condenado en primera instancia hace tres años, la sentencia definitiva sigue durmiendo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La interacción de estos tres actores produce una combinación perversa y peligrosa para el buen funcionamiento de las administraciones públicas: poder político, dinero y apariencia de legalidad. Cuando estos elementos convergen sobre una misma decisión pública, la corrupción pierde su condición de conducta individual y se transforma en un fenómeno organizativo, por eso decimos que España sufre de corrupción estructural.

Sin embargo, esta explicación sigue siendo insuficiente. Mi experiencia acumulada y el estudio de centenares de casos demuestra que estos tres actores no podrían actuar de manera sostenida sin una base institucional que lo permitiera. Por ello la imagen del triángulo termina evolucionando hacia la de una pirámide.

La base de esa pirámide está constituida por la debilidad institucional y la mala calidad de nuestra democracia carente de una estrategia estatal de prevención y lucha contra la corrupción e inmersa en una cultura de enriquecimiento desvergonzado donde comisiones millonarias por contratos adjudicados sin concurrencia quedan blanqueadas como negocios lícitos. Recuerden aquella frase de “yo he venido a la política a hacerme rico”. Después de ella hubo premio: mayorías absolutas durante veinte años. Cuando las organizaciones públicas están lideradas por personajes sin escrúpulos que impiden la existencia de sistemas de integridad eficaces y sólidos que las alineen con el interés general, los riesgos de corrupción aumentan exponencialmente. La ausencia de procedimientos claros, la discrecionalidad abusiva, la falta de planificación intencionada y la insuficiente profesionalización de las estructuras administrativas creadas a medida de este tipo de personajes, generan ecosistemas propicios para una cultura del pelotazo que pasa por la captura de los órganos que toman las decisiones públicas y de sus controles.

Un segundo elemento fundamental es la opacidad. Allí donde la información no es accesible, donde los expedientes son difíciles de consultar, donde los grupos de interés se mueven libremente entre bastidores o donde los procesos de tomas de decisión permanecen ocultos, la corrupción encuentra su terreno fértil. La transparencia no elimina por sí sola la corrupción, pero sí la dificulta enormemente.

La tercera pieza de la base es la captura o ausencia de controles efectivos. Los sistemas democráticos descansan sobre una compleja red de controles internos y externos creados precisamente como contrapesos para dificultar los desvíos de poder: intervención, auditorías, tribunales de cuentas, agencias antifraude, fiscalías especializadas, órganos de transparencia, inspecciones y control parlamentario. Cuando estos órganos son debilitados, carecen de medios suficientes o son colonizados políticamente, dejan de actuar como barreras frente a la corrupción y pueden convertirse en simples elementos decorativos del sistema o incluso en colaboradores necesarios.

La sentencia del caso Ábalos de la que tanto se está hablando deja prácticamente intactos dos de los vértices del triángulo. El corruptor, además, se ha quedado impunemente con la mayor parte del botín millonario de sus fechorías y no entrará en la cárcel que es lo que realmente temen estos delincuentes. A los responsables de los controles administrativos que debían haber impedido que sus entidades públicas sufrieran los fraudes, ni se les ha molestado.

A todo ello se suma la falta de rendición de cuentas. La corrupción prospera cuando las decisiones públicas no tienen consecuencias para quienes las adoptan. La inexistencia de responsabilidades políticas, disciplinarias, contables o penales genera un mensaje de impunidad que favorece la repetición de conductas indebidas. Si esa ausencia de consecuencias punitivas procede de los mismos tribunales, la combinación explosiva está servida. El caso Naseiro, que en mi opinión fue la madre de todas las corrupciones, terminó con un archivo por el Tribunal Supremo a principios de los años noventa del siglo pasado al anular la batería de indicios y pruebas acumuladas por el magistrado instructor y que eran mucho más contundentes que las que hoy han llevado al procesamiento del expresidente Rodríguez Zapatero. Deseado o no, aquel mensaje desde tan altas instancias de que unas grandes empresas constructoras pagasen comisiones a un partido político por obras adjudicadas sin consecuencias punitivas, abrió la barra libre donde ha bebido buena parte del sistema político actual, especialmente los dos grandes partidos que se vienen alternado en el poder desde hace cuarenta años y que durante tan largo periodo se han desentendido de las recomendaciones que en materia de prevención y lucha contra la corrupción emitían organismos como la OCDE, GRECO o el mismísimo FMI. En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destapaba que las cinco grandes constructoras (algunas ya estuvieron involucradas en el citado caso Naseiro) se repartían los grandes contratos de obras y servicios. El expediente finalizó con sanciones que sumadas alcanzaban poco más de 200 millones de euros, cantidad irrisoria si se compara con los beneficios millonarios de unos contratos que burlaron los precios de mercado durante un cuarto de siglo. Previamente, en 2013, el Tribunal de Cuentas Europeo emitió un informe en el que, comparando los costes de construcción de 1000 metros cuadrados de autopista en similares condiciones, en España costaba el doble que en Alemania.

La politización de los órganos de control constituye otro factor especialmente relevante. Cuando las instituciones llamadas a supervisar la legalidad dependen de quienes deben ser controlados, se produce un fenómeno de captura institucional que vacía de contenido los mecanismos de control y vigilancia democrática. Numerosos informes de GRECO, de la OCDE y de otros organismos internacionales han insistido en la necesidad de garantizar la independencia real de estos órganos para prevenir la corrupción.

Finalmente, la insuficiente protección de los denunciantes de corrupción constituye una de las mayores debilidades de los sistemas de integridad. En muchos casos, las primeras señales de corrupción son conocidas por empleados públicos o trabajadores que observan cómo se producen las irregularidades desde dentro de la organización. Si estas personas no cuentan con canales seguros y garantías efectivas frente a represalias, la información permanece oculta y la corrupción continúa enraizando sus tentáculos. Nadie se ha preocupado de que España cumpla íntegramente la Directiva (UE) 2019/1937 conocida como “Whistleblowers” promulgada por el parlamento europeo para proteger a las personas que informan o denuncian la corrupción, hasta los sindicatos se han desentendido cuando esta Directiva es un instrumento de protección para los trabajadores contra las represalias que sufren de los corruptos. Siete años después de su promulgación hay territorios que no cuentan con la autoridad territorial de protección impidiendo que la autoridad estatal, ya de por sí con escasos recursos, pueda actuar en esos territorios. Asimismo, se han nombrado autoridades en algún territorio con estrechos vínculos con condenados por corrupción sin que salte ninguna alarma, todo ello muy propio de un ecosistema social enfermo.

La representación piramidal permite comprender que la corrupción no es únicamente un problema moral de individuos concretos. En el fondo es un problema de diseño institucional y de mal gobierno en línea con el análisis clarividente de Daren Acemoglu y James A. Robinson en su ensayo 'Por qué fracasan los países'. Los corruptos aparecen en todas las sociedades, lo que diferencia a unas de otras es la capacidad de sus instituciones para detectarlos, investigarlos, sancionarlos y apartarlos del ámbito público. Por ello, las políticas modernas de integridad pública han desplazado progresivamente el foco desde la mera persecución penal hacia la prevención. El objetivo ya no consiste únicamente en castigar a quienes participan en el triángulo corrupto, sino en reforzar la base institucional para impedir que ese triángulo pueda llegar a formarse.

En última instancia, la mejor política anticorrupción no es la que produce más condenas, o que estas sean muy altas, sino la que consigue que el político corrupto, el empresario corruptor y el funcionario colaborador nunca lleguen a encontrarse bajo el amparo de una estructura institucional débil. Cuando la transparencia funciona, los controles son independientes y cuentan con medios, existe rendición de cuentas, las decisiones políticas se toman desde la integridad y los denunciantes están protegidos, la pirámide se derrumba antes de que la corrupción pueda consolidarse.

La cuestión no es tanto si la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero está o no justificada, que ya lo decidirán los tribunales. La pregunta que nos hacemos desde mucho antes del escándalo es cómo es posible que los expresidentes, que teniendo asignada una retribución del Estado nada despreciable y una estructura de apoyo sostenida con fondos públicos, se consagren a actividades privadas, de escasa o nula vinculación con el interés general, que les reportan sustanciosas ganancias adicionales.

Tampoco se trata de cuestionar que una empresa en situación económica crítica por causas objetivas como fue la pandemia del covid-19 reciba ayudas del Estado. En realidad, lo que necesita una respuesta urgente es cómo es posible que estas ayudas no vengan seguidas de una monitorización de las empresas beneficiarias para asegurar que los recursos públicos recibidos se aplican a los fines para lo que se concedieron y que no se desvía ni un euro.

El funcionamiento de las oficinas de los expresidentes del Gobierno en España, a las que habría que añadir las de los expresidentes autonómicos (ahí tienen a un personaje tenebroso como Mazón disfrutando de estos privilegios), constituye uno de esos mecanismos institucionales que revelan con meridiana claridad la cultura política del país. No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria ni de discutir si un expresidente debe disponer de escolta, despacho o personal de apoyo. El problema de fondo es qué idea del poder subyace en estas prerrogativas, cómo se relacionan las oficinas con la sociedad y cuál el marco de integridad que debe regir el uso de recursos y privilegios pagados con fondos públicos.

En España, la regulación de estas oficinas procede esencialmente de un real decreto aprobado durante el gobierno de Felipe González. La norma es sorprendentemente escueta y ambigua. Cada expresidente dispone de personal eventual designado libremente, un puesto de nivel 30, el máximo que existe en la administración, y otro puesto de nivel 18, más los gastos de funcionamiento de la oficina, vehículo oficial, escoltas y otros medios sufragados por el Estado.

Todo ello se justifica formalmente en la necesidad de preservar la dignidad del expresidente, facilitar actividades institucionales, representación del Estado o atención a compromisos derivados de la antigua responsabilidad ejercida. Sin embargo, la norma nunca precisó qué debe entenderse exactamente por “actividad institucional”, ni estableció criterios verificables para distinguir entre interés público y actividad privada. Tampoco estableció una fiscalización detallada del gasto y mucho menos una obligación de rendir cuentas mediante memorias anuales que deberían presentarse ante el Parlamento que es quien aprueba la dotación económica que las sustenta a través de los presupuestos generales del Estado.

La gravedad aumenta cuando esa opacidad coincide además con actividades privadas de enorme influencia política o económica. Un expresidente no es un ciudadano cualquiera. Conserva relaciones diplomáticas, acceso privilegiado a líderes internacionales, información sensible acumulada durante años y una capacidad de influencia derivada directamente del cargo previamente ejercido. Precisamente por ello, la fijación de las incompatibilidades y la exigencia de transparencia para las actividades de los expresidentes y sus oficinas debería ser extraordinariamente rigurosa.

Ahí comienza el verdadero problema. Porque una democracia que pretenda alcanzar estándares de buen gobierno no puede sostener zonas opacas de gasto público y menos en órganos desde los que se puede ejercer influencias muy poderosas. La exigencia debería ir en sentido contrario porque la integridad pública se construye desde arriba y cuanto mayor ha sido la responsabilidad ejercida y mayor el poder de influencia latente, mayor debería ser la obligación de transparencia, ejemplaridad, rendición de cuentas y alineamiento con el interés general.

Pero esto desgraciadamente no forma parte de la tradición política que España ha arrastrado durante los cuarenta años de alternancia política del PSOE y el PP. El fenómeno, por lo tanto, no afecta solo a un partido, sino que ha estado normalizado de forma transversal compartiendo una misma visión. Por eso venimos oyendo con insistencia: por qué a Rodríguez Zapatero, si los demás expresidentes también reciben emolumentos de empresas privadas por regla general vinculadas a los oligopolios que sus respectivos gobiernos ayudaron a consolidar. Y precisamente ahí reside uno de los aspectos más preocupantes de lo que está ocurriendo: hemos asumido como algo normal esas puertas giratorias que sitúan a expresidentes, y también muchos exministros, en consejos de administración, asesorando o intermediando en negocios que nada tienen que ver con el interés público.

Cuando se intenta minimizar los hechos imputados a Rodríguez Zapatero alegando que otros expresidentes hacen cosas semejantes –o incluso peores, recordando las conductas atribuidas al propio rey emérito–, no se está defendiendo realmente la necesidad de que quienes disfrutan de privilegios públicos se comporten respetando los principios de buen gobierno e integridad. Cuando la conducta impropia deja de analizarse conforme a principios y valores y pasa a justificarse mediante comparaciones, la noción de buen gobierno desaparece para ser sustituida por una contabilidad del “y tú más”. Una mala praxis no se legitima por su repetición; al revés, se convierte en un sistema donde desaparece la frontera entre lo correcto y lo inadmisible. Todo queda reducido a una competición tribal donde cada bando político administra indulgencia para los propios y severidad para los adversarios.

Así, las oficinas de los expresidentes dejan de percibirse como un instrumento institucional y pasan a integrarse en un ecosistema de privilegios acumulativos: consejos de administración, conferencias millonarias, fundaciones opacas, redes de influencia internacional y utilización del prestigio institucional adquirido en el ejercicio del cargo para fines privados con apariencia de interés público.

Mientras cualquier funcionario o cargo público debe justificar minuciosamente dietas, desplazamientos o gastos relacionados con su actividad y observar un régimen de incompatibilidades que le limita o impide una actividad profesional privada, y mientras el perceptor de una ayuda pública debe aportar justificantes de hasta el último céntimo, las oficinas de los ex presidenciales disfrutan de asignaciones que nadie fiscaliza mientras confunden lo institucional con el negocio privado, la conclusión inevitable es que el sistema no funciona bien.

La propia OCDE ha remarcado recientemente que España es uno de los pocos países desarrollados que nunca ha tenido una estrategia integral y permanente de prevención y lucha contra la corrupción que abarque de forma coordinada el conjunto de las administraciones, los órganos constitucionales, las empresas públicas y los sistemas de contratación y gestión de fondos públicos. Esa carencia resulta especialmente grave porque España sí dispone, en muchos ámbitos, de normas formalmente avanzadas. El problema no reside tanto en la inexistencia de legislación, sino en la enorme distancia entre norma y práctica debido a la ausencia de órganos especializados en la prevención y detección temprana de conductas contrarias a la integridad pública.

Los informes recientes de la OCDE muestran precisamente esa contradicción: España obtiene puntuaciones relativamente altas en regulación formal de integridad, conflictos de intereses o transparencia, pero suspende en la aplicación efectiva y en la práctica institucional. El caso paradigmático es el de los lobbies: España carece todavía de un verdadero sistema de control y registro de grupos de interés, obteniendo un 0% en aplicación práctica según los indicadores de integridad pública de la OCDE. Y todas estas carencias solo se pueden atribuir a una clara voluntad política persistente, de unos y otros, para seguir como estamos.

No se trata únicamente de posibles conductas delictivas porque fiar la lucha contra la corrupción exclusivamente al código penal, como ahora ocurre, ya implica un fracaso en la prevención en un contexto de normalización de prácticas donde hay conflictos de interés; acceso privilegiado a información; opacidad y ausencia de controles eficaces. Todos los casos reflejan un patrón conocido: debilitamiento de los controles internos, insuficiente independencia de los órganos fiscalizadores, politización de las instituciones supervisoras y una alarmante tolerancia social hacia determinadas formas de corrupción “menor”.

El fenómeno adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando alcanza a figuras que habían construido una imagen pública asociada al reformismo o al progresismo ético. No me consta que durante el mandato de Rodríguez Zapatero se produjera un solo caso de corrupción en el seno de su gobierno, por lo que las informaciones contenidas en el Auto de imputación añaden un componente de decepción y erosión moral de un referente político.

En este contexto, las advertencias del Greco, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa, adquieren especial relevancia. Su informe más reciente subraya la falta de medidas decididas y resultados tangibles respecto a la integridad de altos cargos del Gobierno central. El Greco insiste desde hace años en cuestiones esenciales que España continúa sin resolver plenamente: regulación de asesores, agendas públicas, conflictos de intereses, puertas giratorias, transparencia de lobbies y fortalecimiento de órganos independientes de supervisión.

La consecuencia de todo ello no es solo jurídica o política, es profundamente democrática. La corrupción sostenida destruye la confianza social, degrada la legitimidad de las instituciones y alimenta el cinismo ciudadano. Cuando la percepción pública es que los mecanismos de control dependen de los propios partidos involucrados en malas praxis, el sistema político pierde credibilidad en favor de opciones totalitarias. No es casual que Transparencia Internacional haya vuelto a rebajar la posición de España en el Índice de Percepción de la Corrupción.

El verdadero problema español no es únicamente la existencia de corrupción, sino la negativa histórica para construir un verdadero sistema estatal de integridad pública independiente de los partidos. Mientras otros países europeos han desarrollado agencias estatales de integridad fuertes e independientes, sistemas de prevención, protección efectiva de denunciantes y controles internos y externos robustos, España continúa fragmentando competencias, debilitando o suprimiendo organismos incómodos.

La lucha contra la corrupción exige mucho más que reformas penales o declaraciones políticas solemnes que luego quedan en nada. Requiere una transformación social e institucional basada en pilares como independencia real de los órganos de control; profesionalización y despolitización de la administración; regulación estricta de grupos de interés (lobbies) y supresión de puertas giratorias; protección efectiva del denunciante de corrupción; transparencia radical en contratación pública y gestión de fondos; sistemas preventivos de integridad; y una ética pública incompatible con la colonización partidista del Estado y sus instituciones.

Esto solo será posible cuando los partidos políticos decidan, tras la correspondiente catarsis, un pacto estatal contra la corrupción extendido también a cada comunidad autónoma. En el caso concreto del funcionamiento de las oficinas de los expresidentes deberían incluir al menos cinco principios básicos: transparencia absoluta de las agendas, transparencia en los fondos públicos que manejan, limitación temporal de privilegios, incompatibilidades estrictas y rendición pública periódica de actividades realizadas.

Sin esa transformación, España seguirá atrapada en un ciclo repetitivo de escándalo, indignación, comisión parlamentaria, desgaste mediático, desconfianza ciudadana y normalización del deterioro institucional. Y en ese ecosistema degradado es donde avanzan imparables los enemigos de la democracia.

Uno de los rasgos más significativos de la crisis política y moral de nuestro tiempo es la reaparición de doctrinas que creíamos desaparecidas o al menos arrinconadas tras las grandes catástrofes mundiales del siglo XX. La doctrina Minneapolis puesta en auge en España por los pactos de Vox y el PP con el apoyo de un sector importante de la población bajo el nombre de prioridad nacional, no es nueva ni original. El señalamiento con fines persecutorios de un colectivo humano por razones de raza, credo u otras condiciones diferenciales ha sido una constante a lo largo de la historia. En España, en 1492 se expulsó a los judíos, en 1609 a los moriscos, durante los dos siglos siguientes la Inquisición se encargó de perseguir, encarcelar o quemar a los que se quedaron. Judíos y moriscos de Andalucía, País Valenciano o Castilla-La Mancha llevaban viviendo en la península desde siglos antes de que llegasen los cristianos con la llamada “reconquista”. De nada les sirvió el arraigo ni el vínculo ancestral con su tierra.

Durante la dictadura franquista también hubo prioridad nacional contra los propios españoles: quienes eran afectos al dictador tenían prioridad en todo por la gracia del llamado Movimiento Nacional mientras que los desafectos al régimen eran excluidos y perseguidos. Con el golpe de estado franquista España retrocedió decenas de años social y económicamente. Tener empleo era sencillo para los afectos al régimen, para los demás una verdadera suerte. Tres millones de españoles tuvieron que emigrar a Europa y América para poder sobrevivir, muchos de ellos de forma irregular, sus remesas a las familias se convirtieron, paradojas de la vida, en un pilar económico que fortaleció el régimen.

Prioridad nacional y Movimiento Nacional se parecen, son variantes de lo mismo. Hitler construyó su aberrante doctrina de prioridad nacional sobre el odio al pueblo judío y la exaltación de la raza aria para, una vez alcanzado el poder, perseguir también a opositores políticos, socialistas, comunistas, gitanos, homosexuales y discapacitados. Mucho se ha escrito sobre la alienación de una gran parte del pueblo alemán cegado por una ideología que mezclaba el odio al judío con la situación económica del país, las ansias de volver a la grandeza del I y II Reich con la revancha por las derrotas pasadas.

Sustituyan ahora judío por migrante. El discurso nazi caló en la población porque en un contexto de escasez, excluir a los otros aumentaba las oportunidades de los demás, pura antropología darwinista y también por la cobardía y el silencio de una parte importante de la ciudadanía indiferente ante la represión e injusticias que perpetraban las hordas nazis mientras no les afectaba directamente. Es lo que ahora está pasando, en EEUU., en Europa y desgraciadamente ha vuelto a España y no porque haya escasez de recursos sino porque la riqueza está mal distribuida por un sistema que consagra la desigualdad y denigra la solidaridad como expresan los ataques de Vox contra Cruz Roja, Cáritas u otras ONGs por ayudar a los migrantes que llegan a nuestras costas en situación de miseria absoluta.

“Los nacionales primero” dicen hoy quienes perdonan impuestos a los superricos a la vez que eluden invertir en mejorar los sistemas públicos de salud, educación, servicios sociales o viviendas. Porque esa es la estrategia: cuanto más colapsada esté la sanidad, más difícil sea el acceso a una vivienda digna o deteriorada la educación pública por el incremento continuado de la población, mejores condiciones subjetivas se crean para que una parte de la ciudadanía piense que la culpa de sus problemas la tienen los migrantes y termine abrazando las ideologías que destruyen los valores democráticos de justicia, igualdad y fraternidad. España está a punto de alcanzar los 50 millones de habitantes con un PIB en alza y un desarrollo económico muy por encima de la media europea sin que se hayan hecho las mejoras correlativas en los servicios públicos proporcionales al incremento de la riqueza a la que tanto está contribuyendo la población migrante. Se han relegado y desatendido las crecientes necesidades de la población en los servicios públicos que siguen al mismo nivel que cuando España tenía 40 millones de habitantes: trenes de cercanías colapsados; ambulatorios y hospitales públicos desbordados con listas de espera indecentes; escuelas públicas colapsadas y profesores desatendidos a los que se les ofende con ocurrencias como la del gobierno catalán de enviar policía a los colegios en vez de garantizar profesores de refuerzo, buenos gabinetes psicopedagógicos o comedores gratuitos. Se aumenta así el malestar social, tradicional caldo de cultivo de ideologíadesborda totalitarias y de apartheid contra los que han venido de fuera a trabajar huyendo de la miseria y las guerras en sus países donde Occidente no ha sido ajeno a tanta desgracia. 

Cuando se examina con mayor detenimiento el concepto de prioridad nacional se descubre que lo que está en juego es mucho más profundo que la gestión de los recursos limitados del Estado, lo que en el fondo se pretende es construir un sistema normativo inmoral que conduzca a la creación de infra personas, entendido como aquellas que están desprovistas de derechos esenciales, siguiendo las viejas ideologías totalitarias. Ese desplazamiento de los valores democráticos hacia el apartheid es jurídica y éticamente muy grave. La tradición constitucional europea nacida despues de 1945 tras el derrumbe del nazismo se edificó precisamente sobre la negación de la catástrofe humana del Holocausto incorporando la centralidad de la dignidad humana como fundamento del orden político. Desde esa perspectiva, la prioridad nacional aparece como una carga de profundidad contra los principios que legitiman al Estado democrático. Una cosa es reconocer deberes y derechos institucionales hacia la ciudadanía y otra muy distinta convertir la nacionalidad en criterio de jerarquización entre seres humanos. La prioridad nacional pretende esa transformación. Sustituye el principio de necesidad por el principio de pertenencia.

En una lógica genuinamente social, la pregunta relevante es quién necesita ayuda, quién se encuentra en situación de precariedad, quién carece de medios suficientes para vivir o quién padece una especial vulnerabilidad. En la lógica de la prioridad nacional, en cambio, la cuestión principal pasa a ser quién pertenece al grupo y quién debe ser expulsado. La diferencia no es menor. En el primer caso, el Estado responde a la fragilidad humana, en el segundo, responde a la ideología excluyente. Así, la pobreza del migrante vale menos que la pobreza del nacional, la enfermedad del migrante merece menor atención y su condición precaria se debr percibir como normal. Desde un punto de vista ético, la prioridad nacional desplaza el centro del derecho desde la persona hacia la tribu. Y esa mutación afecta al fundamento mismo de la democracia constitucional.

En este contexto, la obra del jurista Gustav Radbruch adquiere hoy una relevancia singular. Formado en la tradición jurídica alemana, profesor y antiguo ministro de Justicia de la República de Weimar, Radbruch contempló cómo el aparato normativo del Tercer Reich había convertido la ley en instrumento de barbarie. La pregunta que siguió a 1945 era inevitable: ¿cómo fue posible que atrocidades inimaginables hasta entonces se cometieran con apariencia de legalidad? Su conclusión es contundente: no basta con que una norma haya sido formalmente aprobada para merecer obediencia incondicional porque existe un límite que ninguna ley puede rebasar sin perder legitimidad. La fórmula de Radbruch establece esos límites y sostiene, en síntesis, que cuando la contradicción entre la ley promulgada y la justicia alcanza un grado intolerable, la ley debe ceder ante la justicia. Y, de manera aún más radical afirma que cuando una norma niega deliberadamente la igualdad y la dignidad humana que constituyen el núcleo esencial de la justicia, deja de ser derecho en sentido pleno. La tesis implica rechazar arbitrariedades judiciales y capitulaciones normativas. Radbruch sostiene que el derecho debe contener una pretensión interna de justicia sin la cual degenera en mera técnica de dominación. Aplicada al debate contemporáneo, la prioridad nacional no puede valorarse únicamente preguntando si el legislador tiene competencia para establecer diferencias entre nacionales y migrantes, debe preguntarse también si tales diferencias respetan el umbral de igualdad y dignidad inherente a toda comunidad civilizada.

La experiencia totalitaria condujo a la comunidad internacional a formular, por primera vez con vocación verdaderamente global, un catálogo común de principios inderogables. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Naciones Unidas constituyó una respuesta normativa al fracaso moral del nacionalismo totalitario. Su Preámbulo proclama la “dignidad intrínseca” y los “derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Frente a la fragmentación identitaria que había dividido Europa la Declaración sitúa a la humanidad como fundamento y punto de partida.

El artículo 1 establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. No dice todos los ciudadanos, ni todos los nacionales, ni todos los miembros de un determinado Estado. Dice todos los seres humanos. El artículo 2 añade que toda persona gozará de los derechos proclamados “sin distinción alguna”, mencionando expresamente el origen nacional como motivo vedado de discriminación. Esta arquitectura conceptual limita severamente cualquier doctrina de prioridad nacional que pretenda restringir derechos fundamentales por razón de extranjería. La ciudadanía puede organizar la participación política y ciertas relaciones institucionales, pero no puede convertirse en fundamento de discriminación jurídica. La Declaración Universal establece límites jurídicos que si los Estados los transgreden dejan de ser democráticos.

Por otra parte, la Constitución española de 1978 se incorporó plenamente a esta tradición. Tras una larga dictadura que suprimió las libertades democráticas, el parlamento constituyente asumió los valores del constitucionalismo europeo de posguerra. Dice el artículo 10.1 que “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.” La elección de las palabras es concluyente, el fundamento del orden político no es la nación, ni la etnia, ni la historia compartida, ni la ciudadanía formal, sino la dignidad de la persona. El sujeto primero del constitucionalismo español es el ser humano como titular de derechos. Gustav Radbruch nos recuerda que una ley extremadamente injusta deja de merecer obediencia. La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamó que todos nacemos iguales en dignidad y derechos. La Constitución española de 1978 situó esa dignidad como fundamento del orden democrático. Los Estados pueden tener fronteras, la dignidad humana no. Que Minneapolis no tenga parada en España.

Sigue sin exigirse responsabilidades más allá de las recibidas por los ejecutores materiales, juzgados y condenados. Sin embargo, siguen sin arrepentimiento ni justicia para los causantes políticos del 11 de marzo. Ese día de 2004, diez artefactos explosivos colocados en trenes de cercanías de Madrid a unas horas que solo podían matar personas que se dirigían a sus trabajos, provocaron 193 muertos y cerca de dos mil heridos. Fue el atentado terrorista más grave de la historia de España y uno de los más mortíferos cometidos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Aquel día lo tenemos grabado en la memoria individual y colectiva como una tragedia de magnitudes históricas por eso reducir el 11-M a un acto terrorista aislado es ignorar el contexto político que lo precedió. Aquella matanza fue también la irrupción violenta en territorio español de un conflicto internacional en el que el propio gobierno presidido por José María Aznar había decidido implicar a España pocos meses antes y al margen del parlamento: la invasión de Irak de 2003. Veintidós años después, la memoria de las víctimas sigue planteando una pregunta que la política española nunca ha querido responder plenamente: ¿cómo llegó España a convertirse en objetivo del terrorismo yihadista internacional? Responderla exige reexaminar una decisión política que alteró profundamente la relación entre política exterior, legalidad internacional y seguridad de Estado. Lo exije también el respeto por las víctimas.

El 20 de marzo de 2003 Estados Unidos y el Reino Unido rompieron el orden jurídico internacional ignorando la posición de Naciones Unidas e iniciaron la invasión de Irak con el apoyo político de varios gobiernos aliados, entre ellos el de España. Aquella intervención se justificó mediante dos argumentos: la existencia de armas de destrucción masiva en poder del régimen de Saddam Hussein y su presunta relación con el terrorismo internacional. Ambas afirmaciones resultaron ser falsas. El Informe Chilcot, oficialmente Iraq Inquiry, publicado en 2016 por el Parlamento británico concluyó que la guerra se basó en informaciones de inteligencia defectuosas, exageradas o interpretadas de forma selectiva, y que las alternativas diplomáticas no habían sido agotadas.

Desde el punto de vista jurídico, la invasión planteó una cuestión aún más grave. La Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945 tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial, establece en su artículo 2.4 la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales salvo en dos supuestos: la legítima defensa frente a un ataque armado o la autorización expresa del Consejo de Seguridad. La invasión de Irak no cumplía ninguno de esos requisitos. Por ello, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, afirmó en 2004 que la guerra era “incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y, por tanto, ilegal”.

A pesar de ello, España decidió alinearse con el llamado “trío de las Azores” formado por George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar, que en realidad fue un cuarteto pues siempre se olvidan del anfitrión, Durao Barroso. Aquella fotografía de la reunión celebrada el 16 de marzo de 2003 simbolizó algo más que una alianza política. Representó la ruptura del cuerpo jurídico internacional que subordinaba la fuerza al derecho.

La decisión del gobierno español de 2004 se adoptó contra la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas mostraban que más del 80 % de los españoles se oponían a la guerra. Las manifestaciones celebradas en febrero y marzo de 2003 constituyeron algunas de las mayores movilizaciones sociales registradas en Europa desde el final de la Guerra Fría. Millones de personas salieron a la calle bajo una consigna simple: “No a la guerra”. El presidente del gobierno no apareció por el parlamento durante diez meses.

La invasión de Irak fue precisamente uno de esos momentos en los que la razón de la mentira se impuso sobre la razón jurídica y moral generando una catástrofe humana que todavía persiste en los países que fueron víctimas y en el propio desorden mundial como ahora nos demuestra la última sinrazón de la guerra contra el régimen teocrático de Irán iniciada por el régimen también teocrático de Israel arrastrando a los EEUU bajo el gobierno del reo del pederasta Epstein.

El terrorismo que golpeó Madrid el 11-M invocó explícitamente la participación española en la guerra de Irak como uno de los motivos de su acción. Nos trajo la guerra a casa abriendo una cadena de atentados por toda la Unió Europea. No hay nada que pueda justificar el asesinato de civiles, pero comprender el contexto en el que se producen los atentados forma parte del deber intelectual de cualquier sociedad democrática para imputar la parte de responsabilidad que les corresponde a aquellos que tiran la piedra y esconden la mano.

Mantener que las decisiones en política exterior no tienen consecuencias es engañar a la ciudadanía. España que había sufrido durante décadas el terrorismo de ETA de repente pasó a ser considerada un objetivo prioritario del terrorismo yihadista global. La foto de Aznar en las Azores nos trajo ese escenario, nos trajo la guerra a Madrid. La tragedia se vio agravada por la gestión política de la información en las horas posteriores al atentado. Mientras las investigaciones policiales comenzaban a apuntar hacia una autoría yihadista, el gobierno con su portavoz, el condenado por corrupción Eduardo Zaplana, al frente insistió pública y falsamente en imputar el atentado a los terroristas de ETA prefiriendo que la masacre fuera atribuida al terrorismo vasco antes que al yihadismo y a la acción de participar en una guerra ilegal a miles de kilómetros de nuestras fronteras. La resistencia a modificar ese relato cuando las evidencias comenzaban a contradecirlo provocó una profunda crisis de confianza institucional. La mentira sobrevoló el duelo por las víctimas que fueron revictimizadas y abrió en canal la confianza de la sociedad en sus líderes. De aquella gran mentira de hace dos décadas se ha transitado a los bulos de hoy que todo lo contaminan. Existe una perfecta concatenación de conductas. El objetivo oculto de la mentira no está solo en engañar sino conseguir que una catarata de mentiras induzca a que la ciudadanía termine por no creer en nada, como ya dijo Arendt.

El historiador Tony Judt advirtió, al analizar las intervenciones militares posteriores al 11-S, que las guerras emprendidas en nombre de la seguridad podían terminar generando exactamente lo contrario: inestabilidad, radicalización y violencia transnacional como así ha ocurrido. Veintidós años después, la autocrítica política sobre la guerra de Irak sigue siendo prácticamente inexistente entre aquellas fuerzas políticas y medios afines que impulsaron la gran mentira. Ni responsabilidades ni arrepentimiento. Ninguna de las principales figuras que impulsaron la participación española en aquella intervención ha asumido responsabilidades políticas o morales, sus herederos políticos, tampoco. El filósofo Michael Walzer, en su teoría de la guerra justa, recuerda que el poder político que decide iniciar una guerra adquiere una responsabilidad especial: la responsabilidad de justificarla ante la comunidad internacional y ante sus propios ciudadanos. Cuando esa justificación se revela inexistente, falsa o jurídicamente insostenible, la legitimidad política queda gravemente dañada.

El aniversario del 11-M tiene ecos en el presente. Coincide con un momento internacional marcado por nuevas guerras y por el deterioro del orden jurídico internacional. El genocidio del pueblo palestino en Gaza ha generado acusaciones de graves violaciones del derecho internacional humanitario sin consecuencias. La invasión de Ucrania por Rusia también. El régimen teocrático de Israel sigue comerciando desde una posición privilegiada con una noqueada Unión Europea, sus cantantes y deportistas exhibiéndose obscenamente por los festivales y estadios defendiendo las masacres de su gobierno genocida y a pesar de que el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó en 2024 órdenes de arresto por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y también contra los dirigentes de Hamás, la otrora organización terrorista financiada por Israel para debilitar a la Autoridad Palestina.

Tras los juicios de Núremberg, la comunidad internacional estableció un principio fundamental: los dirigentes políticos pueden ser penalmente responsables por crímenes contra la población civil. Ese principio fue recordado por Primo Levi, superviviente de Auschwitz, cuando advertía que la memoria de las catástrofes del siglo XX debía servir para impedir que el poder político volviera a situarse por encima del derecho. A pesar de todo ello, en España, el PP y VOX y sus voceros mediáticos vienen defendiendo posiciones de apoyo prácticamente incondicional a las estrategias ilegales de Estados Unidos e Israel hasta el punto de estar alineándose con quien amenaza a España con represalias y a la Unión Europea con invadir un territorio bajo su soberanía. El problema no es la existencia de diferencias políticas que son democráticamente legítimas. El problema surge cuando ese alineamiento se convierte en subordinación y sumisión a una potencia extranjera que se comporta como un enemigo que genera conflictos graves contra el derecho internacional o contra los intereses estratégicos europeos.

El Código Penal español, en sus artículos dedicados a los delitos de traición, contempla supuestos en los que la colaboración con intereses extranjeros en perjuicio del Estado puede constituir responsabilidad penal. Naturalmente que el debate político no puede equipararse automáticamente a un delito, pero sí existe una frontera ética y constitucional clara: cuando la defensa de los intereses de potencias extranjeras se sitúa por encima de la defensa del interés general del propio país y sus ciudadanos, entonces la cuestión deja de ser meramente ideológica para convertirse en un problema de responsabilidad institucional y legal.

El 11-M fue una tragedia histórica y también fue una advertencia. Nos recuerda que las decisiones de política exterior, especialmente las relacionadas con las guerras, tienen consecuencias profundas y duraderas en la política interior y hacia la ciudadanía. Cualquier política democrática debe condenar el terrorismo y las agresiones a los derechos humanos, pero también se debe obligar a impedir que las decisiones políticas alimenten los conflictos armados que contravienen el derecho internacional. Los desastres del siglo XX nos dejó muy claro que ningún dirigente político debe situarse por encima del derecho internacional. Los juicios de Núremberg establecieron que iniciar guerras ilegales, cometer crímenes de guerra o atacar a la población civil son actos que generan responsabilidad penal individual. Ese principio sigue siendo hoy la base del sistema de justicia internacional. Si las acusaciones formuladas por fiscales internacionales prosperan, dirigentes como Donald Trump o Benjamin Netanyahu deberían terminar enfrentándose a responsabilidades ante la Corte Penal Internacional por sus decisiones causantes de devastación y sufrimiento masivo.

Pero la responsabilidad no termina en quienes declaran ilegalmente las guerras. También alcanza a quienes legitiman, justifican o facilitan políticamente esas acciones, ignorando deliberadamente el derecho internacional o subordinando los intereses de su propio país a los de potencias extranjeras agresoras. La defensa de la democracia exige algo más que condenar el terrorismo, exige también defender el derecho internacional frente a la política de la fuerza y exige responsabilidades políticas, jurídicas y morales a quienes contribuyen a destruirlo directa e indirectamente. Porque la historia ha demostrado una y otra vez que cuando el poder actúa por encima del derecho y cuando la política abandona la defensa del interés general de la ciudadanía y normaliza la guerra como instrumento de gobierno y dominación, las víctimas siempre terminan siendo los ciudadanos.

El 11-M debería recordarnos precisamente eso. Que las guerras que los gobiernos deciden lejos de casa siempre terminan viniendo a casa, de múltiples formas. Y que las democracias solo pueden sobrevivir si los autores de esas decisiones saben que, tarde o temprano, tendrán que responder por ellas ante la justicia.

Mazón seguiría ofendiendo la dignidad de los valencianos de no haber sido por otro grito estremecedor, el que desbordó el inmenso caudal de indignación acumulada por las múltiples manifestaciones convocadas por las asociaciones de víctimas de la DANA acompañadas de dos centenares de entidades cívicas que cada mes, alrededor de su día 29, congregaban a decenas de miles de personas para acompañar en las calles a las familias de las víctimas y recordar solidariamente la memoria de 230 personas muertas por culpa de una conducta negligente presuntamente delictiva.

¡Asesino rata cobarde! este es el otro grito, el que vibró en la inmensa sala de la Ciutat de les Arts rompiendo el silencio durante el solemne funeral de Estado en recuerdo de las víctimas. El grito estremecedor de una mujer anónima dejó a Mazón desnudo ante el mundo. Fue ella la que concentró en un instante y con solo tres palabras un año de rabia y resistencia de una ciudadanía que no salía de su estupor cada vez que se conocían nuevos detalles sobre a qué se dedicó la primera autoridad valenciana mientras a menos de diez quilómetros de El Ventorro las personas morían arrastradas por el lodo de un desastre anunciado desde días antes. Ella y su grito fue quien lo precipitó todo. Desde ese mismo momento era evidente que la suerte del infame estaba echada a pesar de que esa misma mañana había recibido en el Palau de la Generalitat los aplausos y vítores de 160 de sus clones y muy a pesar del apoyo que le brindó durante un año su partido y los socios de la extrema derecha que, en realidad, blindándolo a él se protegían a ellos mismos como hacen los cómplices mafiosos.

Durante un año construyeron un relato lleno de ocultamientos y mentiras que tuvo su principal caja de resonancias en Madrid con los feijós, cucas, ayusos y bendorros para quienes en el caso de la DANA también había que aplicar el manual de construcción de una verdad alternativa que condujera a hacer creer que la culpa es siempre de los otros, incluso de las víctimas a quienes se les llegó a imputar la responsabilidad de no haberse sabido proteger. Venían experimentados de otros desastres como el accidente del del Yak 42 en 2003 (62 víctimas); los atentados de Atocha en 2004 (193 personas muertas y 2000 heridas); o el siniestro del metro de Valencia, en 2006 (43 personas muertas y 47 heridas); o los protocolos de la vergüenza de Madrid en 2020 (7291 personas fallecidas en condiciones espantosas). De ahí la obsesión de Feijoo en pedir a Mazón que controlase el relato de la catástrofe antes que ocuparse de las víctimas según se desprende del intercambio de mensajes que los dos mantuvieron mientras se ahogaba la gente. La política y la verdad no se llevan bien o, lo que es lo mismo, un relato bien manipulado puede ocultar los datos.  

Mazón no dimitió, lo echaron y quienes lo echaron no fueron ni Les Corts, ni los partidos, ni ninguna alta institución, fue la sociedad civil organizada y eso les duele mucho, motivo por el que se esfuerzan en vestirlo de dimisión. Por eso se entiende que uno de los rasgos más persistentes del poder establecido con independencia de su adscripción ideológica es su desconfianza estructural hacia la sociedad civil organizada. Los partidos políticos tienden a presentarse como la única vía posible para cambiar las cosas porque les resulta oportuno. Esta concepción ha empobrecido la democracia reduciéndola a un mecanismo electoral periódico, vaciado de participación real donde en ocasiones recalan personajes corruptos que colonizan las instituciones democráticas aun a costa de destruirlas con el descrédito. 

Plataformas ciudadanas, movimientos sociales, colectivos culturales, asociaciones ambientalistas, vecinales y de damnificados, de este o de cualquier otro desastre, comparten una característica que los hace incómodos: actúan fuera del control directo de los partidos políticos y, por tanto, les obstaculizan la pretensión de ostentar el monopolio de la representación y decisión sobre lo que ahora toca o no toca. Sin embargo, gran parte de las asociaciones son escuelas de democracia, libertad y un contrapeso frente a los abusos del poder político. Existieron mucho antes que la democracia y los partidos, nacen de un impulso natural primigenio de las personas para agruparse en defensa de sus intereses y para la protección de valores y derechos que constantemente están en riesgo. Allí donde la sociedad civil se organiza, el poder se ve obligado a escuchar y en muchas ocasiones, rectificar o ceder. Precisamente por eso forma parte del relato político desprestigiar, fragmentar o instrumentalizar las entidades cívicas que no se someten al dictado político.

Mazón conjuró a los poderes tradicionales a su favor, las primeras semanas buscó la bendición de la Iglesia con un funeral católico que despreció los credos de muchas de las víctimas y atrajo un alto mando militar a su gobierno para hacer creer que tenía el apoyo del ejército. Con la clase empresarial lo tuvo peor pues algunos reconocidos empresarios estaban entre las víctimas. Pero Mazón seguiría en el Palau de la Generalitat de no ser por la persistencia de las denuncias y las manifestaciones masivas culminadas por el grito asesino rata cobarde y las acciones emprendidas por las asociaciones de damnificados y cívicas que han permitido desvelar las mentiras con las que se intentó encubrir tanta irresponsabilidad y maldad. De hecho, Mazón aguantó un año entero mintiendo y despreciando tanta indignación acumulada hasta que una sola gota, el grito, desbordó el torrente de dignidad que se lo llevó.  

En este contexto, resulta especialmente revelador el intento insistente de formular la salida de Carlos Mazón como una dimisión. Mazón no dimitió, fue destituido de facto por la ciudadanía, manifestación tras manifestación, por la acumulación de protestas, por la persistencia cívica que erosionó su legitimidad política hasta hacerla insostenible. El poder intenta siempre apropiarse del relato final: presentar la caída como un acto voluntario, ordenado, casi elegante. Pero la realidad fue otra. La presión social fue constante, creciente y transversal. Y hubo un momento simbólico que condensó todo ese proceso en una sola voz rotunda, moralmente cargada de razón y dignidad que expresó lo que miles pensaban y que ya nadie podía silenciar: “Asesino rata cobarde.”

Ese grito no fue un exabrupto, fue la máxima expresión de dolor en el lugar adecuado. Fue la irrupción de la sociedad civil en un espacio, el funeral de Estado, que el poder considera exclusivamente suyo. Como escribió Hannah Arendt, el poder se sostiene mientras es reconocido; cuando pierde legitimidad, solo le queda la huida o la violencia. O como también recogería Albert Camus, ellos mandan porque nosotros obedecemos. A partir del momento del grito, la ficción se rompió. No fue una dimisión: fue la negación de una legitimidad sustentada en una mentira odiosa, constituyó una expulsión cívica. La democracia no se agota en las instituciones, sino que necesita una esfera pública viva, conflictiva, crítica. Cuando esta se debilita, las instituciones se convierten en estructuras autorreferenciales, desconectadas de la sociedad a la que dicen servir. Mazón y sus correligionarios se valieron de la débil estructura de las instituciones que le debieron de exigir la rendición de cuentas que correspondía, pero recurren a supuestas comisiones de investigación cuya utilidad para desentrañar la verdad está más que en entredicho.

Recordemos que Mazón no dimitió, sino que fue echado, no es una cuestión semántica: es un acto político y moral. Nombrar correctamente los hechos impide que el poder se reapropie de la historia -del relato como ellos lo llaman- y neutralice su significado y cada vez que se la intenta silenciar, desactivar o desprestigiar, conviene responder con la evidencia más incómoda para el poder: si no hubiese sido por la movilización de la sociedad civil organizada Mazón nunca se habría ido. Nada de lo valioso que hoy disfrutamos llegó sin conflicto, sin organización y sin perseverancia. Y cuando se nos dice que “no se puede hacer nada”, conviene recordar que toda conquista empezó siendo negada. También es cierto que las conquistas cívicas no siempre son completas, Mazón nos lo recuerda cada vez que se acomoda en su escaño de diputado, todavía hay camino por recorrer hasta verlo sentado en el banquillo de los acusados.

La organización de la sociedad civil es además de una herramienta de participación política, una exigencia ética. Implica asumir responsabilidad colectiva, salir del individualismo resignado y disputar el sentido de lo público a quienes lo monopolizan. Frente a la cultura de la queja individual tantas veces aplastada y la delegación pasiva tantas veces engañada, la acción colectiva afirma la radicalidad democrática: la ciudadanía no pide permiso ni para existir políticamente, ni para arrojarle a aquel desalmado el grito de ¡asesino rata cobarde!

Siempre he recomendado que la película 'Vencedores o vencidos (El Juicio de Nuremberg)',1961, debería proyectarse cada curso en las facultades de Derecho. No solo por su valor cinematográfico, sino por la lección ética y jurídica que entraña. La película relata el juicio a los jueces y fiscales del régimen nazi -personajes de la segunda fila, pero esenciales en el engranaje del horror- que contribuyeron a dar cobertura legal a un sistema político construido sobre la irracionalidad del odio racial y la supuesta superioridad de la raza aria.

En la escena final, Spencer Tracy, en el papel del juez Dan Haywood, responde al exjuez nazi Ernst Janning (Burt Lancaster), cuando éste intenta justificar su conducta alegando que jamás imaginó que la maquinaria del régimen acabaría provocando un holocausto: “Se llegó a eso la primera vez que usted condenó a muerte a alguien sabiendo que era inocente”. Esa frase resume la esencia de lo que hoy llamamos lawfare: el uso del Derecho como instrumento de persecución política, el deslizamiento moral del juez que acepta convertir el proceso judicial en un arma al servicio de una ideología que considera que todas las estructuras del Estado deben someterse a la voluntad del partido y su despótico líder.

El término lawfare -contracción de law (ley) y warfare (guerra)- fue acuñado por el juez y general estadounidense Charles J. Dunlap en 2001 para describir el uso de la ley como arma en los conflictos modernos. Pero hoy en el ámbito político el lawfare significa la instrumentalización del sistema judicial con fines de persecución o neutralización de adversarios. Describe el uso de las estructuras judiciales, policiales y mediáticas para destruir a un adversario político. En España, este fenómeno ha adquirido una intensidad alarmante en la última década. Desde la irrupción de Podemos en 2014, el sistema político-mediático dominante reaccionó con una hostilidad inusitada contra quienes desafiaron los pilares de lo peor de la Transición, dominada hasta entonces por la alternancia de los dos grandes partidos y un monarca al que todo se le consintió. Las denuncias reiteradamente archivadas por supuesta financiación ilegal, impulsadas por falsos informes de policías agazapados en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, inauguraron una etapa de judicialización estratégica de la política. La frase del exministro “Eso la fiscalía te lo afina” es toda una declaración de cómo se ha actuado desde entonces. Las revelaciones de los procesos abiertos y algunas condenas al ex comisario de policía Juan Manuel Villarejo, abren en canal la colaboración político-judicial-policial que domina toda una época. 

En el ámbito municipal, Ada Colau sufrió veinticuatro querellas, archivadas finalmente porque no había nada, promovidas por asociaciones y despachos vinculados a la derecha mediática y empresarial, especialmente la del mundo de la especulación urbanística y hotelera o de las concesiones cautivas. Ninguna prosperó, pero todas cumplieron su función: desacreditar, desgastar, distraer, erosionar, imponer el castigo del procedimiento, la pena de banquillo. El lawfare es eso. 

Más cruel aún fue el caso de Mónica Oltra. Su imputación, basada en conjeturas y acusaciones inconsistentes y amplificada por una potente maquinaria mediática, la obligó a dimitir. El último auto del juez instructor declarando de nuevo el archivo del caso, con el apoyo esta vez de la fiscalía, por no existir delitos, el segundo que dicta el juez en mismo sentido, y que está pendiente de una sala de la audiencia provincial de Valencia que, por su tardanza en resolver, da la sensación de estar empeñada en encontrar delito donde no lo hay. Pero la inconsistencia del caso ya ha cumplido su función: el daño personal y político a una persona y su coalición que también tuvieron la osadía de romper el equilibrio entre los dos grandes partidos que se habían venido alternando en el poder. 

Asimismo, en los procedimientos contra los independentistas del procés, imputarles delitos de rebelión o sedición y hasta de terrorismo donde si efectivamente había conductas delictivas estas no pasaban de la desobediencia, los altercados o la prevaricación. Todo infiere hacia una intencionalidad de ensañamiento más que de aplicación del Derecho. Ahora el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo ha desmontado cuestionando una vez más a las altas instituciones judiciales españolas. Por lo visto, el Derecho Comunitario y los Tratados Internacionales no es lo fuerte en nuestro Tribunal Supremo.   

En los últimos dos años, y como si se estuviera cumpliendo la profecía del pastor Martin Niemöller “Primero vinieron por ...”, el lawfare ha apuntado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, promoviendo procedimientos penales sin fundamentos jurídicos sólidos alimentados por organizaciones ultraderechistas muy conocidas por su querulancia fundamentalista tolerada por instancias judiciales que igual admiten querellas con recortes de prensa como deniegan todo valor probatorio a declaraciones en estrados de periodistas testigos de descargo. 

Lo común en todos estos episodios es la connivencia entre determinados jueces, fiscales, policías, medios y sectores políticos. El proceso judicial se convierte en el arma del castigo y represalia; la absolución y, en su caso, el archivo, llegan siempre tarde y sin ruido; el bulo y la filtración permanente e impune sustituye a la sentencia. La independencia judicial se confunde con la impunidad corporativa.

La frase final de 'Vencedores o vencidos' encierra la advertencia ética que hoy necesitamos: la degradación del Derecho no empieza con los querulantes ultraderechistas, sino con los miembros del poder judicial que aceptan servir a las ideologías políticas en lugar de al Derecho y la Constitución. La ética judicial exige valentía, resistir la presión mediática, política o corporativa. Las manifestaciones de jueces a las puertas de las audiencias usando su toga como pancarta contra proyectos de ley todavía no debatidos por el poder legislativo marca un antes y un después en el deslizamiento de un sector importante de la judicatura hacia un Estado cautivo por las ideologías herederas de la dictadura franquista. 

El lawfare,  como la corrupción, erosiona y destruye el Estado de Derecho desde dentro, revestido de legalidad. Sustituye la verdad judicial por el chismorreo y la sospecha política y convierte el proceso penal en un arma política incontrovertible. Frente a él, no basta con reformas institucionales: es necesaria una reconstrucción ética de la judicatura y del ministerio fiscal.

El juez no debería representar al Estado frente al ciudadano, sino al Derecho frente al poder. Cuando esa conciencia se pierde, la democracia se convierte en un apéndice al servicio de los que siempre han mandado. La película de Stanley Kramer debería proyectarse, además de en las facultades de Derecho, en la Escuela Judicial y quizás, sobre todo y siempre que no se considere una amenaza, ante quienes integran la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esa que un partido fundado por la flor y nata de tardo franquismo consideró que iba a estar controlada por la puerta de atrás. 

Silencio, sombras, ocultamiento y falsedades son palabras que servirían para definir la acción institucional del gobierno valenciano desde la catástrofe de la DANA que dejó 229 víctimas mortales y numerosos heridos en aquella trágica tarde del 29 de octubre de hace un año. Aquel episodio meteorológico extremo anunciado por la AEMET con alertas rojas desde las 7:30 de la mañana estuvo precedido desde ocho días antes por avisos de llegada de episodios de lluvias torrenciales. Sin embargo, los sistemas de emergencia del gobierno valenciano no se activaron y la respuesta institucional fue tardía, confusa y descoordinada, todo lo contrario de lo que ha ocurrido con los temporales que azotaron el País Valencià a finales del pasado septiembre y durante este mes de octubre. Esta vez sí se activaron los sistemas de emergencias y se envió por telefonía con horas de anticipación mensajes a la ciudadanía claros y concisos: abandonen las zonas bajas y suban a plantas superiores. 

Estos mismos mensajes hace un año habrían evitado todas o la mayor parte de las 229 muertes. En las alertas de estas últimas semanas no se ha dudado sobre quién tiene las competencias que la ley confiere de forma clara y concisa a la Generalitat Valenciana. Y el 29 de octubre tampoco había ninguna duda: quien diga lo contrario miente, pues el propio Carlos Mazón el 1 de septiembre de 2022, cuando aún estaba en la oposición, en una rueda de prensa acompañado por la portavoz del PP Cuca Gamarra, le exigían responsabilidades al entonces presidente de la Generalitat Ximo Puig por un suceso que estuvo a punto de provocar una gran desgracia cuando un tren al que nadie avisó casi fue alcanzado por un incendio forestal en la provincia de Castellón. Mazón y Gamarra imputaron a Puig “falta de responsabilidad, de decoro y de ejecución de competencias sobre emergencias que son de la Generalitat”. Es evidente que en 2022 el PP valenciano y el PP nacional sabían a quién correspondían las competencias en materia de emergencias y protección civil y también cómo se debía actuar. Cuando el 29 de octubre de 2024 decidieron conscientemente no lanzar las alertas, mantener su banal agenda y mofarse de quienes sí las habían activado, como la Universidad de Valencia, hipotéticamente para no crear alarma que desbaratase el jugoso puente del 1 de noviembre, estaban incurriendo en una negligencia muy grave cuyas consecuencias todos conocemos. 

No solo hicieron caso omiso de las alertas meteorológicas y despreciaron la memoria de tantas riadas catastróficas sufridas a lo largo de la historia en València, sino que ignoraron groseramente las señales que presagiaban el desastre cuando los ríos y barrancos comenzaban a desbordarse ese mismo día por la mañana tal y como difundían en directo la cadena autonómica de televisión y otros muchos medios de comunicación, así como la recepción de miles de llamadas al 112 pidiendo auxilio. Las comarcas tierra adentro en las cabeceras de los barrancos sufrieron por la mañana inundaciones que requirieron la intervención de la UME, era cuestión de que en pocas horas esas aguas embravecidas descendieran hasta las urbanizadas y superpobladas llanuras de inundación de la provincia de Valencia. Cualquier alumno de primaria lo estudia en su asignatura de conocimiento del medio. Pero, además, el secretario autonómico de emergencias, el investigado Emilio Argüeso, a mediodía informó telefónicamente de la alarmante situación de los cauces a la vicepresidenta primera del Consell y consellera de servicios sociales, Susana Camarero. La respuesta de esta, con un Mazón desaparecido fue no hacer nada, simplemente exclamó un “¡jope! si necesitas algo me lo dices” y se fue tranquilamente a comer. Por la tarde, cuando ya había personas ahogadas y desaparecidas, se marchó a una gala de entrega de premios. De Susana Camarero, estrecha colaboradora durante muchos años del condenado por corrupción y exministro de Aznar, Eduardo Zaplana, dependen las residencias de tercera edad que no fueron alertadas por nadie, en una de ellas en Paiporta murieron ahogados seis ancianos y de esta vicepresidenta también dependen los servicios de teleasistencia a enfermos que tampoco recibieron ningún aviso, 37 de ellos también murieron. Y si la inundación en vez de llegar entre las seis y las siete de la tarde hubiera llegado a las cinco, la catástrofe habría multiplicado el número de víctimas al hallarse los escolares en las aulas, pues otro personaje tan irresponsable como la anterior, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, tampoco quiso crear alarma y mantuvo las clases en vez de suspenderlas. Mientras todo eso ocurría el presidente de la Generalitat comía en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana solícito a ofrecerle la dirección de la televisión autonómica y no se sabe qué otras cosas.  

Tan temeraria conducta derivó en un procedimiento judicial contra la consellera de interior y su secretario autonómico de emergencias por los delitos de homicidio imprudente dirigido, por ahora, contra los irresponsables que no activaron los sistemas de alertas que hubiesen evitado o paliado el desastre humano. El principal responsable, Carlos Mazón, según él mismo reconoció cuando espetaba a su antecesor ser el máximo responsable de las emergencias, ha sido invitado por la jueza instructora a comparecer como investigado en varias ocasiones, pero por arte del aforamiento, ese privilegio negro de la justicia española, de momento se está librando y puede seguir dirigiendo la estrategia de bulos y confusión, y también a alimentar los negocios de la reconstrucción desde su despacho en el Palau de la Generalitat. Algunas de las empresas adjudicatarias de contratos de obras de reconstrucción han estado involucradas en casos de corrupción por la financiación del PP. Más de 600 millones de euros se han adjudicado directamente sin ninguna concurrencia.

En esta batalla que libra Mazón por salvarse política y judicialmente ha sido crucial el ocultamiento de material probatorio como los vídeos que recogieron en imágenes y sonido la ineptitud de los responsables de emergencias. De su visualización se concluye lo que se intuía, que los valencianos estuvimos aquel día en manos de unas malas personas de escasas luces, que ignoraban los principios más elementales de la prevención de emergencias y de la dinámica de las aguas torrenciales cuando llueve intensamente en las cabeceras de los ríos y barrancos. En los vídeos que se han conocido gracias a una filtración a TVE se puede observar la entrada en el edificio del 112, hacia las 8:30 de la tarde, de un Carlos Mazón que no se sabe si venía de una reunión, hoy por hoy clandestina, o si se acababa de levantar de la cama. Qué hizo aquella tarde más allá de las tres horas y media en El Ventorro sigue sin conocerse a pesar de que decenas de funcionarios, escoltas, conductores o personal administrativo, lo saben y callan.  

El ocultamiento de hechos y de materiales probatorios o su destrucción, como el borrado de imágenes de las cámaras del Palau de la Generalitat aquella tarde, no solo agrava la sospecha de negligencia en la gestión de la emergencia, sino que abre la posibilidad de que se hayan cometido delitos de encubrimiento u obstrucción a la justicia, al haberse ocultado o retenido deliberadamente información clave para el procedimiento. Asimismo, al comunicar por escrito a Les Corts que los videos que ahora han aparecido no existían tal y como informó el actual conseller de emergencias e interior, Juan Carlos Valderrama, podría suponer la comisión de un delito de falsedad documental dirigido a dificultar la investigación judicial.  

Consecuentemente, más allá de las presuntas responsabilidades penales relacionadas con la negligencia en la gestión de las alertas, es evidente que existen otras responsabilidades sobre las que hasta ahora poco o nada se ha hablado a pesar de su gravedad: se ocultaron datos y documentos relevantes para la investigación judicial en un ámbito como es la administración autonómica que, como todas las administraciones públicas tiene la obligación de actuar con objetividad al servicio del interés general y con sujeción al ordenamiento jurídico. En este contexto, los funcionarios y empleados públicos que poseen información y conocen hechos relevantes sobre lo ocurrido el 29 de octubre tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de la justicia. El artículo 451 del Código Penal castiga a quien, con conocimiento de un delito, ayuda a eludir la investigación, a ocultar o sustraer pruebas. Los artículos 464 a 466 agravan la pena si el encubrimiento se realiza para entorpecer la acción judicial o destruir pruebas documentales o digitales. Asimismo, el artículo 118 de la Constitución y el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) obligan además a colaborar activamente con la justicia y a comunicar cualquier hecho delictivo del que se tenga conocimiento que esté relacionado con la causa.

Por otra parte, según el artículo 52 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), todos los funcionarios tienen el deber de colaborar con la justicia y de estar al servicio del interés general frente al interés particular del político inepto o corrupto. Su silencio o inacción podría constituir falta muy grave o incluso delito si se demuestra que conocían hechos relevantes y los ocultaron. Sospechosamente, el Consell aprobó otorgar condecoraciones “por los servicios prestados” a escoltas y policías que acompañan habitualmente al presidente Mazón. Algunos policías han rechazado la recompensa. Todo huele tan mal.  

Si las pruebas materiales -registros de comunicación interna, vídeos del CECOPI, correos institucionales, grabaciones de la televisión pública o las decenas de miles de llamadas al 112- fueron deliberadamente ocultadas o demoradas, existiendo una investigación abierta, estaríamos sin duda alguna ante un delito de encubrimiento agravado o incluso de obstrucción a la justicia. Pero más allá del Código Penal, lo ocurrido interpela el fundamento mismo de la ética pública: la administración no puede ser un muro para proteger a los ineptos y corruptos. La administración pública y todos sus funcionarios deben constituir una estructura al servicio del Estado de Derecho, de la verdad y de la ciudadanía.  

Los empleados públicos que saben lo que ocurrió deben hablar. La Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, refuerza el deber de colaboración con la justicia y protege a los empleados que revelen información relevante. Cualquier funcionario o trabajador que disponga de datos sobre la infame gestión de la DANA y su ocultamiento tiene derecho a ser protegido frente a represalias si colabora con la investigación o aporta documentación. Evidentemente, la protección deberá solicitarse a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) que recientemente ha entrado en funcionamiento con ámbito estatal. Cualquier órgano autonómico con funciones similares en la Comunitat Valenciana no sería fiable al estar controlado por los mismos responsables de la tragedia y sus aliados, es decir por el PP y Vox.  

Algunos de los que han ocultado, manipulado o tergiversado documentación audiovisual probatoria y de interés esencial en el procedimiento judicial, han alegado la falsa coartada de la “deontología profesional” despreciando que, en un procedimiento penal, no cabe invocarla como excusa para ocultar información o pruebas. La deontología periodística o institucional protege el deber de confidencialidad sobre las fuentes en el ejercicio legítimo de la profesión, pero nunca ampara el encubrimiento de un delito 

Por tanto, la posición de la dirección de la televisión autonómica À Punt, que habría apelado a esa “deontología profesional” para no entregar materiales audio o comunicaciones internas relacionadas con la DANA, resulta éticamente inadmisible y jurídicamente inconsistente. Una televisión pública sostenida con fondos de todos no puede convertirse en un instrumento de opacidad ni de protección política. Su deber es el de garantizar la información veraz y la transparencia, pero nunca reeditar los vicios estructurales de la antigua Canal 9, símbolo de manipulación informativa y servilismo institucional de una época que nos llenó de vergüenza.

La gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 es hoy un caso paradigmático de quiebra institucional y reputacional: falló la prevención, la coordinación y, posteriormente, la rendición de cuentas. Pero lo que agrava la tragedia es la persistencia del silencio. Un silencio impuesto por el miedo, por la Omertá o lealtad mafiosa y por una mala cultura funcionarial que aún confunde la defensa de la institución con la protección de sus responsables, aunque estos sean unos presuntos delincuentes. 

La sociedad tiene derecho a saber las razones ocultas de por qué Mazón no ordenó lanzar las alertas, dónde estaban y qué hicieron los responsables políticos y técnicos aquel día, incluida la vicepresidenta Susana Camarero o el conseller de educación José Antonio Rovira. Las víctimas, sus familias y la ciudadanía merecen verdad, justicia y reparación, no silencio ni manipulación.

Desde una perspectiva de la ética pública el silencio y las mentiras son también una forma de corrupción. La transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la colaboración con la justicia no son opciones morales, son deberes cívicos y obligaciones jurídicas. 

La llamada burocracia, palabra hoy usada con connotaciones peyorativas y el tono con el que habla Mazón lo es, no es otra cosa que el conjunto de procedimientos, normas y controles que aseguran que los recursos públicos se asignen conforme a criterios objetivos, verificables y justos. Como señaló el sociólogo alemán Max Weber, la administración burocrática es “la forma más racional de ejercicio del poder” porque se basa en la imparcialidad, la profesionalidad y la previsibilidad de las decisiones. Por ello, reducir la burocracia no debe significar suprimir controles, sino mejorar los procesos administrativos para hacerlos más ágiles sin sacrificar la legalidad, la transparencia ni la rendición de cuentas. Sin embargo, lo que algunos dirigentes entienden por “sin burocracia” es, en realidad, sin control, sin integridad pública y sin justicia social.

Las ayudas públicas, especialmente las de emergencia, deben tramitarse con celeridad, pero también con garantías de su procedencia y justeza. Nuestra legislación básica, especialmente las leyes del Procedimiento Administrativo Común y la de Administración Electrónica, establecen mecanismos que no son meras formalidades sino instrumentos de equidad, agilidad, seguridad jurídica y control del gasto. Eliminar esos filtros o sustituirlos por decisiones discrecionales es abrir la puerta a la arbitrariedad y la corrupción.

Como señaló el profesor y jurista valenciano Joan Prats i Català, “el buen gobierno requiere que el poder público se ejerza en base a normas, procedimientos y controles que garanticen la integridad institucional”. No hay gobernanza eficaz sin legalidad, ni administración moderna sin responsabilidad.

El verdadero enemigo no es la burocracia, sino la ineficiencia y la falta de profesionalidad. Y esa ineficiencia suele tener causas políticas, no técnicas. Son los malos liderazgos, los nombramientos clientelares, la colonización partidista de las instituciones y la falta de profesionalización de los altos cargos los que entorpecen la acción administrativa. También la falta de recursos humanos y materiales en beneficio de externalidades propiciadas por políticos que rechazan los principios de la buena administración y desechan la aportación de los buenos servidores públicos, que los hay, pero que son arrinconados y perseguidos porque no se prestan a las arbitrariedades. El Informe de la OCDE sobre Gobernanza Pública (2023) insiste en que las administraciones más eficaces son aquellas que combinan controles robustos con una función pública profesional, estable y evaluada por méritos. Los países con menores índices de corrupción y alta calidad de vida como Dinamarca o Finlandia no son los que han eliminado la burocracia, sino los que la han convertido en sinónimo de rigor y confianza pública.

En el caso español, el artículo 103 de la Constitución es claro: la Administración debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con eficacia, sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El principio de eficacia no puede invocarse para desmantelar las garantías, sino para perfeccionarlas y modernizarlas. Todo lo que entorpezca el funcionamiento objetivo de las administraciones públicas sería anticonstitucional.

En el fondo, la retórica del “sin burocracia” forma parte de una narrativa más amplia y sutil de deslegitimación del Estado y del sector público profesional. Se busca trasladar a la ciudadanía la idea de que los procedimientos son un obstáculo, no una garantía, generando un caldo de cultivo favorable a la arbitrariedad, al clientelismo y a la corrupción. Como recuerda el profesor y actual presidente de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI), Manuel Villoria Mendieta, “la ética pública exige controles institucionales que impidan la discrecionalidad sin rendición de cuentas; sin ellos, el buen gobierno se convierte en una simple etiqueta vacía”.

Asimismo, detrás del discurso “anti-burocrático” se esconde, en demasiadas ocasiones, la incapacidad o la falta de voluntad para dirigir una administración eficiente y transparente que en una época de gestión electrónica y aplicación de las nuevas tecnologías supondría el mayor nivel de eficiencia jamás alcanzado en el ámbito de lo público. Así y todo, se cultiva deliberadamente la confusión o contraposición entre burocracia y control, entre lentitud y legalidad, para justificar decisiones sin supervisión o concesiones opacas. Más de 600 millones de euros han sido adjudicados sin concurrencia en contratos de obras de la DANA que han ido a beneficiar en buena parte a empresas próximas al PP de Mazón. Determinados anuncios de ayudas y subvenciones se acercan más a una campaña electoral que a una acción programada para paliar la frágil situación de las víctimas, más a una compra de votos que a una acción de auxilio.

En tiempos de emergencia, la administración pública debe ser especialmente ágil, pero también justa y responsable: ayudar a quien lo precisa e impedir que los pillos se apropien de lo que otros necesitan. La solución no es suprimir controles, sino fortalecerlos mediante digitalización, profesionalización, cooperación interinstitucional y ciudadana. La transparencia y la rendición de cuentas no son trabas, sino condiciones del buen gobierno. Y tal vez de eso es de lo que huye Mazón quien todavía no ha explicado más allá de su comida en El Ventorro a qué se dedicó la tarde del 29 de octubre mientras más de dos centenares de personas morían por la negligencia inexcusable de su gobierno.

Decir “sin burocracia” puede sonar bien, pero en el fondo significa sin garantías, sin transparencia y sin Estado de Derecho. Y eso, en democracia, no es eficiencia: es un retroceso peligroso. Es el camino hacia un Estado clientelar basado en la obediencia al cacique.

«El bosque no es un lujo ni un adorno verde; es una infraestructura vital, tan necesaria como una carretera o un hospital». Así definía el biólogo Ricardo Almenar la centralidad social de los sistemas forestales en su ensayo El bosc protector, (en valenciano Edit. Bromera, 2014), El monte protector, (en castellano, Edit. Icaria). Una afirmación que hoy, frente a la oleada de incendios que devoran centenares de miles de hectáreas en Galicia, Castilla y León, Asturias o Extremadura, resuena con dramática vigencia.

Los incendios no son meros accidentes estivales ni desastres inevitables de la naturaleza. Son la consecuencia de décadas de abandono rural, de políticas forestales erráticas o inexistentes y de una visión reduccionista del monte como un espacio marginal. La obra de Almenar pretende revertir este diagnóstico proponiendo un cambio de paradigma: contabilizar los beneficios que los bosques aportan a la sociedad y devolver a esos ecosistemas, en forma de políticas públicas de inversión, ayudas y fomento a los productos agropecuarios, una parte de esa riqueza.

Hoy, mientras el humo asfixia aldeas y pueblos enteros, mientras miles de personas ven cómo sus casas y recuerdos se reducen a cenizas, incluso algunos pierden sus vidas, es urgente recuperar propuestas y prácticas como las que Almenar formula: el bosque como manto protector, el monte como bien común que garantiza la vida presente y futura. Propuso establecer reglas claras para medir lo que los bosques aportan, más allá de la producción maderera, esos otros beneficios invisibles del bosque. Enumeró servicios que hoy la ciencia denomina ecosistémicos, y que en su ensayo definió con un enfoque pedagógico:

El bosque es un regulador hídrico que retiene agua de lluvia, evita riadas, mantiene acuíferos. «Cada árbol es una cisterna y cada bosque una gran infraestructura hidráulica», escribió el autor.

Protección del suelo. Las raíces fijan la tierra, impiden la erosión, conservan la fertilidad y frenan la desertización.

Captura de carbono. En un contexto de crisis climática y calentamiento global por el efecto de los gases invernadero, los bosques son emisores de oxígeno sumideros naturales de CO₂.

Biodiversidad. El bosque es refugio de miles de especies animales y vegetales que contribuyen al equilibrio y diversidad natural.

Protección cultural y humana. El monte es paisaje, memoria, sustento y, sobre todo, un marco de vida para las comunidades rurales.

Almenar sostiene que estos beneficios deben ser traducidos en una “contabilidad social” y que, a partir de ahí, los poderes públicos deben planificar y organizar un retorno justo: inversiones públicas destinadas a mantener, prevenir y cuidar lo que el bosque regala a la sociedad de manera silenciosa.

La catástrofe de los incendios actuales no se entiende sin el contexto de la despoblación y abandono del mundo rural. Todo comenzó cuando malas políticas públicas decidieron suprimir en muchos pueblos la escuela y luego el dispensario médico para obligar a sus moradores a tener que recorrer decenas de kilómetros para seguir recibiendo unos servicios que desde los centros de poder les usurparon. Con el declive de servicios esenciales llegó la pérdida de calidad de vida empeorada cuando los precios de la producción agropecuaria pasaron a depender de grandes superficies comerciales, centrales especuladoras e intermediarios sin escrúpulos.

Galicia ha perdido en las últimas décadas a buena parte de sus habitantes rurales; las aldeas de la montaña leonesa o zamorana languidecen; Extremadura sufre un éxodo constante hacia las ciudades. Con la despoblación y la crisis de precios se ha ido también la ganadería extensiva, que durante siglos mantuvo el monte abierto, limpio, diverso. La desaparición del pastoreo ha permitido que el sotobosque se densifique, acumulando material combustible. La desaparición de cultivos ha suprimido magníficos cortafuegos que se intercalaban como mosaicos entre las masas forestales.

Almenar lo describe con lucidez: «Un bosque abandonado es un polvorín en espera de la chispa». Esa chispa puede ser un rayo, una negligencia o, desgraciadamente, la mano intencionada de un incendiario. También la mano negra de intereses madereros o urbanísticos. La tragedia de este verano, pero también de anteriores, con incendios descontrolados que arrasan decenas de miles de hectáreas, no puede separarse del abandono del campo, del abandono del bosque, y ambos conforman un círculo vicioso de vulnerabilidad.

Las administraciones públicas, tanto autonómicas como estatales, han invertido históricamente más en extinción que en prevención. Helicópteros, hidroaviones, brigadas de élite… que en algunos lugares como el País Valenciano dio lugar a indecentes casos de corrupción como la Trama del Fuego donde dirigentes del PP y empresarios mafiosos se repartían el botín de la extinción de incendios. La paradoja es que cada verano se gastan millones en apagar incendios que podrían haberse evitado con programas de gestión forestal, con incentivos a la agricultura de montaña, con apoyo a la ganadería extensiva, con políticas serias de ordenación del territorio. Y lo más grave es que en los últimos años, especialmente en los territorios donde gobiernan PP-VOX han reducido la inversión en mejorar los sistemas de emergencia y extinción a pesar de tener las competencias en estas materias. Prefieren invertir en otras cosas como el fomento de la tauromaquia o el turismo. Cuando llega el desastre lejos de asumir su responsabilidad abonan el terreno para cargar la culpa a la administración central. Ya lo hicieron con la DANA de Valencia y lo están repitiendo con los incendios.

El propio Almenar advertía: «Lo caro no es invertir en el monte, lo caro es perderlo». Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Tras cada incendio, el Estado indemniza, reconstruye, reforesta. Pero el ecosistema que se ha perdido —suelo fértil, regulación hídrica, biodiversidad, patrimonio cultural— es en gran parte irrecuperable.

El ejemplo más claro lo tenemos en el incendio de la Sierra de la Culebra en 2022, en Zamora, donde más de 60.000 hectáreas ardieron en pocos días. El operativo de extinción resultó desbordado porque no existían planes de prevención ni suficientes efectivos en los primeros minutos del fuego. De nuevo, la falta de visión estratégica se tradujo en desastre como ahora está ocurriendo.

Una idea clave que insiste Almenar y que corroboran bomberos forestales y expertos en gestión es la importancia del tiempo. El fuego, en sus primeras fases, puede ser un conato controlable. Pero pasadas las primeras horas, con condiciones de viento y calor extremas, se convierte en un monstruo inabarcable. De ahí que la presencia humana en el territorio sea esencial. No solo brigadas profesionales, sino vecinos, agricultores, pastores, voluntarios que conozcan el terreno y puedan actuar con rapidez. Sin esa “primera línea” de defensa, el bosque está condenado. El problema hoy es que la despoblación ha vaciado esos territorios de guardianes naturales. Donde antes había ojos vigilantes, ahora hay soledad. Donde antes pastaba un rebaño que mantenía limpio el sotobosque, ahora se acumulan matorrales secos. El fuego, así, encuentra autopistas de combustible. Si además se han suprimido torres de vigilancia, retenes en el mismo medio rural y otros recursos de extinción, el desastre está servido.

La propuesta de Almenar es, en esencia, ética y política: reconocer que los bosques son protectores de la sociedad en su conjunto y que la sociedad debe protegerlos a su vez. Eso implica un cambio radical de políticas públicas para el medio rural al que se le debe respetar y reconocer su gran aportación al bienestar general. Por ese motivo bien estaría que los partidos políticos que creen en el bien común se leyeran el ensayo de Almenar y lo pusieran en práctica garantizando un retorno económico justo proporcional con los beneficios que aporta reconociendo que los servicios ecosistémicos que los bosques prestan deben valorarse y revertirse en forma de inversión en el mundo rural.

Asimismo, deben revivir el medio rural garantizando una gestión forestal sostenible, precios justos a los productos agropecuarios y la viabilidad de las explotaciones. No basta con brigadas temporales esporádicas, se necesitan políticas que fijen población, que recuperen la ganadería extensiva, que devuelvan servicios y dignidad a los pueblos.

La sociedad en su conjunto, pero especialmente la urbana, debe entender que su bienestar depende de esos montes que parecen lejanos y que han actuado históricamente como reguladores del clima y de los sistemas hídricos. Europa ofrece modelos que podrían inspirar a España. En Italia y Portugal se han impulsado sistemas de cogestión entre comunidades locales y administraciones. En Francia, las asociaciones de propietarios forestales han logrado integrar prevención, aprovechamiento económico y conservación. España, en cambio, sigue atrapada en una lógica reactiva por el secular desprecio de los poderes públicos a lo que ocurre en el medio rural. Ausencia de políticas forestales bien planificadas, de políticas de fomento de los productos agropecuarios dejados al albor de las grandes centrales que especulan con los alimentos en Europa y el mundo.

En definitiva, los incendios que arrasan Galicia, Castilla y León o Extremadura no son fenómenos naturales inevitables. Son la consecuencia de un modelo equivocado de gestión del territorio y de una falta de ética pública en la defensa del bien común. Ricardo Almenar nos ha dejado una hoja de ruta en El bosc protector: contabilizar los beneficios, devolver lo recibido, invertir en prevención, cuidar a quienes habitan los entornos rurales.

Defender los bosques significa defender la vida, el agua, el aire, el clima. Significa defender a las comunidades que, durante siglos, convivieron con el monte y lo mantuvieron vivo. Si seguimos tratando al bosque como un patio trasero de la ciudad, lo perderemos. Y con él, perderemos también una parte de nuestra propia capacidad de supervivencia ante la crisis climática.

«El monte nos protege siempre —escribió Almenar—; solo nos pide a cambio que lo protejamos nosotros». La catástrofe actual nos debería hacer reflexionar y escuchar esa advertencia. El futuro, en buena medida, depende de que lo hagamos.

Un expresidente de Perú, Martín Vizarra, en un discurso a su país se comprometió solemnemente a reducir la corrupción a lo normal. La frase la pronunció en un contexto de escándalos de corrupción que afectaban a su gobierno. Aquí y ahora la corrupción estructural que sufrimos también se ha considerado durante demasiado tiempo un fenómeno bastante normal y cada caso que se ha descubierto, lejos de servir para diseñar estrategias y acciones de gobierno correctoras, se convertía en un arma arrojadiza del debate político bronco con la que atacar desde la oposición a quien estaba gobernando, pero al final sin consecuencias reales.

Los dos grandes partidos que desde 1982 se alternan en el poder nunca han tenido intención de desplegar políticas efectivas de prevención y lucha contra la corrupción más allá de las medidas reactivas del Código Penal y todos sabemos de su eficacia: procesos que se perpetúan durante décadas por falta de medios y especialización de la justicia; medidas de gracia que consagran la impunidad a través de indultos, atenuantes vergonzantes y beneficios penitenciarios escandalosos. De hecho, los corruptos, cuando han tenido la mala suerte de caer, suelen estar muy tranquilos porque condenas como la de inhabilitación, cuando vienen a ser firmes, les suele llegar en edad de jubilación. Las de cárcel, muy raramente las cumplen por una causa u otra y de los dineros saqueados lo que les pillan suele ser la calderilla de todo lo robado cuando no se declaran insolventes. A los corruptores, empresarios a veces de mucho postín, ni se les molesta, como si pasaran por allí de casualidad. Y en cuanto a la tecnoestructura funcionarial colaboradora necesaria porque es la que da apariencia de legalidad a los procedimientos amañados, esos es como si no existiesen.

El plan de lucha contra la corrupción presentado el 9 de julio en el Congreso de los Diputados por el presidente Pedro Sánchez responde a una necesidad apremiante y puede suponer un gran avance si el gobierno de Sánchez lo convierte en una prioridad, lo mejora y no se queda en una mera declaración para salir de la ciénaga en la que los ábalos, koldos y cerdanes lo han hundido. Pero llega muy tarde. Decenas de miles de millones de euros se pierden por la mala gestión y la corrupción en la contratación pública: en el 40% de los procedimientos de contratación pública solo concurre una empresa. La propia Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) sostiene que la falta de presión concurrencial encarece la contratación pública en más de 40.000 millones de euros al año. El FMI calcula que el daño de la corrupción en España puede alcanzar la cifra de 70.000 millones de euros al año. El propio Tribunal de Cuentas Europeo descubría en 2013 que un kilómetro de autopista en las mismas condiciones orográficas y técnicas costaba en España el doble que en Alemania. El GRECO (Grupo Europeo contra la Corrupción) viene advirtiendo año tras año de todo esto y la CNMC descubrió en 2002 que seis de las grandes constructoras españolas se habían estado repartiendo los grandes contratos públicos desde hacía 25 años. Esta información la han venido conociendo gobiernos y oposición sin que el clamor de tanta indignidad se haya escuchado hasta hoy, cuando el descrédito de la política y la desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema democrático ha puesto a un partido fascista a las puertas del gobierno del Estado además de estar condicionando muchos gobiernos autonómicos.

En 2003, Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Corrupción. Los estados firmanantes se comprometían a desplegar en sus propios países una estrategia que en buena parte se asemeja a las medidas incluidas en el plan de Pedro Sánchez. España ratificó dicha Convención en 2006, con tres años de retraso, y desde su publicación en el BOE en julio de ese año integra por imperativo constitucional el ordenamiento jurídico español sin que dicha integración haya cristalizado a nivel estatal en ninguna de las grandes líneas que Naciones Unidas estableció: órganos independientes dotados de medios y personal especializado que desarrollen políticas de prevención de la corrupción; que activen sistemas de detección y persecución de las conductas corruptas; que protejan a las personas denunciantes amparándolas de forma integral; que se dediquen a perseguir y recuperar los activos saqueados; que detecten, desenmascaren y persigan las fortunas sucias; que sancionen conductas contrarias a la ética pública e investiguen los conflictos de interés; que comprueben las declaraciones de bienes y actividades de políticos y funcionarios cruzando datos con la Agencia Tributaria y otros organismos como los registros mercantiles y de propiedad; que accedan a la titularidad real de las empresas contratantes; que colaboren estrechamente con las fiscalías especializadas y los juzgados en los casos penales. Y que tengan capacidad para iniciar procedimientos de sanción a los cargos públicos y a los funcionarios corruptos y también a las empresas corruptoras por incumplimientos de los planes de integridad que deberían ser obligatorios en todas las administraciones y su sector público.

A pesar de que durante todos estos años la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción era el eje principal para avanzar en la consolidación de políticas de integridad pública y buen gobierno, en realidad ha sido una norma desconocida en nuestros ámbitos administrativo, político y jurídico. Es cierto que algunas medidas sueltas se han adoptado por exigencias generalmente de la UE pero ha faltado la visión de promulgar una ley orgánica de prevención y lucha contra la corrupción que, entre otras muchas medidas, cree una Agencia integradora de los órganos dispersos ya existentes y de las funciones antes descritas cuya independencia la garantice su adscripción al Parlamento y la designación por amplia mayoría de la persona que la dirija.

Incluso antes de 2003, la propia UE se adelantaba y establecía en sus reglamentos la obligatoriedad de implementar políticas de integridad, prevención y lucha contra la corrupción en los países miembros. Muchas directivas especialmente las relacionadas con la contratación pública y la transparencia introdujeron mandatos expresos para prevenir esta lacra. La propia Unión creó en 1999 la OLAF, la oficina europea antifraude, con jurisdicción sobre todos los países miembros, aunque exclusivamente para la vigilancia de los fondos europeos. Países de nuestro entorno como Francia con su Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) e Italia con su Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) se adelantaron a España más de una década por no hablar de otros países europeos cuyas agencias anticorrupción existen desde antes de la propia Unión Europea.

A nivel autonómico, diferentes correlaciones de fuerzas políticas a las del Estado pusieron en marcha unas experiencias que bien hubiesen podido copiar los gobiernos centrales. En 2016 los respectivos parlamentos autonómicos aprobaron la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) y la Oficina Antifraude de las Islas Baleares, hoy disuelta por decisión del PP y Vox. Con posterioridad Andalucía creó su propia Oficina Antifraude, así como Navarra, y bastantes años antes lo había hecho Cataluña. En todos estos casos, los dos grandes partidos estatales lo aceptaron a regañadientes o votando en contra porque los socios respectivos en cada ámbito, especialmente los partidos entonces emergentes Podemos, Ciudadanos, Comuns o la histórica ERC lo exigieron para formar los gobiernos de coalición. Dos grandes ciudades como Madrid y Barcelona también crearon sus propias oficinas municipales anticorrupción. En Barcelona se puso en funcionamiento en 2015 el primer buzón ético para denuncias de corrupción que permitía la denuncia anónima

Las experiencias autonómicas podían haber sido un buen modelo para el Estado, pero nunca hubo el menor interés. En el caso de la AVAF, la Unión Europea en su 'Manual de Buenas Prácticas para la Lucha contra la Corrupción', publicado en Bruselas en 2023, la destaca como modelo de institución territorial para la prevención, detección y lucha contra la corrupción, protección de las personas denunciantes y establecimiento de canales de denuncia. Esto también nos lleva a denunciar lo que hoy está pasando con aquellas iniciativas autonómicas ahora que el PP y Vox gobiernan: han disuelto la institución balear y han tomado al asalto la AVAF para demoler los principios básicos sobre los que construyó su independencia y eficacia, especialmente la colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado, la fiscalía anticorrupción y los juzgados de instrucción. Este es el verdadero programa oculto del PP-Vox en materia anticorrupción: destruir cualquier iniciativa que nos acerque al cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y colonizar los órganos de control internos y externos para actuar con total desfachatez, como están haciendo con las obras de reconstrucción en las comarcas valencianas afectadas por la DANA del 29 de octubre en la que murieron 228 personas por la negligencia e ineptitud de quienes debían haber protegido a la población. Adjudicar contratos por la vía de emergencia a empresas involucradas en casos de corrupción, como está haciendo Mazón, es un indicador de lo que realmente quiere el PP-Vox cuando elimina agencias anticorrupción y una evidencia de que sus broncos discursos en el Congreso de los Diputados son una escenificación cínica del peor teatro.

Modelos nacionales e internacionales no le faltan a Pedro Sánchez y visto el coste social, político, ético, económico y de desafección democrática que supone la corrupción no se deberían escatimar medios para poner en marcha de forma prioritaria las políticas públicas de integridad y lucha contra la corrupción a través de una necesaria Ley Orgánica de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción comprensiva de los objetivos aquí expuestos.

Según la información desvelada, la comida de carácter privado y para cuatro comensales fue inicialmente sufragada por la Generalitat, pero cuando el equipo de Mazón tuvo conocimiento de que alguien estaba siguiendo la pista de la factura, se produjo una reacción tan reveladora como insólita: enviaron a la secretaria del president con dinero en metálico al restaurante donde se había producido el ágape, en Cocentaina, a cien kilómetros de Valencia, para pagarla. Posteriormente el restaurante procedió a reintegrar a la Generalitat los 853€ que previamente había recibido por transferencia bancaria desde las cuentas públicas. ¿De quién era ese dinero en metálico que viaja de Valencia a Cocentaina en manos de una empleada pública? Si era un asunto entre particulares ¿qué hace una funcionaria y posiblemente un chofer con el coche oficial viajando a pagar en metálico una factura personal? ¿no la hubiese podido abonar cualquiera de los otros tres comensales o el propio president directamente por transferencia bancaria desde cualquiera de sus cuentas familiares, por bizum o simplemente dando al restaurante el número de su tarjeta de crédito?

Lo cierto es que la factura la pagó la Generalitat con dinero público y eso es un fraude y puede que un delito de malversación porque alguien en presidencia ordenó iniciar el trámite de aprobación de un gasto de carácter privado ajeno a la función institucional; le dio conformidad a la factura haciéndola pasar como dispendio protocolario o de representación con su correspondiente justificación falsa y, finalmente, alguien ordenó el pago al restaurante mediante transferencia bancaria consumando la ilegalidad. Este caso, aunque aparentemente menor por la cuantía, es paradigmático. No por el importe, sino por lo que revela: una cadena de decisiones y omisiones que normalizan el uso indebido de recursos públicos. El problema no es solo que Mazón intentara colar una factura de un gasto privado, sino que nadie dentro del sistema detectó la irregularidad ni consideró que había algo que corregir, investigar o sancionar. Alguien que advirtiese que esa comida no se podía pagar con recursos públicos y que la factura debía ser devuelta al president para que la pagara de su bolsillo.

El propio Mazón, más tarde y una vez descubierto el asunto, intentó zanjar el escándalo con una frase que sonó a déjà vu: “Mis gastos privados me los pago yo”, recordándonos inevitablemente otra célebre factura, la de El Ventorro del trágico 29 de octubre, esa factura que todavía nadie ha visto ni se sabe quién la ha pagado dadas las múltiples versiones que se han dado sobre lo que hizo aquel aciago día en el que la negligencia mezclada con la ineptitud causó la muerte de 228 personas. E inevitablemente, también nos viene a la memoria aquel otro caso de su correligionario Francisco Camps, el del accidente del Metro, y la frase cínica de “mis trajes me los pago yo”. Y podríamos seguir con aquella otra de “estoy en política para forrarme” y así indefinidamente, porque todo viene del mismo mal: la corrupción estructural que sufrimos y los indeseables que colonizan las instituciones. Cuando recientemente modificaron los criterios de gestión de la Caja fija de la administración autonómica suprimiendo detalles individualizados de los pagos y, por tanto, reduciendo la transparencia, sin ninguna duda estaban en esa línea.

Porque no hablamos solo del acto en sí, sino de la inacción administrativa que lo rodea, la ausencia de controles independientes y de reflejo ético en la estructura institucional, la falta de una cultura pública que active alertas y respuestas automáticas ante posibles irregularidades. Nadie en la administración consideró necesario revisar el procedimiento, verificar la legalidad del gasto, pedir explicaciones formales o activar los mecanismos de control previstos en la normativa de gestión económica donde las facturas por gastos protocolarios o de representación deben ir acompañadas de un informe justificativo con los motivos que lo causan y, en su caso, la relación de comensales y su vínculo con la actividad institucional realizada.

La opacidad con la que se intentó corregir el error, y la falta de consecuencias, muestra una administración resignada al servilismo político y a la pasividad ética. La administración de la Generalitat no debería funcionar como una extensión personal del president, sino como una institución sujeta al principio de legalidad, al control presupuestario y a la rendición de cuentas.

La buena gestión desde la ética pública no se demuestra en los discursos broncos ni en las frases hechas cargadas de estúpidas excusas, sino en los procedimientos, en los mecanismos que garantizan el uso correcto del dinero de todos. Cuando estos mecanismos fallan, o simplemente no existen, lo que hay es un gobierno que relega el principio de legalidad y lo somete a la lógica del poder corrupto.

Y lo más inquietante es que, como en el caso de los trajes de Camps, la frase exculpatoria se convierte en símbolo del cinismo institucionalizado. Decir que al final esa comida privada no ha costado nada a los valencianos es una falsedad que esconde que una funcionaria y tal vez un chofer con su coche oficial tuvieron que movilizarse para tapar la vergüenza de su jefe. Eso también es dinero de los valencianos. Mientras se continue confundiendo el dinero público con el bolsillo particular del político, y mientras no existan estructuras administrativas realmente imparciales y profesionales que actúen de contrapesos reales, la corrupción seguirá reproduciéndose en pequeñas o grandes dosis, con total impunidad.

El uso irregular de fondos públicos supone una vulneración del principio de legalidad, del deber de ejemplaridad y de la integridad institucional. Según la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas, el gasto público debe ajustarse estrictamente a los fines previstos en la ley, y su desviación puede constituir infracción contable, administrativa o incluso penal. Así lo establece, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo 593/2013, de 1 de julio, en la que se condenó a un alcalde por sufragar con fondos municipales gastos de carácter privado y ajenos a la función pública. El Supremo afirmó: “La mera disposición de caudales públicos para fines ajenos a los previstos legalmente, aunque sea con devolución posterior, no excluye la ilicitud ni la responsabilidad exigible.” Y también el Tribunal de Cuentas, en informes y resoluciones reiteradas, ha sostenido que: “El reintegro posterior de los fondos públicos indebidamente utilizados no exime de la responsabilidad contable derivada del uso irregular, máxime si se produce tras la apertura de una investigación o ante una posible repercusión mediática.”

Lo verdaderamente alarmante no es solo que Mazón intentara corregir la situación con un pago opaco y sin rastro administrativo, sino que la Generalitat no ha activado ningún procedimiento interno de revisión, investigación ni exigencia de responsabilidad. Esto pone de manifiesto una carencia estructural: no existen mecanismos automáticos que detecten y corrijan estos desvíos. Nadie en la cadena de gestión cuestionó el gasto, ni tras el primer pago ni tras la devolución. La cultura de control y legalidad ha sido desplazada por una cultura de obediencia y servilismo al jefe.

Además, la falta de órganos realmente independientes de integridad pública y de prevención de la corrupción; la banalización de los códigos éticos reducidos a pura cosmética; y la progresiva politización de los órganos de fiscalización deja estos casos sin respuesta, sin consecuencias y sin reparación institucional. Mientras no existan mecanismos internos y externos que respondan ante estos abusos, y mientras los dirigentes políticos no entiendan que la ejemplaridad es inseparable del poder público y que los bolsillos de los políticos y los funcionarios deben ser transparentes como el cristal, seguiremos asistiendo a un ciclo de escándalos de dimensiones diversas que, sumados, erosionan profundamente la confianza ciudadana en las instituciones.

Porque la corrupción no empieza con comisiones millonarias en paraísos fiscales por adjudicaciones de contratos públicos a los amigos y empresas corruptoras. Empieza con gastos privados que pagamos entre todos y silencios cómplices que lo permiten.

La corrupción en España es un problema estructural que persiste a pesar de las alternancias políticas y a pesar de las veces que se ha esgrimido como argumento para abatir al contrario haciendo creer a la ciudadanía que con el relevo político se solucionaba el problema. Nunca hubo voluntad de poner coto a la corrupción por parte de los partidos políticos dominantes y dudo que ahora la vaya a haber. Como diría Monterroso, “cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

España ha ignorado reiteradamente las recomendaciones de órganos internacionales como el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción); la Unión Europea y sus directivas promotoras de integridad pública, y la misma Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, a pesar de estar ratificada desde 2006. Se han desechado experiencias exitosas de países de nuestro entorno como la de Italia y su Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) o Francia con su Agencia Francesa Anticorrupción (AFA). En la Comunitat Valenciana, tuvimos la Agencia Valenciana Antifrau (AVAF), ahora desarticulada. La OCDE acaba de publicar un informe que sitúa a España como uno de sus pocos miembros que no cuenta con una estrategia nacional contra la corrupción a pesar de que debía estar aprobada por imperativo legal antes de finalizar 2024. Se ha preferido fiarlo todo a los hechos consumados, al derecho penal, cuando el mal ya está hecho, ignorando la prevención o dejándola en manos de órganos dispersos sin capacidades investigadoras, faltos de independencia y de medios.

El problema no es solo penal, sino político y ético: sin órganos de control independientes adscritos al parlamento y recursos suficientes que integren la prevención, la investigación, la recuperación de activos, los conflictos de interés, el control de las declaraciones de patrimonio y actividades de políticos y funcionarios, la protección de las personas denunciantes y la promoción de códigos de integridad con gobernanza efectiva, la coordinación con la Fiscalía, la justicia y la Agencia Tributaria… Sin promover esta estructura especializada es evidente que tampoco habrá voluntad de limpiar las cloacas del poder y, en consecuencia, la corrupción seguirá siendo el alto precio que paga la ciudadanía y el sistema democrático con el auge de los movimientos totalitarios disfrazados de regeneradores.

La lista presente y pasada es interminable. Sin ganas de retroceder a la corrupta dictadura franquista ni entrar en las andanzas del anterior jefe de Estado Juan Carlos I, en el periodo constitucional, y sin pretender ser exhaustivo, nos encontramos con Gürtel, Kitchen-Bárcenas, Púnica, 3%-CiU, Palau-Millet, Pretoria, Terra Mítica, Fabra, EREs, Emarsa, Imelsa, Cooperación-Blasco, Lezo, Brugal, Noos, Palma-Arena-Jaume Matas, Túnel de Sóller, Ivex, Taula, Pitufeo, Comisario Villarejo, Cursos de Formación, UGT-Fraude subvenciones, Tarjetas Black-Caja Madrid, Canal-9, IVAM, Emperador-Gao Ping, Mascarillas, Erial-Zaplana, Bancaja, CAM, Azud (esa tangentopoli a la valenciana que une en un solo caso al arco parlamentario)... y otros más antiguos como Filesa, Roldán, BOE, Nasseiro, Calpe, Banco de España-Rubio, etcétera. Y el más actual, por ahora, que ha sacudido el país y amenaza con provocar un cambio de ciclo político, protagonizado por el trio del exministro y diputado José Luís Ábalos, su asesor Koldo García y el parlamentario y secretario de organización, Santos Cerdán, los tres del PSOE vinculados con empresarios mafiosos en unos escenarios de corrupción similares a los casos de toda la vida, mezclada de tintes zafios de casposa misoginia. Tampoco sirve seguir repitiendo aquello de que ya hay muchos controles, cuando en la práctica se demuestra una y otra vez que no funcionan, entre otras razones, porque habitualmente están colonizados por los mismos que no quieren que se les controle. Si con estos antecedentes alguien piensa que España no necesita una estrategia de prevención y lucha contra la corrupción es que prefiere que todo siga igual.

En la alternancia entre PP y PSOE, los dos partidos que han hegemonizado el poder político en España desde 1982, con cada cambio se prometía una acción regeneradora que en realidad era un espejismo engañoso, o lo que es peor, actuaba como una mecánica blanqueadora. Luego, una vez instalados en el poder, lejos de rendir cuentas por sus respectivos casos de corrupción, las direcciones de los partidos se desentienden rápidamente recurriendo a las conocidas frases huecas habituales: eso pertenece al pasado o nosotros respetamos las decisiones de la justicia. Una justicia cuyos procedimientos los corruptos saben que se eternizan y, si no se archivan, concluyen y sentencian cuando los políticos condenados están prácticamente en edad de jubilación, por lo que las penas de inhabilitación para cargo público les dan bastante risa y las de cárcel quedan en nada con las vergonzosas atenuantes de las dilaciones indebidas de las que nadie se responsabiliza en nuestro maltrecho sistema judicial, o también por la vía de la confesión o la conformidad, siempre a última hora después de años entorpeciendo la investigación y que en realidad son auténticas burlas al proceso. Por no hablar de las distintas varas de medir con las que trabaja la justicia: la magistratura todavía está buscando a un tal M. Rajoy.

Hasta el Tribunal de Cuentas Europeo advirtió en 2013 que construir un kilómetro de autopista, en iguales condiciones orográficas y técnicas, en España costaba el doble que en Alemania

En esta ocasión se está hablando de contratos públicos amañados. La contratación pública es uno de los sectores más perjudicados por las prácticas corruptas. En el 40% de los contratos públicos en España participa una sola empresa. Alrededor de 40.000 millones de euros anuales, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se pierden por la falta de presión concurrencial en la contratación pública. Entre el 10 y el 30% de una obra pública, según la OCDE, se pierde por malas prácticas y corrupción. Hasta el Tribunal de Cuentas Europeo advirtió en 2013 que construir un kilómetro de autopista, en iguales condiciones orográficas y técnicas, en España costaba el doble que en Alemania. A su vez, el FMI advertía que la cifra de la corrupción en España podría alcanzar los 70.000 millones deaeuros al año. Estos informes han llegado a todos los partidos, los respectivos gobiernos y también a los que están en la oposición. Sin ninguna consecuencia a pesar de que con esas millonarias cifras se estarían resolviendo muchos de los problemas que tiene la sociedad española.

¿Pero cómo se puede amañar un contrato público, una subvención, un planeamiento urbanístico o una enajenación de patrimonio público? El esquema para amañar un contrato, como en la mayor parte de las actuaciones corruptas, se puede representar gráficamente con la figura de un triángulo donde uno de los vértices lo ocupa el político corrupto, en otro vértice se sitúa el empresario corruptor y, finalmente, en el tercer vértice encontramos al funcionario que, desde su posición gestora, o de control de legalidad, o de control financiero le da apariencia de legalidad a todo el procedimiento administrativo. Para que la corrupción exista es imprescindible que este triangulo funcione perfectamente cohesionado. Pero a pesar de esta unidad inseparable de acción, en la inmensa mayoría de los casos solo se habla del político corrupto, muy poco del empresario corruptor y casi nada de la tecnoestructura que gestiona, realiza los pliegos técnicos, fija las cláusulas jurídico-administrativas, emite los informes jurídicos, técnicos y financieros que dan apariencia de rectitud legal al contrato fraudulento.

Cuando por los avatares electorales, o judiciales, se produce un cambio en el vértice político los otros dos vértices siguen intactos, como en el cuento de Monterroso. Al permanecer estos dos vértices, las células cancerígenas continúan dentro de la estructura predispuestas a reproducir el tumor una y otra vez. En las obras de reconstrucción de la DANA empresas involucradas en casos de corrupción están obteniendo grandes contratos por la vía del procedimiento de emergencia. Este procedimiento contempla la posibilidad de adjudicar directamente y sin concurrencia a la empresa que el órgano político de forma discrecional decide y, al contratar a una empresa corrupta o sospechosa de corrupción en vez de a una empresa limpia, el político adjudicador nos está dejando claro por dónde van sus intereses.

El político corrupto cree que las mordidas son un merecido premio, una forma de compensar su entrega y dedicación sacrificada a su patria; un culto a su egolatría y una forma de aprovechar su paso por la política incrementando exponencialmente su patrimonio sin importarle que sea a costa de robar el dinero de la comunidad

Estamos inmersos en una cultura en la que la corrupción ha creado su propio ecosistema de normalidad aceptada. El político corrupto cree que las mordidas son un merecido premio, una forma de compensar su entrega y dedicación sacrificada a su patria; un culto a su egolatría y una forma de aprovechar su paso por la política incrementando exponencialmente su patrimonio sin importarle que sea a costa de robar el dinero de la comunidad. Otras veces se lo cobran con puertas giratorias terminando en empresas de sectores de los que no tienen ni idea, pero donde reciben buenas retribuciones en pago a los “servicios prestados”. Cuando los sobornos van a la financiación del partido lo hacen con el objetivo de perpetuarse y asegurarse el poder. Por su parte, el empresario corruptor considera que el pago de mordidas es una forma de evitar la molesta competencia con otras empresas, garantizar sus negocios aumentando los beneficios y tener cogido al político y al funcionario cómplices que le darán nuevas ganancias con más contratos fraudulentos. Y, finalmente, el funcionario que participa en el amaño de contratos lo hace a cambio de congraciarse con el vértice político, quien le paga con privilegios, mejores retribuciones o promocionando su carrera por encima de la de los funcionarios honestos y cumplidores con la ley que lo superan en mérito y capacidad. El funcionario corrupto muchas veces ha accedido al empleo público mediante procedimientos también amañados y su agradecimiento a quien le ha regalado un sueldo de por vida sin merecerlo lo convertirá en el candidato idóneo para ocupar el tercer vértice del triángulo de la corrupción.

Estos corruptos de tercera fila son reconocibles fácilmente: colaboran servilmente y sin escrúpulos con el poder podrido señalándole quienes son los funcionarios honestos y cumplidores, promueven operaciones de acoso y difamación para aislarlos o desplazarlos y así garantizar la toma del control por parte de los corruptos. Al haber sido invisibles ante la Justicia en tantos casos de corrupción, esta tecnoestructura putrefacta ha alcanzado un enorme poder y sensación de impunidad.

Si tenemos el diagnóstico de tan grave enfermedad no debería ser tan difícil poner en marcha la terapia eficaz. La lucha contra la corrupción requiere algo más que broncas y declaraciones políticas retóricas, exige una catarsis nacional seguida de una firme voluntad política para poner en marcha una estrategia del Estado contra la corrupción con reformas profundas, mecanismos eficaces de prevención, detección, investigación, recuperación y sanción, estructuras de control independientes, protección de los denunciantes, cultura de integridad pública, ética y conductas ejemplares exigibles a los lideres políticos, desde las más altas instancias del Estado hasta el humilde servidor público de base. La experiencia internacional nos muestra el camino.

Primo Levi, superviviente de Auschwitz, escribió “Ha ocurrido, luego puede volver a ocurrir”. Esa frase que se debió institucionalizar como un imperativo moral para el mundo civilizado se ha convertido en una premonición. No se trata de establecer equivalencias cuantitativas entre muertes o sufrimientos, sino de señalar la continuidad hoy de estructuras de pensamiento y comportamiento que conducen a lo impensable, a la reducción del otro a mero objeto de eliminación, al silencio cómplice de gran parte de los gobiernos y a la justificación escandalosa del crimen ejecutado en forma metódica y planificada. En Gaza no hay cámaras de gas, pero es un campo de exterminio donde están encerradas sin poder escapar más de dos millones de personas, donde se las elimina con bombas, ametrallamientos, hambre y sed. Gaza vuelve a ser el reflejo de la ignominia, el castigo colectivo, la destrucción sistemática de vidas humanas, hospitales, escuelas, hogares, sin que sus autores sientan culpa alguna, como quien realiza una tarea burocrática anodina incluso como si se tratara de un juego de tiro al blanco para los soldados de Benjamín Netanyahu, un personaje envuelto en casos de corrupción cuya situación al frente de Israel era insostenible hasta que la organización terrorista Hamás le brindó la excusa para invadir Gaza con el asesinato de más de mil israelitas indefensos y el secuestro de dos centenares de ellos, en una operación donde sorprendentemente la tan cacareada eficacia y superioridad de los servicios secretos israelitas estuvo ausente.

Hannah Arendt, al reflexionar sobre el juicio a Adolf Eichmann, habló de la banalidad del mal. No del monstruo, sino del funcionario obediente y eficaz, del hombre corriente incapaz de pensar desde otra perspectiva que no fuera la señalada por el líder supremo. En Gaza, como antes en Auschwitz o Mauthausen y tantos otros lugares donde se eliminaron de forma metódica e industrial ocho millones de personas, la mayoría judíos pero también gitanos, prisioneros de guerra, discapacitados, homosexuales, presos políticos y resistentes, de estos más de 4.000 españoles, y tantos otros que no encajaban con el ideal nazi… el mal también se ha banalizado cuando más de 50.000 asesinatos se convierte en simple estadística, cuando las imágenes de niños muertos de hambre o destrozados por las bombas no conmueven más que unos segundos a una parte de la población mientras otra lo celebra en las redes, sus medios afines y hasta en los parlamentos donde hemos oído cómo se despreciaban y ridiculizaban las leyes humanitarias o las convenciones internacionales para dar rienda suelta a las peores  maldades humanas incapaces de entender desde su imbecilidad que el Holocausto nos dejó una responsabilidad, la de no aceptar nunca más la lógica de la deshumanización, venga de donde venga. La de no permitir que el sufrimiento de unos justifique el sufrimiento de otros. La de reconocer que todo pueblo que ha sido víctima tiene una obligación ética adicional: no reproducir, desde el poder, aquello que una vez le fue infligido.

El historiador Enzo Traverso ya señaló que el Holocausto no debía convertirse en una memoria congelada, útil sólo para rituales vacíos y conmemoraciones rutinarias. Muy al contrario, debía ser una categoría crítica para pensar el presente, para desenmascarar las formas modernas de barbarie, venga de donde venga. Si el “nunca más” no es una máxima universal, entonces se convierte en retórica vacía. Si sirve para justificar crímenes en su nombre, se convierte en una coartada siniestra.

Europa nació de las ruinas del Holocausto. Su promesa fundacional era evitar la repetición del horror mediante la paz, el derecho y la cooperación. Hoy, sin embargo, Europa es incapaz de actuar. Cuando no es cómplice por omisión, lo es por justificación política. El peso de la culpa histórica por el antisemitismo ha llevado a algunos gobiernos y a muchos partidos políticos a conceder al Estado de Israel una impunidad ante el genocidio que está perpetrando y que fue precedida por el incumplimiento desde hace años de las Resoluciones de Naciones Unidas, del Derecho internacional y por despreciar las requisitorias del Tribunal Internacional Penal contra el genocida y corrupto Netanyahu. Ante Israel, Europa ha olvidado la respuesta firme y contundente que adoptó contra la Rusia de Putin por la invasión de Ucrania. Cuando la moral se aplica con doble rasero según de quien se trate, sencillamente es que no existe moral. Con el abandono de Gaza por el mundo civilizado asistimos a una tragedia que hiere no solo a sus víctimas asesinadas y mutiladas y a las asediadas por la violencia, el hambre y la sed, sino a la propia idea de civilización que se fundamenta en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad del individuo y ese abandono más pronto que tarde traerá consecuencias imprevisibles que lamentaremos. 

Callar ante Gaza, relativizar, mirar a otro lado, es una forma contemporánea de cobardía moral que está destruyendo la posibilidad de un futuro digno. Hoy, la memoria del Holocausto está en peligro no sólo por quienes lo niegan, sino por quienes lo instrumentalizan para justificar nuevas formas de destrucción del ser humano. Arendt no habría imaginado esta nueva forma de deshumanización donde las imágenes del horror se consumen como espectáculo, sin producir una reacción moral masiva entre quienes las presencian. Hemos aprendido a mirar sin ver. A sentir sin actuar ni pensar. A aceptar con normalidad la impunidad del criminal. La banalidad del mal, en el siglo XXI, ha adquirido formas digitales. El exterminio lento se retransmite por redes, se entierra en algoritmos, se justifica en foros, incluso en sedes parlamentarias por políticos sin escrúpulos.  

Aquí en España, ciertos sectores de la derecha herederos ideológicos del franquismo y del colaboracionismo con el nazismo son amigos del actual gobierno israelí y aplauden a Netanyahu. En esa amistad encuentran una coartada para reescribir su historia, ¿recuerdan lo del contubernio judeo-masónico que repetía como un loro el dictador? Si los judíos pueden ser hoy verdugos, ¿quién puede reprocharnos lo que hicimos ayer? ¿no son en realidad como nosotros? Esto no niega el Holocausto, pero relativiza su carga moral. Es una forma de legitimar crímenes pasados por simetría con crímenes presentes. Así y todo, lo más inquietante no es sólo la crueldad de algunos personajes que ha quedado retratada para la posteridad, sino la indiferencia de la gran mayoría e incluso la demonización de las víctimas. Hasta un personaje tan funesto como Carlos Mazón, el de El Ventorro, ridiculizó la ayuda de España al pueblo palestino para reclamarla para él y su gobierno de ineptos incapaces de prevenir los graves riesgos de una DANA anunciada, y también sus jefes en Madrid, tan absorbidos por el partido franquista como él, que se han dedicado a banalizar y hacer chistes del sufrimiento del pueblo palestino. Hoy, los testigos de lo que ocurre en Gaza –periodistas, médicos, civiles, cooperantes– claman por una reacción del mundo civilizado que sigue sin llegar y que se diluye entre declaraciones diplomáticas inútiles y una cobertura mediática que ha naturalizado el horror.

Los populismos fascistas que recorren el mundo tienen coincidencias esenciales con los partidos que hoy gobiernan el Estado de Israel con Netanyahu al frente y sobre esas coincidencias han construido una alianza geopolítica basada en el autoritarismo, el desprecio a las libertades democráticas y el odio al otro porque comparten su misma visión étnica del Estado, la negación de los derechos humanos universales, la militarización de la política y, sobre todo, la construcción de un enemigo absoluto (el musulmán, el palestino, el migrante). Netanyahu, al invocar permanentemente el Holocausto como justificación de su furia violenta, ofrece a la extrema derecha un relato que les permite instrumentalizar el Holocausto sin asumir su responsabilidad y autoría. No es que el Holocausto se niegue, sino que se vacía de sentido ético y se transforma en una patente para volver a cometer otro genocidio, el del pueblo palestino.

Pero los crímenes del pasado no absuelven los crímenes del presente. Y si la memoria del Holocausto sirve hoy para silenciar la crítica a una ocupación ilegal, a un castigo colectivo sanguinario, a una masacre… entonces esa memoria ha sido violada. No es la Shoah la que está en cuestión, sino su utilización cínica y perversa por parte del Estado de Israel y sus socios que ofrecen a la extrema derecha la oportunidad de lavar simbólicamente su propio pasado fascista y criminal. No lo hacen por amor al pueblo judío, sino porque el corrupto y genocida Netanyahu convierte el Holocausto en coartada para su conducta presente y eso, paradójicamente, absuelve a los verdugos de su pasado.

Frente a la barbarie, Europa debería liderar un alto el fuego permanente, promover el reconocimiento de un Estado palestino viable, proteger a la población civil bajo el derecho internacional humanitario, y condicionar toda relación diplomática y comercial con el Estado de Israel al cumplimiento de las Resoluciones de Naciones Unidas, el Derecho internacional y el respeto a los derechos humanos.

A pesar de todo, la ética resiste. Está en quienes se niegan a guardar silencio, en quienes se movilizan y arriesgan su vida y bienestar para denunciar, documentar e informar, curar, proteger y alimentar. Frente a la crueldad es necesaria la lucidez ética. Frente al poder que justifica los crímenes, la conciencia crítica. Frente la sumisión, la rebeldía cívica y la palabra que incomoda, recuerden lo que escribió Albert Camus: ellos mandan porque nosotros obedecemos. Gaza está llena de rostros que nos miran desde el abismo. ¿Qué hacemos con esas miradas?

Aun siendo así, hace bastante tiempo que apareció otro tipo de exposiciones, estas carentes de proyectos de investigación, son las conocidas en el argot museístico como exposiciones talonario. Se definen así porque detrás no hay nada, solo un empaquetado de obras que una entidad museística con una colección importante cede temporalmente a quien le paga. Suelen ser exposiciones con piezas de sus almacenes, pero eso es lo de menos pues sirven bien para un buen marketing comercial, financiero y también político que aprovechando el tirón de un artista o del prestigio de la institución prestadora pretenden enaltecer a la entidad o personaje previo suculentos pagos. No es malo que esto ocurra, para las entidades que ceden las obras constituye una fuente de ingresos importante, pero así y todo hay que diferenciar estas exposiciones empaquetadas de las que nacen de un proyecto de investigación riguroso vinculadas a un programa cultural hecho por profesionales de la museología. Se pagan muchos millones en estas operaciones y si el dinero sale del bolsillo de los contribuyentes, como mínimo, hay que exigir respeto, rigor y que ese dinero no se detraiga del presupuesto de los museos que son a quienes les corresponde cuidar del patrimonio histórico artístico y hacer exposiciones temporales.

Por lo que hemos sabido, vamos a tener en Valencia durante varios años otra de estas exposiciones talonario, parece ser que a razón de un millón de euros por año, con obras de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America, de Nueva York, institución con la que una entidad financiera valenciana, trágicamente politizada en la época de Zaplana, Olivas y Camps, firmó un acuerdo para traer a Valencia el conjunto de las 14 pinturas mural titulado “Visión de España” pintados por Sorolla los últimos años de su vida. La exposición fue espectacular y con gran éxito de público y también sirvió para enaltecer a personajes de una época en la que la corrupción campaba a sus anchas por la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos valencianos. La operación de marketing costó alrededor de 5 millones de euros y no impidió la estrepitosa quiebra de la entidad financiera que contribuyó al “crack” de 2008 dejando un reguero de ruina y miseria. Tampoco impidió que la reputación de la política valenciana cayera a los niveles más bajos, nunca conocidos, de desprestigio. Es necesario recordarlo, que la memoria es muy corta, y de un tiempo a esta parte estamos viendo a los personajes de aquella época resurgir como si nunca hubiesen roto la trabilla de un pantalón o cantados miles de euros en el asiento trasero de un coche.

El recurso al arte como ornamento político es muy antiguo, lo recuerda Susan Sontag en su obra Ante el dolor de los demás, “el uso del prestigio estético como legitimación del poder” pero también recordaban los clásicos que Nulla Aesthetica Sine Ethica, para nada sirve la estética si se carece de ética. Porque al final, en el ámbito de la cosa pública de eso se trata, o se está al servicio del interés general o del interés particular; o está alineado con el bien común o con el bien del bolsillo. Raro es el día que no sale a la luz alguna sentencia o auto judicial que nos explican el patrón de muchos políticos que están en política para forrarse.

Ahora, de nuevo, la figura del universal Sorolla, maestro de la luz y símbolo de la valencianidad culta, es usada como escudo para tapar la oscuridad de una gestión política rabiosamente anticultural que en los dos años que lleva gobernando se ha dedicado a depurar directores de centros de arte que por su profesionalidad e independencia estaban en el punto de mira de la extrema derecha a la que se ha abrazado el gobierno valenciano, como ejemplos los casos de dos grandes profesionales como José Luís Pérez Pont, del CCC del Carmen, cesado ilegalmente, o los ataques a Nuria Enguita, hasta que abandonó el IVAM. Son los mismos que censuran libros en bibliotecas públicas; que se dedican a perseguir poetas como Vicent Andrés Estellés, que ni muerto ha podido tener paz y respeto en el año de su centenario, a cubrir baches dijo una concejala que no sabrá distinguir un verso de una zanahoria, que había retirado los paneles con sus poemas en su pueblo natal; y por supuesto, a atacar nuestra lengua cooficial con absurdos referéndums y acosos a la Academia Valenciana de la Llengua.

Probablemente lo que en el fondo pretenden es volver a aquella época en que los museos valencianos funcionaban por antojos de los políticos de turno. Destruyeron la reputación del IVAM colocando una directora que fue condenada por corrupción, impulsora de exposiciones como las que giraban alrededor de las pelucas de su peluquero o las fotografías de un galerista chino acusado de ser el jefe de una red de blanqueo de capitales.

El personaje político que representa toda esta barbarie cultural ahora va a utilizar uno de los símbolos de la cultura valenciana como herramienta propagandística que tape su ineptitud durante y después de la DANA del 29 de octubre. Ver los publirreportajes de Mazón por la Gran Manzana me ha traído a la memoria al actor que interpreta Rowan Atkinson como Mr. Bean, en su película de cine catastrófico titulada simplemente Bean o también “El nombre del desastre”. En esta película Mr. Bean es enviado a Estados Unidos por sus superiores de la Royal National Gallery como supuesto experto en arte para una importante operación cultural. El personaje, encarnación de un individuo torpe, inepto y tóxico, es en realidad un empleado sin cualificación al que nadie quiere tener cerca y que sus jefes no saben cómo deshacerse de él. Su designación no responde al mérito ni a la capacidad intelectual sino al deseo de quitárselo de encima. Mr. Bean es el “experto” que en realidad no sabe nada, y aun así es sostenido en su rol por la mentira, la improvisación y el artificio. El resultado es catastrófico: el arte queda convertido en parodia y la representación institucional en un esperpento.

Este guion, que en clave de comedia británica provoca risas, se está reproduciendo en nuestra política con tintes mucho más trágicos. Mientras todavía vivimos bajo el síndrome de una catástrofe que por confluencia de la ineptitud i la imprudencia causó 228 muertos e innumerables heridos, el todavía presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se fue a Nueva York, ¿o lo enviaron? para, supuestamente, organizar una exposición de “cuadros” de Joaquín Sorolla. Una cortina de humo para tapar la vacuidad de su infame acción política. El aterrizaje en el Manhattan de Nueva York, que el de Cullera todavía no nos lo ha explicado, se acompañó con mucha prensa, discursos y fotos oficiales propios de una operación de mercadeo político provinciana. En realidad, lo que representó fue la farsa maquillada de una pretendida dignidad institucional con la que el “experto” en Sorolla esperaba quitarse de encima el barro de unas riadas que fue incapaz de prevenir, pese a los avisos rojos de AEMET, y las muertes evitables cuya investigación judicial le va estrechando el cerco. ¿Para cuándo el mismo detalle informativo de la visita a Nueva York, pero ahora sobre lo que hizo Mr. Mazón aquella infausta tarde del Ventorro al CECOPI y las causas verdaderas para no enviar “alertas exageradas” que pudiesen estropear el negocio en aquella semana de puente?

Mr. Bean, y Mr. Mazón, son dos casos similares que encarnan una tragicomedia, el primero desde la ficción, como un bufón incapaz que termina manipulando valiosísimas obras de arte sin entenderlo, y el otro, de trágica realidad representando una performance de cartón piedra interpretada en Nueva York con un séquito de figurantes buscando construir una apariencia de normalidad y seudo prestigio cultural alrededor de alguien tan simbólico para los valencianos como es la figura de Sorolla, confundiendo la cultura con el espectáculo para distraer el vacío institucional y tapar la ineptitud que sufrimos decenas de miles de ciudadanos en aquellas terribles fechas. Ambos personajes, Mr. Bean y Mr. Mazón, condensan el absurdo de confiar tareas de gran responsabilidad a figuras que no solo carecen de preparación, sino que agravan con su presencia lo que tocan. El desastre, en ambos casos, no es solo un accidente: es el resultado previsible de haber puesto la toma de decisiones importantes en manos del menos indicado. La mala política se ha convertido en escenografía, y el arte en telón de fondo para encubrir la mediocridad enfangada en la ausencia de ética y de vergüenza.