Siempre he recomendado que la película 'Vencedores o vencidos (El Juicio de Nuremberg)',1961, debería proyectarse cada curso en las facultades de Derecho. No solo por su valor cinematográfico, sino por la lección ética y jurídica que entraña. La película relata el juicio a los jueces y fiscales del régimen nazi -personajes de la segunda fila, pero esenciales en el engranaje del horror- que contribuyeron a dar cobertura legal a un sistema político construido sobre la irracionalidad del odio racial y la supuesta superioridad de la raza aria.

En la escena final, Spencer Tracy, en el papel del juez Dan Haywood, responde al exjuez nazi Ernst Janning (Burt Lancaster), cuando éste intenta justificar su conducta alegando que jamás imaginó que la maquinaria del régimen acabaría provocando un holocausto: “Se llegó a eso la primera vez que usted condenó a muerte a alguien sabiendo que era inocente”. Esa frase resume la esencia de lo que hoy llamamos lawfare: el uso del Derecho como instrumento de persecución política, el deslizamiento moral del juez que acepta convertir el proceso judicial en un arma al servicio de una ideología que considera que todas las estructuras del Estado deben someterse a la voluntad del partido y su despótico líder.

El término lawfare -contracción de law (ley) y warfare (guerra)- fue acuñado por el juez y general estadounidense Charles J. Dunlap en 2001 para describir el uso de la ley como arma en los conflictos modernos. Pero hoy en el ámbito político el lawfare significa la instrumentalización del sistema judicial con fines de persecución o neutralización de adversarios. Describe el uso de las estructuras judiciales, policiales y mediáticas para destruir a un adversario político. En España, este fenómeno ha adquirido una intensidad alarmante en la última década. Desde la irrupción de Podemos en 2014, el sistema político-mediático dominante reaccionó con una hostilidad inusitada contra quienes desafiaron los pilares de lo peor de la Transición, dominada hasta entonces por la alternancia de los dos grandes partidos y un monarca al que todo se le consintió. Las denuncias reiteradamente archivadas por supuesta financiación ilegal, impulsadas por falsos informes de policías agazapados en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, inauguraron una etapa de judicialización estratégica de la política. La frase del exministro “Eso la fiscalía te lo afina” es toda una declaración de cómo se ha actuado desde entonces. Las revelaciones de los procesos abiertos y algunas condenas al ex comisario de policía Juan Manuel Villarejo, abren en canal la colaboración político-judicial-policial que domina toda una época. 

En el ámbito municipal, Ada Colau sufrió veinticuatro querellas, archivadas finalmente porque no había nada, promovidas por asociaciones y despachos vinculados a la derecha mediática y empresarial, especialmente la del mundo de la especulación urbanística y hotelera o de las concesiones cautivas. Ninguna prosperó, pero todas cumplieron su función: desacreditar, desgastar, distraer, erosionar, imponer el castigo del procedimiento, la pena de banquillo. El lawfare es eso. 

Más cruel aún fue el caso de Mónica Oltra. Su imputación, basada en conjeturas y acusaciones inconsistentes y amplificada por una potente maquinaria mediática, la obligó a dimitir. El último auto del juez instructor declarando de nuevo el archivo del caso, con el apoyo esta vez de la fiscalía, por no existir delitos, el segundo que dicta el juez en mismo sentido, y que está pendiente de una sala de la audiencia provincial de Valencia que, por su tardanza en resolver, da la sensación de estar empeñada en encontrar delito donde no lo hay. Pero la inconsistencia del caso ya ha cumplido su función: el daño personal y político a una persona y su coalición que también tuvieron la osadía de romper el equilibrio entre los dos grandes partidos que se habían venido alternando en el poder. 

Asimismo, en los procedimientos contra los independentistas del procés, imputarles delitos de rebelión o sedición y hasta de terrorismo donde si efectivamente había conductas delictivas estas no pasaban de la desobediencia, los altercados o la prevaricación. Todo infiere hacia una intencionalidad de ensañamiento más que de aplicación del Derecho. Ahora el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo ha desmontado cuestionando una vez más a las altas instituciones judiciales españolas. Por lo visto, el Derecho Comunitario y los Tratados Internacionales no es lo fuerte en nuestro Tribunal Supremo.   

En los últimos dos años, y como si se estuviera cumpliendo la profecía del pastor Martin Niemöller “Primero vinieron por ...”, el lawfare ha apuntado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, promoviendo procedimientos penales sin fundamentos jurídicos sólidos alimentados por organizaciones ultraderechistas muy conocidas por su querulancia fundamentalista tolerada por instancias judiciales que igual admiten querellas con recortes de prensa como deniegan todo valor probatorio a declaraciones en estrados de periodistas testigos de descargo. 

Lo común en todos estos episodios es la connivencia entre determinados jueces, fiscales, policías, medios y sectores políticos. El proceso judicial se convierte en el arma del castigo y represalia; la absolución y, en su caso, el archivo, llegan siempre tarde y sin ruido; el bulo y la filtración permanente e impune sustituye a la sentencia. La independencia judicial se confunde con la impunidad corporativa.

La frase final de 'Vencedores o vencidos' encierra la advertencia ética que hoy necesitamos: la degradación del Derecho no empieza con los querulantes ultraderechistas, sino con los miembros del poder judicial que aceptan servir a las ideologías políticas en lugar de al Derecho y la Constitución. La ética judicial exige valentía, resistir la presión mediática, política o corporativa. Las manifestaciones de jueces a las puertas de las audiencias usando su toga como pancarta contra proyectos de ley todavía no debatidos por el poder legislativo marca un antes y un después en el deslizamiento de un sector importante de la judicatura hacia un Estado cautivo por las ideologías herederas de la dictadura franquista. 

El lawfare,  como la corrupción, erosiona y destruye el Estado de Derecho desde dentro, revestido de legalidad. Sustituye la verdad judicial por el chismorreo y la sospecha política y convierte el proceso penal en un arma política incontrovertible. Frente a él, no basta con reformas institucionales: es necesaria una reconstrucción ética de la judicatura y del ministerio fiscal.

El juez no debería representar al Estado frente al ciudadano, sino al Derecho frente al poder. Cuando esa conciencia se pierde, la democracia se convierte en un apéndice al servicio de los que siempre han mandado. La película de Stanley Kramer debería proyectarse, además de en las facultades de Derecho, en la Escuela Judicial y quizás, sobre todo y siempre que no se considere una amenaza, ante quienes integran la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esa que un partido fundado por la flor y nata de tardo franquismo consideró que iba a estar controlada por la puerta de atrás. 

Sigue sin exigirse responsabilidades más allá de las recibidas por los ejecutores materiales, juzgados y condenados. Sin embargo, siguen sin arrepentimiento ni justicia para los causantes políticos del 11 de marzo. Ese día de 2004, diez artefactos explosivos colocados en trenes de cercanías de Madrid a unas horas que solo podían matar personas que se dirigían a sus trabajos, provocaron 193 muertos y cerca de dos mil heridos. Fue el atentado terrorista más grave de la historia de España y uno de los más mortíferos cometidos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Aquel día lo tenemos grabado en la memoria individual y colectiva como una tragedia de magnitudes históricas por eso reducir el 11-M a un acto terrorista aislado es ignorar el contexto político que lo precedió. Aquella matanza fue también la irrupción violenta en territorio español de un conflicto internacional en el que el propio gobierno presidido por José María Aznar había decidido implicar a España pocos meses antes y al margen del parlamento: la invasión de Irak de 2003. Veintidós años después, la memoria de las víctimas sigue planteando una pregunta que la política española nunca ha querido responder plenamente: ¿cómo llegó España a convertirse en objetivo del terrorismo yihadista internacional? Responderla exige reexaminar una decisión política que alteró profundamente la relación entre política exterior, legalidad internacional y seguridad de Estado. Lo exije también el respeto por las víctimas.

El 20 de marzo de 2003 Estados Unidos y el Reino Unido rompieron el orden jurídico internacional ignorando la posición de Naciones Unidas e iniciaron la invasión de Irak con el apoyo político de varios gobiernos aliados, entre ellos el de España. Aquella intervención se justificó mediante dos argumentos: la existencia de armas de destrucción masiva en poder del régimen de Saddam Hussein y su presunta relación con el terrorismo internacional. Ambas afirmaciones resultaron ser falsas. El Informe Chilcot, oficialmente Iraq Inquiry, publicado en 2016 por el Parlamento británico concluyó que la guerra se basó en informaciones de inteligencia defectuosas, exageradas o interpretadas de forma selectiva, y que las alternativas diplomáticas no habían sido agotadas.

Desde el punto de vista jurídico, la invasión planteó una cuestión aún más grave. La Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945 tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial, establece en su artículo 2.4 la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales salvo en dos supuestos: la legítima defensa frente a un ataque armado o la autorización expresa del Consejo de Seguridad. La invasión de Irak no cumplía ninguno de esos requisitos. Por ello, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, afirmó en 2004 que la guerra era “incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y, por tanto, ilegal”.

A pesar de ello, España decidió alinearse con el llamado “trío de las Azores” formado por George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar, que en realidad fue un cuarteto pues siempre se olvidan del anfitrión, Durao Barroso. Aquella fotografía de la reunión celebrada el 16 de marzo de 2003 simbolizó algo más que una alianza política. Representó la ruptura del cuerpo jurídico internacional que subordinaba la fuerza al derecho.

La decisión del gobierno español de 2004 se adoptó contra la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas mostraban que más del 80 % de los españoles se oponían a la guerra. Las manifestaciones celebradas en febrero y marzo de 2003 constituyeron algunas de las mayores movilizaciones sociales registradas en Europa desde el final de la Guerra Fría. Millones de personas salieron a la calle bajo una consigna simple: “No a la guerra”. El presidente del gobierno no apareció por el parlamento durante diez meses.

La invasión de Irak fue precisamente uno de esos momentos en los que la razón de la mentira se impuso sobre la razón jurídica y moral generando una catástrofe humana que todavía persiste en los países que fueron víctimas y en el propio desorden mundial como ahora nos demuestra la última sinrazón de la guerra contra el régimen teocrático de Irán iniciada por el régimen también teocrático de Israel arrastrando a los EEUU bajo el gobierno del reo del pederasta Epstein.

El terrorismo que golpeó Madrid el 11-M invocó explícitamente la participación española en la guerra de Irak como uno de los motivos de su acción. Nos trajo la guerra a casa abriendo una cadena de atentados por toda la Unió Europea. No hay nada que pueda justificar el asesinato de civiles, pero comprender el contexto en el que se producen los atentados forma parte del deber intelectual de cualquier sociedad democrática para imputar la parte de responsabilidad que les corresponde a aquellos que tiran la piedra y esconden la mano.

Mantener que las decisiones en política exterior no tienen consecuencias es engañar a la ciudadanía. España que había sufrido durante décadas el terrorismo de ETA de repente pasó a ser considerada un objetivo prioritario del terrorismo yihadista global. La foto de Aznar en las Azores nos trajo ese escenario, nos trajo la guerra a Madrid. La tragedia se vio agravada por la gestión política de la información en las horas posteriores al atentado. Mientras las investigaciones policiales comenzaban a apuntar hacia una autoría yihadista, el gobierno con su portavoz, el condenado por corrupción Eduardo Zaplana, al frente insistió pública y falsamente en imputar el atentado a los terroristas de ETA prefiriendo que la masacre fuera atribuida al terrorismo vasco antes que al yihadismo y a la acción de participar en una guerra ilegal a miles de kilómetros de nuestras fronteras. La resistencia a modificar ese relato cuando las evidencias comenzaban a contradecirlo provocó una profunda crisis de confianza institucional. La mentira sobrevoló el duelo por las víctimas que fueron revictimizadas y abrió en canal la confianza de la sociedad en sus líderes. De aquella gran mentira de hace dos décadas se ha transitado a los bulos de hoy que todo lo contaminan. Existe una perfecta concatenación de conductas. El objetivo oculto de la mentira no está solo en engañar sino conseguir que una catarata de mentiras induzca a que la ciudadanía termine por no creer en nada, como ya dijo Arendt.

El historiador Tony Judt advirtió, al analizar las intervenciones militares posteriores al 11-S, que las guerras emprendidas en nombre de la seguridad podían terminar generando exactamente lo contrario: inestabilidad, radicalización y violencia transnacional como así ha ocurrido. Veintidós años después, la autocrítica política sobre la guerra de Irak sigue siendo prácticamente inexistente entre aquellas fuerzas políticas y medios afines que impulsaron la gran mentira. Ni responsabilidades ni arrepentimiento. Ninguna de las principales figuras que impulsaron la participación española en aquella intervención ha asumido responsabilidades políticas o morales, sus herederos políticos, tampoco. El filósofo Michael Walzer, en su teoría de la guerra justa, recuerda que el poder político que decide iniciar una guerra adquiere una responsabilidad especial: la responsabilidad de justificarla ante la comunidad internacional y ante sus propios ciudadanos. Cuando esa justificación se revela inexistente, falsa o jurídicamente insostenible, la legitimidad política queda gravemente dañada.

El aniversario del 11-M tiene ecos en el presente. Coincide con un momento internacional marcado por nuevas guerras y por el deterioro del orden jurídico internacional. El genocidio del pueblo palestino en Gaza ha generado acusaciones de graves violaciones del derecho internacional humanitario sin consecuencias. La invasión de Ucrania por Rusia también. El régimen teocrático de Israel sigue comerciando desde una posición privilegiada con una noqueada Unión Europea, sus cantantes y deportistas exhibiéndose obscenamente por los festivales y estadios defendiendo las masacres de su gobierno genocida y a pesar de que el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó en 2024 órdenes de arresto por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y también contra los dirigentes de Hamás, la otrora organización terrorista financiada por Israel para debilitar a la Autoridad Palestina.

Tras los juicios de Núremberg, la comunidad internacional estableció un principio fundamental: los dirigentes políticos pueden ser penalmente responsables por crímenes contra la población civil. Ese principio fue recordado por Primo Levi, superviviente de Auschwitz, cuando advertía que la memoria de las catástrofes del siglo XX debía servir para impedir que el poder político volviera a situarse por encima del derecho. A pesar de todo ello, en España, el PP y VOX y sus voceros mediáticos vienen defendiendo posiciones de apoyo prácticamente incondicional a las estrategias ilegales de Estados Unidos e Israel hasta el punto de estar alineándose con quien amenaza a España con represalias y a la Unión Europea con invadir un territorio bajo su soberanía. El problema no es la existencia de diferencias políticas que son democráticamente legítimas. El problema surge cuando ese alineamiento se convierte en subordinación y sumisión a una potencia extranjera que se comporta como un enemigo que genera conflictos graves contra el derecho internacional o contra los intereses estratégicos europeos.

El Código Penal español, en sus artículos dedicados a los delitos de traición, contempla supuestos en los que la colaboración con intereses extranjeros en perjuicio del Estado puede constituir responsabilidad penal. Naturalmente que el debate político no puede equipararse automáticamente a un delito, pero sí existe una frontera ética y constitucional clara: cuando la defensa de los intereses de potencias extranjeras se sitúa por encima de la defensa del interés general del propio país y sus ciudadanos, entonces la cuestión deja de ser meramente ideológica para convertirse en un problema de responsabilidad institucional y legal.

El 11-M fue una tragedia histórica y también fue una advertencia. Nos recuerda que las decisiones de política exterior, especialmente las relacionadas con las guerras, tienen consecuencias profundas y duraderas en la política interior y hacia la ciudadanía. Cualquier política democrática debe condenar el terrorismo y las agresiones a los derechos humanos, pero también se debe obligar a impedir que las decisiones políticas alimenten los conflictos armados que contravienen el derecho internacional. Los desastres del siglo XX nos dejó muy claro que ningún dirigente político debe situarse por encima del derecho internacional. Los juicios de Núremberg establecieron que iniciar guerras ilegales, cometer crímenes de guerra o atacar a la población civil son actos que generan responsabilidad penal individual. Ese principio sigue siendo hoy la base del sistema de justicia internacional. Si las acusaciones formuladas por fiscales internacionales prosperan, dirigentes como Donald Trump o Benjamin Netanyahu deberían terminar enfrentándose a responsabilidades ante la Corte Penal Internacional por sus decisiones causantes de devastación y sufrimiento masivo.

Pero la responsabilidad no termina en quienes declaran ilegalmente las guerras. También alcanza a quienes legitiman, justifican o facilitan políticamente esas acciones, ignorando deliberadamente el derecho internacional o subordinando los intereses de su propio país a los de potencias extranjeras agresoras. La defensa de la democracia exige algo más que condenar el terrorismo, exige también defender el derecho internacional frente a la política de la fuerza y exige responsabilidades políticas, jurídicas y morales a quienes contribuyen a destruirlo directa e indirectamente. Porque la historia ha demostrado una y otra vez que cuando el poder actúa por encima del derecho y cuando la política abandona la defensa del interés general de la ciudadanía y normaliza la guerra como instrumento de gobierno y dominación, las víctimas siempre terminan siendo los ciudadanos.

El 11-M debería recordarnos precisamente eso. Que las guerras que los gobiernos deciden lejos de casa siempre terminan viniendo a casa, de múltiples formas. Y que las democracias solo pueden sobrevivir si los autores de esas decisiones saben que, tarde o temprano, tendrán que responder por ellas ante la justicia.

Mazón seguiría ofendiendo la dignidad de los valencianos de no haber sido por otro grito estremecedor, el que desbordó el inmenso caudal de indignación acumulada por las múltiples manifestaciones convocadas por las asociaciones de víctimas de la DANA acompañadas de dos centenares de entidades cívicas que cada mes, alrededor de su día 29, congregaban a decenas de miles de personas para acompañar en las calles a las familias de las víctimas y recordar solidariamente la memoria de 230 personas muertas por culpa de una conducta negligente presuntamente delictiva.

¡Asesino rata cobarde! este es el otro grito, el que vibró en la inmensa sala de la Ciutat de les Arts rompiendo el silencio durante el solemne funeral de Estado en recuerdo de las víctimas. El grito estremecedor de una mujer anónima dejó a Mazón desnudo ante el mundo. Fue ella la que concentró en un instante y con solo tres palabras un año de rabia y resistencia de una ciudadanía que no salía de su estupor cada vez que se conocían nuevos detalles sobre a qué se dedicó la primera autoridad valenciana mientras a menos de diez quilómetros de El Ventorro las personas morían arrastradas por el lodo de un desastre anunciado desde días antes. Ella y su grito fue quien lo precipitó todo. Desde ese mismo momento era evidente que la suerte del infame estaba echada a pesar de que esa misma mañana había recibido en el Palau de la Generalitat los aplausos y vítores de 160 de sus clones y muy a pesar del apoyo que le brindó durante un año su partido y los socios de la extrema derecha que, en realidad, blindándolo a él se protegían a ellos mismos como hacen los cómplices mafiosos.

Durante un año construyeron un relato lleno de ocultamientos y mentiras que tuvo su principal caja de resonancias en Madrid con los feijós, cucas, ayusos y bendorros para quienes en el caso de la DANA también había que aplicar el manual de construcción de una verdad alternativa que condujera a hacer creer que la culpa es siempre de los otros, incluso de las víctimas a quienes se les llegó a imputar la responsabilidad de no haberse sabido proteger. Venían experimentados de otros desastres como el accidente del del Yak 42 en 2003 (62 víctimas); los atentados de Atocha en 2004 (193 personas muertas y 2000 heridas); o el siniestro del metro de Valencia, en 2006 (43 personas muertas y 47 heridas); o los protocolos de la vergüenza de Madrid en 2020 (7291 personas fallecidas en condiciones espantosas). De ahí la obsesión de Feijoo en pedir a Mazón que controlase el relato de la catástrofe antes que ocuparse de las víctimas según se desprende del intercambio de mensajes que los dos mantuvieron mientras se ahogaba la gente. La política y la verdad no se llevan bien o, lo que es lo mismo, un relato bien manipulado puede ocultar los datos.  

Mazón no dimitió, lo echaron y quienes lo echaron no fueron ni Les Corts, ni los partidos, ni ninguna alta institución, fue la sociedad civil organizada y eso les duele mucho, motivo por el que se esfuerzan en vestirlo de dimisión. Por eso se entiende que uno de los rasgos más persistentes del poder establecido con independencia de su adscripción ideológica es su desconfianza estructural hacia la sociedad civil organizada. Los partidos políticos tienden a presentarse como la única vía posible para cambiar las cosas porque les resulta oportuno. Esta concepción ha empobrecido la democracia reduciéndola a un mecanismo electoral periódico, vaciado de participación real donde en ocasiones recalan personajes corruptos que colonizan las instituciones democráticas aun a costa de destruirlas con el descrédito. 

Plataformas ciudadanas, movimientos sociales, colectivos culturales, asociaciones ambientalistas, vecinales y de damnificados, de este o de cualquier otro desastre, comparten una característica que los hace incómodos: actúan fuera del control directo de los partidos políticos y, por tanto, les obstaculizan la pretensión de ostentar el monopolio de la representación y decisión sobre lo que ahora toca o no toca. Sin embargo, gran parte de las asociaciones son escuelas de democracia, libertad y un contrapeso frente a los abusos del poder político. Existieron mucho antes que la democracia y los partidos, nacen de un impulso natural primigenio de las personas para agruparse en defensa de sus intereses y para la protección de valores y derechos que constantemente están en riesgo. Allí donde la sociedad civil se organiza, el poder se ve obligado a escuchar y en muchas ocasiones, rectificar o ceder. Precisamente por eso forma parte del relato político desprestigiar, fragmentar o instrumentalizar las entidades cívicas que no se someten al dictado político.

Mazón conjuró a los poderes tradicionales a su favor, las primeras semanas buscó la bendición de la Iglesia con un funeral católico que despreció los credos de muchas de las víctimas y atrajo un alto mando militar a su gobierno para hacer creer que tenía el apoyo del ejército. Con la clase empresarial lo tuvo peor pues algunos reconocidos empresarios estaban entre las víctimas. Pero Mazón seguiría en el Palau de la Generalitat de no ser por la persistencia de las denuncias y las manifestaciones masivas culminadas por el grito asesino rata cobarde y las acciones emprendidas por las asociaciones de damnificados y cívicas que han permitido desvelar las mentiras con las que se intentó encubrir tanta irresponsabilidad y maldad. De hecho, Mazón aguantó un año entero mintiendo y despreciando tanta indignación acumulada hasta que una sola gota, el grito, desbordó el torrente de dignidad que se lo llevó.  

En este contexto, resulta especialmente revelador el intento insistente de formular la salida de Carlos Mazón como una dimisión. Mazón no dimitió, fue destituido de facto por la ciudadanía, manifestación tras manifestación, por la acumulación de protestas, por la persistencia cívica que erosionó su legitimidad política hasta hacerla insostenible. El poder intenta siempre apropiarse del relato final: presentar la caída como un acto voluntario, ordenado, casi elegante. Pero la realidad fue otra. La presión social fue constante, creciente y transversal. Y hubo un momento simbólico que condensó todo ese proceso en una sola voz rotunda, moralmente cargada de razón y dignidad que expresó lo que miles pensaban y que ya nadie podía silenciar: “Asesino rata cobarde.”

Ese grito no fue un exabrupto, fue la máxima expresión de dolor en el lugar adecuado. Fue la irrupción de la sociedad civil en un espacio, el funeral de Estado, que el poder considera exclusivamente suyo. Como escribió Hannah Arendt, el poder se sostiene mientras es reconocido; cuando pierde legitimidad, solo le queda la huida o la violencia. O como también recogería Albert Camus, ellos mandan porque nosotros obedecemos. A partir del momento del grito, la ficción se rompió. No fue una dimisión: fue la negación de una legitimidad sustentada en una mentira odiosa, constituyó una expulsión cívica. La democracia no se agota en las instituciones, sino que necesita una esfera pública viva, conflictiva, crítica. Cuando esta se debilita, las instituciones se convierten en estructuras autorreferenciales, desconectadas de la sociedad a la que dicen servir. Mazón y sus correligionarios se valieron de la débil estructura de las instituciones que le debieron de exigir la rendición de cuentas que correspondía, pero recurren a supuestas comisiones de investigación cuya utilidad para desentrañar la verdad está más que en entredicho.

Recordemos que Mazón no dimitió, sino que fue echado, no es una cuestión semántica: es un acto político y moral. Nombrar correctamente los hechos impide que el poder se reapropie de la historia -del relato como ellos lo llaman- y neutralice su significado y cada vez que se la intenta silenciar, desactivar o desprestigiar, conviene responder con la evidencia más incómoda para el poder: si no hubiese sido por la movilización de la sociedad civil organizada Mazón nunca se habría ido. Nada de lo valioso que hoy disfrutamos llegó sin conflicto, sin organización y sin perseverancia. Y cuando se nos dice que “no se puede hacer nada”, conviene recordar que toda conquista empezó siendo negada. También es cierto que las conquistas cívicas no siempre son completas, Mazón nos lo recuerda cada vez que se acomoda en su escaño de diputado, todavía hay camino por recorrer hasta verlo sentado en el banquillo de los acusados.

La organización de la sociedad civil es además de una herramienta de participación política, una exigencia ética. Implica asumir responsabilidad colectiva, salir del individualismo resignado y disputar el sentido de lo público a quienes lo monopolizan. Frente a la cultura de la queja individual tantas veces aplastada y la delegación pasiva tantas veces engañada, la acción colectiva afirma la radicalidad democrática: la ciudadanía no pide permiso ni para existir políticamente, ni para arrojarle a aquel desalmado el grito de ¡asesino rata cobarde!

Silencio, sombras, ocultamiento y falsedades son palabras que servirían para definir la acción institucional del gobierno valenciano desde la catástrofe de la DANA que dejó 229 víctimas mortales y numerosos heridos en aquella trágica tarde del 29 de octubre de hace un año. Aquel episodio meteorológico extremo anunciado por la AEMET con alertas rojas desde las 7:30 de la mañana estuvo precedido desde ocho días antes por avisos de llegada de episodios de lluvias torrenciales. Sin embargo, los sistemas de emergencia del gobierno valenciano no se activaron y la respuesta institucional fue tardía, confusa y descoordinada, todo lo contrario de lo que ha ocurrido con los temporales que azotaron el País Valencià a finales del pasado septiembre y durante este mes de octubre. Esta vez sí se activaron los sistemas de emergencias y se envió por telefonía con horas de anticipación mensajes a la ciudadanía claros y concisos: abandonen las zonas bajas y suban a plantas superiores. 

Estos mismos mensajes hace un año habrían evitado todas o la mayor parte de las 229 muertes. En las alertas de estas últimas semanas no se ha dudado sobre quién tiene las competencias que la ley confiere de forma clara y concisa a la Generalitat Valenciana. Y el 29 de octubre tampoco había ninguna duda: quien diga lo contrario miente, pues el propio Carlos Mazón el 1 de septiembre de 2022, cuando aún estaba en la oposición, en una rueda de prensa acompañado por la portavoz del PP Cuca Gamarra, le exigían responsabilidades al entonces presidente de la Generalitat Ximo Puig por un suceso que estuvo a punto de provocar una gran desgracia cuando un tren al que nadie avisó casi fue alcanzado por un incendio forestal en la provincia de Castellón. Mazón y Gamarra imputaron a Puig “falta de responsabilidad, de decoro y de ejecución de competencias sobre emergencias que son de la Generalitat”. Es evidente que en 2022 el PP valenciano y el PP nacional sabían a quién correspondían las competencias en materia de emergencias y protección civil y también cómo se debía actuar. Cuando el 29 de octubre de 2024 decidieron conscientemente no lanzar las alertas, mantener su banal agenda y mofarse de quienes sí las habían activado, como la Universidad de Valencia, hipotéticamente para no crear alarma que desbaratase el jugoso puente del 1 de noviembre, estaban incurriendo en una negligencia muy grave cuyas consecuencias todos conocemos. 

No solo hicieron caso omiso de las alertas meteorológicas y despreciaron la memoria de tantas riadas catastróficas sufridas a lo largo de la historia en València, sino que ignoraron groseramente las señales que presagiaban el desastre cuando los ríos y barrancos comenzaban a desbordarse ese mismo día por la mañana tal y como difundían en directo la cadena autonómica de televisión y otros muchos medios de comunicación, así como la recepción de miles de llamadas al 112 pidiendo auxilio. Las comarcas tierra adentro en las cabeceras de los barrancos sufrieron por la mañana inundaciones que requirieron la intervención de la UME, era cuestión de que en pocas horas esas aguas embravecidas descendieran hasta las urbanizadas y superpobladas llanuras de inundación de la provincia de Valencia. Cualquier alumno de primaria lo estudia en su asignatura de conocimiento del medio. Pero, además, el secretario autonómico de emergencias, el investigado Emilio Argüeso, a mediodía informó telefónicamente de la alarmante situación de los cauces a la vicepresidenta primera del Consell y consellera de servicios sociales, Susana Camarero. La respuesta de esta, con un Mazón desaparecido fue no hacer nada, simplemente exclamó un “¡jope! si necesitas algo me lo dices” y se fue tranquilamente a comer. Por la tarde, cuando ya había personas ahogadas y desaparecidas, se marchó a una gala de entrega de premios. De Susana Camarero, estrecha colaboradora durante muchos años del condenado por corrupción y exministro de Aznar, Eduardo Zaplana, dependen las residencias de tercera edad que no fueron alertadas por nadie, en una de ellas en Paiporta murieron ahogados seis ancianos y de esta vicepresidenta también dependen los servicios de teleasistencia a enfermos que tampoco recibieron ningún aviso, 37 de ellos también murieron. Y si la inundación en vez de llegar entre las seis y las siete de la tarde hubiera llegado a las cinco, la catástrofe habría multiplicado el número de víctimas al hallarse los escolares en las aulas, pues otro personaje tan irresponsable como la anterior, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, tampoco quiso crear alarma y mantuvo las clases en vez de suspenderlas. Mientras todo eso ocurría el presidente de la Generalitat comía en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana solícito a ofrecerle la dirección de la televisión autonómica y no se sabe qué otras cosas.  

Tan temeraria conducta derivó en un procedimiento judicial contra la consellera de interior y su secretario autonómico de emergencias por los delitos de homicidio imprudente dirigido, por ahora, contra los irresponsables que no activaron los sistemas de alertas que hubiesen evitado o paliado el desastre humano. El principal responsable, Carlos Mazón, según él mismo reconoció cuando espetaba a su antecesor ser el máximo responsable de las emergencias, ha sido invitado por la jueza instructora a comparecer como investigado en varias ocasiones, pero por arte del aforamiento, ese privilegio negro de la justicia española, de momento se está librando y puede seguir dirigiendo la estrategia de bulos y confusión, y también a alimentar los negocios de la reconstrucción desde su despacho en el Palau de la Generalitat. Algunas de las empresas adjudicatarias de contratos de obras de reconstrucción han estado involucradas en casos de corrupción por la financiación del PP. Más de 600 millones de euros se han adjudicado directamente sin ninguna concurrencia.

En esta batalla que libra Mazón por salvarse política y judicialmente ha sido crucial el ocultamiento de material probatorio como los vídeos que recogieron en imágenes y sonido la ineptitud de los responsables de emergencias. De su visualización se concluye lo que se intuía, que los valencianos estuvimos aquel día en manos de unas malas personas de escasas luces, que ignoraban los principios más elementales de la prevención de emergencias y de la dinámica de las aguas torrenciales cuando llueve intensamente en las cabeceras de los ríos y barrancos. En los vídeos que se han conocido gracias a una filtración a TVE se puede observar la entrada en el edificio del 112, hacia las 8:30 de la tarde, de un Carlos Mazón que no se sabe si venía de una reunión, hoy por hoy clandestina, o si se acababa de levantar de la cama. Qué hizo aquella tarde más allá de las tres horas y media en El Ventorro sigue sin conocerse a pesar de que decenas de funcionarios, escoltas, conductores o personal administrativo, lo saben y callan.  

El ocultamiento de hechos y de materiales probatorios o su destrucción, como el borrado de imágenes de las cámaras del Palau de la Generalitat aquella tarde, no solo agrava la sospecha de negligencia en la gestión de la emergencia, sino que abre la posibilidad de que se hayan cometido delitos de encubrimiento u obstrucción a la justicia, al haberse ocultado o retenido deliberadamente información clave para el procedimiento. Asimismo, al comunicar por escrito a Les Corts que los videos que ahora han aparecido no existían tal y como informó el actual conseller de emergencias e interior, Juan Carlos Valderrama, podría suponer la comisión de un delito de falsedad documental dirigido a dificultar la investigación judicial.  

Consecuentemente, más allá de las presuntas responsabilidades penales relacionadas con la negligencia en la gestión de las alertas, es evidente que existen otras responsabilidades sobre las que hasta ahora poco o nada se ha hablado a pesar de su gravedad: se ocultaron datos y documentos relevantes para la investigación judicial en un ámbito como es la administración autonómica que, como todas las administraciones públicas tiene la obligación de actuar con objetividad al servicio del interés general y con sujeción al ordenamiento jurídico. En este contexto, los funcionarios y empleados públicos que poseen información y conocen hechos relevantes sobre lo ocurrido el 29 de octubre tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de la justicia. El artículo 451 del Código Penal castiga a quien, con conocimiento de un delito, ayuda a eludir la investigación, a ocultar o sustraer pruebas. Los artículos 464 a 466 agravan la pena si el encubrimiento se realiza para entorpecer la acción judicial o destruir pruebas documentales o digitales. Asimismo, el artículo 118 de la Constitución y el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) obligan además a colaborar activamente con la justicia y a comunicar cualquier hecho delictivo del que se tenga conocimiento que esté relacionado con la causa.

Por otra parte, según el artículo 52 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), todos los funcionarios tienen el deber de colaborar con la justicia y de estar al servicio del interés general frente al interés particular del político inepto o corrupto. Su silencio o inacción podría constituir falta muy grave o incluso delito si se demuestra que conocían hechos relevantes y los ocultaron. Sospechosamente, el Consell aprobó otorgar condecoraciones “por los servicios prestados” a escoltas y policías que acompañan habitualmente al presidente Mazón. Algunos policías han rechazado la recompensa. Todo huele tan mal.  

Si las pruebas materiales -registros de comunicación interna, vídeos del CECOPI, correos institucionales, grabaciones de la televisión pública o las decenas de miles de llamadas al 112- fueron deliberadamente ocultadas o demoradas, existiendo una investigación abierta, estaríamos sin duda alguna ante un delito de encubrimiento agravado o incluso de obstrucción a la justicia. Pero más allá del Código Penal, lo ocurrido interpela el fundamento mismo de la ética pública: la administración no puede ser un muro para proteger a los ineptos y corruptos. La administración pública y todos sus funcionarios deben constituir una estructura al servicio del Estado de Derecho, de la verdad y de la ciudadanía.  

Los empleados públicos que saben lo que ocurrió deben hablar. La Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, refuerza el deber de colaboración con la justicia y protege a los empleados que revelen información relevante. Cualquier funcionario o trabajador que disponga de datos sobre la infame gestión de la DANA y su ocultamiento tiene derecho a ser protegido frente a represalias si colabora con la investigación o aporta documentación. Evidentemente, la protección deberá solicitarse a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) que recientemente ha entrado en funcionamiento con ámbito estatal. Cualquier órgano autonómico con funciones similares en la Comunitat Valenciana no sería fiable al estar controlado por los mismos responsables de la tragedia y sus aliados, es decir por el PP y Vox.  

Algunos de los que han ocultado, manipulado o tergiversado documentación audiovisual probatoria y de interés esencial en el procedimiento judicial, han alegado la falsa coartada de la “deontología profesional” despreciando que, en un procedimiento penal, no cabe invocarla como excusa para ocultar información o pruebas. La deontología periodística o institucional protege el deber de confidencialidad sobre las fuentes en el ejercicio legítimo de la profesión, pero nunca ampara el encubrimiento de un delito 

Por tanto, la posición de la dirección de la televisión autonómica À Punt, que habría apelado a esa “deontología profesional” para no entregar materiales audio o comunicaciones internas relacionadas con la DANA, resulta éticamente inadmisible y jurídicamente inconsistente. Una televisión pública sostenida con fondos de todos no puede convertirse en un instrumento de opacidad ni de protección política. Su deber es el de garantizar la información veraz y la transparencia, pero nunca reeditar los vicios estructurales de la antigua Canal 9, símbolo de manipulación informativa y servilismo institucional de una época que nos llenó de vergüenza.

La gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 es hoy un caso paradigmático de quiebra institucional y reputacional: falló la prevención, la coordinación y, posteriormente, la rendición de cuentas. Pero lo que agrava la tragedia es la persistencia del silencio. Un silencio impuesto por el miedo, por la Omertá o lealtad mafiosa y por una mala cultura funcionarial que aún confunde la defensa de la institución con la protección de sus responsables, aunque estos sean unos presuntos delincuentes. 

La sociedad tiene derecho a saber las razones ocultas de por qué Mazón no ordenó lanzar las alertas, dónde estaban y qué hicieron los responsables políticos y técnicos aquel día, incluida la vicepresidenta Susana Camarero o el conseller de educación José Antonio Rovira. Las víctimas, sus familias y la ciudadanía merecen verdad, justicia y reparación, no silencio ni manipulación.

Desde una perspectiva de la ética pública el silencio y las mentiras son también una forma de corrupción. La transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la colaboración con la justicia no son opciones morales, son deberes cívicos y obligaciones jurídicas. 

La llamada burocracia, palabra hoy usada con connotaciones peyorativas y el tono con el que habla Mazón lo es, no es otra cosa que el conjunto de procedimientos, normas y controles que aseguran que los recursos públicos se asignen conforme a criterios objetivos, verificables y justos. Como señaló el sociólogo alemán Max Weber, la administración burocrática es “la forma más racional de ejercicio del poder” porque se basa en la imparcialidad, la profesionalidad y la previsibilidad de las decisiones. Por ello, reducir la burocracia no debe significar suprimir controles, sino mejorar los procesos administrativos para hacerlos más ágiles sin sacrificar la legalidad, la transparencia ni la rendición de cuentas. Sin embargo, lo que algunos dirigentes entienden por “sin burocracia” es, en realidad, sin control, sin integridad pública y sin justicia social.

Las ayudas públicas, especialmente las de emergencia, deben tramitarse con celeridad, pero también con garantías de su procedencia y justeza. Nuestra legislación básica, especialmente las leyes del Procedimiento Administrativo Común y la de Administración Electrónica, establecen mecanismos que no son meras formalidades sino instrumentos de equidad, agilidad, seguridad jurídica y control del gasto. Eliminar esos filtros o sustituirlos por decisiones discrecionales es abrir la puerta a la arbitrariedad y la corrupción.

Como señaló el profesor y jurista valenciano Joan Prats i Català, “el buen gobierno requiere que el poder público se ejerza en base a normas, procedimientos y controles que garanticen la integridad institucional”. No hay gobernanza eficaz sin legalidad, ni administración moderna sin responsabilidad.

El verdadero enemigo no es la burocracia, sino la ineficiencia y la falta de profesionalidad. Y esa ineficiencia suele tener causas políticas, no técnicas. Son los malos liderazgos, los nombramientos clientelares, la colonización partidista de las instituciones y la falta de profesionalización de los altos cargos los que entorpecen la acción administrativa. También la falta de recursos humanos y materiales en beneficio de externalidades propiciadas por políticos que rechazan los principios de la buena administración y desechan la aportación de los buenos servidores públicos, que los hay, pero que son arrinconados y perseguidos porque no se prestan a las arbitrariedades. El Informe de la OCDE sobre Gobernanza Pública (2023) insiste en que las administraciones más eficaces son aquellas que combinan controles robustos con una función pública profesional, estable y evaluada por méritos. Los países con menores índices de corrupción y alta calidad de vida como Dinamarca o Finlandia no son los que han eliminado la burocracia, sino los que la han convertido en sinónimo de rigor y confianza pública.

En el caso español, el artículo 103 de la Constitución es claro: la Administración debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con eficacia, sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El principio de eficacia no puede invocarse para desmantelar las garantías, sino para perfeccionarlas y modernizarlas. Todo lo que entorpezca el funcionamiento objetivo de las administraciones públicas sería anticonstitucional.

En el fondo, la retórica del “sin burocracia” forma parte de una narrativa más amplia y sutil de deslegitimación del Estado y del sector público profesional. Se busca trasladar a la ciudadanía la idea de que los procedimientos son un obstáculo, no una garantía, generando un caldo de cultivo favorable a la arbitrariedad, al clientelismo y a la corrupción. Como recuerda el profesor y actual presidente de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI), Manuel Villoria Mendieta, “la ética pública exige controles institucionales que impidan la discrecionalidad sin rendición de cuentas; sin ellos, el buen gobierno se convierte en una simple etiqueta vacía”.

Asimismo, detrás del discurso “anti-burocrático” se esconde, en demasiadas ocasiones, la incapacidad o la falta de voluntad para dirigir una administración eficiente y transparente que en una época de gestión electrónica y aplicación de las nuevas tecnologías supondría el mayor nivel de eficiencia jamás alcanzado en el ámbito de lo público. Así y todo, se cultiva deliberadamente la confusión o contraposición entre burocracia y control, entre lentitud y legalidad, para justificar decisiones sin supervisión o concesiones opacas. Más de 600 millones de euros han sido adjudicados sin concurrencia en contratos de obras de la DANA que han ido a beneficiar en buena parte a empresas próximas al PP de Mazón. Determinados anuncios de ayudas y subvenciones se acercan más a una campaña electoral que a una acción programada para paliar la frágil situación de las víctimas, más a una compra de votos que a una acción de auxilio.

En tiempos de emergencia, la administración pública debe ser especialmente ágil, pero también justa y responsable: ayudar a quien lo precisa e impedir que los pillos se apropien de lo que otros necesitan. La solución no es suprimir controles, sino fortalecerlos mediante digitalización, profesionalización, cooperación interinstitucional y ciudadana. La transparencia y la rendición de cuentas no son trabas, sino condiciones del buen gobierno. Y tal vez de eso es de lo que huye Mazón quien todavía no ha explicado más allá de su comida en El Ventorro a qué se dedicó la tarde del 29 de octubre mientras más de dos centenares de personas morían por la negligencia inexcusable de su gobierno.

Decir “sin burocracia” puede sonar bien, pero en el fondo significa sin garantías, sin transparencia y sin Estado de Derecho. Y eso, en democracia, no es eficiencia: es un retroceso peligroso. Es el camino hacia un Estado clientelar basado en la obediencia al cacique.

«El bosque no es un lujo ni un adorno verde; es una infraestructura vital, tan necesaria como una carretera o un hospital». Así definía el biólogo Ricardo Almenar la centralidad social de los sistemas forestales en su ensayo El bosc protector, (en valenciano Edit. Bromera, 2014), El monte protector, (en castellano, Edit. Icaria). Una afirmación que hoy, frente a la oleada de incendios que devoran centenares de miles de hectáreas en Galicia, Castilla y León, Asturias o Extremadura, resuena con dramática vigencia.

Los incendios no son meros accidentes estivales ni desastres inevitables de la naturaleza. Son la consecuencia de décadas de abandono rural, de políticas forestales erráticas o inexistentes y de una visión reduccionista del monte como un espacio marginal. La obra de Almenar pretende revertir este diagnóstico proponiendo un cambio de paradigma: contabilizar los beneficios que los bosques aportan a la sociedad y devolver a esos ecosistemas, en forma de políticas públicas de inversión, ayudas y fomento a los productos agropecuarios, una parte de esa riqueza.

Hoy, mientras el humo asfixia aldeas y pueblos enteros, mientras miles de personas ven cómo sus casas y recuerdos se reducen a cenizas, incluso algunos pierden sus vidas, es urgente recuperar propuestas y prácticas como las que Almenar formula: el bosque como manto protector, el monte como bien común que garantiza la vida presente y futura. Propuso establecer reglas claras para medir lo que los bosques aportan, más allá de la producción maderera, esos otros beneficios invisibles del bosque. Enumeró servicios que hoy la ciencia denomina ecosistémicos, y que en su ensayo definió con un enfoque pedagógico:

El bosque es un regulador hídrico que retiene agua de lluvia, evita riadas, mantiene acuíferos. «Cada árbol es una cisterna y cada bosque una gran infraestructura hidráulica», escribió el autor.

Protección del suelo. Las raíces fijan la tierra, impiden la erosión, conservan la fertilidad y frenan la desertización.

Captura de carbono. En un contexto de crisis climática y calentamiento global por el efecto de los gases invernadero, los bosques son emisores de oxígeno sumideros naturales de CO₂.

Biodiversidad. El bosque es refugio de miles de especies animales y vegetales que contribuyen al equilibrio y diversidad natural.

Protección cultural y humana. El monte es paisaje, memoria, sustento y, sobre todo, un marco de vida para las comunidades rurales.

Almenar sostiene que estos beneficios deben ser traducidos en una “contabilidad social” y que, a partir de ahí, los poderes públicos deben planificar y organizar un retorno justo: inversiones públicas destinadas a mantener, prevenir y cuidar lo que el bosque regala a la sociedad de manera silenciosa.

La catástrofe de los incendios actuales no se entiende sin el contexto de la despoblación y abandono del mundo rural. Todo comenzó cuando malas políticas públicas decidieron suprimir en muchos pueblos la escuela y luego el dispensario médico para obligar a sus moradores a tener que recorrer decenas de kilómetros para seguir recibiendo unos servicios que desde los centros de poder les usurparon. Con el declive de servicios esenciales llegó la pérdida de calidad de vida empeorada cuando los precios de la producción agropecuaria pasaron a depender de grandes superficies comerciales, centrales especuladoras e intermediarios sin escrúpulos.

Galicia ha perdido en las últimas décadas a buena parte de sus habitantes rurales; las aldeas de la montaña leonesa o zamorana languidecen; Extremadura sufre un éxodo constante hacia las ciudades. Con la despoblación y la crisis de precios se ha ido también la ganadería extensiva, que durante siglos mantuvo el monte abierto, limpio, diverso. La desaparición del pastoreo ha permitido que el sotobosque se densifique, acumulando material combustible. La desaparición de cultivos ha suprimido magníficos cortafuegos que se intercalaban como mosaicos entre las masas forestales.

Almenar lo describe con lucidez: «Un bosque abandonado es un polvorín en espera de la chispa». Esa chispa puede ser un rayo, una negligencia o, desgraciadamente, la mano intencionada de un incendiario. También la mano negra de intereses madereros o urbanísticos. La tragedia de este verano, pero también de anteriores, con incendios descontrolados que arrasan decenas de miles de hectáreas, no puede separarse del abandono del campo, del abandono del bosque, y ambos conforman un círculo vicioso de vulnerabilidad.

Las administraciones públicas, tanto autonómicas como estatales, han invertido históricamente más en extinción que en prevención. Helicópteros, hidroaviones, brigadas de élite… que en algunos lugares como el País Valenciano dio lugar a indecentes casos de corrupción como la Trama del Fuego donde dirigentes del PP y empresarios mafiosos se repartían el botín de la extinción de incendios. La paradoja es que cada verano se gastan millones en apagar incendios que podrían haberse evitado con programas de gestión forestal, con incentivos a la agricultura de montaña, con apoyo a la ganadería extensiva, con políticas serias de ordenación del territorio. Y lo más grave es que en los últimos años, especialmente en los territorios donde gobiernan PP-VOX han reducido la inversión en mejorar los sistemas de emergencia y extinción a pesar de tener las competencias en estas materias. Prefieren invertir en otras cosas como el fomento de la tauromaquia o el turismo. Cuando llega el desastre lejos de asumir su responsabilidad abonan el terreno para cargar la culpa a la administración central. Ya lo hicieron con la DANA de Valencia y lo están repitiendo con los incendios.

El propio Almenar advertía: «Lo caro no es invertir en el monte, lo caro es perderlo». Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Tras cada incendio, el Estado indemniza, reconstruye, reforesta. Pero el ecosistema que se ha perdido —suelo fértil, regulación hídrica, biodiversidad, patrimonio cultural— es en gran parte irrecuperable.

El ejemplo más claro lo tenemos en el incendio de la Sierra de la Culebra en 2022, en Zamora, donde más de 60.000 hectáreas ardieron en pocos días. El operativo de extinción resultó desbordado porque no existían planes de prevención ni suficientes efectivos en los primeros minutos del fuego. De nuevo, la falta de visión estratégica se tradujo en desastre como ahora está ocurriendo.

Una idea clave que insiste Almenar y que corroboran bomberos forestales y expertos en gestión es la importancia del tiempo. El fuego, en sus primeras fases, puede ser un conato controlable. Pero pasadas las primeras horas, con condiciones de viento y calor extremas, se convierte en un monstruo inabarcable. De ahí que la presencia humana en el territorio sea esencial. No solo brigadas profesionales, sino vecinos, agricultores, pastores, voluntarios que conozcan el terreno y puedan actuar con rapidez. Sin esa “primera línea” de defensa, el bosque está condenado. El problema hoy es que la despoblación ha vaciado esos territorios de guardianes naturales. Donde antes había ojos vigilantes, ahora hay soledad. Donde antes pastaba un rebaño que mantenía limpio el sotobosque, ahora se acumulan matorrales secos. El fuego, así, encuentra autopistas de combustible. Si además se han suprimido torres de vigilancia, retenes en el mismo medio rural y otros recursos de extinción, el desastre está servido.

La propuesta de Almenar es, en esencia, ética y política: reconocer que los bosques son protectores de la sociedad en su conjunto y que la sociedad debe protegerlos a su vez. Eso implica un cambio radical de políticas públicas para el medio rural al que se le debe respetar y reconocer su gran aportación al bienestar general. Por ese motivo bien estaría que los partidos políticos que creen en el bien común se leyeran el ensayo de Almenar y lo pusieran en práctica garantizando un retorno económico justo proporcional con los beneficios que aporta reconociendo que los servicios ecosistémicos que los bosques prestan deben valorarse y revertirse en forma de inversión en el mundo rural.

Asimismo, deben revivir el medio rural garantizando una gestión forestal sostenible, precios justos a los productos agropecuarios y la viabilidad de las explotaciones. No basta con brigadas temporales esporádicas, se necesitan políticas que fijen población, que recuperen la ganadería extensiva, que devuelvan servicios y dignidad a los pueblos.

La sociedad en su conjunto, pero especialmente la urbana, debe entender que su bienestar depende de esos montes que parecen lejanos y que han actuado históricamente como reguladores del clima y de los sistemas hídricos. Europa ofrece modelos que podrían inspirar a España. En Italia y Portugal se han impulsado sistemas de cogestión entre comunidades locales y administraciones. En Francia, las asociaciones de propietarios forestales han logrado integrar prevención, aprovechamiento económico y conservación. España, en cambio, sigue atrapada en una lógica reactiva por el secular desprecio de los poderes públicos a lo que ocurre en el medio rural. Ausencia de políticas forestales bien planificadas, de políticas de fomento de los productos agropecuarios dejados al albor de las grandes centrales que especulan con los alimentos en Europa y el mundo.

En definitiva, los incendios que arrasan Galicia, Castilla y León o Extremadura no son fenómenos naturales inevitables. Son la consecuencia de un modelo equivocado de gestión del territorio y de una falta de ética pública en la defensa del bien común. Ricardo Almenar nos ha dejado una hoja de ruta en El bosc protector: contabilizar los beneficios, devolver lo recibido, invertir en prevención, cuidar a quienes habitan los entornos rurales.

Defender los bosques significa defender la vida, el agua, el aire, el clima. Significa defender a las comunidades que, durante siglos, convivieron con el monte y lo mantuvieron vivo. Si seguimos tratando al bosque como un patio trasero de la ciudad, lo perderemos. Y con él, perderemos también una parte de nuestra propia capacidad de supervivencia ante la crisis climática.

«El monte nos protege siempre —escribió Almenar—; solo nos pide a cambio que lo protejamos nosotros». La catástrofe actual nos debería hacer reflexionar y escuchar esa advertencia. El futuro, en buena medida, depende de que lo hagamos.

Un expresidente de Perú, Martín Vizarra, en un discurso a su país se comprometió solemnemente a reducir la corrupción a lo normal. La frase la pronunció en un contexto de escándalos de corrupción que afectaban a su gobierno. Aquí y ahora la corrupción estructural que sufrimos también se ha considerado durante demasiado tiempo un fenómeno bastante normal y cada caso que se ha descubierto, lejos de servir para diseñar estrategias y acciones de gobierno correctoras, se convertía en un arma arrojadiza del debate político bronco con la que atacar desde la oposición a quien estaba gobernando, pero al final sin consecuencias reales.

Los dos grandes partidos que desde 1982 se alternan en el poder nunca han tenido intención de desplegar políticas efectivas de prevención y lucha contra la corrupción más allá de las medidas reactivas del Código Penal y todos sabemos de su eficacia: procesos que se perpetúan durante décadas por falta de medios y especialización de la justicia; medidas de gracia que consagran la impunidad a través de indultos, atenuantes vergonzantes y beneficios penitenciarios escandalosos. De hecho, los corruptos, cuando han tenido la mala suerte de caer, suelen estar muy tranquilos porque condenas como la de inhabilitación, cuando vienen a ser firmes, les suele llegar en edad de jubilación. Las de cárcel, muy raramente las cumplen por una causa u otra y de los dineros saqueados lo que les pillan suele ser la calderilla de todo lo robado cuando no se declaran insolventes. A los corruptores, empresarios a veces de mucho postín, ni se les molesta, como si pasaran por allí de casualidad. Y en cuanto a la tecnoestructura funcionarial colaboradora necesaria porque es la que da apariencia de legalidad a los procedimientos amañados, esos es como si no existiesen.

El plan de lucha contra la corrupción presentado el 9 de julio en el Congreso de los Diputados por el presidente Pedro Sánchez responde a una necesidad apremiante y puede suponer un gran avance si el gobierno de Sánchez lo convierte en una prioridad, lo mejora y no se queda en una mera declaración para salir de la ciénaga en la que los ábalos, koldos y cerdanes lo han hundido. Pero llega muy tarde. Decenas de miles de millones de euros se pierden por la mala gestión y la corrupción en la contratación pública: en el 40% de los procedimientos de contratación pública solo concurre una empresa. La propia Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) sostiene que la falta de presión concurrencial encarece la contratación pública en más de 40.000 millones de euros al año. El FMI calcula que el daño de la corrupción en España puede alcanzar la cifra de 70.000 millones de euros al año. El propio Tribunal de Cuentas Europeo descubría en 2013 que un kilómetro de autopista en las mismas condiciones orográficas y técnicas costaba en España el doble que en Alemania. El GRECO (Grupo Europeo contra la Corrupción) viene advirtiendo año tras año de todo esto y la CNMC descubrió en 2002 que seis de las grandes constructoras españolas se habían estado repartiendo los grandes contratos públicos desde hacía 25 años. Esta información la han venido conociendo gobiernos y oposición sin que el clamor de tanta indignidad se haya escuchado hasta hoy, cuando el descrédito de la política y la desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema democrático ha puesto a un partido fascista a las puertas del gobierno del Estado además de estar condicionando muchos gobiernos autonómicos.

En 2003, Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Corrupción. Los estados firmanantes se comprometían a desplegar en sus propios países una estrategia que en buena parte se asemeja a las medidas incluidas en el plan de Pedro Sánchez. España ratificó dicha Convención en 2006, con tres años de retraso, y desde su publicación en el BOE en julio de ese año integra por imperativo constitucional el ordenamiento jurídico español sin que dicha integración haya cristalizado a nivel estatal en ninguna de las grandes líneas que Naciones Unidas estableció: órganos independientes dotados de medios y personal especializado que desarrollen políticas de prevención de la corrupción; que activen sistemas de detección y persecución de las conductas corruptas; que protejan a las personas denunciantes amparándolas de forma integral; que se dediquen a perseguir y recuperar los activos saqueados; que detecten, desenmascaren y persigan las fortunas sucias; que sancionen conductas contrarias a la ética pública e investiguen los conflictos de interés; que comprueben las declaraciones de bienes y actividades de políticos y funcionarios cruzando datos con la Agencia Tributaria y otros organismos como los registros mercantiles y de propiedad; que accedan a la titularidad real de las empresas contratantes; que colaboren estrechamente con las fiscalías especializadas y los juzgados en los casos penales. Y que tengan capacidad para iniciar procedimientos de sanción a los cargos públicos y a los funcionarios corruptos y también a las empresas corruptoras por incumplimientos de los planes de integridad que deberían ser obligatorios en todas las administraciones y su sector público.

A pesar de que durante todos estos años la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción era el eje principal para avanzar en la consolidación de políticas de integridad pública y buen gobierno, en realidad ha sido una norma desconocida en nuestros ámbitos administrativo, político y jurídico. Es cierto que algunas medidas sueltas se han adoptado por exigencias generalmente de la UE pero ha faltado la visión de promulgar una ley orgánica de prevención y lucha contra la corrupción que, entre otras muchas medidas, cree una Agencia integradora de los órganos dispersos ya existentes y de las funciones antes descritas cuya independencia la garantice su adscripción al Parlamento y la designación por amplia mayoría de la persona que la dirija.

Incluso antes de 2003, la propia UE se adelantaba y establecía en sus reglamentos la obligatoriedad de implementar políticas de integridad, prevención y lucha contra la corrupción en los países miembros. Muchas directivas especialmente las relacionadas con la contratación pública y la transparencia introdujeron mandatos expresos para prevenir esta lacra. La propia Unión creó en 1999 la OLAF, la oficina europea antifraude, con jurisdicción sobre todos los países miembros, aunque exclusivamente para la vigilancia de los fondos europeos. Países de nuestro entorno como Francia con su Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) e Italia con su Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) se adelantaron a España más de una década por no hablar de otros países europeos cuyas agencias anticorrupción existen desde antes de la propia Unión Europea.

A nivel autonómico, diferentes correlaciones de fuerzas políticas a las del Estado pusieron en marcha unas experiencias que bien hubiesen podido copiar los gobiernos centrales. En 2016 los respectivos parlamentos autonómicos aprobaron la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) y la Oficina Antifraude de las Islas Baleares, hoy disuelta por decisión del PP y Vox. Con posterioridad Andalucía creó su propia Oficina Antifraude, así como Navarra, y bastantes años antes lo había hecho Cataluña. En todos estos casos, los dos grandes partidos estatales lo aceptaron a regañadientes o votando en contra porque los socios respectivos en cada ámbito, especialmente los partidos entonces emergentes Podemos, Ciudadanos, Comuns o la histórica ERC lo exigieron para formar los gobiernos de coalición. Dos grandes ciudades como Madrid y Barcelona también crearon sus propias oficinas municipales anticorrupción. En Barcelona se puso en funcionamiento en 2015 el primer buzón ético para denuncias de corrupción que permitía la denuncia anónima

Las experiencias autonómicas podían haber sido un buen modelo para el Estado, pero nunca hubo el menor interés. En el caso de la AVAF, la Unión Europea en su 'Manual de Buenas Prácticas para la Lucha contra la Corrupción', publicado en Bruselas en 2023, la destaca como modelo de institución territorial para la prevención, detección y lucha contra la corrupción, protección de las personas denunciantes y establecimiento de canales de denuncia. Esto también nos lleva a denunciar lo que hoy está pasando con aquellas iniciativas autonómicas ahora que el PP y Vox gobiernan: han disuelto la institución balear y han tomado al asalto la AVAF para demoler los principios básicos sobre los que construyó su independencia y eficacia, especialmente la colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado, la fiscalía anticorrupción y los juzgados de instrucción. Este es el verdadero programa oculto del PP-Vox en materia anticorrupción: destruir cualquier iniciativa que nos acerque al cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y colonizar los órganos de control internos y externos para actuar con total desfachatez, como están haciendo con las obras de reconstrucción en las comarcas valencianas afectadas por la DANA del 29 de octubre en la que murieron 228 personas por la negligencia e ineptitud de quienes debían haber protegido a la población. Adjudicar contratos por la vía de emergencia a empresas involucradas en casos de corrupción, como está haciendo Mazón, es un indicador de lo que realmente quiere el PP-Vox cuando elimina agencias anticorrupción y una evidencia de que sus broncos discursos en el Congreso de los Diputados son una escenificación cínica del peor teatro.

Modelos nacionales e internacionales no le faltan a Pedro Sánchez y visto el coste social, político, ético, económico y de desafección democrática que supone la corrupción no se deberían escatimar medios para poner en marcha de forma prioritaria las políticas públicas de integridad y lucha contra la corrupción a través de una necesaria Ley Orgánica de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción comprensiva de los objetivos aquí expuestos.

Según la información desvelada, la comida de carácter privado y para cuatro comensales fue inicialmente sufragada por la Generalitat, pero cuando el equipo de Mazón tuvo conocimiento de que alguien estaba siguiendo la pista de la factura, se produjo una reacción tan reveladora como insólita: enviaron a la secretaria del president con dinero en metálico al restaurante donde se había producido el ágape, en Cocentaina, a cien kilómetros de Valencia, para pagarla. Posteriormente el restaurante procedió a reintegrar a la Generalitat los 853€ que previamente había recibido por transferencia bancaria desde las cuentas públicas. ¿De quién era ese dinero en metálico que viaja de Valencia a Cocentaina en manos de una empleada pública? Si era un asunto entre particulares ¿qué hace una funcionaria y posiblemente un chofer con el coche oficial viajando a pagar en metálico una factura personal? ¿no la hubiese podido abonar cualquiera de los otros tres comensales o el propio president directamente por transferencia bancaria desde cualquiera de sus cuentas familiares, por bizum o simplemente dando al restaurante el número de su tarjeta de crédito?

Lo cierto es que la factura la pagó la Generalitat con dinero público y eso es un fraude y puede que un delito de malversación porque alguien en presidencia ordenó iniciar el trámite de aprobación de un gasto de carácter privado ajeno a la función institucional; le dio conformidad a la factura haciéndola pasar como dispendio protocolario o de representación con su correspondiente justificación falsa y, finalmente, alguien ordenó el pago al restaurante mediante transferencia bancaria consumando la ilegalidad. Este caso, aunque aparentemente menor por la cuantía, es paradigmático. No por el importe, sino por lo que revela: una cadena de decisiones y omisiones que normalizan el uso indebido de recursos públicos. El problema no es solo que Mazón intentara colar una factura de un gasto privado, sino que nadie dentro del sistema detectó la irregularidad ni consideró que había algo que corregir, investigar o sancionar. Alguien que advirtiese que esa comida no se podía pagar con recursos públicos y que la factura debía ser devuelta al president para que la pagara de su bolsillo.

El propio Mazón, más tarde y una vez descubierto el asunto, intentó zanjar el escándalo con una frase que sonó a déjà vu: “Mis gastos privados me los pago yo”, recordándonos inevitablemente otra célebre factura, la de El Ventorro del trágico 29 de octubre, esa factura que todavía nadie ha visto ni se sabe quién la ha pagado dadas las múltiples versiones que se han dado sobre lo que hizo aquel aciago día en el que la negligencia mezclada con la ineptitud causó la muerte de 228 personas. E inevitablemente, también nos viene a la memoria aquel otro caso de su correligionario Francisco Camps, el del accidente del Metro, y la frase cínica de “mis trajes me los pago yo”. Y podríamos seguir con aquella otra de “estoy en política para forrarme” y así indefinidamente, porque todo viene del mismo mal: la corrupción estructural que sufrimos y los indeseables que colonizan las instituciones. Cuando recientemente modificaron los criterios de gestión de la Caja fija de la administración autonómica suprimiendo detalles individualizados de los pagos y, por tanto, reduciendo la transparencia, sin ninguna duda estaban en esa línea.

Porque no hablamos solo del acto en sí, sino de la inacción administrativa que lo rodea, la ausencia de controles independientes y de reflejo ético en la estructura institucional, la falta de una cultura pública que active alertas y respuestas automáticas ante posibles irregularidades. Nadie en la administración consideró necesario revisar el procedimiento, verificar la legalidad del gasto, pedir explicaciones formales o activar los mecanismos de control previstos en la normativa de gestión económica donde las facturas por gastos protocolarios o de representación deben ir acompañadas de un informe justificativo con los motivos que lo causan y, en su caso, la relación de comensales y su vínculo con la actividad institucional realizada.

La opacidad con la que se intentó corregir el error, y la falta de consecuencias, muestra una administración resignada al servilismo político y a la pasividad ética. La administración de la Generalitat no debería funcionar como una extensión personal del president, sino como una institución sujeta al principio de legalidad, al control presupuestario y a la rendición de cuentas.

La buena gestión desde la ética pública no se demuestra en los discursos broncos ni en las frases hechas cargadas de estúpidas excusas, sino en los procedimientos, en los mecanismos que garantizan el uso correcto del dinero de todos. Cuando estos mecanismos fallan, o simplemente no existen, lo que hay es un gobierno que relega el principio de legalidad y lo somete a la lógica del poder corrupto.

Y lo más inquietante es que, como en el caso de los trajes de Camps, la frase exculpatoria se convierte en símbolo del cinismo institucionalizado. Decir que al final esa comida privada no ha costado nada a los valencianos es una falsedad que esconde que una funcionaria y tal vez un chofer con su coche oficial tuvieron que movilizarse para tapar la vergüenza de su jefe. Eso también es dinero de los valencianos. Mientras se continue confundiendo el dinero público con el bolsillo particular del político, y mientras no existan estructuras administrativas realmente imparciales y profesionales que actúen de contrapesos reales, la corrupción seguirá reproduciéndose en pequeñas o grandes dosis, con total impunidad.

El uso irregular de fondos públicos supone una vulneración del principio de legalidad, del deber de ejemplaridad y de la integridad institucional. Según la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas, el gasto público debe ajustarse estrictamente a los fines previstos en la ley, y su desviación puede constituir infracción contable, administrativa o incluso penal. Así lo establece, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo 593/2013, de 1 de julio, en la que se condenó a un alcalde por sufragar con fondos municipales gastos de carácter privado y ajenos a la función pública. El Supremo afirmó: “La mera disposición de caudales públicos para fines ajenos a los previstos legalmente, aunque sea con devolución posterior, no excluye la ilicitud ni la responsabilidad exigible.” Y también el Tribunal de Cuentas, en informes y resoluciones reiteradas, ha sostenido que: “El reintegro posterior de los fondos públicos indebidamente utilizados no exime de la responsabilidad contable derivada del uso irregular, máxime si se produce tras la apertura de una investigación o ante una posible repercusión mediática.”

Lo verdaderamente alarmante no es solo que Mazón intentara corregir la situación con un pago opaco y sin rastro administrativo, sino que la Generalitat no ha activado ningún procedimiento interno de revisión, investigación ni exigencia de responsabilidad. Esto pone de manifiesto una carencia estructural: no existen mecanismos automáticos que detecten y corrijan estos desvíos. Nadie en la cadena de gestión cuestionó el gasto, ni tras el primer pago ni tras la devolución. La cultura de control y legalidad ha sido desplazada por una cultura de obediencia y servilismo al jefe.

Además, la falta de órganos realmente independientes de integridad pública y de prevención de la corrupción; la banalización de los códigos éticos reducidos a pura cosmética; y la progresiva politización de los órganos de fiscalización deja estos casos sin respuesta, sin consecuencias y sin reparación institucional. Mientras no existan mecanismos internos y externos que respondan ante estos abusos, y mientras los dirigentes políticos no entiendan que la ejemplaridad es inseparable del poder público y que los bolsillos de los políticos y los funcionarios deben ser transparentes como el cristal, seguiremos asistiendo a un ciclo de escándalos de dimensiones diversas que, sumados, erosionan profundamente la confianza ciudadana en las instituciones.

Porque la corrupción no empieza con comisiones millonarias en paraísos fiscales por adjudicaciones de contratos públicos a los amigos y empresas corruptoras. Empieza con gastos privados que pagamos entre todos y silencios cómplices que lo permiten.

La corrupción en España es un problema estructural que persiste a pesar de las alternancias políticas y a pesar de las veces que se ha esgrimido como argumento para abatir al contrario haciendo creer a la ciudadanía que con el relevo político se solucionaba el problema. Nunca hubo voluntad de poner coto a la corrupción por parte de los partidos políticos dominantes y dudo que ahora la vaya a haber. Como diría Monterroso, “cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

España ha ignorado reiteradamente las recomendaciones de órganos internacionales como el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción); la Unión Europea y sus directivas promotoras de integridad pública, y la misma Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, a pesar de estar ratificada desde 2006. Se han desechado experiencias exitosas de países de nuestro entorno como la de Italia y su Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) o Francia con su Agencia Francesa Anticorrupción (AFA). En la Comunitat Valenciana, tuvimos la Agencia Valenciana Antifrau (AVAF), ahora desarticulada. La OCDE acaba de publicar un informe que sitúa a España como uno de sus pocos miembros que no cuenta con una estrategia nacional contra la corrupción a pesar de que debía estar aprobada por imperativo legal antes de finalizar 2024. Se ha preferido fiarlo todo a los hechos consumados, al derecho penal, cuando el mal ya está hecho, ignorando la prevención o dejándola en manos de órganos dispersos sin capacidades investigadoras, faltos de independencia y de medios.

El problema no es solo penal, sino político y ético: sin órganos de control independientes adscritos al parlamento y recursos suficientes que integren la prevención, la investigación, la recuperación de activos, los conflictos de interés, el control de las declaraciones de patrimonio y actividades de políticos y funcionarios, la protección de las personas denunciantes y la promoción de códigos de integridad con gobernanza efectiva, la coordinación con la Fiscalía, la justicia y la Agencia Tributaria… Sin promover esta estructura especializada es evidente que tampoco habrá voluntad de limpiar las cloacas del poder y, en consecuencia, la corrupción seguirá siendo el alto precio que paga la ciudadanía y el sistema democrático con el auge de los movimientos totalitarios disfrazados de regeneradores.

La lista presente y pasada es interminable. Sin ganas de retroceder a la corrupta dictadura franquista ni entrar en las andanzas del anterior jefe de Estado Juan Carlos I, en el periodo constitucional, y sin pretender ser exhaustivo, nos encontramos con Gürtel, Kitchen-Bárcenas, Púnica, 3%-CiU, Palau-Millet, Pretoria, Terra Mítica, Fabra, EREs, Emarsa, Imelsa, Cooperación-Blasco, Lezo, Brugal, Noos, Palma-Arena-Jaume Matas, Túnel de Sóller, Ivex, Taula, Pitufeo, Comisario Villarejo, Cursos de Formación, UGT-Fraude subvenciones, Tarjetas Black-Caja Madrid, Canal-9, IVAM, Emperador-Gao Ping, Mascarillas, Erial-Zaplana, Bancaja, CAM, Azud (esa tangentopoli a la valenciana que une en un solo caso al arco parlamentario)... y otros más antiguos como Filesa, Roldán, BOE, Nasseiro, Calpe, Banco de España-Rubio, etcétera. Y el más actual, por ahora, que ha sacudido el país y amenaza con provocar un cambio de ciclo político, protagonizado por el trio del exministro y diputado José Luís Ábalos, su asesor Koldo García y el parlamentario y secretario de organización, Santos Cerdán, los tres del PSOE vinculados con empresarios mafiosos en unos escenarios de corrupción similares a los casos de toda la vida, mezclada de tintes zafios de casposa misoginia. Tampoco sirve seguir repitiendo aquello de que ya hay muchos controles, cuando en la práctica se demuestra una y otra vez que no funcionan, entre otras razones, porque habitualmente están colonizados por los mismos que no quieren que se les controle. Si con estos antecedentes alguien piensa que España no necesita una estrategia de prevención y lucha contra la corrupción es que prefiere que todo siga igual.

En la alternancia entre PP y PSOE, los dos partidos que han hegemonizado el poder político en España desde 1982, con cada cambio se prometía una acción regeneradora que en realidad era un espejismo engañoso, o lo que es peor, actuaba como una mecánica blanqueadora. Luego, una vez instalados en el poder, lejos de rendir cuentas por sus respectivos casos de corrupción, las direcciones de los partidos se desentienden rápidamente recurriendo a las conocidas frases huecas habituales: eso pertenece al pasado o nosotros respetamos las decisiones de la justicia. Una justicia cuyos procedimientos los corruptos saben que se eternizan y, si no se archivan, concluyen y sentencian cuando los políticos condenados están prácticamente en edad de jubilación, por lo que las penas de inhabilitación para cargo público les dan bastante risa y las de cárcel quedan en nada con las vergonzosas atenuantes de las dilaciones indebidas de las que nadie se responsabiliza en nuestro maltrecho sistema judicial, o también por la vía de la confesión o la conformidad, siempre a última hora después de años entorpeciendo la investigación y que en realidad son auténticas burlas al proceso. Por no hablar de las distintas varas de medir con las que trabaja la justicia: la magistratura todavía está buscando a un tal M. Rajoy.

Hasta el Tribunal de Cuentas Europeo advirtió en 2013 que construir un kilómetro de autopista, en iguales condiciones orográficas y técnicas, en España costaba el doble que en Alemania

En esta ocasión se está hablando de contratos públicos amañados. La contratación pública es uno de los sectores más perjudicados por las prácticas corruptas. En el 40% de los contratos públicos en España participa una sola empresa. Alrededor de 40.000 millones de euros anuales, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se pierden por la falta de presión concurrencial en la contratación pública. Entre el 10 y el 30% de una obra pública, según la OCDE, se pierde por malas prácticas y corrupción. Hasta el Tribunal de Cuentas Europeo advirtió en 2013 que construir un kilómetro de autopista, en iguales condiciones orográficas y técnicas, en España costaba el doble que en Alemania. A su vez, el FMI advertía que la cifra de la corrupción en España podría alcanzar los 70.000 millones deaeuros al año. Estos informes han llegado a todos los partidos, los respectivos gobiernos y también a los que están en la oposición. Sin ninguna consecuencia a pesar de que con esas millonarias cifras se estarían resolviendo muchos de los problemas que tiene la sociedad española.

¿Pero cómo se puede amañar un contrato público, una subvención, un planeamiento urbanístico o una enajenación de patrimonio público? El esquema para amañar un contrato, como en la mayor parte de las actuaciones corruptas, se puede representar gráficamente con la figura de un triángulo donde uno de los vértices lo ocupa el político corrupto, en otro vértice se sitúa el empresario corruptor y, finalmente, en el tercer vértice encontramos al funcionario que, desde su posición gestora, o de control de legalidad, o de control financiero le da apariencia de legalidad a todo el procedimiento administrativo. Para que la corrupción exista es imprescindible que este triangulo funcione perfectamente cohesionado. Pero a pesar de esta unidad inseparable de acción, en la inmensa mayoría de los casos solo se habla del político corrupto, muy poco del empresario corruptor y casi nada de la tecnoestructura que gestiona, realiza los pliegos técnicos, fija las cláusulas jurídico-administrativas, emite los informes jurídicos, técnicos y financieros que dan apariencia de rectitud legal al contrato fraudulento.

Cuando por los avatares electorales, o judiciales, se produce un cambio en el vértice político los otros dos vértices siguen intactos, como en el cuento de Monterroso. Al permanecer estos dos vértices, las células cancerígenas continúan dentro de la estructura predispuestas a reproducir el tumor una y otra vez. En las obras de reconstrucción de la DANA empresas involucradas en casos de corrupción están obteniendo grandes contratos por la vía del procedimiento de emergencia. Este procedimiento contempla la posibilidad de adjudicar directamente y sin concurrencia a la empresa que el órgano político de forma discrecional decide y, al contratar a una empresa corrupta o sospechosa de corrupción en vez de a una empresa limpia, el político adjudicador nos está dejando claro por dónde van sus intereses.

El político corrupto cree que las mordidas son un merecido premio, una forma de compensar su entrega y dedicación sacrificada a su patria; un culto a su egolatría y una forma de aprovechar su paso por la política incrementando exponencialmente su patrimonio sin importarle que sea a costa de robar el dinero de la comunidad

Estamos inmersos en una cultura en la que la corrupción ha creado su propio ecosistema de normalidad aceptada. El político corrupto cree que las mordidas son un merecido premio, una forma de compensar su entrega y dedicación sacrificada a su patria; un culto a su egolatría y una forma de aprovechar su paso por la política incrementando exponencialmente su patrimonio sin importarle que sea a costa de robar el dinero de la comunidad. Otras veces se lo cobran con puertas giratorias terminando en empresas de sectores de los que no tienen ni idea, pero donde reciben buenas retribuciones en pago a los “servicios prestados”. Cuando los sobornos van a la financiación del partido lo hacen con el objetivo de perpetuarse y asegurarse el poder. Por su parte, el empresario corruptor considera que el pago de mordidas es una forma de evitar la molesta competencia con otras empresas, garantizar sus negocios aumentando los beneficios y tener cogido al político y al funcionario cómplices que le darán nuevas ganancias con más contratos fraudulentos. Y, finalmente, el funcionario que participa en el amaño de contratos lo hace a cambio de congraciarse con el vértice político, quien le paga con privilegios, mejores retribuciones o promocionando su carrera por encima de la de los funcionarios honestos y cumplidores con la ley que lo superan en mérito y capacidad. El funcionario corrupto muchas veces ha accedido al empleo público mediante procedimientos también amañados y su agradecimiento a quien le ha regalado un sueldo de por vida sin merecerlo lo convertirá en el candidato idóneo para ocupar el tercer vértice del triángulo de la corrupción.

Estos corruptos de tercera fila son reconocibles fácilmente: colaboran servilmente y sin escrúpulos con el poder podrido señalándole quienes son los funcionarios honestos y cumplidores, promueven operaciones de acoso y difamación para aislarlos o desplazarlos y así garantizar la toma del control por parte de los corruptos. Al haber sido invisibles ante la Justicia en tantos casos de corrupción, esta tecnoestructura putrefacta ha alcanzado un enorme poder y sensación de impunidad.

Si tenemos el diagnóstico de tan grave enfermedad no debería ser tan difícil poner en marcha la terapia eficaz. La lucha contra la corrupción requiere algo más que broncas y declaraciones políticas retóricas, exige una catarsis nacional seguida de una firme voluntad política para poner en marcha una estrategia del Estado contra la corrupción con reformas profundas, mecanismos eficaces de prevención, detección, investigación, recuperación y sanción, estructuras de control independientes, protección de los denunciantes, cultura de integridad pública, ética y conductas ejemplares exigibles a los lideres políticos, desde las más altas instancias del Estado hasta el humilde servidor público de base. La experiencia internacional nos muestra el camino.

Primo Levi, superviviente de Auschwitz, escribió “Ha ocurrido, luego puede volver a ocurrir”. Esa frase que se debió institucionalizar como un imperativo moral para el mundo civilizado se ha convertido en una premonición. No se trata de establecer equivalencias cuantitativas entre muertes o sufrimientos, sino de señalar la continuidad hoy de estructuras de pensamiento y comportamiento que conducen a lo impensable, a la reducción del otro a mero objeto de eliminación, al silencio cómplice de gran parte de los gobiernos y a la justificación escandalosa del crimen ejecutado en forma metódica y planificada. En Gaza no hay cámaras de gas, pero es un campo de exterminio donde están encerradas sin poder escapar más de dos millones de personas, donde se las elimina con bombas, ametrallamientos, hambre y sed. Gaza vuelve a ser el reflejo de la ignominia, el castigo colectivo, la destrucción sistemática de vidas humanas, hospitales, escuelas, hogares, sin que sus autores sientan culpa alguna, como quien realiza una tarea burocrática anodina incluso como si se tratara de un juego de tiro al blanco para los soldados de Benjamín Netanyahu, un personaje envuelto en casos de corrupción cuya situación al frente de Israel era insostenible hasta que la organización terrorista Hamás le brindó la excusa para invadir Gaza con el asesinato de más de mil israelitas indefensos y el secuestro de dos centenares de ellos, en una operación donde sorprendentemente la tan cacareada eficacia y superioridad de los servicios secretos israelitas estuvo ausente.

Hannah Arendt, al reflexionar sobre el juicio a Adolf Eichmann, habló de la banalidad del mal. No del monstruo, sino del funcionario obediente y eficaz, del hombre corriente incapaz de pensar desde otra perspectiva que no fuera la señalada por el líder supremo. En Gaza, como antes en Auschwitz o Mauthausen y tantos otros lugares donde se eliminaron de forma metódica e industrial ocho millones de personas, la mayoría judíos pero también gitanos, prisioneros de guerra, discapacitados, homosexuales, presos políticos y resistentes, de estos más de 4.000 españoles, y tantos otros que no encajaban con el ideal nazi… el mal también se ha banalizado cuando más de 50.000 asesinatos se convierte en simple estadística, cuando las imágenes de niños muertos de hambre o destrozados por las bombas no conmueven más que unos segundos a una parte de la población mientras otra lo celebra en las redes, sus medios afines y hasta en los parlamentos donde hemos oído cómo se despreciaban y ridiculizaban las leyes humanitarias o las convenciones internacionales para dar rienda suelta a las peores  maldades humanas incapaces de entender desde su imbecilidad que el Holocausto nos dejó una responsabilidad, la de no aceptar nunca más la lógica de la deshumanización, venga de donde venga. La de no permitir que el sufrimiento de unos justifique el sufrimiento de otros. La de reconocer que todo pueblo que ha sido víctima tiene una obligación ética adicional: no reproducir, desde el poder, aquello que una vez le fue infligido.

El historiador Enzo Traverso ya señaló que el Holocausto no debía convertirse en una memoria congelada, útil sólo para rituales vacíos y conmemoraciones rutinarias. Muy al contrario, debía ser una categoría crítica para pensar el presente, para desenmascarar las formas modernas de barbarie, venga de donde venga. Si el “nunca más” no es una máxima universal, entonces se convierte en retórica vacía. Si sirve para justificar crímenes en su nombre, se convierte en una coartada siniestra.

Europa nació de las ruinas del Holocausto. Su promesa fundacional era evitar la repetición del horror mediante la paz, el derecho y la cooperación. Hoy, sin embargo, Europa es incapaz de actuar. Cuando no es cómplice por omisión, lo es por justificación política. El peso de la culpa histórica por el antisemitismo ha llevado a algunos gobiernos y a muchos partidos políticos a conceder al Estado de Israel una impunidad ante el genocidio que está perpetrando y que fue precedida por el incumplimiento desde hace años de las Resoluciones de Naciones Unidas, del Derecho internacional y por despreciar las requisitorias del Tribunal Internacional Penal contra el genocida y corrupto Netanyahu. Ante Israel, Europa ha olvidado la respuesta firme y contundente que adoptó contra la Rusia de Putin por la invasión de Ucrania. Cuando la moral se aplica con doble rasero según de quien se trate, sencillamente es que no existe moral. Con el abandono de Gaza por el mundo civilizado asistimos a una tragedia que hiere no solo a sus víctimas asesinadas y mutiladas y a las asediadas por la violencia, el hambre y la sed, sino a la propia idea de civilización que se fundamenta en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad del individuo y ese abandono más pronto que tarde traerá consecuencias imprevisibles que lamentaremos. 

Callar ante Gaza, relativizar, mirar a otro lado, es una forma contemporánea de cobardía moral que está destruyendo la posibilidad de un futuro digno. Hoy, la memoria del Holocausto está en peligro no sólo por quienes lo niegan, sino por quienes lo instrumentalizan para justificar nuevas formas de destrucción del ser humano. Arendt no habría imaginado esta nueva forma de deshumanización donde las imágenes del horror se consumen como espectáculo, sin producir una reacción moral masiva entre quienes las presencian. Hemos aprendido a mirar sin ver. A sentir sin actuar ni pensar. A aceptar con normalidad la impunidad del criminal. La banalidad del mal, en el siglo XXI, ha adquirido formas digitales. El exterminio lento se retransmite por redes, se entierra en algoritmos, se justifica en foros, incluso en sedes parlamentarias por políticos sin escrúpulos.  

Aquí en España, ciertos sectores de la derecha herederos ideológicos del franquismo y del colaboracionismo con el nazismo son amigos del actual gobierno israelí y aplauden a Netanyahu. En esa amistad encuentran una coartada para reescribir su historia, ¿recuerdan lo del contubernio judeo-masónico que repetía como un loro el dictador? Si los judíos pueden ser hoy verdugos, ¿quién puede reprocharnos lo que hicimos ayer? ¿no son en realidad como nosotros? Esto no niega el Holocausto, pero relativiza su carga moral. Es una forma de legitimar crímenes pasados por simetría con crímenes presentes. Así y todo, lo más inquietante no es sólo la crueldad de algunos personajes que ha quedado retratada para la posteridad, sino la indiferencia de la gran mayoría e incluso la demonización de las víctimas. Hasta un personaje tan funesto como Carlos Mazón, el de El Ventorro, ridiculizó la ayuda de España al pueblo palestino para reclamarla para él y su gobierno de ineptos incapaces de prevenir los graves riesgos de una DANA anunciada, y también sus jefes en Madrid, tan absorbidos por el partido franquista como él, que se han dedicado a banalizar y hacer chistes del sufrimiento del pueblo palestino. Hoy, los testigos de lo que ocurre en Gaza –periodistas, médicos, civiles, cooperantes– claman por una reacción del mundo civilizado que sigue sin llegar y que se diluye entre declaraciones diplomáticas inútiles y una cobertura mediática que ha naturalizado el horror.

Los populismos fascistas que recorren el mundo tienen coincidencias esenciales con los partidos que hoy gobiernan el Estado de Israel con Netanyahu al frente y sobre esas coincidencias han construido una alianza geopolítica basada en el autoritarismo, el desprecio a las libertades democráticas y el odio al otro porque comparten su misma visión étnica del Estado, la negación de los derechos humanos universales, la militarización de la política y, sobre todo, la construcción de un enemigo absoluto (el musulmán, el palestino, el migrante). Netanyahu, al invocar permanentemente el Holocausto como justificación de su furia violenta, ofrece a la extrema derecha un relato que les permite instrumentalizar el Holocausto sin asumir su responsabilidad y autoría. No es que el Holocausto se niegue, sino que se vacía de sentido ético y se transforma en una patente para volver a cometer otro genocidio, el del pueblo palestino.

Pero los crímenes del pasado no absuelven los crímenes del presente. Y si la memoria del Holocausto sirve hoy para silenciar la crítica a una ocupación ilegal, a un castigo colectivo sanguinario, a una masacre… entonces esa memoria ha sido violada. No es la Shoah la que está en cuestión, sino su utilización cínica y perversa por parte del Estado de Israel y sus socios que ofrecen a la extrema derecha la oportunidad de lavar simbólicamente su propio pasado fascista y criminal. No lo hacen por amor al pueblo judío, sino porque el corrupto y genocida Netanyahu convierte el Holocausto en coartada para su conducta presente y eso, paradójicamente, absuelve a los verdugos de su pasado.

Frente a la barbarie, Europa debería liderar un alto el fuego permanente, promover el reconocimiento de un Estado palestino viable, proteger a la población civil bajo el derecho internacional humanitario, y condicionar toda relación diplomática y comercial con el Estado de Israel al cumplimiento de las Resoluciones de Naciones Unidas, el Derecho internacional y el respeto a los derechos humanos.

A pesar de todo, la ética resiste. Está en quienes se niegan a guardar silencio, en quienes se movilizan y arriesgan su vida y bienestar para denunciar, documentar e informar, curar, proteger y alimentar. Frente a la crueldad es necesaria la lucidez ética. Frente al poder que justifica los crímenes, la conciencia crítica. Frente la sumisión, la rebeldía cívica y la palabra que incomoda, recuerden lo que escribió Albert Camus: ellos mandan porque nosotros obedecemos. Gaza está llena de rostros que nos miran desde el abismo. ¿Qué hacemos con esas miradas?

Aun siendo así, hace bastante tiempo que apareció otro tipo de exposiciones, estas carentes de proyectos de investigación, son las conocidas en el argot museístico como exposiciones talonario. Se definen así porque detrás no hay nada, solo un empaquetado de obras que una entidad museística con una colección importante cede temporalmente a quien le paga. Suelen ser exposiciones con piezas de sus almacenes, pero eso es lo de menos pues sirven bien para un buen marketing comercial, financiero y también político que aprovechando el tirón de un artista o del prestigio de la institución prestadora pretenden enaltecer a la entidad o personaje previo suculentos pagos. No es malo que esto ocurra, para las entidades que ceden las obras constituye una fuente de ingresos importante, pero así y todo hay que diferenciar estas exposiciones empaquetadas de las que nacen de un proyecto de investigación riguroso vinculadas a un programa cultural hecho por profesionales de la museología. Se pagan muchos millones en estas operaciones y si el dinero sale del bolsillo de los contribuyentes, como mínimo, hay que exigir respeto, rigor y que ese dinero no se detraiga del presupuesto de los museos que son a quienes les corresponde cuidar del patrimonio histórico artístico y hacer exposiciones temporales.

Por lo que hemos sabido, vamos a tener en Valencia durante varios años otra de estas exposiciones talonario, parece ser que a razón de un millón de euros por año, con obras de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America, de Nueva York, institución con la que una entidad financiera valenciana, trágicamente politizada en la época de Zaplana, Olivas y Camps, firmó un acuerdo para traer a Valencia el conjunto de las 14 pinturas mural titulado “Visión de España” pintados por Sorolla los últimos años de su vida. La exposición fue espectacular y con gran éxito de público y también sirvió para enaltecer a personajes de una época en la que la corrupción campaba a sus anchas por la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos valencianos. La operación de marketing costó alrededor de 5 millones de euros y no impidió la estrepitosa quiebra de la entidad financiera que contribuyó al “crack” de 2008 dejando un reguero de ruina y miseria. Tampoco impidió que la reputación de la política valenciana cayera a los niveles más bajos, nunca conocidos, de desprestigio. Es necesario recordarlo, que la memoria es muy corta, y de un tiempo a esta parte estamos viendo a los personajes de aquella época resurgir como si nunca hubiesen roto la trabilla de un pantalón o cantados miles de euros en el asiento trasero de un coche.

El recurso al arte como ornamento político es muy antiguo, lo recuerda Susan Sontag en su obra Ante el dolor de los demás, “el uso del prestigio estético como legitimación del poder” pero también recordaban los clásicos que Nulla Aesthetica Sine Ethica, para nada sirve la estética si se carece de ética. Porque al final, en el ámbito de la cosa pública de eso se trata, o se está al servicio del interés general o del interés particular; o está alineado con el bien común o con el bien del bolsillo. Raro es el día que no sale a la luz alguna sentencia o auto judicial que nos explican el patrón de muchos políticos que están en política para forrarse.

Ahora, de nuevo, la figura del universal Sorolla, maestro de la luz y símbolo de la valencianidad culta, es usada como escudo para tapar la oscuridad de una gestión política rabiosamente anticultural que en los dos años que lleva gobernando se ha dedicado a depurar directores de centros de arte que por su profesionalidad e independencia estaban en el punto de mira de la extrema derecha a la que se ha abrazado el gobierno valenciano, como ejemplos los casos de dos grandes profesionales como José Luís Pérez Pont, del CCC del Carmen, cesado ilegalmente, o los ataques a Nuria Enguita, hasta que abandonó el IVAM. Son los mismos que censuran libros en bibliotecas públicas; que se dedican a perseguir poetas como Vicent Andrés Estellés, que ni muerto ha podido tener paz y respeto en el año de su centenario, a cubrir baches dijo una concejala que no sabrá distinguir un verso de una zanahoria, que había retirado los paneles con sus poemas en su pueblo natal; y por supuesto, a atacar nuestra lengua cooficial con absurdos referéndums y acosos a la Academia Valenciana de la Llengua.

Probablemente lo que en el fondo pretenden es volver a aquella época en que los museos valencianos funcionaban por antojos de los políticos de turno. Destruyeron la reputación del IVAM colocando una directora que fue condenada por corrupción, impulsora de exposiciones como las que giraban alrededor de las pelucas de su peluquero o las fotografías de un galerista chino acusado de ser el jefe de una red de blanqueo de capitales.

El personaje político que representa toda esta barbarie cultural ahora va a utilizar uno de los símbolos de la cultura valenciana como herramienta propagandística que tape su ineptitud durante y después de la DANA del 29 de octubre. Ver los publirreportajes de Mazón por la Gran Manzana me ha traído a la memoria al actor que interpreta Rowan Atkinson como Mr. Bean, en su película de cine catastrófico titulada simplemente Bean o también “El nombre del desastre”. En esta película Mr. Bean es enviado a Estados Unidos por sus superiores de la Royal National Gallery como supuesto experto en arte para una importante operación cultural. El personaje, encarnación de un individuo torpe, inepto y tóxico, es en realidad un empleado sin cualificación al que nadie quiere tener cerca y que sus jefes no saben cómo deshacerse de él. Su designación no responde al mérito ni a la capacidad intelectual sino al deseo de quitárselo de encima. Mr. Bean es el “experto” que en realidad no sabe nada, y aun así es sostenido en su rol por la mentira, la improvisación y el artificio. El resultado es catastrófico: el arte queda convertido en parodia y la representación institucional en un esperpento.

Este guion, que en clave de comedia británica provoca risas, se está reproduciendo en nuestra política con tintes mucho más trágicos. Mientras todavía vivimos bajo el síndrome de una catástrofe que por confluencia de la ineptitud i la imprudencia causó 228 muertos e innumerables heridos, el todavía presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se fue a Nueva York, ¿o lo enviaron? para, supuestamente, organizar una exposición de “cuadros” de Joaquín Sorolla. Una cortina de humo para tapar la vacuidad de su infame acción política. El aterrizaje en el Manhattan de Nueva York, que el de Cullera todavía no nos lo ha explicado, se acompañó con mucha prensa, discursos y fotos oficiales propios de una operación de mercadeo político provinciana. En realidad, lo que representó fue la farsa maquillada de una pretendida dignidad institucional con la que el “experto” en Sorolla esperaba quitarse de encima el barro de unas riadas que fue incapaz de prevenir, pese a los avisos rojos de AEMET, y las muertes evitables cuya investigación judicial le va estrechando el cerco. ¿Para cuándo el mismo detalle informativo de la visita a Nueva York, pero ahora sobre lo que hizo Mr. Mazón aquella infausta tarde del Ventorro al CECOPI y las causas verdaderas para no enviar “alertas exageradas” que pudiesen estropear el negocio en aquella semana de puente?

Mr. Bean, y Mr. Mazón, son dos casos similares que encarnan una tragicomedia, el primero desde la ficción, como un bufón incapaz que termina manipulando valiosísimas obras de arte sin entenderlo, y el otro, de trágica realidad representando una performance de cartón piedra interpretada en Nueva York con un séquito de figurantes buscando construir una apariencia de normalidad y seudo prestigio cultural alrededor de alguien tan simbólico para los valencianos como es la figura de Sorolla, confundiendo la cultura con el espectáculo para distraer el vacío institucional y tapar la ineptitud que sufrimos decenas de miles de ciudadanos en aquellas terribles fechas. Ambos personajes, Mr. Bean y Mr. Mazón, condensan el absurdo de confiar tareas de gran responsabilidad a figuras que no solo carecen de preparación, sino que agravan con su presencia lo que tocan. El desastre, en ambos casos, no es solo un accidente: es el resultado previsible de haber puesto la toma de decisiones importantes en manos del menos indicado. La mala política se ha convertido en escenografía, y el arte en telón de fondo para encubrir la mediocridad enfangada en la ausencia de ética y de vergüenza.

Arendt insistía en que la política requiere una base de realidad compartida para que el debate público, que es la esencia de la democracia, sea posible y útil para la ciudadanía. En el contexto de una catástrofe como la DANA del pasado 29 de octubre, donde el sufrimiento que padecen los familiares de las 228 personas fallecidas y decenas de miles de damnificados sigue latentes, los responsables públicos encabezados por el todavía presidente de la Generalitat, el infame Carlos Mazón, recurren a la manipulación de audios, mantienen oculta la agenda real del comensal de El Ventorro, admiten en sede judicial que no tenían conocimientos de las funciones propias de sus bien remunerados cargos, se excusan en que los responsables eran otros degradando el principio de jerarquía de nuestra administración pública… todo esto antes de afrontar que ellos eran quienes tenían que haber activado las acciones que paliaran la catástrofe del 29 de octubre especialmente en lo que es más importante ante cualquier desastre: salvar el mayor número de vidas posibles.

Es cierto que venimos de situaciones repetidas donde la mentira es el instrumento esencial para conseguir objetivos que de otro modo no se alcanzarían. Quedaron atrás los tiempos en los que un político sorprendido en fragante mentira quedaba desautorizado ante la sociedad y, en las democracias más avanzadas, era motivo de dimisión o de destitución. Eso se acabó, estamos en una nueva era donde la verdad ha perdido su valor esencial. Esta nueva era política comenzó con aquella gran mentira que alcanzó magnitudes planetarias, la madre de todas las mentiras, la de las inexistentes armas de destrucción masiva como excusa para invadir un país rico en petróleo. Mentira inventada por el cuarteto de las Azores, las crónicas hablan del trio, Bush hijo, Blair y Aznar, pero siempre se olvidan del anfitrión, el oscuro Durao Barroso.

Aquella mentira sirvió también para meter a España en una guerra y modeló un nuevo estilo de hacer política, a nivel nacional e internacional, y tuvo éxito porque una vez desvelada la verdad nunca se procedió contra los responsables de aquella guerra ilegal e injustificada cuya única razón era controlar el flujo del petróleo de Irak matando a decenas de miles de personas y sumiendo Oriente Medio en el caos que todavía perdura veinte años después. El cuarteto debió ser juzgado por crímenes contra la humanidad, pero nadie se atrevió ni tan siquiera a plantearlo dando por afianzada la barbarie y normalizado que se puede invadir un país y bombardear o acribillar a sus ciudadanos sin que ninguna institución nacional o internacional pueda impedirlo ni exigir responsabilidades como ahora está ocurriendo en Gaza. Después de la madre de todas las mentiras vinieron otras, como la derivada de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando el gobierno de Aznar, con su portavoz el condenado por corrupción Zaplana, noqueados por el trasfondo y consecuencias del crimen, se los imputaron a los asesinos de ETA con tal de evitar reconocer que la masacre era obra de terroristas islámicos en venganza por la guerra de Irak. 

Mentira tras mentira, el marco del debate político se ha convertido en un juego de trileros y estafadores. El todavía presidente de la Generalitat nos presentó su gobierno como el de los mejores e inmediatamente se apresuró a cancelar cualquier actuación de la mayoría parlamentaria anterior que pudiera incidir en una mejora de las instituciones autonómicas. Suprimieron la Agencia Valenciana de Emergencias que tenía por objetivo unir y coordinar todos los recursos existentes para hacer frente de forma más eficaz a cualquier catástrofe como la DANA. Tomaron los órganos de control que pudieran incomodar a las fechorías que se avecinaban como hicieron con la Agencia Antifraude, órgano responsable de promover la ética pública en las administraciones valencianas y que, con la burda mentira de que les Corts ya tenía un código ético y se adherían a él, cancelaron el código ético de la Agencia y disolvieron el comité de ética. Y hasta han ido a por la Academia Valenciana de la Lengua que fue una creación exitosa de su propio partido para normalizar el uso de nuestra lengua y de la que ahora se auto enmiendan acometiendo su acoso político y presupuestario.

A pesar de todo, en aquello que envuelve la DANA la verdad se va abriendo camino poco a poco gracias a una jueza de instrucción que con ejemplar precisión está haciendo emerger con toda su crudeza las conductas negligentes en aquel aciago día. Y conforme se va desvelando la verdad nos invade la sensación de que el 29 de octubre no existió gobierno para hacer frente a la mayor catástrofe sufrida en siglos, una sensación que ha apresado a la mayoría de la población que siente que ante tanta desgracia no hubo instituciones autonómicas que le hicieran frente; de que los valencianos el 29 de octubre tuvimos un Consell de pacotilla, una banda de impostores y estafadores políticos que más allá de cantar habaneras y afanarse en sus trapicheos y negocios inconfesables poca cosa más sabían o estaban dispuestos a hacer por los demás. Y esa sensación es aún mayor cuando se ha sabido que despreciaron las alertas meteorológicas; se burlaron de quienes sí adoptaron las medidas básicas; se fueron de jarana mientras ríos y barrancos arrasaban a su paso tierras y ciudades; y desecharon que sus propios medios actuaran con diligencia movilizando todos los recursos que disponían. La demolición de nuestro autogobierno está entre las víctimas no contabilizadas de la DANA y que, sin embargo, nos va a acarrear las peores consecuencias.

Porque cualquier persona lo que espera de su gobierno es que defienda la vida de sus ciudadanos y al no hacerlo es lógico que se pregunte para qué entonces sirve ese gobierno. Si quien debía haber estado al frente de sus responsabilidades dirigiendo y coordinando los operativos de protección y salvamento y garantizando la movilización de todos los recursos necesarios, nos enteramos ahora que dejó en tierra seis helicópteros de salvamento, mandó a casa unas horas antes del desastre a los funcionarios que vigilaban el nivel de las aguas en los barrancos, despreció la incorporación de más de doscientos agentes forestales, no movilizó a más de mil bomberos disponibles, no quiso activar ninguna alarma que advirtiera del peligro hasta después de que las aguas ya habían matado a más de dos centenares de personas y hasta impidieron que llegara ayuda de otras comunidades, después de todo esto es lógico que se piense que estamos en manos de unos inútiles pero también y es lo más grave, que la administración autonómica entera es una inutilidad. Ahí está la clave de la situación política actual y este sería el objetivo oculto de la agenda política del partido extremista que sostiene al zombi del Palau.

Demoler las instituciones autonómicas y volver al centralismo anterior a la Constitución está en el ADN del partido franquista a cuyos brazos se ha lanzado el Consell de Carlos Mazón. Sostenido por los ultras que juegan en su propio interés porque un gobierno de inútiles incrementa la sensación ciudadana de que el autogobierno no sirve para nada, mientras se disparan sus expectativas electorales, tal y como acreditan las últimas encuestas.

La asunción del relato xenófobo y aporofóbico contenido en el torpe discurso con el que Mazón anunció el acuerdo presupuestario para 2025 confirmaba esa transubstanciación perversa hacia una ideología que, si un día gobierna España, sin ninguna duda hará tabla rasa del Título VIII de la Constitución y, por supuesto, de bastantes más derechos. La demolición del espacio público democrático gracias a las mentiras se habrá consumado. 

En ese soliloquio, leído como un autómata, ha vuelto a demostrar que su discurso sobre la seguridad ciudadana y la gestión de los recursos públicos es muy selectivo, escorado a resaltar lo anecdótico para ocultar lo esencial. Como si no tuviese asuntos de verdadera entidad que resolver tras la mayor catástrofe en siglos sufrida en Valencia, se comprometió a hacer pública la nacionalidad de los detenidos por pillajes tras la DANA. Y sin ofrecer ninguna cifra, ni casos concretos, ni detenciones practicadas, sin rigor alguno, deslizó que los autores del pillaje son migrantes asociando de este modo la idea de migración a delincuencia como vienen haciendo los partidos fascistas y nazis de Europa. Y todo esto cuando decenas de miles de personas siguen en estado de shock por la catástrofe que junto a la ineptitud ha causado 228 muertos.

Para nada sirve decirles a estos sociópatas que lo que provoca la migración es la extrema pobreza, la desigualdad profunda y las guerras que generan muerte y miseria en países que, en muchas ocasiones, mantienen la huella de la colonización europea, de sus intereses geoestratégicos y del expolio de sus recursos naturales. Y, como son enemigos viscerales de la memoria, nadie les recuerda que hasta hace pocas décadas los españoles eran migrantes que se dispersaron por Europa y América para sobrevivir y dar una vida digna a sus familias.

Por si fuera poco, el zombi proclamó que negaría cualquier acogida a los menores migrantes llegados solos a nuestras costas, niños en el más absoluto desamparo. También avanzó que se suprimirán o reducirán sustancialmente las ayudas a las entidades de cooperación y a aquellas que en nuestras ciudades y pueblos ayudan a los más desfavorecidos. Su miserable discurso ocultó entre muchas cosas que, a resultas de la guerra de Ucrania, la Comunitat Valenciana ha acogido sin ningún problema a decenas de miles de personas huidas de la violencia provocada por Rusia, entre ellos miles de niños que están felizmente escolarizados sin ningún problema en nuestro sistema educativo. Por qué unos sí y otros no. Sencillamente, la respuesta está en el color de su piel y su pobreza extrema. En otras palabras, simple racismo y odio al pobre.

Ese discurso xenófobo y aporofóbico que sin la más mínima compasión amenaza con devolver a los orígenes de miseria y violencia a los niños supervivientes llegados del mar, contrasta con el silencio atronador sobre los grandes saqueos que ha sufrido la Comunidad Valenciana durante décadas de corrupción y despilfarro a cargo de su partido. La incongruencia es clamorosa pero no sorprende, lo ha hecho siempre. No pidan a un zombi que articule un razonamiento lógico.

Los pillajes tras la DANA, condenables sin duda, han supuesto robos de bienes materiales con daños localizados en comercios, viviendas o en los vehículos amontonados por las aguas desbordadas. En muchos casos la policía ha actuado y detenido a los autores como en cualquier problema de orden público. Sin embargo, el saqueo de los corruptos que Mazón prefiere ignorar porque algunos de ellos son sus amigos del alma, ha costado incontables millones de euros a los valencianos y ha afectado a todos los ámbitos de la vida pública destruyendo la reputación de la Comunitat. Basta con recordar algunos de los mayores casos de corrupción que arruinaron la Comunidat Valenciana en tiempos de gobiernos del partido del zombi y, aunque es difícil establecer una cifra exacta, diversos estudios han revelado el impacto económico real de estos casos. Veamos algunas cifras clave y qué servicios públicos podrían haberse financiado con ese dinero:

Caso Gürtel, más de 120 millones de euros en contratos amañados y financiación ilegal del PP. Caso Brugal, corrupción en la gestión de residuos en Alicante, con sobrecostes de más de 100 millones de euros. Caso Taula, desvío de fondos en la Diputación y Ayuntamiento de Valencia, con mordidas que superaron los 25 millones de euros. Caso Emarsa, gestión de la depuradora de la ciudad de Valencia en la época de Rita Barberá: 25 millones de euros malversados. Y muchos otros como Erial, IVEX, Cooperación, Noos, Canal-9, IVAM, Azud, Trama del Fuego … 

Proyectos ruinosos como Terra Mítica, 400 millones de inversión pública perdida. Aeropuerto de Castellón, 150 millones y cada año aumenta el agujero deficitario. Circuito de Fórmula 1, más de 300 millones. Ciudad de la Luz, 500 millones para un proyecto audiovisual ruinoso. CIEGSA (colegios públicos) 1.000 millones de sobrecostes que sin embargo no acabaron con los barracones.

Mención necesaria merece el caso Bancaja y CAM. Su quiebra y rescate costaron más de 40.000 millones de euros entre inyecciones de dinero público y pérdidas irrecuperables. La CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), intervenida en 2011 tras una gestión catastrófica, acumuló un agujero patrimonial de más de 17.000 millones de euros. Su cúpula directiva fue acusada de conceder créditos sin control, falsear cuentas y pagar indemnizaciones millonarias a sus directivos antes de la intervención del Banco de España. La CAM fue vendida al Banco Sabadell por 1 euro, después de inyectarle 5.249 millones de euros de dinero público. Bancaja, bajo la presidencia de José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat condenado por corrupción, se fusionó con Caja Madrid de Rodrigo Rato, condenado por corrupción, ex vicepresidente del gobierno de España por el PP, para crear Bankia, entidad que terminó necesitando un rescate público de 22.424 millones de euros . Bancaja había financiado sin control proyectos inmobiliarios ruinosos, incluyendo promociones fantasmas en la costa, concedidos decenas de miles de hipotecas basura y créditos a grandes empresarios cercanos al PP que nunca se devolvieron.

Este saqueo financiero cubierto con dinero público no sólo dejó a miles de pequeños ahorradores atrapados en productos financieros tóxicos (preferentes y subordinadas), sino que además condenó a la Comunidad Valenciana a perder su centenario sistema financiero para pasar a depender completamente de la banca privada.

En total, el saqueo de la corrupción, despilfarro, sobrecostes y mala gestión en la Comunidad Valenciana supera los 50.000 millones de euros, sin contar otros casos menores que siguen aflorando. Y ante esto, una pregunta que nunca se hará Mazón: ¿qué servicios públicos podrían haberse financiado con el dinero saqueado y despilfarrado por su partido?

En Sanidad: Construcción de 100 hospitales completamente equipados (coste medio de un hospital moderno: 500 millones de euros ) o contratación de 200.000 médicos durante 10 años, mejorando la atención y reduciendo las listas de espera.

En Educación: Construcción de 5.000 colegios públicos nuevos , eliminando barracones y mejorando la educación de varias generaciones o financiación de la universidad gratuita en la Comunidad Valenciana durante más de 20 años.

Infraestructuras: Extensión del transporte público gratuito durante décadas o plan de modernización de carreteras y ferrocarriles sin endeudar a la Generalitat.

Vivienda: Construcción de 250.000 viviendas públicas, resolviendo el problema del acceso a la vivienda para miles de familias.

Mientras el zombi Mazón y su gobierno atan su destino al partido franquista y se centran en criminalizar a los migrantes por robos menores tras la DANA; rechazan la Agenda Verde europea que busca hacer un mundo más sostenible; demonizan a los ecologistas que denuncian el cambio climático; acusan a las organizaciones humanitarias por practicar la caridad; y cargan contra el valenciano, nuestra lengua estatutaria y materna… mientras vociferan todo esto, guardan silencio sobre el verdadero pillaje que ha empobrecido a generaciones de valencianos. Su estrategia es clara: desviar la atención de la corrupción intensiva de su partido y avivar miedo y odio contra los más vulnerables e indefensos. Es un ejercicio de obscena hipocresía que busca enfrentar a la ciudadanía contra los más pobres mientras protege los intereses de quienes se enriquecen a costa de arruinar las arcas públicas.

Es lo que nos pasa por votar a los malvados de la clase (o por abstenerse).

El idiota moral no nace, se hace. Mediante aprendizaje y simbiosis con la acción de otros idiotas morales se inculca el culto al individualismo exacerbado, la codicia, el desprecio hacia el bien común, el rechazo a la defensa del interés general y la burla del principio de legalidad, el cual consideran que está para que se les aplique a los demás, pero no a ellos, pues se creen que están por encima de las normas. En el ecosistema del idiota moral se considera normal estar en política para hacerse rico, apropiarse de lo que es colectivo o colonizar las instituciones con sus análogos, aunque sean unos ineptos, para ponerlas al servicio de sus intereses particulares. Se exige lealtad al jefe de los idiotas morales en la tarea de destruir cualquier orden que pueda basarse en los valores de igualdad, justicia, libertad, legalidad y solidaridad y lo hacen con desparpajo y sin complejos. En el ámbito de lo público soslayan los principios de integridad, transparencia y buen gobierno, solo cuenta su propio interés. Los idiotas morales de ayer son los que se jactan hoy de que estaban arruinados y gracias a la política se hicieron millonarios y lo han conseguido con todos los honores y aunque alguno haya tenido algún tropiezo judicial el balance final siempre le resulta a su favor, pues nunca se les pilla el total del caudal apropiado. Alcanzan altas responsabilidades gracias a muchos otros idiotas morales convencidos de que algo les tocará en el reparto pues los elegidos gustan de repetir aquello de no preocuparos que hay para todos y lo representan regalando contratos y concesiones públicas a los amigos, repartiendo cargos y otros premios a quienes se alinean con los objetivos de convertir las instituciones públicas en sus particulares cortijos aun a costa de destruir la reputación y el prestigio de esas instituciones.

Durante aquella tarde brumosa que se llevó 227 vidas Mazón estuvo desaparecido y lejos de hacer lo que un gobernante con un mínimo sentido del deber habría hecho que es ponerse al frente de la gestión de la catástrofe coordinando la respuesta a la crisis, informando a la ciudadanía y asegurándose de que los recursos estuvieran correctamente desplegados, él siguió con su banal agenda, se burló de las medidas preventivas que habían adoptado otras instituciones y se fue al Ventorro donde nadie de sus colaboradores se dignó en molestarle. Estaban más pendientes del puente del 1 de noviembre que de lo que sucedió ese infausto día. Cuando fue consciente del mal que su estulticia había provocado continuó la actuación propia de un idiota moral, considerarse ajeno a las desgracias, afirmar que él hizo todo lo que era posible con la información que disponía a la vez que se afanaba a construir un relato exculpatorio de sí mismo que solo se podía sostener echando la culpa a otros. Ni asomo de arrepentimiento ni piedad por las víctimas, incluso cuando cuatro meses después, y para salvarse de la imputación penal, contradiciéndose a sí mismo, reconoció que ese día en realidad no estuvo al frente de nada y que hasta las 20:28 se dedicó a otras cosas. La famosa foto entrando en el CECOPI vestido como si de jugar al golf viniese saludando alegremente al personal, es todo un poema.   

A veces, al idiota moral le suelen quemar las consecuencias de sus actos, pero solo si trascienden a lo público y son notorios, o tienen consecuencias judiciales y el relato exculpatorio queda desmontado porque emerge la verdad de los hechos. Por eso les obsesiona construir verdades alternativas y difundirlas a los medios comprando voluntades o amenazando a los disidentes, ocultando o manipulando los hechos. Necesita trazar una cortina de humo, saltar a otra fase que llaman pasar página con un objetivo, que no se hable de su conducta inmoral, de su irresponsabilidad y de su ausencia de compasión por las víctimas. No le faltan corifeos cómplices que hasta son capaces de echar la culpa a las propias víctimas. No recuerdo el nombre del psicópata que llegó a decir que las alertas no sirven para nada y que, aunque se hubiese avisado a tiempo, la gente no hace caso de alarmas y al final se hubiesen muerto igual.

El resorte que se usa para ese pasar página se llama reconstrucción, una necesidad imperiosa ante tanta devastación que la oponen a la rendición de cuentas. Lo hemos oído tantas veces como excusa como si lo primero estuviera reñido con lo segundo. Lo bien cierto es que 227 vidas no habrá quien las pueda reconstruir ni a sus familias llevarlas un poco de paz y consuelo. Un rasgo clásico del idiota moral es que no solo actúa mal, sino que, además, cree que tiene derecho a hacerlo sin rendir cuentas.

Catástrofe y negocios son sinónimos. Las políticas preventivas en materia de cambio climático no forman parte de los programas de los idiotas morales porque significan impedimentos a los pingües beneficios que generan los desastres, por eso nada más llegar al gobierno disolvieron la Agencia Valenciana de Emergencias de la misma manera que levantaron las restricciones de tráfico de vehículos por el centro de las grandes ciudades colapsadas y contaminadas. Tener una entidad especializada en emergencias para prevenir catástrofes y afrontar los temporales o incendios cada vez más frecuentes resultaría muy beneficioso para el conjunto de la sociedad, pero no les resulta rentable a los idiotas morales porque la gestión de las consecuencias de esas catástrofes es un magno negocio cíclico que se traduce en copiosos contratos como por ejemplo los de la post DANA o, en otro orden, con esas absurdas y repetidas reposiciones de arenas en las playas que se traga el mar con cada temporal.

Las catástrofes en definitiva liberan miles de millones de euros en contratos que por la legislación de emergencias se pueden adjudicar a quienes quieran discrecionalmente, a las empresas amigas muchas de ellas condenadas por corrupción, sin trámites, sin concurrencia a pesar de que con la tecnología actual es posible, sin requisitos y sin controles que para eso se tomó el control de la Agencia Valenciana Antifraude. El desbarajuste es tal que se adjudican contratos con empresas que no tienen medios para ejecutarlos y que los subcontratan con descomunales beneficios. Se han denunciado incrementos de costes muy por encima de los precios de mercado o de los baremos fijados por la Administración del Estado. Con un desinterés absoluto por la ética pública y aprovechándose de una desgracia colectiva de magnitudes desconocidas van engordando las cuentas de resultados de las empresas amigas.

El comportamiento de Carlos Mazón durante la DANA del 29 de octubre encarna esa figura del idiota moral en el sentido filosófico que, creyéndose listo, socava las instituciones y degrada la vida pública con su irresponsabilidad. Alguien que, por arrogancia y desprecio por el bien común, actúa de forma imprudente sin asumir las consecuencias de sus actos, rodeado de personajes de su misma categoría que le aplauden y jalean. Su mandato no es más que un espejo del declive de la ética en la política valenciana con toda la carga reputacional que eso representa para los valencianos, pero de esto hablaremos otro día.

Para hacer frente a la magnitud del problema los Estados de nuestro entorno han ido tejiendo sus estrategias de prevención y lucha contra la corrupción dándose estructuras especializadas bien dotadas de medios. Dos ejemplos cercanos pueden ser la ANAC (Autorita Nazionale Anticorruzione) en Italia o la AFA (Agence Française Anticorruption) en Francia. Sin embargo, en España no existe ninguna estrategia anticorrupción más allá de la respuesta penal y con escasos recursos. Solo en algunos territorios, tras la gran crisis de 2007-08, sus parlamentos autonómicos crearon oficinas y agencias antifraude con resultados diferentes, pero con el objetivo común de desarrollar estrategias de prevención y detección de la corrupción. En el propio Consejo de Europa nació el GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción, organismo destinado a detectar mediante rondas de evaluación las debilidades por las que se infiltran en las instituciones públicas las conductas corruptas. No es de extrañar que nuestro país haya obtenido malas calificaciones en las cinco rondas realizadas. Por otra parte, la Unión Europea aprobó en 2019 la llamada Directiva Whistleblowing para proteger a las personas que denuncian corrupción, pero en España se sigue represaliando a quienes denuncian o investigan la corrupción sin que les pase nada a los represaliadores.    

Combatir la corrupción es una compleja necesidad para la supervivencia y buen funcionamiento del sistema democrático. Requiere del compromiso de quienes están al frente de las instituciones y de la participación de quienes trabajan en ellas promoviendo una arquitectura institucional que tiene como pilares básicos los principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública de la que son parte esencial los códigos éticos y de conducta. La integridad pública consiste en dar prioridad a los intereses generales de la comunidad por encima de los intereses privados y se construye desde arriba mediante la ejemplaridad de quienes están al frente de las instituciones, y su efecto cascada debe impregnar al conjunto de las estructuras públicas y de quienes forman parte de estas.

Sin embargo, los avances en el combate anticorrupción, cuando los hay, no son lineales y pueden darse retrocesos. Para impedir o dificultar estos retrocesos corresponde establecer resistencias en forma de normas reglamentarias como los citados códigos éticos que constituyen un conjunto de principios y valores que guían el comportamiento y la toma de decisiones de los directivos y funcionarios que trabajan en una institución. Su objetivo principal es garantizar que las acciones y decisiones se realicen con integridad, transparencia, responsabilidad, rigor y respeto hacia los derechos de los ciudadanos, el ordenamiento jurídico y el interés público. Si además esa institución es un órgano de control, de prevención y lucha contra la corrupción, con mucho más motivo debe protegerse asegurando que sus miembros, desde el director hasta el funcionario de menor rango, estén alineados con valores donde prevalezca la defensa del interés general sobre el interés particular; la neutralidad política sobre el servilismo partidista o sindical; la imparcialidad sobre el favoritismo; la ecuanimidad sobre la injusticia; la ejemplaridad sobre la mezquindad.

Al servidor público que ha decidido integrarse en un órgano de control y fiscalización, con mucho más motivo se le debe exigir una conducta ética y ejemplar dentro y fuera de la institución. Esta fue la razón por la que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, la AVAF, aprobó en 2022 su Código ético tras un largo proceso participativo y de debate interno. Sin embargo, este código fue lo primero que se derogó por la nueva dirección con la aquiescencia de los representantes de los dos sindicatos mayoritarios que en su día paradójicamente lo habían aprobado. La excusa no tiene desperdicio: derogaron el Código según dijeron para evitar duplicidades adhiriéndose al código ético del parlamento valenciano, pero hay un pequeño detalle: el parlamento valenciano no cuenta con ningún código ético, ni lo tiene aprobado y ni siquiera en proyecto.     

Las funciones principales del Código ético de la AVAF, como buena parte de los códigos éticos, consistían en establecer estándares de conducta de su dirección y de sus funcionarios definiendo claramente qué comportamientos eran aceptables y cuáles no, promoviendo la integridad, el rigor y la honestidad en el desempeño de sus funciones de control y fiscalización encomendadas por la ley. Se buscaba fomentar la confianza ciudadana pues al seguir principios éticos, las instituciones públicas demuestran su compromiso con el bien común y la ciudadanía, lo que aumenta la credibilidad y la confianza de la sociedad en ellas. También para prevenir la corrupción y malas praxis en su seno ayudando a identificar y a evitar situaciones de conflicto de intereses, incompatibilidades, abuso de poder, manipulaciones o prácticas corruptas, protegiendo a sus propios funcionarios, a los recursos públicos y evitando que los procedimientos de control fueran usados de forma interesada o partidista.

Asimismo, el código promovía la transparencia bajo el principio de que las paredes de las instituciones y los bolsillos de sus servidores públicos deben ser de cristal de tal modo que se exigía a todos sus miembros la declaración anual de rentas, de bienes y actividades, incentivando la rendición de cuentas y asegurando que las decisiones se tomasen de manera justa y equitativa. Otra función era asegurar que las acciones de la institución respetaban y promovían los derechos humanos, la igualdad y la justicia sirviendo como guía en la toma de decisiones al proporcionar un marco de referencia para resolver dilemas éticos y tomar decisiones alineadas con los valores institucionales. Y en este sentido, se pretendía fortalecer la cultura organizacional al promover un ambiente de trabajo basado en el respeto, la colaboración, el cumplimiento normativo y el compromiso con el servicio público estableciendo los mecanismos para detectar conductas contrarias a los valores de la institución.

Con el Código ahora derogado también se establecieron mecanismos de análisis de conductas y de sanción sin los cuales cualquier norma se convierte en una mera declaración sin efecto alguno, en papel mojado en la práctica. De este modo, el Código ético de la AVAF creó su Comité de ética formado por tres expertos independientes externos, la catedrática de Derecho Penal María Luisa Cuerda, el catedrático de Ciencias Políticas Manuel Villoria y el abogado, historiador y escritor Antonio Penadés, así como una funcionaria de la Agencia elegida por todos sus compañeros en votación secreta.

El Comité de ética en una institución pública es el órgano encargado de promover, supervisar y garantizar el cumplimiento del código ético y los principios que rigen la conducta de los funcionarios incluyendo su dirección. Su misión es fundamental para asegurar que la institución opera con integridad, transparencia, rigor jurídico y responsabilidad a través de actuaciones como promover la cultura ética difundiendo los valores y principios éticos establecidos en el propio código ético; organizando capacitaciones y actividades para sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la ética en el servicio público; asesorando en cuestiones y dudas éticas surgidas en el trabajo, brindando orientación y recomendaciones a los funcionarios y la dirección cuando se enfrentan a dilemas éticos ayudando a interpretarlo y aplicarlo en situaciones específicas o complejas; supervisando su cumplimiento y vigilando que las acciones y decisiones de los funcionarios se ajustan a los principios y normas establecidos en el código de ética y, en su caso, identificando y previniendo posibles quebrantos o conductas perniciosas .

Al Comité de ética también le correspondía investigar denuncias o irregularidades sobre comportamientos internos, analizando y realizando investigaciones imparciales y objetivas para determinar si hubo incumplimiento de las normas éticas y, en su caso, proponiendo sanciones, medidas correctivas o acciones disciplinarias si los hechos infractores quedaban probados proponiendo, si se consideraba conveniente, medidas preventivas para evitar futuros quebrantos.

Asimismo, el Comité debía evaluar periódicamente el propio código para asegurar que estaba actualizado y seguía siendo relevante ante los continuos desafíos y nuevos contextos proponiendo modificaciones o mejoras generando informes periódicos para dar cuenta de sus actividades indicando los casos atendidos y las medidas adoptadas como resultado de las investigaciones y acciones tomadas en defensa de la integridad de la institución y de su personal. Debía mediar también en conflictos de intereses identificando y resolviendo situaciones cuando los intereses personales de un funcionario pudieran interferir con sus responsabilidades públicas asegurando que las decisiones se tomaban siempre en beneficio del interés general y no de intereses particulares.

Y, por último, correspondía también al Comité trabajar en coordinación con las diversas áreas de la institución para fortalecer sobre el terreno y la buena praxis cotidiana la integridad institucional, así como establecer alianzas con otros organismos externos para promover la ética en el sector público.

En resumen, el Comité de ética de la AVAF, como todo órgano de garantía de la ética pública desempeñaba un papel crucial en la promoción de una cultura de integridad y en la prevención de conductas antiéticas dentro de la institución. Su trabajo contribuyó a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y a garantizar que estas cumplieran con su misión de servir al interés público.

Bien cierto es que un Código ético por muy exigente que sea y un buen Comité de ética no son suficientes para impedir por sí mismos que la corrupción infecte una institución. La infiltración de la corrupción en las instituciones es un fenómeno muy complejo y en ocasiones extremadamente difícil de descubrir con los actuales sistemas de selección del personal funcionario y de designación de cargos públicos, pero en cualquier caso, los códigos éticos acompañados de eficaces sistemas de gobernanza son un buen antídoto y un medio para analizar conductas y detectar sujetos distorsionadores al servicio de tramas corruptas o de sus intereses particulares ávidos por tomar el control o neutralizar a los órganos anticorrupción.

Tal vez por estas causas la nueva dirección de la AVAF derogó nada más llegar el Código ético y disolvió el Comité de ética. O tal vez fuese porque las acciones realizadas durante estos últimos meses dificilmente habrían superado el escrutinio más elemental del Comité.