El pasado 15 de octubre de 2024 la Sala Segunda del Tribunal Supremo declaró su competencia para instruir una causa penal contra el fiscal general del Estado y contra la fiscal jefa Provincial de Madrid por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. 

Previamente, la causa se había iniciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por sendas querellas interpuestas tanto por el Colegio de la Abogacía de Madrid como, sobre todo, por Alberto González Amador, que se decía perjudicado por una nota de prensa que contenía información que afectaba a su derecho de defensa.

En opinión del Alto Tribunal, existían indicios de que ambos fiscales –se sobreentiende que de forma concertada– habían filtrado a la prensa un correo electrónico en el que, como todos ustedes conocen sobradamente a estas alturas, el abogado de Alberto González Amador, tras admitir la comisión de dos delitos fiscales, lanzaba al Ministerio Fiscal una propuesta de conformidad que evitase a su cliente acabar con sus huesos en el talego. 

Los indicios que, a juicio de los magistrados, justificaron esta inédita decisión aparecen confusamente plasmados en el fundamento de derecho quinto de la famosa resolución de 15 de octubre y, en apretada síntesis, se resumen en el hecho de que el correo electrónico de marras fue revelado cuando se hallaba en poder de los dos fiscales investigados. Dato que, pese a no ser más que una mera sospecha o conjetura, fue considerado más que suficiente por el instructor Ángel Hurtado –como es de ver en su auto de 30 de octubre– para allanar los despachos oficiales e incautar la documentación y dispositivos electrónicos que allí pudieran encontrarse. Resoluciones, ambas, como tantas otras que se han ido dictando en el curso de este procedimiento, llamadas a formar parte de los anales de jurisprudencia para servir de ejemplo de mala praxis a los alumnos de las facultades de Derecho. 

Poco se ha hablado de los errores fácticos de bulto en los que incurren ambas resoluciones. No les voy a aburrir con los jurídicos, que son muchos y muy inquietantes. El más llamativo, a mi juicio, consiste en el hecho de que en ambas resoluciones se afirma que la primera publicación del contenido del correo electrónico por los medios de comunicación se produjo a las 23:51 horas del 13 de marzo de 2024 en la página web de la Cadena Ser. Lo cierto es que a las 22:10 la página web de La Sexta ya había ofrecido aquella información. Error que en absoluto resulta ocioso a la vista de que el fiscal general del Estado no tuvo en su poder aquel email hasta aproximadamente las 22:00 horas. También olvidaba el Alto Tribunal reflejar en su resolución que, además de los dos fiscales citados, decenas de fiscales y funcionarios de la Fiscalía de Madrid habían tenido en su poder aquella propuesta de conformidad. De hecho, alguno de ellos, lo recibieron en el mismo instante en que lo hicieron el fiscal general del Estado y la fiscal jefa Provincial de Madrid.

En cualquier caso, no es de la actuación del Tribunal Supremo de lo que quiero hablarles hoy.  

Recientemente, hemos conocido a través de los medios que, en realidad, la propuesta de conformidad que constituye objeto del procedimiento seguido contra el fiscal general del Estado –reconocimiento de hechos incluido– no solo se contenía en el correo electrónico enviado a la Fiscalía de Madrid el 2 de febrero de 2024. Aquellos datos o informaciones reservadas también se plasmaron por el abogado de González Amador en otros documentos a los que, según señalan los medios, no parece que hayan tenido acceso ninguno de los fiscales investigados: un correo electrónico remitido a la Abogacía del Estado minutos después que a la Fiscalía de Madrid y una carta que la exdiputada de la Asamblea de Madrid Pilar Sánchez Acera remitió por mensajería instantánea al exsecretario general madrileño del PSOE, Juan Lobato. Datos que González Amador omitió poner en conocimiento de la autoridad judicial al momento de interponer la querella y que no ha subsanado durante más de un año de procedimiento.

Para mayor burla, esta carta fue la única que publicaron los medios el día 14 de marzo de 2024. Basta con bucear en la prensa del momento y en las redes sociales para advertir que el correo en poder del fiscal general del Estado y la referida carta presentan notables diferencias que permiten hablar sin tapujos de dos documentos claramente distintos.

Sirva toda esta explicación para detallar el error al que se ha inducido al Tribunal Supremo, que, al menos hasta la fecha, siempre ha entendido que el documento filtrado a la prensa se trataba del correo electrónico de 2 de febrero de 2024 en poder del fiscal general. Argumento que se encuentra en la base de la imputación de los dos fiscales investigados y del allanamiento de sus despachos oficiales, que muy probablemente no se hubiera producido en caso de haberse conocido este dato que ha salido ahora a la luz.

El procedimiento se dirigió contra los integrantes del Ministerio Fiscal porque eran, aparentemente, la única institución que tenía en su poder la propuesta de conformidad lanzada por el abogado de González Amador. Se dio por sentado, y era razonable que así fuera, que el entorno de éste era el menos interesado en revelar aquellas informaciones y que, por consiguiente, aquél obró en todo momento de buena fe. En honor a la verdad, creo que eso es lo que en buena lógica pudieron pensar los magistrados que hasta la fecha han intervenido en el procedimiento y, desde luego, una parte de la opinión pública que ha visto en González Amador a un particular perjudicado por la actuación de una cúpula fiscal que, movida por abyectas razones políticas, habría filtrado datos de la investigación seguida contra aquel con el único objetivo de dañar a su pareja sentimental, es decir, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

El resultado de la instrucción revela que esto no fue así.

Durante la instrucción de la causa hemos conocido que González Amador trasladó otro de los correos cruzados entre su abogado y la Fiscalía de Madrid (correo de fecha 12 de marzo de 2024) al jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, quien contribuyó a difundir el bulo de que era la Fiscalía la que había ofrecido la conformidad y no al contrario. También existen indicios de que durante la tarde del 13 de marzo de 2024 González Amador –o alguien de su entorno– filtró información a un conocido periodista acerca de la investigación seguida contra él y, en concreto, de las negociaciones en curso con el Ministerio Fiscal para alcanzar un acuerdo de conformidad. Negociaciones que, dicho sea de paso, exigían por imperativo legal el reconocimiento de los hechos delictivos imputados. Una vez más, informaciones que el querellante parece que olvidó comentar al Tribunal a pesar de su evidente trascendencia jurídica.

Según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Constitucional, el derecho a la intimidad personal implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás. Este derecho atribuye a su titular el poder de reservarse un espacio resguardado a la curiosidad ajena de una publicidad no querida. No obstante, el derecho a la intimidad no es absoluto. La actuación desarrollada por el propio titular del derecho puede llegar a despojar a las informaciones secretas o confidenciales de este carácter y, por consiguiente, de la posibilidad de reclamar su tutela jurídica. El art. 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982 establece que la protección de la intimidad queda delimitada no solo por las leyes sino también por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga reservado cada persona para sí misma o su familia. De ahí que, en mi opinión, de confirmarse que González Amador filtró a la prensa información sobre el procedimiento seguido contra él y, en concreto, acerca de la existencia de un acuerdo de conformidad en curso, resulte obligado concluir que las informaciones difundidas durante la noche del 13 de marzo y el 14 de marzo de 2024 no eran reservadas como consecuencia de la acción del propio González Amador. En otras palabras, tal vez más sencillas, quien decide acudir a la prensa y filtrar información no puede exigir después la tutela penal de una intimidad que él mismo ha decidido airear.

Las nuevas revelaciones conocidas abren un nuevo horizonte en la causa seguida contra el fiscal general. Su imputación ya no puede, como hasta ahora, fundarse en la premisa de que el documento filtrado se hallaba en su poder, pues el único documento que se conoce que se filtró a la prensa parece que nunca lo estuvo. Por si esto no fuera suficiente, las reiteradas omisiones en que ha incurrido González Amador generan múltiples interrogantes acerca de aspectos que pueden ser considerados capitales: ¿cuántas propuestas de conformidad redactó su abogado?, ¿a quién se las envió?, ¿qué información filtraron González Amador o su entorno a la prensa durante la tarde y noche del 13 de marzo de 2024?

Si yo fuera el instructor de la causa contra el fiscal general del Estado, me sentiría enojado por la instrumentalización que parece haberse realizado de él y de la Administración de Justicia.

Decía un reputado iusfilósofo italiano que la sujeción del juez a la ley ya no es, como en el viejo paradigma positivista, sujeción a la letra de ley. Sin embargo, la aplicación de la ley nunca puede dejar de sujetarse a los hechos que hayan resultado probados. Los hechos que a fecha de hoy conocemos revelan que la propuesta de conformidad lanzada por el abogado de González Amador y que se publicó en la prensa no se corresponde con el documento que estuvo en poder del fiscal general del Estado y que, por consiguiente, otra persona fue la responsable de su filtración.

Numerosos periodistas lo vienen advirtiendo desde hace algunos meses. Algunos de ellos, no lo olvidemos, incluso lo han declarado ante el magistrado instructor.

El 2 de noviembre de 2023, en una Jornada de la FAES, el expresidente Aznar pronunció una frase de enorme trascendencia: “El que pueda hacer que haga”. Llamando a continuación a la movilización de la ciudadanía contra un futuro Gobierno de coalición, a lo que añadió: “Hay que dejar de ser espectadores para ser agentes activos”. Con ello pretendía evitar lo que iba a ocurrir unos días más tarde: la investidura de Pedro Sánchez y el acuerdo político por la amnistía. 

El 9 de noviembre de 2023 el PSOE y Junts suscribieron un acuerdo en el que, además de pactar la investidura del actual presidente del Gobierno, convinieron, entre otras medidas, aprobar una Ley de Amnistía, incluyéndose una referencia al concepto de lawfare o judicialización de la política. Ello generó el rechazo vehemente desde determinados sectores, para los que se trataba de una acusación que suponía una amenaza a la separación de poderes y ponía en tela de juicio la imparcialidad del Poder Judicial. Sin embargo, gustara más o menos, ese mismo conflicto fue evidenciado por el fiscal general del Estado en su discurso de apertura del actual año judicial, quien lo recuperó de su antecesor en 2009, que en un acto similar ya se había referido a ello.

En todo caso, la primera cuestión a dilucidar es qué significa exactamente el término lawfare, esto es, cuál es el alcance. Más allá de la traducción literal como “guerra jurídica”, las acepciones que se le atribuyen van en una doble dirección: desde la instrumentalización de la justicia a la judicialización de la política; es decir, su utilización con fines espurios, ya sea derivando a la justicia cualquier conflicto que podría solucionarse mediante la acción política o, en su caso, cuando determinados miembros del Poder Judicial operan utilizando criterios que no son estrictamente jurídicos. Actuaciones que tienen su origen en un competidor político de la persona contra la que se dirige la acción penal y que, habitualmente, acaban en sobreseimiento o con una sentencia absolutoria. Sin embargo, el perjuicio ocasionado al contrincante es ya irreparable.

Vaya por adelantado que soy un firme defensor de la ecuanimidad del Poder Judicial. Ahora bien, es evidente que hemos vivido episodios recientes en los que la actitud de algunos de sus miembros no ha venido presidida por la ejemplaridad que la Constitución determina para el ejercicio de la jurisdicción. En ese contexto, por su actualidad y relevancia, voy a referirme a dos casos en particular. 

Previamente, se me hace inevitable recordar las recientes palabras del magistrado Eloy Velasco, miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y candidato a presidirla, quien en una conferencia impartida el 13 de noviembre de 2024 le reprochaba a la hoy eurodiputada Irene Montero que durante la tramitación de la ley del “sólo sí es sí” pretendiera dar lecciones sobre el alcance del consentimiento desde su puesto como cajera de Mercadona. O que, en esa misma intervención, aconsejara a los asistentes al acto que, si su cliente era culpable, en el momento de comparecer ante el juez, se negaran a declarar e “hicieran un Begoña Gómez… tienes derecho a no confesarte culpable”. El CGPJ ha abierto diligencias informativas sobre esas manifestaciones para dilucidar si de ellas se deriva responsabilidad disciplinaria.  

Igualmente, no me puedo sustraer a comentar otro caso reciente que evidencia, sin ninguna duda, que la actuación del juez no siempre viene presidida por criterios jurídicos. No se trata de una opinión personal, sino de la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que en su auto de 17 de diciembre de 2024 reprocha al magistrado Joaquín Aguirre que continuara investigando la “trama rusa del procés” a pesar de que le había ordenado el archivo. La Audiencia cuestiona que, utilizando un subterfugio procesal, trasladara parte de los hechos a una nueva pieza separada para continuar con la investigación. Es decir, el magistrado no tuvo ningún reparo en seguir la instrucción en otra pieza para derivar a ella la pretendida injerencia rusa. Ese proceder, asevera la Audiencia, constituye “fraude de ley”, concluyendo que una persistente actuación renuente del instructor “podría dar lugar a la exigencia de la consiguiente responsabilidad”. En este asunto, la actuación del magistrado, a mi parecer, no ofrece demasiadas dudas. El interrogante que se deriva de todo ello es: ¿cuál es el motivo por el que la Audiencia no abrió diligencias por la comisión de un delito de prevaricación judicial?

El primer asunto al que quería referirme con un poco más de detenimiento son los avatares sufridos por la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, “de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”. Como he dicho al inicio, en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts, que dio lugar a la investidura de Pedro Sánchez, uno de elementos clave era la aprobación de una Ley de amnistía. Como se recordará, la oposición de determinados sectores al acuerdo era doble. Por una parte, porque conformaba una mayoría parlamentaria de Gobierno alternativa a quien, pese a encabezar la lista más votada, no logró articular la mayoría suficiente para gobernar. Y, por otro lado, porque se pretendía aprobar una Ley de amnistía para los condenados en el procés.

Sea como fuere, esa situación generó un importante impacto en todos los sectores de la sociedad, en especial, en el ámbito judicial. Y, así, llama especialmente la atención que el 6 de noviembre de 2023 el CGPJ aprobara una declaración en contra de la amnistía porque “supone generar una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos”, “violenta la independencia de los tribunales en sus aspectos más básicos” e implica “la abolición” del Estado de derecho. Pero, resulta que la declaración del CGPJ se adopta no sólo antes de que se acuerde la tramitación de la Ley, sino que, además, no había texto y, por lo tanto, de ella no se podían inferir las conclusiones que extrajo el Consejo. De nuevo me surge otra pregunta de difícil respuesta: ¿Hay algo más absurdo que emitir un informe para oponerse preventivamente a una ley de la que se desconoce su contenido?

En ese mismo contexto, no puedo dejar de mencionar las imágenes que contemplamos en los medios de comunicación en las que frente a los palacios de justicia se manifestaban jueces, magistrados y fiscales, muchos de ellos vestidos con sus togas y ungidos con sus “puñetas”, para manifestar su oposición a una ley e implícitamente arrogarse una potestad que no sólo no les correspondía, sino que tienen atribuida en exclusiva las Cortes Generales.

Como es bien sabido, la oposición frontal de algunos sectores del Poder Judicial a la aplicación de la Ley de Amnistía ha sido de una beligerancia implacable. Consideración que se manifiesta con una ojeada a algunas de las resoluciones emitidas por determinados órganos que evidencian el talante de quienes sienten lesionada su independencia judicial por una decisión del legislador o que claman por la división de poderes al entender que ese mismo legislador –que, no olvidemos, por mandato constitucional tiene atribuida la potestad legislativa– decide aprobar una ley cuyo contenido  no comparten. Eso los lleva a afirmar, como hace la Sala Segunda del TS en su auto de 1 de julio de 2024, del que fue ponente el magistrado Marchena, que la Ley Orgánica de Amnistía es una “decisión legislativa arbitraria”. O a aseverar en esa misma resolución, sin ningún rubor, que “indagar la voluntad del legislador es, por consiguiente, indispensable y sirve de pauta hermenéutica de primer orden. Pero esa voluntad no puede imponerse, sin más, al desafío interpretativo, hasta el punto de que el juez no tenga nada que interpretar porque el legislador ya ha dicho bien claro lo que quiere. La función jurisdiccional no tiene como única y exclusiva referencia la voluntad del legislador”. 

Para concluir con lo hasta ahora dicho, me limitaré a recordar que el art. 117.3 de la Constitución establece que corresponde a los jueces y tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero, ese juzgar no significa legislar ni supone oponerse a la voluntad del órgano que tiene atribuida la función legislativa del Estado.

Es inevitable referirme ahora a otra cuestión de candente actualidad, que acapara una buena parte de las noticias y que, asimismo, me resulta inexplicable. Me refiero al acoso y derribo del que está siendo objeto el fiscal general del Estado, a quien se le atribuye la comisión de un delito de revelación de secretos. 

Con carácter previo, creo que hemos de situarnos en el contexto de la situación de acoso y derribo. Y utilizo por segunda vez la misma expresión empleada un par de líneas antes para evitar otras de mayor intensidad. Pues bien, el nombramiento del fiscal general requiere el informe preceptivo, pero no vinculante del CGPJ (arts. 124.4 CE, y 560.1.4ª y 599.1.2ª LOPJ), por lo que fue previamente declarado idóneo por el CGPJ y nombrado en agosto de 2022; sin embargo, a pesar de haber sido confirmado en noviembre de 2023, en ese segundo caso fue declarado inidóneo por el CGPJ. ¿Por qué? Los requisitos para ser nombrado fiscal general se determinan en el art. 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; en este precepto se establece que debe ser un jurista español “de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión”.  Obviamente, quien reunía esos requisitos durante su primer mandato, es decir, en agosto de 2022, también los cumplía en noviembre de 2023. No obstante, el CGPJ consideró esta vez que no era idóneo, por ocho votos contra siete. 

La oposición al nombramiento del fiscal general es despiadada, como no podía ser de otra manera (“el que pueda hacer que haga”). Incluso desde algunos sectores de la carrera fiscal, hasta el punto de que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales interpuso una demanda contencioso-administrativa, siguiendo en buena medida el informe del CGPJ, ante la Sala Tercera del TS, por manifiesta arbitrariedad del Gobierno al renovar el mandato del fiscal general. A pesar de los peores presagios, la Sala desestimó el recurso el 28 de enero de 2025 y, por lo tanto, el nombramiento fue confirmado.  Al día siguiente, 29 de enero, se tomó declaración en calidad de investigado al fiscal general en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. 

De forma muy sintética hay que recordar que la discusión tiene su origen en las querellas formuladas por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias y el Secretario del Sindicato Manos Limpias contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid, a quienes se les imputa un delito de revelación de secretos por funcionario público. La pretendida revelación de secretos tiene su origen en la nota informativa publicada por la Fiscalía aclarando los términos de la intervención del Ministerio Fiscal en la denuncia contra el Sr. González Amador (pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid) por la comisión de dos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental en los ejercicios de 2020 y 2021. 

En ese contexto, el 2 de febrero de 2024, el letrado defensor del denunciado se puso en contacto por correo electrónico con el Ministerio Fiscal para proponerle una conformidad en la que reconocía los hechos delictivos y se comprometía a abonar las cantidades que se establecieran. Sin embargo, inmediatamente aparecieron bulos, de los que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue el artífice, en los que se decía que el fiscal había ofrecido un acuerdo al Sr. González Amador, pero que luego le prohibieron “cerrarlo” por “órdenes de arriba”.

El 14 de marzo de 2024 el gabinete de comunicación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid emitió una nota informativa dando su versión de lo que realmente había sucedido. Antes de continuar, conviene enfatizar en que auto del TS de 15 de octubre de 2024 afirma que durante los días 12 y 13 de marzo de 2024 distintos medios de prensa y programas radiofónicos habían informado del pacto al que había tratado de llegar el abogado del Sr. González Amador con la Fiscalía, en algún caso con citas textuales del correo que este dirigió al fiscal. Así, antes de que la Fiscalía emitiera la nota informativa aclarando los hechos, los medios de comunicación ya habían transmitido la noticia. Luego no podía haber revelación de secretos mediante la nota informativa, dado que se trataba de un hecho ya notorio, de una noticia que los medios habían difundido previamente.  Esa es la conclusión a la que llega el Tribunal Supremo en su auto de 15 de octubre de 2024, aunque añade que esos correos, en el momento en el que fueron revelados por los medios de comunicación, ya estaban en poder del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid, por lo que acuerda incoar las correspondientes diligencias de investigación con el fin de confirmar o descartar los indicios de criminalidad. En otras palabras, dado que la información es pública al haber sido emitida previamente por los medios de comunicación (Cadena Ser, ElDiario.es, ElPlural.com), con la divulgación posterior de la nota informativa no se incurre en una revelación de secretos o informaciones que no deban ser divulgadas, pero como alguien los filtró a los medios, investíguese al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa de Madrid.  

A partir de ahí empieza un nuevo episodio donde la actuación del instructor, el magistrado Ángel Hurtado, tiene una cierta similitud con el empecinamiento del que hace unos años hizo gala el magistrado instructor del asunto Sogecable. Me explico. El instructor, en su auto de 27 de enero de 2025, asume que el correo “hubiera estado circulando con anterioridad a que llegase a sus manos (del fiscal general), antes de las 21:59 horas del día 13 de marzo, que es cuando cabe presumir que lo recibiera, y es clave para la imputación”. Pero, ¿no habían dicho antes que la información ya circulaba el día 12 de marzo y que al fiscal general no le llegan los correos hasta las 21:59 del día 13? Es más, los periodistas de ElDiario.es y de la Cadena Ser, cuando prestaron declaración ante el instructor, ya declararon, con obligación de decir verdad, que tuvieron acceso al correo con anterioridad de que le llegara al fiscal general del Estado. De ser así, ¿cómo puede continuar investigado por un delito de revelación de secretos? Pues, porque, como se desprende del auto de 27 de enero de 2025, el magistrado instructor no les da credibilidad a los testigos, ya que las informaciones periodísticas “vuelven a ser opiniones que no es fácil entender que se pretenda con ellas variar un criterio judicial razonablemente expuesto”.  

Por otro lado, si a la vista de lo obrante en las actuaciones la decisión de investigar al fiscal general fue una decisión jurídica insólita, más aún lo ha sido la orden de entrada y registro en los despachos de la fiscal jefa de Madrid y del fiscal general, a los que, además, se han intervenido sus ordenadores, teléfonos móviles y tabletas. Registro e intervención de los que, con independencia de que pudieran haberse vulnerado derechos al ejecutarla, resulta que el Tribunal Supremo ha hecho públicos miles de datos del fiscal general, así como de otras personas que nada tenían que ver con las actuaciones y que se han trasladado a las partes personadas, aunque algunas parece que no han hecho un uso correcto de los mismos.

Una vez dicho lo anterior, quisiera acabar como empecé, esto es, mostrando mi profundo respeto por el buen trabajo de la mayoría de los miembros del Poder judicial y, por lo tanto, de la ecuanimidad de sus decisiones. Aunque no todos actúan con el mismo criterio.