Cada 17 de octubre, gobiernos y organismos internacionales repiten el ritual de la retórica sobre la pobreza: discursos, informes, campañas simbólicas. Pero mientras la solemnidad dura un día, millones de personas siguen viviendo en la miseria, invisibilizadas y culpadas por su propia situación.

Es hora de romper la mentira: la pobreza no es culpa de los pobres. Es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales que concentran riqueza, precarizan el trabajo y perpetúan la desigualdad. Detrás de esta perpetuación está la aporofobia: el desprecio, el miedo y el rechazo al pobre que convierte la exclusión en norma y la indiferencia en virtud.

El mito de la meritocracia ha sido la principal herramienta ideológica de esta violencia. Como analiza con precisión Máximo E. Jaramillo Molina en Pobres porque quieren: Mitos de la desigualdad y la meritocracia, se nos enseña que la pobreza es elección, que el esfuerzo individual lo determina todo y que el éxito depende exclusivamente del talento o la voluntad.

Esa narrativa sirve para justificar privilegios, para responsabilizar a las víctimas de su situación y para anestesiar la conciencia social. La aporofobia funciona a la perfección en ese marco: el pobre no solo sufre exclusión material, sino que es culpabilizado, señalado y despreciado.

Romper este mito requiere acción política inmediata y contundente. No basta con discursos, campañas de sensibilización o donaciones simbólicas. La pobreza se combate garantizando salarios dignos, derechos laborales efectivos, educación y salud públicas universales, vivienda adecuada, acceso a servicios esenciales y fiscalidad progresiva.

Se combate cuando los gobiernos y las instituciones dejan de proteger los intereses de los ricos y comienzan a asumir su responsabilidad en la producción de miseria. La pobreza no es natural: es estructural y política, y mantenerla es un acto deliberado.

El ámbito laboral es el terreno donde esta injusticia se expresa con mayor claridad. Salarios insuficientes, jornadas extenuantes, contratos temporales, despidos arbitrarios y criminalización de la protesta son prácticas habituales. Los trabajadores precarizados sostienen la riqueza de todos y, al mismo tiempo, son despojados de su dignidad y de sus derechos. La aporofobia laboral los convierte en “excedentes” sociales, invisibles y despreciables, mientras que los poderosos acumulan riqueza y privilegios sin límite.

Este 17 de octubre no hay lugar para la neutralidad. Hay que denunciar a quienes producen y sostienen la pobreza, a quienes la naturalizan y a quienes la justifican con falsos mitos. Hay que exigir políticas públicas que redistribuyan recursos, leyes laborales que protejan a los trabajadores, educación y salud universales, salarios dignos y seguridad social para todos. Estar junto, con y para los pobres no es beneficencia: es política, justicia y obligación ética.

Romper el mito de que la pobreza es culpa de los pobres significa enfrentar a los poderosos, cuestionar la estructura económica y transformar la cultura que normaliza la desigualdad. La pobreza no es un destino individual, sino una deuda histórica que la política puede saldar. Este 17 de octubre, no se trata de recordar a los pobres, sino de ponerse de su lado y exigir con fuerza lo que les pertenece por derecho: justicia, dignidad y vida.

La guerra no es un accidente. No es un error de cálculo ni una fatalidad de la historia. La guerra es una decisión. Una decisión tomada en despachos lujosos por dirigentes que jamás pisan el barro de los campos de batalla, por empresarios que nunca verán el rostro de un niño mutilado, por estrategas que reducen vidas enteras a cifras en un mapa. La guerra es la obscenidad más grande que la humanidad ha sido capaz de inventar: un crimen planificado, rentable y sistemático. Y lo más intolerable es que la seguimos aceptando, justificando, normalizando, como si fuese inevitable.

No hay guerra limpia, no hay guerra justa, no hay guerra que merezca ser defendida. Todas las guerras son la misma: niños y niñas enterrados bajo escombros, madres abrazando cadáveres pequeños, comunidades enteras desplazadas, generaciones destrozadas por el trauma. Ese es el paisaje real, el que nunca aparece en los discursos oficiales, el que rara vez ocupa titulares durante más de unas horas. Cada conflicto que estalla en cualquier parte del planeta (en Europa, en Medio Oriente, en África, en Asia, en América Latina) repite el mismo guion: los más poderosos deciden, los más pobres mueren.

La economía de la guerra es la economía de la muerte. Cada bomba tiene un precio, cada fusil un fabricante, cada tanque un accionista que sonríe mientras suben las cotizaciones en la bolsa. No hay misiles sin fábricas, no hay ejércitos sin presupuestos inflados, no hay masacre sin contratos firmados. La guerra es el negocio más rentable del mundo, porque mientras más cadáveres produce, más dinero circula. ¿Cómo explicar, si no, que los presupuestos militares globales superen con creces los recursos destinados a combatir el hambre, las enfermedades, el cambio climático? ¿Cómo justificar que haya más dinero para destruir que para salvar? La verdad es brutal: la paz no da dividendos, pero la guerra sí.

Eso es lo que nos han hecho creer. Nos han repetido hasta el cansancio que la paz es improductiva, que la paz es un estado estático, que la paz no genera beneficios ni crecimiento. Nos han hecho creer que los dividendos de la paz son débiles, invisibles, casi irrelevantes, mientras que los de la guerra son tangibles, poderosos, cuantificables. Pero esa es la gran mentira de nuestro tiempo. Porque los dividendos de la guerra son siempre mezquinos y exclusivos: se concentran en manos de unos pocos fabricantes de armas, de algunos gobiernos que comercian con la muerte, de élites que trafican con la destrucción. Son dividendos que nunca llegan a los pueblos, que nunca mejoran la vida de la gente, que nunca alimentan bocas ni curan enfermedades. Son dividendos manchados de sangre que benefician a accionistas anónimos en despachos blindados, pero que jamás se traducen en bienestar colectivo.

Los dividendos de la paz, en cambio, son inclusivos, expansivos, universales. La paz sí produce beneficios, y lo hace a una escala infinitamente mayor que cualquier industria de la guerra. Un país en paz multiplica su producción agrícola, fortalece sus sistemas educativos, expande sus servicios de salud, atrae inversiones limpias, genera empleos dignos, construye infraestructuras que permanecen. La paz produce dividendos que se distribuyen en todas direcciones: en la seguridad de los niños que crecen sin miedo, en la dignidad de las mujeres que caminan sin temor, en el futuro de los jóvenes que estudian y trabajan en lugar de empuñar un fusil. Los dividendos de la paz se miden en generaciones que florecen, en sociedades que avanzan, en culturas que prosperan, en humanidad que se expande.

El gran engaño es hacernos pensar que la paz no rinde. ¿Acaso no rinde más un niño que llega a adulto con educación y salud que un niño enterrado bajo los escombros? ¿Acaso no rinde más una comunidad que cultiva su tierra en paz que una comunidad desplazada y despojada? ¿Acaso no rinde más una ciudad que invierte en hospitales y universidades que una ciudad destruida que debe reconstruirse una y otra vez a un costo inconmensurable? Los dividendos de la paz no son para unos pocos: son para todos. Se reparten de manera democrática, alcanzan a los vulnerables, incluyen a los olvidados. La paz enriquece a la humanidad entera, mientras que la guerra solo enriquece a una minoría obscena y criminal.

La política de la guerra es la política del exterminio disfrazada de seguridad. Gobiernos que hablan de libertad mientras cercenan pueblos enteros. Dirigentes que se proclaman demócratas mientras venden armas a dictadores. Líderes que juran proteger a sus ciudadanos mientras los lanzan a la carnicería de los frentes de batalla. El discurso oficial repite palabras huecas como “soberanía”, “honor”, “defensa”, “patria”. Palabras que, una vez traducidas, significan lo mismo: cementerios más grandes, morgues más llenas, escuelas vacías, hospitales arrasados.

El silencio global es también parte de la obscenidad. Los noticieros transmiten imágenes de bombardeos con la misma frialdad con que informan la cotización del dólar. Las sociedades consumen la guerra como si fuera entretenimiento, indignándose unos segundos para luego pasar a la siguiente noticia. Los organismos internacionales se limitan a condenas tibias, a resoluciones que nadie cumple, a reuniones diplomáticas que nunca frenan una bala. Y mientras tanto, los niños siguen muriendo. Nadie que muera bajo una bomba debería ser olvidado en cuestión de minutos, y sin embargo sucede una y otra vez, porque la humanidad se ha acostumbrado al horror.

No se trata solo de los muertos. La guerra deja tras de sí millones de desplazados que vagan por fronteras cerradas, millones de huérfanos que nunca recuperarán a sus padres, millones de jóvenes que crecerán con la memoria del miedo tatuada en su piel. La guerra no destruye únicamente cuerpos: destruye sociedades, destruye culturas, destruye la posibilidad misma de un futuro digno. No existe victoria posible en un campo cubierto de cadáveres. No existe triunfo en un territorio convertido en ruina.

Por eso, el único camino es un alto total, inmediato, sin condiciones. No más treguas parciales que sirven de coartada para seguir matando. No más negociaciones interminables que disfrazan la continuidad de la violencia. No más excusas diplomáticas. La guerra debe detenerse en todas partes, de una vez por todas. Parar las armas, parar la industria que las fabrica, parar los presupuestos que las financian, parar la maquinaria política que las justifica. Parar todo.

La paz no es ingenuidad. Ingenuo es creer que el planeta puede seguir sobreviviendo bajo la lógica permanente de la guerra. La paz no es un sueño romántico, es la única política viable, la única economía sostenible, la única ética digna. La paz no significa ausencia de conflicto: significa presencia de justicia, de igualdad, de respeto. Significa que cada niño tenga derecho a la risa y no al miedo, que cada madre pueda criar en dignidad y no en desplazamiento, que cada sociedad pueda construir futuro y no ruinas.

La paz exige valentía. Valentía para decir que cada presupuesto militar es un presupuesto de genocidio. Valentía para denunciar a los mercaderes de la muerte, aunque se vistan de jefes de Estado. Valentía para interpelar a las sociedades y recordarles que no se puede vivir en paz mientras otros mueren en la guerra. Valentía para gritar que ninguna bandera, ninguna religión, ninguna frontera, ningún poder vale más que la vida de un solo niño.

Ha llegado la hora de un grito unánime, global, irrenunciable: ¡basta de guerra! Basta de niños asesinados, basta de refugiados vagando por carreteras infinitas, basta de madres llorando frente a tumbas diminutas, basta de políticos que hablan de paz con una mano mientras firman contratos de armas con la otra. Basta de esta obscenidad que nos degrada como especie y nos condena a la barbarie.

La humanidad está en un punto de no retorno. O elegimos la paz como única política posible, como compromiso absoluto, como deber sagrado, o nos condenamos a desaparecer en un océano de sangre y cenizas. La paz no puede ser una promesa futura ni un ideal abstracto. La paz es ahora, aquí, urgente, imprescindible. O la abrazamos hoy sin condiciones, o será demasiado tarde.

No hay más margen. No hay más tiempo. No hay más excusas. La paz es la única salida.

¿Dónde están los dirigentes de juventud de Toledo? ¿Dónde están las políticas que deberían garantizarles a todos y todas un futuro digno? No es una pregunta para un debate tranquilo: es un grito que recorre los barrios, que se escucha en las casas donde ellos y ellas no pueden emanciparse, que resuena en las conversaciones de quienes saben que la ciudad se les está cerrando en la cara. Y no nos engañemos: lo que existe no es política, es beneficencia. Un sucedáneo paternalista que pretende calmar la indignación de todos y todas con gestos simbólicos y actividades recreativas, mientras el verdadero problema se pudre bajo la alfombra.

Beneficencia es organizar festivales y excursiones para ellos y ellas cuando los jóvenes no pueden pagar un alquiler. Beneficencia es inaugurar proyectos piloto para unos pocos, mientras la mayoría se enfrenta sola al muro de los precios abusivos y la precariedad laboral. Beneficencia es la sonrisa de foto oficial cuando detrás, en silencio, se consiente que la emancipación sea estadísticamente imposible. Y no, la beneficencia no construye futuro: lo adormece.

La realidad es clara y cruel. Los jóvenes toledanos y toledanas viven atrapados entre salarios bajos, inestabilidad laboral y viviendas que engullen más del 70 % de sus ingresos. Solo uno de cada diez menores de 30 años, hombres y mujeres por igual, logra emanciparse, y no por falta de voluntad, sino porque el sistema político ha convertido ese derecho en un privilegio. El mercado es una máquina de expulsar: quienes pueden se marchan, quienes no, se quedan atrapados en casa de sus familias o en alquileres que les impiden ahorrar, planificar o soñar.

Frente a esto, las instituciones locales han optado por la estrategia más cómoda: sustituir las políticas estructurales por calendarios festivos. Conciertos, parques temáticos, actividades de ocio... como si el problema de ellos y ellas fuera el aburrimiento y no la imposibilidad material de construir un proyecto de vida. El ocio no es enemigo de la juventud, pero tampoco es la respuesta. Lo indignante es que se utilice como cortina de humo para tapar la ausencia de medidas reales que beneficien a todos y todas.

Las pocas iniciativas que van más allá del entretenimiento, como residencias de estudiantes o proyectos de vivienda compartida, son testimoniales, pensadas para unas decenas de personas, mientras miles de jóvenes siguen excluidos. Es el equivalente político a dar un vaso de agua a un barrio entero que se está quemando. Se gana un titular, pero no se salva nada. Y mientras se juega a la beneficencia, la brecha se agranda: más jóvenes sin futuro, más talento que se va, más ciudad envejecida y dependiente.

La juventud de Toledo, ellos y ellas, no está pidiendo favores: está reclamando derechos. Y esos derechos no se reducen a un techo. Hablamos de empleo digno para todos y todas, educación accesible para cada uno y cada una, transporte que conecte a todos y todas, acceso real a la cultura y a la participación política sin distinciones. Hablamos de políticas integrales que miren a ellos y ellas como motor de la ciudad, no como público pasivo para llenar plazas en fiestas municipales. Porque sin una juventud activa y arraigada, Toledo corre el riesgo de convertirse en una postal bonita... pero vacía.

El silencio de quienes gobiernan sobre este drama no es casual. Es un silencio que denota ausencia, la ausencia que delata ignorancia, y la ignorancia que confirma la falta de interés. Es, en última instancia, una decisión política: priorizar lo inmediato, lo visible, lo que da votos rápidos, frente a lo profundo, lo incómodo y lo transformador. Pero las consecuencias de esta decisión caerán sobre todos y todas, y lo harán para quedarse.

Es hora de asumir que las políticas juveniles no son un extra opcional, sino un pilar estratégico de cualquier ciudad que quiera tener futuro. No basta con planes en papel ni con proyectos simbólicos para unos pocos. Hace falta un parque público de vivienda en alquiler asequible para ellos y ellas, ayudas que lleguen sin burocracias imposibles a todos y todas, planes de empleo que no se basen en contratos basura, programas de emancipación que empiecen en la educación y terminen en la autonomía real.

Si Toledo no apuesta por todos y todas sus jóvenes, no tendrá quien la sostenga mañana. No tendrá nuevos vecinos y vecinas en sus barrios, ni empresas con trabajadores y trabajadoras formados y formadas, ni un tejido cultural y social vivo. Tendrá turismo, sí; tendrá fotos bonitas, sí; pero no tendrá vida. Y una ciudad sin vida no es una ciudad: es un decorado.

Por eso, el momento de actuar es ahora. No dentro de cinco años, no en la próxima legislatura, no cuando las estadísticas sean todavía peores. Ellos y ellas no pueden seguir esperando a que alguien, desde un despacho, decida que sus vidas merecen prioridad. No necesitan beneficencia: necesitan que la política deje de mirarlos y mirarlas como un problema y empiece a tratarlos y tratarlas como la solución. Porque si no es ahora, quizá no haya un mañana que merezca la pena para todos y todas.

No finjamos. No disimulemos. Sabemos que el mundo en el que vivimos está diseñado para que la riqueza se concentre en pocas manos y la pobreza se distribuya entre millones. Sabemos que hay personas que nacen con todas las puertas abiertas y otras que, desde el primer día, se encuentran frente a muros que nunca construyeron pero que determinan su vida entera. Y lo sabemos, aunque intentemos mirar para otro lado.

Lo más escandaloso no es que la desigualdad exista. Lo verdaderamente insoportable es que haya quien la defienda, quien la justifique, quien la vista de mérito personal o destino inevitable. La pobreza no es un accidente ni una maldición divina: es una decisión política. Es el resultado de leyes, políticas, presupuestos y prioridades que favorecen a los de siempre, mientras dejan a millones fuera de la mesa. Y la aporofobia, ese rechazo profundo hacia las personas pobres, es el lenguaje no dicho que sostiene este orden, un mecanismo cultural que permite señalar al que menos tiene como culpable de su propia miseria, en vez de reconocerlo como víctima de un sistema fallido y profundamente injusto.

Los vulnerables no son abstracciones ni cifras en un boletín estadístico. Son las personas que trabajan doce horas diarias y siguen sin poder pagar un alquiler. Son las mujeres que, además de sostener familias enteras, cargan con dobles y triples jornadas no remuneradas. Son las personas con discapacidad a quienes las barreras no solo son físicas, sino institucionales. Son los mayores que pasan sus últimos años contando monedas para poder comer, después de una vida entera de trabajo. Son los jóvenes que encadenan contratos temporales y ven cómo el sueño de independizarse se convierte en una quimera.

Y son, también, quienes han tenido que dejarlo todo atrás. Los migrantes que huyen del hambre, de la persecución, de guerras interminables que rara vez empezaron ellos, pero que casi siempre financian los países que luego les niegan la entrada. Guerras que destruyen comunidades enteras, arrasan con economías y dejan tras de sí un paisaje de desesperación. Personas que cruzan mares y desiertos con lo puesto, con niños en brazos, porque quedarse es condenarse a la muerte. Y cuando llegan, si llegan, se encuentran con muros físicos y legales, con discursos políticos que los convierten en amenaza, con medios de comunicación que los retratan como invasores.

La aporofobia, el racismo, la xenofobia y el clasismo no son expresiones aisladas: son engranajes de una misma máquina que mantiene el poder donde está. Y cada vez que se criminaliza a un pobre, que se estigmatiza a un migrante, que se recorta un derecho social, esa máquina gana fuerza.

No es un problema “de otros”. No es algo que pase “allá lejos”. Es aquí, en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Cuando una persona duerme en la calle y no hacemos nada, estamos eligiendo. Cuando aplaudimos medidas que cierran fronteras mientras familias enteras buscan refugio, estamos eligiendo. Cuando justificamos recortes que dejan a miles sin acceso a salud o educación, estamos eligiendo.

El lado correcto de la historia nunca ha estado con quienes miran para otro lado. Ha estado con quienes se ponen incómodos, con quienes se plantan frente a la injusticia aunque eso les cueste reputación, privilegios o seguridad. No se trata de filantropía paternalista: se trata de justicia, de derechos humanos, de dignidad.

La historia no premia a los neutrales. No celebra a los que “no quisieron meterse en problemas”. La historia recuerda a los que se atrevieron a hablar, a actuar, a elegir el lado de los que no tenían voz.

Por eso la pregunta no es retórica: ¿de qué lado estás?

¿Del lado de quienes acumulan mientras millones no tienen nada?

¿Del lado de quienes fabrican guerras y venden armas para después cerrar las puertas a quienes huyen de ellas?

¿Del lado de quienes culpan a los pobres de su pobreza, a los migrantes de la crisis, a los diferentes de los males del mundo?

¿O del lado de quienes, pese a todo, siguen resistiendo, siguen luchando, siguen creyendo que un mundo más justo es posible?

Hoy no hay neutralidad posible. No hay tiempo para tibiezas. No hay excusas que resistan el juicio de la memoria colectiva. La historia está ocurriendo ahora, y el lugar que ocupes quedará escrito para siempre.

Elige. Porque el silencio también es una respuesta. Y porque no hay peor vergüenza que descubrir, demasiado tarde, que estuviste del lado equivocado.

En Toledo, como en tantas ciudades de España, ya no se vive: se sobrevive. La vivienda, ese derecho fundamental consagrado en la Constitución Española, ha dejado de serlo para convertirse en un bien de lujo, inaccesible, manipulado y mercantilizado. Estamos, sin disfraz posible, ante una forma contemporánea de usura legalizada. Se le puede llamar mercado, oferta y demanda, inversión o crecimiento económico, pero lo que en realidad estamos viviendo es una política de expolio del derecho al hogar.

Toledo ya no es una ciudad media con un coste de vida moderado: es una ciudad tensionada, especialmente en el acceso a la vivienda. Y nadie parece atreverse a reconocerlo. En los últimos años, el precio del alquiler ha subido hasta niveles estratosféricos, muy por encima del incremento salarial. Mientras que el salario medio en la provincia ronda los 1.300 euros netos, el alquiler medio en Toledo capital supera ya los 800 euros mensuales por una vivienda de 50-70 metros cuadrados. Esto supone destinar entre un 60% y un 65% del sueldo solo al alquiler, muy por encima del 30% que recomienda como límite el Banco de España y organismos internacionales. Y eso, si hablamos de viviendas “estándar”. En el casco, o en zonas más demandadas, la cifra roza lo obsceno.

Esta es la realidad: la vivienda en Toledo es impagable para una gran parte de la población trabajadora. No hablamos únicamente de personas en situación de vulnerabilidad extrema, que existen, que sufren, y que deben ser la prioridad absoluta de cualquier política pública que se precie de llamarse social. Hablamos también de toda una clase trabajadora que, aun cumpliendo con todas las exigencias del sistema, queda sistemáticamente fuera del acceso a la vivienda. Personas con contratos estables, jóvenes con formación universitaria, familias con ingresos regulares, autónomos que sostienen la economía local. Gente que cumple, que trabaja, que aporta... y que, sin embargo, no puede permitirse vivir en su propia ciudad.

Pero si este modelo expulsa incluso a los que cumplen, ¿qué ocurre entonces con quienes ya viven en la frontera de la exclusión? ¿Qué pasa con los pensionistas que no pueden asumir una subida abusiva del alquiler? ¿Con las madres solas con hijos a cargo, atrapadas entre nóminas precarias y amenazas de desahucio? ¿Con las personas migrantes que sufren el racismo inmobiliario? ¿Con quienes viven sin contrato, sin ahorros, sin red? A estas personas no solo se les niega una casa: se les niega el derecho a existir con dignidad, a echar raíces, a pertenecer a una comunidad. La vivienda debería ser su primer escudo, no su primera trampa.

Se habla de vivienda, pero no se actúa con contundencia. La política se arrodilla ante los intereses inmobiliarios. Lo que falta, más que pisos, es valentía política para intervenir donde más duele: en el mercado especulativo

La situación es insostenible y revela una desproporción estructural profundamente injusta, que hemos normalizado durante demasiado tiempo. Estamos tan anestesiados por la retórica del mercado, tan resignados al abuso cotidiano, que ya no lo reconocemos como lo que es: una forma de violencia sistémica que atraviesa barrios enteros y generaciones enteras. Por eso, avanzar hacia viviendas más accesibles no es solo una cuestión técnica, sino ética. Y eso pasa por una vivienda pública pensada de verdad para todas las personas, sin exclusión alguna. No viviendas que funcionen como guetos, ni como favor institucional, sino como infraestructura social de convivencia, igualdad y arraigo. Pensadas para los más vulnerables, sí, pero también para quienes nunca antes habrían necesitado pedir ayuda y hoy no tienen alternativa.

Mientras se construyen nuevas promociones con precios fuera del alcance de la mayoría, no se garantiza el acceso al derecho más básico: un techo digno, asequible y seguro. La respuesta institucional es tibia, parcial, decorativa. Se habla de vivienda, pero no se actúa con contundencia. La política se arrodilla ante los intereses inmobiliarios. Lo que falta, más que pisos, es valentía política para intervenir donde más duele: en el mercado especulativo.

Y mientras tanto, los desahucios continúan. En Toledo, como en muchas capitales de provincia, los datos son alarmantes. Solo en Castilla-La Mancha, cada semana se ejecutan docenas de lanzamientos por impago de alquiler o hipoteca. Y la mayoría se producen sin alternativa habitacional. No son cifras abstractas: son familias arrojadas a la calle, ancianos en soledad, madres con hijos, jóvenes que vuelven al hogar familiar porque no pueden mantenerse solos. Cada desahucio es un fracaso del sistema y una muestra brutal de hasta qué punto la vivienda ha dejado de ser un derecho.

¿Y ahora qué? ¿Qué políticas necesitamos?

Lo que se necesita no es más cemento, sino más justicia. Y para ello, hacen falta políticas públicas de vivienda estructurales, activas y sostenidas, no medidas puntuales ni titulares de campaña. Es imprescindible que los poderes públicos recuperen la capacidad de intervención y regulación del mercado, sin complejos, sin pedir permiso al poder financiero ni a los promotores.

Una propuesta urgente es la declaración de zonas tensionadas, que permita limitar legalmente el precio de los alquileres en aquellas áreas donde los precios están desbocados. Esta declaración no puede seguir bloqueada por intereses partidistas: es una herramienta legal ya existente y perfectamente aplicable, que debe ponerse en marcha sin más excusas.

Junto a ello, es necesaria una política decidida de vivienda pública, no como cuota simbólica o promesa electoral, sino como proyecto estratégico. Las administraciones públicas deben construir, rehabilitar y poner en alquiler viviendas públicas con precios tasados, accesibles y protegidos, no como limosna, sino como garantía ciudadana. No puede ser que el parque de vivienda pública en Castilla-La Mancha sea residual mientras hay miles de viviendas vacías en manos de bancos y fondos.

Otra medida clave es la movilización de esas viviendas vacías. Es inaceptable que haya pisos cerrados mientras hay personas sin hogar. Las administraciones deben aplicar sin miedo los mecanismos de expropiación de uso temporal previstos por ley a los grandes tenedores que mantienen viviendas deshabitadas para especular. Eso no es radicalismo: es legalidad, justicia y sentido común.

En este mismo sentido, debe ponerse en marcha una subida contundente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a todas aquellas segundas viviendas vacías que no se destinen al alquiler con precios moderados y regulados por ley. El objetivo no es recaudar más, sino presionar para que estas propiedades cumplan una función social. Una fiscalidad progresiva debe penalizar el abandono especulativo y premiar el uso responsable. El Ayuntamiento de Toledo tiene margen para aplicar esta medida, pero debe atreverse a enfrentar los privilegios consolidados. Lo que está en juego es el acceso al hogar de miles de vecinos.

La protección frente a los desahucios debe convertirse en una prioridad política, no en una anécdota. Ningún desahucio puede ejecutarse sin ofrecer una alternativa habitacional real e inmediata. Esto exige ampliar los recursos sociales, fortalecer los servicios municipales y establecer mecanismos de mediación eficaces. No podemos seguir condenando a la intemperie a quienes más necesitan del Estado.

Y finalmente, se requiere una fiscalidad justa, que penalice la especulación inmobiliaria y favorezca el alquiler social. No puede ser que quienes inflan artificialmente los precios disfruten de beneficios fiscales mientras quienes alquilan a precio justo sean ignorados. Hay que invertir la lógica: que el beneficio venga por favorecer el derecho a la vivienda, no por negarlo.

Un grito desde la ciudad real

Toledo necesita una política de vivienda que proteja a las personas, no a los balances de beneficios. Que se atreva a poner el foco en lo esencial. Que deje de mirar hacia otro lado. Esta es una llamada a los representantes públicos, a los técnicos, a las entidades sociales, a la ciudadanía: no podemos seguir permitiendo que se viva con miedo, con angustia, con el alma hipotecada por un alquiler inasumible.

Porque la vivienda no es un lujo. Es un derecho. Y mientras no lo sea, todo lo demás es mentira.

Hay un momento en el que las palabras dejan de ser advertencias para convertirse en diagnósticos. Ese momento es ahora. Porque lo que alguna vez fue prejuicio social, desdén de clase o ceguera selectiva, hoy tiene forma de programa. De doctrina. De estrategia electoral. La aporofobia ya no es sólo un sentimiento: es una política. Y está avanzando.

No hay gesto más brutal de una sociedad que elegir como enemigo al que no tiene nada. No hay mensaje más perverso que señalar al pobre como el causante del colapso social. Y, sin embargo, es eso exactamente lo que está ocurriendo. Con cinismo, con método, con recursos. Y, lo más grave, con la pasividad de quienes deberían interponerse.

Se está construyendo un nuevo sentido común: que la pobreza molesta, que el pobre incomoda, que el migrante amenaza. Se instala que no hay lugar para todos, y que ese lugar escaso debe defenderse. ¿De quién? De los que vienen con menos. De los que llegan con la vida a cuestas, cruzando fronteras, selvas, océanos, alambrados, semáforos, prejuicios. Se los culpa por venir, se los estigmatiza por quedarse y se los condena por existir.

No es casual. No es un descuido del debate. Es cálculo. Algunos sectores políticos, ni vale nombrarlos porque se alimentan del escándalo que generan, han comprendido que el odio ordena. Que señalar al pobre es más fácil que explicar la desigualdad. Que apuntar al migrante es más redituable que denunciar al evasor. Que dividir a los de abajo es la manera más eficaz de sostener los privilegios de los de arriba.

Y ahí aparece el relato perfecto: los pobres “de acá” contra los pobres “de allá”. El trabajador informal contra el mantero. El desocupado contra el migrante. La clase media empobrecida contra el indigente. Todos enfrentados por las sobras de un sistema que no piensa en ellos más que como votos o amenaza.

Lo que se está construyendo es un modelo de ciudadanía excluyente, de frontera social. Una lógica que separa a los que “merecen” derechos de los que sólo “ocupan espacio”. Y en esa frontera simbólica, el migrante pobre se convierte en el símbolo máximo del despojo permitido. No tiene red, no tiene lobby, no tiene patria que lo reclame. Por eso, se lo elige como blanco.

Y mientras tanto, ¿qué hace el resto del espectro político? ¿Dónde están los que se dicen herederos de las luchas populares? ¿Dónde están los que llevan los derechos humanos como bandera? ¿Dónde están las voces institucionales que deberían decir: “con los pobres, siempre; contra los pobres, nunca”?

Callan. O lo que es peor: calculan. Temen “quedar pegados”. No quieren perder votos de sectores que compraron el discurso del miedo. Y entonces, por cuidar el centro político, entregan el alma del proyecto democrático. Porque no hay democracia posible si se la construye sobre la exclusión. Porque no hay justicia social si no hay coraje para defender a los más débiles cuando todos los demás los están señalando.

Ser pobre no es un crimen. Migrar no es un delito. Tener hambre no es una amenaza a la seguridad. Lo verdaderamente peligroso es naturalizar que haya vidas prescindibles. Lo alarmante es discutir si alguien tiene o no derecho a recibir atención médica, educación, abrigo o un plato de comida. Porque cuando empezamos a preguntarnos quién merece derechos, dejamos de ser una sociedad y nos convertimos en una jauría.

Esto no es una batalla de eslóganes. Es una disputa política, cultural y ética. Y hay que darla. En la calle, en los medios, en el Congreso, en las aulas, en los micrófonos. Hay que decirlo con claridad: la aporofobia no es “una opinión más”. Es una forma de violencia institucionalizada, de racismo de clase, de crueldad sofisticada. Y hay que enfrentarlo no desde la tibieza técnica, sino desde una posición política innegociable: con los pobres, del lado de los pobres, sin pedir disculpas.

No es una cuestión de piedad. Es una cuestión de justicia. No se trata de dar limosna, sino de reconocer derechos. No se trata de tolerar al migrante, sino de integrarlo como sujeto político. No se trata de ocultar la pobreza, sino de construir una sociedad donde ser pobre no signifique estar condenado.

Quieren convencernos de que no hay lugar para todos. Pero el verdadero problema no es la falta de espacio, sino la concentración del poder, de la tierra, del ingreso, de la palabra. No sobran pobres: sobran indiferentes, sobran cínicos, sobran operadores que se enriquecen sembrando miedo.

Por eso, frente al discurso del odio y el castigo, es urgente una política pública decidida, profunda y valiente que mire a la pobreza de frente y se comprometa a erradicarla desde su raíz estructural. No con discursos bienintencionados ni con asistencialismo de emergencia, sino con programas de inclusión productiva, acceso a la vivienda digna, sistemas de salud y educación garantizados, empleo formal, reconocimiento de saberes populares, renta básica, integración urbana real y políticas migratorias que abracen en vez de perseguir.

La justicia social no es una utopía romántica. Es una estrategia racional para construir paz, cohesión y humanidad en una sociedad fragmentada. Es el único camino serio hacia la convivencia democrática. Y es posible si se gobierna con el corazón en las barriadas y la cabeza en políticas públicas que reparen, igualen y liberen. El compromiso tiene que ser con el pueblo pobre, no para contenerlo, sino para construir con él un proyecto de país en el que nadie valga menos por tener menos.

Hay que levantar la voz. No para indignarse un rato en redes sociales, sino para disputar el sentido común. Para correr el eje del debate. Para decir que la verdadera inseguridad es que haya gente durmiendo en la calle mientras los poderosos blindan sus privilegios. Que la verdadera amenaza es una política que necesita excluir para existir. Que el verdadero desorden es una economía que produce millones de descartables.

La historia no absuelve a los neutrales. O se está del lado de los que son expulsados, o se está con quienes los empujan. O se construye una política con y para los pobres, o se es parte de la maquinaria que los culpa, los persigue, los borra.

Y si este momento exige tomar partido, que no quepa duda de dónde estamos: del lado de quienes no tienen nada, pero todavía no lo han perdido todo.

Lo gritaba con toda la fuerza que puede tener un niño de cuatro años. “Mi casa”. Se lo gritó al silencio y a todos los adultos que dejaron de ser escudo para convertirse en maquinaria. Lo decía una y otra vez: “mi casa”. Pero la casa no era suya. En este país las casas no son de los niños, ni de los pobres, ni de los estafados. Son de los bancos, de los fondos, de los papeles.

Y así, con la frialdad de un trámite, Toledo desahució a un niño. No a una familia. No a una 'okupa'. A un niño. En Santa Bárbara. En 2025. En nombre de la ley.

La madre no era una delincuente. Era una víctima. Pagó lo que le pidieron. Fue estafada. Lo denunció. Quiso regularizar. Nadie le dio la oportunidad. Porque en este país, si te cuelas en el vagón equivocado del sistema, no te perdonan: te aplastan.

Y cuando el desahucio se ejecutó, no hubo alternativa, no hubo recurso, no hubo nada. Ni una vivienda provisional. Ni una solución habitacional. Ni un protocolo para proteger a la infancia. Ni siquiera una condena política clara. Ni una sola dimisión.

Ahora la llaman 'okupa', como si eso bastara para invalidar su humanidad. Pero no era una okupa, era una estafada. Y en este país hemos pervertido el lenguaje con una violencia quirúrgica: a los estafadores los llamamos inversores, y a las víctimas, okupas.

Y así deshumanizamos. Así justificamos. Así nos dormimos. Como si tener un contratucho firmado con buena fe fuera un delito, y especular con viviendas vacías fuera una contribución al bien común.

Y sí, conozco a la madre. Conozco al niño. He visto cómo juega. Cómo pregunta. Cómo espera. He escuchado sus frases cortas llenas de verdad: “Mi casa”, “yo vivo ahí”, “no quiero irme”. Por eso nacen estas palabras. Con frustración. Con rabia. Con el deseo honesto de transformar. Con la necesidad de seguir luchando junto a ella. Para que encuentre un hogar. Por ella. Por su hijo de cuatro años. Porque a ellos los hemos acompañado, algunos. Nos hemos preocupado, algunos. Pero muchos otros no. Muchos miraron a otro lado. Muchos callaron.

Todo era legal, dijeron. Todo estaba “correctamente tramitado”, dijeron. Legal, sí. Pero no olvidemos que la historia está llena de atrocidades con firma y sello. La esclavitud fue legal. El apartheid, legal. Las leyes de segregación racial, legales. Legal fue dejar morir de hambre a millones en nombre del ajuste estructural. Legal fue el colonialismo, las cárceles de disidentes, las deportaciones masivas. Hasta hemos legalizado la guerra. La destrucción sistemática. La muerte con presupuesto. Y ahora quieren convencernos de que echar a un niño a la calle es simplemente cumplir la ley.

Pero esta vez, y que me perdonen los bienpensantes, falló. Falló la red. Falló la comunidad. Fallaron las entidades que dicen promover lo comunitario, pero no alzan la voz cuando el Estado desahucia a un niño. Y falló el movimiento vecinal del barrio. Que no acompañó. Que no estuvo.

¿Para qué sirve el movimiento vecinal si cuando a una vecina la expulsan, guarda silencio?, ¿para qué sirven los proyectos comunitarios si la comunidad no responde ante una injusticia flagrante? Lo comunitario no es discurso. Es acción. O no es nada.

Este no fue un caso aislado. Fue una postal más de una política de vivienda diseñada para proteger la propiedad, no la vida. Para blindar el negocio, no la dignidad.

Para obedecer al mercado, no a la infancia. Aquí no se protege a quien paga, sino a quien especula. Aquí no se expulsa al que engaña, sino al que fue engañado. Y mientras tanto, los menores, los que “son el futuro”, los que “tenemos que cuidar”, duermen en albergues, en coches o en la calle.

¿De qué sirve proclamarse 'Ciudad amiga de la infancia' si se permite que un niño de cuatro años sea desahuciado sin alternativa, sin abrigo, sin protección? ¿De qué sirve tener un Plan de Infancia en Toledo si no contempla precisamente a quienes más lo necesitan, a quienes viven en las grietas más profundas de la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad extrema?

¿De qué sirve proclamarse 'Ciudad amiga de la infancia' si se permite que un niño de cuatro años sea desahuciado sin alternativa, sin abrigo, sin protección? ¿De qué sirve tener un Plan de Infancia en Toledo si no contempla precisamente a quienes más lo necesitan, a quienes viven en las grietas más profundas de la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad extrema? Las declaraciones institucionales no alimentan, no alojan, no protegen. No basta con los sellos institucionales de amigos de la infancia ni con los documentos en los cajones. Ser una ciudad amiga de la infancia empieza por lo más básico: que ningún niño duerma en la calle por decisión del propio sistema.

Pero que nadie se equivoque: esto no ha terminado. No todo está perdido. No siempre gana la indiferencia. A veces, la vergüenza se convierte en rabia. Y la rabia, en acción.

Porque cuando el Estado abandona, los barrios pueden organizarse. Porque cuando una madre llora, otras madres se levantan. Y cuando un niño pierde su casa, hay que construirle una ciudad distinta.

La esperanza no es una frase. Es una pelea. Y esta vez, si aprendemos, si reaccionamos, si no olvidamos, puede que ese grito de “mi casa” sea el comienzo de algo que no podrán desalojar.

En un país donde el sol forma parte del imaginario turístico, hay que decirlo con claridad: el calor mata. Pero no mata a todos por igual. No mata en las terrazas de los hoteles ni en los despachos climatizados. Mata a quienes trabajan al sol sin sombra, a quienes cargan sacos en la obra bajo temperaturas extremas, a quienes reparten mercancía a pleno mediodía o a quienes recogen fruta en jornadas sin tregua. Son los invisibles del sistema productivo, esos trabajadores y trabajadoras cuya existencia solo parece notarse cuando una desgracia la convierte en titular. Y ni siquiera siempre.

El calor extremo ya no es una excepción. Las olas de calor son cada vez más frecuentes y más intensas, y, sin embargo, muchas empresas actúan como si el cambio climático no afectara a sus plantillas. Como si el trabajo físico no se viera multiplicado en esfuerzo, agotamiento y peligro cuando el termómetro supera los 35 o 40 grados. Las consecuencias están documentadas: mareos, golpes de calor, accidentes, hospitalizaciones, muertes. Pero detrás de esas cifras hay realidades concretas: una trabajadora que se desploma en una nave sin ventilación, un jornalero que cae inconsciente en mitad del campo, un repartidor que sufre un colapso al subir una cuesta con una mochila de 20 kilos. Nada de eso es inevitable. Todo eso es consecuencia de un sistema que ha permitido que la salud laboral se sacrifique en nombre de la productividad.

Lo más doloroso de esta situación es que los trabajos más expuestos al calor son también los más precarizados. Construcción, agricultura, limpieza, logística, jardinería, hostelería: empleos donde abunda la temporalidad, los falsos autónomos, la subcontratación o directamente el trabajo informal. Empleos desarrollados en muchos casos por personas migrantes, por mujeres, por jóvenes sin otra opción o por adultos mayores sin red de protección. Gente que no puede permitirse rechazar una jornada por el calor porque hacerlo puede suponer perder el empleo. ¿Qué clase de libertad es esa? ¿Qué clase de dignidad laboral se construye si proteger la salud implica arriesgar el sustento?

Se habla mucho de adaptar la economía al cambio climático, pero pocas veces se habla de adaptar las condiciones laborales al calor extremo. El derecho a la salud en el trabajo no puede ser una declaración bonita ni un párrafo en un convenio ignorado. Necesitamos una transformación cultural profunda, que entienda que trabajar con 40 grados no es solo incómodo: es inhumano. Que entienda que parar una faena por exceso de calor no es una pérdida de productividad, sino una inversión en seguridad. Que entienda que la prevención no puede depender del “sentido común” de la empresa, sino de protocolos obligatorios, controles efectivos e inspecciones con recursos reales.

Pero sobre todo necesitamos poner en el centro del debate la noción de trabajo decente. Porque el trabajo decente no es solo tener un contrato, sino tener condiciones de seguridad, salud y respeto. No se puede hablar de empleo digno cuando una persona se ve obligada a trabajar en un andamio a pleno sol sin descanso. No se puede hablar de justicia social cuando quien recoge los alimentos que comemos no tiene acceso ni a sombra ni a agua potable. No se puede hablar de modernización del mercado laboral si permitimos que el calor siga siendo una sentencia para los más vulnerables.

La lucha contra el calor en el trabajo es una lucha de clase, de derechos y de humanidad. No se trata solo de modificar horarios o de repartir botellas de agua. Se trata de entender que la vida y la salud están por encima del beneficio. Que ningún convenio colectivo, ningún sector económico y ninguna empresa puede estar exenta de garantizar unas condiciones que no pongan en riesgo a quienes hacen posible cada día el funcionamiento de nuestras ciudades, de nuestros campos, de nuestros servicios.

Esta no es una denuncia puntual: es una exigencia urgente. Proteger del calor a quienes trabajan al sol no es una opción, es una obligación. Porque una sociedad que permite que ganarse la vida signifique ponerla en riesgo, no es una sociedad justa. Y porque el verdadero progreso no se mide solo en grados de crecimiento económico, sino en grados de dignidad compartida.

Hay un sonido que Europa se niega a escuchar. No es el estruendo de una guerra, ni el estrépito de un atentado. Es el golpeteo de la madera de un cayuco contra el agua, mientras 150 personas tiemblan en silencio, aferradas a una tabla húmeda bajo el sol abrasador o la negrura cerrada de la noche. Es el crujido de un casco mal reparado con clavos torcidos. Es el silbido agudo del motor, encendido con miedo y oraciones. Es el llanto sordo de un niño que ya no tiene lágrimas. Es la tos salada de una mujer que vomita el mar y su esperanza. Es el silencio brutal cuando el cayuco se parte.

Los cayucos no aparecen solos en el mar. Los pone ahí una política. Los empuja una desigualdad feroz. Los llenan las decisiones tomadas en despachos con moqueta y aire acondicionado. Cada vez que un Estado europeo niega una visa, cierra una frontera, recorta los fondos de salvamento marítimo o firma un acuerdo migratorio con una dictadura, una tabla más se suma a ese cayuco. Un clavo más. Un cuerpo más.

El cayuco es la última trinchera de la dignidad humana. Está construido de retales, de madera húmeda, de trozos de mundo en fuga. No tiene nombre pintado en la proa. No lleva bandera. Es un ataúd flotante. Su olor es inconfundible: una mezcla de salitre, orina, gasoil, miedo y sudor. El plástico de las garrafas, el moho de las mantas térmicas reutilizadas, los bidones con el agua racionada y caliente, la ropa empapada que ya no abriga. Todo ese olor es la frontera. Todo ese olor es Europa.

Europa no puede decir que no lo sabía. Porque el olor del cayuco impregna ya nuestras costas, nuestros titulares, nuestros presupuestos públicos. El sonido del cayuco ya no está lejos. Golpea nuestras conciencias cada vez que aparece una imagen en el telediario y cambiamos de canal. Cada vez que una mujer muere atrapada bajo la madera de una embarcación volcada y la llamamos “tragedia”. Cada vez que un bebé muere de sed en alta mar y lo ocultamos bajo una categoría estadística: “no identificado”. Cada vez que una administración local pide recursos y Bruselas responde con muros.

Europa no rescata, Europa selecciona, Europa abandona

Los cayucos que llegan no son accidentes. Son pruebas materiales de un sistema criminal, orquestado y asumido. Europa ha elegido dejar morir. No por falta de capacidad, no por desconocimiento, sino por cálculo político. Porque cada cuerpo sin vida en el mar es una advertencia: “no vengas”. Porque el dolor es una herramienta de disuasión. Porque el sufrimiento ajeno les parece un precio justo para mantener una falsa idea de orden y seguridad.

Y, sin embargo, siguen viniendo. Porque al otro lado del mar solo hay desiertos, guerras, represión, hambre, sequías, desplazamientos forzados por empresas extractivas europeas, acuerdos comerciales injustos, regímenes apoyados por nuestras democracias. Porque huir no es una elección. Es una condena impuesta por el mismo sistema que ahora les cierra la puerta.

Los centros de internamiento, los acuerdos con Marruecos, Libia o Turquía, las devoluciones en caliente, las cuchillas en las vallas, las patrulleras que devuelven a personas al desierto… todo eso es Europa hoy. No es una excepción. No es un error administrativo. Es una doctrina: convertir la migración en una experiencia tan dolorosa que nadie más se atreva a intentarla.

La frontera no es un lugar, es una ideología

El cayuco es el espejo más brutal que tenemos. Nos devuelve la imagen de una Europa que ya no protege derechos humanos, sino privilegios. De una Europa que ha abandonado la ética por la eficacia, la compasión por el control, la humanidad por la vigilancia. De una Europa que acepta que haya muertos en nombre de la gobernabilidad.

No se trata de mejorar la gestión. No basta con más fondos europeos o discursos con lágrimas de cocodrilo. Se trata de una ruptura radical con este modelo criminal de control migratorio. Necesitamos vías legales y seguras, sí. Pero también justicia global, descolonización real, reparación histórica, democratización del derecho a la movilidad.

Europa debe dejar de preguntarse cuántos puede acoger y empezar a preguntarse cuánto dolor más está dispuesta a producir para no acoger. Cuántos muertos más va a tolerar. Cuántos niños más va a dejar sin nombre en una fosa común. Cuántos cayucos más necesita ver volcar para cambiar de rumbo.

La política migratoria no es una cuestión técnica. Es una cuestión moral, ética y profundamente política. Y quien no lo entienda así, está legitimando una política de exterminio a cámara lenta.

Cada cayuco es una acusación flotante

Huele a muerte, sí. Pero también huele a resistencia. A la dignidad de quienes, pese a todo, se embarcan. A la valentía de quienes saben que pueden morir y aun así deciden intentarlo. A la humanidad que Europa ha olvidado. A la fuerza de un sur global que se niega a seguir siendo la periferia desechable de un sistema que acumula riqueza robada a costa de su miseria.

Ese olor, ese sonido, esa estructura de madera vieja y tornillos oxidados deberían estar en el centro del debate político europeo. Deberían ocupar el Parlamento Europeo, las cumbres del Consejo, las mesas de los ministros del Interior. Porque cada cayuco es una demanda de justicia. Cada cayuco es una prueba de que algo va profundamente mal. Cada cayuco es un testigo de cargo contra la arquitectura política de esta Europa.

Y cuando despertamos, los cayucos seguían llegando.

Y el dolor seguía flotando.

Y la muerte seguía empapando las orillas de esta democracia frágil, fallida y cómplice.

Y nosotros, nosotras, ya no podemos callar. Porque callar es aceptar. Y aceptar es participar.

Europa mata. Y lo hace en nuestro nombre.

En España, más de medio millón de hogares con niños, niñas o adolescentes a cargo viven en situación de pobreza laboral. Es decir, tienen empleo, pero no ingresos suficientes para garantizar una vida digna. El dato no es nuevo, pero sigue siendo escandaloso: uno de cada seis hogares donde se trabaja está atrapado en la pobreza. La realidad, descrita con precisión en el último informe de Save the Children, es tan dura como inaceptable: el trabajo ha dejado de ser una vía de integración y se ha convertido en un factor más de exclusión.

La pobreza laboral no es una anomalía del sistema. Es una de sus expresiones más brutales. Y cuando afecta a hogares con menores, como ocurre en cientos de miles de casos, se convierte en una violencia institucional contra la infancia. No es una cifra. Es una condena que se hereda.

Las familias monoparentales, encabezadas en su mayoría por mujeres, sufren esta situación con especial dureza: el 32% vive en pobreza laboral. Las familias numerosas alcanzan un 36%. Las personas migrantes, jóvenes y trabajadoras autónomas también están sobrerrepresentadas. En muchas comunidades, como Andalucía o Castilla-La Mancha, más de uno de cada cuatro hogares con hijos está empobrecido pese a tener ingresos laborales.

No estamos ante una falta de esfuerzo. Estamos ante un modelo laboral y social que ha dejado de cumplir su promesa básica: que quien trabaja pueda vivir. El sistema penaliza a quienes cuidan, a quienes crían, a quienes sostienen la vida. La conciliación es un privilegio. El empleo a jornada completa no basta. Los salarios no cubren el coste real de la crianza. Y el Estado, lejos de corregir la desigualdad, la perpetúa con políticas ineficaces, ayudas mal diseñadas y burocracia asfixiante.

El Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), que debería ser la gran herramienta para combatir esta injusticia, solo llega al 12% de las familias que lo necesitan. No porque no haya recursos, sino porque no hay voluntad política para universalizar el acceso, simplificar la gestión y asegurar que el Estado esté a la altura de su responsabilidad.

El problema no es técnico. Es profundamente político. España ha ratificado la Carta Social Europea, que obliga a garantizar a toda persona una remuneración suficiente para vivir con dignidad y proteger a la infancia de la pobreza. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha señalado que nuestro país incumple esos compromisos. Lo hace cada vez que permite que el trabajo se pague con miseria. Lo hace cada vez que invisibiliza la pobreza infantil que nace del empleo mal pagado, parcial, discontinuo o incompatible con la vida familiar.

Esta situación no puede seguir normalizándose. No hay democracia real si criar implica empobrecerse. No hay Estado del bienestar si millones de trabajadores viven en la pobreza. Y no hay igualdad si la infancia de miles de niñas y niños queda marcada desde su origen por las condiciones laborales de sus padres y madres.

El coste medio anual de criar un hijo en España supera los 9.000 euros. Pero no existe una prestación por crianza universal. No hay red pública suficiente de cuidados. No hay garantías efectivas para conciliar. La maternidad, en este país, se paga con precariedad. Y el empleo, para muchas familias, se convierte en una trampa sin salida.

La pobreza laboral no se combate con titulares ni con discursos. Se combate con medidas estructurales. Con reformas valientes. Con inversión pública. Con redistribución.

Lo que se necesita con urgencia es:

El empleo no puede seguir siendo un generador de pobreza. Trabajar no puede significar sobrevivir. Y criar no puede ser una causa estructural de exclusión.

Si la infancia sigue creciendo en hogares que no llegan, si las madres siguen criando entre la culpa y la deuda, si los salarios siguen sin alcanzar, el problema no es la pobreza. El problema es el país que la permite.

Porque cuando el empleo empobrece, el Estado está fallando. Y lo está haciendo de forma deliberada.

Tú decidiste no saberlo. O al menos, no saberlo demasiado. No saberlo del todo. Porque si supieras con la fuerza con la que se sabe el fuego en la piel, algo tendrías que hacer. Pero no lo haces. Porque es más cómodo fingir que vivimos en una paz frágil y ocasionalmente interrumpida por conflictos ajenos. Porque la sangre siempre parece estar lejos. Porque el horror no tiene subtítulos. Hoy, mientras tú y yo leemos esto, hay guerras activas en más de una docena de países: Yemen, Sudán, Siria, Myanmar, Somalia, Libia, República Democrática del Congo, Haití, Mali, Etiopía, Gaza. Y, sin embargo, el relato global insiste en que vivimos en un mundo “mayormente en paz”. Esa mentira no la inventaron los gobiernos. La sostenemos todos y todas, con cada silencio. Con cada distracción elegida. Con cada “es terrible, pero qué podemos hacer”.

Hemos aprendido a jerarquizar el sufrimiento como quien ordena los titulares del día. Hay guerras de primera categoría: las que afectan a potencias, las que arrastran a Europa, las que tienen cobertura en tiempo real y generan tensión diplomática. Luego vienen las de segunda: las que fueron portada un tiempo, pero ya no interesan. Y finalmente están las guerras de tercera, que ni siquiera llamamos guerras: las crónicas, las africanas, las que no conmueven, las que nadie pronuncia correctamente. ¿Quién decidió ese ranking? ¿Con qué derecho? ¿Cuáles son los principios para valorar un muerto más que otro?

Hay criterios, aunque nadie los admita: proximidad geográfica, idioma, valor económico de la región, interés estratégico, potencial migratorio. ¿Duele decirlo? Pues sí. Pero es más obsceno callarlo. Porque ese ranking define qué vidas merecen luto y cuáles no. Qué conflictos generan condenas internacionales y cuáles no existen para la conciencia global. Es racismo estructural. Es neocolonialismo emocional. Es una forma perversa y elegante de violencia.

Y tú, nosotros y nosotras, lo has incorporado sin notarlo. Lo ves cuando un atentado en París te paraliza, pero uno en Mogadiscio ni siquiera te aparece en el algoritmo. Cuando hablas de “la guerra” y te refieres automáticamente a Ucrania, olvidando que hay familias bombardeadas todos los días en Yemen desde hace años. Cuando asocias “refugiado” a sirios que huyen, pero no a congoleños que huyen de milicias con machetes, ni a palestinos que han nacido y muerto sin tierra. Cuando sientes que no puedes más con las noticias, pero no te preguntas qué sienten los que no pueden apagarlas.

No es que no haya información. Es que has aprendido a sobrevivir a costa de no verla. El mundo digital te da todo lo necesario para enterarte y todo lo necesario para no hacerlo. Y has elegido, como muchos y muchas, pasar de largo. No por maldad, sino por un mecanismo de defensa disfrazado de rutina. Pero esa omisión ya no es inocente. La indiferencia, en este tiempo, es una decisión política.

¿Quién hace que estas guerras sigan? Los fabricantes de armas, sí. Los gobiernos hipócritas, sí. Pero también tú, que no exiges que tu país deje de vender municiones. Tú, que votas sin preguntar por la política exterior. Tú, que normalizaste un mundo donde la violencia ajena es parte del paisaje. Tú, que no compartes una causa porque “nadie le va a dar like”. Tú, que dejaste de mirar.

El pacifismo no puede ser una etiqueta ni un eslogan. Tiene que doler, moverse, incomodar. Ser pacifista hoy no es cantar “give peace a chance”; es desarmar el discurso que justifica la jerarquía del dolor humano. Es negarse a aceptar la ficción de que hay guerras necesarias o pueblos prescindibles. Es entender que la paz no es ausencia de ruido, sino presencia de justicia. Y que la primera injusticia es esta: creer que hay muertos que no importan.

Tal vez este texto no cambie nada. Pero si logra que al menos una persona se incomode, mire, hable, investigue, proteste, recuerde... entonces habrá hecho lo que los grandes medios ya no hacen: romper el muro de la indiferencia.

Porque el mundo no solo está en guerra. Está en guerra y tú, nosotros y nosotras, decidimos no hacer nada. Pero aún estás a tiempo de cambiar eso. Y si no lo haces, al menos no digas que no sabías.

Hay decisiones que, sin hacer ruido, conmueven la raíz de una ciudad. Hay compromisos que, cuando se hacen públicos, dejan de ser institucionales para convertirse en una llamada colectiva. En Toledo, en el corazón de Castilla-La Mancha, la Policía Nacional ha tomado una de esas decisiones que definen a una institución por dentro y transforman su función hacia afuera: asumir el padrinazgo de MARSODETO, la federación que agrupa a entidades que llevan décadas luchando —sin descanso y sin condiciones— por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

No es un gesto simbólico. Es un giro, un paso adelante, una forma nueva de decir: estamos aquí, y estamos con vosotros y vosotras. Y lo ha hecho desde donde más peso tiene: desde la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha y con el compromiso directo de la Comisaría Provincial de Toledo. No se trata de una estrategia de imagen ni de una acción aislada. Es el resultado de una toma de conciencia: que la verdadera seguridad se construye desde la inclusión, que proteger implica también acompañar, y que la autoridad cobra sentido cuando se convierte en referente moral y social.

Los primeros 365 días de este padrinazgo son solo el punto de partida. Lo que se inaugura en Toledo es una alianza profunda entre dos mundos que, hasta ahora, habían convivido paralelamente. Por un lado, las entidades que conforman MARSODETO, luchadoras incansables, que desde el compromiso de lo pequeño han ido cambiando lo grande. Son asociaciones, centros, familias y profesionales que creen en la transformación social desde la inclusión real. Y, por otro lado, la Policía Nacional, una de las instituciones más visibles del Estado, que ha comprendido que su función no termina donde termina el uniforme, sino que comienza donde empieza el encuentro humano.

Ambas realidades, tan distintas en sus formas, coinciden en su vocación de servicio. Ambas tienen una historia, una experiencia, un testimonio que ofrecer. Las entidades de MARSODETO llevan años sembrando presencia, visibilidad, inclusión. Han acompañado a miles de personas a reclamar su espacio con dignidad. Han demostrado que la discapacidad no limita los derechos, sino que los exige con más urgencia. Ahora, al mirar de frente a la Policía Nacional, encuentran un aliado de peso, una voz amplificada, una institución que no viene a asistir, sino a caminar junto a ellas.

Desde la Jefatura Superior hasta el equipo de agentes en Toledo, este compromiso representa una convicción: que servir a la ciudadanía también implica escuchar a quienes menos se escuchan, acoger a quienes más han sido postergados, dar pasos firmes para que nadie quede fuera. Es, en definitiva, asumir que la seguridad no puede ser completa si no es inclusiva, que la justicia no puede considerarse plena mientras existan exclusiones estructurales, y que la dignidad de una sociedad se mide por la forma en que trata a quienes más necesitan ser reconocidos.

Toledo, en este contexto, no es solo escenario. Es protagonista. Porque en sus calles, en sus plazas, en sus barrios, empieza a visibilizarse algo nuevo: policías que no solo intervienen en emergencias, sino que participan en celebraciones, comparten aprendizajes, se integran en actividades que rompen estigmas. Agentes que no vienen a custodiar, sino a convivir. Que no llegan a imponer, sino a comprender. Que representan al Estado, sí, pero también a una ciudadanía que demanda humanidad.

Este padrinazgo, además, abre una vía de aprendizaje mutuo. No es solo la Policía quien aporta. También recibe. Porque al adentrarse en el mundo de MARSODETO, sus agentes descubren la riqueza de lo diverso, la fuerza de lo aparentemente frágil, la potencia transformadora del encuentro cotidiano. La formación técnica se complementa con la experiencia humana. La normativa se enriquece con la empatía. Y la autoridad se eleva cuando se ejerce con cercanía.

Son más de dos siglos los que avalan la trayectoria de la Policía Nacional, y este gesto de cercanía no hace sino reafirmar el profundo sentido de su vocación de servicio. No se trata únicamente de hacer cumplir la ley, sino de encarnar los valores de una sociedad que busca avanzar unida, integrando todas sus voces. Esa historia construida día a día en calles, oficinas y barrios cobra nuevo significado cuando se proyecta hacia quienes han vivido demasiado tiempo en los márgenes.

Así, este compromiso no es solo actual, es heredero de una larga tradición de servicio público ejemplar. La Policía Nacional ha sabido ser testimonio vivo de responsabilidad, entrega y presencia constante en los momentos clave de nuestra historia. Hoy, renueva ese legado sumándose activamente a un proceso de inclusión junto a MARSODETO que no admite pausas. Porque cuando una institución con más de 200 años de historia se pone al servicio de los que más lo necesitan, no solo demuestra fortaleza: demuestra grandeza.

En una sociedad que muchas veces ha desconfiado de sus instituciones, este gesto devuelve confianza. Porque demuestra que la Policía Nacional no solo vigila el orden público, sino que defiende valores esenciales. Que no teme ir más allá de sus funciones tradicionales. Que está dispuesta a mirar de frente a los desafíos sociales y asumirlos como propios. Y porque pone en el centro algo que a veces olvidamos: la fuerza de un Estado no se mide solo por su capacidad de sancionar, sino por su disposición a incluir.

Los primeros 365 días serán la prueba viviente de que este pacto funciona. De que los encuentros cambian miradas. De que los vínculos nacen cuando se rompe la barrera del desconocimiento. Y de que, cuando una institución tan sólida como la Policía Nacional decide abrirse a nuevas formas de servir, toda la sociedad se fortalece.

No puede haber seguridad verdadera mientras alguien siga siendo invisible. No puede construirse justicia si aún hay quienes esperan en la orilla del sistema. No puede hablarse de país digno mientras la inclusión siga siendo una promesa y no una realidad cotidiana. Pero en Toledo, esa espera ha terminado. Porque en esta ciudad, con su historia cargada de puentes y convivencia, se ha encendido una nueva luz: la de una alianza posible, concreta, ejemplar.

Hoy, gracias al compromiso decidido de la Policía Nacional —desde sus más altas jefaturas hasta cada agente implicado— y gracias al testimonio inquebrantable de las entidades que conforman MARSODETO, nace una alianza que interpela, que inspira, que contagia. Una alianza que no se mide en actos, sino en transformaciones. Una alianza que no terminará en un año, porque su fuerza no está en el tiempo, sino en la verdad de su causa.

Toledo ha dicho sí. La Policía Nacional ha dado un paso adelante. MARSODETO continúa su camino acompañado. Y ahora, nos toca a todos reconocer que esta alianza no solo es ejemplo: es el futuro que ya está en marcha.

Hay espectáculos que se disfrutan. Hay otros que se aplauden. Y hay algunos, muy pocos, que se recuerdan con gratitud. El Teatro de Rojas fue escenario de uno de esos momentos irrepetibles, cuando el reconocido mago Iván Santacruz desplegó todo su arsenal de ilusión, humor y ternura para poner el broche de oro al ciclo 'Teatro y Danza en Familia Primavera 2025'. El título del espectáculo lo advertía con desparpajo: “Un show de magia, pero más chulo”. Y lo que sucedió sobre el escenario superó con creces cualquier expectativa. Fue una celebración. Fue un acto de compartir en la risa. Y, sobre todo, fue un espectáculo familiar del bueno, del necesario, del que une.

Una clausura con hechizo

El ciclo de primavera en familia del Teatro de Rojas ha venido desarrollando durante los últimos meses una programación diversa, cuidada y comprometida con las artes escénicas para todos los públicos. Obras que han conjugado y construido un mosaico de experiencias escénicas diseñado para disfrutar en familia. Pero si algo quedó claro tras la actuación de Santacruz, es que la magia tiene un poder único para cerrar círculos, y que no hay clausura más eficaz que la que deja al público —literalmente— con los ojos brillantes.

Con esta última función, el Rojas no solo despide un ciclo. Reafirma un compromiso. El compromiso con el teatro como espacio compartido entre generaciones, como herramienta emocional, pedagógica y artística. Y en ese terreno, pocas propuestas se muestran tan completas como la que trajo Iván Santacruz a Toledo.

Santacruz: el ilusionista que no se olvida del alma

Iván Santacruz no es solo un mago galardonado. Es, ante todo, un narrador escénico que ha entendido que el asombro no está solo en el truco, sino en cómo se cuenta. Su presencia en escena es electrizante: camina, improvisa, escucha, juega. Construye complicidad. Desde el primer minuto, se gana la atención de un público exigente y diverso —niños pequeños, adolescentes, madres, padres, abuelos, abuelas— y la mantiene en vilo durante todo el espectáculo con una habilidad que roza lo coreográfico.

El show, a pesar de su aire de espontaneidad, es una maquinaria bien engrasada donde conviven con naturalidad números de magia, teatro físico, clown y participación activa del público. Pero lo que más sorprende es su capacidad para generar emoción real sin caer en la condescendencia ni en lo previsible. Hay un trabajo dramatúrgico pulido detrás del humor, una estructura narrativa bien tejida en medio del caos aparente, y una dirección escénica que demuestra que el arte para la infancia y la familia puede —y debe— estar a la altura de cualquier otra forma teatral.

Un Teatro de Rojas entregado... y rendido

Las paredes del histórico coliseo toledano han presenciado durante siglos todo tipo de funciones. Pero lo que se vivió con este espectáculo fue otra cosa. Fue comunidad. Fue magia viva. Fue teatro en su forma más pura y más popular, sin que eso reste un ápice de exigencia artística.

El público no solo respondió. Participó. Se dejó llevar. Aplaudió a destiempo, se rió a carcajadas, coreó frases, subió al escenario. Y en esa interacción constante, el espectáculo se transformó en una experiencia colectiva, en una fiesta sin artificios donde cada niño fue protagonista y cada adulto fue, por una mañana, niño de nuevo.

En un país donde a menudo se relega la programación familiar a los márgenes de la cultura institucional, resulta reconfortante ver cómo una ciudad como Toledo —y un teatro como el Rojas— reivindican su importancia con una propuesta artística de esta envergadura. Y que la clausura de un ciclo familiar se celebre con un espectáculo tan cuidado, tan vivo y tan divertido, es más que simbólico: es una declaración de principios.

Un ciclo brillante, un futuro prometedor

La edición de primavera del ciclo Teatro y Danza en Familia ha consolidado su lugar en el calendario cultural de la ciudad. Función tras función, el Teatro de Rojas ha demostrado que el teatro familiar no es una actividad secundaria, sino un pilar fundamental para la formación de públicos, la educación artística y el tejido emocional de una ciudad.

Con propuestas que han explorado lenguajes escénicos diversos, y con una selección de compañías de primer nivel, que el cierre de este ciclo haya llegado de la mano de un espectáculo como el de Iván Santacruz no hace sino reforzar esa sensación de haber asistido a algo importante.

Una ovación que no termina

Cuando Santacruz se despidió, el público rompió en una ovación larga, cálida, agradecida. Los niños se resistían a abandonar sus butacas. Los adultos intercambiaban sonrisas cómplices. Y el teatro, en ese silencio que queda después del aplauso, pareció suspenderse en el aire durante unos segundos. Como si algo, tal vez la ilusión, se hubiera quedado flotando entre las butacas.

Porque eso es lo que deja este espectáculo: la certeza de que la magia es real, cuando se comparte. Y Toledo, gracias a Santacruz y al Teatro de Rojas, ha vuelto a creer en ella.

Cada 28 de abril, en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, las instituciones públicas, las organizaciones sindicales y algunos sectores de la sociedad civil se reúnen para hacer balance de una realidad dolorosa. Se recitan estadísticas, se recuerdan tragedias, se prometen mejoras. Y, sin embargo, año tras año, la herida permanece abierta: trabajar sigue siendo, para demasiadas personas, un riesgo para su vida, un atentado diario contra su salud, una amenaza soterrada que no cesa de crecer.

No estamos ante una situación nueva ni coyuntural. Se trata de un problema estructural, profundamente arraigado en el modelo laboral y económico que hemos construido y aceptado. Un modelo que mide su éxito en cifras de productividad y crecimiento, pero que permanece ciego ante el coste humano de sus propios mecanismos. Un modelo que tolera que millones de trabajadores y trabajadoras paguen con su salud mental y física, y a veces incluso con su vida, el precio de mantener un sistema de beneficios que no se detiene ante nada.

La enfermedad mental relacionada con el trabajo no es un fenómeno marginal. Es, cada vez más, el síntoma de un malestar estructural que atraviesa todas las capas del mundo laboral. Las cifras son estremecedoras: en 2023, cerca de 600.000 personas en España necesitaron una baja médica por problemas de salud mental relacionados con el trabajo. La precariedad, la inseguridad permanente, las jornadas interminables, los entornos tóxicos y la violencia organizacional han dejado de ser situaciones excepcionales para convertirse en el nuevo paisaje cotidiano del empleo. Y no hablamos solo de estrés o ansiedad leve: hablamos de depresiones profundas, de suicidios, de vidas destrozadas por la presión insoportable de un trabajo que deja de ser medio de vida para convertirse en factor de muerte.

La tragedia del trabajador del Ayuntamiento de Albacete, obligado a reincorporarse a un entorno laboral que había minado su salud mental hasta empujarlo al suicidio, no es un hecho aislado. Es el reflejo de un sistema que prioriza el cumplimiento formal sobre el bienestar real de las personas. Es la demostración de que muchas organizaciones siguen considerando a sus empleados como recursos prescindibles, como piezas intercambiables de un engranaje productivo, en lugar de reconocer su valor intrínseco como seres humanos. Que un juzgado haya tenido que declarar el suicidio de este trabajador como accidente laboral dice mucho de la ceguera y el abandono que siguen predominando.

Este drama no se limita a determinados sectores o perfiles de vulnerabilidad. Afecta transversalmente a todas las edades, niveles educativos y condiciones sociales. Aunque es cierto que quienes más sufren sus consecuencias son aquellos atrapados en trabajos precarios, mal remunerados, con horarios imposibles y sin redes de apoyo reales, la enfermedad laboral avanza también entre trabajadores cualificados, en oficinas aparentemente seguras, en puestos que, a primera vista, no parecen lugares de riesgo. La enfermedad laboral hoy no se manifiesta solo en el cuerpo: también en la mente, en el ánimo, en la esperanza aniquilada de millones.

La enfermedad laboral hoy no se manifiesta solo en el cuerpo: también en la mente, en el ánimo, en la esperanza aniquilada de millones

Frente a esta realidad, no podemos seguir hablando de accidentes ni de desgracias inevitables. Cada enfermedad mental causada por el trabajo, cada suicidio vinculado a la presión laboral, cada baja por ansiedad o depresión es el resultado de un fracaso colectivo. Un fracaso político, porque no se están adoptando las medidas legislativas necesarias para garantizar la protección efectiva de la salud en el trabajo. Un fracaso empresarial, porque demasiadas compañías siguen ignorando las condiciones reales en las que sobreviven sus plantillas. Y un fracaso social, porque hemos asumido como normal el dolor, la angustia y la enfermedad como parte inseparable del contrato laboral.

No bastan las declaraciones de buenas intenciones ni las campañas puntuales de sensibilización. Se necesita una transformación profunda de las políticas laborales, de los marcos normativos, de las culturas empresariales y de las actitudes sociales. Es urgente reforzar las inspecciones de trabajo, aumentar las sanciones a quienes incumplen, blindar legalmente el derecho a la desconexión real, garantizar la estabilidad en el empleo, limitar las cargas laborales y proteger de manera efectiva la salud mental de los trabajadores y trabajadoras.

Pero, sobre todo, hace falta un cambio radical de mentalidad. Hay que dejar de premiar el culto al presentismo, al sacrificio insano, a la disponibilidad permanente como supuestos signos de compromiso o éxito profesional. Hay que romper con la lógica de que quien aguanta más presión, quien trabaja más horas, quien renuncia a más vida personal es el mejor trabajador. Esa lógica no solo enferma: mata.

El trabajo debería ser, en una sociedad justa y civilizada, un medio de realización personal, de crecimiento, de integración social. No puede ser un factor de exclusión, de sufrimiento, de muerte. Mientras no entendamos esto, mientras sigamos permitiendo que las estadísticas de bajas y suicidios laborales aumenten sin que nada cambie de verdad, seguiremos fracasando en lo esencial: en cuidar a quienes hacen posible, cada día, la vida de nuestras sociedades.

Cada trabajador roto por el sistema, cada vida perdida en silencio, cada enfermedad ignorada nos señala como responsables. No podemos seguir permitiendo que trabajar sea jugarse la vida. No podemos seguir aceptando que quien enferma en su puesto de trabajo sea abandonado, estigmatizado o simplemente sustituido.

Este 28 de abril no debería ser un día más en el calendario. Debería ser un punto de inflexión. Una fecha para asumir que la seguridad y la salud en el trabajo no son un extra ni un favor: son derechos humanos básicos. Y que su vulneración, más allá del drama personal que implica, es una traición directa a los principios democráticos más fundamentales.

Porque cuando el trabajo te mata, el silencio es complicidad. Y si no cambiamos ahora, si no actuamos con decisión, seremos cómplices del dolor, del abandono y de la muerte de miles de personas cuya única culpa fue querer ganarse la vida.

No ha sido una tarde cualquiera en el Teatro de Rojas. Había en el aire una expectación particular, una vibración distinta, como si el escenario fuera a recibir no un espectáculo infantil más, sino una bomba envuelta en papel de colores. Y así fue. Mr Bo, la última creación de la compañía vasca Marie de Jongh, no solo llegó, sino que irrumpió. Lo hizo con el ruido de la risa, con el eco de un gesto, con la contundencia de una obra que no necesita palabras para hablar de lo más incómodo: el poder, la sumisión, la infancia como semilla de toda estructura social.

El Teatro de Rojas, templo toledano de la escena, presenció una función que, en apariencia, coquetea con lo naif, pero que en realidad golpea con precisión de cirujano. La propuesta parte del juego, del clown, de la máscara; pero detrás de la carcajada hay bisturí. Mr Bo no se conforma con entretener: interroga. Es una obra sin texto, pero con una potencia discursiva que muchos dramas verbales envidiarían.

La semilla del déspota

El argumento es simple y, por eso mismo, letal: un señor —Bo—, tres sirvientes, una vida entera al servicio de su voluntad. El matiz clave: Bo fue un niño. Un niño que nunca escuchó un no. Un niño obedecido hasta el último capricho, sin corrección, sin límites, sin verdadera educación. Y esa criatura, adorable y manipuladora en sus orígenes, crece. Y con la misma lógica con la que pidió dulces, ahora exige sumisión.

En ningún momento de la obra se pronuncia palabra alguna. Pero la historia se narra con una claridad pasmosa, construida exclusivamente a través del cuerpo, del gesto, del ritmo, de la mirada. En ese silencio, que no es mudez sino lenguaje depurado, emerge lo universal: la obediencia como inercia, la jerarquía como rutina, la posibilidad del cambio como chispa contenida.

El señor Bo —figura grotesca y reconocible a la vez— es espejo deformado de tantas infancias mal gestionadas. No es necesario haber leído a Foucault para entender que aquí se está hablando del poder en su forma más primaria. Pero lo extraordinario es que esta crítica se construye desde el juego, desde una comicidad que desarma defensas. El público, niños y adultos por igual, ríe. Y, al reír, baja la guardia. Es entonces cuando la obra ataca con fuerza.

Teatro físico como arte mayor

Los intérpretes —Ana Martínez, Ana Meabe, Javier Renobales y Anduriña Zurutuza— entregan al público una lección de interpretación sin red. Cada movimiento está afilado, cada gesto milimetrado. No hay espacio para la improvisación emocional, pero tampoco para la rigidez técnica. La precisión es tal que uno olvida que está viendo una coreografía de la opresión y la fantasía: lo que se ve es humanidad. En juego. En contradicción. En fuga.

La dirección de Jokin Oregi es, como siempre en Marie de Jongh, una maestría de lo invisible. No hay exhibición ni efectismo. Solo una dramaturgia que sabe perfectamente cuándo dejar que el cuerpo respire y cuándo tensarlo hasta el límite. La influencia del teatro gestual europeo se percibe, pero hay una identidad propia que eleva esta obra por encima de muchas propuestas similares.

La escenografía de Ikerne Giménez y la iluminación de Edu Berja son esenciales sin robar protagonismo. Cada objeto, cada luz, cada rincón del escenario está al servicio del relato. El espacio no cambia, pero se transforma constantemente, gracias a una iluminación que oscila entre la fábula y la pesadilla. Entre el mundo infantil que uno querría habitar, y el que realmente está ahí.

Un arte que no se arrodilla

Mr Bo fue premiado en la Mostra de Igualada de 2024 como mejor espectáculo. El galardón no es un gesto simbólico: es el reconocimiento de una obra que se atreve a hacer lo que muchos evitan. Esta no es una pieza complaciente, ni busca tranquilizar a los padres. Muy al contrario, cuestiona con agudeza: ¿qué pasa cuando educamos desde la servidumbre emocional? ¿Cuántos déspotas modernos hemos construido entre todos?

Y lo hace para niños. Para niños desde los 4 años. Porque el teatro familiar no tiene por qué ser condescendiente. Porque los niños, mejor que nadie, entienden el lenguaje del cuerpo, el peso de un silencio, el conflicto de un juego. Porque hay que empezar pronto a enseñarles que el “sí” constante no es amor, sino peligro. Que decir “no” a tiempo puede ser el acto más tierno.

En Toledo, ciudad de herencias, de espadas, de símbolos de poder, Mr Bo llegó como una parábola disfrazada de circo. Como una lección que no necesita aula. Como un espejo que no deforma, sino que muestra lo esencial.

No es tarde para decir basta

Al final de la función, no hay grandes discursos ni moralejas subrayadas. Pero hay una idea que flota, persistente, como el eco de un tambor de juguete: la posibilidad de cambio está siempre ahí, incluso cuando parece que ya no hay escapatoria.

Ese momento en el que los sirvientes de Bo se detienen, se miran, y por fin imaginan otra vida, es más que un clímax dramático. Es una metáfora feroz de lo que podría pasar si nos atreviéramos, como sociedad, a desobedecer lo que nos oprime por costumbre.

No es tarde. Mr Bo lo demuestra con elocuencia muda. El teatro, cuando está bien hecho, cuando no teme al contenido ni a los niños, sigue siendo el lugar donde la educación se convierte en arte. Donde la risa es revolución. Donde el juego, a veces, enseña más que cien tratados.

Toledo no olvidará fácilmente esta función. Porque en ella, lo que se vio no fue un espectáculo para reír. Fue una bomba de humo teatral que nos permite ver mejor.

Y ahora que lo hemos visto, ¿vamos a seguir obedeciendo?

Apenas han pasado unos días desde su partida, y, sin embargo, ya hay algo que falta. Un tipo de voz. Una forma de mirar. No solo la del líder religioso más influyente del siglo XXI. Sino la de alguien que logró hablar de Dios —y más aún, de humanidad— de una manera que hasta los no creyentes escuchaban con respeto.

Francisco no fue un pontífice al uso. Tampoco fue simplemente un “Papa progresista”, como se dijo tantas veces desde el desconocimiento o el miedo. Fue, más bien, un hombre que decidió poner el cuerpo en lo que predicaba. Que desnudó el Evangelio de solemnidades para mostrar su núcleo más incómodo y más vivo: justicia, ternura, compasión, libertad, pobreza elegida, lucha por la dignidad.

Esa fue su centralidad, si se quiere: recordar que el cristianismo no nació para administrar poder, sino para lavar pies.

Y en un mundo donde cada institución intenta blindarse, donde las élites se refugian en torres de control, él eligió bajar. Bajar a los hospitales de campaña, como le gustaba llamar a la Iglesia. Bajar a las cárceles, a los márgenes, a las casas donde falta el pan y sobra el silencio. Habló desde ahí. Y eso cambia todo.

Francisco fue, sobre todo, creíble. En un tiempo de discursos huecos y promesas enlatadas, su coherencia se volvió disruptiva. Lavó los pies a presos en su primer Jueves Santo. Se bajó del papamóvil para abrazar a un hombre desfigurado por la enfermedad. Viajó donde nadie quiere ir: campos de refugiados, barrios olvidados, lugares donde la esperanza se cuela apenas por una rendija.

Allí decía poco. Pero miraba mucho. Y cuando hablaba, no lo hacía con el tono del dogma, sino con la urgencia de alguien que ha escuchado demasiado sufrimiento.

Su pontificado fue una denuncia permanente contra lo que él llamó “la cultura del descarte”: ese sistema global que decide quién importa y quién no. Fue incómodo para muchos, porque incomodó con el Evangelio con una pregunta: ¿dónde estás tú cuando el otro cae?

Y en esta interpelación se dirigía a creyentes y a no creyentes, a cada hombre y mujer, a cada ciudadano y ciudadana comprometido con la dignidad humana.

Francisco puso en el centro lo que nadie quiere mirar: los trabajadores sin derechos, los migrantes sin papeles, los ancianos solos, los niños explotados, los presos abandonados. Su famosa trilogía de las Tres T —tierra, techo y trabajo— no fue un lema, sino una declaración de principios que desafía al mundo político y económico. Y lo dijo con una claridad que no permitía matices: “No hay democracia con hambre. No hay desarrollo con exclusión. No hay paz sin justicia”.

Quienes esperaban un Papa gestor, se encontraron con un místico social. Con un hombre que oraba en silencio, pero también golpeaba la mesa ante las estructuras que producen sufrimiento. Con alguien que hablaba de misericordia sin caer en la ingenuidad, y que hablaba de política sin perder el alma.

También supo reconocer errores. No fue infalible, fue valiente. Y esa diferencia es clave. Porque si algo transmitía Francisco, más allá de la fe, era la convicción de que las cosas pueden cambiar. Que no todo está perdido. Que otro mundo es posible... si no renunciamos a mirar de frente.

Por eso hoy, creyentes y no creyentes, lo extrañamos. Porque con él no solo se va un Papa. Se va un lenguaje. Se va una forma de hacer visibles a los invisibles. Se va alguien que nos recordaba —cada vez que podía— que hay más verdad en una lágrima compartida que en cien certezas arrogantes.

¿Qué nos queda ahora? Nos queda el silencio que interpela. Nos queda el eco de sus palabras, que no hablaban de una religión abstracta sino de una humanidad concreta, herida, compleja, como el propio Evangelio, como el propio Jesús. Nos queda el gesto de abrir la puerta al migrante, de defender el derecho al trabajo digno, de acompañar al enfermo sin esperar aplausos. Nos queda la posibilidad de mirar como él miraba.

Y eso, quizás, es la mejor herencia: la de no conformarse con lo que hay. La de seguir creyendo que cada vida humana tiene valor infinito. Que cada ser humano merece ser escuchado. Que el amor no es debilidad, sino resistencia. Y que la fe, cuando es auténtica, no excluye: transforma.

Porque si algo supo Francisco, y nos lo dijo hasta el final, es que no hay poder más revolucionario que el de una compasión sin límites.

Y esa sí que no ha muerto.

Dicen que la Semana Santa es lo más grande que tiene nuestro pueblo. Que no hay fe más profunda, ni estética más conmovedora, ni sentimiento más arraigado. Y, sin embargo, cada año me asalta la misma pregunta: ¿De qué sirve tanto cirio si no alumbra al pobre?

Nos hemos acostumbrado a procesionar imágenes de Cristo... mientras ignoramos a Cristo vivo. Sí, ese que sigue cayendo bajo cruces más pesadas que el paso de tu Hermandad. Ese que camina sin costaleros, sin marchas, sin aplausos. El Cristo de carne y hueso que sufre cada día su particular viacrucis: migrantes sin nombre, mujeres sin paz, jóvenes sin futuro, ancianos sin voz, presos sin visitas.

Y el obrero. No lo olvidemos. El trabajador sin derechos, el que encadena contratos basura, el que llega a casa con los pies reventados y el alma rota. El parado que ha perdido no sólo su empleo, sino su dignidad. El que madruga para levantar un país que luego lo desprecia. También ahí está el Cristo.

Los nuevos crucificados no están en los templos. Están fuera del recorrido oficial. Y ahí es donde deberían estar también nuestras Cofradías. Porque no basta con cargar una imagen si no estamos dispuestos a cargar con el dolor del mundo. No sirve vestir una túnica si no nos despojamos del ego, del orgullo, de la indiferencia. No vale sacar a la Virgen a la calle si no sacamos también un plato caliente al que pasa hambre. El Evangelio no se borda en terciopelo. Se encarna en lo concreto.

Cofrade: tu misión no es brillar. Es servir. No es emocionar. Es conmoverte tú primero, dejarte atravesar por el clavo del que sufre, por la espina del que llora. La caridad no es un anexo. Es el corazón. ¿Recuerdas Mateo 25?: “Tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a verme...”

No hay otro examen final. No habrá preguntas sobre la saya bordada en oro, ni sobre el número de hermanos en fila. Preguntarán por los últimos. Y ahí más de uno se quedará sin respuesta.

Porque el Cristo del madero es el mismo que tiembla bajo un puente en la madrugada. La Virgen de los Dolores es la madre que llora a su hijo muerto por una bala. El Cirineo es quien se agacha en una parroquia para acompañar a un refugiado. El Gólgota no es una calle, es la vida misma.

Hay cofradías que lo están entendiendo. Que han abierto sus casas a los que no tienen casa. Que han dejado hueco para la gente rota. Que no separan la cera del compromiso. Pero aún son pocas. Y aún son necesarias muchas más.

¿Queremos ser Iglesia? Seámoslo. Pero en serio. Con barro en las manos. Con verdad en la mirada. Con las puertas abiertas al que no tiene ni cómo llamar. ¿Queremos que nuestra Semana Santa no muera de éxito? Entonces hagámosla viva. Incómoda. Desestabilizadora. Como lo fue Jesús.

Las cofradías no pueden ser burbujas que sólo explotan una semana al año. Deben ser refugio, hospital de campaña, hogar de misericordia. Y sí, también altavoz. Porque el que lleva al Cristo en los hombros tiene el deber de denunciar cada injusticia que lo sigue clavando.

No tengamos miedo a tocar el barro. Es ahí donde habita Dios. De nada sirve levantar tronos si no levantamos esperanzas. De nada vale tanto incienso si no perfuma la vida del que ya no puede más. De nada vale tanto aplauso si seguimos sordos al grito de los descartados.

La Semana Santa, si es sólo emoción, pasa. Pero si es compasión, se queda. Se encarna. Salva. Y sí, la Resurrección también llega. Porque no todo es cruz. Porque cada gesto de entrega, cada compromiso silencioso, cada acto de justicia y ternura, es ya un amanecer de Pascua. Cada vez que una Hermandad acompaña al débil, cada vez que una Cofradía se convierte en hogar, se mueve la piedra del sepulcro. La Resurrección no es un aplauso. Es una transformación.

¿Y tú, cofrade? ¿Vas a quedarte en la foto o vas a entrar en la historia? Porque te lo repito, más fuerte que nunca: ¿de qué sirve tu cirio si no alumbra al pobre?

El caballo herido. La madre con el hijo muerto en brazos. El grito congelado. Así empieza esta historia. O, mejor dicho, así se repite. El Guernica de Picasso no es solo una obra de arte. Es un espejo de lo que fuimos, lo que somos y —si no reaccionamos— lo que volveremos a ser. Fue pintado en 1937 como un acto de denuncia ante el bombardeo de un pequeño pueblo vasco. Hoy, ese mismo lienzo debería estar en portada de cada periódico, en cada discurso parlamentario, colgado en cada despacho de quienes tienen en sus manos el destino de la humanidad.

En ese mural de 3,5 metros por 7,8, no hay épica ni victoria. Hay horror. Dolor. Silencio roto. Es el testimonio de un crimen sin juicio: la guerra como espectáculo de muerte. Picasso entendió que no bastaba con indignarse. Había que gritarlo con pinceles. Hoy, esa pintura es más actual que nunca. Porque el “rearme” que algunos celebran no es otra cosa que el prólogo de nuevos Guernicas por venir.

Nos lo presentan con lenguaje técnico: gasto en defensa, aumento de la capacidad disuasoria, fortalecimiento de alianzas estratégicas. Palabras frías para ocultar una realidad ardiente: el mundo se prepara para otra matanza global. En los parlamentos se aplaude el aumento de los presupuestos militares mientras se recortan fondos para educación, sanidad o cooperación. La OTAN y sus rivales multiplican sus arsenales. Y nadie se pregunta: ¿cuándo y dónde se van a usar todas esas armas?

Guernica no fue un accidente. Fue un experimento. Y hoy se repite a escala global. Gaza arde bajo un bombardeo sin pausa. En Ucrania, la línea del frente es una fábrica de viudas. En Sudán, miles huyen a ninguna parte. En Yemen, los niños no conocen otra cosa que el sonido de los drones. En tantos y tantos lugares del mundo, conflictos olvidados, que se han convertido en cementerios de cuerpos sin nombre y de derechos sin fuerza.

Detrás de cada guerra hay intereses. No abstractos: concretos. Empresas que ganan contratos. Bancos que financian conflictos. Gobiernos que se escudan en el miedo para legitimar el poder. El rearme no nace del peligro, sino del cálculo. Los nuevos Guernicas no son errores diplomáticos: son negocios. Y el negocio es tan rentable como cruel.

La industria armamentística factura más de dos billones de dólares al año. Esa cifra no cae del cielo. Se sostiene con sangre. Con cadáveres. Con ciudades arrasadas. Cada misil tiene un precio. Pero el coste humano no entra en la contabilidad. Lo pagan las familias que nunca volverán a serlo. Lo pagan los niños y las niñas que no vivirán lo suficiente para olvidar lo que vieron.

Mientras tanto, los grandes líderes del mundo dan ruedas de prensa hablando de paz con una mano, mientras firman acuerdos de armas con la otra. Es una hipocresía perfectamente organizada. Nos venden el rearme como seguro de vida, pero es pólvora para la muerte. La paradoja es brutal: se invierte más en matar que en evitar que la gente muera.

Y lo más grave: nos han convencido de que no hay alternativa. Como si la paz fuera una utopía, y la guerra, una ley natural. Como si cuestionar el rearme fuera cosa de ingenuos, cuando en realidad es el último acto de cordura en un mundo enloquecido. Nos han robado incluso la imaginación: ya no sabemos soñar un planeta sin ejércitos.

Las instituciones internacionales, nacidas para evitar una nueva guerra mundial, hoy solo ofrecen declaraciones vacías. La ONU no frena. La UE no media. La diplomacia está secuestrada por los intereses de quienes lucran con la violencia. Y mientras tanto, las voces que denuncian esta lógica de muerte son silenciadas, difamadas o ignoradas.

Pero no todo está perdido. A lo largo del mundo, miles de personas se organizan, resisten, levantan la voz. Desde comunidades de fe hasta movimientos juveniles, desde activistas desarmados hasta periodistas comprometidos, la paz se defiende con valentía. No desde los palacios de gobierno, sino desde las calles, las aulas, los campos de refugiados y refugiadas.

La política, si quiere tener sentido, debe recuperar el lenguaje de la vida. No puede seguir siendo rehén del complejo militar-industrial. Necesitamos líderes que se atrevan a recortar en armas para invertir en pan. Que entiendan que la seguridad no se mide en tanques, sino en justicia, dignidad y oportunidades para todos.

El mensaje del Guernica debe salir del museo. Debe convertirse en manifiesto, en bandera, en programa de gobierno. Porque si no frenamos el rearme hoy, mañana solo quedará escribir nuevos poemas de duelo sobre nuevas ciudades calcinadas.

Y cuando eso ocurra, no bastará con decir “nadie lo vio venir”. Picasso lo gritó. La historia lo escribió. Nosotros y nosotras, ¿qué haremos?

El Teatro de Rojas de Toledo, escenario cargado de historia y sensibilidad, ha vivido una de esas funciones que no se olvidan. Con Beethoven para Elisa. El Musical, producción de Manodesanto y el Teatro Español, la escena toledana se ha llenado de emoción, inteligencia, belleza y una música que no solo se escucha: se siente profundamente.

Lejos de ser un musical convencional o una biografía al uso del genio de Bonn, esta obra dirigida por Olga Margallo Martínez y escrita por Antonio Muñoz de Mesa, propone un viaje emocional y artístico que habla al alma de grandes y pequeños, interpelando sobre la educación, el talento, los deseos propios y el poder del arte como forma de vida.

Elisabet y Beethoven, más allá del genio, el derecho a elegir

El punto de partida es una niña prodigio, Elisabet Barensfeld, que tiene la oportunidad de aprender con Beethoven. Pero lejos de idealizar al maestro, la obra lo muestra como lo que fue: un genio humano, contradictorio, apasionado, rígido. La joven Elisa no sueña con ser su réplica, sino con descubrir su propio lenguaje. Su música puede estar en otro sitio: en la pintura, en la escritura, o tal vez en el silencio.

Ahí reside la fuerza del espectáculo: cuestionar la idea de éxito preestablecido. ¿Es el talento una bendición o una cadena? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a defraudar las expectativas ajenas para seguir nuestro camino?

Una puesta en escena viva y una música que se vuelve personaje

El espacio escénico del Teatro de Rojas de Toledo se transforma en una prolongación del alma de los personajes. La escenografía de Marcos Carazo Acero combina elementos oníricos con realismo austero, y la iluminación de Rafael Catalina ayuda a transitar entre el mundo interno de Beethoven y la mirada libre de Elisa. Los trajes de Lola Trives aportan textura histórica y evolución emocional.

Pero es la música en directo la que realmente hace latir la obra. Bajo la dirección musical de Lola Barroso, el piano se convierte en el verdadero interlocutor. Las piezas se interpretan con magistral precisión sobre el escenario, y aunque estamos ante composiciones clásicas, el tratamiento escénico las convierte en melodías cercanas, emocionantes y familiares, especialmente para el público infantil y familiar que llena el teatro.

Los actores—Antonio Muñoz de Mesa, Inés León, Víctor Ullate Roche, Nuria Sánchez y la propia Barroso—bordan interpretaciones llenas de carisma, humanidad y ritmo. El humor se equilibra con la emoción, y el virtuosismo no eclipsa la cercanía.

El último regalo: la Novena que nos abraza a todos

Y cuando el telón parecía caer, llegó el último regalo de la tarde. Una interpretación al piano, sensible y contenida, de la melodía más conocida de la Novena Sinfonía de Beethoven, el célebre Himno a la Alegría. Sin orquesta ni coros, solo piano. Solo música pura. Y, sin embargo, toda la fuerza emocional intacta.

se instante se convirtió en un momento de recogimiento colectivo. Porque esa melodía, que Beethoven compuso sin poder oírla, es hoy más que nunca un símbolo de unión, de esperanza, de paz. En un mundo agitado por conflictos, incertidumbres y divisiones, escucharla así, desde la sencillez del piano y el recogimiento del teatro, nos recuerda el poder transformador del arte y la necesidad de volver a la belleza como refugio común.

Montajes teatrales y musicales como el de hoy no solo entretienen: sanan, enseñan, reconcilian. Y nos invitan, como Elisa, a preguntarnos si hay otra manera de estar en el mundo, una más libre, más sensible, más propia.

Una función que se queda en el alma

Beethoven para Elisa. El Musical ha regalado al público del Teatro de Rojas de Toledo una experiencia completa: teatral, musical, emocional y reflexiva. Es una obra que habla con inteligencia, que no subestima a la infancia ni a las familias, y que reivindica la creación artística como espacio de descubrimiento y libertad.

El público sale del teatro tarareando melodías, pero también haciéndose preguntas. Porque esta función, más allá de su impecable factura técnica y escénica, deja algo sembrado: una nota interior, una semilla de pensamiento, una invitación a elegir quién queremos ser y cómo queremos vivir.

“Solo le pido a Dios

que la guerra no me sea indiferente,

es un monstruo grande y pisa fuerte,

toda la pobre inocencia de la gente“.

Nos han enseñado a llorar algunas guerras y a ignorar otras. Nos han entrenado para indignarnos selectivamente, para marchar contra los conflictos que ocupan las portadas, mientras cerramos los ojos ante aquellos que no aparecen en las noticias. ¿Quién llora por Yemen? ¿Quién se moviliza por Sudán del Sur? ¿Dónde están las banderas en los balcones por la tragedia en la República Democrática del Congo? En Occidente, algunos conflictos son utilizados como moneda de cambio política, mientras que otros quedan enterrados bajo la indiferencia. Pero cada bomba, sin importar dónde caiga, arrasa con los mismos sueños. Cada guerra deja los mismos huérfanos, las mismas ciudades en ruinas, la misma pobreza, el mismo dolor.

Sin embargo, la hipocresía de los gobiernos y de muchos otros y otras establece qué guerra merece atención y cuál debe ser olvidada. Así se manipulan las emociones colectivas, así se fabrican aliados y enemigos, así se perpetúa el sistema de violencia global que nos han impuesto. La guerra no es inevitable, es una decisión política, una industria que necesita alimentarse constantemente de nuevos conflictos. Y mientras sigamos permitiendo que la indignación se administre según los intereses geopolíticos del momento, seremos cómplices de su perpetuación.

“La guerra nos trae paz”: el engaño que nos mantiene sometidos

“Solo le pido a Dios,

que el dolor no me sea indiferente,

que la reseca muerte no me encuentre,

vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente“.

Nos han vendido la guerra como un instrumento para alcanzar la paz, pero la historia nos demuestra lo contrario. Cada conflicto armado deja cicatrices profundas que no se borran con tratados. Detrás de cada guerra hay intereses económicos, ambiciones de poder y una industria armamentista que necesita guerras para seguir funcionando.

Las y los políticos nos hablan de “guerras preventivas”, de “intervenciones humanitarias”, de “defensa de la democracia”. Pero, en realidad, la guerra es un negocio. Yemen lleva casi una década desangrándose en un conflicto patrocinado por potencias extranjeras. Sudán vive una guerra civil olvidada, con millones de desplazados. La República Centroafricana sigue en guerra mientras el mundo mira hacia otro lado. Estas guerras no tienen portadas, no generan declaraciones de emergencia en las cumbres internacionales, porque no son rentables para la narrativa occidental.

Si la guerra fuera realmente un camino hacia la paz, ya viviríamos en un mundo sin conflictos. Pero la realidad es que la paz no se consigue con más armas, sino con justicia social, con acceso equitativo a los recursos, con políticas que prioricen el bienestar de los pueblos y no los intereses de los grandes conglomerados económicos.

“Invertir en defensa es invertir en seguridad”: la gran estafa global

“Solo le pido a Dios,

que la injusticia no me sea indiferente,

que no me abofeteen la otra mejilla,

después que una garra me arañó esta suerte“.

Mientras los gobiernos justifican presupuestos militares multimillonarios, las escuelas cierran por falta de fondos, los hospitales colapsan y la pobreza sigue creciendo. Nos han hecho creer que la “seguridad nacional” depende de ejércitos y de armamento, cuando en realidad la verdadera seguridad radica en sociedades sin hambre, sin desigualdad, sin violencia estructural.

Cada euro invertido en la guerra es un euro robado a la educación, a la salud, a la investigación científica. Pero a los gobiernos no les interesa la seguridad real de sus pueblos, sino la estabilidad del sistema económico que permite a la industria armamentista seguir acumulando riqueza. No se trata de proteger a las naciones, sino de garantizar que la maquinaria de guerra nunca deje de funcionar.

Y es que el negocio de la guerra no conoce fronteras. Mientras la ONU lanza llamamientos por la paz, sus propios miembros venden armas a dictaduras y regímenes represivos. Mientras nos escandalizamos por algunos conflictos, financiamos otros con nuestro silencio.

Si la guerra no nos es indiferente, hay esperanza

“Solo le pido a Dios,

que la guerra no me sea indiferente“.

La canción de León Gieco es un grito de resistencia, un himno que no deja de sonar en la voz y en el corazón de miles de personas. No es solo una melodía, sino un compromiso con la paz, una denuncia contra la injusticia, una exigencia de un mundo sin guerra. “Solo le pido a Dios” ha trascendido fronteras, generaciones y contextos históricos porque sigue siendo dolorosamente actual, porque el monstruo de la guerra sigue pisando fuerte.

Es una canción de necesaria esperanza, un recordatorio de que la lucha contra la guerra no es en vano. Cada vez que resuena, despierta conciencias, une voluntades, sacude la indiferencia. Es la voz de quienes han perdido todo en los conflictos, pero también de quienes se niegan a aceptar la guerra como destino inevitable.

Si la guerra no nos es indiferente, significa que todavía hay corazones que laten con indignación. Que hay voces que se alzan contra la violencia. Que hay personas que entienden que la paz no es solo un deseo, sino una lucha política.

Porque el día que la guerra nos deje de ser indiferente, la historia dará un giro. Y entonces, por primera vez, los que fabrican la violencia sabrán lo que es sentir miedo.