Lo que antes era un ejemplo mundial de urbanismo verde y sostenible con perspectiva social ahora enfrenta retrocesos: supermanzanas frenadas, prioridades de inversión municipal cambiadas y desigualdad en el acceso al verde.

Durante años, Barcelona ha sido un referente mundial del urbanismo sostenible con justicia social. Las supermanzanas aparecieron en portadas internacionales de The New York Times o The Guardian como símbolo de un diseño urbano centrado en las personas y con perspectiva de género. La ciudad demostró que el verde urbano no era simplemente plantar árboles, sino repensar espacios públicos como el Parc de Les Glòries o los Ejes Verdes de las calles Consell de Cent o Girona como lugar de bienestar, salud, inclusión y resiliencia, atendiendo a las necesidades de la vida cotidiana. 

Hoy, sin embargo, ese liderazgo está en riesgo. Bajo el actual gobierno de Jaume Collboni, la agenda ecológica y social de la ciudad ha perdido ambición. Sin un modelo de ciudad claro, las respuestas a las demandas ciudadanas se han vuelto más reactivas que proactivas. Se han frenado ampliaciones de carriles bici, se ha intentado quitar algunos como los de Vía Augusta, y, en calles como Pelai, se ha devuelto espacio al coche en detrimento del peatón. Los proyectos continúan, sí, pero a menudo ralentizados, rebautizados o reducidos en nombre de un supuesto “equilibrio” con el turismo, el tráfico motorizado y los intereses empresariales.

Algunos ejemplos son el reciente Plan Calor, vinculado al anterior Plan Clima e impulsado por el indispensable equipo de técnicos y técnicas que creen en su trabajo independientemente del color político. O el Plan Clima Escuela, para la climatización de las escuelas públicas, financiado por el impuesto turístico. Hacer depender la climatización (basada únicamente en instalar aires acondicionados, sin renaturalización de las escuelas) en el turismo no es sólo irónico, sino que demuestra la falta de ambición y compromiso político en algo tan indispensable como la adaptación climática de la población infantil.

Barcelona fue pionera en urbanismo participativo y feminista. Herramientas como Decidim, los presupuestos participativos, así como guías de urbanismo sensible al género e iniciativas como Ciudad Jugable o Barcelona, ciudad amigable con las personas mayores mostraron que una metrópoli puede diseñarse pensando en la infancia, las mujeres, las personas mayores y la clase trabajadora. Y que lo que se diseña para beneficiar a un colectivo vulnerabilizado, acaba beneficiando a todos y todas. El espacio público se replanteó para convertirse en un espacio para cuidar, convivir con la biodiversidad y reducir desigualdades de salud, desde el estrés térmico hasta la contaminación del aire, privilegiando necesidades reproductivas en vez de objetivos productivistas. La reciente dimisión de la consejera del Ajuntament de Barcelona Janet Sanz, una de las impulsoras de una Barcelona más verde e inclusiva bajo los dos mandatos de Ada Colau, se suma a esta sensación de retroceso y estancamiento de los proyectos ambientales en la ciudad. 

El Pla Natura 2021–2030 marcó objetivos ambiciosos, con criterios de equidad y participación. Las supermanzanas y el programa de ejes verdes transformaron cruces dominados por coches en espacios comunitarios, reconocidos internacional y localmente. Sin embargo, actualmente las prioridades se centran en iniciativas más “grises” y reactivas como el Pla Endreça o el plan de choque en Sant Antoni. Mejorar la limpieza, el mantenimiento y la seguridad son importantes para garantizar el uso del espacio público por todos los públicos, sin duda, pero responden a problemas inmediatos sin abordar sus causas estructurales ni proponer nada transformador. Los procesos participativos han pasado a un segundo plano y el urbanismo con perspectiva de género ya no goza del mismo impulso político. 

Y mientras tanto, muchos de los objetivos del Pla Natura siguen siendo aspiracionales. Faltan planes de acción claros, indicadores de seguimiento y mecanismos de cumplimiento. La distribución del verde continúa siendo desigual: en distritos como el Eixample apenas hay 2 metros cuadrados de verde por persona y se respira contaminación a diario. Los proyectos suelen desplegarse en mayor medida donde hay suelo disponible (como las escasas e insuficientes zonas interiores de las manzanas), que donde la necesidad es superior, dejando atrás barrios como el Raval, Nou Barris o Sant Andreu. 

Además, si no va acompañado de políticas de vivienda, el reverdecimiento corre el riesgo de provocar gentrificación verde: nuevos parques y plazas que encarecen la vivienda y expulsan a los residentes a los que buscaban beneficiar. La transformación de Glòries es un buen ejemplo de cómo hacerlo mejor: espacios diseñados con criterios de biodiversidad, inclusividad y perspectiva de género, junto a vivienda social. Pero los números son elocuentes: cuatro edificios de vivienda pública y 238 pisos sorteados para más de 10.000 aspirantes no bastan. 

La experiencia de Barcelona ofrece dos lecciones clave. La primera: la justicia social y la sostenibilidad pueden integrarse desde el inicio, con herramientas participativas y perspectiva de género que sirvan de modelo para otras ciudades. La segunda: estos avances son frágiles. Corren el riesgo de diluirse en favor de agendas económicas o intereses partidistas si no se blindan con regulaciones vinculantes y estructuras de gobernanza sólidas. El compromiso con la resiliencia urbana y la justicia climática no puede depender del color político de cada mandato. Debe asumirse como prioridad compartida, porque atraviesa la movilidad, la vivienda, la salud, la economía y la vida cotidiana. En definitiva, condiciona el futuro de quienes habitamos la ciudad hoy y de quienes vendrán mañana.

Las olas de calor ya no son una anomalía o un impacto silencioso del cambio climático, sino una realidad que nos afecta cada vez con más intensidad, frecuencia y duración. Según el Climate Risk Index 2025, España es el quinto país de todo el mundo más afectado por eventos climáticos extremos en 2022, y según el proyecto MACE (Mortalidad Atribuible por Calor en España) 12.596 muertes fueron atribuibles al calor en el verano de 2024. Si nos centramos en las ciudades, con el fenómeno conocido como islas de calor urbano causadas por el asfalto, la falta de superficies permeables, sombra y arbolado, un estudio científico del ISGlobal sitúa a Barcelona, Sevilla y Madrid como las tres ciudades de Europa con mayor porcentaje de muertes por efecto de isla de calor durante el verano.  

Adaptarse al calor no solo es un reto climático, sino también una cuestión clave de desigualdad social: no toda la ciudadanía puede protegerse por igual frente a las altas temperaturas, y no todos los barrios cuentan con la infraestructura o las condiciones necesarias para combatir de manera equitativa las islas de calor. 

Un problema urbano y social 

Desde el grupo de investigación BCNUEJ hemos explorado el fenómeno de la justicia térmica y así lo explicamos recientemente en un artículo publicado en Nature Cities: el calor extremo golpea con más dureza a los colectivos más vulnerables. 

Desigualdades entre barrios. Para empezar, el calor no se distribuye de forma homogénea en la ciudad. Por ejemplo, en Madrid, distritos de renta baja como Usera o Villaverde alcanzan con frecuencia temperaturas 6°C más altas que otros distritos con más zonas verdes y de mayor renta como Chamberí o Salamanca. El Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático cuantifica esa desigualdad usando datos sociales, económicos y ambientales del área metropolitana de Barcelona, y muestra como zonas de baja renda –aproxidamente unos 15.000 y 23.000 euros de renta media por capita– como Ciutat Vella o Nou Barris son mucho más vulnerables que Sarrià-Sant Gervasi o Sant Cugat del Vallès, de las zonas más pudientes del área –entre y hasta 62000 euros–. 

Condiciones de la vivienda y el espacio público. La diferencia entre estos barrios no es solo geográfica, sino estructural: son los barrios con menos recursos en los que predominan edificaciones antiguas, sin aislamiento térmico adecuado, con menos acceso a sistemas de ventilación y aire acondicionado, y los que tienen pocos espacios verdes (parques, jardines, plazas ajardinadas, arbolado viario, ejes verdes, etc.) o refugios climáticos (conformado por un conjunto de parques y equipamientos públicos y privados). 

Precariedad en los hogares y la salud. Además, el coste de las facturas hace que muchas familias se encuentren en situación de pobreza energética y no puedan instalar un aire acondicionado en su hogar, o bien no lo puedan encender el tiempo que desearían. Para combatirlo, improvisan cortinas térmicas, ventiladores, o simplemente aguantan temperaturas insoportables. Esto tiene un grave impacto en la salud mental y física, sobre todo entre personas mayores, personas con enfermedades crónicas o dependencia de algún tipo, niños y niñas, embarazadas, o colectivos en situación de alta vulnerabilidad social. Además, la contaminación atmosférica agrava los impactos del calor en la salud, como lo ha estudiado el proyecto Ambientament. Por otra parte, el proyecto Raval Resilient demuestra como las personas residentes migradas del sur global están particularmente afectadas, ya que a menudo conviven en condiciones precarias y en pisos pequeños en los que la temperatura interior puede superar los 30 grados en la noche. 

Estrategias para una justicia térmica  

Para garantizar ciudades habitables para toda la ciudadanía y no solo para quienes pueden vivir en un barrio verde y fresco, las políticas de adaptación al calor en ciudades deben tener en cuenta la equidad social y promover la justicia térmica. La planificación urbana debe garantizar unas condiciones dignas a través de políticas públicas a distintos niveles y renaturalizar espacios urbanos debe ser una prioridad en los barrios más calurosos y que más lo necesitan, no solo en las áreas céntricas o turísticas.  

Ciudades como VitorVitoria-Gasteizn reconociendo que la exposición al calor es más alta en barrios con desventaja socio-económica, razón por la cual está ampliando la cobertura verde en los barrios más socialmente vulnerables y con islas de calor. Además, varias ciudades como Barcelona ya han implementado redes de refugios climáticos en bibliotecas, centros cívicos, parques y otros espacios verdes. Sin embargo, hay estudios que han comprobado que estos espacios de confort térmico no siempre suponen una solución inmediata para la población más vulnerable debido a distintas barreras de información, ubicación, horario y fechas de apertura –en agosto muchos cierran– o actividades permitidas –muchos piden silencio o son espacios limitados–. Por lo que esos equipamientos siguen teniendo el mismo uso y perfil de visitantes que ya tenían con anterioridad a ser un refugio climático.  

A nivel de vivienda y pobreza energética, es esencial mejorar la eficiencia energética de los edificios más precarios, con programas de aislamiento térmico y ventilación natural. Los fondos europeos Next Generation para rehabilitación energética pueden desempeñar un papel clave, y deben ser priorizados en los barrios más vulnerables. Un ejemplo de buena praxis lo encontramos en el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat con un proyecto de reforma a nivel de barrio y con el que se pretende mejorar las condiciones de vivienda y reducir en un 30% el nivel de consumo energético.  

Sin embargo, las inversiones públicas en renaturalización y eficiencia energética de edificios no deberían provocar la subida de precios de la vivienda o especulación inmobiliaria que acabe modificando el perfil de residente de una zona. En el barrio de Barcelona de Poblenou, la transformación urbana verde alrededor de la Superilla o del eje verde Cristóbal de Moura ha elevado el precio de la vivienda expulsando a habitantes de menor renta. Políticas como el control de precios extendida a todos los tipos de alquiler, así como la construcción y protección a largo plazo de vivienda social pueden mitigar estos efectos de lo que denominamos gentrificación térmica. 

Más allá del calor: el reto de la justicia climática 

El problema del calor no es solo una cuestión ambiental, sino social y política. Como señala el estudio en Nature Cities, la forma en que enfrentemos la crisis térmica definirá si perpetuamos o reducimos las desigualdades. La justicia térmica no trata solo de ayudar a sobrevivir a las olas de calor, sino de garantizar derechos básicos, como una vivienda digna y asequible, acceso equitativo a espacios verdes y una infraestructura resiliente, como muchos testimonios  demuestran. La crisis climática no afecta a todas las personas por igual, pero la respuesta política sí puede ser más justa y asegurar que aquellos colectivos que más lo necesitan se puedan beneficiar de las políticas de adaptación a corto y largo plazo. 

Dra. Amalia Calderón Argelich, Dra. Isabelle Anguelovski, y Dra. Panagiota Kotsila son investigadoras en el Barcelona Lab para la Justicia Ambiental y la Sostenibilidad (BCNUEJ) dentro del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Son especialistas en desigualdades, cambio climático, y ciudades.