Hoy esa advertencia vuelve con más fuerza. Porque la confianza en la justicia española está sufriendo un deterioro profundo en amplios sectores de la ciudadanía. Y no por una campaña contra los jueces, sino por una acumulación de hechos que empiezan a ser imposibles de explicar con normalidad democrática.

No se trata de pedir impunidad para nadie. Si hay corrupción, debe investigarse y castigarse. Caiga quien caiga. Ninguna sigla debe servir de refugio. Pero una cosa es exigir justicia y otra aceptar sin discusión un sistema que parece medir de forma muy distinta la intensidad de las pruebas, la dureza de las medidas, la velocidad de los procedimientos y las consecuencias reales para unos y otros.

La sentencia del Supremo sobre Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama agrava esa sensación. El exministro recibe una condena durísima. Su asesor también. Pero el empresario que aparece como pieza central del mecanismo corruptor, el hombre que mueve dinero, busca contratos, abre puertas, reparte favores y acaba colaborando con la justicia, recibe una pena que puede evitar la cárcel mediante trabajos en beneficio de la comunidad. El mensaje social es devastador. Si el corruptor triunfa, gana. Si lo descubren, colabora, señala a otros y puede acabar yéndose prácticamente de rositas.

Ese mensaje es demoledor para la confianza pública. No porque colaborar con la justicia no deba tener efectos. Claro que debe tenerlos. Pero una democracia no puede permitir que la colaboración se convierta en una especie de salvoconducto moral y penal para quien ha participado activamente en la corrupción. Menos aún si una parte relevante del beneficio económico que se atribuía a la operación queda fuera de la respuesta penal efectiva. La ciudadanía puede entender atenuantes. Lo que no puede entender es que quien corrompe parezca salir mejor parado que quienes fueron corrompidos.

A partir de ahí, la pregunta ya no es solo penal. Es democrática. Qué idea de justicia se transmite cuando unas causas se instruyen con enorme dureza y otras se alargan durante años. Qué confianza puede quedar cuando unas personas soportan una condena pública antes de juicio y otras se benefician de tiempos interminables. Qué autoridad moral tiene un sistema que parece implacable en algunos casos y extraordinariamente flexible en otros.

El caso de Begoña Gómez concentra muchos elementos preocupantes. Denuncia inicial de Manos Limpias, acusaciones populares ideológicas, líneas sucesivas de investigación, decisiones limitadas o corregidas por la Audiencia Provincial de Madrid, medidas cautelares severas y titulares permanentes. No hace falta afirmar mala fe para constatar un problema. Cuando una causa se expande, genera sospecha pública durante meses y solo después es corregida parcialmente, el daño ya está hecho.

El caso del fiscal general del Estado también ha dejado una sensación difícil de ignorar. La institución fue sometida a una presión judicial, política y mediática máxima. Hubo una condena, sí. Pero también un debate jurídico muy intenso, votos discrepantes y una utilización política descomunal de la causa. El problema no es que se investigue al fiscal general. El problema es si esa intensidad se aplica con la misma vara cuando las sospechas afectan a estructuras económicas, políticas o mediáticas vinculadas al bloque conservador.

Frente a esa intensidad, otras causas parecen moverse en otra dimensión temporal. Kitchen investiga una presunta operación parapolicial organizada desde el Ministerio del Interior para proteger al PP de información comprometedora de Luis Bárcenas. Hechos de 2013. Juicio oral iniciado en 2026. Trece años. Rodrigo Rato fue detenido en 2015 y condenado en 2024. Eduardo Zaplana fue detenido en 2018 y condenado en 2024. Nadie sensato quiere justicia sumaria. Las garantías importan siempre. Pero cuando unas causas tardan una década y otras se convierten en terremotos políticos inmediatos, el tiempo judicial deja de ser un detalle técnico. Se convierte en un hecho político.

Y hay una cuestión que conviene plantear sin rodeos. ¿Hemos visto un patrón equivalente en sentido contrario? ¿Hemos visto jueces identificados públicamente como progresistas impulsando causas expansivas contra dirigentes del PP, con acusaciones populares de izquierda, autos llamativos, medidas severas, titulares durante meses y correcciones posteriores? No lo hemos conocido. Los casos que conocemos van, de forma muy mayoritaria, en una dirección.

El precedente que la derecha suele invocar es Baltasar Garzón y Gürtel. Pero ese ejemplo no debilita la preocupación. La refuerza. Garzón instruyó una causa de corrupción que afectaba al PP, ordenó escuchas que fueron consideradas ilegales y el sistema reaccionó con la máxima dureza. Fue condenado e inhabilitado durante once años. Años después, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas apreció dudas objetivamente justificadas sobre la independencia y la imparcialidad del tribunal que lo juzgó. Ni siquiera aquel episodio puede presentarse como una prueba serena de equilibrio institucional. Más bien muestra hasta qué punto el sistema fue implacable con un juez incómodo para la derecha.

La acusación popular es una pieza esencial de este problema. En España puede cumplir una función útil, pero también se ha convertido en una puerta de entrada para que determinadas organizaciones y actores políticos conviertan la batalla partidista en batalla penal. El PP, Vox y su ecosistema han aprendido a usar determinados procedimientos judiciales como instrumentos de desgaste político. Y algunos juzgados les ofrecen una receptividad expansiva que después, demasiadas veces, debe ser limitada por tribunales superiores.

A eso se suma el papel de determinados medios. Basta una denuncia, una citación, una filtración o una frase llamativa de un auto para alimentar portadas y tertulias durante semanas. Luego puede llegar el archivo, la rectificación o la absolución parcial. Pero la sospecha ya se ha instalado. El daño ya ha sido hecho. La reputación ya ha sido golpeada.

España no tiene un problema con todos sus jueces. Sería falso e injusto decirlo. Hay miles de profesionales que trabajan con rigor, independencia y discreción. El problema es otro. Hay una mayoría cultural conservadora en espacios muy relevantes de la carrera judicial y del gobierno judicial. Y eso se refleja en asociaciones, nombramientos, resistencias a determinadas leyes y actuaciones concretas que, en causas de alto voltaje político, casi siempre parecen inclinarse en el mismo sentido.

Ese es el punto crítico. Cuando una resolución judicial se recibe automáticamente como victoria de un bloque político y derrota del otro, algo se ha roto. Cuando determinados autos parecen escritos para abrir telediarios. Cuando el corruptor colaborador puede evitar la cárcel mientras el sistema lanza una condena ejemplarizante sobre otros. Cuando las garantías se perciben como lentitud protectora para unos y castigo anticipado para otros. Cuando todo eso ocurre, no estamos ante un problema menor. Estamos ante un deterioro serio de la confianza democrática.

Y eso no se puede normalizar. No se puede esperar a que el desgaste siga avanzando. Callar ante esta situación sería una irresponsabilidad democrática. La confianza en las instituciones no se defiende tapando sus problemas. Se defiende corrigiéndolos.

Hay que actuar ya. Regular mejor la acusación popular para evitar su uso como arma partidista. Garantizar tiempos procesales razonables. Exigir motivaciones estrictas en medidas cautelares de gran impacto público. Reformar el gobierno judicial para reducir el reparto de cuotas y aumentar la transparencia. Revisar el acceso a la carrera judicial para que la justicia se parezca más a la sociedad a la que sirve. Y establecer controles efectivos para que la ideología de cada juez, inevitable como en cualquier persona, no determine la intensidad de una instrucción ni la dureza de una respuesta penal.

Esto no va de ganar una batalla partidista. Va de proteger la democracia. Porque sin confianza en la justicia, la democracia se debilita por dentro. El Estado de derecho no exige reverencia. Exige independencia, imparcialidad, garantías, proporcionalidad y rendición de cuentas. También de quienes juzgan.

El fenómeno no es nuevo, pero sí más visible. Desde hace meses, buena parte de la conversación pública en la Comunitat Valenciana se alimenta de una misma receta: primero se culpa al Gobierno de España de cualquier problema y luego se lanza una crítica “equitativa” que, en realidad, solo sirve para suavizar la responsabilidad de quien gobierna aquí. Todo envuelto en un tono de falsa serenidad que tranquiliza al lector y legitima el relato conservador sin mencionarlo.

En este contexto, hay dos tipos de críticos. Los primeros son los francotiradores mediáticos, los que van de frente y disparan sin pudor: su función es marcar el terreno y generar titulares. Los segundos son más eficaces: los que visten de intelectuales, se declaran “desencantados de la izquierda” y juran que solo buscan el bien común. Escriben con el ceño fruncido y un aire de decepción moral, pero en realidad trabajan para consolidar la idea de que la alternativa progresista ha perdido sentido. Su crítica no busca transformar nada, sino desmovilizar.

Ahí está la clave. No pretenden convencer al votante progresista de que cambie de bando, sino sembrar la duda, el desencanto y la apatía. La estrategia es sencilla: repetir que “todos son iguales”, que “la política ya no sirve”, que “la izquierda se ha alejado de la realidad”. Un mantra que, sin necesidad de propaganda oficial, desactiva la ilusión y la participación. No se trata de un debate intelectual, sino de una operación política que busca que nadie crea en nada, salvo en la inevitabilidad del poder conservador.

No es casual que esta corriente de opinadores se haya intensificado justo cuando el gobierno de Mazón muestra más costuras. Lo más sangrante fue su gestión de la DANA: mientras los municipios afectados aún esperaban respuestas, ya había quien pedía “no hacer política con las tragedias”, que “ahora no es momento de buscar culpables”. Un argumento tan cómodo como hipócrita, útil para quienes no quieren que se hable de gestión ni de responsabilidad. A fuerza de repetirlo, se ha instalado un discurso que pretende presentar al PP como sinónimo de moderación y eficacia, mientras reduce cualquier propuesta progresista a una mezcla de improvisación y nostalgia.

Cuando ese relato se repite desde tribunas que se autodefinen como “independientes”, el efecto es doble: se normaliza la mediocridad del poder y se erosiona la credibilidad de la alternativa. Es una operación política de manual, pero con apariencia de tertulia de café. Lo más preocupante no es la crítica en sí, sino la ausencia de rigor, el uso de medias verdades y la voluntad de confundir opinión con información. Quien convierte la crítica en arma partidista deja de analizar y empieza a justificar.

La ironía es que quienes se presentan como guardianes del pensamiento crítico son, en realidad, sus peores enemigos. Porque la crítica auténtica no se alimenta de prejuicios, sino de hechos; no busca destruir, sino mejorar. La izquierda, como cualquier proyecto transformador, necesita voces exigentes, que señalen errores y propongan caminos nuevos. Pero otra cosa es el coro de opinadores que confunden la autocrítica con el autoflagelo y la reflexión con la rendición.

Es verdad que la izquierda valenciana tiene tarea pendiente. Durante los años del Botànic se avanzó mucho: se redujo el paro, se mejoraron los servicios públicos y se devolvió dignidad institucional a la política. Pero aún queda mucho por hacer. Ahora toca reconstruir una alternativa progresista sólida, coherente y cercana a la gente. Y eso implica volver a hablar de lo que realmente importa: los salarios, la vivienda, la sanidad pública, la educación, la igualdad y la sostenibilidad. Todo lo demás —las polémicas prefabricadas, los titulares interesados, las columnas que disfrazan ideología de análisis— son distracciones al servicio de quienes quieren mantener las cosas como están.

La izquierda valenciana solo volverá a ganar la confianza de la mayoría si demuestra que su proyecto es útil, honesto y moderno. Y ese proyecto debe liderarlo quien tenga capacidad de diálogo, credibilidad institucional y ambición colectiva. Como ya ocurrió con los gobiernos del Botànic, ese liderazgo tiene nombre: el del Partido Socialista, que hoy encarna una nueva generación política con Diana Morant al frente.

Quienes confunden la crítica con la propaganda acabarán descubriendo que el cinismo no da votos. La gente distingue perfectamente entre quien trabaja para resolver los problemas y quien vive de contarlos. Y ahí es donde la izquierda, si se mantiene firme y unida, tiene una oportunidad inmensa: volver a ser la voz de la esperanza frente al ruido interesado de los falsos críticos y frente a un gobierno del PP y Vox que no solo no está resolviendo los problemas de los valencianos y valencianas, sino que los está agravando día a día. Por eso hay que pararlo, con convicción, con propuestas y con una alternativa capaz de devolver a esta tierra la confianza en un futuro mejor.

Quienes hemos seguido de cerca la evolución de los currículos de Historia en la Comunitat Valenciana sabemos que la realidad es muy distinta. El currículo de 2015, elaborado bajo la LOMCE, ya incluía de forma explícita el terrorismo dentro de los “desafíos de la consolidación democrática” en el último tercio del siglo XX.

El currículum aprobado en 2022, fruto de la LOMLOE y publicado en el Decreto 108/2022, no solo mantuvo esos contenidos, sino que los reforzó con un enfoque competencial y transversal de memoria democrática. En los saberes básicos de Historia de España aparecen referencias expresas a la “España desde 1939 hasta la actualidad”, a la “conciencia y memoria democrática”, a los “valores de la convivencia” y a los “problemas de la sociedad contemporánea”. Y en las situaciones de aprendizaje se habla de investigación histórica, debate y contacto con la memoria, lo que incluye necesariamente la reflexión sobre el terrorismo y la no violencia.

Aunque la palabra “ETA” no aparezca escrita en el decreto, las categorías competenciales obligan a trabajarla. El currículo no se limita a fechas: exige al alumnado reflexionar críticamente sobre la violencia, la democracia y el sufrimiento de las víctimas.

Aún más claro: los libros de texto de Historia de España, que hoy se utilizan en los centros valencianos que imparten la ESO y el Bachillerato, incluyen apartados específicos sobre ETA.

En ellos se explican los atentados durante la Transición, la violencia de los años 80 y 90, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el papel de los movimientos sociales contra ETA y el cese definitivo de la actividad armada en 2011. Incluso aparecen cuadros con el número de víctimas y actividades para analizar el impacto del terrorismo en la vida democrática.

Lejos de desaparecer, el tema se estudia con más recursos pedagógicos que nunca, desde una perspectiva que combina hechos históricos, memoria democrática y rechazo ético a la violencia.

Más allá del currículo oficial, durante la etapa del Botànic se impulsaron programas pioneros con el Ministerio del Interior, la Conselleria de Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Entre 2020 y 2023, decenas de institutos participaron en el proyecto Memoria y Prevención del Terrorismo, que incluyó unidades didácticas específicas, charlas de víctimas en las aulas y visitas al Centro Memorial de Vitoria.

El balance fue rotundo: casi el 100% del alumnado valoró como muy útiles los testimonios recibidos. Que Rovira ignore o, peor aún, niegue la existencia de este programa es otra forma de manipulación. El Botànic no borró ETA de la educación; lo que hizo fue poner a las víctimas en el centro de un aprendizaje que trasciende los manuales de texto.

Y mientras acusa falsamente a otros de borrar la historia, lo que sí ha hecho el propio Rovira es eliminar cursos de formación del profesorado sobre memoria democrática y antifascismo. Durante los últimos años, el profesorado valenciano pudo acceder a programas formativos que les ofrecían herramientas para trabajar en el aula cuestiones como el exilio republicano, la represión franquista o la pedagogía de la memoria. Esos cursos fueron suprimidos sin justificación pedagógica, siguiendo únicamente un criterio ideológico: borrar la memoria incómoda.

Resulta paradójico: quienes claman contra un supuesto silencio sobre ETA son los mismos que silencian la enseñanza sobre el fascismo, la dictadura y las luchas democráticas que nos devolvieron las libertades.

La mentira de Rovira busca sembrar la duda sobre el compromiso de la escuela pública con la verdad histórica. Pero ese compromiso se demuestra tanto en los currículos oficiales como en los programas desarrollados con víctimas, instituciones y asociaciones. La verdadera amenaza no está en los currículos del Botànic, sino en la tentación de quienes hoy gobiernan de borrar todo lo que no encaje en su marco ideológico.

Por eso conviene ser claros: Rovira falta a la verdad cuando dice que el alumnado valenciano dejó de estudiar ETA. El alumnado lo sigue estudiando en el currículo oficial, en los libros de texto y en programas de memoria democrática. Lo que sí ha hecho Rovira es amputar la formación en antifascismo del profesorado, un retroceso inaceptable en un país que todavía arrastra las heridas del franquismo.

La educación no puede estar al servicio de la mentira. Necesitamos una escuela que enseñe toda la historia, desde la dictadura y la transición hasta el terrorismo de ETA y la violencia política. Una escuela que ponga en valor a las víctimas, que fomente el pensamiento crítico y que sepa que recordar no es reabrir heridas, sino cerrarlas de manera justa y democrática. Frente a quienes mienten, recortan y manipulan, la mejor respuesta es la verdad. Esa es la diferencia entre quienes creen en la educación como herramienta de memoria y democracia, y quienes solo la usan como instrumento de propaganda.

Las medidas contra la corrupción, que habrá que seguir mejorando, representan un compromiso con la ética pública: proteger a quienes denuncian, endurecer sanciones a los corruptores, revisar los contratos públicos, establecer una agencia independiente. Pero el verdadero mensaje no está solo en el contenido técnico. Está en la actitud. Pedro Sánchez no ha dimitido, no porque no sepa hacerlo, sino porque entiende que gobernar también implica sostener el timón cuando arrecian los ataques. Ha pedido perdón, ha rectificado, ha actuado. Y ahora toca seguir.

El debate de fondo no es solo sobre la corrupción. Es sobre el rumbo. Porque hay quienes no quieren una política más limpia: quieren un país sin política. Un país gobernado por lobbies, algoritmos o pulsos de poder sin legitimidad. Lo que está en juego no es solo una legislatura: es la confianza en que la democracia sirve para algo. Y si quienes la representan se retiran cuando más falta hacen, entonces habrán ganado los que siempre han querido desprestigiarla.

Por eso no basta con decir que no todos somos iguales. Hay que demostrarlo con hechos. Y los hechos, hasta ahora, demuestran que este Gobierno ha actuado. Se ha subido el salario mínimo como nunca antes, se ha aprobado una ley de vivienda pionera para frenar abusos y proteger a los inquilinos, se han blindado las pensiones conforme al IPC, se ha invertido en Formación Profesional, se han desplegado miles de millones en fondos europeos para la reindustrialización, se ha liderado la respuesta europea ante la pandemia, y se ha aprobado una ley de formación profesional, una ley de ciencia y otra de universidades que dignifican el conocimiento. Pero todo eso —que ha costado años de acuerdos y de enfrentarse a múltiples resistencias— no puede quedarse a medio camino. Hay que avanzar más.

Porque los problemas estructurales siguen ahí. La transición ecológica no puede esperar: urge acelerar el cambio de modelo energético, apoyar a los sectores afectados, y garantizar que sea una transición justa. El acceso a la vivienda debe dejar de ser un privilegio, especialmente para las nuevas generaciones. La sanidad pública, aunque reforzada, necesita más plantilla, más tiempo y más financiación. La educación, clave para la cohesión social, requiere reducir la segregación, impulsar la equidad, reducir la ratio de alumnado por aula, y seguir avanzando hacia centros más coeducativos y más inclusivos. La financiación autonómica —bloqueada desde hace más de una década— exige una solución que garantice la suficiencia y equidad entre territorios. El sistema de cuidados debe consolidarse como un nuevo pilar del estado del bienestar. No estamos ante una legislatura de mantenimiento: estamos ante la oportunidad de dar un salto cualitativo en derechos, en cohesión y en justicia social. Y esa oportunidad no puede ser abandonada.

La ciudadanía no pide heroicidades. Pide gobiernos que escuchen, que actúen, que no se escondan. Y este Gobierno tiene la responsabilidad de demostrar que se puede salir de una crisis con más democracia, no con menos. Que se puede gobernar sin negarlo todo ni aceptarlo todo. Que se puede limpiar y transformar a la vez.

Es cierto que hay una herida abierta. Y que no se cierra solo con discursos. Hace falta más participación, más control interno, más protagonismo de la sociedad civil organizada. Pero también hace falta convicción. Porque si la izquierda duda de su papel cuando más se la necesita, entonces pierde no solo el poder, sino también la razón de ser.

No se trata solo de sostener a Pedro Sánchez. Se trata de sostener un proyecto político que protege a la mayoría social. Un proyecto que ha hecho más por la redistribución, los derechos y la justicia social en cinco años que otros en décadas. No se puede tirar por la borda porque tres personas traicionaran la confianza que se les dio. No podemos regalarle la decepción a quienes siempre quisieron desmontar el Estado del bienestar y abrirle la puerta a la ultraderecha.

Hoy, hacer política con dignidad significa limpiar, sí. Pero también significa gobernar con ambición, defender lo conquistado, y no ceder ni un palmo a quienes quieren sustituir la política por la antipolítica. Resistir no es suficiente. Hay que avanzar. Y para eso hace falta liderazgo, convicción... y coraje colectivo.

Equivocada no por lo que desea —una política ejemplar, basada en la ética y en el servicio público— sino por lo que propone como solución: que el presidente dimita para proteger el legado, salvar la democracia y contener a la ultraderecha. El problema es que la experiencia reciente y los hechos concretos contradicen esa expectativa.

Cuando Javier Cercas dice que la dimisión sería la “mayor victoria” de Pedro Sánchez, está sugiriendo que sería un acto de redención personal y política, una forma de elevarse moralmente por encima de la polémica. Le permitiría salvar su legado: demostrando que pone por delante el bien común antes que el poder. Convertiría su salida en un gesto de pureza, generosidad y responsabilidad, que contrastaría con la corrupción o la manipulación.

Presentar la dimisión como un sacrificio noble, cuando el mandato es legítimo y el proyecto está vivo, es más estético que ético. Esto no va de sacrificios morales ni de claudicaciones tácticas. Esto va de gobernar con firmeza y transformar desde dentro.

El ejemplo que el propio Cercas elige, la dimisión de António Costa en Portugal, debería bastar para alertarnos. Costa dimitió ante la apertura de una investigación judicial que aún no lo ha señalado directamente. Fue aplaudido por su gesto. Pero el resultado fue desastroso: su partido se hundió, perdió el Gobierno, y hoy la extrema derecha es segunda fuerza en Portugal. La decencia del líder no evitó el daño político; lo aceleró. ¿Estamos seguros de que repetir ese camino nos fortalecería?

La situación de Pedro Sánchez no es la misma. No hay una investigación judicial abierta contra él. Lo que existe es una ofensiva político-mediática, sostenida por ciertos sectores judiciales, que busca desgastar su figura. Ante eso, ¿cuál es el gesto valiente? ¿Dimitir y abrir un vacío de poder? ¿O sostenerse con firmeza, seguir gobernando, depurar responsabilidades y demostrar que se puede resistir con las manos limpias?

La propuesta de Cercas se apoya también en la idea de que el Gobierno de Sánchez ya no cumple su función de contención frente a la extrema derecha. Pero los datos no acompañan esa afirmación. Vox ha retrocedido elección tras elección. No hay que confundir las previsiones de las encuestas con los datos electorales. El bloque progresista ha resistido frente al clima hostil y a la presión. Y el Ejecutivo ha seguido aprobando reformas sociales que cambian la vida cotidiana de millones de personas. ¿Se contuvo mejor a la ultraderecha en Portugal después de la dimisión de Costa?

Otra de las claves del artículo es su sugerencia de que, con la salida de Sánchez, sería posible alcanzar un gran acuerdo entre PSOE y PP para reforzar la democracia. Es un deseo legítimo. Pero parte de una ilusión. El actual Partido Popular ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante cinco años. Ha pactado con Vox en gobiernos autonómicos. Ha sostenido un discurso de ilegitimidad hacia el Ejecutivo desde el minuto uno. ¿Qué garantías hay de que, sin Sánchez, la actitud del PP vaya a cambiar? ¿Y qué legitimidad tiene pedir la salida de un presidente democrático para complacer a una oposición que ha convertido el no en bandera?

El texto de Cercas es también una reflexión sobre el poder. Advierte —con razón— que el poder puede aislar, volver ciego, endurecer. Y que saber marcharse a tiempo es una forma de grandeza. Es cierto. Pero también lo es que el poder, en democracia, se ejerce con rendición de cuentas, con mecanismos de control, con mandato parlamentario. Y hoy, Pedro Sánchez tiene ese mandato. No mantenerlo por ambición personal, sino por convicción institucional. Porque sabe que no puede dejar caer un proyecto de país por el ruido interesado de quienes nunca aceptaron el resultado electoral.

No se trata de aferrarse al cargo. Se trata de no regalarle la victoria a quienes no buscan regeneración, sino desmantelamiento. No buscan dimisión ética, sino rendición política. No quieren justicia, sino revancha.

La dignidad también se demuestra gobernando. Corrigiendo errores. Asumiendo responsabilidades. Haciendo limpieza dentro de casa y manteniendo el rumbo. Pedro Sánchez ha dado señales inequívocas de que ese es el camino. Ha pedido perdón. Ha reaccionado con rapidez ante los escándalos. Ha defendido a su Gobierno, sin esconder los fallos ni confundir la lealtad con la complicidad.

Javier Cercas firma un alegato moral. Pero la política no se construye solo con buena voluntad. También con análisis riguroso, memoria reciente y sentido estratégico. Y hoy, lo más útil para la izquierda, para el PSOE y para la democracia no es una renuncia simbólica. Es una dirección clara, una organización regenerada, y un liderazgo firme que sepa actuar con la cabeza alta y las manos limpias.

En ese contexto, el Comité Federal del PSOE celebrado este fin de semana no fue un ejercicio de autocomplacencia, sino el inicio de un proceso de regeneración imprescindible. Se han asumido errores, se ha pedido perdón, y se han anunciado los primeros cambios en la estructura del partido para evitar que puedan repetirse situaciones que nunca debieron producirse. Sin sobreactuar, pero con determinación, el PSOE ha empezado a hacer lo que se espera de una organización responsable: tomar decisiones internas, reforzar los controles y sostener el rumbo político con firmeza democrática. No se trata de cerrar la crisis en falso, sino de abrir una nueva etapa con mayor exigencia. Muchos votantes progresistas esperan que, el próximo día 9 de julio, Pedro Sánchez anuncie en el Parlamento las medidas institucionales que acompañarán esta renovación. La respuesta no es la renuncia, sino la corrección. No es el repliegue, sino la voluntad de avanzar con más transparencia y más responsabilidad.

Por contraste, el Congreso del Partido Popular ha ofrecido un espectáculo de autoafirmación vacío, revestido de promesas genéricas que solo parecen pensadas para titulares. Diez medidas que Núñez Feijóo aplicaría cuando llegue a La Moncloa. Entre ellas: bajar impuestos, aumentar los médicos de familia, resolver el problema del agua o garantizar la libertad lingüística. Todo junto, todo a la vez. Pero mientras se presenta como adalid de la moderación y del sentido de Estado, el PP aplaude con entusiasmo a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, cuya gestión durante la catástrofe de la DANA sigue sin una explicación coherente. Su desaparición en los días más graves del desastre, y su incapacidad para dar respuesta a las familias afectadas, no han impedido que sea recibido como un referente por sus compañeros de partido. Es difícil hablar de regeneración democrática mientras se vitorea al símbolo de la desidia institucional. Ese contraste —entre la retórica regeneradora y los hechos— es el que vacía de contenido el discurso de alternativa seria con el que Feijóo quiere revestirse.

Porque la victoria más alta no está en marcharse. Está en quedarse para seguir transformando la realidad, con coraje, con ética y con justicia.

Cada vez que hay primarias, hay compañeros y compañeras que utilizan como argumento que no debería haber un candidato alternativo, porque no hay motivo para cambiar al que está. Pero esta elección no es sobre la valía personal de ninguno de los dos candidatos. Tanto Carlos como Robert son magníficos alcaldes y dirigentes del PSPV, respaldados por sus ciudadanos en las urnas. No estamos eligiendo quién es el mejor como alcalde, tampoco estamos eligiendo al cabeza de cartel para las elecciones autonómicas, sino que estamos eligiendo quién es más idóneo para liderar la provincia con el objetivo de que Diana Morant gane la Generalitat y el PSPV recupere el máximo de gobiernos locales en 2027.

En 2017, cuando Ximo Puig llevaba solo dos años como president de la Generalitat Valenciana, tras 20 de gobiernos del PP, hubo compañeros y compañeras que apoyaron la candidatura de Rafa García en primarias. Lo hicieron porque consideraban que, a pesar de todo, un cambio en la dirección del PSPV podía fortalecer al partido y ayudarnos a ganar las elecciones de 2019. Hoy, el contexto es distinto, pero el planteamiento es el mismo: hay quienes piensan que la mejor opción para fortalecer al PSPV es Bielsa, y otros pensamos que la mejor opción es Raga.

Mi mayor aprendizaje en mis más de cuatro décadas de militancia en el PSPV, de las cuales dos décadas han sido en la Comisión Ejecutiva como responsable de Educación o de Formación, es que estamos en un proyecto colectivo.

Por eso, en estas primarias, debemos elegir a una persona que sepa hablar en primera persona del plural, que entienda que el partido no es una suma de individualidades, sino un equipo en el que todos sumamos.

Un PSPV que trabaje desde la provincia para la victoria en 2027

La secretaría general de la provincia de Valencia debe ser mucho más que un cargo institucional dentro del partido. Su principal tarea es fortalecer la estructura del PSPV en toda la provincia, especialmente en aquellos municipios donde estamos en la oposición y debemos reconstruir la confianza de la ciudadanía. También debe articular un equipo que apoye a Diana Morant, asegurando que su liderazgo como candidata a la Generalitat esté respaldado por una dirección provincial cohesionada y activa. Además, es fundamental que potencie las comarcas, como forma de reforzar a las agrupaciones locales y garantizando que el PSPV sea un espacio participativo donde todas las voces cuenten. Pero, sobre todo, debe colaborar con la comisión ejecutiva nacional en la elaboración de la estrategia electoral de 2027, diseñando una hoja de ruta clara para que el PSPV consiga el máximo de gobiernos municipales, la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana.

Robert Raga reúne todas estas cualidades. Tiene la visión necesaria para trasladar ese modelo de trabajo al conjunto del PSPV provincial, con un liderazgo basado en la cercanía, la participación y la construcción de un equipo fuerte en toda la provincia.

El reto que tenemos por delante es enorme: recuperar la Generalitat en 2027. Y eso no se conseguirá sin una dirección provincial que esté completamente volcada en apoyar a Diana Morant y en reforzar la estructura del PSPV en todas las comarcas y en todos los municipios.

Diana Morant representa el socialismo moderno, progresista y transformador, y para que su liderazgo se consolide como una alternativa real, necesita el respaldo de un PSPV provincial fuerte, organizado y en sintonía con la estrategia autonómica. Robert Raga tiene esa visión y esa capacidad de trabajo en equipo.

El domingo 2 de marzo, los militantes del PSPV en la provincia de Valencia tenemos en nuestras manos una decisión clave para nuestro futuro. No se trata de elegir un nombre, sino un equipo; no se trata de un cargo, sino de una estrategia para ganar en 2027.

Si queremos un PSPV más fuerte, más unido y preparado para gobernar, la mejor opción es apostar por Robert Raga.