No ha sido un camino fácil, durante años partidos mayoritarios e instituciones intentaron pasar página y silenciar la lucha y la matanza de Vitoria en 1976 porque contradecían su relato de una Transición que ni fue modélica ni pacífica. Hoy hay consenso en considerar que esa lucha, y la solidaridad que generó, fue determinante para hacer fracasar los intentos de reformar el franquismo e impulsó de forma decisiva las libertades. Sin embargo, los dirigentes obreros renunciaron a la ruptura democrática propiciando una Transición que mantuvo intactos resortes del poder franquista y legitimó la injusticia y la impunidad con las víctimas. 

Cien mil personas participamos en el funeral de los tres primeros asesinados aquel aciago día, la mayor manifestación contra la dictadura fascista que se resistía a morir matando. Durante el recorrido, miles de brazos se alzaban haciendo el signo de victoria. La brutal intervención policial no pudo empañar el éxito de una huelga general que consiguió el apoyo de todo el pueblo de Vitoria con una clase trabajadora que durante dos meses demostró su capacidad de lucha y sacrificio enfrentándose a una patronal intransigente enriquecida bajo la dictadura gracias a leyes criminales y una represión sistemática del movimiento obrero.

Pagamos un precio muy alto, pero los asesinatos de Pedro María, Francisco, Romualdo, José y Bienvenido, acribillados a quemarropa al disolver la Policía una asamblea obrera, concitaron la solidaridad de medio millón de personas en la huelga general más importante de Euskal Herria, y amplia contestación en el Estado y en el mundo, con dos nuevos asesinatos en Basauri y Tarragona.

Los asesinatos de Vitoria fueron terrorismo de Estado y no una “respuesta policial abusiva”, como ha declarado recientemente una dirigente del partido socialista. Esa sutil diferencia impide que se consideren delitos de lesa humanidad, que ni prescriben ni pueden ser amnistiados, y establece víctimas de primera y de segunda categoría. Sin órdenes o autorización del Gobierno franquista, el gobernador civil no hubiera violado el concordato de 1953 con la Santa Sede, que prohibía entrar en las iglesias, ni la Policía hubiera intervenido tan fría y premeditadamente.

Además, las instrucciones de “no os importe matar”, dadas cuando Manuel Fraga y Rodolfo Martin Villa eran ministros de Interior, avalan que fueron crímenes de Estado. No fueron los únicos. Hubo más de cien asesinatos de trabajadores y personas de izquierdas, como el de los Sanfermines de 1978, desde la muerte de Franco hasta que se aprobó la Constitución. Por eso, es necesario que el Gobierno de España reconozca, pública y políticamente, que existió violencia de Estado. 

Defendiendo lo más básico; poder elegir a nuestros representantes, un sueldo decente, y una jornada laboral digna, conquistamos las libertades ejerciéndolas, y nos enfrentamos al poder económico que tenía a su servicio el sindicato vertical, las instituciones, las leyes, los medios de comunicación y la Policía. Nos golpearon, nos despidieron, nos detuvieron, nos torturaron, nos balearon, nos asesinaron. Pero no pudieron doblegarnos.

No nos regalaron nada, todo hubo que conquistarlo. Conseguimos romper los topes salariales, mejoras laborales, reconocimiento de asambleas y Comisiones Representativas, readmisión de despedidos, garantizar el puesto de trabajo a los detenidos, que se potenciarán las asociaciones de vecinos y se pusiera en pie un movimiento propio de las mujeres, pero después hubo que seguir luchando porque bajo el capitalismo ninguna mejora es estable ni permanente. 

Hoy sobran razones para seguir peleando. El constante incremento de los ritmos de trabajo aumenta las bajas laborales por trastornos mentales, la subida de los precios adelgaza los salarios en favor de los beneficios del capital. Interminables cadenas de subcontrataciones recaen en las empresas con empleos más precarios, las mujeres ganan un 30% menos que los hombres, la jornada aumenta porque se obliga a meter horas extras que en muchos casos no se pagan, los precios de la vivienda están por las nubes debido a la especulación, la sanidad, la educación o la dependencia se deterioran y se privatizan, el fraude y la elusión fiscal de las grandes empresas son endémicos, y la desigualdad es creciente. 

La crisis del capitalismo y la disputa por la hegemonía imperialista incrementan el militarismo y la agresividad, las migraciones masivas, el negacionismo climático de la extrema derecha, la dictadura de las plataformas digitales, la degradación del planeta, o los planes para hacer negocios con los genocidios y el sufrimiento de millones de personas, mientras se aplican leyes, como la ley mordaza, que criminalizan la protesta y atacan de raíz derechos que han costado sangre, sudor, y lágrimas conseguir. Sin embargo, la clase trabajadora seguimos ocupando la centralidad social y económica, y la historia enseña que podemos ocupar también la centralidad política, impulsando cambios profundos en la sociedad.

Ahora mismo, en Euskadi, más de 50 empresas o sectores afectando a miles de trabajadores están en huelga. El movimiento pensionista lucha para mejorar las pensiones de miseria de miles de mujeres que no cotizaron lo suficiente por dedicarse a tareas de cuidados, de menores y personas dependientes, porque el PSE-EE y PNV ni siquiera permiten que se debata en el Parlamento Vasco, a pesar de haber recogido más de 145.000 firmas de apoyo.

El próximo día 17 de marzo hay una convocatoria de huelga general en Euskal Herria en favor de un salario mínimo de 1.500 euros, lo que beneficiará a mujeres, personas migradas y jóvenes, y reducirá la pobreza y la precariedad. Buen momento para recuperar lecciones del 3 de marzo. La organización, la solidaridad, la unidad de acción o la extensión y coordinación de las luchas, mientras seguimos defendiendo la verdad, la justicia, la reparación y un Memorial del 3 de marzo que contribuya a conseguir esos objetivos.

Cinco asesinados, cinco, y más de cien heridos, muchos de bala. En la flor de la vida. Acribillados a sangre fría tras disolver la policía por la fuerza una asamblea obrera de miles de personas en la iglesia de San Francisco, en el barrio obrero de Zaramaga. La muerte llegó sin avisar dejando un vacío y un dolor inmensos. 

La campaña estatal “España en libertad”, conmemorando el 50 aniversario de la muerte del fascista Franco, intenta blanquear la llamada Transición, perpetuando un relato mistificado y eludiendo cualquier revisión crítica que explique la alargada sombra de la dictadura en la actualidad. 

La década de los setenta alumbró el despertar del movimiento obrero en nuestro país, al calor de las movilizaciones masivas contra la crisis económica en Francia, Gran Bretaña o Italia, y de los movimientos revolucionarios en Grecia y Portugal en 1974. Franco no pudo acudir en ayuda de sus amigos dictadores, abandonó el Sahara cuando Marruecos lo invadió en 1975, conoció la descomposición de su ejército cuando militares de alta graduación formaron la Unión Militar Democrática, obtuvo una contestación masiva cuando dictó sus últimas condenas de muerte, y no era ya útil para un poder económico, enriquecido mediante leyes criminales y la represión sistemática del movimiento obrero, que necesitaba frenar los aumentos salariales. El invierno del 76 más de un millón coincidimos en las huelgas, la mitad tan sólo en Madrid, donde Correos, Renfe y el Metro fueron militarizados. Las huelgas culminaron con los asesinatos de Vitoria que fueron contestados con la huelga general en Euskal Herría, más de medio millón de participantes, y múltiples actos de protesta en todo el Estado y en el mundo, reprimidos con dos nuevos asesinatos en Basauri y Tarragona. Aquí aprendió la dictadura que la represión estimulaba la lucha y no era posible una reforma sólo de fachada. 

Sin embargo, en contradicción con el protagonismo y fuerza de la clase trabajadora, los dirigentes obreros dejaron a los franquistas la iniciativa política y renunciaron a defender la ruptura democrática. La Transición ni fue pacífica, más de cien opositores asesinados y miles torturados por el Estado y las bandas fascistas hasta 1980, ni fue democrática, especialmente las primeras elecciones en junio del 77, con un sistema electoral apañado y los franquistas manejando el poder estatal y municipal. Cuatro meses después se firmaba la Ley de Amnistía, que amparaba la impunidad y la injusticia, días después los Pactos de la Moncloa, básicamente un tope salarial, a cambio de promesas que nunca se cumplieron, y más tarde una Constitución en la que la monarquía, el ejército, la Iglesia y el capital blindaban sus intereses. Así nació un nuevo régimen cuyas secuelas padecemos aún; déficit de recursos en el sector público, sistema electoral poco representativo, conservadurismo en aparatos del Estado, como el judicial y policial, y en medios de comunicación, enseñanza parcial y sesgada sobre la historia reciente, o privilegios de la Iglesia Católica.

Por eso seguimos diciendo ¡justicia popular para los asesinos!, porque, citando a Neruda: “Mil noches caerán con sus alas oscuras, sin destruir el día que esperan estos muertos. Un día de justicia conquistada en la lucha, y vosotros hermanos caídos en silencio, estaréis con nosotros en ese vasto día de la lucha final, en ese día inmenso”. 

La última resolución del renovado Tribunal Constitucional (17/6/24) ratifica la jurisprudencia que impide juzgar los asesinatos y torturas de la dictadura como “crímenes de lesa humanidad” que ni prescriben ni pueden ser amnistiados. La razón principal del alto tribunal se basa en el principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege) argumentando que dichos delitos no estaban tipificados cuando se cometieron, en plena dictadura. Desprecio absoluto del Derecho Internacional, de los Informes de Naciones Unidas, o de la Ley de Memoria Democrática. Hay que seguir luchando para quebrar este modelo de impunidad mientras seguimos apoyando la Querella Argentina que ha decidido rechazar la solicitud del fascista Martín Villa de que se archive su causa como imputado en veinte asesinatos cuando era ministro de la dictadura. La última querella admitida a trámite en nuestro país, por el asesinato de Teófilo del Valle en la lucha del calzado de Alicante el 24/2/76, y la de Carlos Serrano por torturas, ni son las primeras ni serán las últimas. 

Con el tiempo se agranda la épica de aquella huelga en la que aprendimos que sólo la lucha paga. Aquella juventud de entonces somos las personas pensionistas que seguimos peleando hoy, y aquellas mujeres que estuvieron en primera línea de combate, discriminadas, como hoy, en las categorías peor pagadas, o relegadas tras el matrimonio a trabajos a domicilio para las empresas, dedicadas toda su vida a tareas de cuidados de menores y familiares dependientes, son quienes hoy perciben pensiones de miseria que el Parlamento Vasco puede y debe equiparar al SMI porque tiene competencias y recursos.

El futuro es incierto, pero la relación capital-trabajo sigue siendo central y exige organizarse y responder unitariamente por encima de cualquier frontera nacional, forjando un proyecto alternativo que anteponga la satisfacción de las necesidades humanas y de la reproducción de la vida a los intereses del capital. Mientras tanto, trabajemos para que el Memorial 3 de marzo esté operativo cuanto antes y sirva para contribuir a la memoria, la verdad, la justicia, y la reparación.