Pronto se cumplirán 28 años desde que Ana Orantes abriera los ojos a toda una sociedad con su relato. 28 años desde que contó en televisión la violencia continuada a la que su exmarido la había sometido. Ese exmarido con quien la justicia la obligó a convivir y que la acabaría quemando viva pocos días después. 28 años de aquel acto de coraje que supuso un antes y un después.

Después de que el testimonio de la granadina pusiera voz a tantas y tantas mujeres, y gracias al empuje incansable del movimiento feminista, llegaron una ley pionera que suponía el reconocimiento de la violencia machista en el código penal y la necesidad de políticas públicas para luchar contra ella. Se empezó también a llevar la cuenta de las mujeres asesinadas: una cifra que, aun sin recoger todas las violencias, nos recuerda año tras año, como un goteo insoportable, que queda mucho camino por recorrer.

Desde que Ana dijese en televisión que ella “no se expresaba bien” (se equivocaba, poca gente se ha expresado tan bien a lo largo del a historia), también vino una ola feminista que provocó un tsunami morado en las calles de cada ciudad y cada pueblo del estado, en ese potente 2018 que gritaba que nos queremos vivas, libres, y sin miedo.

En Euskadi nuestra memoria feminista nos recuerda que todo el camino recorrido nos ha servido para poner de manifiesto que la violencia machista es un problema estructural de nuestra sociedad que requiere medidas también estructurales. 

Desgraciadamente, en los últimos años asistimos a la llegada de una tendencia reaccionaria que nos dice que la violencia machista no existe, que son algunos casos puntuales o que el problema lo traen ciertos hombres que vienen de fuera, con otra cultura y otras costumbres. Este discurso lo tiene perfectamente engrasado la extrema derecha europea que ha encontrado en la seguridad de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ el argumento para generar el odio hacia las personas migrantes. Endurecen las políticas migratorias para protegernos de un supuesto peligro que viene de fuera. A la extrema derecha autóctona parece que le cuesta más adoptar ese discurso ya que, con esa estética de señorito de toda la vida, se le ven demasiado las costuras, pero cada vez lo tienen más presente. 

Quizás resulte complejo tener esto presente a veces en Euskadi, donde la extrema derecha no desfila con grandes banderas ni llena platós como en otros lugares del Estado. Aquí no tiene la misma presencia institucional ni la misma estética, pero eso no significa que estemos a salvo. La negación de la violencia machista, el cuestionamiento constante de nuestras luchas, la burla y la minimización también se cuelan en nuestras conversaciones, en nuestras redes, en nuestros lugares de trabajo... Es un discurso que poco a poco puede calar, apareciendo disfrazado de escepticismo, de falsa neutralidad, de “sentido común”. Y esa estrategia, silenciosa pero persistente, es igual de peligrosa porque desplaza el debate, desactiva conciencias y legitima que se recorten derechos sin necesidad de grandes discursos ni de banderas desplegadas.

Frente a ello, este 25N debemos tomar las calles para gritar alto y claro que quienes niegan la violencia machista, quienes le niegan la existencia a las personas LGTBIQ+ nunca garantizarán nuestra seguridad ni nuestros derechos. Tenemos que decir con fuerza que nuestra mayor amenaza son ellos, que son ellos quienes obligaron a Ana a vivir bajo el mismo techo que su asesino, que son ellos quienes han quitado los derechos a las mujeres trans en Inglaterra y en EEUU, que son ellos los que afirmaron que hubo jolgorio en el caso de la Manada, que son ellos quienes le preguntaron a la madre de Nagore Laffage si su hija era muy ligona. Son ellos quienes intentan convencer a nuestra juventud de que la violencia machista es un bulo, de que muchas de las denuncias son falsas y de que las políticas de igualdad son discriminatorias. Son ellos los que, allá donde gobiernan, estrangulan los recursos públicos destinados a la protección de las mujeres.

No podemos despistarnos ni un segundo. Cada retroceso, cada duda o cada intento de relativizar la violencia machista es una puerta abierta para perpetuarla. Queremos reivindicar la radicalidad de nuestras demandas, de la lucha feminista; poner la violencia machista en el centro, exigir medidas estructurales y visibilizar cada agresión. Cualquier discurso que se desvíe de esto, que minimice, banalice o posponga la urgencia de actuar, debe ser señalado y cuestionado, porque nuestra seguridad, nuestros derechos y nuestra dignidad no admiten medias tintas.

Salgamos a la calle un año más a dejar alto y claro que la violencia machista se combate con medidas estructurales, con recursos públicos, con derechos laborales y garantías económicas, con atención integral para las víctimas y con implicación de toda la sociedad. 

Que nuestras plazas y nuestras calles recuerden a Ana Orantes y a cada mujer asesinada, y que reflejen la fuerza de un movimiento feminista que aquí lleva décadas construyendo redes, solidaridades y luchas colectivas. 

No vamos a olvidar, no vamos a dar ni un paso atrás, porque la memoria, la organización y la solidaridad son la mejor garantía de que la violencia machista no tenga cabida en nuestras vidas ni en nuestros pueblos y ciudades. Euskadi se levanta cada 25N, y seguiremos haciéndolo con fuerza hasta que la igualdad y la seguridad sean realidad para todas.

Todo comienza por una letra que les sobra, pero quien empieza borrando una realidad termina allanando el camino para borrarnos a todas las personas. Lo ocurrido en Gasteiz la semana pasada con motivo del Orgullo es la expresión coherente de una deriva: el Partido Socialista, de la mano del Partido Popular, firmó una declaración institucional eliminando la letra Q del acrónimo LGTBIQA+. Lo hizo mutilando el texto elaborado por Berdindu —el servicio público de atención a la diversidad sexual y de género—, dejando fuera al resto de grupos municipales, y alineándose con el partido que se manifestó junto a la Conferencia Episcopal contra el matrimonio igualitario, y que durante décadas ha sostenido y sigue difundiendo bulos contra las infancias trans.

Reducir una sigla puede parecer un detalle menor, pero aquí lo simbólico no es accesorio ni decorativo: es estructural. Porque cuando lo queer desaparece del lenguaje institucional, no es la gramática lo que se reduce, sino el campo de lo posible: nos están diciendo que el conflicto real no es con quienes votaron en contra de la Ley Trans, sino con quienes encarnan las formas de vida que esa ley protege. Pero esta historia no empieza aquí. Lo de Gasteiz no es una anécdota, sino el reflejo local de una tendencia global: la rendición progresiva del PSOE ante los marcos culturales y discursivos de la reacción conservadora.

En los últimos años hemos asistido a una secuencia sostenida de retrocesos dirigidos contra las personas trans, intersexuales y no binarias en contextos donde los derechos se empezaban a dar por consolidados. En Estados Unidos, la administración de Trump ha reinstaurado la obligación de declarar el sexo asignado al nacer en los pasaportes, forzando a miles de personas a portar un documento que no sólo niega su identidad, sino que las expone, limita su libertad y vulnera su seguridad. En Reino Unido, una reciente sentencia ha excluido a las mujeres trans de la definición jurídica de “mujer” con el aplauso cínico de J.K. Rowling, que brindó la pérdida de derechos con un puro en la mano, convertida ya en símbolo grotesco de una cruzada contra las mujeres trans. En Hungría, la marcha del Orgullo se encuentra en riesgo ante las amenazas del gobierno de Viktor Orbán, que continúa ampliando su ofensiva autoritaria y liberticida bajo el barniz de la moral y la censura. Y en España, territorios como Madrid y el País Valencià han impulsado reformas legislativas que erosionan los derechos conquistados e impiden a asociaciones LGTBIQA+ realizar su trabajo con garantías.

Ahora bien, es importante señalar que la ofensiva contra las personas trans no es un fin en sí mismo, sino un punto de entrada: un spoiler político de lo que está por venir. Quienes egoístamente se consuelen pensando que la regresión se detendrá ahí —como si los retrocesos pudieran administrarse— tristemente se equivocan. La ola reaccionaria ha señalado a las personas trans como su principal objetivo porque ha detectado en ellas el eslabón más débil desde el que abrir una grieta: una oportunidad para dividir a los feminismos, fracturar el campo progresista y ensanchar el margen de lo odiable. Y lo hace con eficacia quirúrgica, delegando la primera embestida en un movimiento transexcluyente que no es más que una mala copia, una versión subcontratada y cutre del proyecto original: el avance de los discursos, partidos y organizaciones de extrema derecha. Mientras estos ganan poder institucional en gobiernos, ocupan espacios mediáticos y capturan estamentos clave del Estado, otros les abren el camino disfrazando de “debate legítimo” lo que no es más que una forma refinada de deshumanización. Y cuando el proyecto reaccionario se despliegue por completo en gobiernos, medios, leyes y cuerpos, ya no importará quién fue la feminista clásica, quién la posmoderna y quién la radical; tampoco quién calló por prudencia o quién se desmarcó por cálculo. Porque el objetivo no es sólo una letra ni una identidad concreta, sino el colapso del tejido común que hace posibles nuestros derechos, nuestras alianzas y nuestras propias vidas.

En el contexto de avance de la extrema derecha, que arrasa sin pestañear derechos y vidas humanas, mientras contemplamos en tiempo real la impunidad con la que se comete un genocidio en Gaza —amparado, en muchos casos, por un pinkwashing que instrumentaliza a las personas LGTBIQA+ como coartada para la ocupación y la violencia— no hay margen para la ambigüedad: la única posición coherente para las fuerzas democráticas es un compromiso valiente, sin matices, con los derechos humanos en toda su radicalidad. En este escenario, eliminar una sigla no es un gesto simbólico ni una cuestión de forma: es una rendición y capitulación política. Porque detrás de cada letra hay personas concretas, historias y memorias vulneradas, cuerpos que han resistido. Personas que no necesitan el permiso de nadie para ser, pero que sí exigen reconocimiento institucional para poder desarrollar sus vidas con dignidad. Esa es la respuesta que debemos dar desde cada institución, desde cada rincón, desde cada espacio: reconocimiento y ampliación de derechos.

Y, sin embargo, en este espejismo de modernidad que nuestros dirigentes han levantado en torno a Euskadi —ese relato autocomplaciente de país avanzado y perfectamente gestionado, envuelto en banderas arcoíris y manifestaciones reconvertidas en reclamo turístico—, lo esencial y reclamado por los colectivos sigue sin llegar. Euskadi es hoy la única comunidad del Estado que ni ha aprobado ni ha iniciado la tramitación de una ley integral LGTBIQA+. La excepción vasca, lejos de explicarse por obstáculos técnicos, únicamente puede entenderse como lo que es: una renuncia prolongada y una forma de abandono institucional. Mientras el Gobierno Vasco aplaza la ley, el Ararteko y el Euskal LGBTIAQ+ Behatokia llevan años alertando —sin respuesta efectiva— del aumento sostenido de los discursos y delitos de odio por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género. En ese silencio, por tanto, lo que se posterga no es sino la obligación de proteger a quienes siguen siendo blanco de la violencia.

Pero la sociedad vasca sigue hoy muy por delante de su Gobierno dormido. La nuestra es una sociedad orgullosamente diversa, mayoritariamente progresista y defensora de los derechos humanos. Ante quienes sueñan con borrarnos, las personas LGTBIQA+ y quienes están a su lado, sabemos que nuestras vidas no son una concesión ni una excepción, sino parte irrenunciable del relato colectivo de este país. Lo sabemos porque venimos de Francis, de Ekai o de Mikela, y también de Samuel y de Sara Millerey, que nos recuerdan con sus vidas, sus luchas y sus ausencias, que no estamos aquí por concesión, sino por un ejercicio de pura resistencia y de victorias compartidas.

Y es que, si hoy hemos llegado hasta aquí, es porque hubo quienes se atrevieron a romper el cristal. Porque dos mujeres trans, racializadas, militantes, trabajadoras sexuales, reinas de la noche y de la calle, Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, arrojaron un vaso de chupito e iniciaron una revuelta en el tugurio neoyorquino de Stonewall, hace exactamente 56 años. Hoy sabemos que no habría Orgullo sin las mujeres trans, y que en este presente, precisamente, es en su libertad donde nos jugamos la libertad y los derechos de todas las personas.

Las, los y —también— les socialistas del futuro, se arrepentirán siempre de haber eliminado una sigla en su último Congreso Federal. Sus dirigentes vascos y estatales acabarán por avergonzarse de haber pactado, asumido y reproducido el relato de la ultraderecha que, como denuncia Carla Antonelli, borra y excluye a las personas trans empujándolas y arrastrándolas a los márgenes. Frente a ellos, quienes estamos en el lado correcto de la historia, seguiremos construyendo alianzas rebeldes y con hambre de futuro. Y es que sabemos, en definitiva, que no habrá futuro si no lo hay para todes.

Donald Trump sonrió. Fue un gesto satisfecho, de esos que preceden al golpe de gracia. En Carolina del Sur, el 24 de febrero de 2024, frente a una multitud enardecida, el entonces expresidente de Estados Unidos se atribuyó el mérito de haber acabado con el derecho constitucional al aborto en su país. No fue una revocación directa, sino el resultado de un plan cuidadosamente ejecutado: la designación de jueces ultraconservadores que, una vez en la Corte Suprema, tumbaron el fallo Roe v. Wade en junio de 2022. No hubo necesidad de grandes discursos ni de maniobras legislativas. Únicamente un orden impuesto desde arriba, una maquinaria aceitada para arrebatar derechos conquistados por generaciones de mujeres.

En su mitin, Trump no hablaba de principios, hablaba de poder. Se jactaba de haber cambiado el destino de miles de vidas con el sólo acto de mover las piezas adecuadas. Porque la reacción nunca es sólo ideología, es estructura, es estrategia: se traduce en clínicas cerradas, en mujeres condenadas a la clandestinidad, en vidas en juego. Mientras en Francia se blindaba constitucionalmente el derecho al aborto, en Estados Unidos el reloj gira hoy hacia atrás. Y frente a ello, en España, Sumar ha presentado la propuesta para blindarlo constitucionalmente también, porque nuestros derechos hay que protegerlos y asegurar que todas podamos hacerlos efectivos.

Los últimos años nos han demostrado que lo que creíamos imposible puede suceder. Que se puede llevar a cabo un genocidio en Gaza bajo la promesa de construir un parque temático prediseñado por la IA en una escena tétrica que deja ver lo peor del ser humano. Que los derechos conquistados se arrebatan de la noche a la mañana. Que en el crepúsculo un gobierno puede imponerte un género en el pasaporte. En 2025 la extrema derecha no necesita tanques para cristalizar su orden: le basta con el desgaste, con el desánimo, con la idea de que la historia no nos pertenece. Vemos cómo hacen avanzar al patriarcado haciéndolo pasar por sentido común. Al tiempo, vemos cómo esta lacra avanza por Europa disfrazando la islamofobia de protección a las mujeres.

En 2025 la extrema derecha no necesita tanques para cristalizar su orden: le basta con el desgaste, con el desánimo, con la idea de que la historia no nos pertenece. Vemos cómo hacen avanzar al patriarcado haciéndolo pasar por sentido común

En Alemania, Alice Weidel lidera la segunda fuerza del país presentándose como una mujer lesbiana que ha triunfado en el capitalismo pero que busca desmontar los derechos LGTBIQA+ y expulsar a las personas migrantes. En Italia, Meloni ha depurado su discurso y ha sabido apropiarse del lenguaje de la protección a las mujeres para reforzar una agenda que es, en esencia, antifeminista. Nos encontramos ante una arquitectura política donde el patriarcado se asocia con el neoliberalismo y el nacionalismo reaccionario para perpetuar su dominio mediante una retórica falsamente favorable a las mujeres mientras se desmontan las instituciones y los servicios públicos.

Pero la lucidez política no es sólo entender lo que enfrentamos, sino trazar una estrategia que nos permita derrotarlo. Los feminismos han sido y deben seguir siendo el principal agente democratizador de nuestro tiempo, y es que la democracia no se sostiene sola: hay que empujarla y ensancharla para que nadie se quede en los márgenes. Hay que tener una mirada ambiciosa, entender que el Estado de bienestar está en juego y que los modelos asistencialistas están colapsados.

Precisamente, en Euskal Herria, el movimiento feminista nos ha demostrado que no se trata de resistir pasivamente, sino de abrir camino. Su capacidad de articular luchas ha desbordado lo identitario para convertirse en un proyecto de transformación radical de lo común. Ha señalado las estructuras de violencia que nos atraviesan, ha puesto los cuidados en el centro del debate, ha desvelado los mecanismos de exclusión que otras políticas daban por naturales. Ha sido y es un movimiento que nos ha enseñado lo imprescindible que es construir alianzas inteligentes para un feminismo de mayorías que no negocie sus principios pero que tampoco caiga en el aislamiento político.

Porque el feminismo no es un nicho ni una burbuja de certezas, pero sí es la única alternativa real para frenar la devastación del presente. Lo es cuando se trata de un feminismo del 99% que entiende que la lucha por la igualdad de género es inseparable de la lucha contra la desigualdad económica, contra un sistema que explota, privatiza y arrasa con todo lo que no puede convertir en mercancía.

Y ahí es donde la responsabilidad institucional es ineludible. No podemos seguir impasibles mientras el Gobierno vasco recorta en Emakunde y deja en suspenso la construcción de un sistema público de cuidados. No se puede gestionar el presente como si no fuera urgente cambiarlo. No podemos permitir que la política feminista quede atrapada en la retórica mientras el mercado sigue moldeando nuestras vidas con la lógica de la explotación. Hay que organizar la esperanza.

Este 8 de marzo es un ejercicio de memoria y una hoja de ruta. En Euskadi, en 1979, once mujeres fueron encarceladas en Basauri por haber intentado abortar. No eran heroínas en abstracto: eran trabajadoras, estudiantes, madres que pusieron el cuerpo ante la brutalidad de un Estado que les negó el derecho a decidir. Hoy, cuando la reacción avanza y el derecho al aborto vuelve a ser cuestionado en muchos lugares del mundo, su historia nos recuerda que los feminismos nunca han sido un mero discurso, sino un acto de valentía radical. Las 11 de Basauri no sólo pelearon por sí mismas, sino por todas las que vendríamos después.

Este 8 de marzo, como entonces, nos toca elegir: la resignación o la ofensiva, la clausura o la construcción de un horizonte común. Y para ello necesitamos sumar y ser más. Necesitamos, sobre todo, interpelar a quienes el discurso reaccionario ha convertido en enemigos equivocados: a los hombres jóvenes que, en su desconcierto, han comprado la idea de que el feminismo es una amenaza para ellos. Y es que lo que está en juego no es sólo el futuro de nuestras luchas, sino el futuro de una democracia en la que nadie se quede fuera.