La dana de 2024 no solo dejó muertes y destrucción, fué un catalizador de nuevas formas de comunicación política en la era digital. La catástrofe convertida en oportunidad discursiva, y el dolor colectivo como combustible para la agitación ideológica. Este texto es fruto de una investigación etnográfica sobre la instrumentalización de la dana en la que se analizaron cuentas de influencers de extrema derecha, medios de comunicación y partidos políticos de extrema derecha a través de redes sociales (X e Instagram).

Uno de los hallazgos más relevantes es la paradoja de la desintermediación. Los medios de comunicación de extrema derecha, los partidos políticos y sus líderes mantienen discursos relativamente moderados en redes sociales para preservar la legitimidad institucional. Mientras tanto, los influencers y los agitadores mantienen narrativas radicales, apoyadas en contenido audiovisual al que tratan de dotar de un halo de veracidad y autenticidad mediante reels y directos grabados desde las zonas afectadas; todo ello a pesar de que la información que difunden ni ha sido contrastada ni verificada.

Las evidencias indican que los contenidos más radicales —los que combinan teorías conspirativas con emotividad— consiguen ratios de viralización que multiplican por diez las de los medios institucionales. Para ser claros, la prelación de la emotividad sobre la reflexión vuelve menos atractivas a la verificación y la indignación racionales.

La etnografía realizada también permitió identificar que los actores estudiados usaron la catástrofe de la dana para la deslegitimación institucional, pero no la del Govern de la Generalitat Valenciana como competente, sino hacia el Gobierno central personificado en la figura de Pedro Sánchez como centro de todas las críticas y principal culpable de todo los sucedido, tanto por omisión como por acción.

Además, son varias las publicaciones que enarbolan las figuras de los empresarios comprometidos a partir de la ayuda privada como Amancio Ortega y Juan Roig para denostar, una vez más, al Estado que se muestra insuficiente e incapaz de poner solución a la catástrofe, lo que evidencia la pretensión de ensalzar la solución privada frente a unas instituciones públicas que abandonan a su pueblo. Precisamente, a partir de esa idea se ha visto en numerosas publicaciones la apropiación del clásico lema: “Solo el pueblo salva al pueblo” para hacer referencia a la ineficacia del Gobierno central que abandona a los valencianos y, en consecuencia, manifiestan que se requiere un cambio de liderazgo que la extrema derecha está dispuesta a protagonizar.

En referencia a los formatos preferidos, destacan los audiovisuales cortos que incluyen testimonios —especialmente de las personas afectadas por la tragedia— y que apelan a las emociones, las imágenes de destrucción acompañadas de mensajes acusatorios y las infografías que simplifican causalidades complejas con la intención de maximizar el impacto emocional en detrimento de la realidad.

Por otro lado, la xenofobia aparece como una constante y sirve como hilo conductor del discurso de odio. La presencia de los inmigrantes voluntarios se reinterpreta como una “sustitución poblacional”; las ayudas dirigidas a colectivos vulnerables se presentan como un “privilegio” que se niega a la “población autóctona”. Esta retórica, presente en el 68% de las publicaciones analizadas de los agitadores digitales, contrasta con su práctica ausencia (12%) en los medios formales de extrema derecha, que mantienen un barniz de respetabilidad.

La extrema derecha digital está organizada, las cuentas de agitadores y anónimos funcionan como nodos amplificadores que (re)producen y comparten narrativas creadas por agitadores profesionales a través de hashstags como #valenciaresiste, #gobiernoasesino o #soloelpueblosalvaelpueblo, etiquetas que aglutinan indignación y que construyen una comunidad emocional a través de la creación de afectividad política radicalizada, donde la rabia y el dolor se canalizan hacia objetivos políticos específicos, como el Presidente del Gobierno.

Otra de las ideas extraídas de nuestra etnografía es que la extrema derecha digital está notoriamente masculinizada, de manera que, de todas las publicaciones analizadas pertenecientes a agitadores, apenas encontramos a una mujer. De forma similar sucede con los perfiles menos virales y desconocidos que también son en su mayoría hombres. Y aunque no se realizó un recuento riguroso de las cuentas en función del género de la persona a la que pertenecen, las observaciones realizadas indican que los hombres no sólo presentan un discurso más polarizado, sino que también tienden a ser menos prudentes al exhibir sus opiniones en las redes.

A modo de conclusión, la investigación pone en evidencia que el ecosistema digital ha creado nuevas formas de movilización política que escapan a los mecanismos tradicionales de regulación y control democrático para crear espacios de construcción de realidad política. Además, también se puede deducir que la catástrofe de la dana se ha empleado como instrumento para polarizar y difundir odio a partir de la deslegitimación de las instituciones públicas y la transmisión de bulos y conspiraciones.

*El artículo está basado en la investigación de la etnografía digital de Idoia Lertxundi, Carola Giménez, Saray Peñarrubia, Danylo Titenko y Joana Silvestre.

La canción Tiny piset elaborada para les Falles Populars i Combatives por Auxili y Abril es un reflejo satírico de una realidad cada vez más absurda: “Més de 9 anys en la city, no em quedaré. Puja la renda del pis, van a tirar-me al carrer. Fijo que em toca un trastero. Vull canviar de casero. Un usurero. Per més que busque no trobe. Jo ja vull fer-ho”.

Si bien la intensidad de la evolución de los precios de alquiler varía en función de la región o municipio, la tendencia a nivel nacional es clara: los precios están al alza. Según los datos del INE, tomando el año 2011 como base, el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) ha subido más del 26% en el periodo comprendido entre 2002 y 2015. Ahora bien, si tomamos como año de referencia el 2015, el IPVA ha subido casi un 16% desde 2015 hasta 2022.

A partir de 2023 en adelante, resulta complicado encontrar datos oficiales sobre la evolución del IPVA. En su lugar, disponemos del Índice de Precios de la Vivienda (IPV), que nos permite imaginar la situación aproximada en el mercado de alquiler. Según el INE, el IPV ha crecido un 62,5% en el periodo entre 2015 y 2024 y cerca de un 24% entre el primer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2024. De esto deducimos que el precio del alquiler también ha experimentado crecimiento.

Según los cálculos del Observatorio de la vivienda y el suelo de 2024, el precio de la vivienda ha subido un 8.1% en 2024. Además, no podemos perder de vista que tan solo el 1,72% del parque de vivienda en España corresponde a la vivienda social, cifra que asciende al 3,3% si consideramos el parque de vivienda en alquiler social en sentido amplio, más allá del parque de titularidad pública. Esta situación contrasta con la media europea situada alrededor del 9%, es decir, la media europea de vivienda social es casi el triple que la española.

Los datos son contundentes, España necesitaría construir aproximadamente 850.000 viviendas sociales adicionales solo para alcanzar la media europea, lo que da una idea de la dimensión del déficit acumulado, que es resultado de decisiones políticas y económicas sostenidas durante décadas. Políticas orientadas a la propiedad privada. Desde el franquismo, con su lema “un país de propietarios, no de proletarios”, hasta los sucesivos gobiernos democráticos, las políticas públicas han priorizado sistemáticamente el acceso a la propiedad frente al desarrollo de un parque de vivienda pública estable. Las desgravaciones fiscales por compra de vivienda, las facilidades crediticias y otros incentivos han consolidado un modelo que sitúa a España en una de las tasas más altas de vivienda en propiedad de Europa (aproximadamente el 77%).

En este punto hay que resaltar que gran parte de la vivienda pública construida en España, históricamente se ha destinado a su venta a través de figuras como las VPO, o las VPP. Viviendas que tras unos años de protección y después de ser adquiridas por particulares que cumplían ciertos requisitos salariales máximos, podían ser vendidas y especularse con ellas, dejando de formar parte definitivamente del parque público de vivienda.

Esta situación contrasta con la de nuestros vecinos europeos, en el caso de Países Bajos la vivienda social alcanza un 29%, un 24% en Austria, un 20% en Dinamarca o un 17% en Francia. La diferencia radica en la inclusión -o exclusión en el caso español-, de la vivienda en el de Estado de Bienestar. Mientras que para gran parte de nuestros vecinos europeos la vivienda pública se concibe como un servicio esencial comparable a la sanidad o la educación con importantes inversiones públicas, en España se ha dejado mayoritariamente en manos del mercado, lo que a la larga ha traído las consecuencias que hoy observamos en términos de accesibilidad y exclusión.

Para revertir esta situación se requiere de un cambio sustancial de paradigma en el que la vivienda se erija como un nuevo eje del Estado del bienestar español. Urge una estrategia ambiciosa que tenga como base un incremento sustancial del parque de vivienda pública para equipararse a la media europea, priorizando el alquiler asequible sobre la venta. En este sentido, Echaves-García y Martínez del Olmo advierten que el problema del acceso a la vivienda en España es estructural y señalan la necesidad de la intervención del estado en un mercado competitivo que, ante todo, persigue intereses particulares.

Junto con la ya mencionada escasez de vivienda pública en España se combina en el panorama actual la dificultad de acceder a hipotecas asequibles y los disparatados precios de los alquileres que imposibilitan la búsqueda y entrada en una vivienda digna en las grandes ciudades españolas. Así, aquellos que optan por la compra frente al arrendamiento se ven inmersos en un círculo vicioso alimentado por la subida de los tipos de interés que encarece los préstamos hipotecarios y que requiere de unos ahorros previos que para muchos son inalcanzables y, a la vez, por la imposibilidad de hacer frente a unos alquileres cada vez más desorbitados.

De hecho, las instituciones financieras y los organismos internacionales como el Banco de España, la OCDE o el FMI recomiendan que el gasto derivado de la vivienda no exceda del 35% del salario y, por tanto, se considera a partir del 40% como “sobrecarga de vivienda” que puede derivar en la privación de otros gastos fundamentales como la alimentación. En España los datos revelan que gran parte de la población, especialmente en las grandes ciudades, asigna para el gasto de la vivienda entre el 40 y 50% de su sueldo, situándose la media en el 43% del salario bruto, mientras que en la Comunidad Valenciana es del 44%. Una situación más perjudicial en el caso de los jóvenes que destinan hasta el 80% de sus salarios al alquiler, imposibilitando el ahorro y otros gastos, lo que repercute en su tardía emancipación o en la necesidad de compartir piso.

Concretamente, la situación de Valencia requiere mención por el alza de los precios en los últimos años y con un precio medio de 15,2 €/m² en febrero de 2025 cuando cinco años atrás era de 9,1 €/m² o de menos de 6 €/m² entre 2010 y 2017, según Idealista. No obstante, si atendemos a estos precios por barrios la diferencia es mucho más significativa, sobre todo, en el distrito de Ciutat Vella que ha pasado de 7 €/m² en 2010 a los casi 20 €/m² en 2025, seguido de L'Eixample que alcanza los 17 €/m² en 2025 lo que supone un alquiler mensual de 1.500€ para un piso de 75 m² en estas zonas. Además, otros distritos que no forman parte del centro de la ciudad como Algirós que se sitúa próximo a las universidades también ha visto una gran subida pasando de los 5 €/m² en 2014 a los casi 15 €/m² en 2025.

Hace unos días, paseando por València observé desde la calle el piso donde mi bisabuela crió a mi abuela y se vieron obligadas a abandonar porque el barrio se había vuelto inseguro, apenas quedaban vecinos y los comercios cerraron sus puertas. Hace ya varios años que es un Airbnb. Como tantos otros hogares, fueron víctimas de la gentrificación antes de que existiera una palabra para referirse a ello.

Este proceso de expulsión se ha visto acelerado -instalando las cajas de seguridad para que los turistas al introducir el código secreto puedan coger las llaves del apartamento en el que pasarán cuatro días de ensueño, o convirtiendo el salón en dos habitaciones más para poder cobrar un alquiler adicional- muchas veces sin pasar por el proceso de degradación del barrio que había marcado hasta ahora estos cambios.

Tras la expulsión de las y los vecinos, le sigue toda la transformación del barrio. Los comercios de toda la vida, a los que cariñosamente nos solemos referir como “de confianza”, desaparecen con la llegada de otros enfocados al turismo como consignas de equipajes, alquiler de bicis o cafés de especialidad; el centro de las ciudades se parece cada vez más a un parque de atracciones destinado a los turistas y al consumo masivo.

Vemos como la problemática de la vivienda no se entiende sin observar el modelo económico español. No sorprende pues, que entre los países europeos con una edad de emancipación más alta se encuentren los de la Europa Mediterránea, máximos afectados por el turismo masivo con 30,3 años de media en 2023 según Eurostat. Las políticas públicas, también son fundamentales para explicar estas diferencias. Los países del centro y norte de Europa tienen políticas que incluyen desde la promoción de la vivienda pública hasta ayudas al alquiler y medidas para mejorar la calidad del empleo juvenil y su inserción temprana, facilitando el acceso a la vivienda. Igual de importante es la elección del tipo de vivienda que se impulsa, como un desarrollo urbano que permita modelos más sostenibles, como el de la ciudad de 15 minutos que es la envidia de los estadounidenses, quiénes serían capaces de renunciar al sueño americano por una walkable city.

Revertir la situación de la vivienda es una cuestión de justicia social y un derecho, que sin embargo, al hacer caso omiso al Artículo 47 de la Constitución Española, es el gran pilar ausente de nuestro Estado de Bienestar.

Este artículo ha sido elaborado por Equipo Panóptico formado por:

Saray Peñarubia Plaza, Danylo Titenko, Joana Silvestre Vañó i Llum Barberà Agustí

La cançó Tiny piset elaborada per als Falles Populars i Combatives per Auxili i Abril és un reflex satíric d'una realitat cada vegada més absurda: “Més de 9 anys en la ciutat, no em quedaré. Puja la renda del pis, van a tirar-me al carrer. Fijo que em toca un trastero. Vull canviar de casero. Un usurero. Per més que busque no trobe. Jo ja vull fer-ho”.

Si bé la intensitat de l'evolució dels preus de lloguer varia en funció de la regió o el municipi, la tendència a nivell nacional és clara: els preus estan a l'alça.Segons dades de l'INE, prenent l'any 2011 com a base, l'Índex de Preus de l'Habitatge en Lloguer (IPVA) ha pujat més del 26% en el període comprès entre el 2002 i el 2015. Ara bé, si prenem com a any de referència el 2015, l'IPVA ha pujat vora un 16% des del 2015 fins al 202.

A partir del 2023, resulta complicat trobar dades oficials sobre l'evolució de l'IPVA. No obstant però, disposem de l'Índex de Preus de l'Habitatge (IPV), que ens permet imaginar la situació aproximada al mercat de lloguer. Segons l'INE, l'IPV ha crescut un 62,5% en el període entre el 2015 i el 2024 i prop d'un 24% entre el primer trimestre del 2022 i el tercer trimestre del 2024.

Segons els càlculs del Observatori de l'habitatge i el terra de 2024, el preu de l'habitatge ha pujat un 8,1% el 2024. Tampoc podem perdre de vista que només l'1,72% del parc d'habitatge a Espanya correspon a l'habitatge social, xifra que puja al 3,3% si considerem el parc de vivenda de lloguer social en sentit ampli, més enllà del parc de titularitat pública. Aquesta situació contrasta amb la mitjana europea situada al voltant del 9%, és a dir, la mitjana europea d’habitatge social és gairebé el triple que l’espanyola.

Les dades són contundents, Espanya necessitaria construir aproximadament 850.000 vivendes socials addicionals només per assolir la mitjana europea, cosa que dóna una idea de la dimensió del dèficit acumulat, que és resultat de decisions polítiques i econòmiques sostingudes durant dècades. Polítiques orientades a la propietat privada. Des del franquisme, amb el lema “un país de propietaris, no de proletaris”, fins als successius governs democràtics, les polítiques públiques han prioritzat sistemàticament l'accés a la propietat davant del desenvolupament d'un parc d'habitatge públic estable. Les desgravacions fiscals per compra d'habitatge, les facilitats creditícies i altres incentius han consolidat un model que situa Espanya en una de les taxes més altes de vivenda en propietat d'Europa (aproximadament el 77%).

En aquest punt cal ressaltar que gran part de l'habitatge públic construït a Espanya, històricament s'ha destinat a la venda a través de figures com les VPO, o les VPP. Habitatges que després d'uns anys de protecció i després de ser adquirits per particulars que complien certs requisits salarials màxims, podien ser venudes i especular-s'hi, deixant de formar part definitivament del parc públic d'habitatge.

Aquesta situació contrasta amb la dels nostres veïns europeus, en el cas dels Països Baixos l'habitatge social arriba a un 29%, un 24% a Àustria, un 20% a Dinamarca o un 17% a França. sanitat o l'educació amb importants inversions públiques, a Espanya s'ha deixat majoritàriament en mans del mercat, cosa que a la llarga ha portat les conseqüències que avui observem en termes d'accessibilitat i d'exclusió.

Per revertir aquesta situació es requereix un canvi substancial de paradigma en què l'habitatge s'erigisca com un nou eix de l'Estat del benestar espanyol. Urgeix una estratègia ambiciosa que tinga com a base un increment substancial del parc de vivenda pública per equiparar-se a la mitjana europea, prioritzant el lloguer assequible per damunt de la venda. En aquest sentit, Echaves-García i Martínez del Olmo adverteixen que el problema de l'accés a la vivenda a Espanya és estructural i assenyalen la necessitat de la intervenció de l'estat en un mercat competitiu que, sobretot, persegueix interessos particulars.

Juntament amb la ja esmentada escassetat de vivenda pública a Espanya es combina al panorama actual la dificultat d'accedir a hipoteques assequibles i els absurds preus dels lloguers que impossibiliten la recerca i l'entrada en un habitatge digne a les grans ciutats espanyoles. Així, aquells que opten per la compra davant de l'arrendament es veuen immersos en un cercle viciós alimentat per la pujada dels tipus d'interès que encareix els préstecs hipotecaris i que requereixen uns estalvis previs que per a molts són inabastables i, alhora, per la impossibilitat de fer front a uns lloguers cada vegada més desorbitats.

Les institucions financeres i els organismes internacionals com el Banc d'Espanya, l'OCDE o l'FMI recomanen que la despesa derivada de l'habitatge no excedisca el 35% del salari i, per tant, es considera a partir del 40% com a “sobrecàrrega d'habitatge” que pot derivar en la privació d'altres despeses fonamentals com l'alimentació. A Espanya les dades revelen que gran part de la població, especialment a les grans ciutats, assigna per a la despesa de l'habitatge entre el 40 i 50% del seu sou, situant-se la mitjana en el 43% del salari brut, mentre que a la Comunitat Valenciana és del 44%. Una situació més perjudicial en el cas dels joves que destinen fins al 80% dels seus salaris al lloguer, impossibilitant l'estalvi i altres despeses, cosa que repercuteix en la tardana emancipació o en la necessitat de compartir pis.

Concretament, la situació de València requereix menció per l'alça dels preus en els darrers anys i amb un preu mitjà de 15,2 €/m² al febrer del 2025 quan cinc anys enrere era de 9,1 €/m² o de menys de 6 €/m² entre el 2010 i el 2017, segons Idealista. No obstant això, si atenem aquests preus per barris la diferència és molt més significativa, sobretot al districte de Ciutat Vella que ha passat de 7 €/m² el 2010 als vora 20 €/m² el 2025, seguit de l'Eixample que arriba als 17 €/m² el 2025, fet que suposa un lloguer mensual de 1.5000€. A més, altres districtes que no formen part del centre de la ciutat com Algirós, que se situa proper a les universitats, també ha vist una gran pujada passant dels 5 €/m² el 2014 als quasi 15 €/m² el 2025.

Fa uns dies, passejant per València vaig observar des del carrer el pis on la meva besàvia va criar la meva àvia i es van veure obligades a abandonar perquè el barri s'havia tornat insegur, amb prou feines quedaven veïns i els comerços van tancar les portes. Ja fa uns quants anys que és un Airbnb. Com tantes altres llars, van ser víctimes de la gentrificació abans que existís una paraula per referir-s'hi.

Aquest procés d'expulsió s'ha vist accelerat -instal·lant les caixes de seguretat perquè els turistes en introduir el codi secret puguen agafar les claus de l'apartament on passaran quatre dies de somni- moltes vegades sense passar pel procés de degradació del barri que havia marcat fins ara aquests canvis.

Després de l'expulsió de les i els veïns, segueix tota la transformació del barri. Els comerços de tota la vida, als quals afectuosament solem referir-nos com a “de confiança”, desapareixen amb l'arribada d'altres enfocats al turisme com consignes d'equipatges, lloguer de bicicletes o cafès d'especialitat; el centre de les ciutats s'assembla cada vegada més a un parc d'atraccions destinat als turistes i al consum massiu.

Veiem que la problemàtica de l'habitatge no s'entén sense observar el model econòmic espanyol. No sorprèn, doncs, que entre els països europeus amb una edat d'emancipació més alta es troben els de l'Europa Mediterrània, màxims afectats pel turisme massiu amb 30,3 anys de mitjana el 2023, segons Eurostat. Les polítiques públiques també són fonamentals per explicar aquestes diferències. Igual d’important és l'elecció del tipus d'habitatge que s'impulsa, com un desenvolupament urbà que permeta models més sostenibles, com per exemple, el de la ciutat de 15 minuts que és l’ enveja dels nord-americans, qui serien capaços de renunciar al somni americà per una ciutat transitable.

Revertir la situació de l'habitatge és una qüestió de justícia social i un dret, però en fer cas omís a l'article 47 de la Constitució Espanyola, és el gran pilar absent del nostre Estat de Benestar.

Este article ha sigut elaborat per l'Equip Panòptic integrat per:

Saray Peñarubia Plaza, Danylo Titenko, Joana Silvestre Vañó i Llum Barberà Agustí