Las lluvias de estas semanas son el mejor regalo para una fecha como hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Los embalses se van recuperando en aquellas cuencas hidrográficas que más han sufrido la sequía, pero sería un grave error cerrar la carpeta de la gestión del agua y pasar a otra urgencia.

De hecho, las sequías se gestionan con los embalses llenos, con tiempo para planificar adecuadamente y no a golpe de decreto. Una de las materias peliagudas que el Gobierno no abordó es la reasignación de los derechos de agua en momentos de sequía o escasez. Abordar ese debate es urgente, puesto que, si no lo hacemos, corremos el riesgo de dejar en manos del mercado la compraventa del agua.

La raíz del problema radica en la escasez generada al asignar más derechos concesionales del agua disponible. Es decir, en algunas ocasiones, virtualmente hay más agua concedida de la disponible en el medio natural. Ante una sequía, eso se evidencia con más contundencia.

La falta de agua ha llevado a algunos usuarios a vender sus derechos de agua, como ocurrió recientemente en Andalucía, donde algunos agricultores prefirieron vender en el libre mercado sus derechos de agua y recibir una compensación económica a cambio.

Ya sabemos cómo funciona el libre mercado. Quien hace la mejor oferta, gana. Entonces no hacen falta muchas luces para llamar la atención de lo que supondrá para el campo español dejar a merced del mejor postor el futuro del regadío. Es por eso que la Mesa Social del Agua de Andalucía hace meses que insiste en la necesidad de crear centros públicos de intercambio para reasignar el agua con criterios sociales y no solamente económicos.

Sabemos que lo público no es garantía de éxito, pero como mínimo es un espacio regulado, al que se le puede exigir transparencia, eficiencia económica (nadie quiere hipotecar la cesta de su compra por culpa de un nuevo mecanismo de especulación), participación y, en última instancia, velar por el interés común.

Las últimas sequías han revivido problemáticas históricas no resueltas, como es la aplicación de restricciones de forma homogénea en los sectores económicos. Es muy iluso pensar que un pequeño agricultor que produce para abastecimiento local y con prácticas ecológicas puede costear el impacto de las restricciones de agua de igual forma que lo puede hacer un fondo de inversión con una cota de concentración y beneficio económico mucho mayor.

La uberización del campo es una realidad. Según el Ministerio de Agricultura, sólo el 6,6% de las sociedades jurídicas acaparan el 42% del valor de la producción del campo español. Si sabemos que un pequeño productor de tradición familiar y arraigado al territorio es el modelo de agricultura que queremos preservar, ¿por qué le aplicamos la misma restricción de agua? O, peor aún, ¿por qué le dejamos competir en el libre mercado de derechos del agua delante del fondo de inversión canadiense Fiera, que cuenta ya con 8.000 hectáreas de olivar en Extremadura, y posee unos beneficios netos de 5 M€ por trimestre?

Es el momento de diseñar políticas públicas que fomenten una transición hacia economías que hagan un uso responsable del agua y en base a las limitaciones naturales que impone el cambio climático. Si queremos promover un regadío basado en cultivos con demandas hídricas coherentes con el territorio y parcelas familiares, debemos introducir criterios sociales y ambientales en el reparto de ayudas y en la reasignación de derechos de agua en momentos de crisis. De otra forma, el modelo social y ambientalmente deseable, está condenado a desaparecer.

Dejar a merced del libre mercado situaciones de escasez como la que hemos vivido es un peligro. La reducción del agua a un valor monetario sin ningún tipo de regulación pública es el primer paso para permitir la financiarización del agua. En diciembre de 2020, el agua de California empezó a cotizar en los mercados de futuros de Wall Street.

El pretexto es la escasez y la necesidad de asegurar una cantidad de agua a un precio fijo para el futuro cercano. Pero la realidad es la especulación con un agua que posiblemente no exista en ese futuro, a un precio que siempre crece por culpa de esa escasez creada, y en la cual sólo los grandes capitales pueden entrar a jugar.

En España, se han dado casos de compraventa o cesión de derechos de agua entre regantes y usuarios urbanos para hacer frente a situaciones de desabastecimiento de ciudades en periodos de sequía. Teniendo en cuenta que más de la mitad de la población española paga a empresas privadas por el agua de grifo, entre cuyos accionistas se encuentran fondos de inversión (como el fondo australiano Global Infraestructure Fund, que cuenta con el 49% de Aqualia), no es descabezado pensar que en un futuro sin regulación pública el precio del agua lo puedan marcar estos mercados informales y privados.

De hecho, cuando se privatiza la gestión urbana del agua, la empresa privada debe abonar al municipio una suma de dinero denominado canon concesional. Estos cánones, millonarios, se abonan por las empresas privadas mediante créditos que se recuperan con las tarifas de la ciudadanía. Pero un interés se lo llevan capitales de riesgo, los cuales van ganando presencia en un mercado captivo.

La presión del mundo financiero sobre el agua es grande, puesto que es una inversión segura. Nadie puede decidir dejar de beber, ni ningún agricultor puede decidir dejar de regar para cultivar.

La expansión y el aumento de la influencia de actores financieros en la gestión del agua es preocupante. Por eso, el próximo lunes 24 de marzo en el Congreso de los Diputados en Madrid vamos a analizar el fenómeno de la financiarización en la gestión del agua.