Hubo un tiempo en el que las guerras comerciales eran la excepción y las reglas la norma. Hoy empieza a ocurrir exactamente lo contrario. Las reglas se han convertido en una excepción administrada por quien dispone del poder suficiente para incumplirlas. Los aranceles han dejado de ser únicamente un instrumento económico para convertirse en una herramienta de política exterior.

Ese es el verdadero significado de la última decisión de Donald Trump.

Sería un error interpretarla como un episodio más del viejo debate entre proteccionismo y libre comercio. Lo que estamos presenciando es un cambio de naturaleza del poder. El comercio internacional ya no se utiliza solo para intercambiar bienes o generar prosperidad compartida. Se emplea para disciplinar aliados, castigar competidores, condicionar decisiones regulatorias y proyectar influencia geopolítica. En el siglo XXI, el acceso al mercado se ha convertido en una forma de soberanía.

Trump ha comprendido algo que Europa todavía parece resistirse a aceptar: el mayor mercado del mundo también es un arma.

Durante tres décadas dimos por sentado que la globalización reduciría el peso de la geografía. Nos equivocamos. La geografía nunca desapareció; simplemente dejó de verse. Hoy regresa con toda su fuerza. El Ártico porque el deshielo abre rutas marítimas y revela minerales críticos. Taiwán porque concentra la fabricación de los semiconductores más avanzados del planeta. El estrecho de Ormuz porque sigue siendo una arteria energética indispensable. Y el mercado estadounidense porque continúa siendo el mayor espacio de consumo del mundo.

La geografía ha vuelto convertida en geoeconomía.

No es casualidad que la Administración Trump haya reconstruido jurídicamente su política arancelaria apenas unos meses después de que el Tribunal Supremo anulara el esquema anterior. Ha cambiado la cobertura legal, pero no el objetivo político. La nueva arquitectura, basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, impone gravámenes del 10 % y del 12,5 % sobre importaciones procedentes de decenas de economías y alcanza, con distintas excepciones, al 99,4 % de las importaciones estadounidenses. El arancel medio efectivo de Estados Unidos ronda ya el 10,8 %, el nivel más elevado desde hace décadas.

Formalmente, Washington justifica estas medidas por la insuficiente lucha de otros países contra el trabajo forzoso. Nadie discute que el trabajo esclavo deba combatirse. Pero si ese fuera realmente el objetivo, la respuesta lógica sería reforzar la trazabilidad, prohibir productos concretos, sancionar empresas y perseguir cadenas de suministro contaminadas. Aplicar un arancel prácticamente universal se parece tanto a combatir el trabajo forzoso como cerrar todos los bancos para acabar con el fraude fiscal. Cuando una herramienta sirve para todo, normalmente es porque su verdadero propósito es otro.

Ese propósito es político.

Hace más de ochenta años, Albert O. Hirschman advirtió de que el comercio podía convertirse en una relación de dependencia política. Durante décadas aquella intuición quedó eclipsada por la expansión de la globalización y por la convicción de que la interdependencia económica haría el mundo más estable. Hoy recupera una actualidad extraordinaria. Washington ya no utiliza únicamente su superioridad militar o financiera para defender sus intereses. Utiliza también el acceso a su mercado. Los aranceles sirven para discutir impuestos digitales, regulación tecnológica, política industrial, inversiones estratégicas o incluso decisiones judiciales. El comercio deja de ser un espacio de cooperación para convertirse en un mecanismo de coerción.

Los economistas describen este fenómeno mediante elasticidades, cadenas de suministro y ventajas comparativas. Los ciudadanos lo perciben de otra manera. Una decisión tomada en un despacho de la Casa Blanca termina reflejándose en el precio de una lavadora en Ohio, en el coste de un medicamento en Milán o en la cuenta de resultados de una fábrica de componentes en Zaragoza. La geopolítica siempre acaba llegando a la cocina.

Y la realidad es mucho menos épica que el discurso político. Los estudios de la Reserva Federal de Nueva York muestran que entre el 90 % y el 94 % del coste de los aranceles termina siendo soportado por empresas y consumidores estadounidenses. Los aranceles no los pagan los exportadores extranjeros; los pagan, sobre todo, quienes compran, producen e invierten dentro de Estados Unidos. El relato promete que la factura llegará desde fuera. La economía demuestra que acaba llegando al supermercado.

Eso no significa que la estrategia carezca de eficacia política. Al contrario. Trump ha conseguido desplazar el centro del debate. Hace apenas unos años la discusión era si Estados Unidos debía levantar un muro comercial. Hoy la discusión consiste únicamente en decidir cuál debe ser su altura. Su mayor victoria no es económica. Es política y cultural. Ha convertido un arancel generalizado en la nueva normalidad.

Sin embargo, los resultados económicos son mucho más discutibles. El Fondo Monetario Internacional prevé una desaceleración del comercio mundial respecto a los ritmos de crecimiento registrados en los últimos años. La Organización Mundial del Comercio calcula que unos 240.000 millones de dólares de intercambios industriales ya se encuentran afectados por nuevas medidas arancelarias. La OCDE insiste en que el mayor coste no reside solo en el incremento de precios, sino en la incertidumbre permanente que paraliza inversiones, fragmenta cadenas de suministro y obliga a las empresas a sustituir criterios de eficiencia por criterios de riesgo político.

La incertidumbre también es un impuesto.

Adam Tooze ha resumido este cambio con una idea tan sencilla como inquietante: Estados Unidos corre el riesgo de dejar de comportarse como el garante del sistema económico internacional para actuar como quien utiliza ese sistema para extraer concesiones. Es una transformación silenciosa, pero profundamente estructural. La fortaleza del mercado estadounidense deja de ser un bien público para convertirse en un instrumento de negociación permanente.

Europa observa este proceso desde una posición incómoda. En términos relativos ha evitado el peor escenario. El acuerdo comercial con Estados Unidos limita el impacto inmediato de los nuevos aranceles y fija un techo del 15% para buena parte de las exportaciones europeas. Esa estabilidad tiene un valor económico evidente. Evitar una guerra comercial abierta era una obligación política.

Pero conviene no confundir estabilidad con equilibrio.

Europa cree haber comprado certidumbre. Quizá solo haya alquilado tiempo.

Mientras la Unión Europea ha eliminado los aranceles sobre buena parte de los bienes industriales estadounidenses, Washington mantiene un gravamen general sobre las exportaciones europeas y continúa amenazando con nuevas represalias si Bruselas regula las grandes plataformas digitales, aplica su legislación de competencia o mantiene los impuestos sobre los servicios digitales. La relación empieza a adquirir una preocupante asimetría: Europa garantiza acceso; Estados Unidos administra excepciones.

Ese es el verdadero riesgo. No que exista un arancel del 15 %. Sino que ese 15 % deje de ser un límite para convertirse en el punto de partida de la siguiente negociación.

Hay otro dato que invita a la prudencia. Pese a toda la retórica sobre la reindustrialización, distintos análisis muestran que la recuperación del empleo manufacturero estadounidense dista mucho de justificar el coste económico de una protección permanente. Proteger una industria puede darle tiempo para modernizarse. Protegerla indefinidamente rara vez la hace más competitiva.

Durante décadas Estados Unidos construyó su liderazgo ofreciendo reglas, instituciones y previsibilidad. Ese fue el verdadero activo del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy parece confiar cada vez más en otra lógica: utilizar el tamaño de su mercado para condicionar las decisiones soberanas de los demás.

Europa no debe responder imitando ese modelo. Una guerra arancelaria permanente empobrecería a ambas orillas del Atlántico y aceleraría la fragmentación de la economía mundial. Pero tampoco puede aceptar que su política industrial, su regulación tecnológica o su fiscalidad dependan de la amenaza constante de represalias comerciales.

La autonomía estratégica no consiste en alejarse de Estados Unidos. Consiste en poder cooperar con Estados Unidos sin depender de su benevolencia.

Eso exige una política industrial capaz de reducir dependencias críticas; una política comercial orientada a diversificar mercados; un mercado interior verdaderamente integrado; y la disposición a utilizar, cuando sea necesario, el Instrumento Anti-Coerción de la Unión Europea. No para alimentar una lógica de confrontación, sino precisamente para impedir que la coerción resulte rentable.

Porque la gran cuestión de nuestro tiempo ya no es cuánto comercio soporta la geopolítica.

La verdadera pregunta es cuánta geopolítica puede soportar el comercio antes de dejar de ser comercio y convertirse simplemente en otra forma de ejercer el poder.

La respuesta a esa pregunta determinará no solo el futuro de la economía mundial. Determinará también si el siglo XXI estará gobernado por reglas compartidas o por la capacidad de las grandes potencias para convertir su mercado en un instrumento de presión política.

Y esa, mucho más que el porcentaje de un arancel, es la discusión que Europa no puede permitirse perder.

La administración estadounidense lo ha vuelto a hacer. En nombre de una supuesta “liberación” económica, ha roto unilateralmente las reglas del juego y ha dinamitado lo que quedaba del orden comercial multilateral. Imperfecto, sí. Necesitado de reformas, también. Pero era el único escudo que existía frente a la arbitrariedad y posibles abusos de los más grandes. Hoy, Estados Unidos ha decidido dejar de ser garante para convertirse en depredador. Ya no protege el sistema, lo devora.

La nueva batería de aranceles impulsada desde Washington responde a una lógica simplista: castigar a quien más exporta al mercado estadounidense y menos importa desde allí. Un cálculo básico de suma cero que ignora la complejidad de las relaciones económicas globales. No importa si las razones son la falta de poder adquisitivo, la estructura productiva o las preferencias de los consumidores. No importa si hablamos de países en guerra o economías emergentes sin alternativas. La ecuación es fría, directa y despiadada.

Viendo el anuncio del presidente de Estados Unidos, no sabía si estaba presenciando una decisión de Estado o el reparto de puntos en el Festival de Eurovisión. Pero aquí no se juegan trofeos, sino el futuro de millones de personas.

En el tablero global, donde la diplomacia se teje con hilos de confianza y estabilidad, la visión de la administración de los Estados Unidos choca con los principios fundamentales del multilateralismo. Para ellos, la cooperación es sinónimo de debilidad; cualquier gesto de buena voluntad es una concesión, y toda negociación se convierte en una lucha feroz por beneficios inmediatos. Pero en un mundo interconectado, esta mentalidad no solo es obsoleta, sino peligrosa.

Los más vulnerables, los más castigados

Como siempre, los más vulnerables son los primeros en pagar el precio de esta estrategia agresiva. Países como Camboya, Myanmar, Madagascar o incluso Ucrania —cuya economía intenta sobrevivir en medio de una invasión— verán cerrarse mercados que son vitales para su supervivencia. Mientras tanto, irónicamente, Rusia sigue exportando a EE. UU. sin grandes trabas. El trumpismo geoeconómico no tiene lógica. Solo tiene enemigos útiles.

Capítulo aparte merecemos los europeos. En la narrativa estadounidense, Europa no es aliada ni socia: es un parásito que vive a costa del esfuerzo estadounidense. La respuesta desde Washington es clara: tarifas del 20% para todos los países de la UE, sin distinción, sin matices. Aquí no hay amigos. Da igual si compartimos historia, valores o defensa. Lo único que importa es el saldo comercial. Y quien aún aplauda desde Europa las políticas estadounidenses es, hoy por hoy, un tonto útil... a Trump.

El problema no es el comercio, es la desigualdad

Conviene ir al fondo del asunto. Estados Unidos no ha sido engañado ni perjudicado por el comercio global. Desde 1990, su economía ha doblado su tamaño. El problema no está fuera, está dentro. El 1% más rico ha cuadruplicado su riqueza desde entonces. El 50% más pobre apenas ha ganado un 20%. La culpa no es de Camboya ni de Bruselas. El problema es la desigualdad, la desinversión social, la falta de un modelo redistributivo. Pero en vez de enfrentar esas fallas internas, se prefiere buscar culpables en el extranjero. Es más fácil culpar a otros de tus propios fantasmas. Drogas, desempleo, pobreza, fracaso escolar… todo es culpa de alguien más.

¿Y ahora qué?

Primero, rechazar la trampa narrativa. Esto no es una guerra comercial global. Es una ofensiva de Estados Unidos contra el mundo. Washington representa solo el 15% de las importaciones mundiales. El otro 85% tiene margen de maniobra. Que esta escalada se convierta o no en un conflicto global dependerá de cómo respondamos el resto y en particular Europa y China.

Segundo, Europa necesita firmeza. A los matones no se les calma con comprensión, sino con convicción. Este conflicto no lo hemos iniciado nosotros, pero tampoco podemos afrontarlo con ingenuidad. Ser sensatos no significa ser débiles. No puedes hacer razonar a un tigre cuando tienes la cabeza en su boca. 

Tercero, negociar sí, pero no a cualquier precio. Hay líneas rojas que no pueden cruzarse: los impuestos que decidimos soberanamente, la protección del medio ambiente, la integridad territorial, la igualdad. No podemos convertirnos al trumpismo ni por presión ni por oportunismo.

Y cuarto, entender que esta deriva va a dañar gravemente a Estados Unidos: a sus empresas, a sus consumidores, a su prestigio internacional. Bienvenidos a la era de la desconfianza hacia EEUU. El país que una vez fue símbolo de apertura hoy se presenta como amenaza para la estabilidad global.

La UE como estandarte del comercio con reglas 

Los grandes negociadores no son los que hablan más alto ni los que exhiben una falsa demostración de fuerza. Son aquellos que saben identificar intereses comunes, construir puentes y liderar con inteligencia. En un contexto de creciente incertidumbre, la clave del liderazgo radica en la capacidad de escuchar, entender y actuar con una visión de futuro. Porque en diplomacia, la verdadera fortaleza no se mide en decibelios, sino en resultados duraderos.

El mundo se transforma, y con él, también debe hacerlo Europa. En tiempos de incertidumbre global, necesitamos más Europa, no menos. Más mercado único europeo para construir resiliencia interna. Más alianzas con terceros países para consolidar nuestro papel en el mundo. Más inversión en reglas de juego internacionales porque el poder sin derechos no es sostenible a largo plazo.

No podemos sucumbir al nihilismo de quienes solo entienden la política internacional como una partida de suma cero. La Unión Europea es, con todas sus imperfecciones, un orden que merece ser defendido. Y más ahora, que vemos el daño que un solo hombre puede causar a la economía mundial en un solo minuto. Porque representamos estabilidad, progreso y derechos. Y porque, si no lo hacemos, nadie más lo hará por nosotros.

Estos días de zozobra no dejo de pensar en Jorge Semprún. Gran intelectual europeo, superviviente de los campos de exterminio del nazismo y luchador incansable contra los totalitarismos que asolaron Europa en la primera mitad del siglo XX. Sentada en un pequeño teatro parisino, en 2007, escuché a Semprún desgranar su última obra, Pensar Europa, resumida en una frase que aún retumba en mis oídos: “el mayor peligro para Europa es el cansancio”.

Europa es mercado único, es libre circulación de personas y de capitales, pero es, sobre todo, el continente de la razón crítica y de los derechos y libertades individuales. Es progreso, solidaridad y democracia. Somos la primera generación de europeos que nace libre de guerras. Construimos puentes, no muros. Desarmamos ejércitos y armamos derechos. Creímos que bastaba con la diplomacia, la cooperación, la interdependencia. Pero la historia, terca como siempre, ha vuelto a llamar a la puerta.

Lo hizo en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania con el objetivo de acabar con su independencia y soberanía, pero también para construir una esfera de influencia rusa en Europa. Una vuelta a la Conferencia de Yalta de 1945 por parte de un presidente que anhela restablecer el pasado glorioso de Rusia frente a una Europa que considera decadente. Decadente por su protección de los derechos de las mujeres o de los homosexuales, por su lucha contra el cambio climático, por su multiculturalidad. Desde entonces, se han multiplicado los ataques contra infraestructuras energéticas y tecnológicas europeas, los ciberataques, la desinformación y las injerencias en procesos electorales.

Pero la traición llega también desde quien pensábamos que era nuestro principal aliado: Estados Unidos, con quien compartimos alianza de seguridad en la OTAN. Su presidente llama dictador al presidente Zelenski, alaba a Putin, amenaza con quedarse con Groenlandia y no duda en afirmar que la Unión Europea se creó para fastidiar a Estados Unidos. Nos adentramos en un territorio totalmente inexplorado. Trump y Putin negocian el futuro de Europa a través de Ucrania, sin Europa. Si no estás en la mesa, tú eres el menú. No es momento para el cansancio.

Europa es un proyecto de paz. Pero hoy nuestros valores están siendo atacados. Es una guerra contra nuestra democracia, contra nuestro modo de vida. Es una guerra contra los ideales por los que españoles comprometidos como Jorge Semprún lucharon. No se trata de armarse para invadir, sino de disuadir, proteger y resistir. No queremos ser vasallos de nadie, sino dueños de nuestro destino. 

Con el nuevo paquete de medidas presentado por la Comisión Europea en materia de seguridad y defensa —el Plan Readiness 2030 y el Libro Blanco de Defensa— se busca avanzar por esa senda. Seríamos ilusos si pensáramos que se trata solo de fabricar tanques o bombas. Es inteligencia, es ciberseguridad, son empleos, es adaptación para sobrevivir. Se trata de impulsar un paquete de inversiones, de hasta 800.000 millones de euros de aquí a 2030, en su mayoría a través de inversión directa de los Estados miembros y préstamos SAFE para proyectos conjuntos.

Esta vez debemos invertir de otra forma: invertir más, cada país, sobre la base de las capacidades que faltan en Europa, como por ejemplo sistemas de defensa antiaérea, drones y satélites, desarrollando proyectos made in Europe. Nuestra defensa no puede depender de Elon Musk. Esto se traduce en empleo y capacidad industrial. Es I+D+I. Debemos invertir mejor, reduciendo duplicidades y coordinándonos, apostando por alianzas público-privadas. Se trata también de invertir juntos, endeudándonos juntos, haciendo compras conjuntas y cooperando con terceros países, permitiendo la incorporación de países candidatos, como Ucrania, así como de países del Espacio Económico Europeo y quizás más adelante del Reino Unido y Turquía, a través de acuerdos específicos. 

Como decía Paul-Henri Spaak, en Europa hay dos tipos de países: los que son pequeños y los que todavía no saben que lo son. Es la suma de nuestras capacidades lo que nos hace grandes. Ya lo hicimos durante la pandemia con las vacunas. Esta vez no respondemos a un virus, sino a la violencia.

Soy consciente de que no se trata de un debate fácil en términos de opinión pública. Los países europeos tenemos diferentes pesadillas: los disparos se escuchan más fuertes en el Este que en el Sur. Pero todos compartimos los mismos sueños: seguir defendiendo nuestros Estados del bienestar. Así lo ha entendido la ciudadanía europea que ha demostrado estar a la altura del momento histórico que le ha tocado vivir. El reciente sondeo IFOP para Le Grand Continent muestra que el 70 % de los europeos considera que “la Unión Europea debe contar únicamente con sus propias fuerzas para garantizar su defensa y seguridad”. Según el CIS de marzo, el 75 % de los españoles apoya incrementar las capacidades defensivas de la Unión Europea.

Y es que el papel de España resulta fundamental en esta nueva encrucijada por nuestra seguridad y defensa. España alberga más de 400 empresas dedicadas al sector de la defensa, situándose como el cuarto país de la Unión Europea en términos de facturación, lo que se traducirá en la creación de empleos de calidad, altamente cualificados, y en el fortalecimiento del ecosistema industrial nacional. De este sector dependen alrededor de 250.000 puestos de trabajo.

Por otro lado, España cuenta con unas Fuerzas Armadas altamente profesionalizadas, que se han convertido, con su modernización en democracia, en una de las instituciones mejor valoradas. Invertir en defensa es también invertir en la UME, en equipos de alta tecnología contra catástrofes, sabotajes y desinformación.

En el debate público en nuestro país sobre invertir en seguridad y defensa, se apela muchas veces a una falsa dicotomía —la de los tanques o la mantequilla— que sugiere que si se invierte en defensa se deja de invertir en políticas sociales. Nada más lejos de la realidad. España aumentó en los últimos cinco años la inversión en defensa del 0,9 % al 1,3 % del PIB, reflejando un compromiso creciente con la seguridad nacional y las obligaciones internacionales. Mientras tanto, el gasto público aumentó entre 2019 y 2023 más de un 3 % del PIB. Si atendemos a los últimos presupuestos aprobados, los de 2023, comprobaremos que las partidas destinadas a gasto social crecieron un 11 % con respecto a 2022. Es momento de dejar a un lado los prejuicios sobre la defensa y la seguridad y convencernos de que invertir en defensa es invertir en nuestro futuro y en nuestro bienestar. Es momento de apostar por un gran pacto europeo por la seguridad y la defensa, debatido democráticamente y consensuado aquí en España y en Europa.

Nos encontramos en un nuevo momento Monet, que vaticinó a la perfección cómo la UE avanzaría en el futuro con su popular frase: “Europa se forjará a través de las crisis, y será la suma de las soluciones que se den a esas crisis”. En cada crisis nos tambaleamos, pero también damos un paso adelante. Ahora estamos ante una nueva encrucijada. Nos toca de nuevo decidir si queremos ser actores o espectadores. Esta vez, Europa debe protegerse a sí misma.