La energía nuclear ha sido, durante décadas, una parte fundamental del sistema eléctrico en España. Su capacidad para generar electricidad de forma continua y sin emisiones directas de CO₂ la convierten en una fuente de respaldo estable. Sin embargo, los riesgos y los costes asociados a su mantenimiento son cada vez más evidentes. La generación de residuos radiactivos, la dependencia tecnológica del exterior, el envejecimiento de las centrales y la pérdida de competitividad frente a las energías renovables llevan a plantear seriamente su eliminación progresiva.

España ya ha acordado un calendario de cierre de sus centrales nucleares, un proceso pactado entre las empresas propietarias y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en 2019. Este plan no responde a una imposición gubernamental, sino a la realidad de un sector que, lejos de ser rentable por sí mismo, necesita cada vez más apoyo económico para seguir funcionando. En este contexto, la transición hacia un modelo basado en energías renovables no solo es deseable, sino, también, inevitable.

Los residuos radiactivos suponen un problema sin solución definitiva. A diferencia de las energías renovables, que no generan residuos peligrosos, la energía nuclear produce desechos altamente radiactivos, que deben ser gestionados con un nivel extremo de seguridad durante cientos de años. 

El almacenamiento geológico profundo (AGP) se considera la mejor opción para gestionar estos desechos, pero su construcción enfrenta grandes dificultades. No es fácil encontrar emplazamientos adecuados, ni garantizar la seguridad de estos depósitos a tan largo plazo. Países con una mayor tradición nuclear, como Francia o Finlandia, llevan décadas buscando ubicaciones idóneas, sin éxito en muchos casos.

Este factor convierte a la energía nuclear en una tecnología con un impacto intergeneracional sin precedentes: las decisiones energéticas del presente condicionarán la seguridad de generaciones futuras. En comparación, las energías renovables ofrecen una alternativa limpia y sin legado radiactivo.

Otro aspecto a considerar es que España no dispone de los recursos necesarios para sostener la energía nuclear de manera autónoma, por lo que el combustible que utilizan las centrales debe importarse. Esta dependencia externa supone una vulnerabilidad en términos de seguridad energética, especialmente en un contexto global donde la estabilidad del suministro de recursos estratégicos está en constante riesgo. Además, España no ha desarrollado una tecnología nuclear propia. Las centrales operan con diseños y equipos comprados a países como Estados Unidos y Francia, lo que implica una falta de soberanía tecnológica en un sector crítico. Mientras que en energías renovables el país ha conseguido convertirse en un referente mundial en desarrollo e innovación, en el sector nuclear sigue dependiendo de la tecnología extranjera.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las centrales nucleares españolas fueron diseñadas para una vida operativa de 40 años (vida de diseño), un periodo que ya han superado en su mayoría. Ahora se encuentran en una fase de extensión de su vida útil, lo que conlleva mayores riesgos y costes.

A medida que las centrales envejecen, el mantenimiento se vuelve más complejo y caro. Se requieren inversiones significativas para garantizar la seguridad de las instalaciones, y, aun así, la probabilidad de fallos aumenta con el tiempo. Aunque los accidentes nucleares son poco frecuentes, su impacto puede ser devastador. Casos como el de Fukushima, en Japón, han demostrado que, cuando ocurren, las consecuencias de los accidentes nucleares son de una magnitud difícilmente asumible.

Este riesgo plantea un dilema ético: ¿hasta qué punto es justificable seguir operando instalaciones con un potencial de catástrofe elevado, cuando existen alternativas más seguras y sostenibles?

Pero no quiero que parezca que solo doy argumentos negativos, uno de los argumentos en favor de la energía nuclear es que su funcionamiento continuo garantiza un suministro estable de electricidad. Sin embargo, este beneficio tiene un coste, y en muchos casos, este coste es asumido por el conjunto de los ciudadanos.

Mantener las centrales en funcionamiento implica gastos muy altos en gestión de residuos radiactivos y en seguridad. Si las empresas propietarias no pueden hacer frente a estos costes, la única alternativa es que el Estado intervenga, lo que significa que los contribuyentes terminarían financiando una tecnología que ya no es competitiva.

Por otro lado, el coste del kilovatio-hora (kWh) nuclear ha dejado de ser atractivo frente a fuentes renovables como la eólica o la solar. Las cifras demuestran que la energía nuclear es cada vez menos rentable en un mercado donde las renovables han reducido drásticamente sus costes de producción. Invertir en la prolongación de las centrales nucleares en lugar de impulsar nuevas infraestructuras renovables supondría una oportunidad perdida en la transición energética.

El avance de la energía renovable en España ha sido significativo en los últimos años. Actualmente, la capacidad de generación renovable instalada ya supera ampliamente la demanda punta del país.

En 2024, la demanda máxima registrada fue de 38,2 gigavatios (GW), mientras que solo la energía solar fotovoltaica ya alcanza los 32 GW de capacidad instalada. Sumando el resto de tecnologías, la potencia total del sistema asciende a 137,5 GW. Esto significa que, en muchas horas del día, hay un excedente de producción de electricidad que no puede aprovecharse.

Mantener las centrales nucleares en este contexto no haría más que agravar la situación, generando aún más energía en momentos en los que no se necesita y aumentando el desperdicio de electricidad. Las renovables hibridadas, y combinadas con sistemas de almacenamiento, ofrecen una mayor flexibilidad para adaptar la producción a la demanda real.

España ya ha llevado a cabo un proceso de transición energética con el cierre de la minería del carbón y de las centrales térmicas. Este proceso se ha gestionado con la creación de nuevas oportunidades económicas y de empleo en las regiones afectadas, en colaboración con administraciones locales y empresas.

En definitiva, un futuro sin energía nuclear es posible, e incluso necesario. La energía nuclear ha desempeñado un papel importante en el suministro eléctrico de España, pero su tiempo está llegando a su fin. 

España ya ha demostrado que es capaz de llevar a cabo transiciones energéticas ordenadas y justas. Con el crecimiento de las energías renovables y el desarrollo de soluciones de almacenamiento, el país puede garantizar un suministro eléctrico fiable y sostenible sin necesidad de recurrir a una tecnología cara, peligrosa y con un impacto a largo plazo difícilmente justificable.

El futuro de la energía pasa por fuentes más limpias, seguras y económicas. Apostar por ellas es la mejor decisión para el medio ambiente, para la economía y para las generaciones futuras.