Las aportaciones que las y los eticistas realizan en torno a nuestros deberes morales hacia los animales nos invitan a repensar el trato que les damos en las innumerables formas de explotación en las que los instrumentalizamos. En este ámbito de estudio, la noción de sintiencia, referida a la capacidad para “vivenciar lo que nos pasa” (Horta, 2017), y que nos remite a la facultad de experimentar sensaciones y de tener experiencias subjetivas de la propia vida, ocupa un lugar nodal. Ignorar los intereses de los animales sintientes, o subordinarlos a los nuestros, es cuanto menos éticamente problemático. Y si convenimos en que dañar a los animales es reprobable, nuestras responsabilidades hacia ellos no deberían detenerse en el ámbito individual. Es decir, parece insuficiente que la suerte que puedan correr los animales dependa de cada quién, sin que este asunto transcienda al terreno de lo público.

No obstante, introducir la preocupación moral por los animales en el espacio político es una tarea que no está exenta de resistencias. En ocasiones se cuestiona la propia pertinencia de abordar este tema, o bien se estima que debe ocupar un lugar remoto en la deliberación pública. Ahora bien, el debate sobre cómo deberíamos actuar, y por qué, con los animales cobra cada vez más interés social, siendo el movimiento animalista el principal encargado de reivindicar la presencia de tales asuntos en la agenda social y política. De ahí que la disidencia animalista tenga encomendada la tarea de transformar la ética en acción social (Munró, 1999), lo que implica visibilizar el daño que se ejerce a los animales, y también trabajar para que esto resulte en una mayor protección de los mismos.

Entre las formas de explotación animal que enfrenta este movimiento social, la lucha antitaurina siempre ha tenido un papel destacado. La documentación sobre la oposición a esta actividad muestra que prácticamente no ha existido tauromaquia sin la correspondiente desaprobación al hecho de que se dañe y mate a toros como forma de entretenimiento (Badorrey, 2017, y Codina, 2018).

Un caso paradigmático sobre el modo en el que el antitaurinismo se adhiere a unos valores éticos para incidir en las políticas de protección animal lo encontramos en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Plataforma PROU para solicitar la prohibición de las corridas de toros en Catalunya.

La cocina de la ILP de la Plataforma PROU

Durante la temporada taurina del 2007, en la plaza de toros de La Monumental de Barcelona -la única activa en Catalunya por aquel entonces- se programaron la mitad de corridas de las celebradas el año anterior. No obstante, el 17 de junio de aquel año se anunció una corrida en la que se esperaba una mayor afluencia de público por la reaparición del torero José Tomás. Con la contratación de una figura de renombre se pretendía reactivar a la afición taurina en la ciudad, motivo por el cual también se invitó a personajes conocidos por su afición a los toros como los cantautores Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, la duquesa de Alba, el director de teatro Albert Boadella, la periodista Mercedes Milà y el escritor Fernando Sánchez Dragó.

Como reacción a aquel acontecimiento, desde el tejido animalista catalán se organizó una manifestación a la que acudieron unas 5.000 personas, lo que supuso la constatación del poder de convocatoria que estas entidades tenían cuando se trataba de protestar en contra de la tauromaquia. A raíz de este éxito surgió la Plataforma Barcelona Mata, formada por colectivos como Libera!, Altarriba, FAADA, ADDA, AnimaNaturalis, PACMA, etc. Entre los repertorios de acción desplegados por esta plataforma tenemos una serie de protestas en las puertas del Parlament de Catalunya. Fue allí donde comenzaron las primeras conversaciones entre activistas y políticas/os que derivarían en la posterior decisión de valerse de una ILP para que las controversias que genera la tauromaquia entraran en el Parlament.

Activistas muy principistas y muy pragmáticas/os

Echar a andar una ILP implica que un grupo ciudadano se embarque en la presentación de un proyecto de ley para su debate parlamentario. Que una labor de tal magnitud prospere pasa por movilizar a un número importante de personas dispuestas firmar la petición, e implica conseguir suficiente apoyo de las formaciones políticas que conforman la cámara.

Para emprender este camino, desde PROU se optó por presentarse como un grupo sólido que aceptaba las reglas del juego político, y que tenía la capacidad y la voluntad de moverse de forma solvente a través del discurso institucional. Con la intención de trabajar sobre una fórmula con posibilidades de salir adelante, las y los animalistas establecieron en primer lugar qué sería lo que quedaría recogido en su proposición de ley, y qué exclusiones acordarían. Finalmente, se consensuó que la ilegalización de las corridas de toros era la meta alcanzable, quedando por lo tanto fuera de las aspiraciones de la plataforma la incorporación de otros modos de explotación animal en el ámbito del entretenimiento, siendo la exclusión más sonada la que corresponde a los correbous.

La lectura posibilista que PROU realizó del contexto sociopolítico siempre estuvo sustentada en el señalamiento de los problemas éticos que presenta la tauromaquia desde una estrategia tan principista como pragmática. Es decir, el papel de la ética aquí lo encontramos en los principios que genuinamente motivan a las y los activistas, pero también en el modo en el que particularmente el argumentario ético se pone en acción. Se trabajó, así, abanderando un capital moral avalado por el conocimiento experto para construir una propuesta con posibilidades de prosperar.

El propósito era ganar la contienda argumentativa, desactivando las razones de quienes apoyaban la continuidad de las corridas en Catalunya, tales como el carácter tradicional de los toros, la apelación a la libertad para acudir a las corridas o la condición antiespañola atribuida a la ILP, discurso este último que generaba dinámicas frágiles entre la política identitaria y el carácter ético de la iniciativa de PROU.

Para enfrentar o sortear dichas tensiones, se movilizó enérgicamente la noción de progreso moral, la cual fue rápidamente adoptada por los grupos políticos afines a la ILP, que vieron en esta idea una vía para defender su postura, señalando que progresar moralmente como sociedad comporta también ocuparse del bienestar animal. Este planteamiento copó buena parte del debate y situó al progreso moral como paradigma del “proceso civilizador”, promoviendo que las piezas de aquel tablero se movieran a favor de PROU.

Decisión socialmente aceptada e institucionalmente sostenida

No podemos concluir que poner de relieve las cuestiones éticas fuera lo único que llevó a buen término la propuesta animalista; sin embargo, todo apunta a que sí facilitó que las formaciones políticas encontraran caminos para apoyar la iniciativa. La decisión de priorizar un argumentario principista sirvió para expresar la auténtica preocupación por los animales de quienes impulsaron y firmaron la iniciativa, pero a su vez contribuyó a que la atención se dirigiera a las motivaciones éticas de la ILP, las cuales alcanzaron una suerte de estatus de irrefutabilidad.

Así, la lectura pragmática del contexto de oportunidad en el que surge la ILP, junto a la formulación delimitada de la demanda, fueron de la mano de la moralización deliberada del debate, lo que situó la propuesta de PROU en la zona de la incontestabilidad ética (fundamentada en la experticia) y de la legitimidad popular de la decisión del Parlament. Algo que en parte podría explicar que no se hayan vuelto a programar corridas de toros en esta comunidad autónoma. Y es que, aun siendo una prohibición revocada por el Tribunal Constitucional en octubre de 2016, sigue teniendo efecto a día de hoy. Por lo que, en términos generales, y hasta la fecha, la prohibición de las corridas de toros en Catalunya ha sido socialmente aceptada e institucionalmente sostenida.

Para ampliar información, consultar la tesis doctoral:

“La politización de la ética animal desde el pragmatismo de principios: el caso de la ILP para prohibir las corridas de toros en Catalunya”.