Hay gestos pequeños que, sin hacer ruido, sostienen el mundo. La semana pasada, en Gaza, niñas y niños volvieron a mirar al cielo desde la playa. Lo hicieron con cometas de colores, ligeras, frágiles, pero cargadas de un significado inmenso. En medio del dolor, del bloqueo y de las ausencias que deja la guerra, esas cometas fueron mucho más que un juego, fueron una forma de decir seguimos aquí.

Muchas de esas niñas y niños han perdido a sus madres y padres. Han visto demasiado pronto lo que ninguna infancia debería ver jamás. Y aun así, allí estaban, junto al mar, dejando que el viento levantara sus sueños. Cada cometa llevaba un mensaje silencioso pero firme, el derecho a vivir, a imaginar, a crecer sin miedo. Un recordatorio que atraviesa fronteras, para decir que Gaza no puede ser olvidada.

Al día siguiente, a orillas del Atlántico, en la Playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria, niñas y niños canarios, junto a otros que estaban de visita, se reunieron para crear sus propias cometas. Las pintaron, las tocaron, las pensaron. Algunas más sencillas, otras más afinadas pero todas llenas de intención. No era solo una actividad, era un gesto de cuidado, una forma de tender un hilo invisible entre dos infancias separadas por miles de kilómetros.

El viento no fue constante en el parque junto al Auditorio Alfredo Kraus. A ratos parecía que no iba a suceder. Pero, como ocurre tantas veces, bastaron algunas ráfagas para que las cometas se elevaran. Y en ese subir irregular, en ese sostenerse a intervalos, había también una metáfora, incluso cuando todo parece en contra, siempre hay momentos en los que el aire vuelve y permite seguir.

Las cometas volaron. Y con ellas, los mensajes

Mensajes hechos de colores, de manos pequeñas, de miradas que preguntan y también que comprenden. Mensajes que no necesitan traducción, solidaridad, empatía, memoria. Porque cuando se levanta una cometa pensando en otras personas al otro lado del mundo, algo esencial se activa. Algo profundamente humano.

“Cometas por Palestina” organizado por la Comunidad Palestina y con la participación del artista Paco Arana, no es solo un nombre. Es una imagen poderosa, el cielo convertido en un lugar de encuentro. Un espacio donde el dolor no se niega, pero tampoco impide que brote la ternura. Donde la infancia, incluso herida, sigue buscando alas. Y quizás ahí esté lo más importante.

Que, a pesar de todo, siguen volando.

Que, a pesar de todo, siguen soñando.

Que, a pesar de todo, hay manos, aquí y allá, dispuestas a sostener ese vuelo. A exigir que pare el Genocidio.

Han pasado casi ocho años desde la entrada en vigor de la conocida como “ley mordaza”, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ocho años en los que se ha acumulado suficiente experiencia, suficientes datos y, sobre todo, suficientes vivencias en la calle como para poder hacer un balance honesto. Y ese balance, para una parte importante de la ciudadanía, es demoledor.

La promesa era clara, garantizar la seguridad ciudadana. La realidad percibida por muchos colectivos sociales ha sido otra bien distinta, una herramienta utilizada para limitar derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protesta y la libertad de expresión. No se trata solo de una cuestión jurídica, sino de una experiencia cotidiana que han vivido activistas, periodistas, sindicalistas y personas que, simplemente, han decidido alzar la voz.

Uno de los aspectos más controvertidos ha sido el uso recurrente de sanciones administrativas por conceptos amplios como la “desobediencia a la autoridad”. Este tipo de infracciones, difíciles de objetivar en muchos casos, han permitido imponer multas elevadas sin necesidad de un proceso judicial previo, trasladando la carga de la prueba a la ciudadanía. El resultado ha sido, en la práctica, un efecto disuasorio, protestar puede salir caro, incluso cuando no existe una conducta violenta ni un riesgo real para la seguridad.

A lo largo de estos años, organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han alertado sobre los riesgos que esta ley supone para los derechos civiles en España. También el Defensor del Pueblo ha señalado la necesidad de revisar determinados aspectos para evitar abusos. No hablamos, por tanto, de una crítica marginal o ideológica, sino de un debate con base en estándares internacionales de derechos humanos.

Entonces, ¿por qué sigue en vigor? La respuesta no es sencilla, pero apunta a varias capas. Por un lado, existe una inercia institucional, las leyes de seguridad tienden a mantenerse porque otorgan herramientas amplias a las administraciones. Por otro, hay un contexto político en el que modificar o derogar una norma de este tipo requiere consensos que no siempre se alcanzan. Y, finalmente, hay una cuestión más profunda, el modelo de relación entre el Estado y la ciudadanía.

La ley mordaza no aparece en el vacío. Es heredera de una cultura política donde el orden público ha sido históricamente prioritario frente al ejercicio de ciertos derechos. España arrastra, como otros países, una historia compleja en la que el equilibrio entre seguridad y libertad no siempre se ha resuelto a favor de esta última. Sin necesidad de recurrir a explicaciones simplistas, sí es legítimo preguntarse hasta qué punto ciertas estructuras y prácticas han sobrevivido más allá de los cambios formales del sistema político.

Plantear que esta ley protege “poderes heredados del franquismo” puede ser una afirmación que requiera matices, pero lo que sí parece evidente es que su aplicación ha generado un clima de restricción que choca con una concepción avanzada de la democracia. Una democracia madura no debería temer la protesta pacífica, ni convertir la discrepancia en un riesgo económico para quien la ejerce.

La cuestión de fondo no es solo jurídica, sino política y social: ¿qué tipo de ciudadanía queremos? ¿Una que participa activamente, que cuestiona, que se moviliza? ¿O una que mide cada paso por miedo a una sanción administrativa? Las leyes no solo regulan conductas; también moldean comportamientos y definen los límites de lo posible.

Ocho años después, la ley mordaza sigue siendo un espejo incómodo. No solo por lo que dice de la norma en sí, sino por lo que revela sobre nuestras prioridades colectivas. Derogarla o reformarla en profundidad no debería entenderse como un gesto de debilidad institucional, sino como un paso necesario hacia una democracia más robusta, donde la seguridad no se construya a costa de los derechos, sino junto a ellos.

Porque, en última instancia, una sociedad verdaderamente segura es aquella en la que la ciudadanía puede expresarse, organizarse y protestar sin miedo.

El nuevo decreto de alquileres aprobado el 22 de marzo de 2026 se presenta como una medida de protección. Permite prorrogar los contratos hasta el 31 de diciembre de 2027 y limita la subida del alquiler al 2%. Sobre el papel, suena bien. Pero basta mirar cómo funciona para entender otra cosa muy distinta.

El decreto no congela automáticamente los alquileres, ni baja el precio abusivo de los existentes. Tampoco garantiza de forma directa la continuidad en la vivienda. Obliga a cada inquilina a solicitar la prórroga, incluso mediante burofax o carta certificada, para poder acogerse a ese supuesto derecho. Y ahí está el problema.

Convierte un derecho colectivo en un trámite individual. Y eso, en la práctica, deja fuera a miles de personas.

Porque no todo el mundo sabe que puede hacerlo. No todo el mundo tiene la información, el tiempo o la capacidad. Y no todo el mundo está en condiciones de enfrentarse a su casero o a una inmobiliaria.

Lo que debería ser automático se convierte en una carrera de obstáculos.

Mientras tanto, el llamado escudo social se ha ido debilitando progresivamente. Medidas clave como la suspensión de desahucios han sido recortadas o han decaído, dejando fuera a amplios sectores de la población. Hoy, muchas personas vuelven a estar expuestas a perder su vivienda sin una red de protección efectiva.

El contraste es evidente porque se exige a las inquilinas que activen sus derechos una a una, mientras el mercado del alquiler sigue funcionando sin límites estructurales.

Los precios continúan disparados, impulsados por un modelo que prioriza la rentabilidad frente al derecho a la vivienda. El propio decreto reconoce el problema, pero evita intervenirlo de forma decidida.

Y al mismo tiempo, oculta una realidad aún más profunda que es la falta de vivienda pública y social a precios asequibles. Porque sin un parque suficiente de vivienda pública, no hay forma real de garantizar el acceso a la vivienda ni de equilibrar el mercado.

En lugar de abordar esta carencia estructural, se opta por amortiguar temporalmente sus efectos. En lugar de bajar los precios, se amortiguan sus consecuencias. En lugar de garantizar derechos, se ofrecen mecanismos para defenderse como se pueda.

Y así, lo que se presenta como protección también funciona como una red de estabilidad para los propietarios. Se gana tiempo sin tocar el núcleo del problema.

Pero la vivienda no puede seguir tratándose como un equilibrio entre partes desiguales. No hablamos de contratos entre iguales, sino de una necesidad básica frente a un bien convertido en activo financiero.

Si de verdad se quiere proteger a la gente, las medidas deben ser claras, automáticas y universales. Deben garantizar que nadie pierde su casa por no poder pagar. Y deben intervenir los precios del alquiler para hacerlos accesibles. Y deben ampliar de forma decidida el parque de vivienda pública y social.

Porque cuando un derecho depende de que lo reclames a tiempo, con el procedimiento correcto y frente a quien tiene más poder que tú, deja de ser un derecho. Se convierte en un privilegio.

Este final de invierno y comienzo de primavera en Canarias nos ha dejado una estampa que, aunque cíclica, no deja de sorprendernos, lluvias intensas, barrancos que despiertan con fuerza, escorrentías que atraviesan calles y avenidas, y un mar que, en determinados días, se sacude con energía suficiente como para recordarnos que sigue vivo. Lo llamamos borrascas, fenómenos adversos o episodios excepcionales, pero en realidad, nada de esto tiene demasiado de extraordinario.

El agua ha hecho lo que siempre ha hecho. Cuando llueve, el territorio habla. Los barrancos, muchos de ellos enterrados, canalizados o invadidos, reaparecen. Las pendientes se activan, las cuencas se comportan como tales y los caminos naturales del agua se imponen sobre el asfalto, el cemento y la planificación que decidió ignorarlos. No es el agua la que invade; son quienes han ocupado sus rutas durante décadas.

Algo similar ocurre en la costa. Cuando el mar se embravece y golpea paseos, carreteras o edificaciones, se interpreta como una amenaza externa, casi como si se tratara de una anomalía. Pero el mar tampoco se equivoca. Simplemente vuelve a ocupar espacios que le pertenecían, espacios que han sido ganados, poco a poco, desde una lógica de dominio que rara vez ha tenido en cuenta los equilibrios naturales.

El problema, por tanto, no es la lluvia ni el oleaje. No es el agua. El problema es la forma en la que se ha construido y gestionado el territorio. Durante demasiado tiempo, quienes toman decisiones han construido de espaldas a la naturaleza, convencidos de que la técnica, la urgencia o el interés económico podían sustituir al respeto. Han estrechado barrancos, urbanizado laderas, rigidizado costas y, en ese proceso, han olvidado algo esencial, el agua no desaparece, solo espera.

Cada episodio como los vividos estas semanas debería servir como recordatorio colectivo. No como una alarma pasajera que se disuelve cuando sale el sol, sino como una oportunidad para repensar cómo se habitan estas islas. Porque lo que hoy se llama catástrofe no es más que el resultado acumulado de decisiones tomadas durante años.

Y, sin embargo, todo apunta a que se volverá a hacer lo mismo. Cuando amaine el tiempo, cuando se limpien las calles y se reparen los daños, regresará la rutina y, con ella, el olvido. Hasta la próxima lluvia, hasta el próximo golpe de mar.

Conviene decirlo con claridad, el agua no es el enemigo. Nunca lo ha sido. El agua es vida, equilibrio, memoria del territorio. Lo que genera el riesgo, lo que convierte episodios naturales en situaciones de emergencia, es la falta de respeto hacia esa lógica y la soberbia de quienes creen que pueden domesticarla sin consecuencias.

El agua siempre es buena.

Lo que falla es la forma en que se ocupa el territorio.

Hay frases que se han normalizado tanto que han dejado de incomodarnos. “Vivo del alquiler” o “con el alquiler pago la residencia de mis padres, o tengo un dinero para un pequeño capricho”, dicen algunas personas, como si hablaran de un oficio, como si fuera equivalente a trabajar, a producir, a aportar algo necesario a la sociedad. Y, sin embargo, detrás de esa frase hay una realidad mucho más compleja, y también mucho más injusta.

Porque mientras alguien pueda vivir del alquiler, hay alguien que no puede vivir con dignidad pagando ese alquiler.

No se trata de señalar a personas concretas. No va de buenos o malos. De hecho, estoy convencido de que hay quienes alquilan una vivienda intentando hacerlo con responsabilidad, incluso con cierta conciencia social. Personas que no buscan abusar, que entienden la dificultad de quien está al otro lado. Pero el problema no es individual. El problema es el sistema que habitamos; un sistema que ha convertido un derecho básico en una oportunidad de negocio.

La vivienda no es un bien cualquiera. No es un lujo, ni un capricho, ni una inversión más. Es el lugar donde descansamos, donde nos cuidamos, donde construimos vida y donde nos curamos de otras violencias estructurales o vitales. Sin vivienda no hay estabilidad, no hay salud, no hay proyecto vital posible. Y, aun así, la hemos puesto a competir en el mercado como si fuera cualquier mercancía.

Y cuando un derecho entra en el mercado, deja de ser un derecho garantizado para convertirse en un privilegio condicionado.

Se nos ha contado durante décadas que comprar una segunda vivienda para alquilar era una forma inteligente de asegurar el futuro. Que era previsión, esfuerzo, incluso responsabilidad. Pero esa narrativa escondía algo: que ese “futuro asegurado” de unos se construía sobre el pago constante de otros. Sobre salarios muchas veces precarios, sobre vidas que llegan justas a fin de mes.

No es una cuestión moral individual. Es una cuestión de estructura

Porque incluso quienes se consideran “buenos caseros” están insertos en una lógica que les empuja a subir precios, a adaptarse al mercado, a proteger su inversión. Y esa lógica no la definen ellos: la define un sistema que premia la rentabilidad por encima del derecho.

Por eso, hablar de “buenos caseros” puede ser, sin quererlo, una forma de desviar el foco. Porque la cuestión no es si hay personas mejores o peores dentro del sistema, sino por qué el sistema permite y fomenta que algo tan básico como la vivienda dependa de la capacidad de generar beneficio.

Mientras tanto, el Estado llega tarde o no llega. Y lo que debería estar garantizado colectivamente, el acceso a la vivienda, los cuidados, la seguridad material, se deja en manos del mercado o de soluciones individuales. Así, muchas personas acaban dependiendo del alquiler no por ambición, sino por necesidad, para complementar pensiones insuficientes, para sostener economías frágiles.

Pero esa solución individual genera un problema colectivo.

Porque al final, quienes sostienen todo esto son las trabajadoras y trabajadores. Son quienes, con su esfuerzo diario, pagan alquileres que no dejan de subir, renuncian a proyectos de vida, aplazan decisiones, viven con incertidumbre. Son quienes generan la riqueza real, pero ven cómo una parte cada vez mayor de sus ingresos se destina a algo que debería estar garantizado. Y ahí es donde necesitamos volver a hacernos una pregunta sencilla, pero fundamental, ¿Queremos una sociedad donde la vivienda sea un derecho o un negocio?

No se trata de culpabilizar a nadie, sino de asumir colectivamente que hemos normalizado algo que no debería ser normal. Que hemos aceptado como inevitable un modelo que genera desigualdad y precariedad.

Tal vez el primer paso sea cambiar el lenguaje, dejar de llamar “trabajo” a lo que no lo es, dejar de justificar lo injustificable. Y, desde ahí, empezar a imaginar y exigir otra forma de organizar la vida.

Una en la que nadie tenga que vivir del alquiler.

Y, sobre todo, en la que nadie tenga que sufrirlo para poder vivir.

En el corazón de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Molino de Viento, ha nacido un mural que no es solo una obra artística, es un grito de conciencia, un gesto de solidaridad y un acto de dignidad colectiva.

La obra ha sido realizada por los artistas Juan Carlos Bascones y Fátima Suleiman, junto al alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria, apoyado por la Comunidad Palestina en Canarias. Su resultado es un mural poderoso que se alza como denuncia contra el genocidio y la ocupación que sufre el pueblo palestino, pero también como una declaración de esperanza.

En la pared se lee con claridad:

“Palestina será libre.

Contra el genocidio y la ocupación.

Palestina: un pueblo, una tierra, una nación.“

Las palabras se funden con una escena profundamente conmovedora, una mujer y un niño que se elevan entre restos de armamento y escombros, en medio de una Gaza devastada. Sin embargo, sobre ellos se abre un cielo de intensos colores anaranjados, luminosos, casi incendiados por la vida.

Ese cielo no habla de destrucción. Habla de resistencia.

El mural recuerda que el arte, cuando nace de la conciencia y del compromiso, tiene la capacidad de romper el silencio. En una época en la que demasiados gobiernos prefieren mirar hacia otro lado, esta obra convierte un muro urbano en un espacio de memoria, denuncia y humanidad.

No es casual el lugar donde se encuentra. La calle Molino de Viento debe su nombre a los antiguos molinos harineros que hace más de un siglo ocupaban la zona. Aquellos molinos molían gofio y harina, alimentos esenciales para la vida cotidiana de la isla. Eran lugares de trabajo, de encuentro y de comunidad.

Hoy, ese mismo lugar vuelve a cumplir una función esencial, alimentar la conciencia colectiva.

Este mural merece algo más que ser contemplado. Merece reconocimiento y agradecimiento a Juan Carlos Bascones, a Fátima Suleiman y al alumnado que ha participado en su creación, por demostrar que el arte es una herramienta de solidaridad internacional y de compromiso con los derechos humanos.

En tiempos en los que el silencio puede convertirse en complicidad, ellos han elegido pintar la verdad.

Han transformado un muro en una voz.

Una voz que dice que el sufrimiento del pueblo palestino no será olvidado.

Una voz que recuerda que la dignidad y la resistencia siguen en pie.

Porque mientras existan artistas capaces de levantar imágenes como esta, la memoria seguirá viva y la esperanza también.

Y desde esta ciudad atlántica, abierta al mundo, el mural lanza un mensaje claro que atraviesa océanos:

Palestina vive. Palestina resiste. Palestina será libre.

Envejecer con techo es un derecho humano. Hay una edad en la que la casa deja de ser solo un lugar y se convierte en refugio, memoria y arraigo. Las paredes guardan nombres, fotografías, rutinas pequeñas que sostienen la vida. La casa es el sitio donde una persona mayor sabe dónde está la luz al amanecer, dónde suena el silencio por la noche, dónde cabe toda una historia.

Por eso, arrancar a alguien mayor de su hogar no es solo un desahucio, un desarraigo, es una herida de muerte.

Lo justo, lo humano, lo deseable, es que las personas mayores puedan vivir en su casa, con los suyos o sola, contando con los apoyos necesarios para hacerlo posible. Ayudas a domicilio, atención sanitaria, acompañamiento, comunidad. Envejecer no debería significar perder derechos, ni vivir con miedo a quedarse sin techo.

Cuando la vida exige cuidados especializados, la alternativa no puede ser el desarraigo ni el aislamiento, ni los grandes macro centros con ambiente hospitalario. La dignidad está en los hogares pequeños, en las residencias de barrio plenamente integradas en la vida cotidiana, donde se conoce a la gente por su nombre. Espacios cálidos, cercanos, con atención médica en sus centros de salud de toda la vida, con sus mismo personal sanitario, buena alimentación y actividades que mantengan viva la cabeza y el corazón. Lugares donde se cuide, pero también se quiera.

Canarias está envejeciendo, y lo hace rápido. Cada año son más las personas que alcanzan edades avanzadas, y lo hacen en un territorio donde la vivienda se ha convertido en un bien escaso, caro y tratado por el gobierno y algunos sectores como mercancía, agravado por la tiuristificación. Frente a esta realidad, mirar hacia otro lado no es una opción.

El derecho a una vivienda digna no es un gesto de caridad, es un derecho reconocido por la ley y por la ética más básica. La legislación protege a las personas mayores frente a los desahucios, obliga a buscar alternativas habitacionales y prohíbe que los grandes tenedores expulsen a quienes no tienen a dónde ir. Pero los derechos, si no se defienden, se vacían y se pierden.

No se puede hablar de cuidado mientras se tolera que alguien mayor viva con el miedo constante de perder su casa. No se puede hablar de envejecimiento activo mientras se condena al desarraigo. No se puede hablar de justicia social sin garantizar un techo digno hasta el último día.

Defender el derecho a la vivienda para las personas mayores es defender la vida misma, la que fue, la que es y la que aún tiene que ser vivida con tranquilidad. Porque nadie debería envejecer con miedo. Porque una casa no es un lujo.

Sea como sea tiene que ser un hogar para vivir, no para sobrevivir.

La escena parece anecdótica, casi extravagante, una mujer de 71 años viviendo en un pequeño barco de su propiedad, en el Muelle Deportivo de Las Palmas. Pero detrás del caso de Margarita, desahuciada sin alternativa habitacional, con su única vivienda confiscada por la Autoridad Portuaria, se esconde una realidad mucho más amplia y profunda que es el creciente desamparo de las personas mayores frente a la crisis de vivienda en Canarias.

Margarita no es un caso aislado, es el síntoma visible de un problema estructural que expone las grietas de un modelo que convierte el territorio, los espacios públicos y la vivienda en activos financieros y a las personas en externalidades incómodas para la especulación.

La precariedad habitacional en Canarias afecta a jóvenes, familias, migrantes y trabajadores esenciales, pero uno de sus rostos menos visibles y más vulnerables es la gente mayor. Mujeres y hombres que, tras una vida laboral, se encuentran sin red familiar, sin ahorro suficiente, sin renta estable y con unos servicios sociales que actúan tarde y mal. La subida del alquiler, la turistificación, la financiarización de la vivienda y el suelo junto a la privatización de lo público han empujado a muchas personas mayores a situaciones de riesgo residencial extremo.

La invisibilidad se agrava porque la vulnerabilidad no siempre es ostentosa y a veces se materializa en una pequeña casa terrera que ya no se puede pagar o en la que tienen interés inmobiliarias y constructoras , o en una habitación alquilada sin contrato ni derechos o como en el caso de Margarita, en una embarcación que funciona como vivienda digna, estable y tranquila, hasta que el Estado decide que estorba.

El desahucio del barco Claudine no se explica solo con informes técnicos. Derecho al Techo y el movimiento Mi barco, mi casa denuncian que no existió peritaje independiente, que no hubo alternativas de subsanación y que se trató de un procedimiento decidido de antemano, enmarcado en un proceso mayor de privatización del muelle deportivo, un espacio público que se reconvierte para usos más rentables que residir.

La Autoridad Portuaria ofreció como única respuesta un correo “preventivo” a Servicios Sociales cuando Margarita reconoció no tener vivienda, y avisar no es acompañar. Comunicar no es proteger y enviar un correo no detiene un desahucio sobre una persona mayor, sola y sin alternativa, como bien se recoge en un comunicado de Derecho al Techo.

Este modo de gestionar la crisis habitacional es el mismo que operan los fondos buitre, se cambia la normativa, se señalan las personas que sobran y se los expulsa sin alternativa. Hoy fue Margarita, mañana cualquier otra persona y pasado, cualquier otro espacio que pueda generar beneficio privado.

La vivienda no es solo un techo, es la base de la vida.

Organizaciones como Derecho al Techo insisten en que el derecho a la vivienda no es solo acceder a una estructura física, sino vivir con estabilidad, dignidad y seguridad. Sin vivienda no hay salud, no hay arraigo, no hay autonomía y no hay futuro. Por eso la defensa del derecho al techo es también defensa de lo público, del suelo comunal y de la función social de la vivienda.

La salida a esta crisis no pasa únicamente por ayudas individuales, sino por medidas estructurales, abrir el parque de viviendas vacías retenidas por fondos de inversión, expropiándose por interés público, declarar zonas tensionadas, regular alquileres, impedir que el suelo público se privatice o se turistifique y garantizar mecanismos de protección inmediata frente a desahucios.

Canarias está en un punto crítico, entre el turismo de plataformas, la compra de vivienda por inversión extranjera y la conversión del alquiler residencial en alquiler vacacional, el archipiélago se está convirtiendo en un territorio para visitantes, no para habitantes. Y si el modelo no cambia, la población más envejecida será la primera en quedar fuera.

El caso de Margarita nos obliga a mirar lo que rara vez se quiere mirar, que los desahucios no son accidentes administrativos, sino decisiones políticas. Y que detrás de cada una hay una vida que se empobrece, se invisibiliza y se expulsa.

El muelle deportivo fue para Margarita lo que es para muchas otras personas una vivienda, un refugio. Un refugio que se retiró sin cuidado, sin respeto y sin alternativa. La lucha por recuperarlo no es solo la lucha de una mujer sola ante un desahucio, sino la de una sociedad que debe decidir si protege la vida o protege el negocio.

Han pasado más de seis meses desde aquel día en el aeropuerto de Gran Canaria en el que la vida de Abdoulie Bah, un joven de solo 19 años, quedó truncada por cinco disparos, uno de ellos en el cuello, durante una actuación policial que aún sigue bajo investigación. Medio año de preguntas sin respuesta, de versiones contradictorias, de un proceso que avanza con la lentitud que a veces acompaña a la burocracia cuando el dolor lo atraviesa todo.

Pero, sobre todo, han pasado más de seis meses de un duelo que no ha encontrado paz.

El entierro del joven no pudo celebrarse de inmediato. Durante semanas, su familia quedó atrapada en un laberinto de trámites, informes y autorizaciones. El cuerpo de Abdoulie Bah permanecía lejos de su tierra, lejos de los suyos, mientras se completaban las gestiones para la repatriación y mientras la investigación trataba de reconstruir las horas finales de un joven que había venido a Gran Canaria buscando un futuro distinto.

Cuando por fin el féretro llegó a manos de su familia, cuando por fin pudieron despedirse, cuando sonó el último tambor en su honor, nadie imaginaba que el dolor aún guardaba un golpe más.

Pocos días después del entierro, el padre de Abdoulie falleció, consumido por una tristeza que no encontraba alivio, por la impotencia de haber perdido a un hijo en circunstancias que todavía hoy siguen envueltas en sombras. Dicen quienes lo conocían que murió de lo único que la medicina no puede curar, de pena.

La investigación judicial continúa abierta, pero la distancia entre el tiempo de los tribunales y el tiempo del duelo es abismal. Para la familia, cada día sin respuestas es un recordatorio de lo que ya no podrán recuperar, la risa del joven Abdoulie, sus sueños por estrenar, la vida que apenas comenzaba a desplegarse.

En Canarias, el caso abrió un debate necesario sobre el uso de la fuerza, la gestión de las crisis en aeropuertos y la atención a personas que, como Abdoulie, se encuentran desorientadas o en situaciones de vulnerabilidad. Pero también puso en evidencia algo más profundo, la fragilidad con la que algunas vidas son tratadas, como si valieran menos, como si fueran prescindibles.

Abdoulie Bah no puede ser solo una cifra en un expediente ni un titular que se esfuma con el paso de las semanas. Era un hijo, un hermano, un amigo, un joven que acababa de comenzar la vida adulta con la esperanza de construir un futuro digno. Su muerte, y la de su padre, dejan un vacío imposible de llenar.

Su historia nos interpela porque habla de humanidad, de cómo se ejerce la autoridad, de cómo se trata a quienes se encuentran solos, lejos de casa, sin redes ni apoyos. Y porque, por encima de todo, nos recuerda que ninguna sociedad puede permitirse mirar hacia otro lado cuando una familia entera queda rota.

El tambor que acompañó su despedida sigue resonando hoy, no como un sonido ceremonial, sino como un latido que exige verdad, justicia y memoria. Mientras la investigación avance, mientras se determinen responsabilidades, mientras la familia busca reconstruirse en medio de la pérdida, ese tambor nos pide algo sencillo pero urgente, que no olvidemos.

Porque el silencio que rodea la muerte de Abdoulie Bah no es un silencio normal. Es un silencio que pesa, que duele, que reclama con la fuerza de quienes ya no pueden hablar.

Y mientras ese silencio no se rompa, su historia seguirá viva en nosotros y en la necesidad profunda de que nunca vuelva a repetirse.

Tenía 19 años y un futuro por delante. Abdoluie llegó a Gran Canaria siendo todavía un adolescente, tras un duro viaje en patera. En la isla, logró abrirse camino: jugaba al fútbol, trabajaba como mediador con menores y soñaba con poder ayudar a su familia en África. Durante años envió lo poco que tenía para sostener a los suyos y, cuando por fin pudo, decidió volver a casa unos días, reencontrarse con los suyos, celebrar las fiestas y mostrarles con orgullo lo que había logrado.

Pero nunca llegó a hacerlo. El aeropuerto de Gran Canaria fue el escenario de un suceso que ha dejado una herida abierta en la comunidad migrante y en toda la sociedad canaria.

Aquel día, un conflicto con un taxista cambió el rumbo de su vida. El conductor, que se negó a llevarlo si no pagaba por adelantado, apagó la cámara de seguridad y, según dijo en un medio de comunicación, le agredió con un cabezazo y un puñetazo. Herido y alterado, Abdoluie se alejó hacia la parada de guagua más cercana. Minutos después, llegaron al lugar seis o siete agentes de policía, armados, alertados por la situación. Lo rodearon. Le gritaron. Y en un operativo desproporcionado, el joven recibió cinco disparos, uno de ellos en el cuello. Abdoluie cayó al suelo. Nunca volvió a levantarse.

Mientras tanto, su familia le esperaba en casa, preparando la celebración. Lo que recibieron fue una llamada: su hijo había muerto, abatido por la policía.

La repatriación del cuerpo se retrasó durante semanas por los trámites forenses y administrativos. En su aldea, la comunidad aguardaba para rendirle el último homenaje, para entonar el tambor que despide a los que parten. Cuando por fin pudieron hacerlo, el dolor se había multiplicado: su padre no resistió la pérdida y también falleció.

Hoy, solo su madre y sus hermanos permanecen, sosteniendo la memoria y esperando justicia. La comunidad migrante en Canarias también se pregunta, una y otra vez, qué pasó realmente aquel día. ¿Por qué se actuó con tanta violencia? ¿Por qué un joven terminó con cinco balas en el cuerpo? ¿Por qué se dispara a matar cuando se trata de un chico negro, migrante, que intenta huir del miedo?

Lo ocurrido con Abdoluie no es un hecho aislado. Es el reflejo de un sistema que criminaliza la pobreza y el origen, que deshumaniza a quienes buscan un futuro mejor. Las islas, convertidas en frontera de Europa, acumulan historias silenciadas de dolor, abuso y racismo institucional.

En los centros de acogida, en las calles, en los controles policiales, muchos jóvenes migrantes enfrentan la sospecha, la estigmatización y la violencia. Abdoluie fue uno de ellos, pero también fue mucho más: un joven deportista, un compañero, un mediador, un hijo, un amigo. Una vida que contaba, y que fue arrebatada sin razón.

“Solo quería volver a casa”

Esas fueron las palabras que más repiten quienes lo conocieron. Abdoluie solo quería volver a casa y se equivocó de vuelo. Y ahora, su nombre se ha convertido en símbolo de una demanda colectiva: verdad, justicia y reparación.

En su memoria, su comunidad exige una investigación transparente, la rendición de cuentas de los responsables y el fin de la impunidad policial. Porque mientras no se esclarezcan los hechos, mientras no se asuma el racismo que atraviesa nuestras instituciones, el silencio seguirá siendo cómplice.

Abdoluie no murió solo: murió bajo una estructura que sigue viendo como amenaza lo que debería ver como humanidad.

Y su historia, contada una y otra vez, seguirá recordándonos que ninguna frontera, ningún uniforme y ninguna bala deberían decidir quién tiene derecho a vivir.

Con él volvió también el duelo, la memoria y la dignidad. En Gambia, su familia pudo despedirse y rendirle homenaje. Aquí, el eco de los tambores resonó en su nombre, como gesto de respeto, de dolor compartido y de denuncia

El pasado viernes 30 de mayo, coincidiendo con el Día de Canarias, el joven Abdoluie Bah, de 19 años, fue finalmente sepultado en su tierra natal, Gambia. Su cuerpo regresó a casa gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad africana en Canarias y a la solidaridad de muchas personas que se movilizaron para hacer posible la repatriación.

Con él volvió también el duelo, la memoria y la dignidad. En Gambia, su familia pudo despedirse y rendirle homenaje. Aquí, el eco de los tambores resonó en su nombre, como gesto de respeto, de dolor compartido y de denuncia.

Abdoluie Bah perdió la vida en el aeropuerto de Gran Canaria tras una intervención policial. La versión oficial aún no ha esclarecido con transparencia las circunstancias que rodearon su muerte, que se produjo en un contexto donde, una vez más, se optó por la vía más letal. Ni el dolor de una persona migrante que atraviesa un proceso de deportación, ni su juventud, ni su humanidad, fueron suficientes para evitar un desenlace trágico.

El gobierno de Gambia ha solicitado que se investiguen a fondo los hechos, y son muchas las voces, desde la comunidad africana hasta organizaciones de derechos humanos y personas a título individual, que reclaman justicia. No se trata solo de conocer lo que ocurrió, sino de afrontar colectivamente la raíz de estas violencias que se ejercen con demasiada frecuencia sobre cuerpos migrantes, racializados y vulnerables.

Hoy Abdoluie Bah ya descansa en paz. Pero no puede haber paz sin verdad. No puede haber paz mientras se repiten muertes evitables en los márgenes del sistema. Por eso, junto al duelo, permanece el compromiso de no olvidar, de exigir responsabilidades y de seguir defendiendo una vida digna para todas las personas, sin excepción.

Que su nombre no se borre. Que su memoria nos interpele.

Mientras Gaza sufre una catástrofe humanitaria sin precedentes, aviones europeos acudieron a Israel para sofocar un incendio, ignorando la masacre que continúa en Palestina.

Más de 52.000 personas han muerto en Palestina desde octubre de 2023 bajo los bombardeos del ejército israelí. Al mismo tiempo, una veintena de aviones enviados desde España, Francia, Italia y otros países europeos han sido desplegados en Israel para combatir el incendio que afectó a Jerusalén. La movilización de recursos internacionales para ayudar a un Estado que perpetra crímenes de guerra plantea una pregunta urgente: ¿dónde se encuentra, en realidad, la solidaridad internacional?

Mientras más de 52.000 personas han muerto en Palestina desde octubre de 2023 como consecuencia de los bombardeos del ejército israelí, la comunidad internacional ha optado por mirar hacia otro lado. Paradójicamente, al mismo tiempo que se denuncian violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de guerra en Gaza, una veintena de aviones procedentes de España, Francia, Italia, Chipre y otros países europeos ha sido enviados a Israel para colaborar en la extinción del gran incendio que afectó a la región de Jerusalén.

No se trata de cuestionar la necesidad de combatir un “desastre natural”. Se trata de señalar una incongruencia ética y política: mientras los recursos públicos de varios Estados europeos son movilizados con celeridad para asistir a un país en plena campaña militar, no se ofrece la misma respuesta ante la catástrofe humanitaria que ese mismo país provoca a diario en territorio palestino.

En paralelo al fuego que consume parte del paisaje israelí, la ofensiva militar sobre Gaza continúa sin tregua. Hospitales, escuelas, viviendas y refugios han sido arrasados por los bombardeos. Familias enteras han sido exterminadas. Cientos de miles de personas viven desplazadas, sin acceso a agua, alimentos ni atención médica. Y mientras todo esto ocurre, la solidaridad internacional se expresa en forma de aviones de extinción de incendios para Israel, no en forma de ayuda humanitaria masiva para el pueblo palestino.

La violencia no se limita a las bombas y el ejercito sionista. Cientos de colonos israelíes continúan tomando por la fuerza tierras palestinas, expulsando a sus legítimos habitantes, destruyendo cultivos y consolidando asentamientos ilegales. Todo esto con la complicidad o la pasividad de una comunidad internacional que, en la práctica, ha renunciado a hacer cumplir el derecho internacional.

En este contexto, cabe preguntarse: ¿dónde está la solidaridad internacional? ¿Dónde están los mecanismos de presión, las sanciones, los corredores humanitarios, la condena firme al apartheid y a la ocupación? ¿Dónde está la voluntad política de proteger a un pueblo que lleva más de setenta años sometido a una violencia estructural y sistemática?

La neutralidad ante el crimen no es equidistancia, es complicidad. Y la solidaridad que solo se activa cuando los afectados pertenecen a determinados países o grupos no es verdadera solidaridad, sino un instrumento selectivo de poder. La tragedia que vive Palestina no necesita discursos vacíos ni gestos simbólicos: necesita una acción urgente, coherente y sostenida.

La historia juzgará con dureza a quienes hoy, teniendo la capacidad de actuar, optaron por la indiferencia. Es tiempo de que la solidaridad internacional deje de ser un eslogan y se convierta en un compromiso real con la justicia y los derechos humanos.

La huelga en hostelería supera el 70% de seguimiento. El pueblo trabajador se levanta mientras el Gobierno de Canarias impone servicios mínimos que serán recurridos judicialmente

La huelga convocada en el sector de la hostelería en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro está siendo secundada por más del 70 % de las trabajadoras y trabajadores, a pesar de los intentos del Gobierno de Canarias de desactivarla mediante la imposición de unos servicios mínimos que han sido calificados por los sindicatos como una “restricción ilegítima, desproporcionada y jurídicamente insostenible”.

La consejera de Turismo, Jessica de León, ha sido señalada por actuar al servicio de la patronal hotelera en lugar de defender los derechos del pueblo trabajador. Al imponer servicios mínimos en una huelga del sector privado, el Ejecutivo regional actúa como garante de los intereses empresariales, equiparando la hostelería a un supuesto “servicio esencial”, algo que será recurrido en los tribunales.

La huelga, que afecta a casi 80.000 trabajadores —más de 30.000 de ellos en establecimientos alojativos—, se desarrolla sin incidentes y con una destacada participación en marchas, concentraciones y piquetes informativos frente a hoteles de las principales zonas turísticas. El ambiente es combativo y el respaldo social, palpable: muchas personas alojadas en los hoteles muestran su solidaridad con las trabajadoras, plenamente conscientes de las duras condiciones laborales y los salarios precarios que soporta buena parte del sector, especialmente las camareras de piso, conocidas como “kellys”.

Las declaraciones del viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, han sido criticadas por su cinismo. Sanabria ha reconocido el impacto de la huelga en la imagen turística del Archipiélago, justificando así los servicios mínimos para “evitar más repercusiones negativas”, pero sin mencionar ni una sola vez las causas legítimas del conflicto laboral.

Desde los colectivos sindicales y sociales se señala con claridad: estamos ante una lucha por la dignidad del trabajo, por el bienestar del pueblo canario y contra un modelo económico que enriquece a unos pocos mientras empobrece y explota a la mayoría. La huelga en la hostelería no solo denuncia salarios miserables y condiciones indignas, sino que marca un punto de inflexión: es hora de romper el binomio entre poder político y patronal, y poner en el centro los derechos de quienes sostienen con su esfuerzo el principal motor económico de las islas.

Apoyar esta huelga es apoyar la justicia social, la redistribución de la riqueza y la dignidad del pueblo trabajador canario.

La huelga en hostelería supera el 70% de seguimiento. El pueblo trabajador se levanta mientras el Gobierno de Canarias impone servicios mínimos que serán recurridos judicialmente

La huelga convocada en el sector de la hostelería en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro está siendo secundada por más del 70 % de las trabajadoras y trabajadores, a pesar de los intentos del Gobierno de Canarias de desactivarla mediante la imposición de unos servicios mínimos que han sido calificados por los sindicatos como una “restricción ilegítima, desproporcionada y jurídicamente insostenible”.

La consejera de Turismo, Jessica de León, ha sido señalada por actuar al servicio de la patronal hotelera en lugar de defender los derechos del pueblo trabajador. Al imponer servicios mínimos en una huelga del sector privado, el Ejecutivo regional actúa como garante de los intereses empresariales, equiparando la hostelería a un supuesto “servicio esencial”, algo que será recurrido en los tribunales.

La huelga, que afecta a casi 80.000 trabajadores —más de 30.000 de ellos en establecimientos alojativos—, se desarrolla sin incidentes y con una destacada participación en marchas, concentraciones y piquetes informativos frente a hoteles de las principales zonas turísticas. El ambiente es combativo y el respaldo social, palpable: muchas personas alojadas en los hoteles muestran su solidaridad con las trabajadoras, plenamente conscientes de las duras condiciones laborales y los salarios precarios que soporta buena parte del sector, especialmente las camareras de piso, conocidas como “kellys”.

Las declaraciones del viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, han sido criticadas por su cinismo. Sanabria ha reconocido el impacto de la huelga en la imagen turística del Archipiélago, justificando así los servicios mínimos para “evitar más repercusiones negativas”, pero sin mencionar ni una sola vez las causas legítimas del conflicto laboral.

Desde los colectivos sindicales y sociales se señala con claridad: estamos ante una lucha por la dignidad del trabajo, por el bienestar del pueblo canario y contra un modelo económico que enriquece a unos pocos mientras empobrece y explota a la mayoría. La huelga en la hostelería no solo denuncia salarios miserables y condiciones indignas, sino que marca un punto de inflexión: es hora de romper el binomio entre poder político y patronal, y poner en el centro los derechos de quienes sostienen con su esfuerzo el principal motor económico de las islas.

Apoyar esta huelga es apoyar la justicia social, la redistribución de la riqueza y la dignidad del pueblo trabajador canario.

Mientras el Gran Canaria Arena acogía la final de la Eurocopa de baloncesto entre el Dreamland Gran Canaria y el Hapoel Tel Aviv, en las calles de la capital grancanaria se escuchaban voces de denuncia, rabia e indignación. Para muchas personas, la celebración de este partido no fue una simple cita deportiva, sino un episodio vergonzoso de complicidad con el blanqueo del genocidio que el Estado de Israel perpetra contra el pueblo palestino.

Organizaciones y colectivos en defensa de los derechos humanos han señalado directamente al Dreamland Gran Canaria y al Cabildo de Gran Canaria como partícipes de este proceso de normalización del régimen israelí. A pesar de las advertencias y peticiones públicas de boicot al partido, ambas instituciones permitieron que el evento siguiera adelante, desoyendo las demandas de quienes clamaban por la justicia y por la paz en Palestina.

“Les ha funcionado el blanqueo a través de su equipo de baloncesto. El deporte se ha utilizado como cortina de humo para maquillar la masacre”, señalaron voceros de la protesta. Según cifras de organismos internacionales, más de 50.800 personas han sido asesinadas en Gaza desde el inicio de la última ofensiva israelí. A esto se suma la devastación sistemática de infraestructuras civiles, el bloqueo del acceso a agua potable y alimentos, y la persecución a organizaciones humanitarias como la UNRWA.

Frente a esta tragedia humanitaria, las instituciones grancanarias optaron por mirar hacia otro lado. “Vergüenza que, en vez de ponerse del lado de la paz, hayan permitido que unos pocos euros y una insignificante sanción deportiva pesaran más que las vidas humanas”, lamentaron desde las calles.

Las voces que se alzaron durante la concentración frente al Arena, con consignas como “No al blanqueo del genocidio” o “Zona de paz, no zona de guerra”, no fueron escuchadas por quienes tenían en su mano parar lo que ya forma parte de una triste página de la historia deportiva e institucional de Gran Canaria.

Para quienes se manifestaron, el mensaje es claro: la neutralidad frente a un genocidio es complicidad, y este partido quedará registrado no solo en las estadísticas deportivas, sino en el archivo de la ignominia frente a los derechos humanos.