Desde febrero de 2010 hasta junio de 2015 trabajé con Jaime Miquel en el análisis electoral y la estrategia de Compromís. Nuestra amistad venía de 1997: cuando venía a València se quedaba en mi casa. Para mí, el mejor analista electoral: algo así como Messi. Yo le hacía de secretario con nuestras “hojas mágicas”. Poníamos los datos, apretábamos el botón y veíamos los movimientos. Sin IA ni un duro, con tablas de transferencias del CIS, retrovisor electoral y constantes, obteníamos proyecciones que se acercaban a los resultados finales de manera asombrosa.

La magia estaba en el oficio. Jaime había aprendido de su padre, Jorge Miquel Calatayud, quien puso en marcha Gallup en España en 1969 y asesoró con sus encuestas a un tal Juan Carlos en la etapa preconstitucional. Jaime acabó dirigiendo Gallup en España. Su método exigía conocer el censo, cada circunscripción y las trayectorias del voto. Identificados los peces, había que armar la flota para convertirlos en pescado: el negocio de los votos. Detectar un espacio electoral y organizar una candidatura capaz de representarlo.

He recuperado aquellas hojas mágicas. Jaime las tenía preparadas en Puerta de Hierro, donde falleció en mayo de 2025, pocos días después de Vicent Bufort. Había pensado en un candidato independiente para los territorios sin una fuerza propia de izquierda capaz de articular ese espacio. Una marca blanca que evitase las peleas entre partidos y recogiese el voto perdido por el PSOE. Esas peleas ya las hemos visto. No pensaba en Ada Colau ni Yolanda Díaz. Pensaba en una persona capaz de entenderse con los empresarios y defender los derechos de los trabajadores: representar a quienes abandonasen un PSOE paralizado por su cobardía.

En aquellas conversaciones aparecía el aviso de otro 15M. Cuando trabajar no permite vivir cerca de tu familia, pagar una vivienda ni construir un futuro, el malestar busca representación. Recupero esa advertencia, sin convertirla en una predicción garantizada. Los números que presento son una simulación sobre los resultados de 2023.

El bipartidismo puede perder confianza por su incapacidad para resolver problemas como la vivienda, que condiciona el futuro de varias generaciones. En 2015, PP y PSOE quedaron en 123 y 90 diputados; Ciudadanos obtuvo 40 y Podemos y sus confluencias, 69. Nuestra simulación sitúa ahora al PP en 110 y al PSOE en 102: 138 escaños quedarían en manos de otras fuerzas, prácticamente los mismos que entonces. Una parte decisiva del Congreso volvería a escapar al control de los dos grandes partidos.

En 2026, los receptores de ese desgaste podrían ser otros. En la derecha, la hipótesis es que Vox recogería parte del voto del PP entre quienes buscan una ruptura radical. En la izquierda, ante la ausencia de una organización estatal solvente, Jaime proponía candidaturas útiles y renovadas, con arraigo y liderazgo territorial. A ERC, EH Bildu y BNG, consolidadas en territorios con una fuerte identidad nacional, debían sumarse Compromís, CHA, Més Mallorca y una nueva Adelante Andalucía. Se trataba de construir acuerdos con las izquierdas de cada país de esa España plurinacional. Más Madrid también tenía cabida en ese proyecto.

En la hipótesis que planteo ahora, Sumar, Podemos e Izquierda Unida tendrían que contribuir a construir una candidatura útil en la España castellana y en los territorios sin una fuerza propia que encabezase ese espacio. En los demás, participarían en las candidaturas territoriales aceptando sus liderazgos. La propuesta exigía compartir decisiones y protagonismo para convertir el descontento en representación útil. En este ejercicio, la transferencia del PP a Vox es una hipótesis de cálculo, no un destino inevitable.

La candidatura útil debe tener también una traducción parlamentaria. En cada territorio, la lista debería presentarse bajo la personalidad jurídica del partido territorial que la encabece, mediante la fórmula electoral que corresponda. El objetivo es que la cooperación permita conservar voces propias en el Congreso. Para la próxima legislatura, la reforma del Reglamento permite constituir grupo con cinco diputados y una media de al menos el 10% de los votos válidos en las circunscripciones donde se obtenga representación; también contempla la vía del 3% estatal. 

Multiplicar voces reparte capacidad de iniciativa, negociación y control ante lo que pueda venir. Quienes no alcancen los requisitos podrían explorar un grupo confederal o un acuerdo técnico, preservando su autonomía y cumpliendo el Reglamento.

Para examinar la idea he partido de los resultados definitivos de 2023. Como hipótesis de trabajo, supongo que PP y PSOE pierden cada uno el 15% de sus votos de 2023. El PP los cede a Vox; el PSOE, a la candidatura útil de izquierda de su provincia. Esta reúne el voto de Sumar de 2023, que incluía a Podemos, o el de las izquierdas territoriales en las que se integren. Los demás partidos mantienen sus apoyos. No incorporo votos nuevos ni pérdidas a la abstención.

Es una estimación condicionada, no una encuesta. Perder el 15% de los votos no equivale a perder 15 puntos porcentuales. Supongo que las coaliciones conservan los apoyos de sus integrantes para comprobar qué permite la aritmética, aunque políticamente esa conservación no esté garantizada.

Las provincias pequeñas muestran el límite. Las 21 circunscripciones que eligen hasta cuatro diputados suman 68 escaños. En 2023, Sumar no obtuvo ninguno y Vox consiguió uno. En este escenario, las candidaturas útiles reúnen seis diputados en ese conjunto, concentrados en Álava, Lleida, Lugo y Ourense. En buena parte de las restantes provincias, reunir votos sigue sin bastar para obtener representación.

Burgos ilustra el riesgo: el reparto pasa de dos diputados del PP y dos del PSOE a dos del PP, uno del PSOE y uno de Vox. La candidatura útil suma unos 27.974 votos, el 13,81%, pero queda fuera. Lugo ofrece otra posibilidad: al reunir el voto de Sumar con el del BNG y añadir la transferencia socialista, la candidatura alcanza aproximadamente el 18,39% y obtiene un diputado. El PP baja de tres a dos.

La candidatura útil provincial exige mirar el último escaño y representar a quienes reclaman vivienda, servicios públicos y control democrático. La identidad territorial puede articular ese acuerdo, pero la simulación no demuestra que una nueva marca movilice más.

En las provincias grandes hay más espacio para transformar apoyos en representación. En esta simulación, la candidatura útil obtiene siete diputados en Madrid. En Barcelona, la candidatura encabezada por ERC que integra ese espacio alcanza once. En Andalucía, la nueva Adelante Andalucía reúne nueve: dos en Cádiz, dos en Málaga, dos en Sevilla y uno en Córdoba, Granada y Huelva. No es el mismo problema disputar tres diputados que 37.

La Comunitat Valenciana ofrece un ejemplo concreto. Compromís, integrando a Sumar y Podemos y recibiendo el 15% del voto socialista de 2023, consigue seis diputados: dos en Alicante, uno en Castellón y tres en Valencia. Pero esos avances no deben venderse automáticamente como pérdidas de la derecha: parte de la ganancia corresponde a escaños que pierde el PSOE.

El balance estatal es PP, 110; Vox, 61; PSOE, 102; candidaturas útiles de izquierda, 66. PP y Vox suman 171 y no alcanzan la mayoría absoluta

El balance estatal es PP, 110; Vox, 61; PSOE, 102; candidaturas útiles de izquierda, 66. PP y Vox suman 171 y no alcanzan la mayoría absoluta. El resto reúne 179, aunque no constituye por ello una mayoría política automática. Para impedir una investidura de la derecha, esa mayoría de escaños tendría que traducirse en votos suficientes en contra: las abstenciones también pueden facilitarla.

Ese es el sentido de ganar perdiendo: PP y PSOE retroceden y Vox crece, sin asegurar a la derecha el Gobierno. Para mí, votar a Sánchez como refugio automático es la peor inversión cuando no cambia lo que falla. Sus 102 diputados superarían los 90 de 2015: erosión del bipartidismo, sin repetir exactamente sus mínimos.

La España plural y plurinacional, después del procés, necesita diputados decentes que rindan cuentas a sus territorios y fiscalicen el poder. Mi crítica se dirige a la deferencia hacia los grandes lobbies y a una autoridad del Tribunal Supremo que demasiadas veces se presenta como ajena al debate público. Reclamar control democrático exige concretar reformas, responsabilidades y contrapesos. PSOE y candidaturas útiles sumarían 168: necesitarían pactar, y esa pluralidad daría capacidad de control a sus socios.

Si quieren que el escenario cambie, que se pongan las pilas. Hay espacio para todos si comparten decisiones y ceden protagonismo. Operación Octubre Rojo sería un acuerdo provincia a provincia para convertir el desgaste del bipartidismo en representación útil. Los números permiten imaginarlo; construir confianza y compromisos corresponde a quienes aspiran a representarnos.

Tabla nacional del escenario

PP–Vox: 171 escaños. PSOE y candidaturas útiles: 168. PNV, Junts, Coalición Canaria y UPN: 11. Mayoría absoluta: 176.

Nota metodológica. Se conserva el reparto provincial de 350 escaños de 2023 y el total de votos válidos de cada circunscripción, incluidos los votos en blanco. D’Hondt con umbral del 3%; en Ceuta y Melilla gana la candidatura más votada. Los cálculos utilizan valores sin redondear; los votos publicados se redondean a unidades. Se supone que Vox concurre en Santa Cruz de Tenerife, donde no presentó lista en 2023.

Cabeceras asumidas: Compromís en la Comunitat Valenciana; CHA en Aragón; Més en Illes Balears; nueva Adelante Andalucía en Andalucía; ERC en Catalunya; EH Bildu en Euskadi y Navarra; BNG en Galicia; Nueva Canarias en Canarias. En Madrid, Asturias, Murcia y los demás territorios no se asigna un liderazgo concreto. La fila “Candidaturas útiles sin cabecera territorial” agrupa ese espacio: no presupone una candidatura estatal única ni añade de nuevo los votos de Sumar, Podemos o IU ya integrados en las listas territoriales. Más Madrid forma parte de la reflexión política, pero no tiene una fila propia en este cálculo. No se integran PNV, Junts, UPN ni Coalición Canaria.

L’eclipsi es va convertir en un gran espectacle. Milers de persones concentrades en determinats punts, retransmissions, fotografies, mòbils alçats i una enorme expectació per contemplar durant uns minuts un fenomen excepcional. I estava bé celebrar-lo. Però potser vàrem perdre una part de l’oportunitat.

Perquè un eclipsi no és només un espectacle. És ciència davant dels nostres ulls. Era una ocasió magnífica per divulgar, explicar i despertar curiositat; per acostar el coneixement científic a la gent i fer-nos una societat un poc més preparada per a entendre el món que habitem. En definitiva, una oportunitat per empoderar-nos a través del coneixement.

Els científics ens havien dit amb una precisió extraordinària a quina hora començaria l’eclipsi, quan arribaria al seu punt màxim i quan acabaria. I va passar exactament així. Ningú va acusar els astrofísics d’alarmistes. Ningú va organitzar una campanya per negar l’eclipsi. Vàrem confiar en la ciència, vàrem comprar les ulleres adequades i vàrem esperar.

Per què no fem el mateix quan la ciència ens parla del canvi climàtic, de l’augment de les temperatures, de la pèrdua de biodiversitat o de fenòmens meteorològics cada vegada més extrems?

Potser perquè el Sol no admet un relat alternatiu. Davant d’un eclipsi no hi ha interessos econòmics que puguen retardar el moviment dels astres ni una campanya en les xarxes socials capaç de modificar l’òrbita de la Lluna. La realitat acaba imposant-se. Amb el planeta ocorre el mateix, encara que les responsabilitats siguen més incòmodes i les solucions exigisquen prendre decisions.

Per això, combatre el negacionisme climàtic també és una responsabilitat política. Podem discutir les solucions, els terminis, els costos o com repartim els esforços. Això és política. El que no podem convertir en una qüestió d’opinió són els fets.

I els valencians tenim motius per mirar-los de cara. Habitem un territori extraordinari i, alhora, extraordinàriament fràgil. En pocs quilòmetres conviuen grans àrees urbanes, indústria, ports, aeroports, carreteres, agricultura, marjals, muntanyes, platges i una de les hortes mediterrànies més valuoses d’Europa.

Durant dècades hem anat ocupant-lo com si fora infinit. Hem construït més, consumit més, produït més i generat més residus. Massa vegades hem identificat eixe procés simplement amb el progrés. Però hauríem de començar a preguntar-nos no només quant som capaços de créixer, sinó què deixem darrere nostre quan creixem.

Precisament este 12 d’agost ha començat a aplicar-se a tota la Unió Europea el nou Reglament sobre envasos i residus d’envasos. Una data que probablement passarà desapercebuda, però que afecta un dels gestos més quotidians de les nostres vides: comprar, consumir i tirar.

Europa intenta modificar progressivament esta lògica. El reglament establix objectius per reduir els envasos, potenciar la reutilització, millorar el reciclatge i limitar determinats plàstics d’un sol ús. És un avanç, encara que Greenpeace advertix que els objectius de reducció dels envasos de plàstic —un 5% per a 2030 i un 15% per a 2040— són insuficients.

Però darrere d’una botella, una llanda o un envàs hi ha una qüestió molt més important. Reciclar és necessari, però no pot justificar que continuem produint indefinidament més coses destinades a convertir-se ràpidament en residus. És més fàcil posar contenidors que qüestionar el model.

I això no passa només amb els plàstics. Construïm en zones vulnerables i després necessitem infraestructures per protegir-les. Impermeabilitzem el sòl i després busquem com absorbir l’aigua. Eliminem arbres i després intentem combatre la calor. Actuem sobre les conseqüències quan hauríem d’actuar també sobre les causes.

No es tracta de tornar enrere ni de renunciar al progrés. Es tracta de redefinir què significa progressar.

Progressar també és comprendre. Conéixer el territori que habitem per poder protegir-lo. Consumir menys recursos per viure millor. Reutilitzar. Reparar. Conservar l’horta. Gestionar millor l’aigua. Dissenyar ciutats més habitables. I deixar als qui vindran després un territori sobre el qual encara puguen decidir.

Potser esta era la gran oportunitat de l’eclipsi. No només reunir-nos per contemplar durant uns minuts com s’amagava el Sol, sinó recordar-nos el poder que ens dona el coneixement.

Les ulleres ens varen permetre mirar l’eclipsi sense fer-nos mal. La ciència ens permet mirar la realitat sense enganyar-nos. I una societat que entén la realitat és també una societat més lliure per transformar-la.

Perquè el moviment del Sol i de la Lluna no depén de nosaltres. El futur del territori que tenim davall dels peus, sí.

La vaga del professorat parla de condicions de treball. Parla de ràtios, de burocràcia, de falta de recursos, d’atenció a la diversitat sense mitjans suficients, de convivència, de salut mental, de suport jurídic i de respecte. Parla d’una administració que ha convertit l’aula en el lloc on acaben tots els problemes socials, però sense posar al costat dels mestres els recursos necessaris per a afrontar-los.

Durant anys hem carregat sobre l’escola pública una responsabilitat immensa. Al professorat se li demana ensenyar, educar, acompanyar, detectar problemes, mediar en conflictes, activar protocols, atendre situacions familiars molt complexes i sostindre emocionalment una part de l’alumnat. Moltes vegades fan de mestres, però també de treballadors socials, orientadors, psicòlegs d’urgència i escut humà d’un sistema que els exigeix molt i els protegeix poc.

Hi ha conselleries on, quan un tècnic ha d’anar a un lloc, es demana un xofer, una dieta, una cobertura, un procediment i una ordre clara. I està bé: cada professional ha de fer la seua faena amb mitjans i garanties. Però després, en una escola, sembla que qualsevol cosa pot acabar sent responsabilitat del mestre. Subministrar medicació. Interpretar ordres judicials en divorcis conflictius. Detectar indicis d’una agressió física o sexual a un xiquet. Fer de testimoni, de mediador, de psicòleg, de garant administratiu, de vigilant de convivència i de para-xocs davant famílies, alumnat i administració.

Si demà mestres i professors començaren a dir “això no és faena meua” cada vegada que se’ls carrega una responsabilitat que no va acompanyada de recursos, formació, cobertura jurídica i suport institucional, en la Generalitat tindrien molta faena. Perquè bona part del sistema funciona perquè el professorat no abandona, perquè assumeix més del que li correspon, perquè posa vocació on l’administració no posa mitjans.

I especialment esta administració ha agreujat eixa sensació d’abandó. No es pot parlar d’educació pública mentre es menysprea el diàleg, es degraden les condicions laborals i es tracta la vaga com un problema de comunicació. El professorat no necessita lliçons ni propaganda. Necessita respecte, negociació, recursos i una administració que entenga que protegir els docents és protegir l’escola pública.

També una part de la societat ha canviat la seua mirada sobre el docent. Alguns pares i mares ja no el veuen com una autoritat educativa, sinó com un prestador d’un servei que “paguen amb els seus impostos”. I des d’eixa lògica equivocada confonen drets amb exigències particulars, educació amb consum, avaluació amb atenció al client i discrepància amb reclamació permanent.

Però l’escola pública no és un servei qualsevol. És el lloc on una societat decideix si el futur d’una criatura dependrà només del cognom, del barri, dels diners de casa o de les oportunitats que siga capaç de donar-li. L’escola pública és, moltes vegades, la primera porta oberta per a qui ha nascut amb totes les portes tancades.

Per això la figura del mestre és tan important. Perquè hi ha xiquets i xiquetes que no tenen una biblioteca a casa, ni classes particulars, ni pares amb temps o formació per a ajudar-los, ni una xarxa de contactes que els espere quan siguen majors. Però tenen una mestra que els mira i veu capacitat on altres només veuen dificultat. Tenen un professor que els exigeix perquè sap que poden arribar més lluny. Tenen algú que els diu, potser per primera vegada, que la seua vida no està escrita per l’origen familiar.

Això és el que fa avançar una societat. No els discursos buits sobre la igualtat, sinó una aula on una criatura descobreix que pot ser més del que li havien dit que seria. Una aula on algú li ensenya a llegir el món, a pensar, a parlar, a defensar-se, a imaginar un futur millor. Moltes trajectòries de vida han canviat perquè un mestre va insistir, perquè una professora va detectar un talent, perquè algú va confiar en un alumne quan encara ningú no ho havia fet.

També des del camp progressista hem de fer autocrítica. El Botànic va ser més empàtic amb l’educació pública que els governs de la dreta. Va recuperar un llenguatge de respecte i va posar en valor l’escola pública i en valencià. Però no n’hi ha prou amb dir “educació pública de qualitat”. No n’hi ha prou amb repetir “pública i en valencià” si després no construïm una norma forta de suport integral al professorat.

Una mirada progressista sobre l’educació ha de protegir qui la fa possible. Cal una norma valenciana que garantisca suport jurídic real, actuació d’ofici davant agressions o falses acusacions, acompanyament psicològic, reducció de burocràcia inútil, més personal especialitzat i reconeixement efectiu de l’autoritat docent.

Perquè el professorat és una força profundament progressista. No per una etiqueta partidista, sinó perquè iguala. Perquè combat la desigualtat en el lloc on més mal fa: en la infància. Perquè trenca el determinisme social. Perquè dona una oportunitat real a qui no té patrimoni, ni cognom, ni padrins, ni avantatges heretats. Per a molta gent, la gran oportunitat de la seua vida no va ser una herència. Va ser una mestra. Va ser un professor. Va ser l’escola pública.

Per això ara és l’hora de la comunitat educativa. Ara és l’hora dels pares, de les mares, de les famílies i de totes les persones que hem tingut fills i filles en edat escolar. És l’hora d’eixir al carrer a donar les gràcies als nostres mestres i professors. De tornar-los una part de tot el que han fet pels nostres fills. De donar-los el suport que massa vegades l’administració els nega.

Defensar el professorat no és anar contra ningú. És defensar l’alumnat. És defensar les famílies. És defensar la convivència. És defensar l’escola pública com una de les poques portes que encara s’obrin per a qui naix sense privilegis.

Esta vaga mereix solidaritat. Perquè parla de dignitat, de respecte i de futur. I perquè una societat que no cuida els seus mestres està renunciant a cuidar-se a ella mateixa.

En el cas de l’Horta Sud, no es podia parlar de sorpresa. Feia temps que tècnics, informes i veïnat advertien dels riscos. El que va faltar aquell dia no van ser les prediccions meteorològiques, sinó lideratge institucional. Lideratges capaços d’escoltar els professionals, activar protocols i protegir la població. Com va reconéixer Salomé Pradas, molts responsables de la Generalitat “no estaven” o “no sabien” què fer.

Hi haurà una veritat judicial, amb el temps. Una sentència basada en la instrucció de Catarroja, que haurà de determinar per què, malgrat l’alerta del 112 a les 12:20 h, no es van tancar carrers, escoles ni accessos a barrancs i zones comercials. Si l’ona haguera arribat a migdia, podríem estar parlant de centenars de morts.

Per contra, estem assistint a la construcció d’una veritat convinguda: un relat amable, consensuat entre sigles diferents, per evitar assenyalar els governs de l’Estat —de PP i PSOE— que, al llarg de dècades, han ajornat les obres hidràuliques que podrien haver evitat bona part del desastre. Aquesta veritat oficiosa no explica què va passar, sinó que oculta allò que no volen que sapiguem. Una veritat feta per al soroll mediàtic, però inútil per a les víctimes.

Mentrestant, la ciutadania elabora la seua pròpia veritat. No la que ix als titulars, sinó la que es viu als barris afectats, a les cases humides, als tallers inundats. La que sap distingir entre qui actua i qui improvisa, entre la gestió real i la propaganda. Perquè els relats es fabriquen, però les conseqüències es pateixen. I el poble ja ha après que la propaganda no tapa les goteres.

Vivim temps on la política ha deixat de ser acció transformadora per convertir-se en espectacle permanent. Massa comunicació, massa teatre i molt poca gestió. Es governa pensant en la reacció a xarxes o en la tertúlia de torn, mentre les infraestructures clau continuen sense resposta. No serveix de res omplir titulars si no s’omplin embornals.

Un exemple n’és la nefasta gestió del Consorci de Compensació d’Assegurances, que segons una resposta parlamentària al senador Morera, va contractar només 64 persones de manera extraordinària per gestionar més de 250.000 expedients. Hui, molts encara estan per resoldre. I això es tradueix en famílies sense estalvis, negocis tancats i gent vivint amb la incertesa de si podrà recuperar allò que ha perdut. No es pot parlar de reconstrucció sense una resposta eficaç, justa i ràpida.

La veritat eixirà d’una anàlisi rigorosa dels fets: dels cabals, dels punts crítics, dels barrancs que van fallar, dels sistemes que no van respondre. Cal posar en valor que aquesta demanda de veritat a la CHJ no és nova ni exclusiva. L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, va reclamar amb contundència un informe tècnic oficial dels fets. I tenia tota la raó. La ciutadania té dret a saber què va passar, i les institucions tenim l’obligació d’exigir-ho, compartir-ho i actuar en conseqüència. Els governs progressistes, especialment, han de predicar amb l’exemple.

Per això cal empoderar la veritat científica. La que no busca culpables, sinó solucions. La que ens diu què cal fer perquè no torne a passar. I cal que les decisions polítiques es prenguen amb aquesta base, no per reacció mediàtica ni per càlcul partidista. Ja n’hi ha prou de projectes que s’anuncien però mai s’executen. És una indecència ètica quan el preu han sigut més de dos-cents morts i milers de persones amb el seu patrimoni i el seu projecte vital arrasats.

En aquest context, el projecte nou traçat del barranc de la Saleta, entre Aldaia i el Túria, ens genera preocupació. No perquè no siga necessària una actuació en eixa zona, sinó perquè sembla voler resoldre només una part del problema —la més visible i reclamada— mentre ignora l’origen real de la DANA: una ona d’aigua per l’oest, que va superar sistemes no canalitzats com el tram alt del Possalet-La Saleta, que afecta directament des de Riba-roja fins a Quart de Poblet. I quan arriba a l’aeroport de Manises, que fa de mur, envia l’aigua a Aldaia i Alaquàs.

En un acte públic organitzat per l’Associació Equartlogistes, el geògraf i urbanista Xavi Arnau va assenyalar amb claredat que els nostres models predictius han fracassat: el PATRICOVA està desfasat, i ni tan sols un escenari de retorn de 500 anys havia previst el que va ocórrer el 29 d’octubre. La realitat ens obliga a reconéixer que gran part del litoral valencià és zona inundable, i que centenars de milers de persones viuen exposades a aquest risc.

També explica que el projecte del barranc de la Saleta no contempla el conjunt del seu recorregut des de l’oest, i que no hi ha una mirada metropolitana ni estratègica del sistema hídric. El tram soterrat projectat incrementa la capacitat fins als 100 m³/s, però això pot ser totalment insuficient davant nous episodis extrems. I el tram descobert, presentat com una “via verda”, pot acabar sent un canal artificial de baix valor ecològic i nul valor social.

A més, com va recordar Carmen Zornoza, la gravetat de l’episodi va estar fortament agreujada pel que l’aigua va trobar en el seu camí: vehicles, mobiliari, canyes, residus. Aquests elements van bloquejar aliviadors i zones de descàrrega, i això demostra que la falta de manteniment i gestió territorial també mata. Fer una obra sense atendre aquestes variables no és prevenció, és estètica.

En resum: les solucions parcials no serveixen. No podem construir infraestructures sobre la incertesa. Per això exigim que la Confederació Hidrogràfica publique un informe detallat sobre què va passar el 29 d’octubre. Volem la veritat de la DANA. Volem saber com es va comportar cada tram, quines infraestructures van fallar, i quines no existeixen però haurien d’existir.

Només amb aquesta informació podrem consensuar un veritable acord valencià per la seguretat hídrica. Un acord que protegisca persones, empreses i serveis clau. Que pense en la sostenibilitat, sí, però també en la funcionalitat. Que combine les millores paisatgístiques amb mesures estructurals i inversions responsables.

Des de Compromís a Quart de Poblet hem presentat al·legacions al projecte nou traçat del barranc de la Saleta al seu pas per Aldaia. No perquè rebutgem l’actuació, sinó perquè no podem avalar una solució parcial que exclou les zones realment afectades per la DANA. Demanem la paralització temporal del projecte fins que hi haja un diagnòstic complet i una actuació global que incloga tots els municipis i punts crítics. Especialment la zona de «La Cautiva» al Barri del Crist.

La seguretat no pot deixar-se en mans de la pressa ni de la pressió mediàtica. El territori ens demana que el mirem de cara. El veïnat ens reclama respostes reals. I la política ha de recuperar la seua funció: no fabricar relats, sinó oferir solucions. Només amb veritat podrem construir un futur segur, just i digne. Un futur on, quan ploga, no tremole tot allò que hem construït.