El gas ya se ha encarecido un 60%. El petróleo, un 30%. La inflación se instalará en torno al 3% de media este año, con tendencia al alza. Estas cifras no son abstracciones económicas: pueden llegar a ser la causa de que una familia tenga que elegir entre la luz y la cesta de la compra. Son la diferencia entre que una empresa valenciana tenga futuro o tenga que reducir su plantilla o, en el peor de los casos, echar el cierre.

En UGT-PV hemos analizado cómo esta crisis puede golpear a nuestra tierra y, sobre todo, qué puede hacer la Generalitat para amortiguar ese golpe. El resultado es un conjunto de propuestas concretas, financiadas y ejecutables. No un brindis al sol, no declaraciones de intenciones: sino medidas que se pueden activar ya, esta semana, si hay voluntad política para hacerlo.

Lo primero, y más urgente, es proteger a quienes menos pueden aguantar. Más de 200.000 consumidores vulnerables en la Comunitat ya sufrían pobreza energética antes de que estallara este conflicto. Con el encarecimiento actual, ese número crecerá. Por eso desde UGT-PV reclamamos la activación inmediata de medidas de emergencia social: refuerzo de las prestaciones existentes, ayudas directas a las familias con menos recursos y garantías de acceso a los suministros básicos para los hogares más vulnerables. 

Pero la crisis no solo afecta a las familias. El tejido productivo valenciano tiene ante sí una prueba de resistencia muy exigente que golpea a sectores muy diferentes, y lo hace de formas distintas.

El sector cerámico de Castellón, que depende del gas como principal insumo energético y exporta cerca de la mitad de su producción hacia Oriente Medio, sufre una doble presión que puede ser letal para muchas empresas. La industria del plástico y la química afronta una triple amenaza: materias primas más caras, energía más cara y cadenas de suministro rotas. Pero más allá de estas industrias, el impacto se extiende con la misma crudeza por otros sectores que sostienen buena parte de nuestra economía y de nuestro empleo.

La agricultura valenciana, altamente dependiente de insumos importados, se enfrenta a un encarecimiento severo de los fertilizantes, una tercera parte de cuyo comercio mundial transita precisamente por el estrecho de Ormuz, hoy bloqueado por el conflicto. A eso hay que sumarle el alza del gasóleo, que dispara los costes de bombeo del regadío y de la maquinaria agrícola. El resultado es un apretón en los márgenes que muchas explotaciones, ya de por sí ajustadas, no podrán absorber sin ayuda. Y lo que es peor: ese sobrecoste terminará trasladándose, en parte, al precio de los alimentos que llegan a nuestras mesas.

El transporte y la logística, columna vertebral de cualquier economía abierta como la nuestra, también notan el golpe de forma inmediata. El encarecimiento del carburante presiona a las empresas del sector, que operan con márgenes estrechos y contratos cerrados a precios que ya no reflejan la realidad actual. Los puertos valencianos, hub logístico estratégico del arco mediterráneo, ven cómo se encarecen los tráficos y se complican las cadenas de distribución. Cada retraso, cada sobrecoste en el flete, se convierte en un problema para las empresas exportadoras e importadoras que dependen de esas infraestructuras.

Ante este panorama, conviene tener claro que la Generalitat no es un actor secundario en esta crisis, a la espera de que Madrid marque el paso. Tiene competencias plenas en materia de vivienda, servicios sociales, ordenación del territorio, autorización de instalaciones de energía renovable de menos de 50 megavatios, política industrial autonómica y planificación energética regional. Eso no es poca cosa. Es un margen de actuación real, amplio y propio, que no depende de ningún decreto del gobierno central ni de ninguna negociación bilateral. Depende únicamente de la voluntad de ejercerlo. Esperar a que otros actúen antes de mover ficha, en ámbitos donde la Generalitat tiene plena capacidad de decisión, no es prudencia, es una dilación que la ciudadanía valenciana no puede permitirse en un momento como este.

Por eso, y para que esa acción sea coordinada y eficaz, es necesario reforzar el papel del Diálogo Social y la participación de los agentes sociales. El diálogo social no es un trámite; es el mecanismo más eficaz que tenemos para convertir el diagnóstico en acción y para garantizar que las medidas sean justas, equilibradas y duraderas.

Desde esa mesa, y con el compromiso de todos los agentes implicados, deben articularse instrumentos de alivio financiero para las empresas más expuestas, mecanismos de contención de costes energéticos para los sectores industriales más vulnerables, apoyo directo al sector primario para hacer frente al encarecimiento de insumos básicos, mecanismos de protección a las familias y a los colectivos más vulnerables, y una agilización decidida de los trámites que hoy frenan la implantación de energías renovables a fin de reforzar nuestra soberanía energética. 

Y aquí está la gran lectura de fondo que debemos hacer de esta crisis. La dependencia de los combustibles fósiles importados no es solo un problema medioambiental; es una vulnerabilidad económica y social de primer orden. Cada vez que Oriente Próximo se incendia, nuestra industria tiembla, nuestros agricultores pierden y nuestros transportistas se aprietan el cinturón. La respuesta tiene que ser acelerar de una vez la transición energética: más renovables, más electrificación industrial, más economía circular. No como un ideal verde, sino como una estrategia de soberanía económica real. Y también esa transición debe negociarse y acordarse en el marco del diálogo social, para que sea justa y no deje a nadie atrás.

Lo que no es aceptable, en ningún caso, es la inacción. Las crisis energéticas no avisan; explotan. Y cuando explotan, los que más pierden son siempre los mismos: los que tan solo tienen el sustento de su trabajo y tienen menos margen para aguantar. La Generalitat tiene las herramientas. El diálogo social tiene las propuestas. Solo falta que quienes gobiernan estén a la altura de lo que este momento exige.

Quiero que, por un momento, dejes de lado la rabia y pienses conmigo. Dices que buscas seguridad, pero te has desplazado a un municipio para participar en actos que generan precisamente lo contrario: violencia, caos e inseguridad. ¿Es seguro lanzar objetos contra las casas? ¿Es seguro acorralar a personas en sus propios hogares? ¿Es seguro gritar consignas de odio que convierten una comunidad en un campo de batalla? No nos engañemos: lo que has hecho no es defender la seguridad de nadie. Es agredir.

Y aquí reside la gran contradicción en la que vives. Dices no ser racista, pero no has ido a protestar frente a un juzgado para pedir más agilidad judicial, ni frente a una delegación del gobierno para exigir más recursos policiales. No. Has ido a un barrio donde viven personas inmigrantes. Has señalado a todo un colectivo por los actos deleznables de unos pocos individuos. Has decidido que la nacionalidad o el color de piel de una persona la convierte automáticamente en sospechosa, en parte del problema.

Quizás no te das cuenta, pero esa idea, ese impulso de culpar a un grupo entero por las acciones de algunos, es la semilla del fascismo. El fascismo no empieza con un carnet de partido o un saludo marcial. Empieza mucho antes, de una forma más sutil, casi imperceptible. Empieza cuando el miedo nos lleva a buscar un chivo expiatorio fácil y visible. Empieza cuando decidimos que “ellos” son el problema, y que “nosotros” tenemos derecho a actuar por nuestra cuenta. Aunque no te sientas parte de esa ideología, tus acciones hablan por ti. Perseguir a personas por su origen no es patriotismo ni defensa propia; es xenofobia.

Ahora, hablemos de esa gente a la que señalas. ¿Te has parado a pensar quiénes son? Son las personas que, cada día, se levantan al alba para trabajar en el campo murciano, recogiendo las frutas y hortalizas que llegan a tu mesa. Son quienes cuidan de nuestros mayores con una dedicación que a menudo no encontramos en casa. Son quienes trabajan en la construcción, en la hostelería, quienes abren pequeños negocios y pagan sus impuestos como tú y como yo. Tal vez hasta las tengas entre tus amistades o en tu vecindario.

La inmigración no es un cuento de hadas, tiene sus complejidades, pero su aportación a España es innegable y medible. Contribuyen con su trabajo a sostener nuestro sistema de pensiones y nuestra sanidad pública. Pagan el IVA de cada compra que hacen y enriquecen nuestra cultura con su música, su gastronomía y sus tradiciones. Reducir a millones de personas a una caricatura de delincuente no es solo injusto, es ignorar una realidad que nos beneficia y que nos hace mejores

Un delincuente es un delincuente, se llame Mohamed, John o Javier. Y debe ser la ley, y solo la ley, quien se ocupe de él. La seguridad es un derecho fundamental, y tu preocupación, si solo fuera eso, es legítima. Sin embargo, cuando esa 'preocupación' se traduce en odio al diferente, pierde toda su legitimidad. Pero es crucial poner las cosas en perspectiva: vives en uno de los países más seguros del mundo, con una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, aunque algunos se esfuercen cada día en convencerte de lo contrario. Alimentan artificialmente un mensaje de inseguridad y caos porque el miedo es una herramienta muy poderosa para manipular. Y ante ese miedo, real o infundido, la respuesta nunca puede ser la barbarie, sino exigir más y mejores políticas de integración, más educación en los barrios vulnerables, más presencia policial que proteja a todos los vecinos, sin importar su origen, y una justicia que actúe con contundencia.

La próxima vez que sientas esa rabia, pregúntate quién se beneficia de tu odio. No son tus vecinos. Mucho menos tú. Quienes ganan son aquellos que agitan el miedo para sacar rédito político, los que prefieren que te pelees con tu vecino de abajo en lugar de exigirles a ellos responsabilidades.

Tienes que elegir. Puedes seguir viviendo en esa contradicción, diciendo que no eres fascista mientras actúas como tal, o puedes empezar a construir la seguridad de verdad. Y la seguridad real no se levanta con piedras y gritos de odio, sino con justicia, empatía y convivencia.

Hoy, más que nunca, entendemos que proteger lo conquistado no es un acto de nostalgia: es una necesidad. Vivimos tiempos en los que todo aquello que parecía seguro —los derechos laborales, la sanidad pública, la educación, la igualdad— vuelve a estar en riesgo. Y, además, sabemos que el futuro que queremos no llegará solo con desearlo: tendremos que ganarlo mediante el esfuerzo colectivo. 

Miremos alrededor. A nivel internacional, las guerras en Palestina y Ucrania nos recuerdan que la paz, la justicia y los derechos humanos nunca son conquistas definitivas. Nos recuerdan que la indiferencia y el silencio también son formas de complicidad. Desde aquí, desde nuestras calles, diremos alto y claro que no aceptamos la violencia ni la barbarie, y que seguimos creyendo en la paz y en la solidaridad como el único camino posible. 

Pero también aquí, en nuestra tierra, hemos vivido situaciones que no podemos ni queremos olvidar. La DANA del pasado 29 de octubre golpeó duramente las comarcas valencianas, dejando a su paso graves inundaciones, daños materiales incalculables y, lo más doloroso, 228 víctimas mortales. No fueron solo consecuencia de las lluvias torrenciales: también fallaron los protocolos y la gestión de la emergencia. Por eso reclamamos que se investigue, que se esclarezca todo y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan. La ciudadanía merece saber toda la verdad. La recuperación solo será posible sobre la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la DANA. 

Aun así, en medio de la tragedia, surgió lo mejor de nuestra sociedad. Miles de personas voluntarias, se volcaron para ayudar, limpiar, reconstruir. A su lado, los servicios públicos y sus profesionales demostraron, una vez más, que son el pilar de nuestro bienestar común. Su entrega, su humanidad y su profesionalidad nos devolvieron la esperanza cuando más la necesitábamos. A todas esas personas, este Primero de Mayo también va dedicado. 

Ahora, mientras miramos hacia adelante, somos conscientes de los grandes retos que tenemos por delante. Porque además de defender los derechos laborales y sociales, también tenemos que proteger nuestra convivencia frente a quienes siembran odio y miedo. No podemos mirar hacia otro lado ante el avance de la ultraderecha, ante los discursos de los apóstoles del miedo que alimentan el racismo, el machismo y la intolerancia. Tampoco podemos caer en la trampa de la antipolítica, esa que intenta desacreditar todo lo público, todo lo colectivo, para imponer un modelo basado en el individualismo y la desigualdad. 

Hoy más que nunca, frente al ruido, frente al miedo, frente al odio, reivindicamos la política como herramienta de transformación, de justicia y de esperanza. Reivindicamos el sindicalismo como la fuerza organizada de quienes creen que otro futuro es posible. 

La reducción de la jornada laboral es uno de los pasos que tenemos que dar. Trabajar menos para vivir mejor, para repartir el empleo, para cuidar nuestra salud. Una jornada de 37,5 horas semanales es una reivindicación justa, posible y necesaria. 

Recuperar el poder adquisitivo de los salarios es otro gran desafío. No puede ser que mientras unos pocos se enriquecen más y más, millones de personas vean cómo su esfuerzo cada vez vale menos. Defender salarios dignos es defender la dignidad de la vida. 

La vivienda, la sanidad, la educación, las pensiones, el medio ambiente, los cuidados… Cada uno de estos ámbitos es una pieza fundamental del bienestar colectivo. Y cada uno de ellos necesita políticas valientes, capaces de poner en el centro a las personas y no a los mercados. 

Siempre con una mirada feminista, porque sabemos que sin igualdad real entre mujeres y hombres no hay democracia verdadera, ni justicia social, ni libertad plena. 

Por eso, este Primero de Mayo, reafirmamos el valor imprescindible del sindicalismo de clase. Frente a los que nos quieren débiles, divididos o callados, nosotros respondemos con solidaridad, con organización y con lucha. 

Este Primero de Mayo tiene un significado especial. No solo por todo lo que hemos vivido, sino por todo lo que todavía tenemos por construir. Porque sabemos que los derechos conquistados no son inamovibles. Que cada generación tiene la tarea de protegerlos, de ampliarlos, de adaptarlos a los nuevos tiempos. Y porque sabemos que el futuro justo, igualitario y digno que deseamos, no nos lo regalará nadie. 

Este Primero de Mayo saldremos a las calles por salarios dignos, por la reducción de jornada, por mayor seguridad y salud en el trabajo, por el derecho a la vivienda, por la educación y la sanidad públicas, por la igualdad, contra la violencia machista, por el planeta, por la memoria de quienes ya no están, por quienes lo dieron todo en momentos difíciles, y por quienes siguen creyendo en un futuro compartido sobre la base de la justicia social. 

De nuevo, el Primero de Mayo es un recordatorio de todo lo que hemos sido capaces de conseguir cuando los trabajadores y las trabajadoras hemos avanzado juntos. Y también una promesa: la de seguir defendiendo con coraje, con esperanza y con dignidad lo que somos. 

Ahora más que nunca, toca proteger lo conquistado y ganar el futuro.