Al cabo de cincuenta años de los dramáticos acontecimientos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria ha llegado el momento de preguntarse si la memoria de aquello ha de ser de una parte o de todos. Esta no es la primera ocasión, ni será la última, en que se plantee este tipo de situaciones. Es propio de los procesos de construcción de memoria, donde compiten los partidarios de retener un recuerdo exclusivo, circunscrito a los hechos, pero con una interpretación que se renueva por quienes se ven como preservadores de la memoria, frente a quienes conectan los hechos con otros sucedidos históricos –en nuestro caso, la Transición- y tratan de obtener una consecuencia positiva que alcance a la mayoría de la ciudadanía actual.

Esta segunda opción, ciertamente, transciende el carácter genuino de lo ocurrido, pero lo inscribe en un contexto superior que todos podemos compartir: en nuestro caso, la democracia y el Estado de Derecho que disfrutamos y a los que colaboraron los huelguistas de aquel conflicto y, por desgracia, los muertos y heridos que provocó aquella policía todavía de la dictadura.

Tenemos la oportunidad de desplegar una política de memoria pública sobre el 3 de marzo de 1976 a través del Memorial de víctimas. Lamentablemente, no vamos a llegar a verlo hecho realidad en este cincuentenario, pero estamos dando los pasos necesarios para que a corto plazo lo sea. En él participamos cuatro instituciones y las asociaciones de víctimas. Es claro que aquellas y estas tienen perspectivas diferentes y así lo han expresado.

La elección excluyente no debería ni plantearse. No tiene sentido un Memorial sin asociación de víctimas, ni lo tiene sin las instituciones que representan a la ciudadanía y que proveen los recursos para que la iniciativa se lleve a efecto. Prescindir de unas o de otras sería un error que no nos podemos permitir. La discrepancia es un factor con el que debemos contar para poner en marcha el proyecto de manera efectiva.

Tenemos que hacer el esfuerzo para encontrar un punto de encuentro entre miradas diferentes sobre el papel de la memoria pública. Es lógico que las diversas partes alberguen perspectivas y razones diferenciadas. Salvando todas las distancias necesarias, por nuestra experiencia en Gogora, sabemos que es un problema con el que tropezamos a cada paso con la memoria del terrorismo y de sus víctimas. El hecho de haber llegado a acuerdos amplios no nos exime de debate a cada poco. Es normal, pero, a pesar de ello, se avanza y los resultados están a la vista.

El Memorial del 3 de marzo se debe plantear también en esos términos, dinámicos, dialécticos, a veces conflictivos, pero con voluntad convergente. Porque, como dijo Jesús Fernández Naves en el funeral del 5 de marzo de 1976: “Estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria”. Y así es. No hay ningún sector que reniegue de esa memoria. Incluso quienes por su trayectoria están relacionados con los responsables políticos de aquellos hechos, asumen que esta es también su memoria y han expresado en diversas ocasiones su reconocimiento de aquella tragedia y de aquellas víctimas.

Marzo de 1976 no es un argumento de discrepancia; todo lo contario, lo es de acuerdo amplio en la denuncia de la masacre policial llevada a cabo, del crimen de Estado. Un acuerdo que asume que aquella fatídica fecha constituye el punto de inicio de la actual Vitoria-Gasteiz, industrial, obrera y plural de orígenes e ideas. Esa pluralidad original es la que debemos preservar e impulsar al cabo de cincuenta años.

Las instituciones alavesas y vascas hemos expresado de manera reiterada nuestro apoyo incondicional a ese recuerdo vivo y a las víctimas de entonces. El Gobierno del Estado lo viene haciendo en los últimos años de manera también decidida, estando presente en los actos recordatorios, apoyando con recursos la puesta en marcha del Memorial, reconociendo como lugar de memoria la iglesia de San Francisco de Asís y desarrollando la legislación memorial adecuada. Estoy segura de que vendrán todavía nuevos reconocimientos que facilitarán todavía más el avance en los términos aquí señalados.

Tenemos una oportunidad de oro para edificar una memoria de todos sobre aquel miércoles de ceniza vitoriano. Podemos hacerlo sobre la base de que aquellas víctimas, aquel conflicto y aquella disposición de sus protagonistas por superar la dictadura han servido para que la democracia que disfrutamos se pudiera consolidar y sea hoy una realidad sólida. O podemos hacer como si viviéramos todavía en 1976 y nada hubiera cambiado desde entonces. Desde mi punto de vista, la evidencia respalda lo indiscutible y afortunado del cambio histórico. Por eso creo que el Memorial y la política pública de memoria deben ir acordes con esa realidad, porque es la que vive la ciudadanía, incluidos aquellos que se resisten a asumir que es así.

A lo largo de este año, desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos que dirijo y, en especial, desde el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) hemos querido recordar y homenajear a los más de 200 vascos y vascas que fueron deportados a los campos de concentración nazis a lo largo de la Segunda Guerra Mundial.

En primer lugar, porque han formado parte de una etapa muy poco conocida de nuestra historia. Fueron parte de esas miles de personas que se vieron obligadas a abandonar sus pueblos, sus hogares y su vida para enfrentarse a lo desconocido. Forzados a cruzar la muga francesa camino del exilio para huir de la guerra y de la cruel represión del régimen franquista, camino de un futuro repleto de incertidumbre, amenazas y miedo.

Son parte de la historia de miles de personas que cruzaban la muga, mayoritariamente por el puente de Irún, con el consuelo de quienes creían estar entrando en la república de la libertad, la igualdad y la fraternidad. De quienes creían que serían recibidos como hermanos y hermanas por la Francia que forjó las democracias liberales del viejo continente.

Sin embargo, el anhelo de paz y libertad les duró poco. Al otro lado del Bidasoa se encontraron una Francia dividida, que albergaba ya en su seno el germen del odio, de la xenofobia y del totalitarismo que, apenas un año después, haría que una parte importante de su sociedad agachara la cabeza pasivamente ante la llegada de los nazis y el colaboracionismo del Gobierno de Vichy.

Desafortunadamente, para ellos no hubo libertad, ni igualdad y fueron escasas las muestras de fraternidad. Miles de vascos y españoles se vieron encerrados en campos de refugiados, en condiciones de absoluta precariedad. Miles de apátridas a quienes el odio revanchista del régimen franquista les había negado la nacionalidad vasca y española. Encerrados entre alambres de espino, privados de lo más básico, del derecho a tener derechos, como diría Hannah Arendt.

Muchos de ellos y ellas, atrapados en aquellos campos de refugiados, acabaron en la maquinaria de exterminio puesta en marcha por la Alemania nazi, en este caso con el apoyo necesario y el silencio vergonzante de una parte nada desdeñable de la sociedad francesa. Enviados a campos de concentración nazis, terminaron en el pozo más oscuro al que jamás se ha visto arrastrada la humanidad. No solo se les negaron sus derechos, no solo se les negó su nacionalidad, sino que se les terminó negando su propia condición de seres humanos.

Por eso hemos querido organizar un acto de reconocimiento a los deportados y deportadas vascas. Porque, delante de tantas familias de aquellos deportados, delante de la representación de una buena parte de las instituciones vascas, quiero dirigirme a la sociedad vasca para reivindicar su recuerdo, reivindicar su memoria, su dolor, su ausencia y el olvido durante casi 80 años. Dirigirme también a las familias para pedirles perdón por tantas décadas de silencio. Ellos y ellas, más de 200 vascos y vascas, han de formar parte de nuestra memoria colectiva, de nuestra memoria democrática. Sus nombres jamás pueden volver a ser olvidados. Porque ya son parte del patrimonio democrático de esta sociedad. Son parte del germen de esta Euskadi que mira al futuro comprometida con la libertad, la igualdad y la fraternidad.

En Irún recordaremos los nombres y las vivencias de aquellos vascos y vascas que vivieron los episodios más oscuros de un continente enfrentado por el odio, el sectarismo, la xenofobia y la sinrazón. Con actos de memoria democrática como este queremos reivindicar una Europa unida, convencida y militante en la defensa de los valores de la democracia, la pluralidad, el derecho a la diferencia y los Derechos Humanos.

En primer lugar, porque se lo debemos. Se lo debemos a quienes perdieron su vida injustamente hace ochenta años. A quienes han poblado el olvido durante tanto y tanto tiempo. Pero, sobre todo, porque se lo debemos a las nuevas generaciones. Ellas también tienen que saber, conocer, construir su propia memoria de una forma crítica y reflexiva. Tienen que construir la ciudadanía del futuro interrogando al pasado. No podemos dejarles un relato precariamente tejido con medias verdades, silencios y dogmas incuestionables.