Acabo de regresar de los campos de refugiados saharauis de Tindouf, en Argelia, donde he tenido la oportunidad de participar en los actos organizados con motivo de la celebración del 50 Aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que cuenta con el reconocimiento político y diplomático de más de ochenta países en el mundo. 

Me consta que son muchas las voces que ingenuamente pensaban que este pueblo, siempre reivindicativo y en lucha legítima por su soberanía e identidad, terminaría por desaparecer fruto de la inanición, el olvido y la traición de aliados históricos, entre ellos España. Sin embargo, en este periodo, han demostrado una capacidad admirable de dignidad y resistencia. Y ello, a pesar de la represión que sufre la población saharaui por parte de Marruecos en los territorios ocupados y el Sáhara Occidental. A todo ello se suman, además, las difíciles condiciones físicas del terreno (hammada) en el que sobreviven como pueden en el exilio y en los campamentos de refugiados en Tindouf, en un territorio cedido por Argelia. Donde parecía imposible la generación de vida, este pueblo resiliente, con medios precarios, ha construido una comunidad dinámica, creativa e innovadora: instituciones propias; administración descentralizada; servicios públicos universales (educación y sanidad); y servicios de abastecimiento para cubrir las necesidades fundamentales de la población.

Hemos asistido a un programa de eventos participativos, reivindicativos y festivos, en los que hemos recordado la figura de hombres y mujeres que en estas cinco últimas décadas han entregado su vida en defensa de la libertad de su país y los derechos que les asisten. Ha sido un momento especial para tomar conciencia de todo lo vivido en este tiempo y para reforzar la voluntad y el compromiso por alcanzar la plena soberanía y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas en favor del ejercicio del derecho que le asiste a la libre autodeterminación. 

Un pueblo, liderado por su legítimo representante, el Frente Polisario, que ha demostrado gran paciencia histórica, a pesar de los múltiples engaños, apostando decididamente por las vías políticas para hacer cumplir los acuerdos firmados entre las partes. La invasión y usurpación de su territorio por parte de Marruecos (la Marcha Verde) en 1975 dio lugar a una guerra que finalizó en el año 1990 con la firma de los acuerdos de paz, bajo el auspicio de Naciones Unidas, con el compromiso firme de convocatoria inmediata del referéndum de autodeterminación. Tras muchos años de incumplimiento de esta promesa, y en contra de su deseo, no les han dejado otra salida que volver a defender los derechos que legítimamente les corresponden, también por la vía militar.

Hay que mencionar que, en la vulneración de los compromisos adquiridos y de los derechos humanos, Marruecos ha contado con la complicidad de una buena parte de la comunidad internacional, especialmente de España, que sigue siendo potencia administradora de un territorio, el Sáhara Occidental, pendiente de descolonización según la ONU. Es necesario que el PSOE y Pedro Sánchez rectifiquen su posición y vuelvan a la senda de las resoluciones internacionales, poniendo fin, de este modo, a la traición y abandono a un pueblo hermano con el que nos unen tantos lazos históricos, culturales y lingüísticos. Rectificación que debería comenzar con la modificación del decreto, aprobado por el Gobierno español, de regularización de personas migrantes. De su aplicación se ha excluido a las personas solicitantes del estatuto de apátrida, casi en su totalidad saharauis, residentes en nuestro país, acogerse a esta regularización. Excluir, una vez más, al colectivo saharaui, supone dejarles, después del 30 de junio, en una situación de vulnerabilidad y de discriminación inadmisible respecto del resto de comunidades migrantes.

Por otro lado, la situación geopolítica actual es propicia para reconducir la posición española. EEUU ha jugado un papel decisivo en el sorprendente y triste alineamiento español con las tesis marroquíes. Hoy esta capacidad de presión ha saltado por los aires como consecuencia del desvarío y huida hacia delante de la administración Trump, que ha demostrado que es todo menos un aliado fiable y estable. Otro factor determinante es la recuperación de las relaciones con Argelia, el mayor y más fiel aliado del pueblo saharaui, ante la necesidad de volver a la senda de los acuerdos, que nunca se debieron haber comprometido en materia de suministro de gas, ante la gravísima crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo. 

Así mismo, para que se haga realidad este cambio de orientación en el Gobierno español es necesaria una mayor implicación de las fuerzas políticas de izquierda que sostienen a Pedro Sánchez. No es suficiente un apoyo a la causa del pueblo saharaui si luego no se convierte en parte de la agenda política negociadora. Más allá de los réditos electorales, este asunto debe convertirse en una “línea roja” en los acuerdos de gobierno o pactos de legislatura con el partido socialista. 

Por el contrario, en los actos vividos estos días se ha puesto de manifiesto la solidaridad con la causa saharaui por parte de los diferentes pueblos y Comunidades del Estado español, reflejada en la amplia participación de sindicatos, partidos y asociaciones. Una solidaridad, humanitaria y política, que debe ampliarse y reforzarse con la implicación de las nuevas generaciones en una lucha justa por la que merece la pena entregarse. Regreso de este viaje con una convicción profunda. No sé cuanto tiempo pasará hasta que este pueblo vuelva a la tierra que le fue arrebatada. Lo que tengo muy claro es que dentro de otros 50 años seguirá existiendo y resistiendo. Y con más pujanza, fuerza, convicción y razón, si ello es posible. 

No descubrimos nada nuevo si constatamos, una vez más, que el problema de la vivienda en Euskadi, al igual que ocurre en el conjunto del Estado, constituye una emergencia social. Los datos no pueden ser más concluyentes: en el País Vasco entre los 18 y los 34 años solo está emancipada una tercera parte de la juventud. Nos situamos en el vagón de cola de la Unión Europa. Es obvio que algo no se está haciendo bien. Ni en Euskadi ni en el conjunto del país.    

 Los precios medios del mercado inmobiliario, tanto en propiedad como en alquiler, impiden en la práctica que una persona en edad de iniciar un proyecto de vida autónomo tenga opción de ver cumplido su objetivo. La situación no puede ser más frustrante. 

La compra de una vivienda, salvo apoyo familiar o salarios por encima de la media, es un sueño inalcanzable para una generación que deja la treintena atrás, condenada a compartir casa incluso con personas desconocidas porque el alquiler también está muy lejos de sus posibilidades.      

 Hablamos de un drama que hemos aceptado como si no hubiera alternativa. Me consta que las Administraciones Públicas son conscientes de esta situación y sé, por experiencia propia, que existen herramientas que pueden contribuir a paliar esta situación. Siendo Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco asumimos decisiones pioneras, entre ellas apostar por la generación de un parque de vivienda excluido de la lógica especulativa del mercado.

Fuimos la primera Comunidad Autónoma en el Estado en garantizar que la vivienda protegida mantuviera de por vida la calificación permanente, evitando la especulación que hasta entonces era una práctica habitual. Esta medida ha supuesto que en Euskadi hasta 60.000 viviendas estén fuera de la lógica especulativa y deban destinarse de forma permanente a residencia habitual, a precios asequibles y accesibles a las personas que por su situación e ingresos más lo necesitan.

Es incomprensible que a día de hoy, se siga permitiendo en la mayoría de Comunidades Autónomas que las viviendas protegidas, puestas en marcha con el esfuerzo de toda la ciudadanía, puedan ser vendidas pasados veinte años como viviendas libres. No solo es inmoral favorecer con esta política el “pelotazo” sino que se está contribuyendo a debilitar el parque público de vivienda, cuando lo que se debe hacer es reforzarlo.  

Nuestra obsesión en el Ejecutivo vasco fue dar pasos firmes en favor de la generación de un parque público de vivienda de alquiler asequible y nos pusimos manos a la obra, demostrando con hechos que querer es poder. En solo ocho años, de 2001 a 2009, pasamos de 4.250 viviendas en esta modalidad a cerca de 15.000. Para ello, multiplicamos por cuatro la inversión pública. En ese periodo se construyeron 7.000 viviendas públicas de alquiler asequible y se movilizaron para este mismo fin más de 4.000 viviendas privadas vacías. 

Lamentablemente, en los últimos diez años, la promoción de nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler en Euskadi, de la mano de los Gobiernos PNV-PSE, a duras penas ha alcanzado una media de poco más de 500 viviendas en cada ejercicio; es decir, una cifra testimonial. Igualmente, aprobamos una ley vasca del suelo pionera, que permitía dar uso a los suelos equipamentales para destinarlos a viviendas públicas en régimen de alquiler asequible, permanente y rotatorio. 

Pasados 20 años de su habilitación urbanística, una iniciativa con un gran potencial, no ha sido ejecutada como cabía esperar. Las cifras son elocuentes: el parque de alojamientos dotacionales solo suma 2.000 unidades, una parte significativa de ellos aún sin finalizar. En 2008 pusimos en marcha un paquete de ayudas para favorecer el acceso al alquiler libre, orientado a personas y colectivos con mayores dificultades; esta línea está consolidada como un derecho subjetivo, del que se benefician 30.000 personas a través de la figura de la Prestación Complementaria de Vivienda.  

Queda mucho camino por recorrer, pero el “caso vasco”, en los años gestionados por Izquierda Unida-Ezker Batua, es un modelo de referencia, sobre el que se puede y se debe profundizar. Y ahora, especialmente, en un momento en el que el mercado inmobiliario bate récords de precios imposibles. Es cierto que la entrada en vigor en el Estado de la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda, ratifica en parte la estrategia emprendida entonces en Euskadi, pero también es cierto que no hay voluntad política de desarrollarla y actuar con valentía. Las prioridades siempre son otras. 

Reconocer el derecho de la ciudadanía a una vivienda asequible solo será creíble cuando las Administraciones Públicas impulsen un parque público suficiente para atender la demanda en régimen de alquiler asequible. Si nos encontramos en la situación actual es porque no se han querido dar estos pasos. De hecho, pareciera que avanzamos en la dirección contraria.  

En Euskadi la coalición PNV-PSOE ha anunciado una contrarreforma exprés, que pretende rebajar las reservas de suelo para vivienda protegida, tal como le demandan los promotores y propietarios de suelo, pasando de la exigencia actual en suelo urbanizable del 75% al 60%.

 Del mismo modo, siguen negándose a reservar una parte del suelo para promover vivienda en alquiler asequible, tal y como exige la ley estatal de vivienda aprobada hace dos años. Esta normativa habilita la determinación de límites de renta al alquiler libre en las zonas tensionadas, a partir de unos índices de referencia establecidos previamente, que debían entrar en vigor como fecha límite antes del 1 de enero de 2025. En Euskadi no sabemos todavía ni cómo se van a concretar. ¿Incompetencia? ¿Inoperancia? O más bien, ¿intereses?

Esta actitud del Ejecutivo autónomo actual es grave, lesiva para los intereses de la ciudadanía, y pone de manifiesto su falta sensibilidad ante una emergencia social de primer orden. El problema es común al conjunto del Estado y ninguna institución competente asume la cuota de responsabilidad que le corresponde. Si tienen que elegir bando, lo hacen, posicionándose siempre del lado del mercado inmobiliario. No hemos llegado a esta situación por casualidad. 

Corremos, además, y es muy preocupante, el riesgo de que la coyuntura geopolítica y la apuesta europea por el rearme desvíen el foco del drama de la vivienda en España y quienes sufren esta situación se vean aún más abandonadas a la tiranía del mercado libre. El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha prometido incrementar el gasto militar hasta alcanzar el 2% del PIB. Confío en que ninguna formación de izquierda le acompañe en este viaje. Nuestra prioridad no son más armas; que no nos manipulen. Nuestra amenaza como sociedad es que la juventud no se pueda emancipar, no pueda tener un proyecto de vida, no pueda llegar a fin de mes y el precio de la vivienda sea el origen de su empobrecimiento. 

Urge voluntad política sincera y real, presupuestos suficientes, y, por supuesto, conciencia moral para no lastrar a una generación, que debe ser el futuro, pero corre el riego de no tenerlo. Invertir para prepararse para la guerra no puede estar por delante del derecho de millones de personas a vivir con dignidad: sin un lugar donde hacerlo, ¿qué clase de vida nos espera?   

Hablar del acceso a la vivienda es hablar del principal problema al que se enfrenta en estos momentos la mayoría de nuestra sociedad. Abordarlo con firmeza y determinación es un reto ineludible para los diferentes Gobiernos (estatal, autonómicos y municipales).

Aunque estamos ante un asunto de carácter multifactorial y poliédrico, existen un conjunto de ejes nucleares ineludibles que cualquier responsable público debería tener en cuenta para diseñar una auténtica política de vivienda, sí de verdad se quiere abordar la resolución de un problema de gran envergadura.

En primer lugar, debemos tener claro que los problemas generados por las dinámicas del mercado residencial no se van a resolver por sí solas. No podemos pensar, como sostiene la derecha, que la liberalización del suelo y el aumento indiscriminado de oferta de vivienda libre va a ser capaz de generar bajadas de precio de las viviendas y/o del suelo, como ya quedó sobradamente demostrado en la época de la burbuja inmobiliaria (1998-2008) o en la actualidad con la política de vivienda de Isabel Díaz Ayuso. Todas las políticas públicas de estímulo de la demanda de vivienda (subvenciones o financiación pública de avales para la compra, exenciones fiscales...) deben ser descartadas si no se exige, al mismo tiempo, un control de los precios de transmisión de las viviendas.

Asimismo, hay que tener claro que la insuficiencia de un parque de vivienda de alquiler asequible –y no sólo de vivienda social– es un déficit histórico y estructural que impide mitigar los efectos de la escalada actual de los precios de la vivienda; déficit estructural que, además de incidir en la economía de las personas que se ven obligadas al pago de estos precios abusivos, supone un lastre de la economía del país, como ya ha manifestado sin ambages, el año pasado, el Banco de España y hace unos días han reiterado la Comisión Europea y los principales sindicatos.

El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la vivienda es un derecho constitucionalmente reconocido a favor de toda la ciudadanía que, en base al artículo 47 de la CE, está reclamando de todas las Administraciones Públicas políticas eficaces para hacer efectivo este derecho de acceso a la vivienda en condiciones asequibles.

Para ello es imprescindible una buena política de suelo que implica, no sólo, el deber de los promotores privados de integrar la obligación de oferta de vivienda asequible en sus promociones inmobiliarias, sino también, y muy particularmente, la vinculación de los suelos de titularidad pública a los fines de favorecer la oferta de vivienda en alquiler asequible.

No siempre las Administraciones Públicas han sido, y son, ejemplares en dar este destino social a sus suelos públicos. En numerosas ocasiones los patrimonios municipales del suelo y los suelos residenciales de titularidad estatal o autonómica, son vendidos para financiar otros proyectos que nada tienen que ver con la vivienda. Los Gobiernos nunca deberían perder la titularidad pública del suelo sobre el que se edifican las viviendas, teniendo como tienen la figura del derecho de superficie. Esto lo deberían tener “grabado a fuego”.

Aunque hay que tener en cuenta, que la solución del déficit estructural de vivienda asequible no se podrá resolver, únicamente, desde la nueva construcción. El parque de vivienda actualmente existente tiene un papel muy importante que jugar.

Por una parte, las viviendas protegidas no deberían nunca dejar de ser protegidas. Ello supondría que quedarán sometidas para siempre a un control de los precios desde lo público; que existirá siempre la posibilidad preferente de compra por las Administraciones Públicas; y que subsistirá siempre la obligación de su ocupación efectiva en calidad de primera residencia. Resulta inconcebible que, a día de hoy, en la mayoría de Comunidades Autónomas se siga permitiendo que, pasados unos pocos años, estas viviendas, puestas en marcha con el esfuerzo de toda la ciudadanía, se descalifiquen y pasen a ser viviendas libres. Con el consiguiente pelotazo y debilitamiento del parque público de vivienda protegida. En Euskadi aprobamos esta medida en el año 2003. El Gobierno del Estado debería condicionar las ayudas en materia de vivienda a las CCAA a la aprobación de la calificación permanente.

La extensión de estas garantías al parque actual de viviendas libres no es fácil, pero para nada puede descartarse. Para empezar, se deberían articular desde las Administraciones compras selectivas de viviendas libres para su incorporación al parque público de vivienda en alquiler mediante la técnica de los derechos de tanteo y retracto; y de forma inexcusable en las llamadas zonas de mercado residencial tensionado. Igualmente, no hay que perder de vista que los programas de intermediación para la puesta en alquiler asequible de viviendas libres desocupadas han dado resultados óptimos cuando esta intermediación pública es real y comprometida, como ocurre en la Comunidad Vasca con el programa Bizigune. No obstante, en las zonas de mercado residencial tensionado, en materia de vivienda desocupada, la intermediación debe acompañarse de una intervención pública contundente alcanzando incluso el alquiler forzoso de las viviendas vacías, muy particularmente de los grandes tenedores.

Y aunque no se ha ensayado hasta el momento, habría que sondear la posibilidad de que en las zonas de mercado residencial tensionado no se pudieran inscribir en el Registro de la Propiedad las transmisiones de viviendas si las mismas no van a ser ocupadas en calidad de primera residencia o no se comprometen al alquiler para ser ocupadas en esta misma condición. La proliferación en zonas de mercado tensionado de viviendas de uso turístico, y en similar medida también de alquiler de corta duración, es una práctica que debe ser atajada, para lo que ya existen herramientas jurídicas solventes.

Por otro lado, nunca hay que dejar de lado la política fiscal y cuyo diálogo con las políticas sectoriales de vivienda siempre ha dejado mucho que desear. La política fiscal, como política pública que es, debe favorecer desde todos los frentes el fomento de alquiler asequible para vivienda habitual, protegida y libre, frente a otras formas de uso de las viviendas; tanto en el tratamiento fiscal de su promoción y construcción como en el tratamiento fiscal de los ingresos percibidos por los arrendadores en esta condición. Evidentemente, sin un compromiso presupuestario mínimo resulta imposible poder desplegar estas políticas de vivienda: compra de suelo y de viviendas, promoción de viviendas públicas en alquiler social, políticas de ayudas a promotores, propietarios e inquilinos para el fomento del alquiler asequible, dotación de recursos para la intervención e inspección pública…. Desgraciadamente es bastante habitual que los planes de vivienda no sean coherentes con los recursos presupuestarios destinados. Y aunque la situación a la que deben hacer frente estos planes de vivienda es muy dispar en la geografía española, no se pueden obtener unos resultados mínimamente aceptables si los diferentes gobiernos no dedican, especialmente en situaciones de tensionamiento de mercado, declarada como tal o no, al menos el 1% del PIB.

Una nueva política de vivienda es posible, necesaria y urgente. Este debería ser el principal propósito del Gobierno progresista tras el parón estival. Ello bien justificaría agotar los dos años que le restan a esta legislatura. Y que cada cual se retrate.

El pasado 16 de mayo se cumplió el quinto aniversario del fallecimiento de Julio Anguita en su querida Córdoba. Con este motivo participé en los actos de homenaje que organizó el Colectivo Prometeo, en el que se implicó activamente en el último tramo de su vida. Han transcurrido solo cinco años desde su despedida, pero en este tiempo el mundo que él conoció ha sufrido un auténtico cataclismo. Es cierto que Julio, siempre lúcido, comprometido y buen conocedor del género humano, la geopolítica y las corrientes de opinión, se anticipó a su tiempo y nos alertó sobre graves amenazas globales, que entonces parecían lejanas y hoy son una realidad, que reniega de la democracia y reivindica el fascismo. 

Quienes hemos admirado la personalidad y el espíritu de quien fuera el alma de Izquierda Unida tenemos ahora la obligación moral de recoger su testigo y defender su trayectoria, compromiso y utopía. 

El quinto aniversario de su pérdida coincide con la despedida de otros dos grandes referentes morales, intelectuales y de compromiso en favor de una nueva sociedad basada en la paz y el reparto de la riqueza, como son Pepe Mujica y el Papa Francisco. 

Vivimos en un contexto en el que los tiranos y autócratas se hacen fuertes, silencian a su oposición, llegan al poder y forman gobiernos autoritarios, que se sustentan en la ley de la selva y la barbarie. ¿Cómo es posible que estos discursos triunfen en el siglo XXI? ¿Qué nos depara el futuro si el 38 por ciento de los jóvenes españoles menores de 24 años reconoce que podría aceptar un régimen poco democrático si su calidad de vida mejorara? Los datos son, cuando menos, alarmantes. Uno de cada cuatro varones de entre 18 y 26 años asume que en “determinadas circunstancias” una dictadura puede ser mejor que una democracia. 

Anguita, Mujica y Francisco son auténticos faros que nos guían, nos indican el camino a seguir y nos brindan esperanza en medio de un tsunami, que aspira a reducir a cenizas los principios y valores en los que las personas con una sensibilidad progresista confiamos para construir un mundo mejor y más justo. Han sido mentes privilegiadas de las que debemos aprender y seguir su ejemplo. Fueron personas resilientes, valientes, íntegras, austeras y coherentes.

¡Cuánto les echamos de menos! Afortunadamente, su legado permanece, y puede y debe ser la brújula que nos marque el camino a seguir para  avanzar hacia un futuro de paz, justicia, igualdad, ética, diversidad, inclusión y sostenibilidad 

No es casualidad que Anguita, Francisco y Mujica pusieran el acento en la desigualdad social como el origen del auge del fascismo en el mundo. El empobrecimiento de las clases populares está íntimamente unido al enriquecimiento de una élite de billonarios y oligarcas que alardean de serlo;  la precariedad laboral y los bajos salarios son el reverso de los beneficios sin límite de la banca y los grandes monopolios, especialmente los tecnológicos; los precios abusivos de la vivienda son consecuencia directa de la avaricia de fondos de inversión, promotores y propietarios del suelo que se hacen de oro especulando con un derecho ciudadano; el deterioro de los servicios públicos, sanidad y educación principalmente, se verá aún más perjudicado por la apuesta europea por el rearme. El panorama resulta desolador. La falta de expectativas, la frustración y la impotencia que sienten capas cada vez más amplias de la población constituyen  el mejor caldo de cultivo para el triunfo de liderazgos tan perversos como el que representan Donald Trump y sus acólitos. Lo hemos vuelto a comprobar en el avance de la extrema derecha en las elecciones celebradas en Polonia, Portugal y Rumania. 

A pesar de la situación preocupante, estos tres modelos de vida nos transmiten hoy el gran mensaje de que no debemos caer ni en el pesimismo ni mucho menos en el derrotismo. Estamos a tiempo de revertir esta situación. 

Julio Anguita, unos días antes de morir, hizo público un manifiesto (“el hoy y el mañana: razones para nuestro compromiso”), que tiene plena vigencia: “Debemos impedir que quienes se consideran dueños de un poder sempiterno construyan la realidad a su imagen y semejanza”. La sociedad civil ha de tomar conciencia de su protagonismo en la defensa activa del presente y el futuro que queremos. No vale mirar hacia otro lado ni eludir las responsabilidades que nos corresponden. La izquierda, en su concepción más amplia, tiene que unirse, sumar todas las voces y sensibilidades, promover alianzas globales y organizar una revolución pacífica (no violencia activa), pero constante, contra el fascismo. No podemos asistir impasibles ante el genocidio televisado contra el pueblo palestino. El mercado y la codicia sin límites no pueden ganar esta batalla. Somos personas con derechos y capacidad de decisión.

Al poder económico le sobran las leyes, los tribunales, las regulaciones y las libertades. Solo les interesan sus beneficios y para ello nos quieren convertir en consumidores pasivos y compulsivos, sin opinión ni criterios propios. Su modelo de sociedad es individualista, manipulada, asustada, y nunca comunitaria ni solidaria ni empática. Quieren un  poder político que actúe como un brazo articulado que ejecute sus directrices. Los gobiernos en los que creen son consejos de administración a sus órdenes. Su mayor enemigo es la toma de conciencia por parte de la ciudadanía y su cohesión como forma de resistencia.  Anguita, al calor de las movilizaciones anti OTAN, apostó por la confluencia de sectores con trayectorias y tradiciones diferentes en torno a un programa común, germen de la constitución de IU. Dijo: “no importa que los comunistas seamos minoría, lo importante es que nuestras ideas de transformación sean mayoritarias”. 

Un tiempo de movilización ciudadana, ilusión y esperanza; Pepe Mujica, fundador del Frente Amplio de Uruguay, llevó a la izquierda al Gobierno del país, tras 150 años de opresión. Son, sin duda alguna, ejemplos a imitar. También lo es el Papa Francisco, que con paso lento pero firme, ha transformado la Iglesia sin que sea posible ya la marcha atrás.

Frenar el fascismo es ahora la razón de ser de la izquierda en el mundo. No nos perdamos en pugnas y divisiones internas, que tanto alientan desde el establishment. Nunca pensamos que en el siglo XXI nos veríamos en la obligación y la urgencia de reivindicar, proteger y defender la democracia. Este es ahora el reto.

Sabemos que no es tarea fácil. El totalitarismo y sus aliados controlan la mayoría de los medios de comunicación, redes sociales, inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Mienten, tergiversan la realidad, engañan y alimentan el odio, criminalizando la inmigración, la diversidad y las políticas de inclusión social.  Promueven el caos y la tensión para promover y expandir una doctrina contraria a los derechos humanos y la convivencia. La división de la izquierda les permite ganar apoyos sin encontrar obstáculos en su camino; por ello, es clave que les perdamos el miedo, les hagamos frente y allí donde sea posible los gobiernos progresistas lideren acciones que garanticen políticas de igualdad social. Debemos demostrar con hechos que el fascismo nos conduce al abismo y nunca traerá bienestar y prosperidad. A la izquierda le toca dar lo mejor de sí misma con audacia y generosidad.